A169-01
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA/PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Suspensión del decreto que establece reglas de competencia para reparto de la acción de tutela
Referencia: ICC-301
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá -Sala de Decisión Nº 4- y la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-
Acción de tutela instaurada por José Santos Castellanos y María Irene Gama de Castellanos contra el Tribunal Superior de Tunja -Sala Civil Familia-
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil uno (2001).
I. ANTECEDENTES
José Santos Castellanos y María Irene Gama de Castellanos incoaron acción de tutela por considerar que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja les vulneró sus derechos al debido proceso y el de defensa.
El escrito de tutela fue presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, corporación que, por auto del 29 de enero de 2001, decidió remitir las diligencias a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que, según lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000, era la competente para conocer por ser superior jerárquico de la autoridad demandada.
La Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, mediante proveído del 21 de febrero de 2001, decidió inaplicar el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, rechazar la acción de tutela por falta de competencia y provocar el conflicto de competencia, motivo por el cual remitió las diligencias a la Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia de la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela. Suspensión del Decreto 1382 de 2000 por parte del Presidente de la República
En varias oportunidades ha manifestado la Corte Constitucional, y ahora lo reitera, que los conflictos de competencia que se susciten en materia de tutela deben ser resueltos por el superior jerárquico común a los jueces o tribunales que se encuentren incursos en ellos, y sólo cuando dichas autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común corresponde su conocimiento a esta Corporación (Ver autos de Sala Plena 044 de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo y el proferido el pasado 14 de marzo con Ponencia del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, al resolver el ICC-247).
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 241, numeral 9, de la Carta Política, le corresponde a esta Corporación revisar, de acuerdo con lo que determine la ley, aquellas decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Es la Corte Constitucional el máximo órgano de la jurisdicción constitucional y así lo reconoció la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) en su artículo 11.
En efecto, tal como se desprende del artículo 43 de la Ley en mención, "También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada caso concreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales". Así las cosas se puede afirmar, sin lugar a equívocos, que a pesar que desde el punto de vista orgánico sólo esta Corte integra la jurisdicción constitucional, desde el punto de vista funcional también la integran los jueces y corporaciones que conocen de las acciones de tutela, motivo por el cual cuando no exista un superior jerárquico común a los despachos judiciales que se encuentran en conflicto, es a la Corte Constitucional a la que corresponde conocer y dirimir el mismo.
En el caso planteado, el conflicto se ha generado entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá y la Corte Suprema de Justicia, autoridades judiciales que pertenecen a jurisdicciones distintas y que carecen, por tanto, de superior jerárquico común, razón por la cual esta Corporación es competente para dirimir el mismo.
El conflicto se suscitó con ocasión de la expedición del Decreto 1382 de 2000, y en razón a que el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá -Sala de Decisión Nº 4- decidió aplicarlo, mientras que la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- inaplicó el numeral 2 del artículo 1 Ibídem.
Sobre la inaplicación del mencionado Decreto es necesario hacer algunas precisiones.
Para el momento en que se suscitó la controversia se encontraba vigente el Decreto 1382 de 2000, lapso durante el cual la Corte lo inaplicó en reiteradas oportunidades por encontrarlo incompatible con la Constitución, toda vez que el Gobierno, so pretexto de ejercer su potestad reglamentaria, introdujo, sin tener competencia para ello, modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, lo que ha debido hacerse por el único procedimiento que contempla la Constitución (art. 52): una ley estatutaria. Y además, por cuanto con dicha normatividad se restringió el ámbito de la acción de tutela, mecanismo consagrado en una disposición constitucional (art. 86 C.P.).
No obstante lo anterior, la citada disposición -para la fecha- no tiene vigencia o aplicabilidad jurídica, por cuanto el Presidente de la República decidió suspenderla mediante Decreto 404 del 14 de marzo del año en curso, en cuyo artículo 1 se dijo:
"Suspéndase por un año la vigencia del Decreto Nº 1382 del 12 de julio de 2000, 'Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela', en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo".
Así las cosas, la competencia en este tipo de acciones es a prevención y se determina, según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, por el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivó la presentación de la acción de tutela.
En este orden de ideas, se dispondrá que debe conocer en primera instancia la acción de tutela de la referencia el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá -Sala de Decisión Nº 4-, por ser este el juez escogido a prevención por los accionantes.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá -Sala de Decisión Nº 4- y la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, y, en consecuencia, REMITIR el expediente de la referencia al Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá -Sala de Decisión Nº 4- con el fin de que asuma el conocimiento de la tutela incoada por José Santos Castellano y María Irene Gama de Castellanos contra el Tribunal Superior de Tunja -Sala Civil Familia-.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrado Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Posición jurídica del individuo o del funcionario público (Salvamento de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-Organo aplicador de la Constitución/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Conocimiento para resolverlo debe ser expreso (Salvamento de voto)
COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Alcance (Salvamento de voto)
AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE DISTINTAS JURISDICCIONES (Salvamento de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-No puede arrogarse competencias para llenar vacíos legislativos/SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Dirime conflictos de competencias entre distintas jurisdicciones (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL-Alcance (Salvamento de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-Inaplicación del precepto constitucional (Salvamento de voto)
REF. Expediente ICC - 301
Peticionario: José Santos Castellanos.
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional carece de competencia para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado