A272-02


REPUBLICA DE COLOMBIA
Auto 272/02

 

ACCION DE TUTELA CONTRA MAGISTRADOS SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Inaplicación del decreto 1382 de 2000 por no tener superior funcional/ACCION DE TUTELA CONTRA MAGISTRADOS SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Aplicación del Decreto 2591 de 1991 competencia a prevención

 

 

 

Referencia: expediente I.C.C.-565

 

Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y el Consejo superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

 

 Peticionario: Ovidio Durango Gómez.

 

Magistrado sustanciador:

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

 

Bogotá D.C., veintiséis  (26) de noviembre de dos mil dos (2002)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de aquellas que le conceden los artículos 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado el presente auto, con base en los siguientes

 

ANTECEDENTES

 

1. El 14 de agosto de 2002, Ovidio Durango Gómez, presentó acción de tutela en contra de Martha Inés Montaño Suárez e Iván Santacoloma Jaramillo -Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda-, por considerar que dichos funcionarios al elevar sendos cargos en su contra sin ningún respaldo probatorio vienen vulnerando sus derechos fundamentales -no especifica cuales-.

 

2. El demandante interpuso la acción de tutela ante los jueces civiles del circuito (reparto). Efectuado el mismo, le correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el cual mediante proveído de agosto dieciséis (16) de 2002, decidió no asumir el conocimiento de la demanda por carecer de competencia y ordenó remitir el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que de conformidad con el artículo 1° numeral 2° del Decreto 1382 de 2000, conociera del asunto.

 

3. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,  mediante decisión de septiembre cinco (5) de 2002, resolvió inaplicar el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y ordenó enviar el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencia suscitado.

 

CONSIDERACIONES

 

1. En relación con los conflictos de competencia suscitados con ocasión de la aplicación del Decreto 1382 de 2000, esta Corporación, a partir de lo dispuesto en el Auto ICC-118 de septiembre 26 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), reiterado en numerosas oportunidades, había venido inaplicando por vía de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.),  el artículo 1° del citado decreto por considerarlo contrario a las disposiciones superiores y estatutarias que regulan el ejercicio de la acción de tutela. Sobre el particular dijo la Corte:

 

“(...) para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.

 

8.  Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar” para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en todo momento y lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.”

 

2. El Consejo de Estado, mediante sentencia de julio dieciocho (18) de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver sobre las demandas de nulidad presentadas[1] contra el  Decreto Reglamentario 1382 de 2000, declaró la nulidad únicamente del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.

 

3. Ahora bien, teniendo en cuenta que el origen del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se circunscribía a la aplicabilidad o no del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, asunto respecto del cual ya hay un pronunciamiento definitivo por parte de la autoridad competente, la Corte Constitucional en acatamiento a lo resuelto en la sentencia mencionada y en aras de garantizar sin más dilación el derecho de acceso a la administración de justicia remitirá la acción de tutela de la referencia a la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la actuación conforme al Decreto mencionado.

 

4. Así las cosas, de conformidad con el  numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según el cual “Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, será repartida al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal”.   

 

5. En el caso que se analiza, la acción de tutela se instauró contra dos Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, lo cual supone que el conocimiento de la misma debería ser asumido por el superior funcional, es decir por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, en sentido estricto esa Corporación no es superior funcional de los demandados, por cuanto este criterio opera respecto de la Salas conformadas, así como de las decisiones que éstas profieran conforme a las funciones a ellas encomendadas, pero no frente a las actuaciones de algunos de sus integrantes[2].

 

6. En consecuencia, el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, no resulta aplicable para aquellos casos en los cuales el accionado en sede de tutela carece de superior funcional. Sin  embargo, en estos casos y ante el vacío del Decreto 1382 de 2000 se hace necesario acudir a las reglas generales previstas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, norma que señala la competencia a prevención. Dice la aludida norma:

 

Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

 

7. En virtud de lo anterior, la Corte remitirá al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, la acción de tutela de la referencia, por ser esta la autoridad judicial a quien fue repartido inicialmente el asunto.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE

 

Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por Ovidio Durango Gómez contra Martha Inés Montaño Suárez e Iván Santacoloma Jaramillo al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira para que la tramite y decida en forma inmediata.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Presidente

 

JAIME ARAUJO RENTERIA

Magistrado

 

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

 

JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado

 

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

 

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ

Magistrada

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General


Salvamento de voto al Auto 272/02

           

                       

                                              

                                                                       REF. Expediente ICC - 565

 

Peticionario: Ovidio Durango Gómez

 

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

 

Fecha ut supra,

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante sentencia de julio 18 de 2002, resolvió las demandas de nulidad presentadas contra el Decreto 1382 de 2000 contenidas en los expedientes números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057, declarando la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.

[2] Cfr. Auto 210/02. M.P: Eduardo Montealegre Lynett