A135A-02
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación
Conflicto de competencia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Acción de tutela promovida por Vicente Zuluaga Osorio contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Magistrado Ponente:
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, profiere el presente auto.
I. ANTECEDENTES
El accionante interpuso acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por considerar lesionado su derecho fundamental al debido proceso en razón a que dicha entidad le impuso una sanción en su condición de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Pereira, por incurrir en una de las prohibiciones descritas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
La acción de tutela correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira la cual mediante proveído del 17 de mayo de 2002 dispuso rechazar de plano la acción de amparo interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, ordenando entonces remitir las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por considerar que esa Corporación era la competente para avocar conocimiento de la acción propuesta.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante providencia del 30 de mayo de 2002, inaplicó con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, al considerar que dicho acto administrativo es manifiestamente contrario al Estatuto Superior. Por lo anterior, aceptó la colisión de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto suscitado.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La controversia procesal planteada en el presente asunto tuvo como origen la inaplicación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", por ser manifiestamente contrario a la Constitución Política, según la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.
Durante el trámite de este incidente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2002[1], declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º y del inciso segundo del artículo 3º del mencionado acto administrativo, y denegó las demás pretensiones de nulidad.
La Corte Constitucional ha concluido que las colisiones de competencia presentadas con fundamento en el Decreto Reglamentario 1382 lo son tan sólo en apariencia y ha aplicado las reglas allí fijadas para remitir el expediente al despacho judicial correspondiente.
Sin embargo, del análisis de la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Corte advierte que en ella no se analizaron los cargos de nulidad[2] contra el inciso segundo del numeral 2º del artículo 1º y el artículo 4º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 frente a la situación concreta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, de conformidad con el artículo 254 de la Carta Política, los artículos 76-2 y 112 de la Ley 270 de 1996 y de su propio reglamento interno[3], ejerce sus competencias en un solo cuerpo, es decir, por la totalidad de los siete (7) magistrados que la integran; por esta razón se colige que dicha providencia, en este aspecto, no hizo tránsito a cosa juzgada.[4]
Por lo anterior, al no haber operado el fenómeno de la cosa juzgada frente a las normas reglamentarias mencionadas en lo que se refiere a los eventos en que las acciones de tutela se dirigen contra la propia Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ellas se inaplicarán (Art. 4 Superior) para garantizar materialmente no sólo el acceso a la administración de justicia (Art. 229 ídem) sino el derecho de impugnación de las sentencias de tutela (Art. 86 ídem), puesto que una interpretación diferente conduciría a sostener que los siete (7) magistrados de dicha colegiatura, no sólo generarían la acción u omisión que el accionante pretende enervar por vía constitucional, sino que serían ellos mismos quienes decidirían tanto en primera como en segunda instancia la solicitud de amparo, en detrimento de garantías de carácter fundamental.
En consecuencia se acudirá a las reglas generales señaladas en el artículo 37 del Decreto ley 2591 de 1991 y se remitirá el expediente a la autoridad judicial que conoció a prevención de la acción de tutela de la referencia, esto es, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que asuma de manera inmediata el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase,
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MARCO GERARDO MONROY CABRA Presidente
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JAIME ARAUJO RENTERIA Magistrado
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ALFREDO BELTRAN SIERRA Magistrado
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MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado
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JAIME CORDOBA TRIVIÑO Magistrado
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RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado
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EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Magistrado
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ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado
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CLARA INES VARGAS HERNANDEZ Magistrada
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MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General
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Salvamento de voto al Auto 135A/02
Peticionario: Vicente Zuluaga Osorio
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Expedientes acumulados 6414, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6717 y 7057. Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade.
[2] El juzgamiento plasmado en la sentencia se efectuó frente a los casos específicos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corporaciones cuya estructura si establece Salas de Casación, Secciones y Subsecciones, respectivamente. (Cfr. Acápite “V” de la sentencia del 18 de julio de 2002 de la Sección Primera del Consejo de Estado denominado “DECISIÓN SOBRE LOS CARGOS CONTRA EL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 1° Y CONTRA EL ARTÍCULO 4.°” ).
[3] Cfr. Artículo 1º del Acuerdo No. 12 de mayo 31 de 1994 "por el cual se adopta el reglamento interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura."
[4] Según lo dispuesto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo “la sentencia que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada” (Subraya la Corte).