A114B-02
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Penal del Circuito de Acacias y la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ.
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor ORLANDO SALAZAR SANCHEZ
I. ANTECEDENTES
1- El ciudadano ORLANDO SALAZAR SANCHEZ, el 22 de mayo de 2002, mediante escrito dirigido a la Corte Suprema de Justicia - Bogotá, interpuso acción de tutela contra la Penitenciaria Nacional de Acacías y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
2- La demanda correspondió a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Despacho que mediante auto del 23 de mayo de 2002 resolvió remitir las presentes diligencias al Juez Penal del Circuito de Acacías – Meta (reparto), de conformidad con lo señalado en el inciso 2° y 4° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
3- El 29 de mayo del presente año, la demanda fue recibida en el Juzgado Penal del Circuito de Acacías - Meta, el cual mediante auto del 29 de mayo de 2002, resolvió inaplicar el Decreto 1382 de 2000, por ser inconstitucional, y ordenó remitir las diligencias a la Corte Constitucional, para que dirima el conflicto planteado.
En relación con el Decreto 1382 de 2000, proferido por el Presidente de la República, y mediante el cual “ se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela “, esta Corporación en numerosas oportunidades lo inaplicó en virtud de la incompatibilidad de sus disposiciones con la Carta Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma, dada la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior.
Estando en curso el presente aparente conflicto de competencia, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio del año en curso, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, luego de analizar las demandas contra el Decreto 1382 de 2000 adoptó la siguientes determinaciones, de las cuales se apartaron dos Consejeros de Estado y por ello salvaron su voto:
“Primero. Declárase nulo el inciso cuarto del numeral 1° del artículo del 1382 de 2000, que dice así:
“Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
“Segundo. Declarase nulo el inciso segundo del artículo 3° del Decreto 1382 de 2000, que dice así:
“Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de un acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada”.
“Tercero. Deniéganse las demás súplicas de las demandas”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes” y la que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada.
Así las cosas, ahora, en acatamiento al fallo proferido el 18 de julio de 2002 por la Sección Primera del Consejo de Estado, encuentra la Corte que el trámite de la tutela interpuesta por ORLANDO SALAZAR SANCHEZ, corresponde al Juzgado Penal del Circuito de Acacias, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado por el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, a los Jueces del Circuito le serán repartidas para su conocimiento las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional, en este caso contra la Penitenciaria Nacional de Acacías y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Por lo anterior esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juez Penal del Circuito de Acacías – Meta , para que asuma el conocimiento de la actuación.
III- DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
REMITIR el expediente al Juez Penal del Circuito de Acacías – Meta, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
Magistrado
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
Salvamento de voto al Auto 114B/02
REF. Expediente ICC - 443
Peticionario: Orlando Salazar Sánchez
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado