A259-01 Auto 259/01
DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA-Inaplicación/NULIDAD POR APLICACION DEL DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA
Referencia: expedientes T-453440, T-450833
Peticionarios: Héctor Eduardo Tautiva Cinturia y Jairo de Jesús Montoya Agudelo
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá D.C, veintiséis (26) de julio de dos mil uno (2001).
1. El ciudadano Héctor Eduardo Tautiva Cinturia, actuando por intermedio de apoderado judicial instauró acción de tutela ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra el Juzgado Único Especializado de Pereira y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, por considerar vulnerados sus derechos constitucionales a la libertad, el debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la presunción de inocencia, que considera le fueron vulnerados en las diligencias penales seguidas en su contra por el delito de secuestro extorsivo.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante auto de 1 de marzo de 2001, avocó el conocimiento de la acción impetrada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000. Una vez surtido el trámite procesal correspondiente, la mencionada Corporación profirió sentencia el 14 de marzo de 2001, negando por improcedente el amparo constitucional solicitado.
2. Por su parte, el señor Jairo de Jesús Montoya Agudelo, a través de apoderada judicial, instauró acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cali, en protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la Fiscalía Doce Especializada de Cali y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, mediante auto de 16 de noviembre de 2000, remitió la tutela impetrada por el ciudadano Montoya Agudelo, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por considerar, con fundamento en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que dicha Corporación era la competente para asumir el conocimiento de esa acción. Por auto de 30 de noviembre de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, avocó el conocimiento de la acción de tutela, la cual fue fallada en sentencia de 5 de diciembre del mismo año, negándola por improcedente.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Tal como en ocasiones anteriores se ha dicho por la Corte y hoy se reitera, el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, ha de inaplicarse por está Corporación por cuanto las normas en el contenidas en su artículo (1) vulneran la Constitución Política. En efecto, esta Corporación en auto 085 de 26 de septiembre del año en curso, posteriormente reiterada, entre otras providencias en autos 087, 087A, 089 y 094, ha expresado que:
"1. Como es suficientemente conocido, para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", (artículo 4º), institución esta conocida como la "excepción de inconstitucionalidad", que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
2. El artículo 86 de la Carta Política vigente consagra la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y autoriza al legislador para establecer aquellos "casos en que esta acción procede contra los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión".
3. Dada la especial naturaleza de la acción de tutela como mecanismo judicial para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, su regulación corresponde al legislador, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta Política.
4. No obstante ello, el propio constituyente en el artículo 5º transitorio de la Carta invistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para "reglamentar el derecho de tutela", como aparece en el literal b) de la norma citada, facultades estas para cuyo ejercicio se requería que el proyecto de decreto respectivo no fuera improbado por la "Comisión Especial" creada por el artículo transitorio 6º de la Constitución.
5. El Gobierno Nacional en acatamiento a lo establecido por los artículos transitorios 5º, literal b) y 6º de la Carta, expidió entonces el Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", decreto que en virtud de la materia a que el se refiere, aunque expedido por el Ejecutivo en razón de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para ese efecto por la Asamblea Constituyente, es de carácter legislativo, es decir sus normas tienen la categoría de ley en sentido material. Y, siendo ello así, su reforma sólo compete al legislador, no al Presidente de la República mediante decreto reglamentario, pues ello no le es permitido conforme a lo dispuesto por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.
6. Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela. En efecto:
6.1. Mientras el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, "a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, se agrega que cuando la acción se dirija en relación con "la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
6.2. Adicionalmente, el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 2000 establece que si la acción de tutela se ejerce "contra más de una autoridad" el asunto será de conocimiento del "juez de mayor jerarquía", según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración.
6.3. Por otra parte, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dicta nuevas normas que fijan la competencia para los casos en que la acción de tutela se incoe contra funcionarios o corporaciones judiciales.
7. Así las cosas, para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
8. Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)". ( Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra)
2. Analizadas las actuaciones surtidas en el tramite de las acciones de tutela promovidas por los ciudadanos Héctor Eduardo Tautiva Cinturia y Jairo de Jesús Montoya Agudelo, a que se refiere esta providencia, se encuentra por la Corte que fueron tramitadas y falladas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo para el efecto lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1382 de 12 de junio de 2000 que, como ya se dijo, no resulta aplicable por ser contrario a la Carta Política por las razones ya expuestas.
3. En tal virtud, en guarda de la primacía de la Constitución, habrá entonces de declararse la nulidad de lo actuado a partir del auto de primero (1) de marzo de 2001 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Héctor Eduardo Tautiva Cinturia; y, en la acción instaurada por Jairo de Jesús Montoya Agudelo, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto de dieciséis (16) de noviembre de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal. En consecuencia, se ordenará entonces a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, imprimir a estas acciones de tutela el trámite que corresponda.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en la acciones de tutela promovidas por los ciudadanos Héctor Eduardo Tautiva Cinturia, a partir del auto de primero (1) de marzo de 2001, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y, por Jairo de Jesús Montoya Agudelo, a partir del auto de dieciséis (16) de noviembre de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal. En consecuencia, se ordenará a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, imprimir a estas acciones de tutela, el trámite que corresponda.
Segundo. REMÍTANSE los expedientes por Secretaría a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que, se le imprima a estas acciones de tutela el trámite que corresponda conforme a la ley.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Secretaria General