Auto 163/01

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA/DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA-Inaplicación para el caso

 

Referencia: expediente T-434431

 

Acción de tutela incoada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de ISAGEN S.A. E.S.P -SINTRAISAGEN- contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado

 

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

 

 

Bogotá, D.C. veinte (20) de abril de dos mil uno (2001).

 

I. ANTECEDENTES

 

A través de apoderado y ante el Tribunal  Superior de Bogotá, el Sindicato Nacional de Trabajadores de ISAGEN S.A. E.S.P. -SINTRAISAGEN- presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso  y el del acceso a la administración de justicia.

 

Manifestó el accionante que dicha organización sindical instauró una acción popular contra la Nación (Presidente de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Minas y Energía), con el fin obtener la protección de varios derechos e intereses colectivos, los cuales -a su juicio- fueron desconocidos con la expedición del Decreto 1738 del 7 de septiembre de 1999, mediante el cual se aprobó la enajenación de las acciones de ISAGEN S.A. E.S.P.

 

Según se afirmó en el escrito de tutela, la referida acción la conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que negó las súplicas de la demanda. Contra esa Sentencia el Sindicato interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado, con el argumento de que el Tribunal Administrativo, a pesar de haber decretado unas pruebas que eran determinantes dentro del proceso, como era el informe de valoración de ISAGEN S.A. E.S.P., realizado por la firma Unión Temporal INVERLINK S.A. -CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION-BOOZ ALLEN & HAMILTON DE COLOMBIA LTDA, las mismas no se practicaron, con lo cual se incurrió en una vía de hecho.

 

Expresó el accionante que, no obstante lo anterior, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la práctica de las pruebas y no accedió a decretar la suspensión provisional del Decreto 1738 de 1999.

 

La organización sindical solicitó al juez de tutela que anulara la sentencia de segunda instancia proferida por la Corporación demandada  y se le ordenara a ésta que dictara una nueva teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente y practicando aquellas que, siendo indispensables para la decisión, no fueron practicadas, en especial el informe de valoración arriba mencionado.

 

II. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal-, ante quien se presentó la demanda de tutela, en auto del 11 de diciembre de 2000 decidió aplicar el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 y enviar las diligencias al Consejo de Estado, por considerar que era la autoridad competente para conocer de la acción de tutela interpuesta, toda vez que la misma se dirigía contra la Sección Cuarta de esa Corporación.

 

Mediante sentencia del 1 de febrero de 2001, la Sección Cuarta del Consejo de Estado rechazó la acción de tutela incoada por considerarla improcedente, toda vez que lo pretendido era atacar una providencia judicial.

 

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION

 

Reiteración de Jurisprudencia sobre la imposibilidad de los jueces colegiados para conocer en única instancia las acciones de tutela. Inaplicación del Decreto 1382 de 2000

 

El Sindicato accionante presentó su demanda de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, autoridad que, con base en lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, remitió las diligencias al Consejo de Estado y esta corporación profirió sentencia rechazando la acción de tutela por improcedente.

 

En reiteradas oportunidades y, con ocasión de resolver conflictos de competencia suscitados por distintas autoridades judiciales, la Corte ha inaplicado el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, por considerarlo contrario a la Carta Política, toda vez que el Presidente de la República, sin tener competencia para ello, modificó el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y restringió el ámbito de la acción de tutela. Dijo así la Corte en el Auto 085 del 26 de septiembre de 2000 (M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra)[1]

 

"2.  El artículo 86 de la Carta Política vigente consagra la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y autoriza al legislador para establecer aquellos "casos en que esta acción procede contra los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión".

 

3.  Dada la especial naturaleza de la acción de tutela como mecanismo judicial para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, su regulación corresponde al legislador, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta Política. 

 

4.  No obstante ello, el propio constituyente en el artículo 5º transitorio de la Carta invistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para "reglamentar el derecho de tutela", como aparece en el literal b) de la norma citada, facultades estas para cuyo ejercicio se requería que el proyecto de decreto respectivo no fuera improbado por la "Comisión Especial" creada por el artículo transitorio 6º de la Constitución.

 

5.  El Gobierno Nacional en acatamiento a lo establecido por los artículos transitorios 5º, literal b) y 6º de la Carta, expidió entonces el Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", decreto que en virtud de la materia a que el se refiere, aunque expedido por el Ejecutivo en razón de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para ese efecto por la Asamblea Constituyente, es de carácter legislativo, es decir sus normas tienen la categoría de ley en sentido material. Y, siendo ello así, su reforma sólo compete al legislador, no al Presidente de la República mediante decreto reglamentario, pues ello no le es permitido conforme a lo dispuesto por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.

 

 6.  Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela. En efecto:

 

6.1. Mientras el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, "a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, se agrega que cuando la acción se dirija en relación con "la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".

 

6.2.  Adicionalmente, el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 2000 establece que si la acción de tutela se ejerce "contra más de una autoridad" el asunto será de conocimiento del "juez de mayor jerarquía", según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración.

 

6.3.  Por otra parte, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dicta nuevas normas que fijan la competencia para los casos en que la acción de tutela se incoe contra funcionarios o corporaciones judiciales.

 

7.  Así las cosas, para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.

 

8.  Pero es más.  Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.

 

Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)".

 

El pasado 14 de marzo del año en curso el Presidente de la República expidió el Decreto 404 por el cual suspendió la vigencia del referido Decreto por el término de un año y hasta tanto el Consejo de Estado se pronuncie sobre su legalidad.

 

Así las cosas, observa la Corte que, con el fin de garantizar la primacía de la Constitución, y toda vez que no es posible privar a una persona de su derecho a impugnar los fallos que en materia de tutela se profieran por los jueces constitucionales, se decretará la nulidad de lo actuado a partir del auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de diciembre de 2000 (folio 134 del expediente), por cuanto quien debe conocer de la presente tutela es el juez escogido por el actor, cuya competencia se determina por el lugar donde hubiere ocurrido la violación o amenaza que motivó la acción, que para el caso era el Tribunal referido, a donde se remitirá el expediente para que se le imprima, a la mayor brevedad, el trámite correspondiente.

 

DECISION

 

Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero.- Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de la acción de tutela presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de ISAGEN S.A. E.S.P. -SINTRAISAGEN- contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a partir del auto proferido por  el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial de Bogotá -Sala Penal- el 11 de diciembre de 2000 (folio 134 del expediente).

 

Segundo.- REMITASE el expediente de la referencia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que, en forma inmediata, le imprima a esta acción de tutela el trámite que corresponda conforme a la ley.

 

Tercero.- Una vez cumplido lo anterior, regrese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

 

JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Magistrado Ponente

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL                                        MARCO GERARDO MONROY CABRA

                Magistrado                                                                             Magistrado

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General