A112A-02
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Sesenta y uno Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por la señora XIMENA TATIANA PINEDA OSPINA.
I. ANTECEDENTES
1- La ciudadana XIMENA TATIANA PINEDA OSPINA, el 24 de abril de 2002, mediante escrito dirigido al Juzgado Civil del Circuito de Bogotá (reparto), interpuso acción de tutela, contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá.
2- La demanda correspondió por reparto al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, Despacho que por auto del 29 de abril de 2002 resolvió rechazarla de plano por carecer de competencia y ordenó remitirla al Juez Civil Municipal de esta ciudad, de conformidad con el artículo 1°, numeral 1° del Decreto 1382 de 2000.
3- Por reparto del 9 de mayo del presente año, le correspondió al Juzgado Sesenta y uno Civil Municipal, el cual, mediante auto del 10 de mayo de 2002, resolvió inaplicar el Decreto 1382 de 2000, por ser inconstitucional, siguiendo la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, y ordenó remitir las diligencias al Juzgado Treinta Civil del Circuito.
4- El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 21 de mayo de 2002, resolvió remitir nuevamente las diligencias al Juzgado Sesenta y uno Civil Municipal, planteándole el conflicto negativo de competencia, conforme lo dispuso en auto de 29 de abril de 2002.
5- El Juzgado Sesenta y uno Civil Municipal, mediante auto de mayo 28 de 2002, decidió aceptar la colisión negativa de competencia propuesta por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá y ordenó remitir las diligencias a la Corte Constitucional, para que dirima el conflicto presentado.
En relación con el Decreto 1382 de 2000, proferido por el Presidente de la República, y mediante el cual “ se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela “, esta Corporación en numerosas oportunidades lo inaplicó en virtud de la incompatibilidad de sus disposiciones con la Carta Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma, dada la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior.
Estando en curso el presente aparente conflicto de competencia, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio del año en curso, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, luego de analizar las demandas contra el Decreto 1382 de 2000 adoptó la siguientes determinaciones de las cuales se apartaron dos Consejeros de Estado y por ello salvaron su voto:
“Primero. Declarase nulo el inciso cuarto del numeral 1° del artículo del 1382 de 2000, que dice así:
“Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
“Segundo. Declarase nulo el inciso segundo del artículo 3° del Decreto 1382 de 2000, que dice así:
“Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de un acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada”.
“Tercero. Deniéguense las demás súplicas de las demandas”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes” y la que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada.
Así las cosas, ahora, en acatamiento al fallo proferido el 18 de julio de 2002 por la Sección Primera del Consejo de Estado, encuentra la Corte que el trámite de la tutela interpuesta por XIMENA TATIANA PINEDA OSPINA corresponde al Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado por el numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, a los Jueces Municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia las acciones de tutela que se interpongan contra autoridades públicas del orden Distrital, como es el caso de Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá contra quien se dirige la mencionada acción.
Por lo anterior esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
III- DECISION
Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
REMITIR el expediente al Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
Magistrado
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
Salvamento de voto al Auto 112A/02
REF. Expediente ICC - 416
Peticionario: Ximena Pineda Ospina
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado