NOTA DE LA RELATORIA: este Auto cuenta con una serie de anexos que pueden ser consultados en esta Relatoría o en el Expediente

 

Auto 078/07

 

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características

 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-Negociación y celebración

 

LEY APROBATORIA DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-Trámite legislativo

 

REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Finalidad

 

REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Presupuestos que deben verificarse para su cumplimiento

 

REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Para que la omisión del anuncio sea subsanable se requiere que el proyecto haya sido aprobado por el Senado

 

LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento/VICIO SUBSANABLE EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Configuración por incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación en la Cámara de Representantes

 

Al no cumplirse la exigencia constitucional (art. 160) del anuncio de la votación por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes -tercer debate-, la Corte procederá a devolver a la presidencia de la Cámara la Ley 1074 de 2006, con el fin de que subsane el vicio, al igual habrá de conceder a la Comisión un término para dicho efecto. Observado lo anterior, la Cámara dispondrá hasta el 20 de junio de 2007, para cumplir con las etapas posteriores del proceso legislativo y así mismo el Presidente de la República procederá a la sanción conforme al plazo establecido en la Constitución.

 

 

Referencia: expediente LAT-294

 

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1074 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005)”.

 

Magistrada Ponente:

Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

 

 

Bogotá D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil siete (2007).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

 

I.  ANTECEDENTES

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política,  la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia del Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005), así como la Ley 1074 de 31 de julio de 2006, aprobatoria del mismo.

 

Mediante auto del 25 de agosto de 2006, se dispuso: i) asumir el conocimiento tanto del Acuerdo como de la ley aprobatoria, ii) solicitar a los Secretarios Generales del Senado y Cámara y a los Secretarios de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes la remisión de toda la información concerniente al trámite legislativo de la ley bajo revisión, como la certificación del quórum deliberatorio, decisorio y mayorías con las que fue aprobada la ley aprobatoria, y finalmente el cumplimiento de la exigencia constitucional prevista en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, iii) solicitar al Ministerio de Relación Exteriores certificación sobre la persona autorizada para la negociación y suscripción del Acuerdo, los plenos poderes para la celebración y si fueron confirmados por el Presidente de la República, iv) fijar en lista el asunto bajo revisión y simultáneamente correr traslado al señor Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de rigor, v) comunicar la iniciación del asunto al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, al Ministro del Transporte y al Ministro del Interior y de Justicia, de conformidad con los artículos 244 de la Constitución Política y 11 del Decreto 2067 de 1991, e vi) invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia, Libre de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de los Andes, para que aporten sus opiniones sobre el asunto de la referencia.

 

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de este asunto y previo concepto del Jefe del Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a decidir en relación con el mismo.

 

 

II.  TEXTO DEL ACUERDO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA

 

 

“LEY 1074 DE 2006

(julio 31)

 

C0NGRESO DE LA REPÚBLICA

 

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

Visto el texto de “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005), que a la letra dice:

 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).

 

 

PROYECTO DE LEY NUMERO 72 DE 2005

 

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 

Visto el texto de “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).

 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).

 

 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA NUMERO 33 (TRATADO DE LIBRE COMERCIO) CELEBRADO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 

Sexto Protocolo Adicional

 

Los Plenipotenciarios de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Bolivariana de Venezuela, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

 

VISTO. La Decisión 42 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio y de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 1 al artículo 3-04 del Capítulo III, en el artículo 4-03.2, inciso a), párrafo iii, en el artículo 4-04.2 inciso b) y Capítulo VI del Tratado.

 

CONVIENEN :

 

Artículo 1o. Adoptar la recomendación del Comité del Sector Automotor del Tratado, por la cual se incorpora el sector automotor al programa de desgravación del Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado), y se establecen las reglas de origen para este sector, de acuerdo a las condiciones establecidas en los Apéndices I, II y III de la Decisión 42 de fecha 21 de febrero de 2005, que consta como anexo e integra el presente Protocolo.

 

Artículo 2o. El presente Protocolo entrará en vigor una vez que las Partes se intercambien las comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido.

 

Lo establecido en el párrafo anterior no impedirá que Colombia conforme a su legislación, dé aplicación provisional al presente Protocolo.

 

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los tres días del mes de agosto de dos mil cinco, en original en idioma español.

 

Por el Gobierno de la República de Colombia,

CLAUDIA TURBAY QUINTERO.

 

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,

PERLA CARVALHO.

 

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,

MARÍA LOURDES URBANEJA.

 

Encargado del despacho del Secretario General,

JORGE RIVERO.

 

 

DECISION 42

 

La Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela (Tratado), en cumplimiento con lo establecido en el artículo 20-01.2, incisos b) y f) del Tratado,

 

DECIDE

 

1. Adoptar la recomendación del Comité del Sector Automotor del Tratado, por la cual se incorpora el sector automotor al programa de desgravación del Tratado, y se establecen las reglas de origen para este sector, de acuerdo a las condiciones establecidas en los Apéndices I, II y III de la presente Decisión.

 

2. Recomendar, a las Partes llevar a cabo las adecuaciones contenidas en los Apéndices I, II y III de esta Decisión, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Anexo 1 al artículo 3-04 del Capítulo III, en el artículo 4-03.2, inciso a), párrafo iii, en el artículo 4-04.2, inciso b) y Capítulo VI del Tratado.

 

3. Esta Decisión entrará en vigor una vez que las Partes se intercambien las comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido.

 

Lo establecido en el párrafo anterior no impide que Colombia, conforme a su legislación, dé aplicación provisional a esta Decisión.

 

 Firmado el 21 de febrero de 2005.

 

Por los Estados Unidos Mexicanos,

FERNANDO CANALES CLARIOND.

 

Por la República de Colombia,

JORGE H. BOTERO ANGULO.

 

Por la República Bolivariana de Venezuela,

WILMAR CASTRO SOTELDO.

 

 

APENDICE I.

 

Se modifica el numeral 8 del anexo 1 al artículo 3-04 del Tratado para quedar como sigue:

 

8. El impuesto de importación aplicable a bienes automotores originarios para efectos de la desgravación arancelaria será el previsto en los anexos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del artículo 4-02 del Capítulo IV (Sector Automotor).

  

APENDICE II.

 

Se sustituye el Capítulo IV del Tratado, para quedar como sigue:

 

Capítulo IV

Sector, automotor

 

Artículo 4-01: Definiciones

 

Para los efectos de este capítulo se entenderá por:

 

Año-modelo: el período comprendido entre el 1o de noviembre de un año y el 31 de octubre del año siguiente;

 

Autobuses integrales: los vehículos sin chasis (bastidor) y con carrocería integrada, destinados para el transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, y que se clasifican en la partida 8702 (buses autoportantes);

 

Bienes automotores: los bienes que se clasifican en los códigos arancelarios especificados en el artículo 4-02;

 

Bienes reconstruidos o refaccionados: bienes que después de haber sido usados se han sometido a algún proceso para restituirles sus características o sus especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron cuando nuevos.

 

Camiones y tractocamiones hasta 4.4 toneladas de peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de mercancías, con un peso bruto vehicular de hasta 4.400 kilogramos y que se clasifican en la partida 8704;

 

Camiones y tractocamiones de 4.4 hasta 8.8 toneladas de peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de mercancías, con un peso bruto vehicular de 4.400 kilogramos y hasta 8.845 kilogramos y que se clasifican en la subpartida 8701.20 o en la partida 8704;

 

Camiones y tractocamiones de 8.8 hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de mercancías, con un peso bruto vehicular de 8.845 kilogramos y hasta 15.000 kilogramos y que se clasifican en la subpartida 8701.20 o en la partida 8704;

 

Camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de mercancías, con un peso bruto vehicular de 15.000 kilogramos o más y que se clasifican en la subpartida 8701.20 o en la partida 8704;

 

Peso bruto vehicular: el peso real del vehículo expresado en kilogramos, sumado al de su máxima capacidad de carga conforme a las especificaciones del fabricante y al de su tanque de combustible lleno; y

 

Vehículo automotor usado: un vehículo:

 

a) vendido, arrendado o prestado;

 

b) manejado por más de:

 

i) 200 kilómetros, en el caso de vehículos de peso bruto vehicular menor a cinco toneladas;

 

ii) 2.000 kilómetros, en el caso de vehículos de peso bruto vehicular igual o mayor a cinco toneladas; o

 

c) fabricado con anterioridad al año modelo en curso y que por lo menos hayan transcurrido sesenta días desde la fecha de su fabricación.

 

Artículo 4-02: Eliminación de impuestos de importación.

 

1. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación sobre los bienes automotores originarios de una Parte que se clasifican en las partidas arancelarias 87.03, y 87.04 (excepto los de peso bruto vehicular mayor a 8.8 toneladas) conforme a lo siguiente:

 

a) Colombia y Venezuela otorgarán un cupo a México de conformidad con el siguiente calendario:

 

Unidades anuales a exportar dentro de cupo a	A partir del 1o de enero de 2005	A partir del 1o de enero de 2006	A partir del 1o de enero de 2007	A partir del 1o de enero de 20 08	A partir del 1o de enero de 2009	A partir del 1o de enero de 2010
Colombia	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Venezuela	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Impuesto de importación dentro del cupo	10%	8%	6%	4%	0%	0%

 

b) México otorgará cupos a Colombia y Venezuela de conformidad con el siguiente calendario:

 

Unidades anuales a exportar dentro de cupo por:	A partir del 1o de enero de 2005	A partir del 1o de enero de 2006	A partir del 1o de enero de 2007	A partir del 1o de enero de 2008
Colombia	6.000	7.000	8.000	9.000
Venezuela	6.000	7.000	8.000	9.000
Impuesto de importación dentro del cupo	7%	5%	3%	0%

 

c) En el caso de las importaciones fuera de cupo:

 

i. Colombia y Venezuela eliminarán sus impuestos de importación para los bienes automotores originarios indicados en este párrafo de conformidad con lo establecido en los Anexos 1 y 2 respectivamente.

 

ii. México eliminará sus impuestos de importación para los bienes automotores originarios indicados en este párrafo de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

 

d) Los cupos indicados en los incisos a) y b) anteriores se eliminarán de conformidad con lo siguiente:

 

i. Colombia y Venezuela eliminarán el cupo a partir del 1o de enero de 2011, y las importaciones de bienes automotores originarios y provenientes de México estarán libres de impuesto de importación.

 

ii. México eliminará el cupo a partir del 1o de enero de 2009, y las importaciones de bienes automotores originarios y provenientes de Colombia y Venezuela estarán libres de impuesto de importación.

 

2. Colombia y Venezuela eliminarán sus impuestos de importación sobre bienes automotores de hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la subpartida 8701.20; y de más de 8.8 toneladas de peso bruto vehicular y hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la partida 87.04, los bienes automotores que se clasifican en las partidas 87.05 y 87.06, y los autobuses no integrales de la partida 87.02 originarios de una Parte de conformidad con lo establecido en los Anexos 1 y 2, respectivamente.

 

A partir del 1o de enero de 2011 las importaciones de Colombia y Venezuela de bienes automotores originarios y provenientes de México estarán libres de impuesto de importación.

 

3.  México eliminará sus impuestos de importación sobre bienes automotores de hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la subpartida 8701.20;  y de más de 8.8 toneladas de peso bruto vehicular y hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la partida 87.04, los bienes automotores que se clasifican en las partidas 87.05 y 87.06, y los autobuses no integrales de la partida 87.02. originarios de una Parte de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

 

A partir del 1o de enero de 2009 las importaciones de México de bienes automotores originarios y provenientes de Colombia y Venezuela estarán libres de impuesto de importación.

 

4. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación en once reducciones anuales iguales a partir del 1o de enero de 1997, sobre camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular y sobre autobuses integrales originarios de una Parte. Estos bienes quedarán libres de arancel el 1o de enero de 2007.

 

5. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación sobre las autopartes originarias de una Parte incluidas en los Anexos 4 (Colombia), 5 (Venezuela) y 6 (México) de conformidad con los siguientes códigos de desgravación arancelaria:

 

i) A: Eliminación inmediata del impuesto de importación.

 

ii) B: Desgravación en 3 reducciones anuales iguales a partir del 1o de enero de 2005 para quedar eliminados el 1o de enero de 2007.

 

iii) B*: Desgravación de impuestos de importación en un solo corte para quedar eliminados el 1o de enero de 2007.

 

iv) B+: Desgravación de impuestos de importación a partir del 1o de enero de 2005 en 5 etapas anuales iguales para quedar eliminados el 1o de enero de 2009.

 

v) C: Desgravación de impuestos de importación a partir del 1o de enero de 2005 en 6 etapas anuales iguales para quedar eliminados el 1o de enero de 2010.

 

vi) Excl.: excluido del programa de desgravación.

 

Artículo 4-03: Comité del Sector Automotor.

 

1. Las Partes convienen constituir un Comité del Sector Automotor integrado por representantes de los gobiernos de cada una de las tres Partes.

 

2. El objetivo del Comité es velar por el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y hacer las recomendaciones que considere pertinentes a la Comisión. Sus funciones serán:

 

a) Analizar las políticas de la industria automotriz y normas conexas aplicadas por cada Parte y hacer las recomendaciones pertinentes a la Comisión a efecto de lograr la eliminación de las barreras al comercio y una mayor complementación económica del sector;

 

b) Recomendar cualquier aceleración en la reducción de impuestos de importación sobre bienes automotores, tomando en cuenta las diferencias en el grado de desarrollo de las industrias automotrices ubicadas en territorio de cada Parte;

 

c) Otras funciones que las Partes puedan considerar necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo.

 

3. El Comité se reunirá cuando alguna de las Partes lo considere necesario.

 

Artículo 4-04: Extensión de preferencias.

 

En caso de que, luego de la entrada en vigencia de la presente Decisión, Colombia y Venezuela otorguen a un país no Parte un trato más favorable para bienes del sector automotor que el trato previsto en este capítulo para México, dicho trato se extenderá inmediata e incondicionalmente a los bienes originarios de México.

 

Artículo 4-05: Bienes automotores usados.

 

Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, las Partes podrán adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos automotores usados y otros bienes automotores usados, reconstruidos o refaccionados. Estos bienes están excluidos del Programa de Desgravación.

 

Artículo 4-06: Administración de cupos.

 

1. Los cupos serán anuales y serán administrados por el país exportador.

 

2. El mecanismo para la administración de cupos en el caso de Colombia y Venezuela será el que determine cada Parte de acuerdo a las necesidades que existan cada año.

 

3. El mecanismo para la administración de cupos en el caso de México será el de asignación directa a los productores establecidos en México, de acuerdo con los siguientes criterios:

 

a) Máxima utilización de los cupos anuales;

 

b) Necesidades anuales de exportación por país, y

 

c) En caso de rebasar los cupos asignados se adecuarán los montos anuales en forma ponderada para todas las empresas participantes.

 

4. Los cupos otorgados son mínimos, por lo que cada Parte podrá, de conformidad con sus necesidades internas, otorgar unilateralmente un cupo mayor.

 

5. Los documentos de asignación de cupos expedidos por cada una de las Partes deberán ser presentados ante las autoridades competentes de la Parte importadora a efecto de que las mismas certifiquen y registren el monto asignado.

 

Artículo 4-07: Disposiciones generales.

 

En caso de incompatibilidad entre cualquier disposición de este capítulo y cualquier otra disposición de este Tratado, las disposiciones de este Capítulo prevalecerán en la medida de la incompatibilidad.

  

 

APENDICE III.

 

1. El valor de contenido regional de un bien automotor se calculará de conformidad con el artículo 6-04 del Tratado.

 

Modificaciones o adecuaciones a la sección B del anexo 6-03 del Tratado:

 

2. Eliminar la partida 40.09 a 40.17 (incluida la nota 1 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), y la regla de origen aplicable para la misma, y reemplazar con las siguientes reglas:

 

4009.11-4009.31 Un cambio a las subpartidas 4009.11 a 4009.31 de cualquier otra partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17.

 

4009.32 Un cambio a la subpartida 4009.32 de cualquier otra partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los bienes automotores de la subpartida 4009.32, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

4009.41-4009.42 Un cambio a las subpartidas 4009.41 a 4009.42 de cualquier otra partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17.

 

40.10-40.17 Un cambio a la partida 40.10 a 40.17 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de la partida 40.09.

 

3. Eliminar la nota 2 y 4 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.

 

4. Eliminar la subpartida 7003.12 a 7009.10 (incluidas las notas 5 y 6 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), y la regla de origen aplicable para la misma y reemplazar con las siguientes reglas:

 

70.03-70.06 Un cambio a la partida 70.03 a 70.06 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de la partida 70.07 o 70.08.

 

7007.11 Un cambio a la subpartida 7007.11 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.04, 70.06 o 70.08 o las subpartidas 7005.10 o 7005.30; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los bienes automotores de la subpartida 7007.11, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

7007.19 Un cambio a la subpartida 7007.19 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.06 o 70.08.

 

7007.21 Un cambio a la subpartida 7007.21 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.04, 70.06 o 70.08 o las subpartidas 7005.10 o 7005.30; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los bienes automotores de la subpartida 7007.21, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

7007.29 Un cambio a la subpartida 7007.29 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.06 o 70.08.

 

70.08 Un cambio a la partida 70.08 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.07.

 

7009.10 Un cambio a la subpartida 7009.10 de cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 55%.

 

5. Eliminar la nota 7 a 14 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.

 

6. Agregar a la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03 la subpartida 8415.20 y la regla de origen aplicable para la misma:

 

8415.20 Un cambio a la subpartida 8415.20 de cualquier subpartida, excepto de la fracción arancelaria 8415.90.aa, o ensambles que contengan al menos dos de los siguientes: compresor, condensador, evaporador, tubo de conexión; o un cambio a la subpartida 8415.20 de cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

7. Eliminar la nota 15 a 37 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.

 

8. Eliminar la subpartida 8527.12 a 8527.39 (incluida la nota 38 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), y la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplaza con la siguiente regla:

 

8527.12-8527.39 Un cambio a la subpartida 8527.12 a 8527.39 de cualquier otra partida; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los bienes automotores de las subpartidas 8527.12 a 8527.39, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

9. Eliminar la nota 39 a 41 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.

 

10. Agregar a la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03 la subpartida 8701.20, 8703.21 a 8703.90, 8704.21 a 8704.90, 8708.10 a 8708.99, partida 87.02, 87.05, 87.06 y 87.07 y la regla de origen aplicable a las mismas:

 

8701.20 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 8701.20, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

87.02 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 87.02, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

8703.21-8703.90 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 8703.21 a 8703.90, cumpliendo con un contenido regional no menor a 40%.

 

8704.21-8704.90 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a 40%; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas y hasta 8.8 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a 35%; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro bien de la subpartida 8704.21 a 8704.90, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

87.05 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 87.05, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

87.06 No se requiere cambio en clasificación arancelaria a los chasis con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a 40%; o

no se requiere cambio en clasificación arancelaria a los chasis con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas y hasta 8.8 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a 35%; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro bien de la partida 87.06, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

87.07 Un cambio a la partida 87.07 de cualquier otra partida, excepto de la partida 87.08; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 87.07, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

8708.10-8708.99 Un cambio a la subpartida 8708.10 a 8708.99 de cualquier otra partida; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 8708.10 a 8708.99, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

11. Eliminar la subpartida 8716.10 a 8716.80 (incluida la nota 43 a 44 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplazan con las siguientes reglas:

 

8716.10-8716.80 Un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de cualquier otra partida; o un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de la subpartida 8716.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

8716.90 Un cambio a la subpartida 8716.90 de cualquier otra partida; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 8716.90, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

12. Eliminar la nota 45 a 50 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.

 

13. Eliminar la subpartida 9401.10 a 9401.80 (incluida la nota 51 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplazan con las siguientes reglas:

 

9401.10 Un cambio a la subpartida 9401.10 de cualquier otro capítulo; o un cambio a la subpartida 9401.10 de la subpartida 9401.90, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a 55%.

 

9401.20 Un cambio a la subpartida 9401.20 de cualquier otro capítulo; o un cambio a la subpartida 9401.20 de la subpartida 9401.90, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.

 

9401.30-9401.80 Un cambio a la subpartida 9401.30 a 9401.80 de cualquier otro capítulo; o un cambio a la subpartida 9401.30 a 9401.80 de la subpartida 9401.90, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a 55%.

 

14. Eliminar la nota 52 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.

 

 < ANEXOS DEL ACUERDO SE INCLUYEN EN FOTOCOPIA A 38 FOLIOS QUE SE  EXTRAEN DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE[1]>

 

 RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

 

Bogotá, D. C., …

 

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

  

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

 

 El Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de las funciones del Despacho de la señora Ministra,

 

(FDO.) CAMILO REYES RODRÍGUEZ.

 

DECRETA:

 

Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).

 

Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

 

Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

 

Dada en Bogotá, D. C., a los…

 

Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

 

La Ministra de Relaciones Exteriores,

 

CAROLINA BARCO ISAKSON.

 

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

 

JORGE HUMBERTO BOTERO.

 

 RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

 

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2005.

 

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

  

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

 

 La Ministra de Relaciones Exteriores,

 

(FDO.) CAROLINA BARCO ISAKSON.

  

DECRETA:

 

Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).

 

Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

 

Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

  

La Presidenta del honorable Senado de la República,

CLAUDIA BLUM DE BARBERI.

 

El Secretario General del honorable Senado de la República,

EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.

 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

JULIO E. GALLARDO ARCHBOLD.

 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

ANGELINO LIZCANO RIVERA.

 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

 

Comuníquese y cúmplase.

 

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

 

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2006.

 

 ÁLVARO URIBE VÉLEZ

  

La Ministra de Relaciones Exteriores,

CAROLINA BARCO ISAKSON.”

 

 

III.    PRUEBAS DECRETADAS

 

En auto calendado 25 de agosto de 2006, que dispuso al asumir el conocimiento del Acuerdo y de la Ley aprobatoria del mismo, se ordenó la práctica de las siguientes pruebas: a los secretarios generales y de las comisiones respectivas del Congreso de la República, enviar i) las gacetas del Congreso en las que consten la totalidad de los antecedentes legislativos, ii) certificar las fechas de las sesiones, quórum deliberatorio y decisorio y mayorías, iii) certificar el cumplimiento de la exigencia constitucional del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003; y iv) al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara sobre la persona autorizada para la negociación y suscripción del Acuerdo, los plenos poderes para la celebración y su confirmación por el Presidente de la República.

 

Antecedentes legislativos y certificación que fueron recibidas en su oportunidad y que serán objeto de mención en las consideraciones de esta decisión.

 

 

IV.    INTERVENCIONES

 

1.   Ministerio de Relaciones Exteriores

 

José Demetrio Matías Ortiz, en calidad de apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte declarar exequible el Acuerdo y la ley aprobatoria.

 

Empieza por recordar que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México, conocido como Grupo de los Tres (G-3), se firmó en junio de 1994, con vigencia a partir del 1 de enero de 1995, previa aprobación por el Congreso mediante Ley 172 de 1994, revisada por la Corte Constitucional en sentencia C-178 de 1995.

 

Manifiesta que el instrumento internacional bajo revisión aprobada por la Ley 1074 de 2006, se celebró bajo el carácter de Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica conforme a lo dispuesto en el Tratado de Montevideo de 1980 y la Resolución 2 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las parte signatarias del tratado. Ante la ALADI, corresponde al Acuerdo de Complementación Económica No. 33.

 

Reseña que el Tratado de Libre Comercio incluye una importante apertura de mercados para los bienes y servicios estableciendo reglas claras y transparentes sobre el comercio e inversión, contemplando además un programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un periodo de 10 años, y excluyendo la mayor parte del sector agropecuario. Agrega que en la actualidad el 95% del universo arancelario se encuentra con el 0% de arancel.

 

En lo que refiere al sector automotor, señala que se estableció en el artículo 4-04 del Tratado de Libre Comercio, la eliminación de impuestos de importación en dos grupos: i) para los camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular y autobuses integrales originario de una parte, se contempló un margen de dos años en lo que se podía mantener los aranceles existentes a la entrada en vigencia del Tratado (1 de enero de 1995) y a partir del 1 de enero de 1997 iniciaba un programa de desgravación de once reducciones iguales que termina el 1 de enero de 2007, y ii) para los demás bienes del sector automotor se estableció que si la Comisión Administradora no llegaba a un acuerdo para la desgravación y normas de origen aplicables a dicho sector, las tasas o tarifas arancelarias se eliminaría completamente a partir del 1 de enero de 2007, salvo se acordara un plazo mayor.

 

Además, señala que el Tratado de Libre Comercio estableció la creación de un Comité del Sector Automotor al que le fue asignado el presentar a la Comisión Administradora en el primer año de vigencia del Tratado, una propuesta que contemplara un mecanismo de intercambio compensado para promover el comercio en ese sector y una metodología para definir los criterios de origen de los bienes automotores. Durante dicho año, el Comité no se reunió y la Comisión Administradora fue prorrogando año tras año el plazo inicialmente pactado para que las partes pudieran presentar una fórmula que permitiera la desgravación del sector. Al respecto, el literal b), del numeral 1) del artículo 4-04, señala que si la Comisión no llega a un acuerdo respecto a lo establecido en el artículo 4-03, párrafo 2, literal a), numerales i) y ii), las partes podrán mantener las tasas o tarifas arancelarias base establecidas en el anexo 1 al artículo 3-04, pero las eliminarán completamente el 1 de enero de 2007, salvo que las partes acuerden un plazo mayor.

 

Aduce que en noviembre de 1997, el Gobierno mexicano presentó una propuesta sobre las condiciones de desgravación y normas de origen del sector automotor que contemplaba en términos generales i) en cuanto al comercio compensado establecía una cuota móvil con base en importaciones del año anterior, ii) en materia de origen para los vehículos una norma de origen de cambio de partida y contenido regional del 40%, iii) medición del valor de contenido regional fundada en la fórmula del costo neto que en la formula ALADI o NANDINA equivaldría a una norma de más del 50%, e iv) incluía el concepto de “rastreo” que significa que en las partes incorporadas sólo se reconoce el valor agregado regional. Propuesta que fue rechazada por los gobiernos de Venezuela y Colombia al considerar que las normas de origen reseñadas eran inconvenientes para el sector al exigir un alto contenido regional que sus industrias no estarían en condiciones de cumplir, fuera de generar un desbalance mayor con la formula propuesta de comercio compensado.

 

Señala que en el mes de enero de 1999, se presentó una contrapropuesta por Colombia y Venezuela donde cada uno permitía la importación de 5000 vehículos durante el periodo de desgravación, mientras México debería autorizar 35000, con un programa de desgravación de aranceles de 10 años para los mexicanos y 17 años para Colombia y Venezuela. Propuesta en la que prevalecía el establecimiento de topes mínimos de integración de materiales subregionales previstos en el Convenio Automotor Andino y unas normas de origen de contenido regional del 35%, 45% o 50%, cambios de partidas o subpartidas, reconociendo tratos diferenciales a favor de los países andinos y contribuyendo al fortalecimiento de las industrias. Además, se refería al comercio compensado con cupos preferenciales respecto al intercambio comercial. Propuesta no resultó atractiva para México por lo que fue rechazada.

 

Indica que bajo dicho escenario de desacuerdo se generaba un agotamiento en el tiempo de la negociación y posibilidad de ofrecer condiciones más atractivas a México que la desgravación total que se presentaría en el 2007. Manifiesta que el 30 de mayo de 2004, en visita oficial que realizó el Presidente Álvaro Uribe Vélez a México, le solicitó al Presidente Vicente Fox estudiar la posibilidad de renegociar las condiciones establecidas en el G-3 y fue así como en comunicado conjunto instruyeron a la Comisión Administradora del Tratado, impulsar la reactivación de la negociación del Sector Automotor sobre las bases establecidas en el mismo. Ello, permitió destrabar el proceso que desde el año 2000, no había presentado ningún avance iniciando así el intercambio de propuestas reales de negociación con México. Expone así el Ministerio que:

 

“…las asimetrías existentes entre las industrias automotrices de México y de Colombia tienen importantes efectos sobre las escalas y los costos de producción. Por este motivo, para Colombia resultaba de la mayor importancia reducir el impacto que hubiera provocado una apertura total a la competencia de México, con arancel del 0% desde el año 2007.

 

En este sentido el principal interés de Colombia en las negociaciones fue lograr gradualidad en las condiciones de acceso que permitieran a la industria adaptarse a la creciente competencia del principal productor latinoamericano del sector.

 

Así, se buscó, en concertación con el sector privado, que la propuesta fuera atractiva a México pero que a su vez incorporara un trato asimétrico y gradual en(sic) favor de Colombia.

 

A continuación se presenta un breve resumen de las condiciones negociadas:

 

a)         Desgravación arancelaria para vehículos

 

Colombia y Venezuela conceden a México un cupo creciente de 3000 unidades cada uno, con arancel preferencial del 10% en el 2005 y que va disminuyendo en 2 puntos porcentuales anuales hasta quedar en cero en el 2009. Estos cupos se incrementarán anualmente en 1000 unidades.

Los cupos están vigentes hasta el 2010 y a partir del 1 de enero de 2011 el comercio de vehículos queda totalmente libre de arancel.

Para las importaciones por fuera del cupo establecido se acordó una desgravación lineal hasta el 2010, iniciando con un arancel del 30%.

 

México concedió a Colombia y Venezuela un cupo creciente de importación de 6000 unidades para cada uno, con arancel preferencial del 7% en el 2005 y que va disminuyendo anualmente hasta quedar en cero en el 2008. Estos cupos se incrementarán anualmente en 1000 unidades.

Los cupos están vigentes hasta el 2008 y a partir del 1 de enero de 2009, los vehículos quedan totalmente libres de arancel.

Para las importaciones por fuera del cupo establecido se acordó una desgravación hasta el 2009, iniciando con un arancel del 30%, que va disminuyendo proporcionalmente.

 

b) Origen para vehículos

 

Los requisitos de origen aplicables para las tres categorías de vehículos, quedaron de la siguiente forma:

-Categoría 1 vehículos de menos de 4.4. toneladas de preso bruto vehicular: 40% de contenido regional.

-Categoría 2 vehículos de 4.4 toneladas a 8 toneladas de peso bruto vehicular: 35% de contenido regional.

- Categoría 3 vehículos de 8 toneladas a 15 toneladas de peso bruto vehicular: 50% de contenido regional.

 

c) Desgravación arancelaria de autopartes

 

Se estableció una lista conjunta de desgravación, donde se contemplan 288 subpartidas en inmediata y las 113 subpartidas restantes con distintos cronogramas de desgravación que terminan en el 2010.

 

d) Requisitos de origen para autopartes

 

En origen para autopartes se estableció la utilización de los requisitos específicos de origen inicialmente establecidos en el acuerdo y algunos que se negociaron. Entre los nuevos requisitos flexibles pactados vale la pena mencionar los vidrios para vehículos que actualmente se exportan a los países andinos exitosamente así como las mangueras para frenos, producto que si bien hoy en día no registra cifras significativas de comercio a México podría convertirse en un rubro significativo de exportación a ese mercado, vistas las cifras recientes de ventas a la Comunidad Andina.”

 

Señala el interviniente que el Acuerdo crea una normatividad que permite el ajuste gradual de la industria nacional a la competencia mexicana, lo cual está conforme al Tratado y genera una mayor certidumbre para el sector productivo nacional del sector automotor.

 

También manifiesta que el Acuerdo prevé su aplicación provisional por lo que el Gobierno mediante Decreto 4666 de 19 de diciembre de 2005, dispuso aplicarlo a partir del 1 de enero de 2006. Como consecuencia el Gobierno impartió aprobación ejecutiva que también fue suscrita por la Ministra de Relaciones Exteriores y ordenó presentarlo a consideración del Congreso. Aduce que el 18 de agosto de 2005, el Gobierno por intermedio de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, presentó ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo. Finalmente, el Congreso aprobó el Acuerdo mediante Ley 1074 de 2006, sancionada por el Presidente de la República el 31 de julio de 2006.

 

Conforme a lo anterior, el Ministerio concluye que tanto el Acuerdo como la ley aprobatoria se ajustan a la Constitución al desarrollar sus mandatos y principios ya que se buscan un desarrollo armónico y promover el desarrollo de la región como paso decisivo en el entorno internacional atendiendo lo dispuesto en el artículo 226 superior. Así mismo, considera que se permite la participación de Colombia de manera más activa en el proceso de globalización. De igual forma, se cumple con el Preámbulo de la Constitución, ya que la suscripción de este Acuerdo hace que confluyan organismos de integración subregional como la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. También se cumple con el artículo 227 constitucional, al establecerse desgravaciones arancelarias que dinamizan el comercio. De igual modo, se constituye en una herramienta clave en la implementación de la política exterior de Colombia, que resulta respetuoso de la autodeterminación y de los principios que orientan las relaciones entre Estados o entre éstos y otros sujetos de derecho internacional (art. 9 de la Carta). Finalmente, se cumple con el artículo 189-2 de la Constitución, por cuanto el Presidente de la República dirigió el proceso de negociación y suscripción del Acuerdo, y lo sometió a consideración del Congreso, quien en virtud del artículo 150-16, ejusdem, lo discutió y aprobó.

 

En posterior escrito, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores, adiciona su intervención respecto al anuncio, debate y aprobación del proyecto de ley, manifestando que fue anunciado para primer debate el 9 de noviembre de 2005, para ser votado en sesión del miércoles 16 del mismo mes, según consta en actas Nos. 11 y 12 de 2005, por lo que se cumplió el artículo 160 de la Constitución. Agrega que fue voluntad del legislador cambiar la fecha para la cual sería la votación del proyecto durante el transcurrir de la sesión, como se dejó señalado en el acta. Indica que también se presentó la debida certeza sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se daría la votación de los proyectos anunciados al referir explícitamente que el debate y votación se originaría el “próximo miércoles”, como en efecto se realizó en el mismo lugar de sesiones de la Comisión Segunda del Senado. Concluye así que el procedimiento de aprobación del proyecto de ley cumplió las directrices constitucionales.

 

2.   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

 

William Hernando Sabogal Torres, en calidad de apoderado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del Acuerdo y la Ley aprobatoria.

 

Indica que el proyecto de ley se surtió dentro del marco de los principios, derechos y obligaciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio de 1994, aprobado por la Ley 172 del mismo año. Al efecto, recalca sobre algunos considerandos y disposiciones del Tratado (1-04 y 1-05). También, reseña los artículos 241 y 243 de la Constitución, y alude a decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

 

Anota que entre otras razones a tener en cuenta dentro del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, debe observarse las disposiciones constitucionales del derecho interno (arts. 9, 189-2, 224, 150-16, 241 y 243), el derecho internacional, la cláusula del pacta sunt Servanda, la Convención de Viena en relación con la capacidad de los Estados para celebrar tratados, la irretroactividad y regla general de interpretación, con lo cual manifiesta encontrar probada la exequibilidad de la ley.

 

3.      José Manuel Álvarez Zarate

 

El ciudadano José Manuel Álvarez Zarate, interviene en el presente asunto para “impugnar parcialmente la constitucionalidad del Convenio”, solicitando declarar la inconstitucionalidad del artículo 4-04 del Acuerdo.

 

Considera que el artículo 4-04 del Acuerdo, resulta inconstitucional por violar las normas internas de ALADI y el G-3, como también los artículos 150-16 y 226 de la Constitución.

 

En cuanto a la violación de las normas internas expone que el Acuerdo no tuvo en cuenta los objetivos, principios y normas previstas en la ALADI y G-3, con lo cual también se estaría violando indirectamente la Constitución. Señala que el artículo 4.04, referente a la extensión de preferencias, contiene la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), que vulnera el principio de reciprocidad en la medida que se establece sólo a favor de México pero no respecto a Colombia ni Venezuela.

 

Recuerda que el principio de la Nación Más Favorecida estaba previsto en el capítulo que se reemplaza por el Acuerdo, artículo 4-08 que refería a la extensión de la PAR señalando que si una parte otorga la PAR a un país no parte, se extenderá a las demás partes en las mismas condiciones de acceso. Considera así que la norma impugnada (art. 4-04 del Acuerdo), rompe además con el principio de in dubio pro desarrollo, derivado de los principios de equidad y reciprocidad contenidos en el Tratado de Montevideo de 1980 y en el G-3.

 

Manifiesta que en el caso concreto debe tenerse en cuenta que México es un país con mayor desarrollo “mientras que Colombia es uno de desarrollo intermedio, por lo que en la negociación de acuerdos como el del G-3 y la reforma del mismo que se está estudiando, se debe tener en cuenta que el comercio crezca en la misma proporción entre los firmantes, y que el menos desarrollado se pueda aprovechar al máximo del acuerdo y no constituirse en un país importador netamente, sino que efectivamente pueda aprovechar la eliminación de barreras que implica la negociación del tratado. Es decir, que el Acuerdo ALADI reconoce el principio de equidad que debe regir las relaciones exteriores de Colombia contenido en los artículos 226 y 227 de la Carta, toda vez que reconoce los diversos grados de desarrollo económico, reconociendo el derecho de los países más pobres a limitar su apertura comercial, y a los de mayor desarrollo económico a una mayor apertura de mercados, es lo que se conoce en el Derecho Internacional del Comercio como el Trato Especial y Diferenciado, también reconocido por la Organización Internacional del Comercio, conocido en la doctrina comercial, como el in dubio pro desarrollo...”. Al efecto, pone de presente los artículos 9 del Tratado de Montevideo y 1-01 del G-3.   

 

Con base en lo anterior, sostiene que debe existir un equilibrio entre las obligaciones que asumen las partes, lo cual supondría que ninguna de estas gana más que la otra, o que una parte se compromete a conceder más beneficio que la otra, o que renuncia a derechos que les corresponden en el ámbito del tipo de tratados que se esté acordando. Agrega que fuera del equilibrio de obligaciones cuando las economías de los países no tienen iguales condiciones de desarrollo debe tenerse en cuenta la equidad, ya que un país en desarrollo no tiene las mismas posibilidades para aprovechar los beneficios de acceso que tiene el desarrollado. Si abre su economía en similares condiciones puede igualmente perder sectores económicos y no podrán competir con el país que celebra el tratado. Aduce que se ha reconocido que no resulta equitativo enfrentar dos economías de diversas condiciones y desarrollo.

 

Aduce que se viola los principios de equidad y reciprocidad previstos en los artículos 150-16 y 266 de la Constitución, por cuanto “desconoce el diferente grado de desarrollo de los países, y las ganancias que ya ha tenido México durante la vigencia del G-3, siendo que México ha exportado mucho más a Colombia, de lo que Colombia le ha podido exportar en general, y en particular en el sector automotriz, lo que demuestra que no existió equidad en las obligaciones que asumió Colombia, pues no se atendió que se trataba de un país menos desarrollado…Se rompe el principio de reciprocidad …toda vez que la carga de conceder NMF corre por cuenta de Colombia y Venezuela, y no por cuenta de México, quien sí podrá conceder trato más favorable a otros países que el concedido a Colombia sin que ello le implique conceder esos beneficios a Colombia…puede ocurrir que en el ámbito de los acuerdos comerciales que nuestro país está suscribiendo con los países de Centro América, Chile o Estados Unidos, o los futuros con la Unión Europea, conceda mejores beneficios, ya sea en origen o arancelarios, por lo tanto debe hacerlos extensivos a México, no así en los que suscriba México con otros países, quien sí puede conceder mejores beneficios a terceros países, sin hacerlos extensivos a Colombia, lo cual no es recíproco, pero peor aún la consecuencia es que las exportaciones colombianas perderían competitividad frente a las que consiguen mejores beneficios, lo cual hace que no pueda aprovechar el tratado”.

 

Finalmente, considera que debe solicitarse al DANE que envíe una certificación del valor anual de las importaciones de México a Colombia y las exportaciones de Colombia a México de forma discriminada[2].

 

4.  Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

Enrique Gaviria Liévano, en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, interviene en este asunto aunque de manera extemporánea para solicitar a la Corte que se declare exequible la ley aprobatoria del Acuerdo.

 

Manifiesta que el presente Acuerdo constituye el desarrollo del Tratado de Libre Comercio, por lo que se suscribió el Sexto Protocolo Adicional. Instrumento en el cual los plenipotenciarios convienen en adoptar la recomendación del Comité del Sector Automotor incorporando dicho sector al programa de desgravación y establecen reglas de origen. Además, señala que se autoriza a Colombia para que ponga en ejecución provisional dicho Acuerdo, sin que nuestro país hubiere hecho uso de dicha cláusula. Adicionalmente, indica que se presume que la embajadora de Colombia en el Uruguay tenía amplios poderes.

 

5.  Universidad Externado de Colombia

 

Marcel Tangarife, docente investigador del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, interviene en este asunto aunque de manera extemporánea para señalar:

 

- El Sexto Protocolo amplía el ámbito de liberalización del comercio entre los Estados miembros.

 

- Incorpora a su cuerpo la Decisión 42, al adoptar las decisiones del Comité, lo cual subsana cualquier falla intrínseca que pudiera haberse presentado.

 

- El 21 de mayo de 2006, Venezuela denunció el Tratado del G-3, por lo que dejará de ser vinculante para dicho país a partir del 20 de noviembre de 2006, pasando de ser un instrumento multilateral a bilateral.

 

- Siguiendo la sentencia C-137 de 1995, los Estados miembros de la OMC y ALADI que celebren instrumentos como el Tratado del G-3 y el Sexto Protocolo Adicional, deben observar las disciplinas y disposiciones de dichos tratados, profundizándolos pero no contradiciéndolos, lo cual de presentarse si bien no genera vulneración de la Constitución  al no formar parte del bloque de constitucionalidad, sí ocasiona responsabilidad internacional.

 

-  El Acuerdo se enmarca dentro del deber del Estado de promover la participación de nuestro país en el proceso de internacionalización del comercio. Se establecen beneficios para Colombia y demás Estados miembros como la no discriminación, mejores condiciones de acceso al mercado de bienes y servicios, mejores plazos para el programa de liberación en virtud de las asimetrías económicas con México que se traduce en un trato especial y diferenciado a favor de Colombia. En cuanto a las obligaciones son constitucionales aquellas que sean recíprocas, pues, dicho principio de reciprocidad previsto en los artículos 150-16, 226 y 227 de la Carta, garantiza que las mismas no traigan consigo una condición desfavorable o inequitativa para alguno de los Estados miembros, y se observe los principios de Nación Más Favorecida, Trato Nacional y Transparencia.

 

-  El artículo 1 del Sexto Protocolo Adicional se enmarca dentro de los objetivos del Tratado y del deber del Estado de promover la internacionalización y la integración comercial con los países latinoamericanos, sujetándose a la Constitución.

 

- El artículo 2, en cuanto a la entrada en vigor del presente Acuerdo resulta conforme a la Constitución. Respecto a la aplicación provisional se cumple los requisitos exigidos por cuanto corresponde a un tratado internacional de naturaleza comercial acordado en el ámbito de la ALADI, que es un organismo internacional y, asimismo, el Protocolo dispone expresamente la posibilidad de su aplicación provisional. Conforme al artículo 23-04 del Tratado de Libre Comercio, se admite la posibilidad de la aplicación provisional por un solo Estado miembro, lo cual no tuvo censura por parte de la Corte en la sentencia C-178 de 1995. Sin embargo, dicha provisionalidad que sólo vincula a Colombia no cumple con el principio de reciprocidad, pues, el segundo párrafo del artículo 2, no establece el mismo tratamiento recíproco por parte de alguno de los otros dos países que los suscribieron.

 

- El artículo 4-01, del Apéndice II de la Decisión 42, consagra las definiciones aplicables al capítulo, que en principio se ajustan a la Constitución. Sin embargo, la definición de los “bienes reconstruidos o refaccionados”, su ratificación estaría sujeta a reserva interpretativa consistente en que la importación de dichos productos debe garantizar la protección de los derechos de los consumidores conforme al artículo 78 superior, facultando al Congreso regular lo correspondiente al control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, para que así cumpla con las garantías a las de un bien similar nuevo (C-934 de 2002). Por ende, la reserva interpretativa estaría dada en el sentido de que el productor y/o importador de dichos bienes reconstruidos o remanufacturados, debe informar completamente al consumidor que se trata de un bien de dicha naturaleza, otorgándole la garantía que merece el producto como si fuera nuevo para así disponer de los beneficios consagrados en el Sexto Protocolo Adicional.

 

- El artículo 4-02, refleja un trato asimétrico a favor de Colombia y Venezuela, que desarrolla el principio de equidad consagrado en los artículos 150-16, 226 y 227 de la Constitución, al reconocer el diferente nivel de desarrollo de las economías respecto a México, al igual que desarrolla los postulados de trato especial y diferenciado al permitir que Colombia tenga unos plazos de desgravación más amplios que México, para que los productos nacionales puedan prepararse durante el periodo de desgravación en cuanto a los eventuales competidores mexicanos, resultando constitucional esta disposición. 

 

- El artículo 4-03, que crea el Comité del Sector Automotor desarrolla el principio de supranacionalidad previsto en el artículo 150-16, ya que transfiere determinadas atribuciones a dicha entidad en el marco del Tratado del G-3.

 

- El artículo 4-04, consagra el principio de Nación Más Favorecida, empero no consagra la obligación de México de obrar con reciprocidad respecto a Colombia y Venezuela si otorgara a otro país un trato más favorable para bienes del sector automotor, lo que demuestra la vulneración del principio de reciprocidad contenido en los artículos 150-16, 226 y 227 de la Constitución, al existir claramente una condición desfavorable e inequitativa para Colombia y México. La disposición sería inconstitucional o su ratificación estaría sujeta a reserva interpretativa consistente en que el artículo 4-04 también obligará a México a aplicar el principio de Nación Más Favorecida, si ocurren las condiciones consagradas en él a favor de Colombia.

 

- El artículo 4-05, tal como se expuso, estaría sujeta a reserva interpretativa que garantice la protección de los derechos de los consumidores. El artículo 4-06, establece un trato asimétrico a favor de Colombia en la administración de los cupos de importación. El artículo 4-07, debe sujetarse a la reserva interpretativa que pueda derivarse de la decisión que adopte la Corte respecto a los demás artículos de la Decisión 42. 

 

 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

En concepto No. 4200, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día 27 de octubre de 2006, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la exequibilidad del Acuerdo y de la Ley aprobatoria.

 

Respecto al análisis formal, empieza por señalar que el Acuerdo fue objeto de aprobación ejecutiva el 10 de agosto de 2005 y se dispuso someter el citado Acuerdo a la consideración del Congreso de la República (art. 150-16 de la Constitución). En cuanto al trámite que cumplió el proyecto de ley en el Congreso, se expuso:

 

“a) El proyecto de ley fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 10 de agosto de 2005, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson, y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor Jorge Humberto Botero Angulo.

El texto original junto con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 560 del 25 de agosto de 2005, cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 constitucional) y a la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).

 

b) La ponencia para primera debate en la Comisión Segunda del Senado, en sentido favorable, fue presentada por el Senador Gustavo Cataño Morales, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso 807 del 11 de noviembre de 2005.

 

c) Según certificación expedida el 30 de agosto de 2006, por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, el proyecto fue aprobado en primer debate en esa comisión, el 16 de noviembre de 2005, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por nueve (09) de los trece (13) Senadores que la conforman, cumpliéndose así el requisito sobre el quórum decisorio exige el artículo 146 constitucional. Además así quedó consignado en el Acta No. 12 de 2005, publicada en la Gaceta No. 123 del mismo año.

Según la misma certificación, el proyecto fue anunciado el 9 de noviembre de 2005, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003.

 

A su turno, en el Senado de la República, el segundo debate se adelantó de la siguiente forma:

 

d) La ponencia favorable para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el mencionado Senador y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 845 del 1 de diciembre de 2005.

 

e) Afirma el Secretario General del Senado de la República, en certificación expedida el 11 de septiembre de 2006, que el proyecto fue aprobado con el quórum constitucional requerido, con el registro de asistencia de 96 Senadores, es decir con mayoría absoluta, en Sesión Ordinaria del día 6 de diciembre de 2005, publicada, junto con su texto definitivo, en la Gaceta del Congreso No. 029 del 10 de febrero 2006, según consta en Acta No. 32.

Según las misma certificación, el proyecto fue anunciado en Sesión Ordinaria del día 30 de noviembre de 2005, publicada en la Gaceta del Congreso No. 16 del 30 de enero de 2006, según consta en Acta No. 31.

Se establece también que, el Proyecto de Ley no fue modificado, por lo que no hubo lugar a conciliación y de tal manera no existe publicación de Informe de Conciliación requerida por el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2003.

 

Posteriormente el trámite dado en la Cámara de Representantes, en primer debate fue el siguiente:

 

f) La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante Héctor Ospina Avilés. Aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 111 del 11 de mayo de 2006, en donde también se encuentra el texto definitivo que fuera aprobado por la Comisión en primer debate.

 

g) De conformidad con certificación del 7 de septiembre de 2006, suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes, en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003, el proyecto de ley fue anunciado para el primer debate en sesión del 17 de mayo de 2006, según consta en el Acta número 01 de la misma fecha.

 

h) Según la misma certificación, el proyecto fue aprobado por unanimidad en primer debate en esa Comisión, el 30 de mayo de 2006, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por trece (13) de los diecinueve (19) Representantes que la conforman, cumpliéndose así el requisito que sobre quórum decisorio exige el artículo 146 constitucional. Además, así quedó consignado en el Acta No. 023 de la misma fecha.

 

Por su parte, el segundo debate en la Cámara de Representantes se adelantó de la siguiente forma:

 

i) La ponencia para segundo debate también fue presentada por el Representante Ospina Avilés y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 175 del 8 de junio de 2006.

 

j) En certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes, del 13 de septiembre de 2006, se establece que el proyecto de ley fue aprobado el 13 de junio de 2006 por mayoría, en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, a la cual se hicieron presentes 153 Representantes, como consta en el Acta de Sesión Plenaria número 235, publicada en la Gaceta No. 229 del 12 de julio de 2006.

 

k) Según la misma certificación, en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003, el proyecto de ley fue anunciado para el segundo debate en Sesión Plenaria del 7 de junio de 2006, según consta en el Acta número 234, publicada en la Gaceta del Congreso No. 220 del 27 de junio de este mismo año.

 

De lo expuesto, puede afirmarse que el trámite del proyecto de ley 72/05-Senado y 239/05-Cámara, cumple con el requisito del quórum decisorio señalado en el artículo 146 constitucional y con los correspondientes debates y aprobaciones, tanto por las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, como en las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes, de conformidad con lo señalado en los artículos 160 y 163 constitucionales.

 

l) }El 31 de julio de 2006, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1074 de 2006.

 

m) El texto de la ley fue remitido por Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, el 8 de agosto de 2006, es decir, el quinto día siguiente a la sanción, cumpliendo con el término de seis (6) días señalado para tal efecto, por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.”

 

 

En cuanto al análisis material del Acuerdo refiere, en primer lugar, a que las medidas adoptadas no sólo permitirán promover el desarrollo del comercio automotor, sino también la promoción de las exportaciones, el desarrollo e intercambio comercial, al resultar congruentes con los objetivos iniciales contemplados en el Trato de Libre Comercio suscrito en 1994.

 

De otro lado, alude a que las tres ramas del poder público están comprometidas en el desarrollo del proceso integracionista y con mayor razón el Presidente de la República quien es el representante de la Nación en el exterior. Viene así a sostener que el Acuerdo y su ley aprobatoria se ajustan al texto constitucional por cuanto:

 

-                     Los propósitos señalados en la exposición de motivos son compatibles con la Carta, ya que se celebra con el fin de fortalecer la integración de los pueblos, que resulta congruente con el objetivo de afianzamiento del proceso de integración latinoamericana (Preámbulo, artículos 9 y 227 constitucional).

 

-                     El contenido material del Acuerdo resulta conforma a la Constitución al contener normas del siguiente alcance: “a. se liberaliza el comercio del sector automotriz entre los estados parte; b. el Apéndice III del Acuerdo consagra las Reglas Específicas de Origen para los bienes objeto de desgravación arancelaria, detallando cada subpartida; c. el artículo 4-02 prevé la eliminación del impuesto de importancia sobre las autopartes originarias de los países firmantes. Lo anterior responde a criterios de equidad, igualdad y reciprocidad en consonancia con lo dispuesto en el artículo 227 Superior que le impone al Estado promover la integración económica con América Latina con sujeción a estos postulados. En efecto, los beneficios tributarios contenidos en el Acuerdo estimularán aún más el acceso a los mercados de los países firmantes, lo que sin duda fortalecerá el comercio internacional (art. 226 C.P.)”.

 

-                     Los derechos económicos y sociales previstos en la Carta, se fortalecerán al encontrarse íntimamente relacionados con el acceso a la propiedad a un precio más justo, que permitirá a compradores y empresarios acceder con mayor facilidad a los bienes y servicios objeto de desgravación y a los exportadores acceder al mercado de los países contratantes libres de cualquier forma de limitación tributaria.

 

-                     Comporta una significativa apertura de mercados con reglas claras y transparentes en comercio e inversión, previendo un programa de desgravación gradual que no descuida el impacto que podría causar en la industria nacional al competir frente al principal productor de vehículos de la región como lo es México. Por ello, se prevé una formula de comercio compensado que consulta la capacidad de producción de cada uno de los Estados y la proporción con el consumo posible según distintos componentes como la población y el poder adquisitivo, que respetan la gradualidad con que debe desarrollarse el proceso de desgravación.

 

-                     Finalmente, se hace realizable el principio de derecho internacional “Pacta Sunt Servanda”, al incorporar el sector del mercado automotor al tratado matriz suscrito en 1994, cumpliendo así los compromisos adquiridos y consultando las diferentes características de la industria automotriz de los Estados parte, complementando el proceso de integración económica y permitiendo crear nuevas oportunidades de empleo, inversión y diversificación de la balanza comercial.

 

 

VI.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.      Competencia

 

La Corte Constitucional es competente para efectuar la revisión constitucional del “Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005)” y de la Ley aprobatoria 1074 de 2006, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.

 

Control de constitucionalidad que como lo recordó esta corporación en sentencias C-276 de 2006[3] y C-649 de 2006[4], al citar la sentencia C-468 de 1997[5], resulta “i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva[6], pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.

 

Respecto a la revisión formal de constitucionalidad, ésta comprende la remisión oportuna de la ley aprobatoria y del instrumento internacional por parte del Gobierno a esta corporación, la representación del Estado en los procesos de negociación y celebración del tratado y el trámite dado al proyecto de ley en el Congreso de la República que principalmente comprende i) verificar la iniciación del trámite del proyecto de ley en la cámara correspondiente, ii) el cumplimiento de los términos exigidos constitucionalmente para los debates en una y otra cámara, iii) las publicaciones, iv) el quórum requerido y las mayorías con las que fue aprobado, y el v) anuncio previo a la votación conforme al artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003.

 

Y la revisión material consiste en examinar el contenido del instrumento internacional como de su ley aprobatoria a la luz de la Constitución Política, lo cual excluye aspectos de conveniencia política.

 

Finalmente, debe recordarse que cuando la Corte realiza el control de constitucionalidad de tratados multilaterales como el presente “es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado[7]”[8].

 

2.      Revisión formal de la Ley aprobatoria del Acuerdo de Complementación Económica constitutivo del Sexto Protocolo Adicional

 

2.1.   La oportunidad en la remisión del Acuerdo y la ley aprobatoria por parte del Gobierno

 

El día 8 de agosto de 2006[9], la Corte recibió por parte del Gobierno Nacional, copia de la Ley 1074 de 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005)”, es decir, cinco (5) días después, por lo cual se cumplió a cabalidad la exigencia constitucional de remisión dentro del término de seis (6) días (art. 241-10 superior).

 

2.2.   Negociación y celebración del Acuerdo

 

2.2.1.     Competencia del funcionario que lo suscribió

 

El Acuerdo bajo revisión fue suscrito por la Dra. Claudia Turbay Quintero, quien conforme a la información suministrada y la documentación aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores[10], es la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y Jefe de la Misión Permanente de Colombia ante la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, en virtud de los plenos poderes que le confiriera el Presidente de la República, el 1 de agosto de 2005.

 

2.2.2.     Aprobación por el Ejecutivo

 

De igual forma, de la comunicación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la documentación aportada se aprecia que el día 10 de agosto de 2005, el Presidente de la República impartió aprobación al citado instrumento internacional, disponiendo en el mismo acto someter a consideración del Congreso la aprobación del mismo, lo cual subsana cualquier vicio sobre la representación del Estado Colombiano (artículo 8 de la Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados).

 

2.3.   Trámite que surtió el proyecto de ley 72 de 2005 Senado y 239 de 2005 Cámara, en el Congreso de la República.

 

Atendiendo la documentación que reposa en el expediente, se observa que el trámite dado al proyecto de ley 72 de 2005 Senado y 239 de 2005 Cámara, que culminó con la expedición de Ley 1074 de 2006, fue el siguiente:

 

2.3.1. Trámite en el Senado del proyecto de ley 72 de 2005

 

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno al Senado de la República el día 10 de agosto de 2005, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores Dra. Carolina Barco Isakson y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Dr. Jorge Humberto Botero. El texto original junto con la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 560 del 25 de agosto de 2005[11].

 

La ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda del Senado fue presentada por el Senador Gustavo Cataño Morales, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 807 del 11 de noviembre de 2005[12].

 

Según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado[13], la fecha del anuncio de votación del proyecto (art. 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003) para primer debate se dio el 9 de noviembre de 2005, según consta en el Acta No. 11 de dicha fecha[14], publicada en la Gaceta No. 123 de 2006, de la cual se aprecia por la Corte que en un principio fue anunciado para ser votado el día martes 15 de noviembre de 2005[15], sin embargo, al finalizar la sesión se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m[16].

 

En efecto, de la sesión del 9 de noviembre, página 1 de la Gaceta 123 de 2006, se extrae:  

 

 

“Proyectos de ley para anunciar y ser votados en la sesión del día martes 15 de noviembre de 2005.

…

Proyecto de ley número 72 de 2005, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).

 

 

Y al finalizar la sesión, página 12 de la Gaceta 123 de 2006, se señala:

 

 

“Se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m., sobre el debate anunciado en la sesión, y por supuesto los proyectos que se han anunciado en el día de hoy, para ser debatidos por la comisión. Se levanta la sesión”.

 

 

Conforme a la certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado y según aprecia por la Corte de los antecedentes legislativos, el proyecto de ley fue discutido y aprobado el día miércoles siguiente, es decir, el 16 de noviembre de 2005, según consta en Acta consecutiva No. 12 de esa fecha[17], publicada en la Gaceta del Congreso No. 123 de 2006[18]. El quórum deliberatorio y decisorio fue de nueve (9) Senadores de los trece (13) que lo conforman, con votos a favor de nueve (9) y votos en contra cero (0).

 

La ponencia para segundo debate ante la Plenaria del Senado también fue presentada por el Senador Gustavo Cataño Morales, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 845 del 1 de diciembre de 2005[19].

 

Según la certificación del Secretario General del Senado de la República[20] y como lo observa la Corte del trámite legislativo al proyecto, la fecha del anuncio de votación (art. 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003) fue el 30 de noviembre de 2005, según consta en Acta No. 31 de esa fecha, publicada en la Gaceta No. 16 del 30 de enero de 2006[21]. Veamos lo acontecido en la sesión del 30 de noviembre de 2005, págs. 18 a 29 de la Gaceta No. 16:

 

 

“La presidencia manifiesta: …hay unos proyectos que se deben anunciar para el día martes porque ya han sido radicados y son proyectos muy importantes, déle lectura señor Secretario, del G-3….

 

Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión:

 

Sí señora Presidenta, mire en ese orden de ideas queda anunciado ese proyecto conocido como G-3…O sea que para la siguiente sesión quedarán anunciados el proyecto de G-3, el número de él.

 

Proyecto de ley número 72 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).

…

Siendo las 5:10 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 6 de diciembre de 2005.”

 

 

Atendiendo la certificación del Secretario General del Senado y según aprecia la Corte de los antecedentes legislativos, el proyecto de ley fue discutido y aprobado el día martes 6 de diciembre de 2005, según consta en Acta subsiguiente No. 32 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 29 del 10 de febrero de 2006[22]. El quórum fue de 96 Senadores de los 106 que conforman la plenaria, sin votos negativos ni abstenciones.

 

2.3.2. Trámite en la Cámara del proyecto de ley 239 de 2005

 

La ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda de la Cámara fue presentada por el Representante Héctor Ospina Avilés, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 111 del 11 de mayo de 2006[23].

 

De conformidad con la certificación del Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara[24], la fecha del anuncio (art. 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003) para primer debate se dio el 17 de mayo de 2006, según consta en el Acta No. 01 de esa fecha[25]. Revisada el Acta y la Gaceta 333 de 2006[26], puede extraerse lo siguiente:

 

 

“Anuncio Proyectos de Ley.

. 239/05 Cámara, 072/05 Senado, ´Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica No. 33 Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de Montevideo”.

 

 

Una vez terminada la sesión conjunta se convocó por el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara para el próximo martes 30 de mayo de 2006.

 

Según la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara y como lo puede apreciar la Corte del trámite legislativo dado al proyecto de ley, éste fue discutido y aprobado por unanimidad el 30 de mayo de 2006, según reposa en el Acta No. 23 de esa fecha[27]: La asistencia fue de 13 de los 19 Representantes que componen la Comisión.

 

La ponencia para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara fue presentada igualmente por el Representante Héctor Ospina Avilés, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 175 del 8 de junio de 2006[28]

 

Según certificación del Secretario General de la Cámara[29] y como lo observa la Corte, la fecha del anuncio de votación (art. 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003) para segundo debate fue el 7 de junio de 2006, según consta en Acta No. 234 de esa fecha, publicada en la Gaceta No. 220 del 27 de junio de 2006[30], de la cual se observa

 

 

“Señor Secretario, sírvase anunciar los proyectos y los asuntos que trataremos en la sesión plenaria del próximo martes.

 

La Secretaría General informa…:

 

Estos proyectos se anuncian de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Política, en los términos que serán discutidos y votados en la próxima sesión de la Cámara…

 

Proyecto de ley número 239 de 2005, Cámara, 072 de 2005 Senado.

 

Han sido anunciados los proyectos, …a tramitarse en la próxima plenaria señor presidente…

 

Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde.”.

 

 

De la certificación expedida por el Secretaría General de la Cámara y según puede apreciarse de los antecedentes legislativos, el proyecto de ley fue discutido y aprobado por mayoría de los presentes el siguientes martes 13 de junio de 2006, según consta en Acta No. 235 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 229 del 12 de julio de 2006[31], con la presencia de 153 Representantes.

 

2.3.3.  De la secuencia legislativa anterior, la Corte puede concluir que: 

 

-  Inició su trámite en el Senado de la República (art. 154 de la Constitución).

 

-  Se cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates (art. 160 superior), ya que i) en el Senado el primer debate en Comisión fue el 16 de noviembre de 2005 y el segundo debate en la Plenaria del Senado fue el 6 de diciembre de 2005, y ii) en la Cámara el primer debate en Comisión fue el 30 de mayo de 2006 y la aprobación en la Plenaria de la Cámara el 13 de junio de 2006.

 

-   Se efectuaron las publicaciones oficiales conforme al numeral 1 del artículo 157 de la Carta, por cuanto: i) se publicó el texto original del proyecto junto con la exposición de motivos en la Gaceta del Congreso No. 560 del 25 de agosto de 2005, ii) en el Senado se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso No. 807 del 11 de noviembre de 2005 y en el segundo debate en la Gaceta No. 845 del 1 de diciembre de 2005, y iii) en la Cámara se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso No. 111 del 11 de mayo de 2006 y en el segundo debate en la Gaceta No. 175 del 8 de junio de 2006.

 

-  Se cumplió con el quórum y las mayorías requeridas según certificaciones de los secretarios de Senado y Cámara (art. 146 constitucional).

 

Ahora bien, resta por verificar la observancia del  requisito previsto en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, que impone anunciar la votación de los proyectos de ley.

 

2.3.4.  Existencia de un vicio subsanable en el tercer debate al proyecto de ley.

 

El inciso final del artículo 160 de la Constitución, señala que “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.

 

La Corte ha señalado que dicho anuncio tiene por objeto garantizar que los congresistas conozcan con la debida antelación que un proyecto será sometido a votación en sesión diferente para así evitar votaciones sorpresivas. Así mismo, busca permitir que la ciudadanía y organizaciones puedan participar oportunamente en el proceso de formación de la ley.

 

En Auto 311 de 2006[32], esta Corporación recordó los requisitos que deben observarse respecto al anuncio de la votación, dentro de los cuales cabe resaltar que la fecha de la votación debe ser cierta o al menos determinable. Así lo expuso:.

 

 

“Ahora bien, del texto de la norma constitucional se desprende que el anuncio constitucional a que se hace referencia debe cumplir los siguientes requisitos[33]:

 

a)                     El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley.

b)                     El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto.

c)                      La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable.

d)                     Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado.” (Subrayas no originales).

 

 

Además, en dicho providencia[34] la Corte recordó el carácter subsanable del vicio de procedimiento siempre que “el Senado de la República –cámara en la que por disposición constitucional tiene a su cargo el inicio del proceso legislativo- haya manifestado válidamente su voluntad de aprobar el proyecto puesto a consideración[35]. Por lo anterior, dice la Corte, ´una falencia en el cumplimiento del mencionado requisito en un momento posterior a la votación en la Plenaria del Senado se considera un vicio subsanable que desencadenará la devolución de la ley aprobatoria de un tratado internacional al Congreso para que subsane el vicio y continúe su trámite desde el momento en que se produjo, cuando se reúnan las demás condiciones de subsanabilidad´”.

 

En el presente caso, el tercer debate llevado a cabo por la Comisión Segunda de la Cámara en la sesión del 17 de mayo de 2006, correspondió a una sesión conjunta por el mensaje de urgencia dado por el Gobierno sobre el proyecto de ley 254/06 Senado, 271/06 Cámara, “Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la Defensa y Seguridad Nacional”[36]. Aprobado dicho proyecto de ley por ambas células legislativas las comisiones procedieron a realizar los anuncios y convocatorias, como se aprecia a continuación:

 

 

“La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes agota el Orden del Día y convoca para el miércoles... el martes siguiente después de elecciones.

 

Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda:

 

La Comisión Segunda del Senado entonces anuncia para la Sesión del miércoles 31 de mayo fuera de los proyectos ya anunciados el Proyecto de ley número 171 de 2005, el Proyecto de ley número 121 de 2005, el Proyecto de ley número 126 de 2005, el 195 de 2005, el 198 de 2005, y 219 de 2005 que fueron colocados en el Orden del Día para discusión del día de hoy, quedan para el miércoles 31 de mayo.

 

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, doctora Rocío López Robayo:

 

Señor Presidente para informarle que hay una…

 

Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, honorable Representante Efrén Antonio Hernández Díaz:

 

Secretario anuncio proyectos de Senado, anunciamos proyectos de Cámara y hay una proposición.

 

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, doctora Rocío López Robayo:

 

Señor Presidente, sí,

 

Proposición.

“…Proposición presentada por el honorable Representante Guillermo Abel Rivera Flórez, en virtud de los acontecimientos recientes en materia de relaciones comerciales y diplomáticas y específicamente aquellas de acercamiento, posibilidades y/o negociaciones que se adelantan por parte del gobierno colombiano en ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, me permito solicitar comedidamente a la honorable Comisión Segunda de la Cámara se cite de manera urgente a debate de control político a la Canciller, doctora Carolina Barco para que se aclare lo que acontece al respecto…”.

 

Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, honorable Representante Efrén Antonio Hernández Díaz:

 

Se abre su discusión, la proposición leída del Representante Guillermo Rivera, aviso que va a cerrarse. ¿Aprueba la Comisión Segunda la proposición leída?

 

Aprobada.

 

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, doctora Rocío López Robayo:

 

Anuncio proyectos de ley.

 

• 239 de 2005 Cámara, 072 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Complementación Económica Nº 33 Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela Sexto Protocolo Adicional” suscrito en la Ciudad de Montevideo.

• Proyecto de ley número 277 de 2006 Cámara, 066 de 2005 Senado, por medio de la cual se declara como patrimonio cultural y deportivo de la Nación el Estadio Moderno Julio Torres cuna del fútbol colombiano del Distrito Especial de Barranquilla.

• Proyecto de ley número 178 de 2005 Cámara, 249 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección”.

• Proyecto de ley número 261 de la Cámara, 068 del Senado, por medio de la cual se rinde honores a los conductores de vehículos de servicio público y privado del país y se declara el Día Nacional de Conductor.

• Proyecto de ley número 238 de 2005 Cámara, 256 del Senado, por medio de la cual se tipifican los delitos de incumplimiento a la decisión administrativa, expulsión y reintegro ilegal al país de extranjeros con el fin de proteger la seguridad del Estado.

• Proyecto de ley número 264 de la Cámara, 073 de 2005 Senado,

por medio de la cual se aprueba la enmienda del artículo 1° de la Convención sobre provisiones, sobre discusiones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, aprobado en Ginebra en el 2001.

• Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales en materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.

 

Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda:

 

La Comisión Segunda del Senado anuncia también el Proyecto de ley número 108 de 2005.

 

Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, honorable Representante Efrén Antonio Hernández Díaz:

 

Así entonces se culmina la Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas del Congreso de la República para Comisión Segunda de Cámara, se convoca o se cita a los Congresistas de esta Comisión para el próximo martes 30 de mayo del presente año.

 

Hace uso de la palabra el honorable Senador Habib Merheg Marún:

 

Agotado el Orden del Día para el Senado también, se convoca entonces nuevamente para el día miércoles 31 y revisaremos los proyectos anunciados. Muchas gracias.

 

Se levanta la Sesión siendo las 11:20 a. m.”.

 

 

Sobre lo ocurrido en dicha sesión del 17 de mayo de 2006, la Corte se pronunció recientemente en Auto 053 de 28 de febrero del 2007[37], donde revisó la constitucionalidad de la Ley 1073 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba la ´Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial´, hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965”. En dicho proveído, al verificar el cumplimiento del numeral 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003, la Corte encontró que en el tercer debate de la Comisión Segunda de la Cámara, realizado en sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, se presentó un vicio de naturaleza subsanable sobre el proyecto de ley 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado, que en ese momento se estudió.

 

Como en dicha sesión también se anunció el proyecto de ley que nos ocupa, como lo es el 239 de 2005 Cámara, 072 de 2005 Senado, la Corte procederá a reiterar el citado auto 053 del 2007, profiriendo igual determinación.

 

En efecto, en dicho Auto 053 de 2007, la Corte concluyó que no se cumplió con la exigencia constitucional del anuncio de la votación por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, por cuanto la Secretaría General de dicha Comisión se limitó a manifestar “Anuncio proyectos de ley”, sin indicar una fecha determinada o determinable en la que se llevaría a cabo la discusión y aprobación del proyecto. Vicio que consideró es de carácter subsanable al ocurrir durante el tercer debate, es decir, cuando ya había sido aprobado en el Senado. Veamos lo señalado en dicha providencia:

 

 

“Examinada esta etapa de la sesión, la Sala observa que para el caso del cumplimiento del requisito del anuncio de la votación por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la Secretaría se limitó a indicar el “anuncio de proyectos de ley” expresión que, en sí misma, no permite dilucidar con claridad una fecha determinada o determinable en la que se celebrará la sesión en que se llevará a cabo la discusión y aprobación del proyecto.  Acto  seguido y habiéndose comprobado el agotamiento del orden del día, la mesa directiva de las comisiones conjuntas dio por terminada la sesión y luego se convocaron sendas reuniones para las comisiones segundas del Senado y de la Cámara.  Empero, no se definió la fecha para la cual serían sometidos a discusión y aprobación los proyectos anunciados por la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara.  Por ende, se está ante un vicio en el trámite del proyecto de ley,  de conformidad con las reglas jurisprudenciales sintetizadas en este apartado.

 

Esta conclusión es reforzada por el procedimiento efectuado por la Secretaría de  la Comisión Segunda del Senado para el cumplimiento del requisito mencionado.  En efecto, la Corte observa que en esa instancia se indicó expresamente que los proyectos allí anunciados serían estudiados en la sesión del miércoles 31 de mayo de 2006. Contrario sensu, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, al momento de efectuar el anuncio, se limitó a enumerar los proyectos, sin establecer precisión alguna sobre la fecha de la sesión futura en que se someterían a votación. 

 

La conclusión expuesta persiste, inclusive si se hace uso del contexto como parámetro de validación del anuncio.  Sobre el particular debe enfatizarse que durante la sesión no se hace ninguna referencia a la sesión en que serán discutidos y aprobados los proyectos anunciados para el caso de la Cámara de Representantes.  Así, una vez enumerados los proyectos de ley correspondientes a esta célula legislativa, se procedió a dar por terminada la sesión y a convocar las siguientes para cada comisión, sin que se hiciera mención a la fecha de votación de las iniciativas mencionadas. 

 

Ante la comprobación del vicio en el procedimiento legislativo, corresponde a la Corte determinar si es de naturaleza subsanable. Al respecto, conforme a la posición unificada de la jurisprudencia aplicable a la materia, se tiene que la irregularidad presentada recae dentro de los supuestos de subsanabilidad previstos por esta Corporación, en tanto (i) el vicio ocurrió durante el tercer debate del trámite, esto es, cuando ya se había verificado la aprobación del proyecto en el Senado de la República, cumpliéndose de este modo con una de las etapas estructurales del proceso de formación de la ley; y (ii) las votaciones durante la totalidad del trámite fueron unánimes, sin que concurriera algún modo de oposición sustancial a la versión original del proyecto radicada por el Gobierno Nacional, razón por la cual no existe evidencia de la vulneración de los derechos de las minorías parlamentarias.

 

Visto lo anterior y de manera similar a como lo ha ordenado esta Corporación en decisiones precedentes,[38] la Corte devolverá el proyecto a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, instancia en la que se verificó el vicio de procedimiento, a efectos que reanude el trámite del proyecto de ley, dándose cumplimiento al anuncio para votación dispuesto en el inciso final del artículo 160 Superior y de conformidad con las reglas expresadas en esta providencia. 

 

En ese sentido, según lo previsto en el parágrafo del artículo 241 C.P. y el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, la Corte concede a la Cámara un término máximo de 30 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, para que proceda a subsanar el vicio.  Con este fin, en una de las sesiones de la Comisión Constitucional se anunciará la votación del proyecto para una fecha futura determinada, informándose a los Representantes el número de la Gaceta del Congreso en que fue publicada la ponencia para el primer debate en la mencionada Comisión o, en caso que la presidencia de la célula legislativa lo estime conveniente, a través de la distribución de copias de la misma.

 

Verificado este trámite, el Congreso dispondrá hasta el 20 de junio de 2007, fecha en la que termina la presente legislatura, para concluir el proceso de formación de la ley.  Sobre esta particular debe precisarse, como lo ha declarado la jurisprudencia constitucional, que una orden de esta naturaleza es compatible con la prohibición contenida en el artículo 162 C.P., puesto que el límite de dos legislaturas se aplica exclusivamente a la formación original de la ley, sin que pueda extenderse a plazos adicionales fijados por el Tribunal Constitucional con el objeto de subsanar vicios de trámite.[39]

 

Finalizado el procedimiento en el Congreso y surtida la sanción presidencial en los términos fijados en la Carta Política, la ley deberá enviarse a la Corte para que decida sobre la exequibilidad del acto, según lo prevé el parágrafo del artículo 241 Superior.

 

Sobre este último particular, debe anotarse que la sanción presidencial, en tanto se refiere a la mismo acto aprobatorio sujeto a análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En ese sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento de ejercer la competencia prevista en el artículo 8º del Decreto 2719 de 2000, conservará el número de Ley 1037 del 31 de julio de 2006.  Lo anterior debido a que, como lo ha sostenido esta Corporación,[40] la subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte del Congreso no contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del proyecto y de la ley aprobatoria resultante”.

 

 

En consecuencia, al no cumplirse la exigencia constitucional (art. 160) del anuncio de la votación por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes -tercer debate-, la Corte procederá a devolver a la presidencia de la Cámara la Ley 1074 de 2006, con el fin de que subsane el vicio, al igual habrá de conceder a la Comisión un término para dicho efecto. Observado lo anterior, la Cámara dispondrá hasta el 20 de junio de 2007, para cumplir con las etapas posteriores del proceso legislativo y así mismo el Presidente de la República procederá a la sanción conforme al plazo establecido en la Constitución.

 

 

VII. DECISIÓN

 

Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE :

 

Primero. Por Secretaría General de esta Corporación, DEVUÉLVASE a la presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1074 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005)”, con el fin de que subsane el vicio de procedimiento señalado en esta providencia.

 

Segundo. CONCÉDASE a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de este auto a la presidencia de la misma, para que subsane el vicio detectado en esta providencia.

 

Tercero. Una vez subsanado el vicio a que se refiere la parte considerativa de esta providencia, la Cámara de Representantes dispondrá hasta el 20 de junio de 2007, para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo. Luego, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido en la Carta para sancionar el proyecto de ley.

 

Cuarto. Cumplido el trámite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la Ley correspondiente, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Presidente

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERIA

Magistrado

AUSENTE CON PERMISO

 

 

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ

Magistrada

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General