A211-02
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación
Conflicto de competencia entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja.
Peticionario: Juan Leoviceldo Lizarazo Melo
Magistrado sustanciador:
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de aquellas que le conceden los artículos 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado el presente auto, con base en los siguientes
1. El 18 de julio de 2002, Juan Leoviceldo Lizarazo Melo presentó acción de tutela en contra del Presidente Nacional y el Coordinador Seccional de Tunja del Seguro Social y del Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá, por considerar que se violan sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, porque no obstante, tener la calidad de pensionado por invalidez por parte Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Boyacá y de requerir atención médica permanente, cuando solicitó los servicios de salud ante el Seguro Social -Seccional Tunja-, no le fueron prestados bajo el argumento que el Fondo mencionado no había pagado los aportes.
2. El demandante interpuso la acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja , el cual, mediante proveído de julio treinta (30) de 2002, a través de la Sala Penal, decidió no asumir el conocimiento de la demanda, toda vez que la tutela se dirige contra el Seguro Social y la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá, organismo descentralizado por servicios del orden nacional y entidad pública del orden departamental, respectivamente. En virtud de lo anterior, ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial de Tunja para que se efectúe nuevamente el reparto entre los Jueces Penales del Circuito de conformidad con el Decreto 1382 de 2000.
3. Efectuado nuevamente el reparto, le correspondió conocer del asunto, al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja, el cual mediante decisión de agosto primero (1) de 2002, inaplicó el Decreto 1382 de 2000 y ordenó remitir el expediente nuevamente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal, mediante decisión de agosto cinco (5) de 2002, consideró que el proveído proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja es equivocado, toda vez que desconoce la Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Julio 18 de 2002 en relación con el Decreto 1382 de 2000. Por esta razón, planteó un conflicto de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera.
CONSIDERACIONES
1. En relación con los conflictos de competencia suscitados con ocasión de la aplicación del Decreto 1382 de 2000, esta Corporación, a partir de lo dispuesto en el Auto ICC-118 de septiembre 26 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), reiterado en numerosas oportunidades, había venido inaplicando por vía de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.), el artículo 1° del citado decreto por considerarlo contrario a las disposiciones superiores y estatutarias que regulan el ejercicio de la acción de tutela. Sobre el particular dijo la Corte:
“(...) para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
8. Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar” para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en todo momento y lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.”
2. El Consejo de Estado, mediante sentencia de julio dieciocho (18) de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver sobre las demandas de nulidad presentadas[1] contra el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, declaró la nulidad únicamente del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.
3. Ahora bien, teniendo en cuenta que el origen del conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, se circunscribía a la aplicabilidad o no del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, asunto respecto del cual ya hay un pronunciamiento definitivo por parte de la autoridad competente, la Corte Constitucional en acatamiento a lo resuelto en la sentencia mencionada y en aras de garantizar sin más dilación el derecho de acceso a la administración de justicia remitirá la acción de tutela de la referencia a la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la actuación conforme al Decreto mencionado.
4. Así las cosas, de conformidad con el inciso 2° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según el cual “A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.”, la Corte remitirá al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja la acción de tutela de la referencia, por ser las entidades demandadas: un organismo del sector descentralizado por servicios del orden nacional y una autoridad pública del orden departamental.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela promovida Juan Leoviceldo Lizarazo Melo contra el Presidente Nacional y el Coordinador Seccional de Tunja del Seguro Social y el Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja para que la tramite y decida en forma inmediata.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Magistrada
Salvamento de voto al Auto 211/02
Referencia. expediente ICC - 502
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
[1] El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante sentencia de julio 18 de 2002, resolvió las demandas de nulidad presentadas contra el Decreto 1382 de 2000 contenidas en los expedientes números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057, declarando la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.