A133A-02


REPUBLICA DE COLOMBIA
Auto 133A/02

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA DE TUTELA-Aplicación

 

Referencia: expediente I.C.C.-412

 

Conflicto de competencia entre el Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-

 

Peticionario: Ezequiel Matallana Naranjo

 

Magistrado sustanciador:

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

 

 

Bogotá D.C., veinte (20) de  agosto de dos mil dos (2002)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de aquellas que le conceden los artículos 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado el presente auto, con base en los siguientes

 

 

ANTECEDENTES

 

1. El 23 de abril de 2002, Ezequiel Matallana Naranjo presentó acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, por considerar que dicha entidad viola su derecho fundamental de petición,  al no dar respuesta a la solicitud que remitió mediante correo certificado en marzo 4 del corriente año relacionada con una serie de cuestionamientos sobre el trámite legal para acceder al título de abogado y la expedición de la Tarjeta Profesional.

 

2. El demandante interpuso la acción de tutela ante el Juez Civil Municipal de Bogotá (reparto). Efectuado el mismo, le correspondió conocer la demanda al Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá, el cual mediante proveído de abril veinticinco (25) de 2002, decidió no asumir el conocimiento de la demanda por carecer de competencia y ordenó remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, para que de conformidad con el inciso 2° del numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, conociera del asunto.

 

 

3. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante decisión de mayo siete (7) de 2002, inaplicó el Decreto 1382 de 2000, ordenó remitir el expediente al Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá y propuso un conflicto negativo de competencia, en el evento que dicha autoridad no compartiera lo dispuesto en ese proveído.

 

4. Por su parte el Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá, mediante Auto de mayo veintiocho (28) de 2002, ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el presente conflicto negativo de competencia.

 

 

 

 CONSIDERACIONES

 

1. En relación con los conflictos de competencia suscitados con ocasión de la aplicación del Decreto 1382 de 2000, esta Corporación, a partir de lo dispuesto en el Auto ICC-118 de septiembre 26 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), reiterado en numerosas oportunidades, había venido inaplicando por vía de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.),  el artículo 1° del citado decreto por considerarlo contrario a las disposiciones superiores y estatutarias que regulan el ejercicio de la acción de tutela. Sobre el particular dijo la Corte:

 

“(...) para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.

 

8.  Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar” para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en todo momento y lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.”

 

2. El Consejo de Estado, mediante sentencia de julio dieciocho (18) de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver sobre las demandas de nulidad presentadas[1] contra el  Decreto Reglamentario 1382 de 2000, declaró la nulidad únicamente del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.

 

 

3. Ahora bien, teniendo en cuenta que el origen del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-  se circunscribía a la aplicabilidad o no del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, asunto respecto del cual ya hay un pronunciamiento definitivo por parte de la autoridad competente, la Corte Constitucional en acatamiento a lo resuelto en la sentencia mencionada y en aras de garantizar sin más dilación el derecho de acceso a la administración de justicia remitirá la acción de tutela de la referencia a la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la actuación conforme al Decreto mencionado.

 

4. Así las cosas, de conformidad con el inciso 1° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según el cual “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura”, la Corte remitirá al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca la acción de tutela de la referencia, toda vez que ella fue instaurada contra el Consejo Superior de la Judicatura, autoridad pública del orden nacional.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE

 

Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por Ezequiel Matallana Naranjo al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que la tramite y decida en forma inmediata.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Presidente

 

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERIA

Magistrado

 

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

 

JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

 

 

 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado

 

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

 

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ

Magistrada

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General

 


Salvamento de voto al Auto 133A/02

        

                                                       

                                                        REF. Expediente ICC - 412

 

Peticionario: Ezequiel Matallana Naranjo

 

 

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante sentencia de julio 18 de 2002, resolvió las demandas de nulidad presentadas contra el Decreto 1382 de 2000 contenidas en los expedientes números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057, declarando la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.

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