A115-06


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Auto 115/06

 

NULIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Oportunidad para solicitarla

 

NULIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Carácter excepcional

 

NULIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD POR NO ACUMULACION DE DEMANDAS-Denegación por no desconocimiento del debido proceso

 

Si bien el artículo 5º del Decreto 2067 de 1991 establece que se deberán acumular las demandas “respecto de las cuales exista una coincidencia total o parcial de las normas acusadas”, acto seguido establece que también deberá la Corte ajustar equitativamente el reparto de trabajo entre los diferentes Magistrados. Asimismo, el artículo 47 del Reglamento Interno de la Corte, que desarrolla el artículo 5º del Decreto 2067 de 1991 en cuanto al tema de la acumulación de procesos, dispone que es condición para la procedencia de dicha acumulación el que ésta sea aprobada por la Sala Plena, cuya decisión no tendrá recursos. En este caso, la Sala Plena consideró que sería equitativo repartir dichas demandas entre un número plural de Magistrados. Esta decisión, lejos de contrariar el debido proceso, constituye un medio para su adecuada materialización, ya que mediante una asignación razonable de carga de trabajo se garantiza que cada Magistrado dedique al estudio de las demandas que le corresponden el tiempo y cuidado necesarios. La Corte estudió detenidamente el punto de la acumulación en la sesión del día 25 de enero de 2005, y decidió no acumularlas porque no se daban los presupuestos materiales para ello. En consecuencia, no considera la Corte que se esté frente a una de las situaciones excepcionales de violación del debido proceso, que justifique decretar la nulidad de la sentencia proferida el 19 de octubre del año en curso.

 

Referencia: Sentencia C-1043 de 2005

 

Solicitud de nulidad de la sentencia C-1043 del 19 de octubre de 2005, que declaró exequible el Acto Legislativo No. 02 de 2004.

 

Magistrados Ponentes:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Dr. HUMBERTO SIERRA PORTO

Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Dra. CLARA  INES VARGAS HERNANDEZ

 

 

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil seis (2006).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el siguiente

 

 

AUTO

 

 

I.                  ANTECEDENTES

 

El peticionario, Pedro Pablo Camargo, quien fue demandante dentro del proceso D-5625, ha solicitado la nulidad de la sentencia C-1043 proferida el día 19 de octubre del año en curso, que declaró exequible en su mayor parte el Acto Legislativo 02 de 2004.

 

Explica así el peticionario las razones por las que considera que dicha providencia debe ser invalidada por la Sala Plena de la Corporación:

 

“...se ha transgredido el Art. 5º del Decreto 2067 de 1991, que impone a la Corte el deber de ‘acumular las demandas de las cuales exista una coincidencia total o parcial de las normas acusadas’.

 

Como primer demandante en mi memorial del 11 de abril de 2005 (se incluye la copia con constancia de recibido) solicité dicha acumulación y advertí que alegaría la nulidad de la sentencia si no se respetaba el trámite de mi demanda.

 

La inobservancia del Art. 5º del Decreto 2067 de 2005 permitió la elaboración, según entiendo, de siete ponencias (seis por la inexequibilidad y una por la exequibilidad) que, al no haberse efectuado la acumulación, dio lugar a que no se sometiera a votación cada una, sino que se siguió un trámite que permitió a la mayor parte de los señores ponentes abandonar su ponencia sin haber sido sometida a votación. Además, según entiendo, hubo un magistrado al que no le repartieron ponencia. Ni siquiera se dio cumplimiento al Art. 17 del citado Decreto 2067 de 1991.

 

Finalmente, atentamente solicito a la Corte proceder al sorteo de conjueces para reemplazar a los señores magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio Sierra Porto, quienes están impedidos para adoptar esta decisión: el primero, por no haberse separado del cargo al haber rebasado la edad límite que, sin excepciones, prevé el Art. 233 de la Constitución Política; y el segundo, por haber ocultado su doble nacionalidad para acceder al cargo, con ostensible violación del Art. 40, numeral 7º., de la Constitución Política”.

 

 

II.               CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

 

1.     Término para la presentación de la solicitud de nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional

 

La sentencia cuya nulidad se pide fue proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional el día 19 de octubre de 2005, y comunicada en la misma fecha. El accionante Pedro Pablo Camargo presentó la solicitud de nulidad de la sentencia el 24 de octubre siguiente, es decir, cinco días después de que dicha sentencia fuese comunicada. Por lo tanto, el incidente de nulidad fue presentado en tiempo y, por lo mismo, es procedente el análisis de la presente solicitud. Desde otra perspectiva, quien impetra el presente incidente de nulidad es el demandante dentro del proceso de la referencia, por lo cual cuenta con la legitimidad requerida.

 

2.     La jurisprudencia sobre nulidad de sentencias de la Corte Constitucional

 

De conformidad con el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”. Según esta misma disposición las nulidades de los procesos ante la Corte sólo podrán alegarse antes de proferido el fallo, “únicamente por violación al debido proceso”. Interpretando sistemáticamente el ordenamiento, la Corte ha admitido que aún después de proferida la sentencia pueda invocarse su nulidad. 

 

Con apoyo en esa disposición, la Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia la posibilidad de anular las sentencias de constitucionalidad a condición de que en ellas se haya incurrido en una violación al debido proceso.[1] Lo anterior no significa que haya un recurso contra las providencias de la Corte Constitucional, ni que la opción de solicitar la nulidad pueda llegar a convertirse en una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya fueron concluidas. 

 

Por razones de seguridad jurídica, la declaratoria de nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional es excepcional y reviste características particulares. Sobre el punto la Corte ha afirmado que una decisión de estas características está sometida a la ocurrencia de “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.”[2] (subrayado fuera de texto)

 

3.     Examen de las razones de nulidad invocadas por el accionante

 

La Corte considera que no asiste razón al demandante cuando afirma que (i) se presentó una irregularidad al no haber acumulado la totalidad de las demandas contra el Acto Legislativo 02 de 2004, y (ii) dicha irregularidad implicó una vulneración notoria, flagrante, significativa y trascendental del derecho al debido proceso, en la medida en que “dio lugar a que no se sometiera a votación cada (ponencia), sino que se siguió un trámite que permitió a la mayor parte de los señores ponentes abandonar su ponencia sin haber sido sometida a votación”.

 

En cuanto a lo primero, recuerda la Corte que si bien el artículo 5º del Decreto 2067 de 1991 establece que se deberán acumular las demandas “respecto de las cuales exista una coincidencia total o parcial de las normas acusadas”, acto seguido establece que también deberá la Corte ajustar equitativamente el reparto de trabajo entre los diferentes Magistrados. Asimismo, el artículo 47 del Reglamento Interno de la Corte, que desarrolla el artículo 5º del Decreto 2067 de 1991 en cuanto al tema de la acumulación de procesos, dispone que es condición para la procedencia de dicha acumulación el que ésta sea aprobada por la Sala Plena, cuya decisión no tendrá recursos. En este caso, la Sala Plena consideró que sería equitativo repartir dichas demandas entre un número plural de Magistrados. Esta decisión, lejos de contrariar el debido proceso, constituye un medio para su adecuada materialización, ya que mediante una asignación razonable de carga de trabajo se garantiza que cada Magistrado dedique al estudio de las demandas que le corresponden el tiempo y cuidado necesarios. La Corte estudió detenidamente el punto de la acumulación en la sesión del día 25 de enero de 2005, y decidió no acumularlas porque no se daban los presupuestos materiales para ello. En efecto, las demandas no tenían el mismo objeto puesto que algunas acusaban todo el acto legislativo por vicios de procedimiento, mientras que otras alegaban que el poder de reforma había excedido su competencia. Además, en relación con los vicios de procedimiento, las demandas invocaban cargos distintos relativos a etapas diferentes de la formación del acto, así como a hechos diversos.

 

Por otra parte, no es cierto que la falta de acumulación hubiese dado lugar a que no se votara cada una de las ponencias individuales de los Magistrados. En atención a los numerosos cargos formulados contra el Acto Legislativo de 2004, incluidos en varias de las demandas que fueron estudiadas, la Sala Plena adoptó un sistema de discusión y votación que garantizó que todos y cada uno de los argumentos invocados por los ciudadanos demandantes fueran discutidos y votados de manera expresa e individual con base en las ponencias pertinentes. Las actas de los debates adelantados por la Sala Plena en relación con este Acto Legislativo así lo demuestran. Por eso, la Corte profirió en un mismo día tantas sentencias como ponencias discutidas, después de analizar durante varias semanas cada una de las ponencias, correspondientes a cada una de las demandas, como consta en el orden del día de las sesiones sucesivas.

 

En consecuencia, no considera la Corte que se esté frente a una de las situaciones excepcionales de violación del debido proceso, que justifique decretar la nulidad de la sentencia proferida el 19 de octubre del año en curso. Por el contrario, tanto el reparto de las diferentes demandas como el proceso de elaboración, discusión y votación de las distintas ponencias elaboradas por los Magistrados Sustanciadores fueron plenamente respetuosos del procedimiento aplicable, y se surtieron de tal forma que se garantizara, al máximo grado posible, el respeto por las normas que aseguran el debido proceso en este tipo de actuaciones.

 

Las anteriores razones bastan para denegar la solicitud de nulidad impetrada por el ciudadano Pedro Pablo Camargo.

 

En cuanto a su solicitud de designar conjueces para reemplazar a los Magistrados Marco Gerardo Monroy y Humberto Antonio Sierra, recuerda la Sala Plena que las recusaciones presentadas contra éstos por los motivos invocados en la petición de nulidad ya fueron resueltas, negativamente, por esta Corte en sendas providencias del día 18 de octubre de 2005. Además, la designación de conjuez procede para dirimir un empate en la Corte, el cual no se presentó.

 

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

NEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia C-1043 proferida el 19 de octubre de 2005 por la Sala Plena de esta Corporación, en relación con el Acto Legislativo 02 de 2004.

 

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

 

 

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Presidente

 

 

 

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERIA

Magistrado

CON SALVAMENTO DE VOTO

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

HUMBERTO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

 

 

 

IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General Ad-Hoc


SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

 JAIME ARAUJO RENTERIA

AL AUTO 115/06

 

 

Referencia: expediente D-5625

 

Solicitud de nulidad de la Sentencia C-1043 del 19 de octubre de 2005, que declaró exequible el Acto Legislativo No. 02 de 2004.

 

Magistrados Ponentes:

Manuel José Cepeda Espinosa

RODRIGO ESCOBAR GIL

MARCO GERARDO MONROY CABRA

 

 

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito presentar Salvamento de Voto frente al presente Auto, por cuanto considero que ha debido prosperar la solicitud de nulidad impetrada contra la Sentencia C-1043 de 2005, la cual declaró exequible el Acto Legislativo No. 02 de 2004, ya que la sentencia en cuestión desconoce los múltiples vicios tanto de fondo como de forma de que este Acto Legislativo adolece y que por lo tanto lo hacen inconstitucional, como lo manifesté en su momento mediante Salvamento de Voto a la Sentencia C-1043 de 2005, salvamento a cuyos argumentos me remito por considerar que son igualmente válidos frente a esta solicitud de nulidad.

 

 

Por la anterior razón, disiento de la presente decisión.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado

 



[1] Corte Constitucional,  Auto 008 de 26 de julio de 1993, MP: Jorge Arango Mejía.

[2] Corte Constitucional, Auto 033 de 22 de junio de 1995, MP. José Gregorio Hernández Galindo.