Auto 152/03

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Inaplicación para el caso cuando el demandado es la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Procedencia

 

 

 

Referencia: expediente ICC-708

 

Conflicto de competencia entre la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Acción de tutela promovida por Jaime Rafael Pedraza contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

 

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

 

 

 

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil tres (2003).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, profiere el presente auto.

 

 

I.       ANTECEDENTES

 

El 21 de febrero de 2003, el abogado Jaime Rafael Pedraza interpuso acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca por considerar que dicha corporación había vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, a la libertad de conciencia y de expresión, así como la garantía del debido proceso al haber iniciado investigación disciplinaria en su contra.

 

El escrito de tutela fue dirigido ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá D.C., la que mediante auto del 24 de febrero de 2003 consideró que en aplicación del numeral 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, el expediente debía ser remitido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Recibido el expediente, dicha Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por auto de 5 de marzo de 2003, inaplicó con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 por considerar que dicho acto administrativo es manifiestamente contrario al Estatuto Superior, por cuanto impide el derecho de impugnación de la sentencia, motivo por el cual devolvió el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

 

A través de auto del 24 de junio de 2003, la Sala de Familia del citado Tribunal, reiteró su posición de aplicar el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 y planteó conflicto negativo de competencia, motivo por el cual remitió el expediente a la Corte Constitucional para que determinara la autoridad judicial que debía resolver la acción impetrada.

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

La controversia procesal planteada en el presente asunto tuvo como origen la interpretación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", norma respecto de la cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2002[1], declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º y del inciso segundo del artículo 3º del mencionado acto administrativo, y denegó las demás pretensiones de nulidad.

 

Como se advierte, son las reglas allí fijadas las que, en principio, determinan la autoridad judicial que debe asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada. En este sentido, le correspondería a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidir la acción de tutela impetrada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 2º del artículo 1 del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.[2]

 

Sin embargo, la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos proferidos aun con posterioridad a la mencionada sentencia del Consejo de Estado, ha considerado de manera uniforme que la citada disposición resulta inaplicable en los eventos en que la acción de tutela se dirija contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de las providencias que en ejercicio de sus funciones disciplinarias profieran.

 

En efecto, mediante Auto 134A/02[3] esta Corporación, al dirimir el conflicto de competencia que se presentó en dicha oportunidad entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, precisó:

 

... del análisis de la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Corte advierte que en ella no se analizaron los cargos de nulidad[4] contra el inciso segundo del numeral 2º del artículo 1º y el artículo 4º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 frente a la situación concreta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, de conformidad con el artículo 254 de la Carta Política, los artículos 76-2 y 112 de la Ley 270 de 1996 y de su propio reglamento interno[5], ejerce sus competencias en un solo cuerpo, es decir, por la totalidad de los siete (7) magistrados que la integran; por esta razón se colige que dicha providencia, en este aspecto, no hizo tránsito a cosa juzgada.[6]

 

Por lo anterior, al no haber operado el fenómeno de la cosa juzgada frente a las normas reglamentarias mencionadas en lo que se refiere a los eventos en que las acciones de tutela se dirigen contra la propia Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ellas se inaplicarán (Art. 4 Superior) para garantizar materialmente no sólo el acceso a la administración de justicia (Art. 229 ídem) sino el derecho de impugnación de las sentencias de tutela (Art. 86 ídem), puesto que una interpretación diferente conduciría a sostener que los siete (7) magistrados de dicha colegiatura, no sólo generarían la acción u omisión que el accionante pretende enervar por vía constitucional, sino que serían ellos mismos quienes decidirían tanto en primera como en segunda instancia la solicitud de amparo, en detrimento de garantías de carácter fundamental.[7]

 

En el mismo sentido, en el Auto 193/02,[8] a través del cual se decidió la controversia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se expresó lo siguiente:

 

Si bien se encuentra vigente el Decreto 1382 de 2000, conforme a la situación jurídica existente en la actualidad, la Corte Constitucional encuentra que para el caso en concreto no es posible aplicar el Decreto citado por cuanto las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, se profieren por la Sala en pleno. Por tanto, se hace necesario aplicar el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que consagra que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” lo cual es posible puesto que para la fecha de la interposición de la tutela – 23 de mayo de 2002- no existía la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del 18 de julio de 2002.

 

En efecto, el Reglamento Interno del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, (Acuerdo No 12 de mayo 31 de 1994) dispuso en su artículo 1º que “la reunión de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conformará dicha Sala, y ejercerá sus funciones en Sala Plena(...)”- lo que implica que hasta la fecha todo asunto, incluyendo la acción de tutela, viene siendo conocido por la Sala en pleno –. Por tanto, no se podría surtir la segunda instancia en materia de tutela al no existir secciones, o salas dentro de la Sala Disciplinaria  del Consejo Superior de la Judicatura.[9]

 

Por Auto 232A/02[10] se dirimió el aparente conflicto de competencia que se presentó, en aquella ocasión, entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón (Huila) y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en dicha providencia se señaló[11]:

 

6.- Pues bien, en esta oportunidad la acción de tutela fue dirigida contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, lo cual sugiere que el conocimiento de la solicitud de tutela debe ser asumido por su superior funcional, es decir, por el Consejo Superior de la Judicatura.  No obstante, la Corte advierte que el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 no resulta aplicable para aquellos eventos en los cuales el demandado en sede de tutela es el Consejo Seccional de la Judicatura, pues implicaría la imposibilidad jurídica para tramitar la segunda instancia, lo cual contraviene abiertamente la Constitución.

 

En efecto, aunque el artículo 4º del Decreto 1382 de 2000 autoriza modificar el reglamento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de prever la conformación de salas, secciones o subsecciones para tramitar la segunda instancia, las mismas no han sido creadas hasta la fecha, lo que implica la total inexistencia de las condiciones jurídicas necesarias para una eventual impugnación en el trámite de las acciones de tutela que se inician ante el Consejo Superior de la Judicatura, más aún teniendo en cuenta que las decisiones son proferidas como un solo cuerpo colegiado.

 

7.- No obstante, lo anterior no implica que ninguna autoridad judicial tiene competencia para tramitar el asunto por cuanto, ante el vacío del Decreto 1382 de 2000, es necesario acudir a las reglas generales previstas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, norma que señala lo siguiente:

 

Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

 

A partir de los anteriores precedentes[12], se advierte cómo el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, con el fin de cumplir con el mandato consagrado en el artículo 2º de la Carta Política, y proteger efectiva y materialmente garantías fundamentales como el debido proceso (Art. 29 Superior) y la impugnación de las sentencias de tutela (Art. 31 e inciso segundo del artículo 86 in fine, ídem), ha inaplicado la regla fijada en el numeral 2º del artículo 1 del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, cuando la conducta que presuntamente viola derechos fundamentales está contenida en una providencia judicial proferida por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de alguno de los Consejos Seccionales de la Judicatura o por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, puesto que según lo dispone dicho acto administrativo, sería esta última Corporación Judicial la encargada de decidir en esos casos, tanto en primera como en segunda instancia, la solicitud de amparo constitucional.

 

No obstante, el valor normativo de esta regla jurisprudencial, en algunos despachos judiciales se siguen promoviendo conflictos de competencia cuando la autoridad accionada es uno de los Consejos Seccionales o el Consejo Superior de la Judicatura en sus Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, respectivamente, desconociendo no sólo el deber constitucional que tienen todas las autoridades en el Estado social de derecho de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sino que con esa conducta podrían, eventualmente, configurarse dilaciones no justificadas para resolver con prontitud las acciones de tutela[13] y violaciones al derecho de acceso a la eficaz administración de justicia.[14]

 

Desde esta perspectiva, el conflicto planteado en la actualidad lo es tan sólo en apariencia, por cuanto en casos como el de la referencia, el juez de tutela debe acudir a las reglas generales que prescribe el artículo 37 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

 

En consecuencia, se remitirá el expediente a la autoridad judicial que conoció a prevención de la presente acción de tutela, esto es, a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., para que sin más dilaciones, adopte en primera instancia la decisión que corresponda en la acción de tutela de la referencia y se garantice así, de forma efectiva, el derecho a la impugnación del abogado Jaime Rafael Pedraza, si llegare a hacer uso de este recurso.

 

 

III. DECISION

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. que asuma, de forma inmediata, el conocimiento de la tutela de la referencia.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase,

 

 

 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Presidente

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado

 

 

 

 

 

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

 

 

ÁLVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General

Salvamento de voto al Auto 152/03

 

 

 

 

Referencia: expediente ICC-708

 

Peticionario: Jaime Rafael Pedraza

 

 

 

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado