A108B-02
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación
Referencia: expediente ICC - 395
Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Familia del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga y Sala Civil Singular del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga en la acción de tutela promovida por el ciudadano Francisco Javier Garrido contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá.
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, decide sobre el conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Familia del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga y Sala Civil Singular del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga en la acción de tutela promovida por el ciudadano Francisco Javier Garrido contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá.
I. ANTECEDENTES.
1. El ciudadano Francisco Javier Garrido, interpuso acción de tutela ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a tener una vivienda digna, los cuales estima fueron vulnerados por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tulúa, con ocasión del trámite de proceso ejecutivo con titulo hipotecario que en su contra se adelanta ante ése despacho por la Corporación de Ahorro y Vivienda “Granahorrar.”
2. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, mediante auto del 5 de abril del año 2002, declaró su incompetencia para dar trámite a la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral primero del artículo 2º del Decreto 1382 del año 2000, según lo cual, le corresponde conocer de las acciones instauradas contra un funcionario o Corporación Judicial al respectivo superior funcional del accionado y en tal virtud, ordenó remitir el expediente a la Sala Civil del mismo Tribunal por ser el superior funcional del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá.
3. La Sala Civil Singular del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, mediante autos del 8 y 11 de abril de 2002 asumió el conocimiento de la acción de tutela en referencia, solicito algunas pruebas y ordenó vincular al proceso a la Corporación de ahorro y Vivienda Granahorrar y a la señora Maria Consuelo Garrido Urquijo como terceros legitimados (fls 8-10 y 16-18).
4. Posteriormente, mediante auto del 16 de abril de 2002, la Sala Civil Singular del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga decidió inaplicar el citado Decreto 1382 de 2000, por considerarlo contrario a la Constitución, con fundamento en ello, declaró su incompetencia para tramitar la acción de tutela mencionada y ordenó enviar la actuación a la Corte Constitucional, para que sea ella, la que dirima el conflicto planteado.
II. CONSIDERACIONES.
1. Ha de recordarse por la Corte Constitucional que luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación mediante auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que al ordenamiento Superior ha de darse sobre las normas de rango inferior y además, por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Constitución Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.
2. El Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de 14 de marzo de 2001, decidió suspender por un (1) año la vigencia del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo.”
3. Vencido el término de un año a que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, este de nuevo entró en vigor, razón esta por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.
4. Mediante sentencia proferida el 18 de julio de 2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000” y la del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó las demás súplicas de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación bajo los números 6414 y acumulados.
5. Así las cosas, la Corte Constitucional, en virtud de las circunstancias actuales, en acatamiento a lo resuelto en la sentencia aludida, ahora dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y, por ello dispondrá que esta acción de tutela se tramite por la Sala Civil Singular del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala Plena
RESUELVE:
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por el ciudadano Francisco Javier Garrido contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá, a la Sala Civil Singular del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, para que la trámite y decida en forma inmediata.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto al Auto 108B/02
REF. Expediente ICC - 395
Peticionario: Francisco Javier Garrido
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado