A230-05
RECUSACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance del criterio de pertinencia
RECUSACION DE MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Impertinencia
RECUSACION DE MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Inexistencia de la causal alegada en el ordenamiento jurídico
Recusación formulada contra el Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil cinco (2005).
1.- Mediante escrito radicado ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el día tres (3) de noviembre de 2005, los ciudadanos Ciro Antonio Rojas y Orlando Neusa Forero, como Representante legal y Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Fluvial, respectivamente, formularon recusación contra el Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa para intervenir en el proceso de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 216 Senado 352 Cámara “por la cual se regula la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República y demás materias establecidas en el Acto Legislativo No 02 de 2004”.
2.- Según los ciudadanos, el Magistrado no puede decidir sobre el control constitucional del proyecto de ley, toda vez que:
“el citado Magistrado incurrió en FALSEDAD y VÍAS DE HECHO, cuando emitió la tutela T-930 de 2004 que desató la acción impetrada por la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial “Animar”, contra la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, también por vías de hecho y falsedad en que incurrió el Consejo de Estado, cuando suspendió las resoluciones del Ministerio de Trabajo No 0070, 0889 y 001212 todas de 2002 que por las causales el Ministerio declaró la unidad de empresa entre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional de Cafeteros, en su calidad de Administradora del Fondo Nacional del Café.
(…)
las actuaciones del Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, aparte de tergiversar la realidad, prohijar la falsedad y ocultar la violación a la cosa juzgada constitucional están encaminadas a derogar de facto el Estado Social de Derecho. Por consiguiente no es digno defensor de la Constitución de 1991 y por el contrario representa un peligro para ella.
RECUSACIÓN
Por lo anteriormente expuesto, lo cual declaramos bajo la gravedad de juramento es cierto y estamos en plena capacidad de probarlo, RECUSAMOS al Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y pedimos, respetuosamente, sea apartado de la decisión del fallo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de garantías electorales, que decidirá próximamente la Corte Constitucional.”
1. Competencia
El Artículo 28 del Decreto 2067 de 1991 consagra que “la recusación deberá proponerse ante el resto de los magistrados con base en alguna de las causales señaladas en el presente decreto.”
Del señalamiento del deber de presentación de la recusación “ante el resto de los magistrados” se deduce la competencia de éstos para pronunciarse de fondo sobre el cuestionamiento de la imparcialidad de alguno de los magistrados que conforman la Sala.
2. Pertinencia de la recusación presentada
El artículo 29 del Decreto 2067 de 1991 dispone:
“Artículo 29. Si la recusación fuere pertinente, el magistrado o conjuez recusado deberá rendir informe el día siguiente. En caso de aceptar los hechos aducidos por el recusante, se le declarará separado del conocimiento del negocio. De lo contrario, se abrirá a prueba el incidente por un término de ocho días, tres para que el recusante las pida y cinco para practicarlas, vencido el cual, la Corte decidirá dentro de los dos días siguientes. En dicho incidente actuará como sustanciador el magistrado que siga en orden alfabético al recusado.
Sí prospera la recusación, la Corte procederá al sorteo de conjuez.” (Subrayas ajenas al texto)
Esta Corporación ha determinado que, en virtud de lo dispuesto en la norma trascrita, antes de abrir el trámite incidental de la recusación presentada se debe determinar su pertinencia. En caso de no encontrarse pertinente, procederá su rechazo.
Ha dicho la Corporación que “esa facultad de rechazar el trámite del incidente se explica ante la necesidad de que el análisis encomendado a la Corte recaiga sobre asuntos que efectivamente encuadren dentro de las causales de recusación que sean relevantes para el control que la Constitución le encomendó.”[1]
Con respecto al alcance de criterio de pertinencia ha dicho la Corte:
“la Corte considera que la recusación no resulta pertinente al menos en dos eventos: en primer lugar, cuando se invoca una causal inexistente en el ordenamiento jurídico; en segundo lugar, cuando a pesar de invocarse una causal válida, no existe una relación de correspondencia entre el hecho invocado por el recusante y el supuesto fáctico descrito en la norma.” [2] (subrayas ajenas al texto)
En esa medida, no será procedente una recusación en la cual los hechos expuestos no se encuadren dentro de ninguna de las causales que generan impedimento.
Con base en las consideraciones expuestas, la Sala entrará a estudiar la pertinencia de la recusación de la referencia.
Análisis del asunto de la referencia
Según los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 son causales de impedimento: haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, haber intervenido en su expedición, haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto, tener interés en la decisión y, por último, tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante –causal aplicable únicamente a las acciones públicas de inconstitucionalidad-.
Los ciudadanos Ciro Antonio Rojas Agudelo y Orlando Neusa Forero, como Representante legal y Secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, respectivamente, invocan como supuesta causal de impedimento el que, según lo afirmado por ellos, el Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa “incurrió en falsedad y vías de hecho cuando emitió la tutela T-930 de 2004”. La Sala observa que la presunta incursión en falsedad en un proceso de tutela ajeno al asunto frente al cual se recusa no es causal de impedimento según lo indicado en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067.
Como ha señalado la Corporación, una recusación es impertinente “cuando se invoca una causal inexistente en el ordenamiento jurídico”[3]. Por tanto, la Sala rechazará el impedimento de la referencia.
En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero.- RECHAZAR POR IMPERTINENTE la recusación presentada por los ciudadanos Ciro Antonio Rojas Agudelo y Orlando Neusa Forero contra el Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa para conocer de la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 216 Senado 352 Cámara “por la cual se regula la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República y demás materias establecidas en el Acto Legislativo No 02 de 2004”.
Notifíquese,
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-230 DE 2005 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
RECUSACION DE MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Legitimación para formularla (Salvamento de voto)
Recusación formulada contra el Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa
Magistrado Sustanciador:
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con el respeto de siempre por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto al presente Auto, con fundamento en las siguientes razones:
1. En primer lugar, considero que tratándose de control oficioso, hay legitimidad en quienes formularon la recusación. Aunque la recusación se refiere a hechos anteriores, a mi juicio, debe mirarse si la supuesta falsedad y tergiversación de la verdad que alegan los recusantes y la no defensa del Estado Social de Derecho que aducen, cabe en alguna de las causales de impedimento y recusación de los magistrados. A mi juicio, los recusantes no aportan argumento o prueba alguna a este respecto.
2. En segundo lugar, me opongo a compulsar copias o cualquier medida correctiva, por considerarlo una censura a la libre expresión de los ciudadanos.
3. En tercer lugar, manifiesto que salvo mi voto, puesto que considero que la parte resolutiva de la providencia está vinculada a la motivación.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] Ver Auto A078/03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En esta ocasión se encontró que la recusación presentada contra el Procurador General de la Nación en el proceso de estudio de la constitucionalidad de la Ley 796 de 2003 “ por la cual se convoca un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de Reforma Constitucional.” era impertinente, puesto que emitir concepto implicaba realizar un juicio de valor en uno u otro sentido y en la entrevistas concedida a El tiempo sobre la Ley estudiada, “no emitió concepto alguno, en la medida en que se limitó a formular preguntas, de las cuales no es posible afirmar que haya asumido una posición frente a la Ley 796 de 2003”. Al ser esto así, no existía correspondencia entre el supuesto fáctico invocado por los recusantes y causal alguna de impedimento, requisito para que se diera la pertinencia de la recusación.
[2] Ver Auto del 10 de abril de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En esta ocasión, la Corte declaró que no era pertinente la recusación formulada contra la totalidad de los magistrados de esta Corporación para continuar conociendo de la constitucionalidad de la Ley 796 de 2003, puesto que era una ley general, impersonal y abstracta y no recaía en particular sobre los integrantes de la Sala; además, de tener como procedente el argumento presentado, en virtud de que toda ley es general impersonal y abstracta, los magistrados estaría impedidos para conocer de todas las demandas. En el mismo sentido Auto A078/03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, arriba reseñado.
[3] Ibídem