A117-03
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Aplicación
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Autoridad pública del orden nacional
Conflicto de competencia entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué - Sala de Decisión Penal- y el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria -.
Magistrado Sustanciador:
Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de aquellas que le conceden los artículos 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado el presente auto, con base en los siguientes
1. El 19 de febrero de 2003, Angel María Patiño Henao, presentó ante la Oficina Judicial de Ibagué, acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por considerar que dicha entidad viene vulnerando su derecho de acceso a la administración de justicia, entre otros, al no implementar mecanismos de descongestión para el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagué, toda vez que le fue comunicado por parte de dicho despacho que dentro del Proceso Laboral que inició contra la sociedad Granja Buenos Aires S.A. la fecha para fallo será el 24 de noviembre de 2004.
2. Efectuado el reparto, le correspondió conocer de la acción al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, la cual mediante proveído de febrero veintiséis (26) de 2003, decidió no asumir el conocimiento de la demanda al considerar que de conformidad con el artículo 1° numeral 2° del Decreto 1382 quien debe conocer del asunto es el Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a dicha Corporación.
3. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante decisión de septiembre cinco (5) de 2002, inaplicó el Decreto 1382 de 2000 y resolvió remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el presente conflicto de competencia.
CONSIDERACIONES
1. En relación con los conflictos de competencia suscitados con ocasión de la aplicación del Decreto 1382 de 2000, esta Corporación, a partir de lo dispuesto en el Auto ICC-118 de septiembre 26 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), reiterado en numerosas oportunidades, había venido inaplicando por vía de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.), el artículo 1° del citado decreto por considerarlo contrario a las disposiciones superiores y estatutarias que regulan el ejercicio de la acción de tutela.
2. El Consejo de Estado, mediante sentencia de julio dieciocho (18) de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver sobre las demandas de nulidad presentadas[1] contra el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, declaró la nulidad únicamente del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.
3. Ahora bien, teniendo en cuenta que el origen del conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se circunscribía a la aplicabilidad o no del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, asunto respecto del cual ya hay un pronunciamiento definitivo por parte de la autoridad competente, la Corte Constitucional en acatamiento a lo resuelto en la sentencia mencionada y en aras de garantizar sin más dilación el derecho de acceso a la administración de justicia remitirá la acción de tutela de la referencia a la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la actuación conforme al Decreto mencionado.
4. Analizada la situación planteada, observa la Corte que la acción de tutela se dirige es contra la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, autoridad pública del orden nacional[2].
En consecuencia, resulta equivocada la posición asumida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, al haber aplicado en este asunto, la regla contenida en el numeral 2° del artículo 1° del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, en razón a que dicha norma hace alusión a los casos en que los organismos allí señalados cumplen funciones Jurisdiccionales.
5. Así las cosas, de conformidad con el inciso 1° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según el cual “[L]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura” la Corte ordenará al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, asumir de forma inmediata el conocimiento de la solicitud de tutela presentada por Angel María Patiño Henao por ser la entidad accionada una autoridad pública del orden nacional.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, asumir en forma inmediata el conocimiento de la acción de tutela promovida por Angel María Patiño Henao contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, Sala Administrativa.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Magistrada
Secretaria General
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
[1] El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante sentencia de julio 18 de 2002, resolvió las demandas de nulidad presentadas contra el Decreto 1382 de 2000 contenidas en los expedientes números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057, declarando la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, y la “del inciso segundo del artículo 3°” del precitado decreto.
[2] Veánse Autos 267, 301, y 263 de 2002. Autos 023, 035, 066 de 2003, entre otros.