A049-03
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Despachos de igual jerarquía pero no de igual especialidad/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención y libertad para elegir la especialidad del juez competente
Conflicto de competencia entre el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá.
Magistrado Sustanciador:
Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de aquellas que le conceden los artículos 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado el presente auto, con base en los siguientes
1. El 29 de noviembre de 2002, Celia de La Cruz Sandoval González en escrito dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, presentó acción de tutela en contra del Departamento de Caquetá, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque considera vulnerados sus derechos de petición, igualdad y trabajo, entre otros, por la falta de reconocimiento y pago de la bonificación remunerativa especial de los años 1998, 1999 y 2000 consagrada en el Decreto 707 de 1996 y que a su juicio tiene derecho.
2. La demandante presentó el escrito contentivo de la demanda de tutela ante la Oficina de Coordinación Administrativa - Oficina de Apoyo- de Florencia. Efectuado el reparto, le correspondió conocer del asunto al Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria quien mediante decisión de diciembre tres (3) de 2002, decidió remitir del asunto al Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, pues era esa la Corporación escogida por la petente para que conociera del asunto.
3. El Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, en Sala de Decisión, mediante fallo de diciembre quince (15) de 2002, planteó un conflicto negativo de competencia, al considerar que el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha debido conocer del proceso de tutela instaurado por la señora Sandoval González, pues de conformidad con el Decreto 1382 de 2000 también era competente para conocer del caso y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional, para que lo dirimiera.
1. En relación con los conflictos de competencia suscitados con ocasión de la aplicación del Decreto 1382 de 2000, esta Corporación, a partir de lo dispuesto en el Auto ICC-118 de septiembre 26 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), reiterado en numerosas oportunidades, había venido inaplicando por vía de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.), el artículo 1° del citado decreto por considerarlo contrario a las disposiciones superiores y estatutarias que regulan el ejercicio de la acción de tutela. Sobre el particular dijo la Corte:
“(...) para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
8. Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar” para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en todo momento y lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.”
2. El Consejo de Estado, mediante sentencia de julio dieciocho (18) de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver sobre las demandas de nulidad presentadas[1] contra el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, declaró la nulidad únicamente del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.
3. La sentencia de julio dieciocho (18) de 2002 por el Consejo de Estado, mediante la cual desestimaron las súplicas de las demandas de nulidad contra el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, tiene el valor de cosa juzgada y vinculan obligatoriamente a las autoridades públicas y a los particulares, razón por la cual, la Corte Constitucional acatará íntegramente lo resuelto en esta Sentencia.
4. En el caso que se analiza, el conflicto de competencia se suscita entre dos autoridades judiciales que de acuerdo con el artículo 1° numeral 1° del Decreto 1382 de 2000 son competentes para conocer de la acción de tutela. Sin embargo, observa la Corte que no es posible aplicar el artículo 2° del mismo decreto, el cual establece que “cuando en la localidad donde se presente la acción de tutela funcionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de aquél en que, conforme al artículo anterior, resulte competente para conocer de la acción, la misma se someterá a reparto”, (subrayado fuera del texto), pues dichas autoridades judiciales son de distinta especialidad y además porque el accionante en ejercicio del derecho consagrado en los artículos 86 Superior y 37 del Decreto 2591 de 1991, había dirigido el escrito de tutela al Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá.
5. En virtud de lo anterior, la Corte remitirá al Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, la acción de tutela de la referencia, por se r esta la autoridad judicial escogida por la actora de conformidad con los artículos 86 y 37 del Decreto 2591 de 1991.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por Cecilia de La Cruz Sandoval González contra el Departamento de Caquetá, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá para que la tramite y decida en forma inmediata.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Magistrada
Secretaria General
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
[1] El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante sentencia de julio 18 de 2002, resolvió las demandas de nulidad presentadas contra el Decreto 1382 de 2000 contenidas en los expedientes números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057, declarando la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.