A123-02
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación
Referencia: ICC-418. Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio –Sala Penal- y el Juzgado Penal del Circuito de Acacias (Meta) en la acción de tutela promovida por Juan Angel Díaz Alvarez.
Magistrado Sustanciador:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil dos (2002).
Provee la Corte en relación con el aparente Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio –Sala Penal- y el Juzgado Penal del Circuito de Acacias (Meta) en la acción de tutela promovida por Juan Angel Díaz Alvarez.
I. ANTECEDENTES.
1. El ciudadano Juan Angel Díaz Alvarez interno en el pabellón No. 9 de la Penitenciaria Nacional de Acacias, interpuso acción de tutela para que se protegiera su derecho fundamental a la seguridad social y a la salud, conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Nacional, en escrito dirigido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio –Sala Penal-.
2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio –Sala Penal-, en auto de 20 de junio de 2002, con invocación para el efecto de lo dispuesto por el artículo 1º numeral primero inciso segundo del Decreto 1382 de 2000, ordenó enviar la actuación al Juzgado Penal del Circuito de Acacias (Meta), para que este la tramitara y decidiera.
3. El Juzgado Penal del Circuito de Acacias (Meta), en auto de 25 de junio de 2002, aplicó la excepción de inconstitucionalidad al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y, conforme a ello, dispuso el envío del expediente a la Corte Constitucional para que ella dirima el conflicto de competencia así suscitado.
II. CONSIDERACIONES.
1. Ante todo ha de recordarse por la Corte Constitucional que luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación, en auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior y por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Carta Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.
2. El Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de 14 de marzo de 2001, decidió suspender por un año la vigencia del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”.
3. Transcurrido el término de un año a que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, este de nuevo entró en vigor, razón esta por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó, en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.
4. El Consejo de Estado en sentencia de 18 de julio de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con dos salvamentos de voto, declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000”, y la del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó las demás súplicas de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación bajo los números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057.
5. Así las cosas, la Corte Constitucional, en virtud de las circunstancias actuales, en acatamiento a lo resuelto en la sentencia aludida, ahora dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y, por ello dispondrá que esta acción de tutela se tramite por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias (Meta).
III. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala Plena,
RESUELVE:
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por el ciudadano Juan Angel Díaz Alvarez, al Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta), para que la tramite y decida en forma inmediata.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor Manuel José Cepeda Espinosa no firma el presente auto por cuanto se encuentra en permiso debidamente autorizado por la Sala Plena de esta Corporación.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto al Auto 123/02
Referencia. expediente ICC - 418
Peticionario: Juan Angel Díaz Alvarez
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado