Auto 115/04

 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LAS SALAS ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia a prevención del Tribunal Superior Administrativo o Consejo Seccional de la Judicatura

 

Respecto de las autoridades competentes para tramitar las acciones de tutela interpuestas contra la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, puede señalarse que para respetar el principio de doble instancia en materia de tutela, debe inaplicarse la norma del decreto 1382 de 2000 que la regula. i) Debe acudirse, en consecuencia, a las prescripciones generales de reparto y conocimiento a prevención consagradas en el artículo 86 superior y en el decreto 2591 de 1991. ii) Cuando el Consejo Superior haya remitido por competencia el expediente de una petición de amparo interpuesta contra él, a otra autoridad judicial, y esta haya resuelto en primera instancia, no habrá lugar prima facie, a la declaratoria de incompetencia de quien conoce de la segunda instancia de la acción de tutela. Puede concluirse, entonces, que cuando se demanda a las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, será competente (i) a prevención, (ii) el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Administrativo o Consejos Seccional de la Judicatura ante quien haya sido interpuesta la demanda de tutela.

 

 

 

Referencia: expediente ICC-828

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca –Sala Penal-, el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- en la tutela promovida por la ciudadana Yesmira Vega Ojeda contra el Consejo Superior de la Judicatura –Salas Administrativa y Disciplinaria- y otros.

 

Magistrado Ponente (e)

Dr. RODRIGO UPRIMNY YEPES

 

 

 

Bogotá, D. C.,. tres (3) de agosto de dos mil cuatro (2004).

 

Provee la Corte en relación con el Conflicto de Competencia entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca –Sala Penal-, el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- en la tutela promovida por la ciudadana Yesmira Vega Ojeda contra el Consejo Superior de la Judicatura –Salas Administrativa y Disciplinaria- y otros.  

 

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. La ciudadana Yesmira Vega Ojeda interpuso acción de tutela el 10 de mayo de 2004, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca –Sala Penal- contra el Consejo Superior de la Judicatura –Salas Administrativa y Disciplinaria-, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Protección Social, Ministerio del Interior y de Justicia, Comisión de Acusaciones de la Cámara, Juzgado Laboral de Ocaña y ESS Sabana de Torres. El demandante considera que tales entidades violaron sus derechos fundamentales de petición y tutela efectiva de los derechos.

 

2. Mediante auto de 12 de mayo de 2004, el Tribunal Superior de Cundinamarca –Sala Penal- resolvió remitir el expediente de la referencia al Consejo Superior de la Judicatura, argumentando que, de conformidad con el artículo 1º, numeral 2º, inciso 2º del decreto 1382, el competente para tramitar la acción de tutela era esa entidad. Anotó que, “de lo anterior se desprende que este Tribunal Superior no es competente para conocer el presente asunto, toda vez que la presunta vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante (…) es atribuida, entre otras autoridades al Consejo Superior de la Judicatura, Salas Administrativa y Disciplinaria, (…) autoridad que tiene su propio régimen para el conocimiento de la acciones de tutela instauradas en contra de la propia Corporación” (fl. 7)

 

3. El 26 de mayo de 2004, el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Disciplinaria- decidió abstenerse de tramitar la acción de tutela instaurada por la ciudadana Vega Ojeda y remitir, en consecuencia, el expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Consideró para ello que, si bien en principio, el decreto 1382 regula el reparto de todas las acciones de tutela, la Corte Constitucional ha considerado que cuando la demanda sea interpuesta contra el Consejo Superior de la Judicatura, el mismo debe ser inaplicado, en aras de garantizar el principio de doble instancia.

 

4. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante providencia del 30 de junio de 2004, se declaró incompetente para dar trámite a la acción de tutela de la referencia. Consideró para ello que, en una petición de amparo impetrada en 2003 por la misma demandante contra, entre otras entidades, el Consejo Superior de la Judicatura, se presentó igualmente un conflicto negativo de competencia. Mediante  auto ICC 707 del mismo año, la Corte determinó que el competente para tramitar la acción era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Resolvió, en consecuencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional a fin de que dirimiera la colisión de la referencia. 

 

 

II. CONSIDERACIONES.

 

1. En reiteradas ocasiones, esta Sala se ha pronunciado respecto de la competencia para dar trámite a las acciones de tutela interpuestas contra la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura. Ha resuelto, en dichas hipótesis, inaplicar el inciso 2º, numeral 2º, del artículo 1º del decreto 1382 de 2000[1], y acudir, entonces, a las reglas generales de reparto que prescribe el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, de conformidad con las cuales, son competentes para conocer de las peticiones de amparo los Jueces o Tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que suscitaron la solicitud. El fundamento para no efectuar el reparto de las acciones de tutela según las disposiciones normativas del decreto 1382, es la potencial vulneración del principio de doble instancia, en atención a que la entidad jurisdiccional en cuestión no está dividida en Salas o Subsecciones, lo que implicaría que las impugnaciones contra sus decisiones serían conocidas por ella misma.

 

2. En el auto 42 de 2003, esta Corporación resolvió una colisión de competencias suscitada entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en una acción de tutela interpuesta contra una Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura. En tal oportunidad, determinó que, debido a la amenaza de vulneración del principio de doble instancia que supone la aplicación de las normas del decreto 1382, en las acciones de tutela interpuestas contra la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior, el competente para tramitar la acción es el Consejo Seccional de la Judicatura.

 

3. Mediante auto 66 de 2003, la Sala Plena de la Corte Constitucional conoció de un conflicto presentado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección tercera- y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en una acción de tutela presentada contra la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Decidió entonces que el competente para tramitar la acción constitucional era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, porque “no es a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ni a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales a las que hace referencia la norma citada. Por este motivo, como en el asunto de la referencia, la solicitud de amparo estaba dirigida contra una de los órganos del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, que como ya se indicó, es una autoridad pública del orden nacional; la regla que determinaba la competencia era la descrita en el inciso primero del numeral 1º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, que asigna competencia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a los Tribunales Administrativos y a los Consejos Seccionales de la Judicatura para conocer en primera instancia de las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional. ”

 

4. En el auto 60 de 2004, esta Corporación resolvió un conflicto de competencia ocasionado entre el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, Sala Disciplinaria, en una acción de tutela promovida contra estas mismas entidades. Consideró la Corte que, dado que la ley no ha creado Salas de decisión al interior de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, correspondería resolver a la Sala Plena de tal Corporación las acciones de tutela interpuestas contra ella, poniendo así en cuestión el principio de doble instancia. Determinó, en consecuencia, que el competente para tramitar la petición era el Consejo Seccional[2].  

 

5. En el ICC 792 de 2004, la Corte resolvió un aparente conflicto de competencia suscitado entre el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en una acción de tutela presentada contra la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior. En tal ocasión, la Sala decidió remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional- en atención a que (i) la primera instancia de la acción constitucional ya había sido tramitada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba –Sala Jurisdiccional- y a que (ii) dicha decisión garantizaba “el principio de celeridad que caracteriza el procedimiento de tutela para la oportuna protección de los derechos fundamentales”.

 

6. En conclusión, de la doctrina jurisprudencial respecto de las autoridades competentes para tramitar las acciones de tutela interpuestas contra la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, puede señalarse que

 

Para respetar el principio de doble instancia en materia de tutela, debe inaplicarse la norma del decreto 1382 de 2000 que la regula.

 

i) Debe acudirse, en consecuencia, a las prescripciones generales de  reparto y conocimiento a prevención consagradas en el artículo 86 superior y en el decreto 2591 de 1991.

 

ii) Cuando el Consejo Superior haya remitido por competencia el expediente de una petición de amparo interpuesta contra él, a otra autoridad judicial, y esta haya resuelto en primera instancia, no habrá lugar prima facie, a la declaratoria de incompetencia de quien conoce de la segunda instancia de la acción de tutela.

 

7. Ahora bien, ¿cómo se determina la competencia cuando son demandadas tanto la Sala Jurisdiccional, como la Administrativa del Consejo Superior? Para responder esta pregunta, primero debe recordarse la jurisprudencia de esta Corporación, de conformidad con la cual, conocerán de las acciones de tutela interpuestas contra la Sala Administrativa del Consejo Superior los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura. Ahora bien, según lo establece el inciso 5º, numeral 1º, artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, “Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral”. Puede concluirse, entonces, que cuando se demanda a las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, será competente (i) a prevención, (ii) el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Administrativo o Consejos Seccional de la Judicatura ante quien haya sido interpuesta la demanda de tutela.

 

 

III. CASO CONCRETO   

 

En el caso bajo estudio, la solicitud de amparo fue interpuesta ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. En atención a los criterios precitados, corresponde a esa Corporación el trámite de la acción de tutela porque (i) en ella se radicó la competencia a prevención, (ii) no había sido tramitada la primera instancia y (iii) son de igual jerarquía los Tribunales Superiores  y los Consejos Seccionales de la Judicatura.

 

 

IV. DECISION

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala Plena

 

 

RESUELVE:

 

Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana Yesmira Vega Ojeda contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, para que la tramite y decida en forma inmediata.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte  Constitucional y cúmplase.

 

 

 

 

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ

Presidenta

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERIA

Magistrado

 

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

 

JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

 

RODRIGO UPRIMNY YEPES

Magistrado (E)

 

 

 

 

IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO

Secretario General (e)

Salvamento de voto al Auto 115/04

 

 

 

Referencia: expediente ICC-828

 

Peticionario: YESMIRA VEGA OJEDA

 

 

 

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado