A196-07


REPÚBLICA DE COLOMBIA

Auto 196/07

 

IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Intervención en la expedición de la norma objeto de control

 

 

Referencia: expediente D-6851

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 308 y 310 ( parcial ) de la Ley 906 de 2004.

 

Demandante: María del Pilar Orjuela Bossa.

 

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

 

 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil siete (2007).

 

 

ANTECEDENTES:

 

1. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana María del Pilar Orjuela Bossa demandó la inexequibilidad del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, así como la expresión “el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos”, del artículo 310 de la misma normatividad.

 

2. Mediante Auto del seis (6) de julio de dos mil siete (2007), el Magistrado Sustanciador admitió la demanda de la referencia y corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente.

 

3. El veintitrés (23) de julio de dos mil siete (2007), el expediente fue recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador, incluyendo el oficio No. DP- 811 recibido en esta Corporación el diecinueve ( 19 ) de julio de dos mil siete (2007) suscrito por el Doctor EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN, Procurador General de la Nación y CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, Viceprocurador General de la Nación, en el cual manifiestan sus respectivos impedimentos para conceptuar en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:

 

“Dentro de los motivos de impedimento se encuentra el haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada o intervenido en la expedición de las normas sometidas al control de la Corte Constitucional, situación esta última en la que se encuentran los suscritos, toda vez que en nuestra condición de Procurador General de la Nación y Viceprocurador General de la Nación participamos en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004 - , de cuyo texto hace parte el precepto legal demandado.

 

Por lo tanto, solicitamos a esa Honorable Corporación aceptar el impedimento manifestado y, en consecuencia, disponer que el Procurador General de la Nación, en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del decreto ley 262 de 2000, asigne el funcionario que debe rendir el concepto en este proceso, teniendo en cuenta que quienes han de rendirlo se consideran impedidos para emitir concepto en la demanda de la referencia”.

 

 

CONSIDERACIONES

 

1. De manera reiterada esta Corporación ha sostenido que la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver los impedimentos y recusaciones de sus Magistrados y Conjueces, así como del Procurador General de la Nación, o de quien haga sus veces, en relación con los conceptos que debe emitir dentro de los procesos de constitucionalidad que se adelanten.

 

En relación con este punto, la Sala Plena, en Auto del 24 de abril de 2003, reiterado recientemente en Auto 092 de 2007, sostuvo:

 

 

“...la competencia de la Corte para conocer sobre los impedimentos y recusaciones presentados por el Procurador General de la Nación se encuentra sustentada en el hecho de que el artículo 241-11 de la Constitución Política autoriza a la Corporación para dictar su propio reglamento, reglamento cuyo artículo 79 establece que “[t]odos los asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente.” (Art. 79 Acuerdo 05 de 1992).

 

6.- Que la competencia para resolver los impedimentos y recusaciones presentados por el Procurador General en los procesos de constitucionalidad del artículo 241 de la Carta ha sido reconocida por la reiterada práctica judicial de la Corte, ya que, tal como recientemente lo reconoció la Corporación a propósito del citado artículo 79 del Acuerdo 05 de 1992, no existe otra norma en el ordenamiento jurídico a la cual remitirse para resolver tales incidentes. El artículo 79 -dice la Corte- “definió las normas aplicables frente al trámite de los incidentes de recusación e impedimento en procesos de constitucionalidad, y cerró cualquier posibilidad de remisión normativa a otros ordenamientos”

 

 

2. Habida cuenta lo expresado por el señor Procurador General de la Nación en el sentido de haber participado en la comisión redactora de la norma acusada y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, el cual, en armonía con lo señalado en el artículo 26 ibídem, establece entre las razones de impedimento para esta clase de procesos el haber intervenido en la expedición de la disposición acusada, es del caso aceptar el impedimento propuesto y declararlo separado del conocimiento del asunto de la referencia.

 

3. De igual manera, respecto al impedimento manifestado por el señor Viceprocurador General de la Nación, la Sala precisa que éste tiene sustento en argumentos análogos a los que sirvieron de base para la aceptación del impedimento manifestado por el señor Procurador General de la Nación.  En ese sentido, se impone en su caso la misma solución jurídica, tal como se decidió en Autos de Sala Plena del 3 de noviembre de 2004 y 18 de abril de 2007.

 

4. Así mismo, la Corte ha considerado que “la aceptación del impedimento del señor Viceprocurador puede tramitarse simultáneamente a la del titular del Ministerio Público[1]. Como en anteriores oportunidades se ha manifestado, si bien en principio correspondería atender el impedimento planteado por el Viceprocurador General sólo luego de que se aceptara el del Procurador General de la Nación y en consecuencia de ello el Viceprocurador entrará a sustituirlo en sus funciones constitucionales para rendir el correspondiente dictamen; considera la Corte que, en aplicación del principio de economía procesal, que pretende dar celeridad a la solución de los procesos de constitucionalidad,[2] se hace necesario aceptar en esta misma providencia el mencionado impedimento.

 

5. La Corte concluye que el asunto de la referencia debe remitirse al Procurador General de la Nación para que, en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 del 2000, designe el funcionario que deba rendir el concepto correspondiente.

 

De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

 

RESUELVE

 

Primero. ACEPTAR, con base en las razones expresadas en esta providencia, el impedimento manifestado por el Procurador General de la Nación para emitir concepto dentro del expediente D- 6851,

 

Segundo. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Viceprocurador General de la Nación para emitir concepto dentro del expediente D- 6851, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

 

Tercero. ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que, una vez ejecutoriada esta providencia, corra traslado del presente proceso al Procurador General de la Nación, con el objeto que designe el funcionario que debe rendir el correspondiente concepto.

 

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 262 del 2000 y en armonía con el Decreto 2067 de 1991, ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que, una vez se levante la suspensión de términos decretada en el proceso de la referencia con ocasión de los impedimentos propuestos, corra traslado por el término que falte al funcionario que designe el Procurador General de la Nación, para que rinda el concepto de su competencia.

 

 

Notifíquese y cúmplase,

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Presidente

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado

CON SALVAMENTO DE VOTO

 

 

 

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

 


SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-196 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA

 

IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Falta de competencia de la Corte Constitucional (Salvamento de voto)

 

 

 

Referencia: D-6851

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 308 y 310 (parcial) de la ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”

 

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO SIERRA PORTO

 

 

Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto frente al presente Auto, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades[3] en relación a que esta Corte carece de la competencia tanto constitucional como legal para resolver los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador para emitir el concepto sobre constitucionalidad, en este caso sobre los artículos 308 y 310 (parcial) de la ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”, demandados en este proceso.

 

Por la razón expuesta disiento del presente Auto.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado

 



[1] Auto núm. 092 de 2007.

[2] Ver al respecto la Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998.

[3] Ver Salvamento de Voto al Auto A-159 del 2005 y Salvamento de Voto al Auto A-147 de 2006, entre otros.