A115A-02
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá.
Magistrada ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ.
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor JORGE DELGADO GALVIS.
I. ANTECEDENTES
1- El ciudadano JORGE DELGADO GALVIS, el 8 de julio de 2002, mediante escrito dirigido al Juez Civil del Circuito de Bogotá (reparto), interpuso acción de tutela contra el señor ALVARO CARRERA MENDIETA.
2- La demanda correspondió por reparto al Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, Despacho que mediante auto del 10 de julio de 2002, resolvió remitir las presentes diligencias al Juez civil Municipal de Bogotá (reparto), de conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
3- La demanda por reparto correspondió al Juzgado 7 Civil Municipal de Bogotá, el cual mediante auto del 16 de julio de 2002, resolvió declararse incompetente, proponiendo conflicto negativo de competencia al Juez 22 Civil del Circuito de Bogotá, ordenando remitir las diligencias a la Corte Constitucional, para que dirima el conflicto presentado, por considerar que:
“Teniendo en cuenta la orden impartida a éste Despacho por el Honorable Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca: Dr: HERNAN ALTUZARRA DEL CAMPO mediante auto del 21 de junio de 2002 cuya copia se anexa al presente trámite de tutela, lo precedente es provocar colisión de competencia para que en la Honorable Corte Constitucional se resuelva acerca de la competencia para conocer y decidir del presente trámite.”
En relación con el Decreto 1382 de 2000, proferido por el Presidente de la República, y mediante el cual “ se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela “, esta Corporación en numerosas oportunidades lo inaplicó en virtud de la incompatibilidad de sus disposiciones con la Carta Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma, dada la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior.
Estando en curso el presente aparente conflicto de competencia, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio del año en curso, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, luego de analizar las demandas contra el Decreto 1382 de 2000 adoptó la siguientes determinaciones, de las cuales se apartaron dos Consejeros de Estado y por ello salvaron su voto:
“Primero. Declárase nulo el inciso cuarto del numeral 1° del artículo del 1382 de 2000, que dice así:
“Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
“Segundo. Declárase nulo el inciso segundo del artículo 3° del Decreto 1382 de 2000, que dice así:
“Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de un acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada”.
“Tercero. Deniéganse las demás súplicas de las demandas”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes” y la que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada.
Así las cosas, ahora, en acatamiento al fallo proferido el 18 de julio de 2002 por la Sección Primera del Consejo de Estado, encuentra la Corte que el trámite de la tutela interpuesta por JORGE DELGADO GALVIS corresponde al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado por el numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, a los Jueces Municipales le serán repartidas para su conocimiento en primera instancia las acciones de tutela que se interpongan contra particulares, como es el caso del señor ALVARO CARRERA MENDIETA contra quien se dirige la acción.
Por lo anterior esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
III- DECISION
Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
REMITIR el expediente al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
Magistrado
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
Salvamento de voto al Auto 115A/02
REF. Expediente ICC - 452
Peticionario: Jorge Delgado Galvis
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado