A221-01
DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA-Inaplicación para el caso
NULIDAD POR APLICACION DEL DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA
Referencia: expediente T-422219.
Acción de tutela instaurada por Efraín Avellaneda Barbosa, Alba Nieves Moreno y Lilia Hernández Rubiano contra la Fundación San Juan de Dios, el Ministerio de Salud y el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá D.C., siete (7) de junio de dos mil uno (2001).
I. ANTECEDENTES.
Manifiestan los accionantes que son pensionados de la Fundación San Juan de Dios de Bogotá, la cual hasta la fecha de interposición de la respectiva acción de tutela, no les había cancelado las mesadas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2000. Por ello, su situación personal y familiar se ha visto afectada, pues la única fuente de recursos económicos para suplir sus necesidades básicas, y garantizar una vida en condiciones dignas y justas, no les está siendo pagada. Es por esto que al considerar violados sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y al pago oportuno de sus mesadas pensionales, piden se ordene a los entes aquí demandados, el pago de tales mesadas pensionales y les garantice el pago puntual y completo de las que se generen en el futuro.
El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, admitió para su conocimiento la presente petición de tutela, incluso ordenó la práctica de algunas pruebas. Sin embargo, mediante auto del 29 de noviembre 2000, e invocando el Decreto 1382 de 2000, resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado y en su lugar ordenó la remisión de la demanda de tutela a la Sala Civil Tribunal Superior de Bogotá, para que asumiera el conocimiento de la misma y le imprimiera el respectivo trámite legal.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 22 de enero de 2001, negó la tutela, pues los actores no aportaron prueba alguna que confirmara sus aseveraciones, por lo que no existe prueba de afectación del mínimo vital. Por tal motivo, los accionantes disponen de otra vía judicial de defensa, ante la cual pueden hacer valer sus derechos.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
En el presente caso se procede a reiterar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la inaplicabilidad del Decreto 1382 de 2000,[1] por cuanto su artículo 1º vulneró la Constitución Política.
En Auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, se afirmó:
"1. Como es suficientemente conocido, para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que ‘en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’, (artículo 4º), institución esta conocida como la ‘excepción de inconstitucionalidad’, que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior”.
(...).
“6. Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela..."
(...).
7. Así las cosas, para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
8. Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la ‘acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar’ para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)".
Posteriormente, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, profirió el Decreto No. 404 de marzo 14 de 2001, mediante el cual procedió a suspender “por un año la vigencia del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000,’Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela’, en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo.”
En el caso de la referencia, los demandantes Efraín Avellaneda Barbosa, Alba Nieves Moreno y Lilia Hernández Rubiano ejercieron una acción de tutela ante el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá. Sin embargo, dicho juzgado, con base en el Decreto 1382 de 2000, habiendo iniciado el trámite de la tutela en su despacho, procedió a declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto de fecha 29 de noviembre de 2000, y en su lugar remitió el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Como quiera que el Decreto 1382 de 2000 resulta contrario a la Constitución, la Corte encuentra que en el proceso de la referencia ha debido inaplicarse, y que no podía servir de fundamento para otorgar la competencia al Tribunal que profirió la decisión de instancia.
Por lo tanto, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto del 12 de diciembre de 2000, proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, y se ordenará dar a esta acción de tutela el trámite correspondiente.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela de la referencia, a partir del auto de doce de diciembre de 2000, proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá.
Segundo. REMÍTASE el expediente por Secretaría al Juzgado Quince Civil del Circuito, para que de manera inmediata se le imprima a esta acción de tutela el trámite que corresponda conforme a la ley.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General