Auto 095/02

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Inaplicación

 

SUSPENSION PROVISIONAL-No constituye pronunciamiento definitivo

 

 

 

Referencia: expediente ICC-393

 

Conflicto de Competencia entre el Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá

 

Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

 

 

Bogotá, D.C., diez (10) de  julio de dos mil dos (2002). 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

ANTECEDENTES

 

1.      El 20 de abril de 2002, el señor Jorge Alberto Munevar interpuso acción de tutela ante los juzgados civiles del circuito de Bogotá por considerar violado su derecho  de petición al no habérsele contestado la solicitud elevada ante la administración de la Unidad Residencial Casablanca acerca del motivo de los constantes robos de su apartamento.

 

2.      Mediante providencia del 29 de abril de 2002, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá consideró que al tenor de lo reglamentado en el artículo, 1º numeral 1º, del Decreto 1382 de 2000, los competentes para conocer de este asunto eran los juzgados civiles municipales.

 

3.      En consecuencia,  la tutela de la referencia fue recibida por el Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá el cual, mediante providencia  del 3 de mayo de 2002, consideró que el expediente debía ser remitido al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá para que éste conociera del asunto en virtud de que el Decreto 1382, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, era nulo ya que, entre otras, contradecía el artículo 86 de la Constitución.

 

4.      El Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, por medio de auto de mayo 7 de 2002, consideró no ser competente para conocer del caso en virtud de que, como ya lo había expresado, el Decreto 1382 de 2000 debería ser aplicado para determinar la competencia del conocimiento del caso. Por tanto, remitió el expediente al Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá.

 

5.      En auto del 7 de mayo de 2002 el Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá reiteró la inaplicación del Decreto 1382 de 2000, motivo por el cual envió el expediente a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto de competencia.

 

CONSIDERACIONES

 

1.     La Corte Constitucional en auto en auto 085 de 26 de septiembre de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) consideró que el Decreto 1382 de 2000 se debería inaplicar en su artículo 1º, por ser violatorio de la Constitución. Se aplicó, en consecuencia, la figura de la excepción de inconstitucionalidad. En el mencionado Auto, el cual ha sido reiterado en numerosas ocasiones por esta Corporación se expusieron las siguientes razones:

 

"(…)para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.

 

8.  Pero es más.  Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución."

 

En efecto, la Sala considera que al expedir el Decreto 1382 de 2000, el cual en su artículo 1º establece modificaciones al Decreto 2591 de 1991, el Presidente de la República se extralimitó en sus competencias en virtud de que la regulación en materia de tutela corresponde al Congreso de la República, a través de ley estatutaria, y, por otro lado, contradijo abiertamente el artículo 86 constitucional al asignar la competencia en materia de tutela a distintos funcionarios judiciales en virtud de la naturaleza de la autoridad pública accionada, restringiendo lo dispuesto por la Carta Política.

 

2.     En Auto del 3 de diciembre de 2001, por  medio del cual se admitieron las demandas contra el Decreto 1382 de 2000, el Consejo de Estado resolvió suspender el inciso 4º del numeral 1º del artículo 1º de la norma acusada. Consideró esa Corporación:

 

"Para la Sala, el reparto de las acciones de tutela en la forma dispuesta en el numeral 1º del artículo 1º no se muestra, prima facie,  como violatorio de la norma reglamentada, como quiera que está de por medio la necesidad de racionalizar la administración de justicia y de prevenir la congestión que sobrevendría si se permitiera a cada actor escoger su propio juez, sin sujetarse a regla o principio algunos. Tampoco se ofrece una violación ostensible, si se  repara en que, no obstante haberse distribuido las competencias en función de las autoridades demandadas, el reclamante de la tutela goza del derecho de elegir entre los jueces y tribunales de las diversas especialidades de las jurisdicciones ordinaria (civil, penal, laboral y de familia) y contencioso-administrativa, que son y siguen siendo competentes a prevención. Ni aparece al pronto la alegada violación, si se atiende a la necesidad de evitar que un juez invalide actuaciones de jueces o tribunales de mayor jerarquía dentro de la misma jurisdicción y especialidad, o aún de jurisdicciones distintas de la propia.

 

(…)

 

En cambio, restringir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la competencia para conocer de las acciones de tutela contra la aplicación de un acto administrativo de carácter general, sí entraña una ostensible contradicción con el artículo 228 de la Carta, que postula el carácter desconcentrado de la Administración de Justicia, lo mismo que con el parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 270, en cuanto extiende a todo el país la competencia de dicho Tribunal, que esta norma limita al respectivo departamento.

 

(…)

 

Se suspenderán los efectos del inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º" (el resaltado es propio)

 

La declaratoria de suspensión provisional por parte del Consejo de Estado, si bien corresponde a la confrontación directa entre la Constitución y la norma acusada, según lo dispone el artículo 152 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, no corresponde a la decisión definitiva que ha de tomar esa Corporación sino, como el mismo Consejo lo reconoce en el texto de su providencia, a una valoración prima facie. Tal decisión provisional, como el nombre de la figura lo indica, no compromete ni predetermina la sentencia definitiva. Además, el auto interlocutorio por medio del cual se tomó la citada decisión de suspensión provisional no hace tránsito a cosa juzgada con respecto a la constitucionalidad de la norma acusada.

 

En anteriores ocasiones, el Consejo de Estado ha negado la suspensión provisional de la norma acusada por considerar que el motivo por el cual ésta contraría la norma superior "merece un estudio de fondo en la sentencia[1]". De esta manera ha reconocido que en el curso del proceso se estudiarán con detenimiento los cargos para así poder tomara la decisión final.

 

Por otro lado, esta Alta Corporación ha considerado que la providencia de suspensión provisional no entraña prejuzgamiento. Dijo el Consejo de Estado:

 

"En nuestro ordenamiento procesal administrativo está previsto que el magistrado o magistrados del conocimiento, en sala unitaria, o, en caso de súplica, en sala plural resuelvan la petición de suspensión provisional, sin que esta decisión los inhiba para el pronunciamiento de fondo que se haga en la sentencia. La razón estriba en que la providencia sobre la solicitud de suspensión de una ilegalidad manifiesta, no excluye 'per se' el examen sobre el fondo de la cuestión a debatir en la etapa ulterior del proceso. Por consiguiente, las apreciaciones que se hagan en un auto sobre la procedencia o improcedencia de esta medida provisoria, no pueden reputarse como un precepto sobre la validez o invalidez del acto acusado."[2]

 

De igual manera, la Corte Constitucional recalcó en reciente pronunciamiento la naturaleza de la suspensión provisional. Dijo la Corporación:

 

"la naturaleza misma de la suspensión promisoria no constituye pronunciamiento definitivo pues este sólo puede hacerse en la sentencia con la cual culmine el proceso en que se haya impetrado, a tal punto que el propio Consejo de Estado puede entonces en forma legítima apartarse de su decisión inicial que sólo tiene el carácter propio de una medida cautelar eminentemente transitoria mientras el fallo se produce." [3]

 

3.     Siendo esto así, esta Corporación considera que, al no tener la suspensión provisional valor definitivo, subsiste la validez de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en plurales ocasiones ha aplicado la figura de la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, por encontrar esta norma claramente contraria a la Carta.[4] Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se resolverá el caso en concreto.

 

4.     En el presente caso, la competencia a prevención, la cual se desprende del artículo 86 constitucional, le fue señalada al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, quien ha debido tramitar la acción. Este Juzgado remitió el expediente al Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá el cual no conoció del caso de la referencia en virtud de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 1º, numeral 1º ,  del Decreto 1382 de 2000 y aplicación de los criterios fijados por el artículo 86 constitucional.

 

5.     Al haber aplicado el Decreto 1382 de 2000 en su artículo 1º, que en múltiples ocasiones se ha inaplicado por inconstitucional, el auto del 29 de abril de 2002 mediante el cual el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá envió el presente asunto a los juzgados civiles municipales carece de validez por violación al debido proceso en materia de tutela  y por tanto será declarado nulo.

 

6.     Además, esta Corporación remitirá el presente caso al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá para que asuma el conocimiento del asunto en virtud de la competencia a prevención que le fue fijada por el señor Jorge Alberto Munevar.

 

DECISION

 

Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. INAPLICAR, en relación con la acción de tutela promovida por el ciudadano Jorge Alberto Munevar, el artículo 1º, numeral 1º,  del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrario  a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto.

 

SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD del auto de 29 de abril de 2002 mediante el cual el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá aplicó el Decreto 1382 de 2000 en su artículo 1º, numeral 1º, y remitió el expediente a los juzgados civiles municipales de Bogotá.

 

TERCERO. REMITIR el expediente de tutela al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá para que adelante la correspondiente actuación judicial.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Presidente

 

 

 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado

 

 

 

 

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

 

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado

 

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General

 

 

 

Salvamento de voto al Auto 095/02

               

                              

                                                              

                                                                                              REF. Expediente ICC - 393

 

Peticionario: Jorge Alberto Munevar

 

 

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado