A234-05 Auto 234/05
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Aplicación
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES DE DIFERENTE NIVEL-Competencia del juez de mayor jerarquía/ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura
ACCION DE TUTELA CONTRA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA-Competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: expediente ICC - 929
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Sub-sección “B”, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá D.C. y el Tribunal Superior de Bogotá D.C. -Sala Civil- en la acción de tutela promovida por la ciudadana Luz Marina Rodríguez García contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005).
Provee la Corte en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Sub-sección “B”, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá D.C. y el Tribunal Superior de Bogotá D.C. -Sala Civil- en la acción de tutela promovida por la ciudadana Luz Marina Rodríguez García contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES.
1. La señora Rodríguez García interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, para que se le ampararan los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social y a la salud y en tal medida se ordenara a las entidades accionadas que le cancelaran las mesadas pensionales que se le adeudan desde el mes de mayo del año en curso.
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Sub-sección “B” en providencia del 18 de agosto del año en curso, declara su incompetencia para conocer del asunto, pues aduce que de acuerdo con la sentencia dictada el 8 de marzo de 2005, por el Consejo de Estado que declaró la nulidad de los Decretos 290 de 1979, 1374 de 1979 y 371 de 1998 se dijo que la Fundación San Juan de Dios es una institución de salud del orden Departamental y en tal medida como “del análisis de la acción de tutela incoada, se desprende que lo que procura la actora es el pago de las mesadas pensionales que se le han dejado de pagar desde el mes de mayo del corriente año, en virtud de la pensión reconocida por la Fundación San Juan de Dios que conforme a la sentencia antes citada es una entidad del orden departamental, en cabeza de la Gobernación de Cundinamarca y las obligaciones por ella contraídas le corresponde cumplirlas a dicha entidad territorial.”
Por tanto concluyó “que la entidad accionada en el sub judice debe ser el Departamento de Cundinamarca - Beneficencia de Cundinamarca", por lo que dispuso el envío de las actuaciones a los juzgados Civiles del Circuito de Bogotá de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 1º del Decreto 1382 de 2000".
3. Sometido a reparto el asunto entró a conocer de la misma, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, quien mediante providencia proferida el 6 de septiembre de 2005, decidió amparar los derechos fundamentales de la señora Rodríguez García, declarando para el caso la responsabilidad del Ministerio de Hacienda y la Beneficencia de Cundinamarca y absolviendo a la Gobernación de Cundinamarca.
4. Contra el fallo en mención, la Beneficencia de Cundinamarca presenta escrito en el que solicita se aclare o corrija la decisión adoptada en su contra o en su defecto aclara que impugna la decisión.
5. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá mediante auto del 14 de septiembre niega la solicitud de aclaración o corrección de la sentencia en mención, pero concede el recurso de apelación y en tal medida ordena que el expediente sea remitido a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
6. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil, en providencia del 6 de octubre de 2005, expresó que como en el asunto de la referencia, la actora instaura acción de tutela contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el no pago de unas mesadas pensionales que se le adeudan, circunstancia que a la postre conllevó a su condena por esta vía, en el trámite del pronunciamiento adelantado por Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá se ha incurrido en un vicio insaneable por cuanto se adelantó la tutela contra una entidad estatal del orden nacional, perteneciente al sector central de la rama ejecutiva, ante un funcionario no habilitado para el efecto.
En tal sentido sostiene, que de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 la competencia para conocer de esta petición constitucional contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radica en los “Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura” que ejerzan jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o donde “se produjeren sus efectos”, a lo que se agrega que de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del numeral 1º artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 "que dispone que cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor Jerarquía; puesto que se trata de una autoridad pública del orden nacional.
De acuerdo con lo expuesto, el aquo concluye que a quien le correspondía definir la controversia planteada en primera instancia era al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca por haber sido el escogido por la accionante y por ejercer igualmente la función jurisdiccional dentro del territorio en donde tienen aplicación las actuaciones del ente estatal de mayor jerarquía, por lo que resuelve: 1) Declarar sin valor lo actuado por el Juez Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Luz Marina Rodríguez García contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca. 2. Plantear el conflicto de competencia negativo, para lo cual se ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para que sea ella la que decida sobre el asunto.
II. CONSIDERACIONES.
1. Ha de recordarse por la Corte Constitucional que luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación mediante auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que al ordenamiento Superior ha de darse sobre las normas de rango inferior y además, por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Constitución Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.
2. El Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de 14 de marzo de 2001, decidió suspender por un (1) año la vigencia del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo.”
3. Transcurrido el término de un año a que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, este de nuevo entró en vigor, razón por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.
4. El Consejo de Estado, en sentencia de 18 de julio de 2002, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con dos salvamentos de voto, declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000” y la del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó las demás súplicas de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación bajo los números 6414 y acumulados.
5. En acatamiento del fallo anterior, esta Corporación cuando le ha correspondido definir la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de determinada acción de tutela, ha venido aplicando las reglas fijadas por el Decreto 1382 de 2000.
6. Aclarado lo anterior, debe la Sala entrar a decidir sobre el conflicto negativo de competencia planteado y en esa medida definir a cuál de los organismos judiciales que conocieron del asunto, le corresponde adelantar el proceso de la referencia.
7. Tomando en consideración que en el presente asunto la acción de tutela de la referencia, se promueve contra autoridades de diferente nivel (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca) y al observar que entre ellas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la autoridad pública del orden Nacional integrante del Sector Central de la Administración, parece claro que para el caso se debió dar aplicación a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, que establece que “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura”, lo que está a su vez en armonía con lo señalado en el inciso quinto del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, que señala que “Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.”
En armonía con lo indicado, entonces se dispondrá que la acción de tutela de la referencia sea tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Sub-sección “B”, por haber sido el escogido por la accionante.[1]
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala Plena,
RESUELVE:
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana Luz Marina Rodríguez García contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-sección “B”, para que la trámite y decida en forma inmediata.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE CON EXCUSA
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Referencia: expediente ICC-929
Peticionario: LUZ MARINA RODRÍGUEZ GARCIA
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
[1] En auto A-199 del 26 de septiembre de 2005, M.P., Alfredo Beltrán Sierra al resolver un asunto similar al planeado en esta ocasión, la Corte dijo:
“5. Así las cosas, se encuentra por la Corte que el actor formuló esta acción de tutela el 24 de agosto de 2005 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la dirigió contra el Departamento de Cundinamarca, representado por el Gobernador, la Beneficencia de ese Departamento, representada por su Gerente y la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, representada en este caso por el señor Ministro de ese ramo.
Ello significa, entonces, que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000 en su artículo 1º, numeral 1º, la competencia para conocer de esta tutela corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues esa norma dispone que las acciones de tutelas interpuestas contra autoridades públicas del orden nacional, serán conocidas por “los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura” y que, cuando fueren promovidas “contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía”, lo que indica, claramente, que no puede asignarse el conocimiento de esta acción de tutela a los jueces del circuito o con categoría de tales, a quienes corresponde tramitarlas cuando se dirigen contra autoridades públicas del orden departamental.
Adicionalmente se observa por la Corte que el actor, en ejercicio del derecho consagrado por el artículo 86 de la Constitución Política y en armonía con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, de manera expresa la dirigió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, circunstancia que en este caso en él radicó la competencia para su tramitación.”