A286-02
ACCION DE TUTELA CONTRA PRESIDENTE DE LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Inaplicación del decreto 1382 de 2000 por existir vacío respecto a la competencia del superior funcional
Referencia: expediente I.C.C.- 576
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Magistrado Ponente:
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el Decreto 2591 de 1991, procede a resolver el conflicto de competencia de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. El día 30 de agosto de 2002, Julián Fernando Buchelli Aguirre interpuso acción de tutela contra el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior la Judicatura, aduciendo violación de sus derechos al trabajo y al debido proceso, ante la negativa a conceder el recurso de apelación presentado contra una resolución de calificación de servicios.
2. La demanda, presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, correspondió a la Sección Primera, Subsección “B” de esa Corporación, quien por auto del tres (3) de septiembre de 2002 se declaró incompetente para conocer del asunto. Dando aplicación al artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala consideró que por tratarse de una demanda contra el Consejo Superior de la Judicatura, el conocimiento de la tutela debía ser asumido por esa misma corporación.
3. El expediente fue remitido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que mediante auto del dieciocho (18) de septiembre de dos mil dos (2002), y en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, resolvió inaplicar el inciso primero del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. A su juicio, a pesar de que la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, profirió fallo dentro de las demandas de nulidad que fueron presentadas por algunos ciudadanos contra el Decreto Reglamentario 1382 de 2000[1], la sentencia no se pronunció al amparo de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, sino de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
Según lo anterior, considera que el fallo proferido por el Consejo de Estado sólo es vinculante en lo que al control de legalidad se refiere, ante lo cual puede continuarse aplicando la excepción de inconstitucionalidad respecto del Decreto 1382 de 2000, como en efecto lo hace, pues considera que el presidente desconoció abiertamente el mandato del artículo 152 de la Carta, so pretexto de ejercer la potestad reglamentaria. En consecuencia, “atendida la escogencia de la jurisdicción disciplinaria hecha por el demandante”, dispuso enviar el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
4. Mediante auto del veinticuatro (24) de octubre de 2002, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura consideró que debía darse aplicación a las previsiones del Decreto 1382 de 2000 y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencia surgido.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Cuando en el trámite de una solicitud de tutela las autoridades judiciales proponen conflicto negativo de competencia, la controversia debe ser dirimida por la Corte Constitucional únicamente si las autoridades judiciales hacen parte de jurisdicciones distintas y, por lo mismo, carecen de superior jerárquico común[2]. En este orden de ideas, y dado que el presente conflicto de competencia se presentó entre autoridades pertenecientes a diferentes jurisdicciones, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el mismo.
2. La controversia procesal planteada en el presente asunto tuvo como origen la inaplicación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", por ser manifiestamente contrario a la Constitución, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.
3. Sin embargo, como fue anteriormente señalado, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2002, declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º y del inciso segundo del artículo 3º del mencionado acto administrativo, y denegó las demás pretensiones de nulidad, en los siguientes términos:
”PRIMERO: Declárase nulo el inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que dice así: «Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.»
SEGUNDO: Declárase nulo el inciso segundo del artículo 3.° del Decreto 1382 de 2000, que dice así: «Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de una acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada.»
TERCERO: Deniéganse las demás súplicas de las demandas.”
4. Significa lo anterior que ante la vigencia del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, son las reglas allí fijadas las que determinan la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la actuación.
5. En este orden de ideas, según lo previsto en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, “lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4° del presente decreto”.
6. Pues bien, en esta oportunidad la acción de tutela fue dirigida contra el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo cual sugiere que el conocimiento de la solicitud de tutela debe ser asumido por esta corporación. No obstante, la Corte advierte que el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 no resulta aplicable para aquellos eventos en los cuales el demandado en sede de tutela es el Consejo Superior de la Judicatura, pues implicaría la imposibilidad jurídica para tramitar la segunda instancia, lo cual contraviene abiertamente la Constitución.
En efecto, aunque el artículo 4º del Decreto 1382 de 2000 autoriza modificar el reglamento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de prever la conformación de salas, secciones o subsecciones para tramitar la segunda instancia, las mismas no han sido creadas hasta la fecha, lo que implica la total inexistencia de las condiciones jurídicas necesarias para una eventual impugnación en el trámite de las acciones de tutela que se inician ante el Consejo Superior de la Judicatura.
7. No obstante, lo anterior no implica que ninguna autoridad judicial tiene competencia para tramitar el asunto por cuanto, ante el vacío del Decreto 1382 de 2000, es necesario acudir a las reglas generales previstas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, norma que señala lo siguiente:
Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
Así pues, la competencia para tramitar el asunto corresponde entonces al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ser ésta la autoridad judicial a quien fue repartido inicialmente el asunto.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, que asuma de forma inmediata el conocimiento de la tutela de la referencia.
Notifíquese y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto al Auto 286/02
REF. Expediente ICC - 576
Peticionaria: Julián Fernando Buchelli Aguirre
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA