A252-06


REPÚBLICA DE COLOMBIA

Auto 252/06

 

PROVIDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Tendrían efectos inter pares donde se inaplique Decreto 1382 de 2000

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Aplicación

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Discrepancia sobre la naturaleza jurídica de la entidad demandada

 

ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura/ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES DE DIFERENTE NIVEL-Competencia del juez de mayor jerarquía

 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROCURADURIAS REGIONAL, DELEGADA PARA LA CONTRATACION ESTATAL Y GENERAL DE LA NACION-Competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

 

 

Referencia: expediente ICC-1028

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá.

 

Magistrado Ponente:

Dr. NILSON PINILLA PINILLA

 

 

Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil seis (2006)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a definir el conflicto suscitado entre los despachos judiciales de la referencia.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.     El 28 de junio de 2006, el señor Miguel Ángel Villalobos Sabogal interpuso acción de tutela contra la Procuraduría Regional de Cundinamarca, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal y la Procuraduría General de la Nación, solicitando el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos.

 

2.     El mismo día fue repartida la acción a la Sección Cuarta, Subsección B  del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se declaró incompetente para conocer del asunto por considerar que la entidad accionada -Procuraduría Regional de Cundinamarca- es una entidad de orden regional, por lo tanto según lo previsto en el artículo 1° inciso 2° del numeral 1° del Decreto 1382 de 2000, que regula el reparto de las acciones de tutela, le corresponde a los jueces del circuito.

 

De esta manera, el Tribunal Administrativo resolvió remitir la acción instaurada a la oficina judicial para que efectúe el reparto entre “los Juzgados del Circuito o con categoría de tales, previa comunicación a los interesados”.

 

3. Surtido el trámite descrito, el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá recibió la acción de tutela y mediante auto de julio 17 de 2006, manifestó su discrepancia frente a lo expresado por el Tribunal Administrativo, por considerar que la presente acción de tutela está dirigida contra el Ministerio Público representado por el Procurador General de la Nación, que es un organismo de orden nacional no descentralizado por servicios, razón por la que para el caso el competente sería el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, corporación escogida por el tutelante para adelantar la acción.

 

En consecuencia, declarada su incompetencia, resolvió remitir las diligencias al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que dirima el conflicto presentado.

 

4. Dicho Consejo, mediante auto de agosto 2 de 2006, se pronunció sobre el conflicto negativo de competencia así suscitado y decidió abstenerse de dirimirlo, aduciendo que es la Corte Constitucional quien debe pronunciarse sobre el mismo, razón por la cual envío el expediente a esta corporación.

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.     Ante todo ha de recordarse por la Corte Constitucional que luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta corporación, en auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior y por la eventual incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado frente a la Carta Política (artículos 86, 150 y 152).

 

2.     Mediante auto N° 71 de febrero 27 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, se determinó que las providencias donde se inaplique el artículo 1° del Decreto 1382 de 2002, tendrían efectos inter pares, porque:

 

 

“…La Corte Constitucional no puede obligar al máximo tribunal de lo contencioso administrativo a declarar que la norma que ella ha inaplicado es inconstitucional o ilegal, ello sería exceder su órbita de competencia limitada por la Carta al control constitucional de normas con fuerza de ley y de otras normas de jerarquía superior a la de los actos administrativos (artículo 241, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10 de la C.P.) y a la de ser el máximo tribunal de derechos fundamentales y de la acción de tutela (artículo 241, numeral 9, y artículo 86, inciso 2, de la C.P.).

 

Naturalmente, cuando la norma inaplicada sea demandada por medio de una acción pública, la decisión que finalmente adopte la máxima corporación judicial competente, en este caso el Consejo de Estado (C.P. art. 237 numerales primero y segundo), prevalecerá por tener efectos erga omnes. Por lo tanto, en el caso del decreto 1382 de 2000, demandado ante el Honorable Consejo de Estado, la Corte Constitucional acatará la decisión que éste finalmente adopte.”

 

 

3.     El Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de 14 de marzo de 2001, decidió suspender por un año la vigencia del Decreto 1382 de 2000, “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo.”

 

Ese término de un año transcurrió, sin que para entonces se hubiese producido sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 2000.

 

4.     Posteriormente el Consejo de Estado, en sentencia de 18 de julio de 2002, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade, declaró por mayoría la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000” y del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó los demás cargos de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa corporación bajo los números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057.

 

5.     De esta manera, habiéndose pronunciado el organismo competente, el resto de la normatividad contenida en el referido Decreto mantiene obligatoria aplicación, tal cual lo ha venido reiterando la Corte Constitucional.[1]

 

6. En el caso concreto, encuentra la Sala que el presente conflicto negativo de competencia es el resultado de una discrepancia sobre la naturaleza jurídica de la entidad demandada.

 

En concepto del Tribunal, al haberse demandado a la Procuraduría Regional de Cundinamarca y la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, debe conocer la acción de tutela un juez del circuito o con categoría de tal.

 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura” y más adelante en el mismo artículo se agrega que “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía.”

 

Por consiguiente, concluye la Corte que aunque la demanda se dirige contra la Procuraduría Regional de Cundinamarca y la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, también involucra en forma expresa a la Procuraduría General de la Nación, que es una entidad de orden nacional, única y jerarquizada, creada en la propia Constitución (artículo 275 superior).

 

Por lo cual, la Corte Constitucional ejercerá su función de guardián superior de la integridad y supremacía de la Constitución, para que la decisión no sufra más retardos[2] y se remita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, corporación judicial a la cual le correspondió en un principio, la acción de tutela planteada.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

 

RESUELVE

 

Remitir, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección B para que en ejercicio de sus compe­ten­cias constitu­cionales y legales, tramite y decida la acción de tutela presentada por el señor Miguel Ángel Villalobos Sabogal contra la Procuraduría Regional de Cundinamarca, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal y la Procuraduría General de la Nación.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Presidente

 

 

 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado

CON SALVAMENTO DE VOTO

 

 

 

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

 

ÁLVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

 


Salvamento de voto al Auto 252/06

 

 

 

Referencia: expediente ICC-1028

 

Peticionario: MIGUEL ANGEL VILLALOBOS SABOGAL

 

 

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado

 



[1] Cfr. entre otros, auto 108 B del 23 de julio de 2002, M. P. Alvaro Tafur Galvis, expediente ICC – 395.

[2] Al dirimir anteriores conflictos de competencia (Cfr ICC-755 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otros), la Corte Constitucional ha decidido resolverlos directamente, dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que ésta se decide.