Auto 074/02

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Superior jerárquico común

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Jueces de una misma jurisdicción y del mismo distrito judicial

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Inaplicación

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Dilata el estudio de la solicitud de tutela/ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración debido al conflicto de competencias

 

 

Referencia: expediente ICC - 373

 

Conflicto de competencia entre el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá D.C. y el Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá D.C.

 

Acción de tutela promovida por Carlos Felipe Novoa contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

 

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

 

 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil dos (2002).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ha pronunciado el presente auto en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá D.C. y el Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá D.C. en la acción de tutela promovida por Carlos Felipe Novoa contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

 

I.       ANTECEDENTES

 

1. Carlos Felipe Novoa, trabajador, menor de edad y estudiante en la jornada nocturna del Colegio Distrital Nocturno “República de Colombia”, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital, por cuanto dicha entidad no ha nombrado los profesores permanentes de ciencias sociales, matemáticas, biología, español e ingles, razón por la cual considera vulnerados los derechos de los niños y a la educación.

 

2. El Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá D.C., a quien por reparto le correspondió la acción, mediante auto del 2 de mayo de 2002, se abstuvo de asumir el conocimiento de la solicitud de tutela y en consecuencia remitió el expediente a la Oficina Judicial para que fuera repartido a los Juzgados Civiles Municipales del Distrito Capital de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 que radica la competencia en los jueces municipales, cuando la acción de tutela es interpuesta contra una entidad pública del orden distrital.

 

3. Por su parte, el Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá D.C., a quien le fue repartida la tutela, mediante auto del 6 de mayo de 2002, precisó que si bien el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 se encuentra vigente, el artículo 1º de dicho acto administrativo fue inaplicado por la Corte Constitucional por ser manifiestamente contrario a la Constitución otorgándole efectos “interpares” a esa decisión. Por lo anterior, ordenó la devolución del expediente al Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá D.C.  al considerar que ese despacho judicial era el competente para conocer de la acción de tutela de la referencia. 

 

4. Recibido el expediente nuevamente por el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante providencia del 8 de mayo de 2002, luego de tildar la decisión del Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá D.C. de “inexplicable y sin asidero jurídico” consideró que dicho funcionario no sólo pretermitió el orden jerárquico sino que interpretó erróneamente la decisión de la Corte Constitucional con la cual fundamentó el auto del 6 de mayo de 2002, al existir diferencia entre inaplicar una norma y que la misma sea declarada inexequible o inconstitucional; en consecuencia dispuso el envío del expediente al Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá D.C. para que asumiera el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, haciendo la prevención que el desobedecimiento a esa decisión “le acarreará la correspondiente investigación disciplinaria”.

 

5. El Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá D.C. por auto del 14 de mayo de 2002 después de hacer un basto recuento sobre las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional respecto del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 y de la obligación de los funcionarios judiciales de observar los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que establecen como garantía de toda persona la de interponer el mecanismo de protección de los derechos fundamentales “ante los jueces o tribunales competentes” (Convención Americana de Derechos Humanos – Ley 16/72), ordenó, en aras de garantizar la supremacía constitucional la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que determine el despacho judicial que debe asumir el conocimiento de la solicitud de amparo de la referencia.  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

El tema de los conflictos de competencia que se suscitan en materia de tutela ha sido objeto de análisis en múltiples providencias de esta Corporación, que en el momento actual integran un cuerpo de doctrina suficientemente matizado, a cuya luz deberá resolverse el asunto de la referencia.

La Corte Constitucional sobre la materia de los conflictos de competencia ha fijado dos subreglas fundamentales que no presentan mayores dificultades para su comprensión: i) Los conflictos de competencia surgidos en el trámite de las acciones de tutela deben ser resueltos por el superior jerárquico común a las autoridades judiciales involucradas y, ii) sólo deben llegar a la Corte Constitucional aquellos conflictos de competencia que no pueden resolverse dentro de las respectivas estructuras jurisdiccionales de origen, por no existir superior jerárquico común.[1]

 

Así mismo es pertinente recordar, que en materia de tutela todos los jueces de la República, como eventuales inferiores jerárquicos de la Corte Constitucional, también hacen parte de la jurisdicción constitucional orgánica y funcionalmente.[2]

 

Se ha establecido que para dirimir los conflictos de competencia tendrán que aplicarse las normas que regulan esa materia en los respectivos códigos de procedimiento, sin embargo esa afirmación no es absoluta, por cuanto la interpretación de dichas disposiciones deberá estar orientada por los principios de supremacía constitucional, economía, celeridad y protección efectiva de los derechos.    

 

Así, en el presente caso, se advierte que el conflicto de competencia no debe ser resuelto por la Corte Constitucional por cuanto se ha suscitado entre jueces de un mismo distrito judicial[3], respecto de los cuales existe un superior común que es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil, que conforme se ha explicado es la autoridad competente para dirimir la controversia adjetiva que se ha presentado.   

 

En efecto, el menor Carlos Felipe Novoa interpuso la acción de la referencia, la cual correspondió inicialmente por reparto al Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá D.C. y posteriormente al Juzgado 70 Civil Municipal de la misma ciudad quien desde el auto del 6 de mayo de 2002 provocó el conflicto  negativo de competencia, por ello se remitirá el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil para que dirima sin más dilaciones el asunto procesal planteado.

  

No puede pasar por alto la Corte Constitucional que la declaración de incompetencia de ambos funcionarios judiciales concierne con la aplicación e inaplicación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 mediante el cual el Presidente de la República estableció “reglas para el reparto de la acción de tutela”.

 

Sobre este particular la Sala Plena debe reiterar los pronunciamientos expuestos en el auto 085 de 2000, el auto 071 de 2001 y recientemente el auto 040 de 2002 en los cuales ha señalado que dicho acto administrativo es manifiestamente incompatible con la Constitución Política y en virtud del artículo 4 superior ha de ser inaplicado, por lo menos hasta que el Consejo de Estado dentro de los procesos de nulidad y de nulidad por inconstitucionalidad que tramita sobre el particular decida definitivamente el asunto.  

 

Bajo esta perspectiva, resulta inexplicable que los jueces constitucionales sigan provocando conflictos de competencias con ocasión del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, cuando el máximo y auténtico intérprete de la de la Constitución[4] y órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha inaplicado reiterada y uniformemente ese acto administrativo y ordenado a los demás jueces de la jurisdicción su inaplicación en casos semejantes.

 

El conflicto de competencia se ha convertido, como ocurre en el presente asunto, en una maniobra procesal en detrimento de los derechos fundamentales de las personas donde el control concreto de constitucionalidad es sometido a una innecesaria prolongación que dilata el estudio de la solicitud de tutela, con total menosprecio no sólo del término[5] constitucional fijado para ese efecto sino de la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.

 

La obligación constitucional de los órganos judiciales de velar por la realización efectiva del derecho, es inobservada cuando dos jueces se declaran incompetentes para conocer de una acción de tutela y se remiten mutua y reiteradamente la solicitud de amparo en la cual se aboga por la protección inmediata de derechos fundamentales, al ser ésta una conducta que sin justificación dilata el trámite de la acción constitucional de amparo y hace que la orden de protección que se llegue a proferir, eventualmente pueda ser ineficaz.

 

Someter a las personas que instauran una acción de tutela y en este caso a un menor de edad a un interminable carrusel de incompetencias, las coloca en un estado de manifiesta indefensión y viola el derecho de quien acude a la jurisdicción a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, así como el acceso a la eficaz administración de justicia[6], sin mencionar el atentado a la protección efectiva e inmediata de los derechos propia de la acción de tutela y por ende, la legitimidad de la función del juez constitucional. 

 

Discutible es también la conducta de un Juez del Circuito que aduciendo su carácter de superior jerárquico del Juez Municipal impone esta condición para obligarlo a asumir el conocimiento de una acción de tutela, desconociendo el deber que tienen todos los operadores jurídicos de preservar la supremacía de la Constitución. 

 

Nótese que de la obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución no sólo se deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino también, la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano.[7] Entonces con mayor razón debe el funcionario judicial obrar eficazmente cuando hay una solicitud de protección constitucional de por medio. 

 

La Corte Constitucional[8] ha señalado que el proponer conflictos de competencia sobre asuntos que no ofrecen mayor dificultad, como por ejemplo, la inaplicación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 o la remisión de conflictos de competencia a esta Corporación cuando existe superior común entre los despachos judiciales puede, eventualmente, constituir una dilación no justificada para resolver con prontitud una acción de tutela, por ello  se enviará copia de esta providencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Bogotá Cundinamarca, para que, si a ello hubiere lugar adelante el proceso disciplinario respectivo.

 

DECISION

 

En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. REMITIR el expediente de la referencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. - Sala Civil, para que dicha Corporación dirima el conflicto de competencia y decida cuál de los Juzgados debe conocer y tramitar la acción de tutela presentada por Carlos Felipe Novoa contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

 

Segundo. ENVIAR copia de esta providencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Bogotá Cundinamarca, para los fines señalados en la parte motiva de la misma.

 

Notifíquese y cúmplase.

 

 

MARCO GERARDO  MONROY CABRA Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA Magistrado	ALFREDO BELTRAN SIERRA Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado	JAIME CORDOBA  TRIVIÑO Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado	EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado	CLARA INES VARGAS HERNANDEZ Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria  General

 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

HACE CONSTAR:

 

Que los H. Magistrados doctores Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería, no firman el presente auto por cuanto se encuentran en comisión en el exterior, la cual fue debidamente autorizada por la Sala Plena.

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General