SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERES14

SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERES14

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIA

MAGISTRADO

NORMA

COMUNICADOS DE PRENSA

FECHA

DECISION

882

SINTESIS

VER TEXTO

 

C-013/14

 

NILSON PINILLA PINILLA

 

UMBRAL DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS COMO REQUISITO PARA TENER PERSONERÍA JURÍDICA Y PARTICIPAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CURULES MEDIANTE EL SISTEMA DE CIFRA REPARTIDORA (ARTICULOS 2 Y 11 DEL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2009, MODIFICATORIOS DE LOS ARTICULOS 108 Y 263 DE LA CONSTITUCION POLITICA)

 

23-01-14

 

INHIBICION para decidir respecto de la demanda contra segmentos de los artículos 2 y 11 del acto legislativo 1 de 2009.

 

 

La Corte encontró que había operado la caducidad de la acción de inconstitucionalidad contra las normas del Acto Legislativo 1 de 2009, no siendo viable un pronunciamiento de fondo sobre la demanda presentada.

COMUNICADO 1

 

C-014/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

LEY 1590 DE 2012, APROBATORIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE ASISTENCIA JURIDICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITO EN CIUDAD DE MEXICO EL 1 DE AGOSTO DE 2011.

 

23-01-14

 

EXEQUIBLES el convenio modificatorio y la ley aprobatoria.

 

 

La Corte encontró que las modificaciones introducidas al Acuerdo de Cooperación entre Colombia y México se ajustaban a los postulados constitucionales referentes a la soberanía nacional, la integración con otros Estados y la autodeterminación, así como la internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la nación colombiana.

COMUNICADO 1

 

C-015/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

PERMANENCIA MÍNIMA DEL DESMOVILIZADO POR ESPACIO DE OCHO (8) AÑOS EN UN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN CON POSTERIORIDAD A LA DESMOVILIZACIÓN, CONTADOS A PARTIR DE SU POSTULACION A LOS BENEFICIOS QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY (PARAGRAFO DEL ARTICULO 18A SOBRE SUSTITUCION DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y DEBER DE LOS POSTULADOS DE CONTINUAR EN EL PROCESO, ADICIONADO A LA LEY 975 DE 2005 MEDIANTE EL ARTICULO 19 DE LA LEY 1592 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE INTRODUCEN MODIFICACIONES A LA LEY 975 DE 2005)

 

23-01-14

 

EXEQUIBLE el parágrafo del articulo 18a adicionado a la ley 975 de 2005 por el articulo 19 de la ley 1592 de 2012

 

La Corte constató que en las hipótesis, el hito temporal para empezar a contar o calcular el lapso de ocho (8) años de reclusión en establecimiento carcelario, para solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva depende de los mismos factores: postulación, desmovilización y permanencia en establecimiento penitenciario. En esa medida, es evidente que no existe ninguna diferencia de trato y que, por lo tanto, no existe la discriminación que se señala en la demanda.

COMUNICADO 1

 

A-08/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

DEVOLUCION POR SEGUNDA VEZ DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROMOCION Y PROTECCION DEL DERECHO A LA PARTICIPACION DEMOCRATICA”

 

28-01-14

 

DEVOLVER a La Presidencia del Senado de la República El Proyecto De Ley Estatutaria Número 134 De 2011 Cámara (Acumulado Al 133) – 227 De 2012 Senado

 

Se devuelve a la presidencia del senado el proyecto de ley estatutaria para que se complete el tramite posterior al cuarto debate, y se concede el tiempo que resta de la actual legislatura para que se culmine el procedimiento legislativo

COMUNICADO 2

 

C-030/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

NOTIFICACION PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y DEL MANDAMIENTO DE PAGO A ENTIDADES PUBLICAS, AL MINISTERIO PUBLICO, A PERSONAS PRIVADAS QUE EJERZAN FUNCIONES PUBLICAS Y A PARTICULARES QUE DEBAN ESTAR INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL. NOTIFICACION A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA DEL ESTADO EN PROCESOS DE CUALQUIER JURISDICCION EN DONDE SE DEMANDE UNA ENTIDAD PUBLICA. (ULTIMOS INCISOS DEL ARTICULO 199 DE LA LEY 1437 DE 2011, MODIFICADO POR EL ARTICULO 612 DE LA LEY 1564 DE 2012, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)

 

29-01-14

 

INHIBIDA por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

 

La Corte evidenció ausencia de cargos de inconstitucionalidad pertinentes y suficientes, lo que le impedía pronunciarse de fondo sobre la demanda instaurada.

COMUNICADO 2

 

C-031/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

INTERVINIENTES EN ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. ALCANCE DE FACULTADES  DE INTERVINIENTES EN ACTUACIÓN DISCIPLINARIA (ARTICULOS 65 Y 66 PARAGRAFO DE LA LEY 1123 DE 2007, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO)

 

29-01-14

 

INHIBIDA

 

 

La Corte determinó que la demanda carecía de los elementos necesarios para configurar un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa.

COMUNICADO 2

 

C-032/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

LEY 1661 DE 2013, APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, HECHA POR LOS DEPOSITARIOS Y APROBADA POR EL CONSEJO DE EUROPA Y LOS PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE)

 

29-01-14

 

EXEQUIBLES la Convención y la Ley Aprobatoria

 

 

La corte encontró que las obligaciones internacionales que el Estado colombiano asume en el marco de la OCDE de lucha contra la elusión y la evasión tributaria, se ajustan a los principios del derecho internacional reconocidos en la Constitución Política y respetan la soberanía y los derechos de las personas.

COMUNICADO 2

 

C-033/14

 

NILSON PINILLA PINILLA

 

CARACTER DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. DEFINICION DE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO HABILITADAS (ARTICULO 5º DE LA LEY 336 DE 1996, POR LA CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO NACIONAL DE TRANSPORTE)

 

29-01-14

 

EXEQUIBLE

 

 

La Corte concluyó que la exigencia de que la contratación del servicio privado de transporte se realice con empresas de transporte público legalmente habilitadas, cuando no se utilicen equipos propios, constituye una medida proporcionada que persigue una finalidad constitucionalmente legítima que no desconoce los derechos y libertades invocados en la demanda.

COMUNICADO 2

 

C-034/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

IMPROCEDENCIA DE RECURSOS CONTRA AUTO QUE DECIDA LA SOLICITUD DE PRUEBAS (ARTICULO 40 DE LA LEY 1437 DE 2011, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)

29-01-14

 

EXEQUIBLE la expresión “contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos” contenida en el artículo 40 de la ley 1437 de 2011

 

 

La Corte encontró que el enunciado normativo demandado, de acuerdo con el cual no proceden recursos contra la decisión que resuelva la solicitud de pruebas en la vía administrativa, contenido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 (Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) es exequible, toda vez que persigue fines legítimos en relación la función pública y es adecuada para ese efecto. En particular, la Corporación destacó la amplia potestad del legislador en el diseño de los procedimientos administrativos y explicó las características del trámite administrativo que permiten al interesado controvertir las decisiones al momento de ejercer los recursos de reposición y apelación contra el acto administrativo definitivo; o al solicitar el control de la medida ante los jueces de lo contencioso administrativo

 

COMUNICADO 2

C-035/14

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

LIQUIDACIÓN DEL EFECTO DE PLUSVALIA. NOTIFICACIÓN A LOS PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE LOS PREDIOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES URBANISTICAS (ARTICULO 81 DE LA LEY 388 DE 1997, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 9ª DE 1989 Y LA LEY 3ª DE 1991, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)

29-01-14

 

EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA

 

 

La Corte determinó que la notificación de actos administrativos relacionados con la liquidación del efecto plusvalía mediante avisos o edictos, requiere el agotamiento previo de la notificación personal o por correo, previsto en el estatuto tributario.

COMUNICADO 2

C-036/14

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

LEY 1623 DE 2013, APROBATORIA DE LA ENMIENDA AL CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN, DEL 22 DE MARZO DE 1989, ADOPTADA POR LA TERCERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN GINEBRA EN SEPTIEBRE DE 1995

29-01-14

 

EXEQUIBLES la Enmienda y la Ley Aprobatoria.

 

 

La corte determinó que la Enmienda al Convenio de Basilea incorpora al ordenamiento colombiano compromisos compatibles con la protección a la vida, la salud, los recursos naturales y el ambiente sano consagrados en la Constitución

COMUNICADO 2

C-072/14

ALBERTO ROJAS RIOS

CONSTITUCIÓN DE AREA METROPOLITANA. CONFORMACIÓN DE LA JUNTA METROPOLITANA. DENOMINACIÓN DE LOS ACTOS METROPOLITANOS (ARTICULOS 8, 15 Y 32 DE LA LEY 1625 DE 2013, POR LA CUAL SE DEROGA LA LEY ORGANICA 128 DE 1994 Y SE EXPIDE EL REGIMEN PARA LAS AREAS METROPOLITANAS)

02-04-14

 

EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del literal G del artículo 8 y del numeral 4 del articulo 15; e inhibida con respecto al numeral 5 del articulo 15 y del inciso tercero del articulo 32 por ineptitud de la demanda en relación con la vulneración de la reserva de ley orgánica; todos de la  ley 1625 de 2013.

 

 

La corte determinó que la creación de un área metropolitana constituye una decisión autónoma de los municipios interesados, y que la participación de un delegado del gobierno nacional en la junta metropolitana no incide en la conformación del quórum para deliberar y decidir asuntos a cargo de este órgano directivo.

COMUNICADO 3

C-073/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

JURISDICCION, COMPETENCIA Y DOMICILIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. INSPECCION Y VIGILANCIA SOBRE LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA LEY 23 DE 1982 Y DEMAS DISPOSICIONES. (ARTICULO 2 DEL DECRETO LEY 2041 DE 1991, POR EL CUAL SE CREA LA DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, SE ESTABLECE SU ESTRUCTURA ORGANICA Y SE DETERMINAN SUS FUNCIONES)

02-05-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO EN C-851/13, Y DECLARAR EXEQUIBLES las expresiones demandadas contenidas en el artículo 2 del decreto ley 2041 de 1991

 

 

 

 

La corte evidenció la existencia de cosa juzgada material en relación con el contenido normativo demandado, que impone estarse a lo resuelto en sentencia anterior; pero al mismo tiempo debe declarar también la exequibilidad de la norma acusada, por tratarse de una disposición perteneciente a otro estatuto legal.

 

COMUNICADO 3

C-081/14

NILSON PINILLA PINILLA

INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO (ARTICULO 90 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DE ACTOS DE CORRUPCION Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTION PUBLICA)

12-02-14

 

INHIBIDA por ineptitud de la demanda.

 

 

La Corte evidenció falta de certeza en el cargo por desconocimiento del debido proceso, e insuficiencia en el cargo por vulneración de la igualdad, lo que le impide realizar un examen de fondo y proferir una sentencia de mérito.

COMUNICADO 4

C-082/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

ENTREGA GRATUITA DE LA NACION-MINISTERIO DE CULTURA A LA ALCALDIA DE BUENAVENTURA DE INMUEBLE DONDE FUNCIONO LA ESTACION DE FERROCARRILES NACIONALES (ARTICULOS 115, 116 Y 117 DE LA LEY 1617 DE 2013, POR LA CUAL SE EXPIDE EL REGIMEN PARA LOS DISTRITOS ESPECIALES)

12-02-14

 

EXEQUIBLE el artículo 116; e inhibida con respecto de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley 1617 de 2013, por vicios de procedimiento.

 

 

La Corte concluyó que la entrega gratuita al Distrito de Buenaventura del inmueble donde funcionó la estación de ferrocarriles nacionales, no vulnera el atributo constitucional de inalienabilidad, toda vez que conserva el mismo carácter de bien público.

 

COMUNICADO 4

C-083/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

DESEMPEÑO DEL CARGO DE CURADOR AD LITEM EN FORMA GRATUITA COMO DEFENSOR DE OFICIO (NUMERAL 7º DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 1564 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO)

12-02-14

 

EXEQUIBLE

 

La Corte encontró que la designación de curador ad lítem en cabeza de un abogado que lo ejercerá como defensor de oficio en forma gratuita, no vulnera los derechos de igualdad y trabajo.

COMUNICADO 4

C-084/14

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA CREAR UNA INSTITUCION UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION (LITERAL D DEL ARTICULO 1º DE LA LEY 1654 DE 2013, POR LA CUAL SE OTORGAN FACULTADES EXTRAORDINARIAS PRO TEMPORE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA Y PLANTA DE PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EXPEDIR SU REGIMEN DE CARRERA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS)

12-02-14

 

INHIBIDA por ineptitud de la demanda.

 

 

La Corte determino la falta de certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados.

COMUNICADO 4

C-088/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

ORGANIZACION PARA EL TRAMITE INTERNO Y DECISION DE LAS PETICIONES EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ARTICULO 22 DE LA LEY 1437 DE 2011, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)

19-02-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO EN SENTENCIA C-818/11, que declaró inexequible el articulo 22 de la ley 1437 de 2011; e INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

 

Si bien la Corte aceptó la posibilidad de estudiar la viabilidad de que en un caso concreto, pudiera pronunciarse por cargos distintos sobre la constitucionalidad de una norma que ha sido declarada inexequible con un efecto diferido, no para modificar la decisión, que es intangible, sino para determinar si la inconstitucionalidad debiera tener un efecto inmediato y ser retirada del ordenamiento antes de la fecha señalada en el fallo inicial; sin embargo, encontró que en el presente caso no procedía el estudio por ineptitud de la demanda.

COMUNICADO 5

C-089/14

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

LEY 1589 DE 2012, APROBATORIA DEL ACUERDO INTERNACIONAL DEL CAFE DE 2007, ADOPTADO POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CAFE EN SU 98º PERIODO DE SESIONES EN LONDRES, REINO UNIDO, EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

19-02-14

 

EXEQUIBLES el Acuerdo Internacional del Café de 2007 y la Ley aprobatoria.

 

 

La corte encontró que el Acuerdo Internacional del Café  constituye una expresión de la internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas del Estado Colombiano sobre la base de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, compatibles con la Constitución Política.

COMUNICADO 5

C-090/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CON RESPECTO A OBLIGACIONES LABORALES (ARTICULO 1º DE LA LEY 1258 DE 2008, POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)

19-02-14

 

EXEQUIBLE la expresión “laborales” contenida en el articulo 1 de la ley 1258 de 2008.

 

 

La Corte determinó que la limitación a la responsabilidad por las obligaciones laborales de una sociedad por acciones simplificada, al monto de los aportes de los accionistas, no configura una vulneración de los preceptos constitucionales que amparan el trabajo y la dignidad del trabajador.

COMUNICADO 5

C-091/14

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EFECTOS DE EXTRADICION (ARTICULO 501 DE LA LEY 906 DE 2004)

19-02-14

 

INHIBIDA por ineptitud sustancial de la demanda.

 

 

La Corte determinó que el demandante no aportó los elementos de especificidad y pertinencia requeridos para que se pudiera abordar de fondo el cargo por omisión legislativa relativa, basado en la supuesta ausencia de término para que la Corte Suprema de Justicia emita concepto sobre una extradición.

COMUNICADO 5

C-092/14

NILSON PINILLA PINILLA

ENMIENDA DEL ARTICULO VI Y DEL PARRAFO A DEL ARTICULO XIV DEL ESTATUTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, APROBADAS EN LA CONFERENCIA GENERAL DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA EL 1  DE OCTUBRE DE 1999, MEDIANTE RESOLUCIONES GC (43)/ RES/19 Y GC (45)/ RES/8, RESPECTIVAMENTE. (LEY 1671 DE 2013)

19-02-14

 

EXEQUIBLES la Enmienda y la Ley aprobatoria.

 

 

La corte determinó que la enmienda introducida al Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica para mejorar su funcionamiento se ajusta a la Constitución Política.

COMUNICADO 5

C-100/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL CINCO POR CIENTO (5%) (ARTICULO 468-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 48 DE LA LEY 1607 DE 2012)

26-02-14

 

EXEQUIBLE el artículo 48 de la ley 1607 de 2012, por el cargo examinado

 

 

La corte reiteró que el principio de progresividad se predica de todo el sistema tributario y no de un impuesto específico, individualmente considerado. En el presente caso, la norma demandada no establece un nuevo gravamen sino que se limita a establecer tarifas diferenciales para algunos productos de primera necesidad sin que se vulnere el principio de progresividad.

COMUNICADO 6

 C-123/14

ALBERTO ROJAS RIOS

OPORTUNIDAD A LAS ENTIDADES MUNICIPALES O DISTRITALES INVOLUCRADAS DE PARTICIPAR ACTIVA Y EFICAZMENTE EN DICHO PROCESO, MEDIANTE ACUERDOS SOBRE  LA PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS Y LA SALUBRIDAD DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO, DEL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE SUS COMUNIDADES - ACUERDO CON AUTORIDADES TERRITORIALES SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS. (ARTÍCULO 37 DE LA LEY 685 DE 2001-CODIGO DE MINAS).

05-03-14

 

EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 37 de la ley 685 de 2001.

 

 

 

La Corte concluye que el artículo 37 de la Ley 685 de 2001-Código de Minas- es acorde con la Constitución, siempre y cuando en el proceso de autorización para la realización de actividades de exploración y explotación minera –cualquiera sea el nombre que se dé al procedimiento para expedir dicha autorización por parte del Estado- se tengan en cuenta los aspectos de coordinación y concurrencia, los cuales se fundan en el principio constitucional de autonomía territorial. En este sentido, una autorización al respecto deberá dar la oportunidad a las entidades municipales o distritales involucradas de participar activa y eficazmente en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como, del desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades.

 

COMUNICADO 7

C-131/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

PROHIBICION DE PRÁCTICA DE ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA A MENORES DE EDAD. PRESERVACION DEL DERECHO DE LOS JOVENES A FUNDAR UNA FAMILIA Y PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASOS DE MENORES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD MENTAL O EN RIESGO INMINENTE PARA SU VIDA. (ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1412 DE 2010).

11-03-14

 

EXEQUIBLE el artículo 7 de la ley 1412 de 2010, por los cargos analizados.

 

 

 

La Corte precisó que en casos específicos de menores en situación de discapacidad mental severa y permanente que estén en imposibilidad de otorgar en el futuro su consentimiento libre e informado y de menores para quienes un embarazo implica un riesgo inminente para su vida, el juez puede evaluar si autoriza la práctica de anticoncepción quirúrgica a un menor, a solicitud de su representante legal.

COMUNICADO 8

C-132/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (LEY1600 DE 2012)

11-03-14

 

EXEQUIBLE el “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América”, con excepción del numeral 1 del artículo 18 que se declara INEXEQUIBLE.

 

EXEQUIBLE la ley 1600 de 2012.

 

 

 

La Corte constató que se observaron las reglas propias de la firma, aprobación y ratificación de este Convenio, así como las etapas, requisitos y procedimiento que precedieron la expedición de la citada ley. De otra parte, analizado el contenido de las disposiciones que integran el tratado revisado, la Corporación encontró que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional (art. 9º C.Po.), al deber del Estado y de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (art. 2º C.Po.), a los preceptos que señalan que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y se garantiza el derecho a la libre competencia económica (art. 333 C.Po.), así como el mandato de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas del Estado colombiano con otras naciones, bajo principios de equidad y reciprocidad (arts. 226 y 227 C.Po.). De manera particular, la Corte determinó que la facultad otorgada al Presidente de la República por el artículo 224 de la Constitución para la aplicación provisional de los tratados, es una facultad excepcional de interpretación restringida y sujeta al cumplimiento de tres requisitos concurrentes: (i) tener naturaleza comercial y económica; (ii) haberse acordado en el ámbito de una organización internacional; (iii) estar dispuesta su aplicación provisional en el texto del tratado, los cuales deberán ser estrictamente examinados por esta Corporación. En consecuencia, el no cumplimiento de alguna de estas condiciones, conducirá a la inconstitucionalidad de la cláusula de aplicación provisional. Este no es el caso del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos de América” suscrito en Bogotá D.C. el 10 de mayo de 2011, toda vez que se trata de un tratado bilateral, si bien de orden comercial y económico, que no reúne por tanto, el requisito de haber sido acordado en el ámbito del algún organismo internacional, para la procedencia constitucional de su aplicación provisional dispuesta por el Ejecutivo, previa a la aprobación por el Congreso de la República. La Corte consideró que las condiciones para hacer uso excepcional de la aplicación provisional de un instrumento internacional no se cumplen en este caso, como quiera que no obstante ser un tratado de naturaleza comercial, no fue acordado en el ámbito de ningún organismo internacional o que en dicho proceso hubiera participado la OACI. La Corte Constitucional hizo una prevención al Gobierno Nacional para que, en el ejercicio de la facultad constitucional de aplicación provisional de los tratados o de algunas de sus disposiciones, se actúe con un criterio riguroso de excepcionalidad al interpretar los supuestos constitucionales para su procedencia, dado que la aplicación provisional de tratados prevista en el artículo 224 de la Carta Política puede constituirse en un mecanismo de elusión del control de constitucionalidad, mientras se produce la aprobación por parte del Congreso de la República y se ejerce el control a cargo del tribunal constitucional.

COMUNICADO 8

C-133/14

ALBERTO ROJAS RIOS

DERECHOS DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS (ARTICULO 25 DE LA LEY 1558 DE 2012)

11-03-14

 

EXEQUIBLE el artículo 25 de la Ley 1558 de 2012.

 

 

La Corte determinó que en la adopción del artículo 25 de la Ley 1558 de 2012, mediante el cual se establecen cuáles son las normas aplicables para proteger los derechos del consumidor de servicios turísticos, no se incurrió en un vicio de procedimiento, por la no participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el trámite legislativo, por cuanto este no es un requisito o un mandato imperativo que se derive directamente del texto del artículo 78 de la Constitución. La Corte observó que en este precepto no se prevé el órgano u órganos del Estado que deben hacer efectiva dicha garantía; en qué etapa del “estudio” de la disposición debe garantizarse dicha participación –diseño, planeación, elaboración o evaluación de sus efectos-; ni mediante cuáles mecanismos debe concretarse la garantía de participación de tales organizaciones, para que la misma esté acorde con el contenido esencial del derecho constitucional de consumidores y usuarios.

 

COMUNICADO 8

C-134/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

PROYECTO DE ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PARA REFORZAR LA REPRESENTACION Y LA PARTICIPACION DEL FMI. (LEY 1634 DE 2013)

11-03-14

 

INEXEQUIBLE la Ley 1634 de 2013.

 

La Sala recordó que las normas que regulan el trámite de las leyes deben entenderse a la luz de los fines propios del principio democrático, y que desde esta perspectiva la votación nominal y pública constituye una garantía de publicidad y transparencia de las deliberaciones que se desarrollan y las decisiones que se adoptan en el foro democrático. La importancia de esos principios hace que la omisión de la votación nominal y pública sea un vicio susceptible de afectar la validez de la ley. Como en el caso objeto de estudio esa irregularidad se presentó antes de conformarse la voluntad de una de las cámaras (en el segundo debate ante la Plenaria del Senado), debe declararse la inexequibilidad de la Ley, por no haberse cumplido una de las etapas estructurales del trámite.

 

COMUNICADO 8

C-166/14

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

PERIODO DEL FISCAL GENERAL DE LA NACION (ARTÍCULO 9 DE LA LEY 938 DE 2004)

19-03-14

ESTARSE A LO RESUELTO EN SENTENCIA C-037/96 y por lo tanto, declarar INEXEQUIBLE la expresión "institucional" contenida en el artículo 9 de la ley 938 de 2004".

 

 

 

La Corte determinó que se estaba frente al fenómeno de la cosa juzgada material en relación con lo decidido por la sentencia C-037/96 y por consiguiente, había que estarse a lo resuelto en esta sentencia y por lo tanto, la expresión "institucional" contenida en el artículo 9 de la Ley 938 de 2004, debía ser declarada igualmente inexequible.

 

COMUNICADO 9

C-167/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

HECHOS GENERADORES DE LA TASA QUE COBRA EL INVIMA POR PRESTACION DE SERVICIOS (ARTÍCULO 4 DE LA LEY 399 DE 1997)

19-03-14

 

EXEQUIBLES las expresiones “y demás gastos que se requieran” del literal (c) del artículo 4° de la Ley 399 de 1997, por los cargos analizados.

 

INEXEQUIBLE el literal (e) del artículo 4° de la Ley 399 de 1997.

 

La Sala Plena consideró que el primero de los apartes normativos acusados, emplea expresiones que tienen un cierto grado de indeterminación, que no impide establecer a las personas, a partir de los dispuesto en la misma norma legal, cuáles son los hechos generadores a los que se hace referencia. Las expresiones ‘y demás gastos que se requieran’ acusada por la demanda, tienen un grado importante de indeterminación de vaguedad y ambigüedad, no obstante, se ven acotadas por las siguientes expresiones del literal, a saber: ‘para controlar la calidad’ de una serie de productos, que tienen como característica común ‘tener impacto en la salud individual y colectiva’. Los hechos generadores sólo pueden ser aquellos gastos que se requieran para controlar la calidad de tales productos. En el segundo caso, la Sala consideró que el aparte normativo acusado sí emplea expresiones con un alto grado de indeterminación que impiden establecer a las personas cuáles son los hechos generadores a los que se hace referencia, a partir de lo dispuesto en la misma norma legal. El literal (e) de la norma acusada hace referencia, como hecho generador de la tasa en cuestión, a ‘los demás hechos que se presenten en desarrollo de los objetivos del Invima’. En el presente caso la indeterminación del texto es evidente. Pero, además, no se advierte que, leído en contexto tal vaguedad y ambigüedad pueda ser superada.

 

COMUNICADO 9

C-168/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

BIENES EXENTOS CON DERECHO A DEVOLUCION BIMESTRAL DEL IVA (LITERAL G DEL ARTICULO 481 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, MODIFICADO POR ARTÍCULO 55 DE LA LEY 1607 DE 2012)

19-03-14

 

EXEQUIBILIDAD del aparte normativo contenido en el artículo 55 de la ley 1607 de 2012, según el cual “que una vez entrado en operación el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y utilicen involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores”, en relación con el cargo por la afectación del principio de igualdad.

 

La medida legislativa cuestionada no establece un trato diferenciado entre dos sujetos que se encuentren en una situación semejante o equiparable, sino que por el contrario, a la luz la necesidad de garantizar una respuesta oportuna a los requerimientos de devolución, y a la de evitar que ésta sea utilizada como un mecanismo de fraude, existe una diferencia fáctica relevante entre los productores de los alimentos exentos de la cadena familiar, y los demás agentes económicos que suministran los otros bienes y servicios exentos que tienen derecho a la devolución semestral, y en atención a dicha diferencia, se estableció el requisito de la implementación de la facturación electrónica únicamente en relación con los primeros, y no en relación con los segundos. Es decir, las diferencias empíricas constitucionalmente relevantes a la luz de los objetivos del sistema de devoluciones, justifican plenamente la diferenciación normativa que el peticionario cuestiona. Adicionalmente, la Corte señaló que la prioridad de la producción de alimentos, del desarrollo agropecuario y del acceso a los bienes de primera necesidad no deben ser entendidos como la exigencia de imponer un sistema de privilegios que se extienda indiscriminadamente en todo el derecho positivo. El texto constitucional establece un deber de resultado, pero dejando a salvo la libertad del legislador y del ejecutivo para establecer los modelos específicos de protección y para definir e implementar las políticas públicas encaminadas a asegurar esta salvaguardia para dichos sectores económicos.

 

COMUNICADO 9

C-169/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

ARANCEL JUDICIAL (LEY 1653 DE 2013)

19-03-14

 

INEXEQUIBLE la Ley 1653 de 2013

 

 

 

La Corte Constitucional concluyó que los elementos estructurales del arancel, contenidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013 vulneraban los principios de equidad, progresividad, justicia y excepcionalidad de las contribuciones parafiscales, así como los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso. Adicionalmente, la Sala Plena encontró otras razones para sostener que el artículo 5 incisos 5 y parágrafo 1  desconocían preceptos constitucionales. Por una parte, indicó que el artículo 5 inciso 5 violaba el principio de excepcionalidad de las contribuciones parafiscales (CP art. 150 num. 12), y que el artículo 5 parágrafo 1  infringía el derecho a la estricta legalidad de las sanciones (CP art. 29). La inconstitucionalidad de los elementos estructurales de la Ley 1653 de 2013, por ser indispensables para el entendimiento y sentido del resto de disposiciones de la misma, conduce consecuencialmente a la inconstitucionalidad de toda la ley. Como ha establecido la jurisprudencia, una Ley cuyos elementos estructurales resultan manifiestamente contrarios a la Constitución, debe ser expulsada en su totalidad del ordenamiento, cuando estos últimos son declarados inexequibles.

 

COMUNICADO 9

C-170/14

ALBERTO ROJAS RIOS

VINCULACIÓN DE TERCEROS LLAMADOS EN GARANTÍA A LOS EFECTOS DE UN LAUDO ARBITRAL. (PARAGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 37  DE LA LEY 1563 DE 2012)

19-03-14

 

EXEQUIBLE, únicamente por el cargo estudiado en esta sentencia, el parágrafo 1º del artículo 37 de la ley 1563 de 2012.

 

 

A juicio de la Corte, no se vulnera el inciso último del artículo 116 de la Constitución, que consagra el principio de la voluntariedad de la jurisdicción arbitral, con el establecimiento de la consecuencia jurídica según la cual, el tercero llamado en garantía queda vinculado por los efectos del pacto arbitral por cuanto: (i) No existen razones de orden constitucional para sostener que la norma superior se refiere a la noción de partes en un sentido doctrinal distinto a aquel con que se identifican demandante y demandado en el Código General del Proceso. Por ello, en los términos del artículo 116 de la Carta. El tercero garante no es parte, sino que es vinculado por la decisión adoptada en el proceso al que fue llamado, con fundamento en que ha suscrito un contrato de garantía con una de las partes del proceso y no con fundamento en ciertas características de su participación en el proceso que lo asimilan a la calidad de parte, (ii) La proposición jurídica demandada se refiere al tercero garante que ha suscrito un contrato de garantía que contiene una cláusula compromisoria o pacto arbitral, por lo cual se entiende que al suscribirlo aceptó tácitamente que su obligación de garante podría exigirse en un proceso ante árbitros, (ii) Las norma acusada garantiza plenamente que la jurisdicción arbitral se active únicamente por la habilitación expresa de las partes, la cual se materializa en la decisión de garantizar un contrato con pacto arbitral.

 

COMUNICADO 9

C-172/14

JORGE IVAN PLACIO PALACIO

 

CONTROL DE MANERA PRIVATIVA A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA (EXPRESIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 6 DE LA LEY 1340 DE 2009

 

19-03-14

 

EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones “cualquiera sea la actividad o sector económico” y ”en forma privativa” contenidas en los artículos 2 y 6, respectivamente, de la Ley 1340 de 2009.

 

A juicio de la Corte, el Congreso, en desarrollo de su potestad de configuración, podía asignar a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de control dirigida a la protección de la libre competencia, incluidos los servicios públicos domiciliarios, aunque en este caso, la vigilancia y el control debe tener un enfoque que tenga en cuenta la naturaleza especial de estas actividades, su esencialidad, su continuidad y la igualdad real de acceso de todos a su prestación, dentro de un Estado Social de Derecho.

 

COMUNICADO 9

C-173/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

EXCLUSIÓN DE ZONAS DE ACTIVIDADES MINERAS (ARTICULOS 2 Y 3 DEL DECRETO 934 DE 2013)

19-03-14

INHIBIDA, por falta de competencia, para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2º del Decreto 934 de 2013 ”por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001”.

 

 

La Corte constató que carece de competencia para adoptar una decisión de fondo respecto de la constitucionalidad de la disposición acusada, toda vez que el artículo demandado hace parte de un decreto que tiene como propósito reglamentar el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, razón por la cual tal disposición no se encuentra comprendida en ninguna de las competencias atípicas enunciadas en la sentencia C-400/13. De conformidad con el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución, el control de esta norma es de competencia del Consejo
de Estado.

 

COMUNICADO 9

C-177/14

NILSON PINILLA PINILLA

DISPOSICIONES ACERCA DE LA ENTREVISTA FORENSE REALIZADA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES (ARTICULOS 1, 2 Y 3 DE LA LEY 1652 DE 2013)

26-03-14

EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 1652 de 2013 mediante el cual se adicionó un parágrafo al artículo 275 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.

 

 

EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 1652 de 2013 que adicionó el artículo 206A de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.

 

EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 1652 de 2013, mediante el cual se adicionó el literal e) al artículo 438 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.

 

 

 

La Corte concluyó que la entrevista forense a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales no desconoce los derechos a la igualdad, debido proceso, defensa, contradicción, ni el acceso efectivo a la administración de justicia, en aplicación del interés superior del menor y del principio pro infans. De otra parte, la Corte precisó que las entrevistas, interrogatorios o contrainterrogatorios que se efectúen a un menor de edad, particularmente cuando sea víctima de un delito sexual, atendiendo su corta edad, deben ser realizadas por personal de especialistas de la ciencia del comportamiento humano, psicólogos, profesionales en desarrollo familiar, trabajadores sociales y en profesiones afines, quienes deben evaluarlo en un ambiente relajado, informal, que comprenda incluso, actividades lúdicas apropiadas para la edad del menor, generando confianza para que se exprese con espontaneidad y naturalidad, sin presiones que lleven consigo revictimización del afectado. Por último, la Corte estableció que la entrevista forense como prueba de referencia, cuando el declarante sea un menor de edad víctima de un execrable comportamiento relacionado con un delito sexual, tampoco desconoce los derechos de defensa, contradicción ni el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual puede emplearse para impugnar la credibilidad del testigo o perito y las declaraciones que no constituyan prueba de referencia (art. 440, Ley 906 de 2004).  De ese modo, al igual que se concluyó en el caso de la entrevista forense a los menores de edad víctima de esos delitos, que el legislador otorgue prevalencia a los intereses del menor de edad frente a otros valores o principios de raigambre constitucional, no constituye una afrenta a la Constitución, sino la materialización de un deber del Estado.

 

COMUNICADO 10

 

C-178/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

FUNCIONES JURISDICCIONALES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR (LITERAL B DEL ARTICULO 24 DE LA LEY 1564 DE 2012- CODIGO GENERAL DEL PROCESO)

26-03-14

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-436 de 2013, en relación con el cargo por violación al derecho fundamental al debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.

 

 

La Corte constató que mediante la sentencia C-436/13, ya se pronunció acerca de la constitucionalidad de la norma demandada en esta oportunidad frente a los mismos cargos formulados, de manera que no procedía un nuevo pronunciamiento sino que había de limitarse a estar a lo resuelto en la citada providencia.

 

COMUNICADO 10

 

C-179/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

AREA METROPOLITANA PARA BOGOTA DISTRITO CAPITAL Y MUNICIPIOS COLINDANTES DE CUNDINAMARCA (PARÁGRAFO ARTÍCULO 1 Y ARTÍCULO 39 DE LA LEY 1625 DE 2013)

26-03-14

 

EXEQUIBLES el parágrafo del artículo 1º y el artículo 39 de la Ley 1625 de 2013, por los cargos analizados en esta sentencia.

La Corte determinó que no existe omisión legislativa relativa en las normas acusadas, en razón a que no se cumple con ninguno de los requisitos para la configuración de tal fenómeno jurídico. Lo anterior, como consecuencia de la condición especial y diferencial del Distrito Capital con relación a los demás entes territoriales que exige que se expidan leyes especiales que determinen un régimen diferencial para la Capital y municipios circunvecinos, lo cual se encuentra consagrado en la misma Constitución como un mandato en sus artículos 322 a 327 de la Carta y no implica la vulneración del principio y derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior. Igualmente, por cuanto en la Ley 1625 de 2013 no se excluye al Distrito Capital de conformar un Área Metropolitana, sino que lo que hizo, en concordancia con los artículos 13, 322, 325 y 326 de la Constitución Política, así como la disposición contenida en el parágrafo del artículo 1º y el artículo 39 de la Ley 1625 de 2013, fue señalar que para el caso particular de Bogotá D.C. y los municipios circunvecinos se debe crear una ley especial para regular un Área Metropolitana por tener un régimen especial, esto es, porque se evidencia una clara diferencia en comparación con las demás entidades territoriales por tener una condición especial y extraordinaria, lo que hace necesario, desde el punto de vista constitucional, crear un ordenamiento jurídico especial para la conformación de Área Metropolitanas para Bogotá D.C. y los municipios colindantes de Cundinamarca.

 

COMUNICADO 10

 

C-180/14

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS (EXPRESIONES DEL INCISO 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 23 E INCISO 2  DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 1592 DE 2012 QUE MODIFICA LA LEY 975 DE 2005- LEY DE JUSTICIA Y PAZ)

27-03-14

 

INEXEQUIBLES las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.

 

 

La Corte Constitucional concluyó que en el contexto colombiano el derecho de las víctimas de acceso a la administración de justicia, y especialmente a un recurso judicial efectivo, se vincula constitucionalmente a la posibilidad de que mediante una decisión del juez penal de conocimiento se dispongan las medidas de reparación integral que demanda, y en este orden resultan inconstitucionales las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto y el apartado normativo “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012. De igual manera, el tribunal consideró que estas disposiciones debían integrarse normativamente con el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.  A juicio de la Corte, las citadas disposiciones son inconstitucionales, como quiera que impiden al Tribunal de Justicia y Paz adoptar las medidas de reparación relativas a la rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de las víctimas, lo cual desconoce que en virtud del artículo 2 de la Constitución Política, corresponde a las autoridades garantizar la efectividad de los derechos de las víctimas y en coherencia con ello y por mandato de los numerales 6 y 7 del artículo 250 de la Constitución Política, compete al juez penal de conocimiento adoptar de manera concreta las medidas de reparación integral dentro del respectivo proceso.

 

 

COMUNICADO 10

 

C-225/14

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTARIA ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (LEY 1666 DE 2013)

02-04-14

 

 

EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001.

 

EXEQUIBLE la Ley 1666 de 2013.

 

La Corte encontró que el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria, se orienta al logro de un objetivo que resulta compatible con la Constitución, como lo es prevenir y combatir dentro de sus respectivas jurisdicciones la evasión y la elusión fiscal. Este objetivo, contribuye al fortalecimiento de las arcas del Estado, a la eficiencia del sistema tributario y a la realización del deber de contribuir dentro de los conceptos justicia y equidad, en los términos previstos en los artículos 95.9 y 189.20 del Texto Superior. En lo referente al intercambio de información y a las formas previstas para tal efecto (información general, espontánea y específica), la Corte encontró que el Acuerdo es respetuoso de los derechos a la intimidad y al hábeas data, en un contexto acorde con el ejercicio de las facultades de fiscalización y vigilancia a cargo de las autoridades competentes en materia tributaria. Por lo demás, también observó que el Acuerdo preserva la soberanía nacional (CP art. 9), en tanto somete el cumplimiento de su objeto a la observancia plena de las reglas del derecho interno del Estado requerido. La Corporación igualmente advirtió que el Acuerdo desarrolla los principios de reciprocidad y de conveniencia nacional consagrados en el artículo 226 de la Carta, no sólo en la delimitación de los tributos comprendidos en el convenio, sino también en las acciones previstas para asegurar su cumplimiento. Por último, la revisión de las distintas cláusulas acordadas por los Estados, le permitió a la Corte establecer su compatibilidad con los mandatos de la Constitución Política e, incluso, en algunos casos puntuales, con las reglas y principios del derecho internacional aceptados por Colombia, como ocurre, por ejemplo, con las normas referentes a su entrada en vigor.

COMUNICADO 11

 

C-226/14

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

AREA METROPOLITANA PARA BOGOTA DISTRITO CAPITAL Y MUNICIPIOS COLINDANTES DE CUNDINAMARCA (PARÁGRAFO ARTÍCULO 1 Y ARTÍCULO 39 DE LA LEY 1625 DE 2013)

02-04-14

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-179 de 2014, en la que se declararon EXEQUIBLES el parágrafo del artículo 1º y el artículo de la Ley 1625 de 2013

 

 

Existencia de cosa juzgada constitucional respecto de la constitucionalidad del establecimiento de un régimen especial para conformar un área metropolitana entre Bogotá y los municipios colindantes.

 

COMUNICADO 11

 

C-227/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

REGULACION DE VISITAS EN CENTROS DE RECLUSION (ARTICULO 112 DE LA LEY 65 DE 1993- CODIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO)

03-04-14

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de la expresión “definitivamente” del artículo 112 de la Ley 65 de 1993, por carencia actual de objeto.

 

La Corte encontró que la norma acusada fue modificada por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014. En particular, el inciso noveno de esta disposición establece una nueva regulación de las sanciones que pueden imponerse a los visitantes de los centros de reclusión que son sorprendidos portando objetos prohibidos como “armas de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas o sumas de dinero”. En esos casos, de acuerdo con la nueva normativa y sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes, la sanción consistirá en la prohibición de ingreso al centro de reclusión por un período de hasta un año, dependiendo de la gravedad de la conducta. Al comparar el texto anterior con el de la disposición que se acusa parcialmente, se constata que el contenido normativo del inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1709 de 2014 trae una regulación integral que deroga en forma orgánica el antiguo inciso quinto del artículo 112 de la Ley 65 de 1993. En esencia, los dos incisos se ocupan de los mismos aspectos, que se regulan de manera diferente en cuanto a la definición de los elementos prohibidos, los verbos rectores de las conductas que se prohíben, límite temporal y ámbito donde se comete la infracción. Como consecuencia de la derogación de la norma acusada, por causa la regulación integral de la misma sanción disciplinaria, el inciso quinto del artículo 112 del cual hace parte la expresión demandada ha perdido vigencia, de modo que no existe hoy, la norma sobre la cual la Corte pueda proferir un fallo de fondo.

COMUNICADO 11

 

C-233/14

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY CONSUELO DEVIS SAAVEDRA, MEDIANTE LA CUAL SE REGULAN LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES TERMINALES, CRONICAS, DEGENERATIVAS E IRREVERSIBLES EN CUALQUIER FASE DE LA ENFERMEDAD DE ALTO IMPACTO DE LA CALIDAD DE VIDA.

09-04-14

 

INFUNDADAS las objeciones gubernamentales analizadas.

 

EXEQUIBLE el Proyecto de Ley No. 138 de 2010 Senado, 290 de 2011 Cámara, “Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida”.

 

En cuanto al artículo 1 y al numeral 4) del artículo 5 del proyecto de ley objetado, la Corporación determinó que la suscripción del documento de Voluntad Anticipada tampoco es un contenido normativo de naturaleza estatutaria. Precisó que esta manifestación de voluntad implica la renuncia a tratamientos innecesarios, es decir, a aquellos tratamientos que se aprecian como inútiles y por consiguiente, desproporcionados en la fase terminal de una enfermedad crónica degenerativa e irreversible. Dichos tratamientos serán aquellos que, sin importar las consecuencias para el paciente o para la familia, busquen curar a extender su vida aún en las condiciones antes descritas (fase terminal de una enfermedad degenerativa, irreversible e incurable) razón por la cual, su realización configura casos del llamado ensañamiento terapéutico. La Corte Constitucional precisó que al renunciar a estos tratamientos por medio del documento de Voluntad Anticipada no se está renunciando a la posibilidad de curarse, como quiera que se está en estado terminal, y por tanto, no se está decidiendo acerca de si continúa enfermo o no, ni de forma mediata, sobre si se mantiene con vida o no. En consecuencia, la suscripción de ese documento no afecta ningún contenido esencial del derecho a la vida, ni a la salud del paciente. En el mismo sentido, mediante dicho documento, tampoco se está induciendo la muerte, ni se está poniendo fin a la existencia humana y por ende, no se esta autorizando ningún procedimiento de naturaleza eutanásica.

 

COMUNICADO 12

 

C-234/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

INTEGRANTES DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE VOLUNTARIOS DE PRIMERA RESPUESTA - ESTÍMULOS A VOLUNTARIOS DE LA DEFENSA CIVIL, CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA Y CRUZ ROJA COLOMBIANA (ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1505 DE 2012)

09-04-14

EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 1505 de 2012, por los cargos estudiados en la presente providencia.

 

El Tribunal encontró que en la adopción del artículo 3 de la Ley 1505 de 2012, no se configuró omisión legislativa relativa alguna, por cuanto no establece una enumeración taxativa de los integrantes del mencionado Subsistema, en la medida en que prevé un trámite para la inclusión de nuevas entidades, al cual pueden acudir las organizaciones que no fueron expresamente incluidas en la Ley 1505 de 2012, tal y como lo prescribe el literal d) de la misma disposición acusada. Por tal motivo, no se cumplen los demás requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que prospere un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, de modo, que la Corte procedió a declarar la exequibilidad del artículo demandado.

 

COMUNICADO 12

 

C-235/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EXPRESIÓN DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012

09-04-14

EXEQUIBLE por el cargo analizado, la expresión demandada del inciso segundo del artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012.

 

La Corporación consideró que la facultad de reformar, establecida expresamente en el texto del artículo 75, inciso primero del parágrafo 1º de la Ley 1474 de 2011, le permitía al Presidente de la República adoptar la medida de renovar en las cámaras de comercio, los registros de personas jurídicas sin ánimo de lucro. Para la Corte, el alcance de la prerrogativa conferida al legislador delegado, implica también atender las finalidades de la autorización para expedir normas con fuerza de ley. En este caso, la Corporación estimó que revisados los móviles que inspiraron la expedición de la Ley 1474 de 2011, ocupa un lugar importante el de lograr la “efectividad del control de la gestión pública” lo cual se materializa con medidas que tiendan a lograr eficiencia y transparencia en aras de un mejor servicio al ciudadano. Tal acontece con la renovación y consecuente actualización de la información de personas jurídicas cuyo actuar en el contexto social, no solo tiene incidencia económica y social, sino que puede comprometer derechos tan importantes para los asociados y particularmente para terceros como lo son, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad entre otros. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional estimó que la medida adoptada por el legislador delegado, contribuye a realizar el derecho a la información con todas las consecuencias deseables que ello comporta. Por estas razones, el cargo de inconstitucionalidad no estaba llamado a prosperar.

 

COMUNICADO 12

 

C-236/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

FACULTADES DEL VENDEDOR Y DEL COMPRADOR FRENTE A LA RESCISIÓN DE LA COMPRAVENTA POR CAUSA DE LESION ENORME EN EL PRECIO, SEGÚN SEA EL LESIONADO EL VENDEDOR O EL COMPRADOR (ARTÍCULO 1948 DEL CÓDIGO CIVIL)

09-04-14

EXEQUIBLES, por los cargos examinados en esta sentencia, las expresiones “deducción de una décima parte” y “aumentado en una décima parte” contenidas en el artículo 1948 del Código Civil.

 

La Corte concluyó que la desigualdad que acusan los demandantes no existe y la autonomía o libertad contractual en que se funda el beneficio finalmente obtenido por la parte no lesionada tiene protección constitucional, en la medida en que el contratante no lesionado, sea el vendedor o el comprador recibe siempre un beneficio y como contrapartida del mismo, se percibe una afectación del patrimonio del lesionado, beneficio y afectación que, superada la lesión, no traspasan los límites de lo razonable y evidencian que el artículo 1948 del Código Civil no busca la mera reciprocidad entre las obligaciones contraídas, sino reprochar la excesiva desproporción definida en esta norma. Superado así el desequilibrio patente en la negociación original, el beneficio que conserva no implica el desconocimiento del derecho a la igualdad que, por lo demás no es matemática y queda protegida por la figura de la lesión enorme que opera en sí misma a favor de la igualdad y comporta la aplicación de fórmulas de compensación para tornar razonable, justificado y equitativo el pacto inicial privado de estas características.

 

 

COMUNICADO 12

 

C-237/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES  (ARTICULO 1 DE LA LEY 1258 DE 2008)

09-04-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-090 de 2014, con relación al cargo por violación de los derechos laborales y los principios constitucionales aplicables al trabajo, contra al artículo 1º, parcial de la Ley 1258 de 2008.

 

EXEQUIBLE la expresión “laborales” de la Ley 1258 de 2008, por el cargo de igualdad analizado en la presente sentencia.

 

La Sala Plena decidió estarse a lo resuelto con respecto al primer cargo, en sentencia C-090/14. Sobre el segundo cargo analizado, la Corte observó que la evaluación de los regímenes de protección a los derechos de los trabajadores debe hacerse de forma completa y no parcial, tal como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional. Las cargas iguales en ciertos aspectos del régimen legal de protección de una obligación, como ocurre en el caso de la presente norma, pueden estar debidamente compensadas con otros aspectos del régimen. En este caso, el cargo presentado por la demanda cuestiona el trato igual de las obligaciones laborales al resto de las obligaciones en un determinado aspecto, pero no demuestra que el régimen de protección de las obligaciones laborales, considerado en su conjunto, sea igual al del resto de las obligaciones. Adicionalmente, si se analiza individualmente la disposición, se concluye que la norma en cuestión no es arbitraria. No adopta una medida absurda o que carezca de razones que la sustenten. No desprotege los derechos laborales, en especial, frente a los casos de fraude. A juicio de la Corte, la medida busca una finalidad importante constitucionalmente (propiciar la inversión y la prosperidad general), por un medio no prohibido y que es conducente para alcanzar los propósitos buscados (establecer que, salvo casos de fraude, la responsabilidad de los accionistas llega hasta el monto de sus aportes).

 

COMUNICADO 12

 

C-238/14

 

NILSON PINILLA PINILLA

 

ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA INDIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEY 1668 DE 2013)

09-04-14

 

EXEQUIBLES el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Nueva Delhi el 13 de mayo de 2011.

 

EXEQUIBLE la Ley 1668 de julio 16 de 2013, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su Protocolo”, suscritos en Nueva Delhi el 13 de mayo de 2011.

 

 

La Corte constató que el Acuerdo se ajusta en todo a los preceptos constitucionales. De una parte, se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno; y de otra, los objetivos y el contenido del Acuerdo sometido a control constitucional, que busca facilitar a los ciudadanos y empresas de los países signatarios los instrumentos que les permiten no ser sujetos de doble imposición tributaria por parte de ambos Estados, se enmarca sin dificultad en el contenido de los preceptos constitucionales aplicables, en particular, dentro de los objetivos que la Carta Política le asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripción de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (arts. 9º, 150.16, 189.2, 224 y 226 de la C.Po.). En relación con el objetivo principal del Acuerdo, la Corte precisó que no resulta contrario a ninguna de las disposiciones constitucionales relevantes en relación con el tema tributario, en especial, los artículos 338, 345 y 363 de la Constitución. Para el Tribunal, es claro que las disposiciones de este Acuerdo no entrañan en manera alguna la creación de nuevas obligaciones o cargas tributarias para los ciudadanos colombianos o las personas residentes en Colombia, sino por el contrario, la posibilidad de racionalizar tales cargas frente a situaciones de eventual doble imposición.

 

COMUNICADO 12

 

C-239/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

EJERCICIO ARBITRARIO DE LA CUSTODIA DE HIJO MENOR DE EDAD (ARTÍCULO 7 DE LA LEY 890 DE 2004 QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 230A AL CODIGO PENAL)

09-04-14

EXEQUIBLE el artículo 7º de la Ley 890 de 2004, que adiciona el artículo 230A al Código Penal, por el cargo analizado.

 

La corte concluyó que el artículo 7º de la Ley 890 de 2004 no desconoce la igualdad de trato y el derecho fundamental del niño a la unidad familiar, por la circunstancia de no penalizar la misma conducta del padre que tiene la custodia y cuidado personal del menor con el propósito de privar al otro padre del derecho de visitas, porque ambas situaciones de hecho no son equiparables y porque la decisión sobre la custodia se toma a partir de considerar el interés superior del niño.

 

COMUNICADO 12

 

C-240/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

NO APLICACIÓN A LOS CONGRESISTAS DE LA LIMITACIÓN DE UN BENEFICIO PENAL ( PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1453 DE 2011 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 301 DE LA LEY 906 DE 2004- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)

09-04-14

EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, mediante el cual fue modificado el artículo 301 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte reiteró que los procesos adelantados contra los altos dignatarios del Estado investidos de fuero constitucional, son especiales y no atentan contra el derecho a la igualdad. Esta precisión jurisprudencial a partir del entendimiento de los artículos 186 y 235.5 de la Constitución que asignan de manera privativa a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los delitos cometidos por los congresistas, tanto en su investigación como en su juzgamiento y la competencia para ordenar su detención. El fuero de los congresistas tiene, pues, una clara e indiscutible estirpe constitucional, que busca preservar la autonomía y la independencia de los funcionarios amparados por el mismo, de tal suerte que los procesos especiales que contra ellos se adelanten pueden apartarse de los procedimientos ordinarios, con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique discriminación alguna. Advirtió, que la situación de los senadores y los representantes a la Cámara no es equiparable a la de ningún otro servidor público ni a la de un procesado común. Por consiguiente, en el caso bajo examen, el juicio integrado de igualdad no supera la primera etapa de análisis, pues no se pudo establecer que los supuestos de hecho son susceptibles de compararse ya que se compara sujetos de la misma naturaleza.

 

COMUNICADO 12

 

C-241/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

REGULACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SECTOR SALUD CESANTES POR CAUSA DE PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN (EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 3 Y 4 INCISOS PRIMERO Y TERCERO DEL DECRETO 1399 DE 1990)

09-04-14

EXEQUIBLES los artículos 3 (parcial) y 4, incisos primero y tercero del Decreto Ley 1399 de 1990 “Por el cual se regula la nueva vinculación laboral de empleados oficiales y trabajadores del sector salud en los casos de los artículos 16 y 22 de la Ley 10 de 1990”, por el cargo examinado en esta demanda.

 

La Corte encontró que el trato legal divergente otorgado al grupo de empleados públicos del Decreto 1399 de 1990 se justifica en (i) la protección especial que el legislador quiso otorgar al derecho al trabajo de los empleados públicos y trabajadores oficiales que quedaren cesantes por motivo de la supresión, liquidación o cambio de adscripción a otro nivel administrativo, en virtud de la cesión de que trata el artículo 16 de la Ley 10 de 1990 –no puedan continuar realizando el objeto para el cual fueron creadas y organizadas-; (ii) la temporalidad de sus efectos, pues los beneficios están atados a la duración del contrato o a la finalización del vínculo en la entidad receptora, (iii) sobre el origen del vínculo laboral con la entidad receptora. Es decir, se excluye cualquier otro tipo de servidor para ser acogido con dichos beneficios, por cuanto tal protección se concedió únicamente a los contratos vigentes durante el proceso de liquidación, supresión o cesión del sector salud en los términos de la Ley 10 de 1990. Determinación que además fue orientada por la misma ley habilitante (art. 17, Ley 10/90) y que se justifica en la protección temporal y especial al derecho al trabajo  que el legislador quiso prever para aquellos servidores. Los grupos confrontados, a pesar de encontrarse dentro de la categoría de empleados de carrera o trabajadores oficiales según el caso, se distinguen de sus homólogos en la entidad receptora por el origen de su vínculo, pues estos últimos se incorporaron a la nómina de la cesionaria bajo determinadas condiciones, sin que el contrato fuera alterado a través del proceso de liquidación, supresión o cesión.

 

COMUNICADO 12

 

C-255/14

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS- INCIDENTE DE IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS A LAS VICTIMAS-VIGENCIA Y DEROGATORIA (ARTÍCULOS 23, 40 Y 41 DE LA LEY 1592 DE 2012)

23-04-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-180 de 2014, que declaró INEXEQUIBLES las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas” del artículo 23, inciso cuarto de la Ley 1592 de 2012 y “y Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23 y el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el artículos 40 y las expresiones demandadas del artículo 41 de la Ley 1592 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda..

 

Cosa juzgada material en relación con la sentencia C-180/2014, en la cual se declaró la inexequibilidad parcial de los incisos cuarto y quinto del artículo 23 y el inciso segundo del artículo 24 de la ley 1592 de 2012. El Tribunal Constitucional estableció que no se aportaron los elementos de juicio ni las razones por las cuales las víctimas de los procesos de Justicia y Paz y las que se encuentran en el régimen de reparación de la Ley 1448 de 2011 deban tener un régimen diferente para la obtención de la respectiva reparación o desvirtuar la validez de la medida adoptada por el legislador en cuanto al régimen procedimental aplicable. La ausencia del concepto de violación cierto, específico y suficiente impidió a la Corte entrar a realizar un examen de fondo y proferir un fallo de mérito respecto de los cargos de inconstitucionalidad formulados, por desconocimiento del derecho a la reparación integral, acceso a la justicia e igualdad.

COMUNICADO 13

 

C-256/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA QUE DEROGA LA LEY 1157 DE 2007 POR EL CUAL DESARROLLA EL ARTÍCULO 227 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON RELACION A LA ELECCCIÓN DIRECTA DE PARLAMENTARIOS ANDINOS

 

EXEQUIBLE el Proyecto de Ley estatutaria No. 141 de 2013 senado, 146 de 2013 Cámara “Por el cual se deroga la Ley 1157 de 2007 por la cual (sic) se desarrolla el artículo 227 de la Constitución Política con relación a la elección directa de Parlamentarios Andinos”.

 

La Corporación encontró que se cumplieron con los requisitos de las leyes estatutarias. Consideró que el Proyecto de Ley Estatutaria no desconoce la Constitución, y por el contrario, es un esquema de elección válido escogido por el legislador dentro de su amplio margen de configuración. La opción escogida no vulnera los contenidos mínimos adscribirles al derecho a elegir y ser elegido, porque asegura la representación efectiva del pueblo colombiano. En efecto, los miembros del Congreso han sido elegidos a través de sufragio universal y directo, y en consecuencia, ostentan un carácter representativo en el marco de la democracia. De igual manera, el proyecto no transgrede el bloque de constitucionalidad y se encuentra acorde con el derecho comunitario andino, respetando las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Contiene además una medida proporcionada  y no regresiva en términos del derecho a elegir y ser elegido. En cuanto a la entrada en vigencia del Proyecto de “Ley Estatutaria No. 141 de 2013 Senado, 146 de 2013 Cámara”, la Corporación declaró exequible el artículo 3 del Proyecto que dispone que la presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, como la Ley 1157 de 2007, que establece la elección directa y universal de los Parlamentarios Andinos. No obstante, el voto, como mecanismo democrático por excelencia, representa la voluntad del pueblo, y es por ello, que una vez éste se ha manifestado en las urnas, su decisión debe ser respetada, de conformidad con las reglas vigentes al momento en que ésta se produjo

 

COMUNICADO 13

 

C-257/14

 

NILSON PINILLA PINILLA

 

ARANCEL JUDICIAL (LEY 1653 DE 2012)

23-04-14

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-169 de 2014, que declaró INEXEQUIBLE la Ley 1653 de 2013, “Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”.

 

 

Cosa juzgada sobre la inexequibilidad de la Ley 1653 de 2012, en sentencia C-169/14

COMUNICADO 13

 

C-258/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA REPÚBLICA DE CHILE, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ (LEY 1628 DE 2013)

23-04-14

 

INEXEQUIBLE la Ley 1628 del 22 de mayo de 2013 ”por medio de la cual se aprueban el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú”, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012”.

 

 

INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú”, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012.

 

La Corporación constató que el texto auténtico del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico se compone de 17 artículos. Sin embargo, el trámite legislativo se basó en una publicación incompleta del Instrumento, en la que solo aparecen 15 artículos y el numeral 1º del artículo 16, pero hacen falta los incisos 2º y 3º del artículo 16, el artículo 17 y las firmas de los Jefes de Estado correspondientes. También comprobó la Sala que el texto del Acuerdo fue publicado de esa manera desde el inicio del trámite en el Congreso de la República, en la Gaceta del Congreso 625 de 2012, al parecer por un error involuntario, y en ninguna etapa del procedimiento legislativo se corrigió esa irregularidad, de manera que incluso en la publicación de la Ley 1628 de 2013, en el Diario Oficial 48.798 de 23 de mayo de 2013, se presenta una versión incompleta del Acuerdo. Siguiendo el precedente establecido en la sentencia C-255/96, en la que se constató la existencia de un vicio prácticamente idéntico en el trámite de aprobación de la “Convención de Viena sobre El Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986”, la Corporación consideró que esa situación representa un vicio de procedimiento, relacionado con el principio de publicidad en el trámite legislativo.

 

 

COMUNICADO 13

 

C-259/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

ESTATUTO Y REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL (INTERPOL) Y EL ACUERDO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PARA LAS REUNIONES ESTATUTARIAS ENTRE COLOMBIA Y LA INTERPOL (LEY 1670 DE 2013)

23-04-14

 

EXEQUIBLES el Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y el “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

 

EXEQUIBLE la Ley 1670 del 16 de julio de 2013.

 

 

La Corte Constitucional concluyó que se cumplió en debida forma con los requisitos constitucionales y orgánicos exigidos para la aprobación de las leyes ordinarias. Así mismo, el Estado fue adecuadamente representado en la suscripción de los instrumentos internacionales objeto de examen, como también sus estipulaciones son compatibles con la Carta Política, particularmente con los principios que orientan las relaciones internacionales del Estado colombiano, en este caso, en cuanto atañe a la cooperación internacional en materia de investigación y sanción de los delitos.

 

COMUNICADO 13

 

C-260/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COREA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO DE LA RENTA” Y SU PROTOCOLO (LEY 1667 DE 2013)

23-04-14

 

EXEQUIBILIDAD del “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto de la renta y su Protocolo”

 

La Corte constató que se cumplieron cabalmente las etapas, procedimiento y requisitos previstos en la Constitución y el Reglamento del Congreso para toda ley ordinaria. En cuanto al contenido del Convenio aprobado por medio de la citada ley, la Corporación tampoco encontró reparo alguno de constitucionalidad. Sus estipulaciones orientadas evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto de renta en Corea y Colombia, resultan acordes con los objetivos consagrados en el artículo 226 de la Constitución que ordena la promoción de la internacionalización de las relaciones económicas, dentro de un marco delimitado por los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. El Convenio examinado incide positivamente en la justicia y equidad del sistema tributario, a la vez que desarrolla los mandatos de los artículos 95.3 y 363 de la Carta Política colombiana, como quiera que entraña obligaciones recíprocas, frente a cualquier potencial deficiencia en el recaudo fiscal en Colombia, se presentaría el mismo fenómeno para el socio comercial. En materia de cooperación administrativa, la reciprocidad se produce porque todas las cláusulas del Convenio son sinalagmáticas.

 

COMUNICADO 13

 

C-263/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

NORMAS PARA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN LEGAL-REPRESENTACIÓN DE DISCAPACITADOS EN ACCIONES POPULARES Y DE TUTELA (ARTÍCULO 14 PARCIAL DE LA LEY 1306 DE 2009)

29-04-14

 

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el aparte normativo acusado del artículo 14 de la Ley 1306 de 2009, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

La Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad, carecían de certeza y pertinencia, toda vez que parten de una interpretación del dictamen pericial ordenado en el artículo 14 de la Ley 1306 de 2009, como si se tratara de un requisito previo a la instauración de la acción de tutela por las personas en condición de discapacidad, así como, de una prueba única, interpretación que no corresponde al contenido normativo impugnado. Por consiguiente, dicha interpretación no podía servir de sustento a la presunta vulneración de los derechos de acceder a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, ni la alegada afectación de la acción de tutela, como quiera que no es posible hacer la confrontación propuesta entre los preceptos constitucionales invocados y una norma legal que no se deriva de la preceptiva acusada. En consecuencia, lo que procedía era la inhibición para proferir un fallo de fondo. 

 

COMUNICADO 14

 

C-264/14

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

 

NORMAS QUE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 63, 70 Y 72 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA EN LO RELATIVO A PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-CRITERIOS APLICABLES (NUMERALES 1, 2 E INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1675 DE 2013)

29-04-14

 

INEXEQUIBLES los numerales 1 y 2 del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013.

 

EXEQUIBLE el criterio de repetición contenido en el inciso cuarto del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013.

 

La Corte estima que para hacer compatible la voluntad del legislador materializada en la Ley 1675 de 2013 con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, los numerales 1 y 2 de su artículo 3º deben ser declarados inexequibles, permitiendo con ello que el Consejo Nacional de Patrimonio cultural decida que bienes de un hallazgo son considerados patrimonio cultural sumergido, sin más condicionamientos que los impuestos por los criterios de representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica, en los términos consignados en el artículo 3º de la Ley 1675 de 2013 y lo dispuesto en el artículo segundo de la misma norma. Respecto de la alegada vulneración del principio de progresividad contenido en el pacto de Derecho Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la exclusión que realizaban los numerales 1 y 2 del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, la Corte no entró a pronunciarse en la medida que como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad resuelta en el cargo anterior, la impugnación adicional que plantean los demandantes carece de sustento normativo. Resaltó el Tribunal que, bajo ninguna circunstancia el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural podrá excluir, alegando la aplicación del criterio de repetición, la totalidad de los bienes que cumplan con las características descritas en el inciso cuarto del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, pues considera la Corte que la autoridad competente tiene a su cargo determinar si debe ser reservada una muestra representativa de dichos bienes al Estado como una medida necesaria para garantizar el acceso a la cultura de la Nación. Al permitir que una muestra representativa de los bienes recuperados del fondo del mar que cumplan con el criterio de repetición, sea guardada por el Estado y puesta a disposición de la Nación, se está cumpliendo con el mandato constitucional de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de condiciones, consignado en el artículo 70 Superior. Igualmente, concluyó la Corte que cuando se trate de un hallazgo en el cual se encuentren bienes seriados, un número múltiple de lingotes, monedas, piezas de oro y/o plata, o piedras preciosas en bruto, el Consejo deberá complementar la aplicación del criterio de repetición con el principio de unidad, que si bien no es uno de los criterios del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, se encuentra consignado en el inciso 3º del literal b del artículo 4º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008.

 

COMUNICADO 14

 

C-267/14

 

NILSON PINILLA PINILLA

 

ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUIMICAS SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ (LEY 1605 DE 2012)

30-04-14

 

EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006.

 

EXEQUIBLE la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012

 

La Corte constató que el Acuerdo internacional aprobado mediante la Ley 1605 de 2012 y la ley misma, se ajustan a la Constitución Política, tanto en sus aspectos formales por haber satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales establecidos al efecto, como en el contenido material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva constitucional, cumple el propósito perseguido, que es el reconocimiento de los privilegios e inmunidades para delegados y representantes de Estados Parte, bienes, locales y archivos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAQ, todo en cabal observancia de los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, social y económico por la República de Colombia, de conformidad con los artículos 2º, 3º, 8º, 9º, 226 y 227 de la Constitución Política. De esta forma, se desvirtúa cualquier eventual objeción a su incorporación al derecho interno y a que se formalice el compromiso de cumplimiento por el Estado colombiano.

COMUNICADO 14

 

C-269/14

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

 

TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS (PACTO DE BOGOTA) – (LEY 37 DE 1961)

02-05-14

 

EXEQUIBLE el artículo XXXI de la Ley 37 de 1961“por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”, en el entendido que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia adoptadas a propósito de controversias limítrofes, deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado en los términos del artículo 101 de la Constitución Política.

 

EXEQUIBLES los artículos II (parcial), V (parcial), XXXII a XXXVII, XXXVIII a XLIX y L de la Ley 37 de 1961 “por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”.

 

La Corporación declaró la exequibilidad del artículo XXXI de la Ley 37 de 1961, aprobatoria del Pacto de Bogotá, en cuanto reconocimiento de la instancia jurisdiccional aceptada por el Estado Colombiano desde el 14 de octubre de 1968 para la solución judicial de controversias sobre asuntos internacionales, bajo el entendimiento de que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia adoptadas en relación con las controversias limítrofes, deben ser incorporadas al orden jurídico nacional mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado, en los términos del artículo 101 de la Constitución Política. De otra parte, la Corte Constitucional determinó que el artículo XXXI del Pacto de Bogotá (i) no desconoce el artículo 59 transitorio de la Carta Política, dado que esta norma constitucional, al establecer la prohibición de control jurisdiccional de la Constitución, comprende únicamente el examen judicial que tenga la aptitud de expulsar o excluir directamente del ordenamiento jurídico normas constitucionales. (ii) No vulnera los artículos 2, 3, 79, 329 y 330 de la Constitución, dado que el reconocimiento de jurisdicción allí establecido no se opone al derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que los afectan ni al derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas. (iii) No se opone a los principios de soberanía y autodeterminación establecidos en el artículo 9º de la Carta así como tampoco a su artículo 189.6. Considerando que la asunción libre de un compromiso por parte del Estado es una de las manifestaciones más importantes de la soberanía y de la autodeterminación en la sociedad internacional, no puede afirmarse su violación cuando de manera autónoma el Estado ha dispuesto obligarse por las disposiciones de un tratado. (iv) No desconoce la obligación constitucional de desarrollar el proceso de internacionalización de las relaciones sobre bases de conveniencia. El juicio de conveniencia es un juicio débil en tanto debe respetar el margen de apreciación del que disponen las autoridades políticas para valorar la utilidad o provecho de la celebración de un tratado. En atención a ello solo cuando el instrumento que se examine es manifiestamente inconveniente podrá este Tribunal declarar su inconstitucionalidad. El establecimiento de un mecanismo heterocompositivo para resolver pacíficamente diversos tipos de controversias con otros Estados, no puede juzgarse en sí mismo inconveniente ni puede serlo por los resultados a los que conduzca. De acuerdo con ello, el reconocimiento de tal jurisdicción no se evidencia manifiestamente inútil o inconveniente y, por consiguiente, no vulnera el artículo 226 de la Carta. Respecto del artículo “L” de la Ley 37 de 1961, aprobatoria del Pacto de Bogotá, la Corte  consideró que no excluye ni impone ningún mecanismo, forma o medio para el cumplimiento de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Ello tiene como efecto que la adopción de una medida que obligara a actuar al Estado colombiano en contra de la Constitución es únicamente hipotética, y no se desprende del contenido normativo del artículo L del Pacto. Así las cosas, las consecuencias que para un Estado pueden derivarse en derecho internacional como consecuencia de no cumplir una decisión judicial, no conducen inequívocamente a un resultado contrario a la Carta, dado que las autoridades disponen de la facultad, autorización o permisión -bajo el derecho internacional- y la obligación -bajo el derecho interno- de emplear medios, mecanismos, formas o medidas para cumplir las sentencias, previstos en la Constitución Política. En consecuencia, se declaró su compatibilidad con la Constitución. Por último, la Corte Constitucional determinó que las restantes disposiciones demandadas presuponen la existencia de la cláusula de reconocimiento de su jurisdicción por los Estados partes del Pacto de Bogotá contenida en el artículo XXXI. Por ello, la decisión sobre la constitucionalidad de los artículos XXXII a XXXVII se profirió en el sentido de exequibilidad resuelto respecto del anterior artículo, sin que deba proceder condicionamiento alguno. De igual manera procedió en cuanto la obligación de hacer uso de los procedimientos establecidos en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y específicamente, del procedimiento judicial previsto en el artículo II del Pacto, y de la competencia de la Corte Internacional de Justicia para definir si la controversia ante ella planteada versa sobre un asunto de jurisdicción interna de los Estados, según se establece en el artículo V del Pacto.

COMUNICADO 15

 

C-277/14

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA AL DIRECTORIO EJECUTIVO (SÉPTIMA ENMIENDA), APROBADA POR LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. ( LEY 1631 DE 2013)

07-05-14

 

EXEQUIBLE la “Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma al Directorio Ejecutivo (Séptima Enmienda)” , aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.

 

EXEQUIBLE la Ley 1631 del 27 de mayo de 2013 por medio de la cual se aprobó la “Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo (Séptima Enmienda)” , aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.

 

 

La Corte encontró que el instrumento internacional se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional (art. 9º C.Po.), el mandato de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la Nación con otros países y a la integración económica, social y política de los países de América Latina y del Caribe (arts. 226 y 227 C.Po.). Para la Corte, no configura contradicción alguna con la Constitución Política, la propuesta de enmienda al Convenio Constitutivo del FMI que contempla la reforma a su estructura de gobierno, la democratización de la elección del Directorio Ejecutivo del Fondo, permite una mayor participación de los Estados emergentes en las decisiones y coadyuva a la internacionalización en los campos indicados.

 

COMUNICADO 16

 

C-278/14

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

 

COMPOSICIÓN DE HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL-EXTENSION A AMBOS CÓNYUGES DE LA FACULTAD DE APORTAR BIENES RAICES AL HABER RELATIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL (NUMERALES 3, 4 Y 6 DEL ARTÍCULO 1781 DEL CÓDIGO CIVIL)

07-05-14

 

EXEQUIBLE el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil, en el entendido de que tal potestad se predica de ambos contrayentes.

 

EXEQUIBLES los numerales 3º y 4º del artículo 1781 del Código Civil.

 

 

La Corporación encontró que la finalidad de la norma acusada pudo ser imperiosa cuando se expidió debido a la incapacidad jurídica y situación de sometimiento a la potestad marital en la relación conyugal. Al no poder administrar sus propios recursos o los de la sociedad conyugal y al no poder trabajar, la posibilidad de aportar bienes que pudieran ser recompensados representaba un seguro para la mujer. Hoy en día esa situación ha variado, pues no solo se reconoce la igualdad entre los cónyuges en el marco de la familia, del matrimonio y en la administración de la sociedad conyugal, sino en todos los demás aspectos económicos, sociales y laborales. La mujer ha ingresado al mercado laboral y cuenta con la posibilidad de ganar y gestionar su propio dinero. Tanto la Constitución (arts. 13, 42 y 42) como la ley (Ley 28 de 1932, Decreto Ley 2820 de 1974, entre otros) reconocen y promueven la igualdad de género, razones por las cuales no existe actualmente, un fin imperioso que haga necesaria la permanencia de ese tratamiento especial exclusivo para las mujeres. Al no superar la primera fase del juicio estricto de igualdad, la medida legal se torna desproporcionada porque no existe una finalidad que permita justificar la existencia, hoy en día, de una medida que excluye a los hombres de la posibilidad de aportar bienes raíces al haber relativo de la sociedad conyugal. No obstante, atendiendo al principio de conservación del derecho, la Corte consideró que la norma acusada podía mantenerse en el ordenamiento jurídico sujetándola a un entendimiento que la haga compatible con la Constitución, esto es, que tal facultad se extienda al hombre, de manera que ambos cónyuges tengan la posibilidad de hacer dicho aporte. En segundo lugar, la Corte determinó que el deber de recompensa al cónyuge que ha aportado a la sociedad conyugal los bienes del haber relativo descritos en los numerales 3º, 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil, comprende el valor aportado con la corrección monetaria correspondiente, la cual no pertenece a dicha sociedad. La valorización adicional del bien como resultado de las fluctuaciones económicas y del mercado pertenece a la sociedad conyugal y deberá ser divididas entre los cónyuges sin que lo anterior se configure en una violación del derecho a la propiedad privada, ya que no es el fin del matrimonio lucrarse ni enriquecerse a costa del otro. En todo caso, los cónyuges no están obligados a someter todos sus bienes al régimen de la sociedad conyugal, ya que cuentan con la posibilidad de excluirlos a través de las capitulaciones. Por último, el Tribunal estableció que el tercer cargo de inconstitucionalidad no estaba llamado a prosperar, toda vez que encontró que los numerales 3º, 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil no vulneran el derecho a la igualdad, en la medida en que el matrimonio y la unión marital de hecho son dos instituciones diferentes respecto de las cuales no existe ningún deber constitucional que exija darles el mismo tratamiento en cuanto se refiere a sus efectos patrimoniales. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que si bien la familia debe recibir la misma protección, independiente del modo como se constituya, ello no implica que el matrimonio y la unión marital de hecho deban equipararse en todos los aspectos. No se trata entonces de supuestos iguales ni de situaciones que exijan ser reguladas de la misma manera por la ley. Por consiguiente, no resulta contrario al principio de igualdad, que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho, siempre que éstas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias.

 

COMUNICADO 16

 

C-279/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

ARANCEL JUDICIAL (LEY 1653 DE 2013) Y ANEXOS DE LA DEMANDA CONTENIDA EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO (NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY 1564 DE 2012)

07-05-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-169 de 2014, en la que fue declarada la inexequibilidad de la Ley 1653 de 2013.

 

INHIBIDA para decidir sobre la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012

 

La Corte constató la existencia de cosa juzgada en relación con las normas demandadas de la Ley 1653 de 2013, toda vez que mediante sentencia C-169/14 se pronunció sobre la inconstitucionalidad de los artículos 4º a 9º de la citada ley. En relación con el artículo 84, numeral 4 de la Ley 1564 de 2012, la Corte encontró que no prevé por sí solo las consecuencias jurídicas que plantea el actor, lo que desvirtúa la suficiencia de la argumentación. En efecto, la demanda plantea que el pago del arancel judicial antes de iniciarse un proceso es necesariamente inconstitucional, posición que no ha sido asumida por este Tribunal, como intérprete auténtico de la Constitución Política. Como el demandante asume esa prohibición de forma absoluta, no cuestiona ni presenta argumentos relacionados con la proporcionalidad o razonabilidad de ese requisito de admisión de la demanda, que puedan ser analizados en sede de constitucionalidad. De igual manera, el demandante, al momento de presentar la acción, se basó en una interpretación sustentada en el artículo 6º de la Ley 1653 de 2013 que establecía la obligación de declarar la terminación del proceso ante la ausencia de pago de la contribución. Además, las consideraciones que la Corte sentó en la decisión C-169/14 sobre la potencial validez de contribuciones parafiscales previa la iniciación de un proceso judicial, generaban la necesidad de una argumentación poderosa para cuestionar, de forma independiente, el numeral 4º del artículo 84 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

COMUNICADO 16

 

C-280/14

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y PERÚ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA”, FIRMADO EN BRUSELAS, BÉLGICA, EL 26 DE JUNIO DE 2012 (DECRETO 1523 DE 2013)

08-05-14

 

INEXEQUIBILIDAD del Decreto 1513 de 2013 “por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012”.

 

INEXEQUIBILIDAD que se declara mediante esta sentencia comenzará a producir efectos seis (6) meses después, a partir de la fecha de la presente providencia.

 

La Corte determinó que es competente para resolver las pretensiones de la presente demanda en relación con la constitucionalidad del Decreto 1513 de 2013, con fundamento en el artículo 241.4 de la Carta Política. La Corte señaló que la figura de la aplicación provisional de un tratado internacional debe ser excepcional y solo respecto de tratados de naturaleza comercial y económica y que hayan sido acordados en el ámbito de una organización internacional, como lo establece el artículo 224 de la Constitución, de modo que los actos constitutivos de la referida organización prevean el acuerdo internacional como parte integral de su orden jurídico. En este caso, la Corporación encontró que, pese a que en los considerados del Decreto 1513 de 2013 se afirma que el tratado suscrito entre Colombia y la Unión Europea fue acordado en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los tratados bilaterales o plurilaterales de comercio no hacen parte del orden jurídico de la referida organización y aunque están permitidos a la luz del Acuerdo de Marrakech, constituyen una excepción a los principios generales que rigen el comercio mundial relacionados con la igualdad y la no discriminación, la obligación de trato nacional y la cláusula de nación más favorecida. Por este motivo, el decreto 1513 de 2013 no satisface las condiciones previstas en el artículo 224 de la Carta Política para la aplicación provisional de los tratados internacionales, razón por la cual fue declarado inexequible. Con este pronunciamiento la Corte Constitucional reiteró la tesis sentada en la sentencia C-132/14, respecto de los requisitos constitucionales que debe cumplir la decisión excepcional del Estado colombiano para poder aplicar de manera provisional un tratado internacional, antes de que se cumplan las etapas para su perfeccionamiento e incorporación al ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 224 de la Constitución Política.

 

COMUNICADO 17

 

C-283/14

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

PROHIBICION DEL USO DE ANIMALES SILVESTRES, YA SEAN NATIVOS O EXOTICOS, EN CIRCOS FIJOS E ITINERANTES (ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 DE LA LEY 1638 DE 2013)

14-05-14

 

EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 1638 de 2013, por los cargos examinados.

 

INHIBIRSE sobre los artículos 2º y 3º de la Ley 1638 de 2013, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

La Corte señaló que la protección de los animales desde la perspectiva de los deberes morales y solidarios -bienestar animal-, como del comportamiento digno que los humanos están obligados a proveer respecto de otras especies -seres vivos y sintientes- en aras de la conservación del medio ambiente, son argumentos suficientes para que este Tribunal respaldara la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 1638 de 2013 por resultar conforme a los artículos 8º, 79 y 95, entre otros, de la Constitución. Tales preceptos constitucionales muestran la relevancia del interés superior del medio ambiente -Carta ecológica- como bien a proteger por sí mismo, además de la relación estrecha con los seres de la tierra. Una mayor consciencia, efectividad y drasticidad en la política defensora de la fauna silvestre se constituye en un imperativo. Los peligros y daños ambientales (maltrato animal-progresiva desaparición de la fauna) plantean la necesidad de normar los procesos bajo la neutralización del daño ambiental y la adopción de medidas oportunas eficaces aunque no exista certeza del daño. La interconexión con las demás formas de vida, el acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos, el respeto por el conocimiento tradicional y la protección de la biósfera y biodiversidad, habrán de atenderse por la humanidad. Al mismo tiempo, el Tribunal advirtió que el simple transcurso del tiempo (tradiciones) no puede constituir fundamento suficiente para eternizar prácticas que en la actualidad una sociedad estima incorrecta y no deseable. Las manifestaciones culturales deben tener por finalidad la educación de un pueblo, en orden a revelar un país de respeto por los derechos y ético hacia los otros seres que comparten este planeta. La ciudadanía en general, las organizaciones no gubernamentales, los partidos y movimientos políticos, los Estados y las organizaciones internacionales abogan por el abandono de prácticas que comprometan el uso de animales silvestres en la actividad circense, a través de la aprobación de leyes o establecimiento de cláusulas en instrumentos internacionales. No existe cautividad justa ni perfecta -jaulas y encadenamiento-. La privación de la vida libre de los animales silvestres en los circos genera consecuencias negativas de tipo comportamental al cercenarse el área habitable requerida para desarrollar sus capacidades, reduciendo sus procederes exploratorios y de depredación, y aumentando sus conductas agonísticas. El maltrato de los animales está precedido en muy variadas ocasiones de una extraordinaria crueldad, por diversión o impiedad. Finalmente, la Corte advirtió que al quedar en libertad los animales silvestres debe desarrollarse por el Gobierno una política pública seria de transición, esto es, un proceso escalonado para que puedan readaptarse a las condiciones naturales, previendo el personal profesional como veterinarios, zootecnistas y biólogos, apoyados por cuidadores y alimentadores con experiencia, que examinen cada situación particular y dispongan las medidas pertinentes para alcanzar la reinserción al hábitat natural.

COMUNICADO 18

 

C-284/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 229 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – LEY 1437 DE 2011)

15-05-14

EXEQUIBLE por los cargos examinados, el parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, excepto la expresión “y en los procesos de tutela” que se declara INEXEQUIBLE.

 

La Corte encontró que salvo en lo concerniente a los procesos de tutela, dicho parágrafo no vulnera los derechos y principios constitucionales invocados. A su juicio, la aplicación de las medidas cautelares del capítulo XI, Título V del CPACA a los procesos encaminados a proteger derechos e intereses colectivos se ajusta a los artículos 18, 88, 89, 228 y 229 de la Constitución. La Corte subrayó el carácter suplementario que tiene la aplicación de las medidas cautelares según el procedimiento previsto en el CPACA, a los procesos dirigidos a la protección de intereses colectivos, toda vez que tales acciones cuentan con un procedimiento especial regulado de manera integral por la Ley 472 de 1998, el cual incluye la adopción de medidas cautelares específicas. En relación con la aplicación de las medidas cautelares en la forma prescrita en el CPACA en los procesos de tutela, la Corporación consideró que es inconstitucional, por las siguientes razones: (i) el parágrafo impugnado introduce un desdoblamiento en el régimen de medidas cautelares dentro de procesos de tutela, que responde a la adscripción jurisdiccional ordinaria del juez que conozca de ellos, con lo cual disloca injustificadamente la unidad de la jurisdicción constitucional (arts. 13 y 86 C. Po.); (ii) en virtud de la norma demandada, se activaría una causal en virtud de la cual se podría llegar a ampliar el plazo constitucional previsto para la solución de acciones de tutela, con lo cual se viola la celeridad que caracteriza constitucionalmente este instrumento (art. 86 C. Po.); (iii) crea recursos contra actos del juez de tutela que ordenan una protección inmediata, en contra de la general vocación de las providencias de este tipo a producir efectos instantáneos y a adquirir firmeza, con la única excepción en este último punto de la sentencia de primera instancia (arts. 86, 228 y 229 C. Po.); (iv) incorpora al marco normativo de la tutela ingredientes radicalmente incompatibles con la informalidad del amparo y en cuya virtud se privilegiarían las formas sobre lo sustancial (art. 228); (v) supone una reducción injustificada de los niveles de protección que, en términos de recursos judiciales, se alcanzaron con el Decreto 2591 de 1991; (vi) viola la reserva de ley estatutaria, como quiera que se trata de la regulación de un mecanismo de protección de derechos fundamentales (arts. 152 y 153 C.Po.).

 

COMUNICADO 18

 

C-286/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

INCIDENTE DE IDENTIFICACION DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS A LAS VICTIMAS - REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS - CONTENIDO DE SENTENCIA CONDENATORIA -  DESTINACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS Y VIGENCIA DEL INCIDENTE DE IDENTIFICACION.  (ARTÍCULOS 23, 24, 25, EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL INCISO 3º DEL ARTÍCULO 27 Y LOS ARTÍCULOS 33, 40 Y 41 DE LA LEY 1592 DE 2012 QUE MODIFICA LA LEY 975 DE 2005- LEY DE JUSTICIA Y PAZ)

 

20-05-14

 

 

 

 

 

ESTARSE A LO RESUELTO a la sentencia C-180 de 2014 en cuanto decidió declarar inexequibles la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas” del inciso 4 del artículo 23 de la Ley 1592 DE 2012 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la ley 1592 de 2012.

 

INEXEQUIBLES los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.

 

 

La Corte constató la configuración del fenómeno de cosa juzgada constitucional respecto de expresiones declaradas inexequibles en Sentencia C-180/14. Así mismo, concluyó que los artículos 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012 vulneran el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo –art.229- para lograr una reparación integral, e igualmente resultan violatorios de los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad. Lo anterior, por cuanto las disposiciones demandadas y aquellas con las cuales se realizó integración normativa derogan o suprimen totalmente el incidente de reparación integral a las víctimas por la vía judicial penal del régimen de transición de justicia y paz contemplado en la Ley 975 de 2005, creando en su reemplazo un incidente de identificación de afectaciones que se fusiona con los mecanismos de la vía administrativa de reparación integral consagrada en la Ley 1448 de 2011, lo cual restringe desproporcionadamente el derecho de las víctimas a contar con un recurso judicial efectivo para obtener la reparación integral por la vía judicial en el proceso especial de justicia y paz, remitiéndola a la vía administrativa de reparación, o a la vía civil, lo que en últimas hace nugatoria la reparación integral en sede judicial. Finalmente, la Corte analizó la necesidad de aplicar la figura de la reincorporación de normas derogadas al ordenamiento jurídico interno o reviviscencia de disposiciones derogadas por la declaratoria de inexequibilidad de las normas que las han sustituido, de conformidad con los requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta Corte.

 

COMUNICADO 19

 

C-287/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

DERECHOS DE LAS VICTIMAS - INCIDENTE DE IDENTIFICACION DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS A LAS VICTIMAS - REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS - CONTENIDO DE SENTENCIA CONDENATORIA -  DESTINACION DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS Y VIGENCIA DEL INCIDENTE DE IDENTIFICACION.  (EXPRESION DEL ARTICULO 4, ARTÍCULOS 23, 24, 25, EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL INCISO 3º DEL ARTÍCULO 27 Y LOS ARTÍCULOS 33, 40 Y 41 DE LA LEY 1592 DE 2012. QUE MODIFICA LA LEY 975 DE 2005- LEY DE JUSTICIA Y PAZ)

20-05-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-180 de 2014, en la que se declararon INEXEQUIBLES las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.

 

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-286 de 2014, que declaró INEXEQUIBLES los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.

 

INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la expresión: “La definición de estos derechos se encuentran desarrollados en la Ley 1448 de 2011”, contenida en el artículo 4° de la Ley 1592 de 2012.

 

La Corte decidió, estarse a los resuelto en las sentencias C-180/14 que declaró la inexequibilidad parcial de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, y a la sentencia C-286/14, que declaró la inexequibilidad integral de los mencionados artículos. Así mismo constató la Corte que la mayoría de las expresiones que son objeto de censura en el segundo cargo, esto es: “(…) afectaciones causadas a la víctima” del inciso primero del artículo 23; “(…) afectaciones causadas con la conducta criminal” del inciso segundo del artículo 23; “(…) de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 3° del artículo 23; “(…) la Sala ordena la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la atención y Reparación Integral de las víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2001” del parágrafo 4° del artículo 23; “la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 5° del artículo 23; “de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias” del artículo 24, inciso primero; “(…) para el pago de los programas de reparación administrativa” del artículo 33 parágrafo 5°; el segmento “8, 42, 43, 45, 47,48, 49” del artículo 41, todos de la Ley 1592 de 2012, fueron excluidas del ordenamiento jurídico mediante sentencia C-286 de 2014, que declaró la inexequibilidad de los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012. Finalmente, encontró la Corte que en relación con la expresión “(…) La definición de estos derechos se encuentran desarrollados en la Ley 1448 de 2011” contenida en el artículo 4° de la Ley 1592 de 2012, no cobijada por el efecto de cosa juzgada constitucional contenida en las sentencias C-180 de 2014 y C-286 de 2014, no se identifican razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes que habiliten un pronunciamiento de fondo, respecto de este concreto aspecto de la acusación. En efecto, los demandantes no aportan razones orientadas a demostrar que de la expresión acusada se derive un quebrantamiento de los derechos de las víctimas a una reparación integral, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la igualdad. En relación con este aspecto no se asumió la carga argumentativa mínima para demostrar que la definición y el desarrollo de los derechos de las víctimas contenidos en la Ley 1448 de 2011, comportaba un quebrantamiento del plexo de derechos invocados.

 

COMUNICADO 19

 

C-288/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

NORMAS QUE REGULAN EL EMPLEO PUBLICO, LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PÚBLICA – EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL (ARTÍCULO 21 DE LA LEY 909 DE 2004)

20-05-14

 

EXEQUIBLE por el cargo analizado en la sentencia, la expresión “De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos” contemplada en el numeral 3º del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, en el entendido que el mismo deberá garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

 

INHIBIDA para decidir sobre los dos (2) primeros cargos formulados en la demanda frente a la expresión “De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos” contemplada en el numeral 3º del artículo 21 de la Ley 909 de 2004.

 

La Corte reiteró los lineamientos trazados en la jurisprudencia constitucional en relación con la carrera administrativa. Reafirmó los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en proceso de ingreso a la función pública. La Corte encontró que el establecimiento de un sistema de selección de los empleados temporales busca dotar a la administración pública de un instrumento para garantizar la eficiencia en la selección de funcionarios para eventos especiales en los cuales no sea posible realizar un concurso público, sin desconocer el mérito ni los principios de la función pública. En este sentido, el procedimiento especial de dos fases creado para garantizar el principio de eficiencia de la administración en circunstancias extraordinarias se considera idóneo. En todo caso, acorde con el postulado de la carrera administrativa, el Tribunal determinó que en caso de ausencia de lista de elegibles se debe dar prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el cargo y trabajen en la misma entidad pública. Esto es, que el procedimiento especial de escogencia de esos empleados temporales debe sujetarse a la vigencia de los principios constitucionales de la función pública. Por otro lado, la Corte se declaró inhibida para decidir sobre los dos (2) primeros cargos formulados en la demanda frente a la expresión “De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos” contemplada en el numeral 3º del artículo 21 de la Ley 909 de 2004.

 

COMUNICADO 19

 

C-289/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA – SISTEMA DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RECAUDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) – DESTINACIÓN ESPECIFICA – EXONERACION DE APORTES (EXPRESIONES DE LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA LEY 1607 DE 2012)

20-05-14

EXEQUIBLE, exclusivamente por el cargo analizado, los incisos primero y tercero del artículo 24, y los incisos primero y segundo del artículo 25, de la Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”.

 

La corte concluyó que la exención parcial de aportes parafiscales, tiene como efecto relevar de una parte del pago del aporte al contribuyente empleador, lo que en efecto, implica una reducción del volumen de contribuciones parafiscales que en adelante reciban el SENA, el ICBF, y el Sistema de Seguridad Social en Salud. Esta reducción se compensa con los recaudos provenientes del CREE. Sin embargo, dicha exoneración parcial no comporta una modificación a la naturaleza parafiscal de los aportes que, a través de sus nóminas, realizan los empleadores (no exonerados) a dichos sistemas. El hecho de que se trate de una exoneración parcial, ratifica la permanencia de las rentas que tradicionalmente han financiado al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud, en el ordenamiento jurídico, es decir las contribuciones parafiscales. En consecuencia, los contenidos normativos acusados (artículos 24 y 25 -parciales- de la Ley 1607 de 2012), no tienen la virtualidad de modificar los preceptos del Estatuto Orgánico del Presupuesto señalados como infringidos, comoquiera que no alteran la naturaleza parafiscal que la norma orgánica adscribe a los aportes que a través de sus nóminas realizan los empleadores al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud. Estos continúan teniendo carácter obligatorio, y sometidos al ejercicio del poder coercitivo del Estado; afectan a un determinado y único grupo social o económico, se utilizan para beneficio del propio sector, y se incorporan al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía, en tanto que su recaudo se efectúa por los órganos encargados de su administración (Art. 29 Estatuto Orgánico del Presupuesto).

 

 

COMUNICADO 19

C-290/14

NILSON PINILLA PINILLA

MECANISMOS DE PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA AFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTION PUBLICA – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  (EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY 1474 DE 2011)

21-05-14

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-824 de noviembre 13 de 2013, mediante la cual fue declarada inexequible la expresión “de libre nombramiento y remoción”, contenida en el inciso sexto del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011.

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto a los cargos formulados por violación de los artículos 125, 150-7 y 158 de la Constitución Política y de los artículos 1° y 3° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

 

La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con la expresión demandada contenida en el inciso sexto del artículo1 28 de la Ley 1474 de 2011. Encontró que los cargos formulados por violación de los artículos 125, 150-7 y 158 de la constitución política y de los artículos 1° y 3° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no cumplen con los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia. Por consiguiente, procedió a inhibirse de emitir una decisión de fondo.

 

COMUNICADO 19

 

    C-313/14

 

A-377/14 (CORRECCIONES AL TEXTO DE LA SENTENCIA C-313/14)

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD

29-05-14

 

EXEQUIBLE, en cuanto a su trámite, el proyecto de Ley Estatutaria No. 209 de 2013 de Senado y 267 de 2013 Cámara “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.

 

EXEQUIBLES los artículos 2º, 3º, 4º, 7°, 9º, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 y 26.

 

EXEQUIBLE el artículo 1°, en el entendido que la expresión “establecer sus mecanismos de protección” no dará lugar a normas que menoscaben la acción de tutela.

 

EXEQUIBLE el artículo 5°, en el entendido que (i) la atribución del deber de adoptar mecanismos para la validación del derecho prevista en el literal d) no dará lugar a expedir normas que menoscaben el mecanismo de protección de los derechos fundamentales y (ii) la sostenibilidad fiscal a que alude el literal i) no puede comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios de salud debidos a cualquier usuario.

 

EXEQUIBLE el artículo 6, salvo las expresiones “de manera intempestiva y arbitraria” contenidas en el literal d) del inciso segundo,que se requieran con necesidad” y “que puedan agravar la condición de salud de las personas” contenidas en el literal e) del inciso segundo, que se declaran INEXEQUIBLES.

 

EXEQUIBLE el artículo 8 salvo el parágrafo que se declara INEXEQUIBLE.

 

EXEQUIBLE el artículo 10, salvo las expresiones “razonables” y “efectivo” del literal q) y “con necesidad” del parágrafo 1 del inciso segundo, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.

 

EXEQUIBLE el artículo 11, salvo la expresión “con necesidad”, contenida en el inciso segundo, la cual se declara INEXEQUIBLE.

 

EXEQUIBLE el artículo 14, salvo las expresiones “inicial” y “y en aquellas circunstancias que determine el Ministerio de Salud y Protección Social”, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.

 

EXEQUIBLE el artículo 15, salvo las expresiones “para definir las prestaciones de salud cubiertas por el sistema” que se declara INEXEQUIBLES y el parágrafo 2, que se declara EXEQUIBLE en el entendido de que no puede dar lugar a menoscabar la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales.

EXEQUIBLE el artículo 23, en el entendido que el control de precios al cual se refiere el parágrafo comprende todas las fases del proceso de producción y comercialización de los medicamentos hasta su consumo final.

 

 

La Corte examinó los aspectos formales del proyecto de ley estatutaria y encontró que el trámite se ajustó a lo dispuesto en la Constitución.  En relación con el examen del contenido material del articulado del proyecto, la Corte consideró que el objeto de la ley se ajusta a la Constitución dada su finalidad de garantizar la realización del derecho fundamental a la salud, pero, precisó que la norma al referirse a la posibilidad de “establecer sus mecanismos de protección” no debía entenderse ni era constitucionalmente admisible, que tuviese lugar la expedición de normas que variaran, modificaran o menoscabaran el mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales como lo es la acción de tutela. Por ende, la declaración de exequibilidad resultó condicionada.

COMUNICADO 21

COMUNICADO 47

C-332/14

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

LEY APROBATORIA DE TRATADO QUE APRUEBA EL ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES – IRENA (LEY 1665 DE 2013)

04-06-14

EXEQUIBLE el “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)”

 

EXEQUIBLE la Ley 1665 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)”.

 

 

La Corte constató el cumplimiento cabal de las etapas, requisitos y procedimientos constitucionales y legales exigidos de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razones por las cuales, procedió a declarar su exequibilidad. En cuanto al contenido material de las estipulaciones del “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)”, hecho en Bonn, Alemania el 26 de enero de 2009, la Corporación lo encontró ajustado a la Constitución. En efecto, las disposiciones del Estatuto están dirigidas a desarrollar desde el punto de vista económico y ecológico la utilización de energías renovables, esto es, aquellas que son inagotables desde el punto de referencia del período de existencia de la humanidad, a ritmos de consumo no superiores a los de producción o generación de manera natural. En la actualidad, muchos Estados están buscando soluciones alternativas de energías, en pro de lograr un desarrollo sostenible, contribuir a un medio ambiente sano y limpio y mitigar en forma gradual, los problemas derivados de la seguridad energética y la inestabilidad de los precios de la energía, en consonancia con los principios consagrados en los artículos 79 y 80 de la Constitución. Al mismo tiempo, las disposiciones del Estatuto resultan acordes con el contenido del artículo 226 de la Carta Política que consagra el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. De igual modo, cumplen con lo dispuesto en el artículo 9º superior respecto del reconocimiento de los principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. Para la Corte, el Estatuto le permite a Colombia acceder a la Agencia Internacional de Energías Renovables, con consecuencias favorables en materia de investigación, capacitación e intercambio de información y tecnología.

 

COMUNICADO 22

 

C-333/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

LEY APROBATORIA DE TRATADO DE “EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” (LEY 1663 DE 2013)

04-06-14

 

EXEQUIBLE el “Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.

 

EXEQUIBLE la Ley 1663 del 16 de julio de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011”.

 

 

El Presidente de la República, al manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación, deberá formular la siguiente declaración interpretativa en relación con el artículo 20: “El Estado de Colombia, en consonancia con las disposiciones de la Constitución Política, manifiesta que el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos suscrito el 1o de agosto de 2011, se aplicará a los delitos especificados en su artículo 2 que hayan sido cometidos con posterioridad al 16 de diciembre de 1997”.

 

La Corte llegó a la conclusión de que el Tratado y la ley aprobatoria se ajustan a los postulados, derechos y preceptos constitucionales. La Corporación consideró en términos generales, la importancia de la extradición como herramienta fundamental para la cooperación internacional y la lucha contra la impunidad, la cual ha sido reconocida por el mismo constituyente, la cual no se opone a la soberanía nacional. Constató que el nuevo tratado responde de manera más eficiente a los desafíos de la delincuencia organizada y a los retos que en la actualidad se plantean y armoniza con instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000. El compromiso que adquiere el Estado colombiano en esta materia, los delitos que dan lugar a la extradición, las causas para negarla, requisitos, procedimiento, captura y detención provisional resultan compatible con las garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 28, 29 y 35 de la Carta Política y en especial, en lo relacionado con el debido proceso. Ahora bien, en relación con el ámbito temporal del tratado previsto en el artículo 20, la Corte encontró que se presenta una incompatibilidad con el artículo 35 de la Constitución, toda vez que el precepto superior prescribe la improcedencia de la extradición cuando se trate de delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 1 de 1997, que reformó el citado artículo 35, mientras que el tratado estipula de manera amplia, su aplicación a los delitos especificados en su artículo 2, que hayan sido cometidos “antes o después de su entrada en vigor”. Por tal motivo, y habida cuenta que es un tratado bilateral que no admite reservas, la Corte Constitucional debió acudir a ordenar al Presidente de la República, la formulación de una declaración interpretativa al momento de efectuar el canje de ratificaciones, en el sentido de que este tratado solo puede aplicarse respecto de delitos cometidos con posterioridad al 16 de diciembre de 1997, fecha en la que se publicó el Acto Legislativo 1 de 1997.

COMUNICADO 22

C-334/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-  CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL- DOBLE MILITANCIA - CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y FORMAS DE PRACTICAR SU NOTIFICACIÓN - CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA DE ANULACIÓN. (LEY 1437 DE 2011 ARTÍCULOS 275 NUMERAL 8, 277 NUMERAL 1 LITERAL A) Y 288 NUMERAL 4) .

04-06-14

INEXEQUIBLE la expresión “al momento de la elección” contenida en el numeral 8 del artículo 275 y en el literal a) del numeral 1 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

 

 

INHIBIDA para pronunciarse de fondo acerca de la constitucionalidad de las expresiones “y no afectará a los demás candidatos” y ”se anularán únicamente los votos del candidato o candidatos respecto de quienes se configure esta situación” contenidas en el numeral 4 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.

 

El tribunal constitucional observó que por tratarse de una causal de anulación electoral (art. 275.8 CPACA) y del contenido del auto admisorio de la correspondiente demanda (277.1, lit. a CPACA), es obvio que ocurre luego de las elecciones, puesto que antes de que se realicen las mismas no es posible demandar su nulidad. Sin embargo, de esta circunstancia no se sigue –como parece asumirlo el Ministerio del Interior que el supuesto de hecho de la causal de anulación electoral no pueda configurarse con anterioridad a las elecciones. En efecto, el recuento de las reglas constitucionales y estatutarias relevantes y de la jurisprudencia de esta Corporación, permite advertir que es posible incurrir en doble militancia con anterioridad al momento de las elecciones. La norma acusada alude específicamente al candidato que incurra en doble militancia, que participa en un proceso electoral en dos supuestos: (i) cuando se inscribe como candidato por un partido diferente de aquél en cuya consulta interna participó o en nombre del cual participó en una consulta interpartidista, de cara a un mismo proceso electoral (art. 107, inciso quinto C.Po.) y (ii) en el evento en que se inscribe como candidato de un partido diferente de aquel por el cual fue elegido miembro de una corporación pública, salvo que renuncie a este por lo menos doce meses antes del primer día de inscripciones (art. 107, inciso doceavo C.Po.). En otras palabras, los candidatos de los partidos políticos tienen el deber de pertenecer al partido que los inscribió mientras ostentan la investidura de su cargo y si quieren presentarse en un proceso electoral como candidatos por otro partido, deben renunciar a su partido por lo menos doce meses antes del primer día de inscripciones (Ley 1475/11, art. 2, inciso segundo). Así mismo, hay un grado de exigencia especial, porque no pueden apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual están inscritos. Esos mismos deberes le son exigibles a la persona que siendo directivo de un partido o movimiento político decida postularse o aceptar designación como directivo de otro partido o su inscripción como candidato por este último (Ley 1475/11, art. 2, inciso tercero). De no cumplir con estas reglas, el directivo o candidato, incurren en doble militancia y en consecuencia sigue la sanción prevista por los estatutos del respectivo partido o movimiento político y en el caso de los candidatos, esta circunstancia será causal para la revocatoria de la inscripción (Ley 1475/11, art, 2, inciso cuarto). Esto no se aplica a los miembros de partidos o movimientos políticos que se disuelvan por decisión de sus miembros o que pierdan su personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en la ley. Al analizar la expresión “al momento de la elección” contenida en el numeral 8 del artículo 275 y en el literal a) del numeral 1 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, la Corte encontró que desconoce las reglas constitucionales y estatutarias que precisan en qué momento el candidato incurre en doble militancia, toda vez que en las hipótesis enunciadas el candidato no puede incurrir en doble militancia en el momento de la elección, sino antes o dentro del proceso electoral en el que dicha elección tiene lugar. En consecuencia, la expresión demandada resulta contraria a lo dispuesto en las antedichas reglas y por tanto, fue declarada inexequible. En cuanto a los cargos formulados contra algunas expresiones del numeral 4 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, el tribunal constitucional se inhibió de emitir una decisión de mérito.

COMUNICADO 22

C-335/14

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y PERU POR UNA PARTE Y LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS  MIEMBROS POR LA OTRA (LEY 1669 DE 2013)

04-06-14

 

EXEQUIBLE la Ley 1669 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por la otra”, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012”.

 

 

EXEQUIBLE el “Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por la otra”, firmado en Bruselas, Bélgica,

el 26 de junio de 2012, sin perjuicio de lo dispuesto en la sentencia C-280 del 8 de mayo de 2014, en relación con el artículo 330.3 del Acuerdo.

 

La Corporación verificó que el Acuerdo y todos sus componentes responden a las exigencias que la Constitución establece, con la salvedad originada en lo dispuesto en la sentencia C-280/14, respecto de la cláusula de aplicación provisional de este tratado, prevista en el numeral 3 del artículo 330 del Acuerdo. En esa sentencia, la Corte declaró inexequible el Decreto 1513 de 2013 mediante el cual el Gobierno Nacional daba aplicación provisional al Acuerdo bajo examen con fundamento en esa cláusula, que la Corte consideró desconocía lo prescrito en el artículo 224 de la Constitución, acerca de la hipótesis en la cual cabe dicha aplicación provisional. Este Acuerdo, con la salvedad indicada resulta acorde con todas las disposiciones constitucionales referentes a las relaciones internacionales y la integración económica en materia de comercio, por lo cual no se evidenció desconocimiento alguno de la soberanía nacional. La Corte comprobó la adaptación de las diversas cláusulas a propósito de cooperación, apoyo mutuo y reciprocidad que atienden a las condiciones particulares de cada una de la partes que concurrieron a suscribirlo, así como las cuestiones relacionadas con los derechos constitucionales fundamentales y con los diversos problemas suscitados por esta clase de acuerdos, algunos de los cuales son propios de la globalización del mundo contemporáneo y comprometen los esfuerzos de la humanidad. Por consiguiente, procedió a declarar la exequibilidad de la ley aprobatoria y del Acuerdo Comercial examinado, con la salvedad indicada respecto del artículo 330.3.

 

COMUNICADO 22

C-336/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993 Y REGÍMENES PENSIONALES EXCEPTUADOS Y ESPECIALES- BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES (EXPRESIÓN CONTENIDA EN INCISO FINAL DEL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 797 DE 2003)

04-06-14

 

EXEQUIBLE la expresión “La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

 

INHIBIDA respecto de los demás cargos.

 

La Corte determinó que no podía predicarse una discriminación de trato por parte de la ley cuando los grupos sujetos de comparación no pertenecen a la misma categoría jurídica o no son asimilables. En ese sentido, el legislador en los eventos de convivencia no simultánea no discriminó al compañero supérstite al incluir como beneficiario de la pensión de sobrevivientes al cónyuge con sociedad conyugal vigente y separación de hecho. Recordó que la Corte ha reconocido que los efectos jurídicos de la unión marital de hecho son diferentes a los del matrimonio, por ende, son instituciones jurídicas disímiles y no necesariamente equiparables. Es así como, la separación de hecho suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo, más no los de la sociedad patrimonial conformada entre los cónyuges. Por lo cual, no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, cuando uno de estos mantiene en vigor la sociedad patrimonial del matrimonio. A lo anterior se agrega que el legislador, dentro del marco de su competencia, en desarrollo del derecho a la seguridad social en pensiones, puede regular lo referente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En ese orden de ideas, en el caso de convivencia no simultánea entre el cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente, ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la convivencia efectiva, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión. Al analizar el aparte acusado a la luz de los presupuestos del juicio de igualdad, la Corte pudo constatar que los sujetos en comparación (cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente), pertenecen a grupos diferentes y por ello la norma demandada no otorga un trato diferente a quien es diferente, en tanto que ambas figuras no son equiparables. En consecuencia, el cargo por vulneración del derecho a la igualdad formulado contra la expresión demandada del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no estaba llamado a prosperar, de modo que fue declarada exequible frente a este cargo. La falta de certeza y especificidad de los demás cargos, no permitió a la Corte emitir un pronunciamiento de fondo acerca de los mismos.

 

COMUNICADO 22

C-337/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA - PROCEDENCIA DE LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL (ARTÍCULO 111 DE LA LEY 1474 DE 2011)

04-06-14

INHIBIRSE para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del principio de oportunidad”, del artículo 111 de la Ley 1474 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Para la Corte, el cargo formulado se dirige contra una proposición jurídica inexistente, toda vez que se plantea contra una interpretación subjetiva que hace la demandante, motivo por el cual, debe inhibirse para proferir un fallo de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión demandada.

COMUNICADO 22

 

C-338/14

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA - RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES - FUNDAMENTO DE LA IMPUTACIÓN POR RESPONSABILIDAD FISCAL SOLIDARIA- SOLIDARIDAD EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, (ARTÍCULO 82 PARCIAL Y 119 PARCIAL DE LA LEY 1474 DE 2011)

04-06-14

 

EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el vocablo “fiscal” que figura en el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011.

 

La Corte concluyó que la solidaridad que establece el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 entre los responsables de pagar las obligaciones derivadas de un proceso fiscal, no implica la creación de un parámetro de imputación distinto al previsto en la Ley 610 de 2000, ni a los que la jurisprudencia ha derivado de las normas constitucionales aplicables a la materia. El fundamento de la imputación continúa siendo la culpa grave o el dolo del sujeto pasivo del proceso fiscal.

 

COMUNICADO 22

C-339/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (LEY 1662 DE 2013)

04-06-14

 

EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas por la Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá D.C., el 17 de mayo de 2011.

 

 

EXEQUIBLE la Ley 1662 del 16 de julio de 2013

 

La Corte concluyó que el Acuerdo y la Ley aprobatoria resultan acordes a la Constitución Política, tanto en su aspecto formal como en su contenido material. Este Acuerdo se origina en el artículo 103 del Estatuto de Roma y la regla 200 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. Las normas de protección se ordenan recordando las normas generalmente aceptadas por los instrumentos internacionales sobre el tratamiento de los reclusos y de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. El objeto del Acuerdo es consagrar un marco para la aceptación de personas condenadas por la CPI y definir las condiciones en las cuales debe cumplirse la pena correspondiente en territorio colombiano. Para la Corte, los contenidos regulados en este instrumento internacional no desconocen los preceptos aplicables sobre la materia consagrados en la Carta Política, especialmente en cuanto tiene que ver con las garantías procesales.

 

COMUNICADO 22

C-340/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLES (EXPRESIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 70 DE 1931)

04-06-14

 

EXEQUIBLE la expresión “por el marido” del literal a) del artículo 5º de la Ley 70 de 1931, en el entendido de que la facultad que allí se concede al marido sobre los bienes de la sociedad, también le corresponda a la mujer.

 

La Corte encontró una situación peculiar en este proceso y es el de que la norma acusada en su sentido literal vulnera la Constitución, pero en la práctica es interpretada y aplicada de una manera que no riñe con el ordenamiento superior. En efecto, limitar al marido la facultad para constituir patrimonio de familia vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las mujeres (arts. 13 y 43 C.Po.), así como la protección de toda familia, como núcleo fundamental de la sociedad (art. 42 C.Po.). Con posterioridad a la expedición de esta norma (año 1931), ha habido un desarrollo normativo que establece la igualdad entre el hombre y la mujer en el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una norma que no ha sido modificada por el legislador, que sigue vigente en su tenor literal, así no se aplique de tal manera, continúa siendo una disposición que simbólicamente constituye una discriminación en contra de las mujeres. La Corporación resaltó que Colombia tiene la obligación, entre muchas otras, de adoptar todas las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con el fin de eliminar “los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole” que se funden en “la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos” o en “funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (CEDAW, art. 5º, lit. a).

 

 

COMUNICADO 22

C-341/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - COMUNICACIÓN DE ACTOS ADMNISTRATIVOS PARTICULARES A TERCEROS (EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1437 DE 2011)

04-06-14

 

EXEQUIBLES las expresiones “Deber de comunicar las actuaciones administrativas”, “les comunicará” “la comunicación” y “comunicación” contenidas en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, por los cargos examinados.

 

 

La Corte Constitucional encontró que las expresiones acusadas del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 no desconocen el debido proceso, ni el derecho de defensa y contradicción. A su juicio, la fijación de las diversas modalidades de comunicación de las actuaciones administrativas, en el presente caso, de carácter particular y concreto que puedan afectar a terceras personas, corresponde al amplio margen de configuración del legislador. La utilización del correo, el correo electrónico, la divulgación en medio masivo de comunicación nacional o local o la utilización de cualquier mecanismo eficaz, satisfacen la obligación de poner en conocimiento de los terceros interesados, la existencia de la actuación administrativa, permitiéndoles constituirse como parte y hacer valer sus derechos. Para la Corte, los mecanismos enunciados en el artículo 37 permiten la realización del principio de publicidad y de contera, el ejercicio del derecho a la defensa de los terceros, pudiéndose constituir en parte y hacer valer sus derechos.

 

COMUNICADO 22

A-168/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL EN RELACIÓN CON SENTENCIA C-101/13

04-06-14

 

 

 

La Corte Constitucional declaró desierto el incidente de impacto fiscal presentado por la Procuradora General de la Nación (e) frente a la orden impartida en la Sentencia C-101/2013. El inciso cuarto del artículo 334 de la Constitución adicionado mediante el Acto Legislativo 3 de 2011 confirió al Procurador General de la Nación y a los Ministros del despacho atribución para proponer ante las Cortes un incidente de impacto fiscal respecto de una sentencia, con el objeto de que la respectiva corporación judicial considere la posibilidad “modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal”. Para tal efecto, la norma constitucional dispone que se deben oír las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede la solicitud. Después de dar curso a la anterior solicitud, de acuerdo con el procedimiento regulado en la Ley 1695 de 2013, que desarrolló el artículo 334 de la Constitución Política, vencido el término de treinta (30) días concedido al Procurador General de la Nación para sustentar el incidente de impacto fiscal que había promovido, no se recibió en la Corte documento alguno, razón por la cual, no quedó camino diferente al de declarar desierto este incidente, según lo dispone el artículo 5º de la Ley 1695 de 2013.

 

COMUNICADO 22

C-366/14

Nilson Pinilla Pinilla

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - PROCEDENCIA DE REGISTROS Y ALLANAMIENTOS – ORDEN PREVIA DE JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS (EXPRESION DEL ARTICULO 219 DE LA LEY 906 DE 2004)

11-06-14

EXEQUIBLE el artículo 219 de la Ley 906 de 2004, frente al cargo relacionado con el desconocimiento de los artículos 28 y 250 de la Constitución analizados, por las razones expuestas en esta providencia.

 

La Corte Constitucional reafirmó que toda medida privativa de la libertad no solo tiene un carácter excepcional, sino que debe ser interpretada restrictivamente y su aplicación, ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Así mismo, indicó que los únicos dos supuestos donde no existe un mandamiento judicial escrito previo como lo exige el artículo 28 de la Constitución para la aprehensión de un individuo, son la captura en flagrancia (32 C.Po.) y la efectuada excepcionalmente por la Fiscalía en los casos previstos en la ley, para la cual la faculta el artículo 250.1 de la Carta Política.

 

COMUNICADO 23

C-367/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

ACCION DE TUTELA – TERMINO PARA RESOLVER INCIDENTE DE DESACATO (ARTÍCULO 52 DEL DECRETO 2591 DE 1991)

11-06-14

 

EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en el entendido de que el incidente de desacato allí previsto debe resolverse en el término establecido en el artículo 86 de la Constitución Política

La Corte considera que no tiene sentido que para decidir en sede de consulta, el legislador sí haya previsto un término de tres días, mientras que un pronunciamiento del juez acerca del desacato se pueda prolongar indefinidamente, quedando librado al momento en que considere deba proferir esa decisión, lo que desvirtúa el cumplimiento inmediato que impone el artículo 86 de la Constitución. Si bien, la previsión del incidente del desacato como instrumento para garantizar el cumplimiento de la orden judicial de amparo constitucional, configura un mecanismo que contribuye a garantizar la protección del derecho fundamental amenazado o violado, la demora que puede presentarse ante la ausencia de un plazo perentorio para decidir a este respecto desvirtuaría su idoneidad para hacer efectiva esa garantía de restablecimiento de los derechos vulnerados.

 

COMUNICADO 23

C-368/14

ALBERTO ROJAS RIOS

TIPO PENAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – SANCION PENAL  (ARTÍCULO 229 DE LA LEY 599 DE 2000, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1142 DE 2007)

11-06-14

 

EXEQUIBLE el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, en relación con los cargos examinados en esta sentencia.

 

La Corte Constitucional consideró que existe un deber especial de protección a la familia y, dentro de ella, a quienes por alguna condición son más vulnerables y requieren de medidas de protección reforzada. Señaló que la unidad y armonía familiar deben ser salvaguardados, entre otras medidas, a través del ejercicio del poder sancionatorio del Estado conforme al artículo 42 de la Constitución, por lo cual el Estado está obligado a consagrar una normativa que permita investigar y sancionar cualquier tipo de violencia al interior de la familia. Para tal efecto el legislador tiene la potestad de tipificar como delito las diversas formas de violencia que vulneran la unidad y armonía familiar e incrementar como medida de política criminal los límites punitivos fijados para el delito de violencia familiar descrito en el artículo 229 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007.

 

 

COMUNICADO 23

C-369/14

ALBERTO ROJAS RIOS

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – DESIGNACIÓN DE ABOGADO COMO CURADOR AD LITEM DE MANERA GRATUITA ( EXPRESIÓN DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 1564 DE 2012)

11-06-14

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 que declaró EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y del derecho al trabajo.

 

EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita

como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por el cargo de presunto desconocimiento del derecho al mínimo vital.

 

La Corporación determinó que de la disposición demandada no se deriva la exigibilidad de una remuneración mínima vital y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como curadores ad litem. Como ya lo estableció en la citada sentencia C-083/14, la labor que realizan los abogados designados como curadores ad litem no obedece al cumplimiento de funciones en desarrollo de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios regido por la exclusividad, ni tampoco de una relación laboral legal y reglamentaria como la desempeñada por los servidores públicos, sino a un gestión impuesta a estos profesionales en virtud del principio de solidaridad. La inexistencia de una relación laboral descarta entonces, el deber de garantizar a los curadores ad litem, del derecho a recibir una remuneración mínima vital y móvil consagrada en el artículo 53 de la Constitución. La Corte observó que la norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Por el contrario, señala que la gestión gratuita como curador ad litem es para un máximo de cinco (5) procesos y recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión. Adicionalmente, advirtió que la prestación de servicios de auxiliar de justicia como curador ad litem, no obstante requerir la formación y la idoneidad jurídica del abogado, o sea a quienes están circunscritos tales servicios de colaboración, no constituyen en forma autónoma y concreta, una profesión. Es una carga excepcional de auxilio a los fines de la función pública de la administración de justicia.

 

COMUNICADO 23

C-370/14

JORGE IGNACIO PRETELT  CHALJUB

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACION VULNERABLE - PERDIDA DE SUBSIDIO PARA QUIEN HAYA SIDO CONDENADO POR DELITOS CONTRA MENORES DE EDAD (PARÁGRAFO 3 DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1537 DE 2012)

11-06-14

INEXEQUIBLE, por el cargo analizado el parágrafo 3 del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012.

 

La Corte Constitucional concluyó que la medida adoptada por el legislador en el parágrafo 3º del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 no es proporcionada en sentido estricto y por lo mismo, debía ser declarada inexequible. Si bien busca promover el principio del interés superior de los menores de edad, este solo se logra de manera tangencial, al paso que conlleva un sacrifico alto de otros principios y derechos constitucionales.

 

COMUNICADO 23

C-371/14

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA - CREACION DE ZONA DE RESERVA CAMPESINA - CONSULTA PREVIA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y TRIBALES (ARTÍCULOS 79, 80, 81 Y 84 DE LA LEY 160 DE 1994

11-06-14

 

EXEQUIBLES los artículos 79, 80, 81 y 84 de la Ley 160 de 1994, en el entendido

que para la creación de una zona de reserva campesina debe examinarse si en el parea en la que se pretende constituir, existen territorios de pueblos indígenas o tribales o presencia de dichos pueblos, caso en el cual deberá garantizarse el derecho a la consulta previa.

 

La Corte consideró que dadas las importantes finalidades que persiguen los preceptos demandados y con el propósito de realizar el principio de conservación del derecho, lo procedente era mantener en el ordenamiento los citados artículos, pero de tal modo que sean compatibles con la Constitución. La mejor manera de lograr esa armonización era la introducción de un condicionamiento, según el cual, para la creación de una zona de reserva campesina también deberá examinarse si en el área que se pretende constituir existen territorios de pueblos indígenas y tribales, entendiendo territorio en concordancia con el Convenio 196 de la OIT como los “habitat de las regiones que ocupa o utilizan [los pueblos indígenas o tribales] de alguna otra manera”. En tal caso, deberá surtirse un proceso de consulta previa, de manera que las comunidades concernidas, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, decidan si la medida puede promover o no sus intereses, sin perjuicio de la obligatoriedad de la normativa que da prelación a dichos grupos en la asignación y adjudicación de los terrenos baldíos que hacen parte de su territorio.

 

COMUNICADO 23

C-372/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

CREACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO – VIRGILIO BARCO VARGAS – (DECRETO 4184 DE 2011)

11-06-14

 

INHIBIRSE para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 4184 de 2011 y de manera especial, de su artículo 2 y de algunas expresiones contenidas en sus artículos 1, 3, 4 y 5.

 

La Corte verificó la ineptitud sustancial de la misma, porque en su concepto de la violación no satisface los mínimos argumentativos de certeza y de especificidad.

 

COMUNICADO 23

C-385/14

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA HABITANTES DE LA CALLE – EXPRESION “Y, QUE HA ROTO VÍNCULOS CON SU ENTORNO FAMILIAR” CONTENIDA EN LITERAL B) ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1641 DE 2013.

25-06-14

 

INEXEQUIBLE la expresión “y que ha roto vínculos con su entorno familiar”, contenida en el literal b) del artículo 2º de la ley 1641 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”.

 

La Corporación concluyó que tanto la noción de indigente, como la de habitante de la calle se sirven de un componente socioeconómico que hace énfasis en la situación de pobreza y de otro componente geográfico que advierte sobre su presencia en el espacio público urbano en donde transcurre la vida de esas personas o grupos, además que denota la falta de vivienda, circunstancia que distingue a quienes viven en la calle de otros grupos de indigentes. En cuanto a las relaciones familiares de estas personas, observó que pueden romperse o conservarse, sin que ello incida de manera decisiva en la calificación como habitante de la calle, puesto que esta situación se define a partir de criterios socioeconómicos y geográficos, lo cual queda demostrado cuando se repara en que en ocasiones, la familia carece de medios para brindar apoyo material, o todos sus miembros comparten la situación de indigencia, de modo que no en todos los casos el hecho de habitar en la calle está precedido de una ruptura abierta y radical con el entorno familiar. Por consiguiente, la Corte consideró que el segmento normativo acusado del artículo 2º de la Ley 1641 de 2013, al prever como parte de la definición de habitante de la calle la exigencia de haber roto vínculo con el entorno familiar, distingue, sin una finalidad legítima desde la perspectiva constitucional, entre personas en una situación de vulnerabilidad merecedoras de protección, toda vez que propicia la privación de los beneficios derivados de las respectivas políticas públicas a quienes, aun habitando en la calle, mantienen algún nexo con sus familiares, lo cual reduce el ámbito de protección y releva al Estado de prestarla a la totalidad de quienes la merecen, obligación que de acuerdo con el principio de solidaridad, puede cumplir en concurrencia con la sociedad y la familia, en el supuesto en que esta se encuentre en condiciones de prestar alguna ayuda

 

COMUNICADO 25

C-386/14

ANDRES MUTIS VANEGAS

 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA REESTRUCTURAR LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL Y EL DAS EN LIQUIDACION (ARTÍCULO 15 DE LA LEY 1640 DE 2013)

25-06-14

 

INEXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 1640 de 2013, “Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”.

 

La Corte encontró que en efecto, el artículo 15 acusado no hizo parte del articulado presentado por el Gobierno Nacional, ni de los artículos introducidos por solicitud del Ministro del ramo durante el primer debate realizado en Comisiones Conjuntas Terceras y Cuartas de Senado y Cámara. Sin embargo, al menos en principio, este hecho no supondría reparo constitucional alguno, puesto que el artículo 160 de la Carta Política dispone que con ocasión de los debates legislativos “en segundo debate cada cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias”, pese a que el artículo 157 superior establece la exigencia de cuatro debates. Con todo, el tribunal constitucional también advirtió que el primer debate, por tener como eje de análisis y decisión los objetivos de la ley enunciados, fijó temas que guardan íntima y necesaria relación con la estructura y manejo del Presupuesto General de la Nación de 2013, a partir de las normas iniciales y las adicionales, lo que confrontado con los apartes del artículo 15 acusado, dio como resultado la vulneración de los principios de consecutividad y de identidad flexible, después de examinar los debates legislativos surtidos en el Congreso y la jurisprudencia vigente sobre la materia. Este examen permitió deducir que la inclusión, estudio, votación y aprobación del artículo 15 de la Ley 640 de 2013 como artículo nuevo sin relación íntima y necesaria con el eje temático de la ley de presupuesto para 2013, ni con su articulado, no cumplió con los cuatro debates reglamentarios exigidos por el artículo 157 de la Constitución, en este caso, realizado el primero de ellos en comisiones constitucionales conjuntas según lo dispone el artículo 346 de la Carta. En el caso concreto, la Corte constató que los asuntos estudiados en primer debate por las Comisiones Conjuntas Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, se relacionaban con aspectos estrictamente presupuestales, vinculados a la composición y manejo de recursos fiscales (créditos, contracréditos, reducciones, traslados, asignaciones, inversiones, supresiones, transferencias, autorizaciones, vigencias), de modo que el artículo 15 demandado no guarda vínculo, relación o injerencia alguna, siquiera indirecta con estos temas, pues, por el contrario, consiste en autorizar al Presidente de la República para reestructurar la planta de personal de la Contraloría General de la República y unos cargos administrativos del DAS en liquidación, mediante facultades extraordinarias conferidas a Gobierno Nacional, lo cual no se adecua a los objetivos del proyecto que culminó en la adopción de la Ley 1640 de 2013. Habida cuenta que el vicio de trámite legislativo descrito, en cuanto contraría los principios de consecutividad e identidad flexible, resulta diáfano y suficiente para invalidar la constitucionalidad de los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 1640 de 2013, la Corte consideró que resultaba inocuo e innecesario abordar el análisis del cargo planteado frente al artículo 158 de la Constitución, por violación del principio de unidad de materia. De otra parte, procedió a integrar la unidad normativa con los restantes textos no demandados del artículo 15, como quiera que quedarían sin un sentido normativo claro e inteligible, como resultado de la cual se declaró inexequible la totalidad de este artículo referente al otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la república para reestructurar las plantas de personal de la Contraloría General de la república y del DAS (en liquidación).

COMUNICADO 25

C-387/14

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - SOMETIMIENTO DEL IMPUTADO O ACUSADO A UN PROGRAMA ESPECIAL PARA SUPERAR LA ADICCION A LAS DROGAS O BEBIDAS ALCOHOLICAS O AUN TRATAMIENTO MEDICO O PSICOLOGICO, COMO CONDICINOES FIJADAS POR EL FISCAL PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (LITERAL B Y D DEL ARTÍCULO 326 DE LA LEY 906 DE 2004)

25-06-14

 

EXEQUIBLES los literales b) y d) del artículo 326 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 4º de la Ley 1312 de 2009, por los cargos examinados.

 

Para la Corte, las condiciones previstas en los literales b) y d) acusados que debe cumplir el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de juzgamiento y durante el período de prueba, resultan idóneas para alcanzar las finalidades constitucionales aludidas, toda vez que parten del ejercicio de la libre voluntad (imputados o acusados) como presupuesto ineludible de procedibilidad en el marco de la justicia restaurativa, que si bien pueden terminar siendo fijadas por el fiscal, encuentran fundamento constitucional ante la presencia de las características de un delito, bajo un mínimo de prueba que permite inferir la autoría o participación en la conducta punible y su tipicidad. Advirtió, que en esta valoración debe tenerse presente que los derechos ajenos y el orden jurídico que se han quebrantado con el hecho punible, constituyen límites válidos constitucionalmente al libre desarrollo de la personalidad. De igual modo, encontró que tales condiciones resultan necesarias, en orden a lograr las finalidades del principio de oportunidad que se inscriben en la racionalización de la actividad investigativa del Estado, a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos donde acoja mayor relevancia la voluntad de las partes inscrita en una política criminal restaurativa, a cuyo término satisfactorio se declarará extinguida la acción penal y a la vez, el goce efectivo de los derechos de la víctima a la verdad, a la justicia ya la reparación y al imputado o acusado enfrentarse a sus propios actos y reintegrarse adecuadamente a la sociedad, bajo la supervisión del Estado, en aras de la obtención del mayor nivel de subsanación del daño y la paz social. A juicio de la Corte, tampoco resultan desproporcionadas las condiciones establecidas, porque parten de su presentación voluntaria por el imputado o acusado, obedecen a la comisión de un hecho punible y finalmente, es quien determina si le resulta más conveniente la paralización del proceso a prueba o, por el contrario, si prefiere la continuación del trámite de enjuiciamiento penal.

 

 

COMUNICADO 25

C-388/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA QUE DESARROLLA LOS ARTICULOS 116 Y 221 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

25-06-14

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la exequibilidad del Proyecto de ley estatutaria No. 211 de 2013 Senado, 268 de 2013 Cámara “Por la cual se desarrollan los artículos 116 y 221 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.

 

Para la Corte, aun cuando es claro que la Constitución preserva un amplio margen de configuración normativa a cargo del legislador, no solo para expedir leyes atinentes a la investigación, acusación y juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública, sino también para desarrollar los principios de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar, tal como lo expuso en la sentencia C-1119/04, la posibilidad de evaluar la constitucionalidad de las normas de un proyecto de ley estatutaria, cuando las mismas se originan en un acto legislativo que con anterioridad fue declarado inexequible, se encuentra en la demostración previa acerca de la existencia o no de una relación de conexidad inescindible (también llamada unidad normativa) entre las disposiciones objeto de control y el acto de reforma expulsado del ordenamiento jurídico. En caso de existir relación de conexidad inescindible entre ambos textos jurídicos, es innegable que la regulación propuesta en la ley estatutaria carecería de la autonomía material necesaria para ser considerada como una normatividad independiente susceptible de control, pues con la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reformatorio del texto superior habría desaparecido el sustento constitucional. Tal es la situación que se constató en el presente caso, puesto que, a juicio de la Corte, el artículo 1º, los Títulos I, II, III, IV y VI del proyecto de ley estatutaria 221/13 Senado, 268/13 Cámara presentan una relación de conexidad inescindible con el Acto Legislativo 2 de 2012, pues las disposiciones que los integra, se refieren a artículos de la Constitución Política, en la forma que fueron reformados por el constituyente derivado, al tiempo que desarrollan de manera directa mandatos previstos en dicho acto de reforma constitucional (vínculo de conexidad externa). Por lo demás, en relación con el resto de disposiciones no mencionadas, se encontró que son internamente inseparables de otros artículos del mismo proyecto de ley, por lo que también resultan inescindiblemente conexos con el citado acto reformatorio de la Carta Política (vínculo de conexidad interna). En consecuencia, al existir una relación general de conexidad inescindible entre el texto íntegro del Proyecto de ley estatutaria No. 211 de 2013 Senado, 268 de 2013 Cámara “Por la cual se desarrollan los artículos 116 y 221 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, que hace que con la expedición de la sentencia C-740/13, dicho proyecto haya perdido su fundamento lógico y constitucional. En tal virtud, ante las circunstancias del caso, a la fecha del presente pronunciamiento no tiene sentido que la Corte decida respecto de la constitucionalidad formal o material de la normatividad sujeta a revisión, por carencia actual de objeto.

 

COMUNICADO 25

C-389/14

ALBERTO ROJAS RIOS

 

DESEMPEÑO DEL CARGO DE CURADOR AD LITEM EN FORMA GRATUITA COMO DEFENSOR DE OFICIO (NUMERAL 7º DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 1564 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO)

25-06-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 que declaró EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y del derecho al trabajo.

 

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-083/14

 

COMUNICADO 25

C-390/14

ALBERTO ROJAS RIOS

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL – CAUSALES DE LIBERTAD – GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD PERSONAL, EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 317 DE LA LEY 906 DE 2004)

25-06-14

 

EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación.

 

De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior de declaración de exequibilidad condicionada quedan diferidos hasta el 20 de julio de 2015, a fin de que el Congreso de la República expida la regulación correspondiente.

 

Para la Corte, la ambigüedad de la norma impugnada, genera una indeterminación respecto del momento en que debe comenzar a contabilizar el término para obtener la libertad por vencimiento del mismo. Si bien, en virtud de la interpretación que de la norma ha hecho la Corte Suprema de Justicia, se ha entendido que la expresión acusada debe ser asimilada a la audiencia de formulación de la acusación, ya que es el último de los momentos procesales que conforman el acto complejo de la acusación, la Sala considera que resulta inadmisible y que la única interpretación que resulta ajustada a la Constitución, en aras de respetar los principios de legalidad y de presunción de inocencia, además de salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, es entender que la formulación de la acusación se equipara a la presentación del escrito de acusación. Los fundamentos para esta decisión se basaron en: 1) La carencia de claridad sobre la extensión de la privación de la libertad, por demás provisional, de quien se encuentra sometido al trámite de un proceso penal. Al no estar regulado el término máximo que debe mediar entre el escrito de acusación y la audiencia de formulación de la acusación, se deja al arbitrio del juez de manera indefinida la extensión del mismo, lo que conduce a eventuales dilaciones injustificadas que derivan en abierta vulneración constitucional del derecho a la libertad del procesado. 2) La interpretación que avala la indefinición de términos, particularmente cuando puedan afectar la libertad personal del procesado, resulta inconstitucional. A juicio de la Corte, el hecho de hacer producir efectos negativos en una medida de aseguramiento, permitiendo la duración indeterminada en alguna etapa procesal, desvirtúa su naturaleza preventiva y su propósito de salvaguardar los fines del proceso que le dio origen, adquiriendo connotaciones desproporcionadas. No evitar tal situación, equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene el principio de presunción de inocencia. 3) La indeterminación, que es prohibida frente a las sanciones penales, debe ser proscrita ineludiblemente en relación con las circunstancias que den lugar a una privación indefinida de derechos de derechos constitucionales –en particular, el de libertad- como producto de una medida de aseguramiento. 4) En consecuencia, la alternativa de entender que los términos empiezan a contarse desde uno de los dos extremos que conforman la acusación, el mejor remedio para conjurar esta situación es el de entender que cuando se hace referencia a la formulación de la acusación se trata del primer acto procesal de dicho acto complejo, esto es, la presentación del escrito de acusación, para lo cual, la Corte dispuso que los efectos de esta decisión de exequibilidad condicionada se difieren hasta el 20 de julio de 2015.

 

COMUNICADO 25

C-415/14

ALBERTO ROJAS RIOS

VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y DISTRITAL (PARÁGRAFO ARTÍCULO 151 DE LA LEY 100 DE 1993)

02-07-14

 

EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, por el cargo analizado en la presente providencia.

 

 

La Corte determinó que el legislador no vulneró el derecho de igualdad, por cuanto el establecimiento de una fecha posterior para la entrada en vigencia del sistema para los servidores públicos de los departamentos y municipios distinta a la de los servidores públicos del orden nacional, está fundado en un fin aceptado constitucionalmente, consistente en la protección especial al derecho a la seguridad social en pensión de los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, pues los entes territoriales debían someterse a un proceso de adecuación y evaluación de las condiciones de solvencia o insolvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión que reconocían y pagaban las pensiones a los servidores públicos del orden territorial. Por consiguiente, la vigencia diferida del Sistema General de Pensiones a nivel territorial conforme a parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 resulta adecuada y además necesaria. En el presente caso, la Corte estableció que el trato legal divergente se justifica respecto de los grupos sometidos a una situación fáctica particular de los servidores públicos del nivel territorial y la regulación diferencial que contempla la norma, tiene por objeto maximizar la protección de un derecho fundamental a través de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones a partir del 30 de junio de 1995.

COMUNICADO 26

C-416/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

SISTEMA NACIONAL DE MIGRACIONES- CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES COLOMBIANAS EN EL EXTERIOR (LEY 1465 DE 2011 ARTÍCULOS 1 PARCIAL, 2, 3 PARCIAL, 4 PARCIAL, 5 PARCIAL, 7 Y 8 PARCIAL)

02-07-14

 

EXEQUIBLES los artículos 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 5 (parcial), 7 y 8 (parcial) de la Ley 1465 del 29 de junio de 2011 “por la cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden norma para la protección de los colombianos en el exterior”.

 

El análisis de la Corporación parte de la consideración según la cual, si bien es cierto que desde la perspectiva del derecho internacional las personas migrantes colombianas en el extranjero y las personas migrantes extranjeras en Colombia tienen muchos aspectos en común, también lo es que desde la óptica del derecho constitucional colombiano, es claro que existen diferencias entre la situación de unos y otros migrantes. La Corporación observó que la situación diferente de uno y otro grupo está fundada en una condición objetiva y razonable, que justifica plenamente el abordar la problemática de un grupo de emigrantes frente al otro: el territorio, estar o no en Colombia. El grupo de migrantes extranjeros en Colombia, tiene la característica de estar en territorio colombiano, en tanto que los migrantes colombianos tienen la característica, precisamente, de no estar en territorio patrio, o de no haber estado en este y estar en tránsito a regresar al mismo. La razón por la cual un migrante extranjero es objeto de protección jurídica por parte del estado colombiano, fundamentalmente, es su presencia en el territorio nacional. Si ese migrante extranjero parte del territorio nacional y continúa libremente su marcha hacia otro país, que es su destino final, las obligaciones del Estado colombiano en relación con esa persona cesan. En cambio, la relación con el migrante colombiano en el exterior no depende de que la persona se encuentre en un determinado territorio, sino de que no se encuentre en territorio colombiano. El migrante extranjero está ligado a Colombia por su presencia en la República, mientras que el migrante colombiano está ligado a Colombia por su condición de nacional o ciudadano ausente del territorio colombiano. Para la Corte, el legislador no vulneró el derecho de igualdad de las personas migrantes extranjeras, al haber creado el Sistema Nacional de Migraciones, SNM, dirigido a elevar el nivel de calidad de vida de las comunidades colombianas en el exterior y por ende, los apartes normativos acusados de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la Ley 1465 de 2011, fueron declarados ajustados a la Constitución, frente al cargo analizado.

 

COMUNICADO 26

C-417/14

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

RÉGIMEN PARA LOS DISTRITOS ESPECIALES-INVESTIGACION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDAD - DESTINACIÓN DE PORCENTAJE DE REGALIAS PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA A LA CONSERVACIÓN DE  BIODIVERSIDAD DE BUENAVENTURA. (PARÁGRAFO 3 DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY 1617 DE 2013)

02-07-14

 

INEXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 127 de la ley 1617 de 2013 “Por la cual se expide el régimen para los Distritos Especiales”.

 

 

La Corporación observó que el parágrafo trasgrede la nueva configuración del sistema de regalías contenida en el artículo 361 Superior, tal como fue reformado por el acto legislativo 05 de 2011, toda vez que (i) prevé la asignación de un porcentaje del FCTI a un destino diferente a la promoción de la ciencia, tecnología e innovación, sin previa formulación de proyectos regionales concretos acordes con los planes de desarrollo nacional y locales; (iii) restringe la competencia del órgano colegiado de decisión (OCAD) del FCTI para seleccionar los proyectos a financiar por el fondo; y (iii) altera los criterios de reparto de los recursos del fondo entre los departamentos. Advierte además que, el parágrafo censurado también crea un privilegio en cabeza del Distrito de Buenaventura sin una justificación concreta y con amplio sacrificio de valores y principios constitucionales, como la equidad del sistema de regalías de cara a las entidades territoriales, la promoción del desarrollo regional a través de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, y los principios de descentralización y autonomía territorial, así como el principio democrático, los cuales se desarrollan, por ejemplo, con la participación de dichos entes en el OCAD.

 

 COMUNICADO 26

C-418/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL- REQUISITOS PARA OBTENER PENSIÓN DE VEJEZ- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y PENSIÓN SANCIÓN (ARTÍCULOS 33 PARCIAL, 36 PARCIAL Y 133 PARCIAL DE LEY 100 DE 1993)

02-07-14

INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 33 (parcial), 36 (parcial) y 133 (parcial) de la Ley 100 de 2003.

 

La Corte encontró que no cumplen los requisitos de certeza, suficiencia y pertinencia. De igual modo, no se cumplen en el presente caso, los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que se pueda considerar que existe derecho viviente susceptible de ser objeto de control de constitucionalidad. 

 

COMUNICADO 26

C-419/14

ALBERTO ROJAS RIOS

 

TIPO PENAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – SANCION PENAL  (ARTÍCULO 229 DE LA LEY 599 DE 2000, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1142 DE 2007)

02-07-14

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-368 del 11 de junio de 2014 que declaró EXEQUIBLE el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-368/14.

COMUNICADO 26

C-463/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

AUTONOMIA JURISDICCIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, PARA RESOLVER SUS CONFLICTOS POR AUTORIDADES PROPIAS Y SEGÚN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR CADA COMUNIDAD (ARTÍCULO 11 DE LA LEY 89 DE 1890)

09-07-14

 

INEXEQUIBLE el artículo 11 de la Ley 89 de 1890.

 

La Corte determinó que la lectura de la Ley 89 de 1890 desde la perspectiva histórica e indígena permite concluir, que las disposiciones de ese ordenamiento solo resultan contrarias a la Constitución Política si incluso, su interpretación evolutiva no permite armonizarlas con la Carta Política. Si la disposición cuestionada, a la luz del análisis hermenéutico propuesto, constituye un instrumento valioso para la defensa de los derechos indígenas, el tribunal constitucional debe orientarse a su conservación en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las precisiones interpretativas que deban efectuarse para garantizar su armonía con la Constitución. El artículo 11 de 1890 censurado confiere competencia para la solución de conflictos de tierras dentro de un territorio indígena a autoridades administrativas en dos aspectos. De un lado, cuando surja un conflicto entre indígenas de una misma comunidad o parcialidad y de otro, cuando el conflicto se dé entre un miembro de la comunidad y su cabildo. A juicio de la Corte, no existe una forma de lograr una interpretación evolutiva de la norma que permita hacerla compatible con el artículo 246 de la Constitución. Mientras el legislador de 1890 previó una injerencia directa de autoridades públicas departamentales y municipales en asuntos internos de las comunidades indígenas, la Constitución Política de 1991 establece como norma de derecho fundamental que esos asuntos sean asumidos por las propias comunidades y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (en ausencia de una ley interjurisdiccional) ha previsto criterios para determinar la competencia judicial en este tipo de casos. Si bien es cierto que esas reglas constituyen pautas mínimas que deben ser aplicadas de forma razonable y en atención a las circunstancias de cada caso y cada comunidad, también lo es que los factores territorial y personal de competencia precisamente, indican que conflictos como los que describe el supuesto regulado por la disposición demandada sean decididos en el seno de las comunidades. A lo anterior, se agrega la circunstancia de que la norma acusada asigna funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, las cuales solo pueden asumirlas excepcionalmente (art. 116 C.Po.), pero en el presente no era viable ya que los alcaldes no pueden ejercer atribuciones que la Constitución le confiere a las comunidades indígenas. Adicionalmente, el ámbito material de aplicación de la disposición demandada (conflictos sobre el uso de resguardos o los límites de las parcelas que ocupan) es de especial trascendencia para los pueblos indígenas, en tanto atañe al manejo de las tierras del resguardo, aspecto en donde la autonomía cobra mayor eficacia normativa. La norma cuestionada tampoco respeta los principios de especialidad y juez natural necesarios para asegurar la calidad del servicio de administración de justicia.

 

COMUNICADO 27

C-464/14

ALBERTO ROJAS RIOS

 

REFORMA AL CODIGO PENAL- DELITO DE EXPLOTACIÓN DE MENORES- PENALIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MENORES PARA EL EJERCICIO DE LA MENDICIDAD- (ARTÍCULO 93 DE LA LEY 1453 DE 2011)

09-07-14

 

EXEQUIBLE el contenido normativo del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, en el

entendido que la expresión “mendigue con menores de edad” tipifica exclusivamente la utilización de menores de edad para el ejercicio de la mendicidad y no el ejercicio autónomo de la misma en compañía de estos.

 

La Corporación encontró que al comparar los delitos de trata de personas y explotación de menores, se trata de tipos penales distintos, toda vez que se diferencian en cuanto a los sujetos pasivos, que en la conducta punible tipificada en el artículo 93 recae exclusivamente sobre menores de edad, mientras que en la trata de personas, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, es decir es indeterminado. Así mismo, aunque ambos delitos son complejos, los verbos rectores son completamente distintos: la explotación de menores reprocha al que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad; por su parte, la trata de personas a quien capte, traslade, acoja o reciba a cualquier persona. De otro lado, el tipo penal de trata de personas se diferencia de la explotación de menores al contener un ingrediente subjetivo o un carácter intencional distinto del dolo que se emplea para describir la conducta, en este caso, el delito de trata prevé como elemento adicional, una finalidad de explotación inexistente en el delito de explotación de menores. Finalmente, este delito no prevé modalidades de agravación como si lo hace el de trata de personas. En consecuencia, la explotación de menores es un delito distinto, que no puede entenderse subsumido en la trata de personas. Adicionalmente, el tipo penal de trata de personas presenta una clase de resultado cortado, que imposibilita la subsunción en el delito de exploración de menores. En todo caso, este conflicto interpretativo entre dos tipos penales es resuelto por la dogmática penal bajo el concurso de conductas punibles y los principios interpretativos de especialidad, subsunción, alternatividad y consunción. En consecuencia, los cargos por vulneración de los principios de igualdad y non bis in ídem, no estaban llamados a prosperar. No obstante, la Corte determinó que le asistía parcialmente la razón al demandante respecto del verbo rector “mendigue con menores” contenido en la norma acusada, en la medida en que literalmente entendida puede representar una forma de criminalizar la pobreza y revictimizar población vulnerable en estado de debilidad manifiesta. Como lo ya señalado la jurisprudencia constitucional, la mendicidad propia ejercida de manera personal y autónoma por sujetos en estado de vulnerabilidad manifiesta, no es sancionable por un Estado social de derecho incapaz de proveer a todos sus ciudadanos condiciones mínimas de subsistencia digna. En este sentido, la interpretación constitucional correcta únicamente admite proscribir la utilización o instrumentalización de menores de edad para la mendicidad, no la mendicidad propiamente dicha, la cual puede ser ejercida autónomamente o en presencia de menores, sin que con ello estén actuando con la intención final de explotar económicamente a estos últimos. Esto, por cuanto el régimen penal en un Estado social de derecho debe valorar al momento de reprochar la mendicidad personal y autónoma, las condiciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, que evidencia una realidad en la cual personas desfavorecidas en la repartición de recursos económicos o marginados de la participación en la vida política, social y económica, se ven obligados a pedir limosna como único medio de subsistencia, sin que por ello coexista una lesión de algún bien jurídico tutelado por la ley a un tercero, ni mucho menos culpabilidad alguna por obrar de esa manera. Para la Corte, proscribir la mendicidad propia o en compañía de menores constituye un atentado contra la dignidad humana, las libertades públicas y los principios penales de última ratio y mínima intervención, por cuanto implicaría inmiscuirse sin justa causa en la supervivencia humana de población vulnerable que busca alimentos.

 

COMUNICADO 27

C-465/14

ALBERTO ROJAS RIOS

 

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA (ARTÍCULOS 20 PARÁG. 1, 2 Y 3, 24, 25, 28 A 33, 36, 69, 71, 72, 122 A 124, 142, 167 PARÁG. 3 Y 4, 172, 178 A 180, 185, 190 Y 196 DE LA LEY 1607 DE 2012)

09-07-14

 

EXEQUIBLE la ley 1607 de 2012 por el cargo relativo a la falta de publicación del proyecto presentado al Congreso de la República.

 

EXEQUIBLES por los demás cargos analizados los artículos 20 –parágrafos 1º, 2º y 3º-, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 69, 71, 72, 122, 123, 124, 142, 167 -parágrafos 3º y 4º-, 172, 178, 179, 180, 185, 190 y 196 de la ley 1607 de 2012.

 

INEXEQUIBLES los artículos 151, 152, 153, 154, 155, 189 y 191 de la ley 1607 de 2012.

 

La Sala Plena abordó el estudio de seis cargos de inconstitucionalidad presentados en contra de la ley 1607 de 2012. El primer cargo se dirigió contra la totalidad de la ley, por un presunto vicio procedimental, consistente en la falta de publicación del proyecto de ley que fue iniciativa del Gobierno. De acuerdo con el actor, la vulneración habría tenido ocasión debido a que, una vez presentado y publicado el proyecto de ley, el Gobierno sometió a consideración de las comisiones constitucionales permanentes otro proyecto nuevo, sin que esta segunda versión hubiere sido publicada. La Corte consideró que no le asistía razón al demandante, por cuanto lo que se denominó “segunda versión” del proyecto de ley, correspondió a modificaciones que i) el Gobierno está autorizado a presentar; ii) las mismas se incorporaron en el informe de ponencia que se presentó para el primer debate conjunto de los miembros de las respectivas Comisiones Permanentes de Senado y Cámara de Representantes; y iii) dicho informe fue publicado en la Gaceta del Congreso antes de que tuviera lugar el primer debate, tal y como exigen las normas del Reglamento del Congreso que regulan el tema. Por consiguiente, la Sala no encontró que, desde el punto de vista formal o sustancial, se haya desconocido el principio de publicidad salvaguardado por el numeral primero del artículo 157 de la Constitución. En los cargos segundo, tercero, cuarto y quinto se estudió la ocurrencia de un presunto vicio procedimental porque ciertos artículos de la ley i) trataban materias diferentes a la tributaria –unidad de materia-; y ii) habían sido debatidos por Comisiones Constitucionales Permanentes que no eran las competentes, en virtud de la asignación temática que realiza el parágrafo 2º del artículo 2º de la ley 3ª de 1992 –lo que presuntamente afectaba el principio de especialidad en la asignación de un proyecto a una determinada comisión constitucional permanente, exigencia que el actor denominó principio de consecutividad-. En el sexto cargo se estudió el respeto al principio de unidad de materia –artículo 158 de la Constitución- por parte de los artículos 189, 190 y 191 de la ley 1607 de 2012. Con las excepciones que se señalarán, respecto de todos los preceptos demandados -artículos 20 –parágrafos 1º, 2º y 3º-, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 69, 71, 72, 122, 123, 124, 142, 167 -parágrafos 3º y 4º-, 172, 178, 179, 180, 185, 190 y 196 de la ley 1607 de 2012- la Sala concluyó que su incorporación en la ley 1607 de 2012 –que tiene como tema central la regulación de aspectos tributarios- no vulnera ni i) el principio de unidad de materia –artículo 158 de la Constitución-; ni ii) el principio de especialidad de la comisión constitucional permanente que le dio trámite al primer debate –parágrafo 2º del artículo 2º de la ley 3ª de 1992-. Esto por cuanto en cada caso se encontró que existía algún aspecto que relacionaba el tema por ellos tratado con el núcleo temático objeto de regulación por la ley 1607 de 2012, por lo que fueron declarados exequibles. Por el contrario, la Sala Plena encontró que los artículos 151, 152, 153, 154, 155, 189 y 191 de la ley 1607 de 2012, en tanto regulaban materias que carecían de relación sistemática, o teleológica, o causal, o lógica con la materia tributaria, no cumplían las exigencias derivadas del principio de unidad de materia, por lo que fueron declarados inexequibles.

 

COMUNICADO 27

C-466/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

CÓDIGO CIVIL – REDUCCIÓN DE LOS TERMINOS DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA CIVIL-SUSPENSIÓN DE LA USUCAPIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DE LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO  (ARTÍCULO 2532 DEL CODIGO CIVIL MODIFICADO POR LA LEY 791 DE 2002)

09-07-14

 

EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el artículo 2532 del Código Civil, en el entendido que la usucapión extraordinaria se suspende a favor de las víctimas de desplazamiento forzado, que por esta circunstancia se han visto ante la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de propiedad, en los términos del artículo 2530 del Código Civil.

 

La Corporación observó que la Ley 1448 de 2011 no consagra la suspensión de la usucapión extraordinaria como lo hace la Ley 986 de 2005 respecto de las víctimas de secuestro, desaparición forzada y toma de rehenes. La forma de protección que contempla la Ley 1448 solo opera respecto de bienes raíces inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por lo que hay un universo de bienes (muebles o inmuebles no inscritos) que quedarían descubiertos en este complejo de instituciones de protección de sus derechos de propiedad. A su juicio, esta situación plantea un escenario inconstitucional, toda vez que la población desplazada de manera forzada ha experimentado una violación masiva, generalizada y prolongada de sus derechos fundamentales y resulta desproporcionado someterlos a una pérdida adicional, cuando esta se origina en imposibilidad absoluta y comprobada de poseer sus propios bienes e interrumpir así su prescripción. Además, observó que no es prima facie si esa presunción así consagrada es susceptible de ser o no desvirtuada, con lo cual, ni todos los bienes estarían amparados por esta institución, ni es claro si la presunción que contempla es definitiva o derrotable. Las personas desplazadas por la violencia tienen derecho a protección más amplia y suficiente de su derecho de propiedad. Con fundamento en estas consideraciones, la Corte procedió a declarar la exequibilidad condicionada del artículo 2532 del Código Civil, en el sentido de incluir a la personas víctimas de desplazamiento entre los beneficiarios de la suspensión de la usucapión extraordinaria, que por esa circunstancia, se han visto imposibilitadas para ejercer su derecho de propiedad.

 

COMUNICADO 27

C-467/14

ALBERTO ROJAS RIOS

 

CODIGO CIVIL- LEGITIMARIOS (NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 1240 DEL CODIGO CIVIL)

09-07-14

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la demanda instaurada contra el artículo 1240, numeral 4º del Código Civil, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

 

La Corte encontró que el cargo formulado en el presente caso contra el numeral 4º del artículo 1240 del Código Civil carece de la certeza que se exige para que pueda entrarse a efectuar un examen y decisión de fondo, toda vez que la interpretación de la que parten los demandantes no corresponde al contenido normativo de la disposición acusada, sino a una apreciación subjetiva, aislada y ajena a lo que se dispone en el citado Código sobre la materia. Además, la demanda adolece de suficiencia para cuestionar la validez de la norma por una omisión legislativa relativa originada en el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, como quiera que no se aportan los elementos que exige un cargo de esta naturaleza en cuanto a los supuestos o grupos a comparar frente al deber constitucional supuestamente omitido por el legislador. Por estas razones, el incumplimiento de estos dos requisitos esenciales para activar el control de constitucionalidad y obtener un fallo de fondo sobre la acusación planteada, llevó a la Corte a abstenerse de dictar un fallo de mérito sobre el numeral demandado.

 

COMUNICADO 27

 

C-468/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

ARANCEL JUDICIAL (LEY 1653 DE 2013)

09-07-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-169 de 2014, mediante la cual esta Corporación decidió declarar inexequible la Ley 1653 de 2013 “Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”.

 

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-169/14

 

COMUNICADO 27

 

C-500/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO- CLASIFICACIÓN Y LÍMITES DE LAS SANCIONES- COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA PARA IMPONER SANCIONES DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL. (NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 734 DE 2002)

 

16-07-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-028 de 2006 que declaró EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2001, en relación con el cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución.

 

EXEQUIBLE la expresión “Destitución e inhabilidad general” del numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, por los cargos examinados en esta sentencia.

 

 

En primer lugar, la Corte concluyó que no se violaban los artículos 277.6 y 278.1 de la Carta Política. En efecto, la competencia de la Procuraduría General de la Nación prevista en el numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 para imponer la sanción de inhabilidad general, no vulnera ninguna de los límites que definen el margen de configuración del legislador. No solo es inexistente una prohibición en ese sentido, sino que la atribución de esta competencia constituye un desarrollo directo de la Carta. En esa dirección la vigilancia superior a cargo de la Procuraduría y el poder de imponer sanciones –integrado a la potestad disciplinaria según el artículo 277.6 superior– autoriza al Legislador para asignar esa competencia cuando quiera que se incumplan los deberes funcionales en cuyo respeto se encuentran comprometidos los servidores públicos. La norma acusada tampoco se opone al artículo 278.1 de la Constitución que establece una atribución especial del Procurador para desvincular a los funcionarios, mediante un procedimiento breve, cuando se han configurado faltas especialmente serias. El hecho de que en tal disposición no se prevea la inhabilidad, no implica que el legislador este impedido para fijarla, si se considera la libertad relativa de configuración que en esa materia se reconoce, entre otros, en los artículos 123, 124, 125, 150.23 y 293 de la Constitución. Adicionalmente, la posición preferente que tiene el poder disciplinario que le fue atribuido al Procurador y que solamente es desplazado por la existencia de fueros especiales o por la competencia asignada al Consejo Superior de la Judicatura, reafirma la constitucionalidad de la norma en esta oportunidad acusada. Es, además, constitucionalmente posible, que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 277.6 de la Carta y en ejercicio del margen de configuración que en esta materia le confiere la Constitución, el Legislador establezca la destitución como una sanción disciplinaria atribuyendo su imposición al Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus delegados o agentes. En segundo lugar, el tribunal constitucional concluyó que no se violaban el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos ni el artículo 93 de la Constitución. Para ello, consideró que en atención a la naturaleza jurídica de las decisiones de las autoridades disciplinarias y a la existencia de medios judiciales suficientes para impugnarlas y por esa vía solicitar el amparo de los derechos a ser elegido y a acceder al ejercicio de funciones públicas, la norma examinada no se oponía al deber de asegurar un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos. En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano consagra la posibilidad de ejercer acciones judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa para controvertir las decisiones adoptadas en instancias disciplinarias y, en casos excepcionales, es posible acudir también a la acción de tutela para controvertir dichas decisiones. En tercer lugar, la Corte determinó que respecto del cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución, se configuraba el fenómeno de cosa juzgada derivado de la sentencia C-028 de 2006. Finalmente, concluyó que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solo pueden obligar al Estado colombiano cuando éste ha sido parte en el respectivo proceso. No obstante, podría considerarse hipotéticamente la posibilidad de reabrir un asunto previamente examinado por la Corte Constitucional, en aquellos casos en los cuales: (i) el parámetro de control haya sido una norma integrada al bloque de constitucionalidad en sentido estricto; (ii) los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hayan variado radicalmente y de forma clara el sentido de la norma; (iii) la nueva interpretación resulte compatible con la Constitución Política; (iv) ofrezca un mayor grado de protección a los derechos, que el otorgado por la Constitución; (v) se integre a la ratio decidendi de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (vi) sea uniforme y reiterada. Así, el planteamiento del demandante según el cual la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “López Mendoza vs. Venezuela”, impone variar la decisión adoptada en la sentencia C-028 de 2006, no se ajusta a las exigencias antes expuestas, por lo cual la hipótesis de reexaminar las disposiciones amparadas por la cosa juzgada constitucional, no resulta considerable.

 

COMUNICADO 28

 

C-501/14

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

CODIGO PENAL- USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES (EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 306 DE LA LEY 599 DE 2000)

 

16-07-14

 

Declarar la EXEQUIBILIDAD, en los términos explicados en esta sentencia, y únicamente por los cargos analizados en ella, de las expresiones “y derechos de obtentores de variedades vegetales”, “o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal”, “o materia vegetal” y “cultivados”, contenidas en el artículo 306 de la Ley 599 de 2000, tal y como el mismo fue modificado por el artículo 4º de la Ley 1032 de 2006.

 

Declarar EXEQUIBILIDAD de la expresión “o similarmente confundibles con uno protegido legalmente” contenida en el artículo 306 de la Ley 599 de 2000, tal y como el mismo fue modificado por el artículo 4º de la Ley 1032 de 2006, en el sentido de que dicha expresión no es aplicable al delito de usurpación de los derechos de obtentores de variedades vegetales.

 

 

La Corte determinó que respecto del artículo 306 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 4º de la Ley 1032 de 2006, no requería de consulta previa a las comunidades étnicas, toda vez que las citadas leyes fueron expedidas con anterioridad a la sentencia C-030/08, de modo que la norma demanda fue declarada exequible frente a este cuestionamiento. De otra parte, la Corte reafirmó que si bien la Constitución le reconoce al legislador un margen de discrecionalidad relativamente amplio para implementar y desarrollar la política criminal del Estado, en el ámbito de su regulación, la validez e idoneidad de las medidas que en este campo se puedan adoptar, depende de que las mismas sean compatibles con los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales, lo que exige mantener un margen de razonabilidad y proporcionalidad con respecto al fin para el cual fueron concebidas. La Corte concluyó que se está en presencia de un tipo penal en blanco constitucionalmente admisible desde el punto de vista del principio de tipicidad penal. En efecto, la conducta delictiva, al no contener las disposiciones específicas que regulen los derechos de obtentor, remite a las normas complementarias que se integran a la disposición acusada, con el fin de llevar a cabo el proceso de adecuación típica. De esta forma, solo quien obtiene una especie vegetal que pueda ser calificada de novedosa distinta, distinguible, homogénea, estable y le otorgue una denominación varietal, se le puede conceder el derecho de obtentor, esto es, el derecho de realizar o autorizar con exclusividad, la explotación económica de la reproducción, multiplicación y propagación de la variedad vegetal obtenida, siempre que no se trate de una especie silvestre y que no se encuentre prohibida por razones de salud humana, animal o vegetal. Bajo esos criterios, la duración del derecho del obtentor vegetal es de 20 años si la especie obtenida se inscribe en las categorías de vides, árboles frutales o árboles forestales, o de 15 años si la especie obtenida es de cualquier otro tipo, a partir del otorgamiento del respectivo certificado. La Corte resaltó que lo que sanciona el artículo 306 acusado es la usurpación fraudulenta, deliberada, de tales derechos, es decir, cuando una persona se apodera de manera contraria a la verdad y a la rectitud de los derechos del obtentor de variedad que se encuentran protegidos legalmente, como un medio de combatir la piratería vegetal o biopiratería. En cuanto a la expresión”similarmente confundibles con uno protegido legalmente” , la Corte observó que puede interpretarse tanto en el sentido de que no es aplicable a los derechos de obtentor de variedad vegetal, pues sería una categoría establecida exclusivamente para la propiedad industrial, como también, que sí debería aplicarse todos los objetos materiales del tipo, es decir a la usurpación de derechos de propiedad industrial y a la usurpación de derechos de obtentores vegetales. Para la Corte, esta segunda interpretación iría más allá de las normas a las cuales remite este tipo penal en blanco, situación que vulnera el principio de taxatividad, como consecuencia del principio de legalidad contemplado en el artículo 29 de la Constitución política, al no resultar posible cuál es el grado de similitud que debe ser penalizado. En este sentido, la expresión “similarmente confundibles con uno protegido legalmente” entendida como derechos similares o derivados del obtentor de variedad vegetal, es muy amplia, no está definida ni concebida con claridad y podría implicar la utilización de figuras prohibidas por la Carta Política en materia penal, como la analogía in malam parte, esto es, en contra del reo, o una interpretación extensiva del tipo penal, lo cual también trasgrede el principio de legalidad. A juicio de la Corte, es claro que el régimen jurídico al que remite el tipo penal en materia de obtenciones vegetales, permite delimitar suficientemente el objeto de protección, pero que el mismo se vería desfigurado cuando se admite el criterio de la similitud que permite confusión, puesto que no obran en relación con las obtenciones vegetales los mismos supuestos que permiten la aplicación de criterios en relación con los restantes elementos del tipo, como lo son las marcas y patentes, aspecto que no le corresponde a la Corte analizar en esta oportunidad. Por estas razones, debía retirar del ordenamiento jurídico la interpretación de la expresión “similarmente confundibles con uno protegido legalmente”, como aplicable también a los derechos del obtentor de variedad vegetal, para evitar que se vulnere el principio de legalidad estricta o principio de tipicidad, mediante la declaración de exequibilidad condicionada que finalmente se adoptó.

 

 

COMUNICADO 28

 

C-502/14

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

REGIMEN ESPECIAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 268 DE 2000)

 

16-07-14

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre los apartes normativos demandados pertenecientes al artículo 3º del Decreto 268 de 2000.

 

 

La Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad carecen de la certeza, especificidad y suficiencia que se requiere para poder emitir una decisión de fondo.

 

COMUNICADO 28

 

C-503/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

NORMA SOBRE PROTECCION DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD – CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1276 DE 2009)

 

16-07-14

 

EXEQUIBLE el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009.

 

La Corporación consideró que, el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009 no restringe sino que amplía la protección a las personas de la tercera edad, y por tanto, no puede predicarse su naturaleza regresiva. En efecto, el legislador buscó con la expedición de la Ley 1276 de 2009: (i) adoptar un nuevo esquema de atención al adulto mayor no circunscrito a la satisfacción básicas de sus necesidades, sino bajo un concepto de cuidado integral de la vejez, a través de los denominados Centros Vida, (ii) prestar dicha atención integral no solamente a las personas de la tercera edad sin sitio de habitación, sino a la población adulta de los estratos vulnerables clasificados en el nivel I y II del SISBEN y otros según su capacidad de pago y (iii) establecer en todos los municipios la estampilla pro anciano, para fortalecer las fuentes de financiación del cuidado de la vejez, por cuanto algunas entidades territoriales no la habían adoptado. De otra parte, la Corte señaló que la distinción hecha por el legislador se encuentra justificada en las nuevas funciones asignadas a los llamados Centros Vida, y al número de potenciales beneficiarios, además es razonable y proporcionada. En este orden de ideas, no puede predicarse un desconocimiento del derecho a la igualdad. Ello, no obstante, no puede traducirse en una desatención o desfinanciación de las instituciones que presentan los servicios de alojamiento y demás cuidados de la población mayor indigente, en extrema pobreza y sin sitio de habitación.

 

COMUNICADO 28

 

C-504/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

PENSION FAMILIAR EN EL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD -  PENSION FAMILIAR EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA (EXPRESIONES DE LOS ARTÍCULOS 151 B Y 151C DE LA LEY 100 DE 1993)

 

16-07-14

 

INEXEQUIBLE la expresión “Esta relación conyugal o convivencia permanente deberá haber iniciado antes de haber cumplido 55 años de vida cada uno” contenida en los literales a) de los artículos 151B y 151 C de la Ley 100 de 1993 -adicionados por la Ley 1580 de 2012.

 

 

La Corte encontró que la expresión “esta relación conyugal o convivencia permanente deberá haber iniciado antes de haber cumplido 55 años de vida cada uno” contenida en los literales a) de los artículos 151B y 151C de la Ley 100 –adicionado por la Ley 1580- vulnera el derecho a la igualdad de aquellas parejas que se conformen con posterioridad al cumplimiento de esa edad por cada uno de sus integrantes. Luego de realizar un juicio estricto de igualdad, esta Corte consideró que la anterior medida, no obstante tener un fin legítimo, importante e imperioso –asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y evitar uniones fraudulentas para obtener beneficios injustificados- se vale de una medida innecesaria e inútil, toda vez que las disposiciones ya contemplan mecanismos menos lesivos para los derechos involucrados, para detectar tales situaciones. Adicionalmente, advirtió que el requisito censurado resulta desproporcionado en estricto sentido, al sacrificar en gran medida principios constitucionales como el derecho a la seguridad social y la buena fe y promover beneficios tangenciales en términos de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y desestímulo de prácticas fraudulentas. Por otra parte, la Sala se inhibió de estudiar el cargo por violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad por considerar que el mismo no cumplía los requisitos jurisprudenciales, para permitir un pronunciamiento de fondo.

 

COMUNICADO 28

 

C-505/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA – RELACION DIRECTA DE LOS PROFESIONALES EN DESARROLLO FAMILIAR PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN COMITÉS DE ADOPCIÓN DEL ICBF, EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LAS DEFENSORÍAS Y COMISARÍAS DE FAMILIA. (EXPRESIONES DE LOS ARTÍCULOS 73 Y 79 DE LA LEY 1098 DE 2006)

 

16-07-14

 

EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 73 (parágrafo 2º), 79 (inciso segundo) y 84 (inciso segundo) de la Ley 1098 de 2006, por los cargos analizados, siempre y cuando se entienda que la expresión “trabajador social” también comprende a los profesionales en desarrollo familiar.

 

El tribunal constitucional constató que las disposiciones legales son contrarias a los postulados constitucionales por generar efectos restrictivos frente al ejercicio de la profesión de un grupo: desarrollistas familiares, y que dicha limitación no guarda consonancia con la razonabilidad y proporcionalidad que deben sustentar estas medidas legislativas cuando se regula el ejercicio de una profesión u oficio. En virtud de lo anterior, la Corte advirtió que la interpretación de los artículos 73, 79 y 84, parcialmente acusados, al determinar que los Comités de Adopción, y los equipos interdisciplinarios de las Defensorías y Comisarías de Familia, deben estar integrados, entre otros profesionales por un “trabajador social”, no debe entenderse de manera taxativa, ante los efectos discriminatorios que ello conlleva, sino que debe entenderse en el sentido de que los desarrollistas familiares también pueden postularse para estos cargos, en razón a la relación directa, clara e inequívoca que guarda su perfil profesional con las funciones a desempeñar en las instancias a las que se viene haciendo referencia en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

 

COMUNICADO 28

 

C-506/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

NORMA QUE MODIFICA LA PLANTA TEMPORAL DE EMPLEOS DE REGALÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (DECRETO LEY 2025 DE 2013)

 

16-07/14

 

INEXEQUIBLE el Decreto Ley No. 2025 de 2013 “por el cual se modifica la planta temporal de empleos de Regalías de la Contraloría General de la República”.

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, estableció que se presentaba la figura de la inconstitucionalidad por consecuencia, ante el retiro del ordenamiento de la norma que daba sustento jurídico al decreto objeto de estudio. Lo anterior, debido a que mediante Sentencia C-386 de 2014 esta Corporación declaró la inexequibilidad del artículo 15 de la Ley 1640 de 2013, por medio de la cual se le otorgaron al Gobierno Nacional facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, para modificar la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría General de la República y el Decreto Ley 2025 de 2013, “Por el cual se modifica la planta temporal de empleos de Regalías de la Contraloría General de la República”, fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por dicho artículo, por tanto al ser declarado inexequible esta disposición, debe ser declarado inexequible la totalidad del decreto, pues la norma base de su sustento fue retirada del ordenamiento jurídico.

 

 

COMUNICADO 28

 

C-507/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – POTESTAD DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE MODIFICAR LAS CUANTÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA. (PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 1564 DE 2012)

 

16-07-14

 

INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 de 2012.

 

La Corporación precisó que la reserva de ley, como institución jurídica que protege el principio democrático, exige que la regulación de ciertas materias solo pueda adelantarse mediante ley, o cuando menos se funde en ella, en ciertos casos, bajo el concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del Congreso de la República, que no puede despojarse de las funciones que la Constitución le ha atribuido para delegarlas en otra autoridad so pretexto de su reglamentación. En el caso concreto, la Corte encontró que el artículo 25 de la Ley 1564 de 2012 no contiene una disposición sujeta a la reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto no es un precepto legal que delimite un tema y permita su concreción a través de reglamento. Por el contrario, se trata de facultar para la regulación total e integral de la materia –definición de las cuantías- que determina la competencia de los jueces y su aplicación no demanda una reglamentación adicional que para tal fin deba expedirse. Autoriza a la Sala Administrativa para la modificación de las cuantías reguladas por el legislador en el Código General del Proceso, cuando a su juicio “las circunstancias así lo recomienden”. Para la Corte, la reserva de ley no permite que la modificación de las cuantías se deslegalice, en cabeza de un órgano administrativo, sustrayendo del debate democrático la definición de un factor esencial del debido proceso y del acceso a la administración cual es la forma de determinar el juez natural, el juez competente por razón de la cuantía, lo cual toca con derechos fundamentales y garantías cuyo contenido está reservado al legislador. Por tales motivos y de conformidad con los artículos 29, 114, 150, numerales 1, 2, 10 y 23, 228 y 229, conferir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la potestad de modificar las cuantías definidas por el legislador, para la determinación de la competencia, vulnera la reserva de ley en dicha materia.

 

COMUNICADO 28

 

C-508/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO 267 DE 2000)

 

16-07-14

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el numeral 8 del artículo 55 del Decreto 267 de 2000.

 

La Corte constató que el concepto de violación del cargo formulado contra el numeral 8 del artículo 55 del Decreto 267 de 2000 carece de la certeza y especificidad requerida para asumir un estudio de fondo, como quiera que además de que en la demanda no se identifica de manera correcta la disposición acusada, parte de una proposición jurídica que no se deriva del contenido normativo que se demanda sino de la interpretación subjetiva e injustificada que hace el actor de dicho contenido. En efecto, el demandante considera sin justificación, que el especial seguimiento que se establece en la norma a cargo de la Contraloría Delegada para la participación ciudadana implica controles diferentes a los posteriores y selectivos, que son los propios de la Contraloría General.

 

COMUNICADO 28

 

C-509/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

SISTEMA DE RIESGOS LABORALES – ACCIDENTE DE TRABAJO. (EXPRESIÓN DEL ARTICULO 3 DE LA LEY 1562 DE 2012)

 

 

16-07-14

 

EXEQUIBLE por el cargo de igualdad las expresiones “o contratante” y “o contratistas” contenidas en los incisos segundo y tercero del artículo tercero de la Ley 1562 de 2012.

 

INHIBIDA respecto de los demás cargos.

 

 

La Corporación precisó que si bien es cierto que la definición de accidente de trabajo del artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 involucra algunos elementos que en principio son exclusivos de una relación laboral, tales como su ocurrencia “durante la ejecución de órdenes del empleador”, tratarse de una “labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo”, también lo es que en cumplimiento de la finalidad constitucional de ampliación de la cobertura de la seguridad social (art. 48 C.Po.), se incluyó dentro de dicho contexto al grupo de los contratistas independientes. A su juicio, es claro que la equiparación legal entre los contratistas independientes y trabajadores subordinados es solamente para efectos de la cobertura de la seguridad social, sin comportar la finalidad de alterar la naturaleza de un contrato de prestación de servicios a uno laboral, de modo que con base en el artículo 25 del Decreto 723 de 2013, la afiliación de este tipo de contratistas garantiza el cubrimiento de los riesgos que por la prestación de un servicio civil o comercial pueda sufrir una persona. La ampliación de la cobertura en riesgos laborales garantiza el acceso de mayor número de personas a ser cubierto por las contingencias que puedan ocasionarse con su labor, sin distinguir la forma contractual que origina la vinculación obligatoria, razón por la cual el trato igual dado a trabajadores dependientes y contratistas independientes en materia de cubrimiento de riesgos en la realización de la labor a su cargo, se encuentra plenamente justificado.

 

COMUNICADO 28

 

C-552/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CÓDIGO CIVIL- DESHEREDAMIENTO POR MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO (ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO CIVIL)

23-07-14

 

INEXEQUIBLE la expresión “Si alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto.”, contenida en el artículo 124 del Código Civil, por los cargos analizados en esta sentencia.

 

La Corte Constitucional determinó que el desheredamiento es una sanción civil que busca retribuir al afectado mediante la exclusión de la herencia del legitimario ofensor, facultad válida siempre y cuando sea ejercida por el titular del derecho en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Por lo cual, cuando la ley impone la sanción sin el consentimiento expreso del testador, se desconoce el derecho a la autonomía e intimidad familiar (15 C.Po.) con restricción injustificada del derecho al libre desarrollo de la personalidad del menor que contrajo matrimonio sin la autorización de sus padres o abuelos (16 C.P.).

COMUNICADO 29

 

C-553/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

NORMAS QUE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 63, 70 Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA EN LO RELATIVO A PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-CRITERIOS APLICABLES. (ARTÍCULO 1, PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 2, INCISO 4 DEL ARTÍCULO 3 Y NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 1675 DE 2013)

23-07-14

 

EXEQUIBLE por los cargos analizados en la presente sentencia, el parágrafo del artículo 2º y el artículo 1º de la Ley 1675 de 2013.

 

EXEQUIBLE por los cargos analizados en la presente sentencia, el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013.

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C - 264 de 2014 que declaró exequible el inciso 4º del artículo 3º de la de la Ley 1675 de 2013.

 

 

Para la Corte, la limitación del concepto de patrimonio sumergido a aquellos bienes hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido 100 años a partir de la ocurrencia del hecho, constituye un ejercicio razonable de la libertad de configuración del legislador en la regulación del patrimonio cultural por las siguientes razones: (i) este término no es una invención legislativa, sino que se inspira en un estándar internacional señalado en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y aceptado en la mayoría de legislaciones del mundo sobre el tema; (ii) desde el punto de vista arqueológico y cultural, el concepto de patrimonio sumergido exige que no cualquier naufragio pueda adquirir automáticamente esta condición, sino que es necesario el paso de un periodo muy prolongado de tiempo; (iii) el hecho que el legislador haya considerado que los bienes solamente constituyen patrimonio sumergido a partir de los 100 años posteriores a los hechos, no implica que otros objetos que tengan el carácter de patrimonio cultural de la Nación carezcan de protección, sino que se regularán por normas distintas a la Ley 1675 de 2013, como la Ley 397 de 1997; (iv) la norma no es regresiva, pues aquellos bienes cuyo hundimiento no tenga la antigüedad de 100 años pero tengan un valor histórico, arqueológico o cultural, conservan su protección como patrimonio cultural contemplada en la Ley 397 de 1997. De otra parte, la Corte consideró que el numeral 2º del artículo 15 no vulnera ninguna de las normas señaladas por los demandantes, sino que simplemente constituye una manifestación de la libertad de configuración del legislador en la regulación del patrimonio sumergido por las siguientes razones: (i) la propia norma demandada contiene una restricción especial que impide la entrega de los bienes que hacen parte del patrimonio cultural, al afirmar que “en este caso el Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta remuneración hasta con el 50% de las especies rescatadas que no constituyan Patrimonio Cultural de la Nación o con su valor en dinero”; (ii) la Ley 1675 de 2013 no restringe la protección de los objetos que son considerados como patrimonio cultural de la Nación por la regulación general contemplada en la Ley 397 de 1997, sino que por el contrario permite la extensión de su tutela a eventos en los cuales se considere que el objeto constituye parte del patrimonio sumergido. Por esta razón, tanto los bienes que son considerados patrimonio sumergido por la Ley 1675 de 2013, como también aquellos que tienen la calidad de patrimonio cultural de la Nación en virtud de la Ley 397 de 1997, conservan sus calidades de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad señaladas en la Constitución. Finalmente, en relación con el cargo formulado frente al inciso cuarto del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, la Corte encontró que existía cosa juzgada, razón por la cual dispuso estarse a lo resuelto en la Sentencia C – 264/14, en la cual se había analizado este inciso

COMUNICADO 29

 

C-554/14

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

ARANCEL JUDICIAL (LEY 1653 DE 2013)

23-07-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-169 de marzo 19 de 2014, que declaró inexequible la Ley 1653 de 2013 “Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”.

 

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-169/14

COMUNICADO 29

 

C-572/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

NORMAS QUE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 63, 70 Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA EN LO RELATIVO A PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-CRITERIOS APLICABLES. (APARTES DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 15 DE LA LEY 1675 DE 2013)

30-07-14

 

En relación con los apartes demandados del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013:

 

. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-264 de 2014 que declaró exequible el criterio de repetición contenido en el inciso cuarto.

 

. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-264 de 2014 que declaró inexequible el numeral 2º.

 

. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto del criterio de singularidad contenido en el inciso tercero, por ausencia de cargo de inconstitucionalidad.

 

En relación con los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013:

 

. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-553 de 2014 que declaró exequible el numeral 2º.

 

. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto del criterio de singularidad contenido en el inciso tercero, por ausencia de cargo de inconstitucionalidad.

 

. EXEQUIBLE el numeral 4º, por los cargos analizados en la presente sentencia.

 

La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional en algunos apartes del artículo 3 Ley 1675 de 2013 en sentencia C-264/14 y se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo respecto del criterio de singularidad contenido por ausencia de cargo de inconstitucionalidad respecto del mismo artículo, inciso tercero.  La Corte circunscribió entonces su examen, al numeral 4º del artículo 15 que encontró ajustado a la Constitución frente a los cargos examinados, habida cuenta que coinciden con los ya analizados en la sentencia C-553/14. Al respecto, reiteró que no hay restricción constitucional para que se efectúe la remuneración al contratista mediante bienes encontrados que no hagan parte del patrimonio cultural de la Nación, opción que entra en el margen de regulación que compete al legislador para elegir el sistema de regulación del particular que haya participado en el descubrimiento o la exploración. La remuneración puede hacerse hasta el 50% de especies rescatadas que no constituyan patrimonio cultural de la Nación o con su valor en dinero, con lo cual no se afecta el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes que sí hacen parte de ese patrimonio. A lo anterior, se agrega que tanto los bienes que de acuerdo con la Ley 1675 de 2013 son considerados patrimonio cultural sumergido, como aquéllos que en virtud de la Ley 397 de 1997 pertenecen al patrimonio cultural de la Nación, conservan sus calidades de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad que no afecta el acceso de los colombianos a la cultura ni al patrimonio cultural. Los bienes entregados a título de remuneración se hallan dentro del margen configurativo correspondiente al legislador, que pretendió estimular a los particulares para que realicen explotaciones que contribuyan a la recuperación del patrimonio cultural, pues los bienes entregados a ese título no hacen parte de ese patrimonio. Así mismo, la forma de proceder a la remuneración cabe en la órbita del legislador, garantizando simultáneamente que no puedan apropiarse del patrimonio cultural de la Nación, finalidades que son constitucionalmente legítimas.

 

COMUNICADO 30

 

C-572A/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL-CAUSALES DE RECURSO DE ANULACIÓN (EXPRESIÓN DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012)

 

 

INEXEQUIBLE la expresión “absoluta” contenida en el numeral 1 del artículo 41

de la Ley 1563 de 2012.

 

La Corte reafirmó, que dentro del margen de configuración del proceso, por razones de política judicial, el legislador puede establecer y regular instrumentos o mecanismos alternativos para la solución de conflictos, en los cuales los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, lo cual es una excepción prevista en el artículo 116 de la Constitución, ya que la regla general es que esta función corresponde a las autoridades de la República, especialmente a sus jueces. De igual modo, señaló que dentro del margen de configuración, el legislador puede elegir diversas alternativas de regulación del proceso arbitral y si bien el arbitraje se basa en la habilitación de las partes, la ley debe determinar (i) los asuntos y la forma en que los particulares pueden administrar justicia como árbitros; (ii) los límites y los términos de dicha habilitación y (iii) las funciones y facultades de los árbitros que son las mismas de los jueces estatales cuando el arbitraje es en derecho, sin vaciar de contenido los derechos de las personas a llevar sus diferencias ante la justicia arbitral. Así mismo,  recordó que en materia arbitral, la voluntad autónoma de las partes tiene un rol determinante, pues son ellas las que en virtud de su decisión, habilitan a los árbitros para resolver su conflicto y al inicio del proceso arbitral y el tribunal así habilitado es el encargado de determinar su propia competencia para pronunciarse sobre las pretensiones en conflicto, conforme al principio kompetenz-kompetenz y de acuerdo con la Constitución, las leyes vigentes y el acuerdo de voluntades de las partes. De otro lado, la Corte precisó que la invalidez absoluta del pacto arbitral, en tanto negocio jurídico, puede ser consecuencia de haber sido celebrado por una persona absolutamente incapaz, de tener objeto o causa ilícita, de contrariar normas imperativas o de omitir algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para su validez, en atención a la naturaleza del negocio y no a la calidad o estado de la persona que lo celebra o ejecuta. Por su parte, la invalidez relativa del pacto arbitral, puede ser consecuencia de la existencia de cualquier otro tipo de vicio, como por ejemplo, por haber sido celebrado el negocio jurídico por una persona relativamente incapaz o haber consentido el negocio por error, fuerza o dolo. A juicio de la Corte, el limitar la posibilidad de ejercer el recurso extraordinario de anulación cuando se trate de la invalidez relativa del pacto arbitral y la parte haya hecho valer sin éxito, los motivos constitutivos ante el tribunal de arbitramento, no hace parte del margen de configuración del legislador, toda vez que deja sin posibilidad de cuestionar, así sea por medio de un recurso extraordinario, la atribución de funciones arbitrales a individuos que no han sido expresa y válidamente habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma. Para la Corporación, la circunstancia evidente de que la invalidez absoluta y la invalidez relativa del pacto arbitral tienen motivos diferentes y puedan proteger intereses disímiles, no se sigue que, en lo relevante para este caso, que es la validez del acuerdo de voluntades para habilitar a los árbitros, se pueda justificar dar un trato diferente a ambas situaciones, al punto de reconocer a la primera como causal de anulación del laudo arbitral proferido en el contexto del arbitraje internacional. No se les puede dar un trato diferente, porque en ambos eventos se trata de la validez del negocio jurídico que habilita la jurisdicción y la competencia de los árbitros. En consecuencia, la Corte determinó que la expresión absoluta prevista en el numeral 1 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, a la luz de los anteriores elementos de juicio, resulta contraria a los principios constitucionales de juez natural (art. 29 C.Po.) y de habilitación de los árbitros (art. 116 C.Po.), al excluir la invalidez relativa como causal de recurso extraordinario de anulación y por tanto, impedir impugnar las decisiones tomadas por árbitros carentes de competencia.

 

 

C-577/14

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ- (ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2012, ARTÍCULO 1 INCISO 4 Y  ARTÍCULO 3)

6-08-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-579 de 2013, que declaró la exequibilidad del inciso cuarto del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2012, que incorporó el artículo 66 transitorio de la Constitución Política.

 

EXEQUIBLE el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2012, que incorporó el artículo transitorio 67 de la Constitución.

 

La Corte estableció cosa juzgada constitucional en relación con el inciso 4º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2012, el cual fue declarado EXEQUIBLE por medio de sentencia C-579/13. Determinó además que, el artículo 3º del mismo Acto Legislativo no sustituye el elemento estructural definitorio de la Constitución aducido por el actor. La Corte señaló que la participación política como principio fundante y transversal al régimen constitucional colombiano, resulta esencial en la conformación, ejercicio y control del poder en un Estado democrático como el establecido a partir de la Constitución de 1991.  Así mismo, precisó que el artículo transitorio 67 de la Constitución prevé unas reglas. A juicio del tribunal constitucional, la atribución conferida al Congreso para que, mediante ley estatutaria, defina qué delitos deben ser considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política, no desconoce el marco democrático participativo establecido en el orden constitucional colombiano. Al comparar el contenido del artículo transitorio 67 de la Constitución con el principio de participación en política, encontró que la reforma introducida no anula el elemento definitorio hasta el momento existente. Por el contrario, resulta aplicación del mismo en una situación de justicia transicional, que tiene como objetivo alcanzar la paz de forma estable y duradera. En efecto, el artículo transitorio 67 se encuentra en plena armonía con los artículos 179 numeral 1º, 197 inciso 2º, 232 numeral 3º y 299 inciso 3º todos de la Constitución, que prevén que las condenas por delitos políticos no generarán inhabilidad para ocupar cargos públicos de elección popular. Principio participativo que además se extiende y profundiza en tanto que se permitirá las demás formas de participación política previstas en la Constitución, especialmente las enumeradas en los siete numerales del artículo 40 de la Constitución. En tal sentido, resaltó que este es uno de los elementos esenciales en los procesos transicionales en los cuales la reconciliación es una de las metas que más relevancia adquiere para la comunidad política. Así mismo, la Corte consideró que el artículo en cuestión no desconoce derecho alguno de las víctimas del conflicto en tanto i) la regulación prevista no tendrá como efecto la concesión de amnistías o indultos, ni la prohibición de extradiciones –funciones también tradicionales del delito político-, sino el establecimiento de reglas de participación en política; y ii) dicha participación sólo será posible, una vez se haya dado inicio al esclarecimiento de la verdad y se haya contribuido a la reparación de las víctimas. Para la Corte, en el contexto de la justicia transicional que supone medidas excepcionales justificadas en la búsqueda de la paz, la participación en política de miembros de actores del conflicto en el escenario del postconflicto resulta herramienta útil para la consolidación de la democracia y del régimen constitucional vigente desde la Carta Política de 1991. En conclusión, el artículo transitorio 67 de la Constitución i) permite la participación en política de quienes, como fruto de un proceso de paz, se desmovilicen y reincorporen a la sociedad civil; ii) garantiza la participación en política de quienes sean considerados delincuentes políticos; y iii) no desconoce, ni impide la satisfacción de derecho alguno de las víctimas del conflicto armado.

 

COMUNICADO 31

C-584/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL (LEY 1695 DE 2013)

13-08-14

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la Ley 1695 de 2013.

 

La Corte se abstuvo de proferir una decisión de fondo por cuanto los cargos formulados carecen de certeza, suficiencia y pertinencia, en los términos que ha precisado la jurisprudencia constitucional.

COMUNICADO 32

C-585/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (LEY 1688 DE 2013)

13-08-14

 

INEXEQUIBLE la Ley 1688 de 2013

 

Del examen formal, la Sala constató que en el trámite de la ley aprobatoria del tratado cuya constitucionalidad se estudió, el legislador incurrió en un vicio formal de carácter insubsanable, constituido por la omisión de votación nominal y pública en el segundo debate en la Plenaria del Senado, sin que se hubiera cumplido con las condiciones para aplicar las excepciones previstas a la regla general de votación nominal y pública contenidas en el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011. Para concluir lo anterior, esta Corporación analizó (i) la exigencia de votación nominal y pública consagrada en los artículos 133, 146 y 157 de la Constitución Política; (ii) el carácter insubsanable de los vicios de procedimiento legislativo; y (iii) el vicio en concreto de omisión de votación nominal y pública en la votación en la Plenaria del Senado dentro del trámite legislativo de la ley objeto de control constitucional.

COMUNICADO 32

 

C-586/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

EXENCIÓN DE PAGO DE LA CUOTA DE COMPENSACION MILITAR Y DE COSTOS DE EXPEDICION DE LIBRETA MILITAR A JOVENES QUE SE ENCUENTREN BAJO EL CUIDADO DEL ICBF (ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1184 DE 2008)

13-08-14

 

EXEQUIBLE en relación con el cargo examinado, el artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, en el entendido que los jóvenes que se encuentren bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que sean eximidos de prestar el servicio militar, también quedarán exentos del pago de la cuota de compensación militar y de los costos de expedición de la libreta militar.

 

La Corte profirió una sentencia integradora, declarando exequible el artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, en el entendido que los jóvenes que se encuentren bajo el cuidado del ICBF y que sean eximidos de prestar el servicio militar, también quedarán exentos del pago de la cuota de compensación militar y de los costos de expedición de la libreta militar. Para tal efecto, los beneficiarios deberán aportar copia de la resolución de declaratoria de adoptabilidad y la certificación en la que se haga constar su inclusión en el Listado Censal.

COMUNICADO 32

 

C-587/14

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE EMPRESAS GENERADORAS. (ARTÍCULO 181 DE LA LEY 1607 DE 2012)

13-08-14

 

EXEQUIBLE por los cargos propuestos y analizados, el artículo 181 de la ley 1607 de 2012, en el entendido de que lo allí establecido no aplica respecto de la comercialización de energía no producida por parte de las empresas generadoras de energía eléctrica.

 

En primer lugar, este Tribunal estableció que el precepto legal acusado corresponde a una norma interpretativa, cuyo objeto es precisar el alcance de la actividad industrial de las empresas generadoras de energía eléctrica, con respecto al pago del impuesto de industria y comercio. De donde resulta que, a diferencia de lo expuesto por el actor, no introduce una exención tributaria, sino que simplemente se limita a aclarar el alcance de la base gravable del aludido impuesto, en el sentido de reconocer que la venta de lo producido hace parte de dicha actividad industrial. En este orden de ideas se recordó que, aun cuando el artículo 294 del Texto Superior, conforme al cual: “La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales”, le impone un límite a la facultad del legislador de consagrar exenciones, en aras de salvaguardar el principio de autonomía de las entidades territoriales, dicha restricción no suprime la competencia que le asiste al Congreso de la República para, de manera general y abstracta, señalar los linderos de la actividad impositiva a nivel territorial. En la medida en que el precepto legal acusado no consagra una exención, este Tribunal concluyó que tampoco desconoce el principio de equidad tributaria, más aún cuando lo que busca es hacer efectiva la prohibición de la doble tributación por un mismo hecho económico, en aras de salvaguardar el citado principio constitucional y la progresividad del sistema tributario. Por lo demás, es evidente que no se presentó  una violación del artículo 338 de la Constitución, pues no se está creando un nuevo tributo que exija la determinación de sus elementos esenciales acorde con el principio de legalidad. No obstante lo anterior, esta Corporación encontró necesario delimitar el concepto de comercialización, ya que si bien una noción restringida lo vincula con la venta de lo producido, también puede implicar un fenómeno de reventa, esto es, comprar para vender. Para la Corte, en aquellos casos en que una empresa generadora compra la energía a otra empresa generadora o a una comercializadora para, a su vez, volverla a vender en forma directa a través de contratos bilaterales a usuarios no regulados o a otros agentes del mercado, es indudable que en dicha hipótesis el generador no actúa como “productor” sino como un simple “comercializador”, razón por la que su obligación tributaria se debe causar conforme con las reglas generales del impuesto de industria y comercio. Una lectura en sentido contrario conduciría al desconocimiento del artículo 294 del Texto Superior, pues se estaría concediendo una exención o tratamiento preferencial a las empresas generadoras, al excluirlas del pago del impuesto de industria y comercio sobre una actividad comercial gravada conforme a los artículos 32 y subsiguientes de la Ley 14 de 1983. A su vez se afectaría la autonomía de las entidades territoriales, cuyo reducto mínimo se encuentra en la posibilidad de administrar sus recursos y de establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (CP art. 287.3).

COMUNICADO 32

 

C-591/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-DEVOLUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS. DECISIÓN DE DEVOLUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS U OCUPADOS COMPORTA POTESTAD JURISDICCIONAL Y SU ASIGNACIÓN AL FISCAL AFECTA LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO (EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY 906 DE 2004)

20-08-14

 

INEXEQUIBLES las expresiones “Además de lo previsto en otras disposiciones de este código”, “y por orden del fiscal” contenidas en el inciso primero del artículo 88 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

 

La Sala destacó que el legislador consideró que la adopción de las medidas cautelares materiales de incautación de bienes muebles y ocupación de bienes inmuebles, efectuadas por orden del fiscal o por acción de la policía judicial, podrían conllevar afectación de derechos fundamentales por lo que dispuso un control de legalidad posterior, dentro de las 36 horas siguientes a dicha actuación (Art. 84). Se consideró que la decisión de devolución de los bienes incautados con fines de comiso a quien tenga derecho a recibirlos, debe adoptarse al igual que aquella que dispone sobre el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo sobre bienes susceptibles de comiso, en audiencia ante el juez de control de garantías (Art. 153), a solicitud del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión. Igualmente, la Corporación pone de relieve que esta regulación a la que se ha hecho referencia, y de la que forma parte el precepto parcialmente acusado, atañe a los bienes incautados u ocupados con fines de comiso, en los delitos dolosos. En lo que concierne a los delitos culposos no se prevé en estricto sentido la figura del comiso respecto de los bienes u objetos implicados en el suceso delictivo. De conformidad con el artículo 100 del C.P.P., en los delitos culposos, los vehículos automotores, las naves o aeronaves, o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, implicados en el delito, una vez asegurada la cadena de custodia, serán devueltos provisionalmente al propietario, poseedor, o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado o decretado su embargo y secuestro. La entrega de estos bienes será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios. En cualquier caso, la decisión de entrega de bienes y objetos que tengan libre comercio, implicados en delitos culposos, corresponde al juez de control de garantías. Se concluye por esta Corporación que la regulación establecida en el inciso primero del artículo 88 del código de procedimiento penal, según la cual “por orden del fiscal” serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tuviere derecho a recibirlos, en las hipótesis allí previstas, excede los límites constitucionales a la facultad de configuración que se adscribe al legislador comoquiera que restringe el derecho de los ciudadanos (víctimas, terceros de buena, e incluso del propio imputado) a acceder a una instancia judicial (la audiencia ante el juez de control de garantías) para discutir sus pretensiones, adscritas a los bienes incautados u ocupados con ocasión de la comisión de un delito doloso. Considera la Corte que la expresión acusada vulnera así mismo el artículo 250.3 de la Constitución, según el cual, si bien corresponde a la Fiscalía General de la Nación el aseguramiento de los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción, cuando se requiera de medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, debe obtenerse la respectiva autorización del juez de control de garantías para proceder a ello. Tanto la ejecución de las medidas materiales de incautación u ocupación de bienes con fines de comiso, como su levantamiento mediante la entrega de los bienes, implican afectación de derechos fundamentales (acceso a la justicia y debido proceso en particular derecho de defensa), en el primer caso del imputado y/o de terceros de buena fe, y en el segundo de la víctima, de terceros y eventualmente del propio imputado. Finalmente, y en armonía con lo señalado, se considera que la asignación al fiscal de una competencia que implica poder decisorio, potestad jurisdiccional en tanto debe determinar quién tiene derecho a recibir los bienes a que se refiere el precepto acusado, vulnera un eje axial del sistema penal acusatorio consistente en que las determinaciones que impliquen facultad dispositiva deben ser adoptadas por quien ejerce poderes jurisdiccionales, función que en la fase investigativa compete al juez que ejerce funciones de control de garantías, ello bajo la consideración que el fiscal es un sujeto procesal con interés en el proceso. La conclusión de la Corte Constitucional es que la norma que autoriza al fiscal para que directamente, disponga sobre la devolución, a quien tenga derecho a recibirlos, de unos bienes que han sido afectados con medidas materiales de incautación y ocupación, vulnera dos principios nucleares del sistema penal acusatorio: (i) la separación de funciones entre el fiscal y el juez de control de garantías, conforme al cual las decisiones que comporten potestad jurisdiccional solo pueden ser proferidas por este; y (ii) la radicación en el juez de control de garantías de las decisiones que afecten derechos fundamentales. La medida afecta los derechos fundamentales de acceso a la justicia de quienes tuvieren un interés legítimo en los bienes incautados u ocupados, particularmente el derecho de las víctimas a garantizar su expectativa reparatoria. Se consideró por último que para ajustar la norma a los principios constitucionales que regulan el sistema penal acusatorio debía excluirse del orden jurídico la expresión acusada “y por orden del fiscal”, toda vez que mediante ella se extiende la competencia del fiscal a una materia que involucra potestad jurisdiccional como es la de definir quien tiene derecho a recibir aquellos bienes que han sido objeto de medidas de incautación u ocupación con fines de comiso y puede comprometer los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia. No obstante, advirtió la Sala, que la pretensión del legislador de considerar esta función como una más de las que se adscriben al fiscal en el marco de su potestad constitucional de asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia, está relacionada y reforzada por la expresión “Además de lo previsto en otras disposiciones de este código”, por lo que era preciso efectuar integración normativa del segmento acusado con esta última expresión. La Corte extendió su pronunciamiento de inexequibilidad a la expresión “Además de lo previsto en otras disposiciones de este código”. Excluido este segmento normativo, la competencia del juez que ejerce funciones de control de garantías para disponer sobre la devolución de los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos, en las hipótesis allí previstas, se deriva del inciso segundo de la disposición, según el cual “En las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión, el juez que ejerce las funciones de control de garantías dispondrá el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo”. Observa la Sala que el enunciado normativo del inciso segundo que establece la legitimación para formular la solicitud (el fiscal o quien tenga interés legítimo en la pretensión), y la competencia para resolverla (el juez de control de garantías), cobija también la hipótesis contemplada en el inciso primero en razón a que la expresión “en las mismas circunstancias” establece una clara conexión entre los dos incisos, que conduce a que el enunciado del primero se complemente con las previsiones del segundo.

 

 

COMUNICADO 33

 

C-592/14

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

 

REFORMA EL ESTATUTO DEL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES-EXTINCIÓN DE PENSIONES (EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 188 DEL DECRETO 1211 DE 1990)

20-08-14

 

EXEQUIBLE, por los cargos examinados en esta providencia, la expresión “hasta la edad de veinticuatro años”, contenida en el inciso primero del artículo 188 del Decreto 1211 de 1990

 

De acuerdo con los cargos formulados en la demanda, le correspondió a la Corte Constitucional determinar, si el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por fallecimiento de un oficial o suboficial de las fuerzas militares a favor de hijos estudiantes hasta los veinticuatro (24) años de edad, vulnera el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución, por cuanto el Sistema General de Seguridad Social otorga la pensión de sobrevivientes a hijos estudiantes hasta los veinticinco (25) años de edad. Vistas las características del régimen pensional de sobrevivientes establecido tanto para los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social, como para los beneficiarios del régimen prestacional de la Fuerza Pública que se rige por los Decretos 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, la Corte constató que estos estatutos disponen tratamientos diferentes no susceptibles de considerarse discriminatorios. En efecto, la diferencia de trato en materia prestacional se encuentra constitucionalmente justificada y no puede analizarse frente a los preceptos de la Ley 100 de 1993, toda vez que el régimen especial demandado establece prestaciones diversas que consideradas sistemáticamente y en su conjunto, son más benéficas para los servidores y beneficiarios del dicho régimen. Por consiguiente, analizada de manera integral la estructura general de dichos regímenes especiales, es evidente que prevén suficientes prestaciones adicionales que compensan al beneficiario del sistema pensional, la menor cobertura que implica la sustitución pensional hasta los 24 años para los hijos estudiantes de los miembros de las fuerzas militares. Este límite, además, resulta razonable para garantizar el derecho a la educación, si se tiene en cuenta que por regla general la escolaridad se culmina a los dieciocho años y los estudios superiores se cursan en período máximo de cinco años. Por consiguiente, la Corte encontró que la expresión demandada persigue propósitos legítimos que no son contrarios a las disposiciones constitucionales invocadas por el actor y, en consecuencia, la disposición parcialmente acusada debía ser declarada ajustada a la Constitución en relación con los cargos examinados.

 

COMUNICADO 33

 

C-593/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO-CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES Y CLASIFICACIÓN DE SINDICATOS. REITERACIÓN DE LA EXISTENCIA DE SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES EN EL CASO EN QUE SE TERCERICEN FUNCIONES PROPIAS DE LA EMPRESA. ADEMAS, SEÑALA LA VIGENCIA DEL DEBIDO PROCESO EN LOS PROCESOS SANCIONATORIOS QUE ADELANTE EL PATRONO CONTRA SUS TRABAJADORES. (EXPRESIÓN DEL ARTÍCULO 34, ARTÍCULOS 115 Y 356 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO)

20-08-14

 

EXEQUIBLE la expresión “a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”, del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, por los cargos estudiados en la presente providencia.

 

EXEQUIBLE el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, por los cargos estudiados en la presente providencia.

 

INHIBIDA para decidir de fondo, en relación con el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Correspondió a la Sala analizar (i) si la expresión “a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”, contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo desconocía el mandato de igualdad, al distinguir, para efectos de la aplicación de la solidaridad de aquél que se beneficia con una obra, entre los trabajadores que realizan labores propias del giro ordinario de los negocios de la empresa, y aquellos que desarrollan tareas ajenas. Para el ciudadano, este trato diferente generaba una afectación del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, la primacía de la realidad sobre las formas y el principio de favorabilidad, de estos últimos y (ii) si el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, al regular el procedimiento para la imposición de sanciones a los trabajadores, desconocía sus garantías constitucionales al debido proceso. La Corporación consideró que, a diferencia de lo sostenido por el actor, la distinción realizada por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, busca proteger al trabajador de posibles encubrimientos de verdaderas relaciones laborales a través de contratistas independientes. En otras palabras, lo que persigue el legislador es diferenciar y hacer viables los derechos de los trabajadores contratados por terceros, que desarrollan actividades propias y misionales de la empresa beneficiada, a través de la imposición de su responsabilidad solidaria en el pago de los salarios y demás prestaciones sociales. Esta distinción es además razonable y proporcionada. En relación con el análisis del artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, señaló que la disposición debía ser interpretada acorde con el texto constitucional, y por tanto, la obligación de escuchar previamente al trabajador, en el caso de aplicarse alguna sanción contenida en el Reglamento del Trabajo, implica el respeto de las garantías propias del debido proceso, las cuales fueron enunciadas en la parte considerativa de esta providencia. En este orden de ideas, se recordó que el derecho constitucional al debido proceso se aplica no sólo a las actuaciones judiciales y administrativas del Estado, sino que en todos los campos donde se haga uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto para imponer sanciones o castigos para mantener el orden al interior de las organizaciones privadas. En el campo laboral, ello se traduce en la obligación de los patronos de fijar en los Reglamentos Internos de Trabajo, unas formas o parámetros mínimos que aseguren el cumplimiento de la referida prerrogativa constitucional. Finalmente, se declaró inhibida para conocer los cargos dirigidos contra el artículo artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo al considerar que no se cumplían con las exigencias tanto legales como jurisprudenciales que hacen posible adelantar un juicio de constitucionalidad.

 

 

COMUNICADO 33

 

C-594/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES- EXPRESIÓN “LAS AUTORIDADES COMPETENTES” CONTEMPLADA NORMA ACUSADA, QUE SEÑALA QUE ÉSTAS SERÁN LAS ENCARGADAS DE LA OPERACIÓN TÉCNICA DE LA RESPECTIVA INTERCEPTACIÓN ASÍ COMO DEL PROCESAMIENTO DE LA MISMA. (EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 1453 DE 2011)

20-08-14

 

EXEQUIBLE la expresión “las autoridades competentes” contemplada en el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011 por el cargo analizado en la presente sentencia.

 

La Corte consideró que en este caso no existe una omisión legislativa, sino una norma en blanco que puede ser complementada a través de una interpretación sistemática de la disposición demandada junto a las Leyes 906 y 938 de 2004 y al artículo 250 de la Constitución. Si bien el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011 no determina específicamente cuáles son las autoridades encargadas de realizar la operación técnica de la interceptación de comunicaciones, el artículo 46 de la Ley 938 de 2004 señala que dicha competencia recae en las autoridades de policía judicial, las cuales son definidas en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley 906 de 2004. El demandante también afirmó que existe un vacío importante en la determinación de la autoridad competente para realizar las interceptaciones, pues la Fiscalía podría delegar esta función en cualquier entidad pública y con ello cualquier autoridad pública en Colombia podría realizar interceptación de comunicaciones. Sin embargo, esta facultad de delegación se encuentra contemplada en el artículo 250 de la Constitución Política y fue justificada claramente por la Asamblea Nacional Constituyente en el siguiente sentido: “La Policía Judicial estará bajo la dirección de la Fiscalía General, como instrumento eficaz para adelantar investigaciones de tipo técnico. Pero como existen actividades muy complejas se faculta expresamente al fiscal general de la Nación para señalar los casos en los cuales otros organismos oficiales no pertenecientes a la Fiscalía, puedan asumir transitoria o permanentemente y bajo su dirección y responsabilidad, funciones de Policía Judicial. Tales serían los casos, por vía de ejemplo, de los superintendentes (Bancario, de Sociedades, de Notariado y Registro, de Industria y Comercio y Control de Cambios) de la Contraloría General de la República, de los inspectores de Trabajo, de la Sijin y de la Dijin". La Corte consideró que no se vulnera el derecho al debido proceso pues: (i) la autoridad de policía judicial en el sistema acusatorio realiza una simple labor operativa administrativa bajo la absoluta dirección de la Fiscalía General de la Nación (ii) el requisito del juez natural no se puede extender a la definición específica de todas las autoridades que pueden realizar interceptaciones de comunicaciones, pues la propia Constitución abre la puerta para que sea la Fiscalía y no el legislador quien determine a qué autoridades puede delegar transitoriamente labores de policía judicial. Se resaltó que no se desconoce el derecho a la intimidad por los siguientes motivos: (i) esta garantía no es absoluta, por lo cual puede ser objeto de restricciones, dentro de las cuales se ha reconocido la posibilidad de realizarlas en interés de la justicia para investigar la comisión de conductas punibles; (ii) la restricción del derecho a la intimidad a través de la interceptación de comunicaciones está avalada por la propia Constitución que en su artículo 250 permite a la Fiscalía General “adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”; (iii) la facultad del Fiscal General de la Nación de asignar en otras entidades públicas la realización de funciones de policía judicial como la interceptación de comunicaciones está contemplada en el propio artículo 250 de la Constitución y (iv) las operaciones de interceptación requieren un estricto control judicial.

 

COMUNICADO 33

C-595/14

JORGE IGNACIO CHALJUB

 

NORMAS ORGÁNICAS DE PRESUPUESTO- CONCESIÓN DE ESTÍMULOS PARA PROMOVER INICIATIVAS PRIVADAS EN ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS SIN DESEMBOLSO DE RECURSOS PÚBLICOS. (INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 1508 DE 2012)

20-08-14

 

EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 20 de la ley 1508 de 2012 “por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, por las razones expuestas en la providencia

 

La Sala encontró que los cargos formulados por el demandante por violación de los artículos 4, 29 y 209 de la Carta Política, no se fundamentaron en argumentos claros, ciertos, pertinentes, específicos y suficientes. Por ello se inhibió de examinarlos de fondo. Por otra parte, consideró que de la demanda sí se derivaba un cargo apto por violación del principio de igualdad. Las premisas de este cargo pueden resumirse de la siguiente forma: (i) todos los proponentes que participan en la selección abreviada para adjudicar un contrato de asociación público privada (APP) de iniciativa privada que no requiere desembolso de recursos públicos deben recibir el mismo tratamiento, teniendo como criterio de comparación el ser proponentes de un proceso de selección de contratistas de una entidad estatal; (ii) el inciso acusado no otorga un tratamiento igual a todos los proponentes, sino que crea una ventaja a favor del proponente originador del proyecto que consiste en permitirle mejorar su oferta en caso de que no resulte ser la mejor calificada; y (iii) ese tratamiento diferenciado no tiene justificación, con mayor razón si se tiene en cuenta que el originador tiene de hecho una mejor posición debido al conocimiento previo que ha adquirido sobre el proyecto que se busca ejecutar. La Sala concluyó que este cargo no estaba llamado a prosperar, por las siguientes razones: Antes de examinar el fondo de la controversia, se advirtió que a partir de una interpretación gramatical, sistemática e histórica del inciso, se puede concluir que el contenido normativo del inciso demandado es el siguiente: (i) crea una facultad en cabeza del originador de una iniciativa privada de APP que no demanda desembolso de recursos públicos, es decir, introduce una posibilidad de la que puede o no hacer uso el originador; (ii) esa facultad consiste en permitirle mejorar la oferta que inicialmente presentó dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía a la que alude el inciso segundo del artículo 20 de la ley 1508, cuando aquella no obtuvo la mejor calificación; (iii) el mejoramiento de la oferta debe hacerse de conformidad con los parámetros previamente fijados en el proceso de selección –en los pliegos de condiciones o documentos que hagan sus veces- y con sujeción a la ley 1508 y sus normas reglamentarias; (iv) la facultad otorgada al originador no conlleva la obligación de la entidad contratante de seleccionar la propuesta mejorada; (v) esta última será elegida solamente cuando cumpla los requisitos de los pliegos y resulte con una mejor calificación que la propuesta que inicialmente había sido evaluada con los puntajes más altos. Teniendo en cuenta el contenido y finalidades del inciso, se observó que el originador no se halla en la misma situación de los terceros que manifiestan su interés en ejecutar el proyecto que el primero ha contribuido a estructurar y que se pretende desarrollar mediante la modalidad de APP de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos. Ciertamente el originador de la iniciativa que se propone ejecutar mediante un contrato de APP de iniciativa privada, asume los costos y riesgos, y realiza las labores necesarias para la estructuración del proyecto en las etapas de prefactibilidad y factibilidad. Esto supone actividades tales como: identificación y descripción de la necesidad que se debe satisfacer, definición de la población que resultará beneficiada, realización de estudios de demanda, estructuración del plan de inversiones, cálculo de los costos estimados, señalamiento de las posibles fuentes de financiación, elaboración de diseños y estudios previos –en materia de suelos, títulos de propiedad, etc.-, identificación de actores financieros, operativos y administrativos involucrados, establecimiento de factores que pueden afectar la normal ejecución del proyecto, proposición de esquemas de distribución de riesgos, entre muchas otras. Por tanto, el originador asume una carga importante en la estructuración del proyecto y del respectivo contrato, e invierte importantes recursos que, en caso de que se acepte su propuesta, beneficiarán a la entidad contratante y a la sociedad en general. Estos esfuerzos e inversiones no son realizadas por los otros particulares que, una vez aceptada la iniciativa tras la etapa de factibilidad, manifiesten su interés en ejecutar el proyecto. Cuando estos actores entran a participar, ya el proyecto se encuentra en una etapa de diseño y estructuración avanzada. Ellos solamente deben formular una oferta basándose en las condiciones resultantes del esfuerzo llevado a cabo por el originador y que se consignan en el respectivo pliego de condiciones o documento que haga sus veces. Las labores, inversiones y esfuerzos realizados por el originador en las etapas de prefactibilidad y factibilidad son criterios que impiden concluir que se halla en pie de igualdad con los demás particulares que una vez admitida la iniciativa, manifiestan su interés en la ejecución del proyecto. En vista de que en este caso los grupos a los que se dispensa un trato diferenciado no son efectivamente comparables, se concluyó que la medida demandada no lesiona el principio de igualdad y, en consecuencia, debe ser declarada exequible.

 

COMUNICADO 33

 

C-615/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

NORMA QUE MODIFICA LA PLANTA TEMPORAL DE EMPLEOS DE REGALÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (DECRETO LEY 2025 DE 2013)

 

27-08-14

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C - 506 de 2014 que declaró inexequible el Decreto Ley 2025 de 2013 “Por el cual se modifica la planta temporal de empleos de Regalías de la Contraloría General de la República”.

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-506/14

 

COMUNICADO 34

 

C-616/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL- PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR RÉPLICA DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO. (ARTÍCULO 443 DE LA LEY 906 DE 2004)

27-08-14

 

EXEQUIBLE por el cargo analizado el inciso tercero del artículo 443 de la Ley 906 de 2004.

 

Los demandantes señalan que el inciso tercero del artículo 443 de la Ley 906 de 2004 no les permite a las víctimas presentar réplicas respecto de los alegatos de conclusión de la defensa, lo cual constituye una omisión legislativa que vulnera sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La Corte Constitucional encontró que no se configuran los requisitos exigidos por la jurisprudencia para el reconocimiento de una omisión legislativa relativa por los siguientes motivos: La norma no omite incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta, pues no existe un mandato constitucional que exija que las víctimas tengan una intervención directa en todas las etapas del juicio oral, pues por el contrario, la jurisprudencia ha señalado que su participación en esta fase puede ser menor, ya que en la misma se concentra el debate adversarial entre la Fiscalía y el imputado. En este sentido, el grado de participación de las víctimas en esta fase depende de la estructura del sistema acusatorio y de la posibilidad de que en la actuación concreta se puedan afectar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La imposibilidad de que la víctima realice directamente una réplica en los alegatos de conclusión es razonable, pues éstos concentran el debate y la pugna entre la acusación y la defensa y por ello no pueden contemplar reglas que impliquen un desbalance desproporcionado de la posición del acusado como permitir que éste tenga que recibir al mismo tiempo las réplicas de varias partes e intervinientes como la Fiscalía, los apoderados de las víctimas e incluso el Ministerio Público. Lo anterior, no quiere decir que las víctimas no puedan participar en los alegatos de conclusión, pues la norma demandada permite que tengan una intervención inicial, a lo cual cabe agregar que la propia Fiscalía tiene el deber constitucional y legal de proteger los derechos de las víctimas y por ello si presenta una réplica no deberá concentrarse en la tutela del interés de la sociedad, sino también de la protección de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica no genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino que busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el proceso. Finalmente, la imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica a los alegatos de conclusión de la defensa no constituye un incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador, pues la ley puede limitar la participación de la víctima en la etapa de juicio oral si se afectan los rasgos esenciales del sistema acusatorio como el principio de igualdad de armas.

 

COMUNICADO 34

 

C-630/14

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE EN APLICACIÓN DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA – CREACIÓN DE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN ESTA LEY, INTEGRADA POR DOS (2) REPRESENTANTES Y DOS SENADORES DE LAS COMISIONES PRIMERAS CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DESIGNADOS POR LAS MESAS DIRECTIVAS DE LAS MISMAS. (ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1642 DE 2013)

 

03-09-14

 

 

INEXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 1642 de 2013 Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.

 

 

La Corte se pronunció acerca de si la Comisión de Seguimiento al uso de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para modificar la estructura de la Defensoría del Pueblo, establecida por la norma demandada: i) implicaba infracción del numeral 1º del artículo 136 superior, que prohíbe al Congreso y a cada una de sus cámaras inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades; ii) resultaba contraria a la Constitución en razón a la indeterminación de las funciones que ella debe cumplir. A este respecto la Corte encontró que, en efecto, la norma demandada adolecía de un alto grado de indeterminación, por cuanto, además de no contener ninguna referencia al alcance de las facultades de la comisión que por ella se crea, el término seguimiento puede dar lugar a gran cantidad de diversos entendimientos, varios de los cuales ciertamente tendrían connotaciones de interferencia a la función del órgano o autoridad que es objeto de aquel. Esta circunstancia haría claramente posible que en este caso, so pretexto de adelantar tareas de seguimiento, el Congreso de la República pudiera extralimitarse en sus funciones, o inmiscuirse en aquellas propias del Presidente de la República, o de la Defensoría del Pueblo, órgano que por mandato constitucional es autónomo e independiente, que es la entidad para cuya reestructuración se concedieron estas facultades extraordinarias. De otra parte, la Corte concluyó que el silencio del legislador en torno a este tema infringió también el principio de legalidad establecido en los artículos 6º, 121 y 122 de la Constitución Política, en lo relativo a la determinación de las funciones que se atribuyen a los órganos, autoridades y servidores públicos, que en virtud de tales mandatos ha de ser suficientemente clara y precisa.

 

COMUNICADO 36

 

C-631/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CODIGO CIVIL- EXPRESIONES CONTENIDAS EN NORMA ACUSADA SOBRE IDEA DE PERMANENCIA. (ARTÍCULO 81 DE LA LEY 57 DE 1887)

03-09-14

 

INHIBIDA por ineptitud sustancial de la demanda en relación con la expresión “confinado por decreto judicial a un paraje determinado”.

 

INHIBIDA para decidir en relación con la expresión “o desterrado de la misma manera fuera del territorio nacional”, en virtud de su derogatoria por la Constitución de 1991”.

 

Le correspondió a la Corte determinar si la alusión a las situaciones de confinamiento y destierro que se hacen en la norma acusada, a propósito de eventuales variaciones en el domicilio civil, son contrarias a la Constitución Política, teniendo en cuenta que el actual  texto superior expresamente proscribe la pena de destierro. Al analizar el cargo planteado, la Corte encontró que la argumentación del actor se centra exclusivamente en la actual prohibición constitucional de la pena de destierro, pero no avanza ni siquiera mínimamente en lo relativo a por qué sería igualmente inviable la antigua pena de confinamiento. Por esta razón, este tribunal concluyó que existía una insuperable ineptitud de la demanda en lo que a ese punto se refiere, lo que conduce a la inhibición. De otro lado, en lo atinente al destierro, la Corte concluyó que el segmento normativo que contiene esta alusión se encuentra tácitamente derogado desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, precisamente en razón a la total prohibición de esta antigua pena, que por ser parte del orden vigente al momento de expedirse el Código Civil, fue entonces tomada como referente. Así las cosas, la actual falta de vigencia de esta parte de la norma implica que la Corte no podría pronunciarse sobre su constitucionalidad, lo que también tiene como consecuencia la inhibición de este tribunal.

COMUNICADO 36

 

C-632/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

RÉGIMEN PENSIONAL Y DE ASIGNACIÓN DE RETIRO DEL PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. (ARTÍCULO 1 Y 2 DEL DECRETO 1858 DE 2012)

03-09-14

 

INHIBIDA, por falta de competencia para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 1º y 2º del Decreto 1858 de 2012 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional”.

 

 

Al reexaminar los fundamentos de la demanda instaurada contra los artículos 1º y 2º del Decreto 1858 de 2012, la Sala constató su falta de competencia para pronunciarse en relación con lo acusado, pues este decreto no corresponde a ninguna de las categorías sobre las que, por excepción, corresponde decidir a esta Corte, siendo claro, en cambio, que su conocimiento corresponde al Consejo de Estado.

COMUNICADO 36

C-633/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

DISPOSICIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS PARA SANCIONAR LA CONDUCCIÓN BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. (ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1696 DE 2013, PARÁGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY 769 DE 2002, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 1696 DE 2013 Y PARÁGRAFO 3º DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY 769 DE 2002,  INCORPORADO ORIGINALMENTE POR EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 1548 DE 2012 Y SUBROGADO POR EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 1696 DE 2013 Y EL INCISO TRECE DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 769 DE 2002)

03-09-14

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del artículo 8º de la Ley 1696 de 2013, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

EXEQUIBLE el parágrafo 2º del artículo 152 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013.

 

EXEQUIBLES el parágrafo 3º del artículo 152 de la Ley 769 de 2002,  incorporado originalmente por el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 y subrogado por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013 y el inciso trece del artículo 149 de la Ley 769 de 2002.

 

En el presente caso, la Corte comenzó por señalar que el cargo dirigido contra un aparte del artículo 8º de la Ley 1696 de 2013 carece de las condiciones mínimas requeridas para hacer posible su análisis por parte de esta corporación, pues no satisface la carga de argumentación que para el caso incumbe al actor, lo que se refleja en el incumplimiento de los criterios de certeza y suficiencia, necesarios para el efecto. Por ello, la Sala resolvió inhibirse de adoptar una decisión de fondo en relación con este cuestionamiento. En relación con las competencias administrativas previstas en los parágrafos 2º y 3º del artículo 152 del Código de Tránsito (Ley 769 de 2002) modificado por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, la Corte resaltó que resulta enteramente conforme a la Constitución que el legislador regule los deberes exigibles, así como las sanciones eventualmente aplicables, a quienes asumen la conducción de vehículos automotores, que como es sabido, es una actividad que aunque lícita, es peligrosa, por su eventual impacto en bienes jurídicamente protegidos, entre ellos la vida e integridad de las personas, tanto de terceros como incluso del conductor mismo. Así, la regulación de tales deberes y sanciones resulta válida en cuanto contribuye a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la carta política, según lo prevé su artículo 2º. Adicionalmente, esa posibilidad también encuentra fundamento en el artículo 150 numeral 25, conforme al cual le corresponde al Congreso unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio nacional. Seguidamente, la Corte abordó el análisis de proporcionalidad de estas medidas, empleando para ello un test de intensidad intermedia. A este respecto, destacó que: i) estas medidas persiguen propósitos constitucionales importantes, entre ellos la protección de la vida y la integridad de las personas; ii) emplean medios no proscritos por la Constitución, pues aunque implican la anticipada restricción de algunos derechos, tienen por finalidad asegurar la efectividad del procedimiento en curso, a través del cual se busca resguardar intereses de especial valor constitucional; iii) las competencias atribuidas son efectivamente conducentes para controlar los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol. En lo específicamente atinente al parágrafo 3º, que regula la situación relativa a la reticencia del conductor que hubiere sido requerido para practicarse las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la ley parcialmente demandada, la Corte lo encontró ajustado a la Constitución, tanto si ello ocurre dentro de un procedimiento de rutina de carácter preventivo, como si tiene lugar como consecuencia de un accidente que haya producido afectación a terceras personas. Además del ya referido carácter de actividad peligrosa que habilita al legislador para regular intensamente tal actividad, la Sala destacó que por esa misma razón la persona que decide conducir vehículos automotores asume una relación de especial sujeción frente a las autoridades, que habilita a éstas para requerir determinados comportamientos por parte del ciudadano interesado, máxime cuando concurren circunstancias como la de encontrarse bajo el influjo del alcohol o de otras sustancias psicoactivas, pues ese hecho incrementa el riesgo existente sobre los bienes jurídicos cuya protección se pretende. Por lo demás, la conducta que en este caso se espera del ciudadano requerido encuentra respaldo en los deberes que para él establecen los artículos 6º y 95 del texto superior, en lo relativo al cumplimiento de la Constitución y la ley. De otra parte, la Corte observó que la diligencia regulada por esta norma no requiere previa autorización por parte del juez de control de garantías en los términos del artículo 250 constitucional, pues la averiguación que con ella se busca no está destinada a cumplir una función probatoria dentro de un proceso penal. Finalmente, la Corte destacó que el parágrafo 3º acusado prevé como supuesto indispensable de la regla allí establecida el hecho de que las autoridades observen a plenitud las garantías constitucionales de la persona requerida, en desarrollo de lo cual, ellas tienen la obligación de informar al conductor de manera precisa y clara sobre la naturaleza de esta prueba, los efectos de su realización, las consecuencias que se derivarían de la decisión de no permitir su práctica, el trámite administrativo que debe surtirse con posterioridad a ella, y todas las demás circunstancias que aseguren completa información por parte del conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al respecto. En tales condiciones, la realización de esta prueba y las consecuencias previstas para la reticencia no son contrarias a la Constitución.

 

COMUNICADO 36

 

C-634/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC, SE FIJA SU ESTRUCTURA Y SE SEÑALAN SUS FUNCIONES (ARTÍCULOS 1°, 2° Y 4° DEL DECRETO 4173 DE 2011.)

03-09-14

 

EXEQUIBLES los artículos 1°, 2° y 4° del Decreto 4173 de 2011.

 

En esta oportunidad, y dado que la demanda atacaba también algunos apartes de los artículos 7°, 8°, 12 y 13 de este mismo Decreto, la Corte comenzó por señalar la imposibilidad de decidir sobre éstas, pues el artículo 8° fue derogado por el Decreto 985 de 2012 y no se encuentra actualmente vigente, mientras que los artículos 7°, 12 y 13 fueron subrogados por otras disposiciones del mismo decreto, las cuales no fueron acusadas, y aún en caso de haberlo sido, la Corte no sería competente para conocer sobre ellos, puesto que se trata de actos administrativos expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de facultades propias, cuyo conocimiento no está atribuido a este tribunal. Por estas razones, el análisis de la Corte se circunscribió a los artículos 1°, 2° y 4° del Decreto 4173 de 2011. Respecto de esos artículos, el actor planteó que ellos vulneraban el artículo 150 numeral 10° de la Constitución, pues el Ejecutivo habría excedido el marco de las facultades que le fueron otorgadas por el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, desconociendo además la línea que al respecto trazó esta Corte en la sentencia C-473 de 2013 sobre el alcance de tales facultades, al igual que el artículo 243 superior, que se refiere a la cosa juzgada constitucional. Adujo también violación del artículo 29 ibídem sobre debido proceso, al haber atribuido la función disciplinaria en relación con servidores públicos de ciertas entidades, la DIAN, la UGPP y COLJUEGOS, a esta nueva entidad, el ITRC. La Corte desechó los anteriores cargos al considerar que el precedente citado (C-473 de 2013) resultaba inaplicable al caso concreto, pues se trata de normas diferentes, el fallo citado es posterior a la expedición del decreto ahora demandado, y las razones por las que uno y otro habrían violado la Constitución tampoco coinciden. Estas consideraciones excluyen el alegado desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, lo mismo que el presunto exceso por parte del Presidente de la República en el uso de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas. De otra parte, la Corte encontró que la atribución de la facultad disciplinaria sobre funcionarios de las referidas entidades a la agencia ITRC tampoco es contraria al artículo 29 superior ni resulta lesiva del debido proceso, por cuanto tal atribución deja a salvo el poder disciplinario preferente del Procurador General de la Nación y se enmarca dentro de una de las posibilidades previstas en el artículo 269 de la Carta, en lo relativo a la organización del control interno, que según lo prevé esa norma, bien puede ser encomendado a una entidad externa.

 

COMUNICADO 36

 

C-635/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

CÓDIGO PENAL- DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE GRADUACION DE LA PENA Y RETRACTACION. (ARTÍCULO 223 Y 225 DE LA LEY 599 DE 2000)

03-09-14

 

En lo relacionado con los cargos contra el inciso 2° del artículo 223 de la Ley 599 de 2000, por infracción al principio de legalidad en sus manifestaciones del principio de lesividad y el principio de prohibición del exceso, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-442 de 2011.

 

En lo relacionado con los cargos contra el artículo 225 de la Ley 599 de 2000, por violación del derecho a la honra, negación del derecho de acceso a la administración de justicia y el desconocimiento del restablecimiento de los derechos del ofendido, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-489 de 2002.

 

Declarar EXEQUIBLES, únicamente por los cargos analizados, los artículos 223 inciso 2° y 225 de la Ley 599 de 2000, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

 

En este proceso, le correspondió a la Corte pronunciarse sobre dos distintas cuestiones relativas a los delitos de injuria y calumnia. La primera de ellas, si la penalización de estas conductas en los casos en que la acción se realice mediante escrito dirigido exclusivamente al afectado o en su sola presencia, es contraria a la Constitución por sancionar comportamientos que en realidad no causan daño. La segunda, si la total exclusión de responsabilidad penal siempre que hubiere retractación o rectificación por parte del autor deja desprotegido el derecho a la honra de la persona ofendida, e impide indebidamente el acceso de ésta a la administración de justicia. Como primera medida, la Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con la mayoría de los aspectos planteados por los actores. Así, en lo concerniente al inciso 2° del artículo 223 del Código Penal, encontró que la sentencia C-442 de 2011 estudió los temas relativos a si la existencia de estos tipos penales, incluso en el caso en que la ofensa solo es conocida por el ofendido, resulta lesiva del principio de legalidad y del principio de lesividad del acto, o si por el contrario aparece justificada, en cuanto constituye un mecanismo idóneo de protección de la honra y el buen nombre de las personas ofendidas. De igual manera, determinó que la sentencia C-489 de 2002 examinó el contenido del artículo 225 del Código Penal frente a cuestionamientos tales como el posible déficit de protección de esos mismos derechos, que se produciría cuando por la sola decisión del infractor se detiene la actuación de la administración de justicia que por iniciativa del ofendido se hubiere iniciado. Excluidos esos cuestionamientos, en relación con los cuales la Corte decidió estarse a lo resuelto en los ya referidos pronunciamientos, la Sala concentró su análisis en los aspectos pendientes, esto, es, en el primer caso, si la sanción a la ofensa que solo el afectado ha conocido resulta contraria a la dignidad humana o implica imponer a la Fiscalía la obligación de investigar acciones que no resultan lesivas de bienes jurídicos, y en el segundo, si la falta de sanción en caso de retractación o rectificación es contraria al principio contenido en el artículo 250 superior, que establece como obligación del Estado la de perseguir las conductas que constituyan delito, o a la regla sobre responsabilidad de los particulares por sus actos contrarios a la ley, prevista en el artículo 6° superior. Al estudiar estos aspectos, la Sala concluyó que los cargos analizados no estaban llamados a prosperar. En el primer caso, la decisión de la Corte resaltó que el cuestionamiento del actor se apoyaba en el supuesto según el cual las ofensas consumadas solamente en  presencia del ofendido no causan daño, lo que no resulta exacto, pues por el contrario, es posible que la integridad moral del agraviado se vea afectada, aún en esas circunstancias, lo que justifica la sanción penal del autor de la agresión. En relación con la exclusión de sanción penal en los casos de retractación o rectificación, la Corte consideró que ese hecho no implica desprotección a los derechos de la persona ofendida, ni infracción a lo previsto en los artículos 250 y 6° de la Constitución, dado que la acción penal no es el único mecanismo que el ordenamiento jurídico ha previsto en su favor, pues existe por ejemplo la acción civil de reparación, que no resulta extinguida por la retractación de los autores de la injuria o la calumnia.

 

COMUNICADO 36

 

C-665/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA- SEÑALAMIENTO DE UN TOPE EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN DE INTERESES PARA EFECTOS TRIBUTARIOS (ARTÍCULO 109 DE LA LEY 1607 DE 2012)

 

10-09-14

 

EXEQUIBLE por los cargos analizados en esta sentencia, el artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, que adicionó el artículo 118-1 al Estatuto Tributario.

La Corte se pronunció en esta oportunidad acerca de si la norma acusada, en cuanto establece un límite por encima del cual no serán deducibles los intereses generados por deudas, resultaba contraria a varios preceptos constitucionales, entre ellas los artículos 13, 29, 83, 95-9, 333 y 363. Según el actor, al establecer una regla de este tipo, el legislador discrimina indebidamente entre quienes se apoyan en el crédito para el ejercicio de sus actividades económicas y quienes no acuden a ese mecanismo, establece una presunción de mala fe en perjuicio de quienes utilizan recursos de crédito por encima del tope por ella señalado, atenta contra los principios de equidad y progresividad que deben caracterizar el sistema tributario y obstruye el efectivo ejercicio de la libertad de empresa. Al realizar el correspondiente análisis, la Corte encontró que ninguno de estos cargos estaba llamado a prosperar. La Sala consideró que no se viola el principio de igualdad, pues la regla acusada se aplica a todos los contribuyentes, no establece la alegada distinción entre evasores y no evasores y no tiene el carácter sancionatorio que el actor le atribuyó. Para este tribunal, tampoco se vulnera el derecho al debido proceso, pues esta regla ha sido fijada por el legislador a partir de consideraciones que atienden la realidad de los hechos, y una vez formulada se aplica a todos sus destinatarios, con independencia de su nivel de endeudamiento, y sin que éstos puedan ser admitidos a controvertir las razones o criterios a partir de los cuales el legislador estableció esa regla, de alcance general. De igual manera, la Corte descartó la alegada vulneración de los principios sobre libertad de empresa y equidad del sistema tributario, pues la norma no pretende direccionar las estrategias de inversión o financiamiento de los actores económicos, ni promover o castigar ninguna de ellas, ni tampoco resulta posible afirmar que a través de esta regla se afecta indebidamente a quienes por su inferior capacidad económica se ven obligados a utilizar recursos del crédito, hipótesis que por lo demás no aparecen probadas en la demanda.

 

COMUNICADO 37

 

C-666/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

NORMA QUE ASIGNA FUNCIONES A LOS NOTARIOS - DECLARACION DE LA POSESIÓN REGULAR. (ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1183 DE 2008)

10-09-14

 

 

INHIBIDA para decidir sobre el cargo planteado respecto de la expresión urbanos, contenida en el artículo 1º de la Ley 1183 de 2008, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

En este caso la Corte debía determinar si el hecho de que se restrinja solo a inmuebles urbanos la posibilidad excepcional de solicitar ante notario la inscripción como poseedor regular conforme a la Ley 1183 de 2008, viola el derecho a la igualdad de los propietarios de inmuebles rurales de semejantes condiciones. Sin embargo, la Sala encontró que el actor no satisfizo los criterios requeridos para dar lugar a un análisis de fondo sobre el cargo planteado, ya que su demanda carece de las necesarias claridad y especificidad, pues no explica de manera concreta en qué consistiría la violación al derecho a la igualdad que alega, y en tales condiciones, tampoco concurre la suficiencia, por cuanto no logra generar una duda sobre la exequibilidad de la norma.

 

COMUNICADO 37

 

C-667/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

CONVENIO ENTRE EL ESTADO COLOMBIANO Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. (LEY 1692 DE 2013)

10-09-14

 

EXEQUIBLE el "Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del "Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta.

 

EXEQUIBLE la Ley 1692 de diciembre 17 de 2013.

 

 

La Corte constató que los trámites relativos a la suscripción de estos instrumentos internacionales, así como los atinentes a la formación de la ley aprobatoria en sus distintas etapas se cumplieron en su integridad, por lo que desde el punto de vista formal, ésta debe ser declarada exequible. En relación con el contenido de los acuerdos aprobados, la Corte recordó que con anterioridad se han celebrado convenios con varios otros Estados con estos mismos propósitos, evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, objetivos que en todos los casos han sido estimados por esta Corte como conformes a la Constitución, en cuanto favorecen el desarrollo económico y la libertad de empresa, y se enmarcan dentro de un contexto de estricta reciprocidad respecto de los otros Estados suscriptores. Por estas razones, al concurrir las mismas circunstancias, la Corte concluyó que también este convenio y sus demás documentos accesorios resultan exequibles en razón a su contenido.

 

COMUNICADO 37

C-668/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

NORMA SOBRE MULTAS POR EL ALCALDE QUE HACE PARTE DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE VIGENTE. (NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 210 DEL DECRETO 1355 DE 1970)

10-09-14

 

INHIBIRSE de proferir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “Al que no ice la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados por el reglamento o resolución de autoridad”, contenida en el numeral 1º del artículo 210 del Decreto 1355 de 1970, por cuanto la misma fue derogada por el artículo 5º de la Ley 12 de 1984, configurándose la carencia actual de objeto.

 

 

En el presente caso, la Corte debía resolver si la obligación de izar la bandera nacional en los días oficialmente determinados, respaldada con una multa para quienes no lo hicieren, es contraria a la Constitución, por vulnerar el libre desarrollo de la personalidad y las libertades de expresión, de conciencia y de cultos (artículos 16, 18 y 19). Sin embargo, este tribunal encontró que la norma acusada no se encuentra vigente, en razón de la derogatoria orgánica causada por la entrada en vigencia de la Ley 12 de 1984, que reguló íntegramente la materia relacionada con el uso de los símbolos patrios, norma que dispuso que sería el Gobierno Nacional quien en lo sucesivo regularía el tema, incluyendo lo relativo al eventual uso indebido que de ellos se hiciere, con lo que se produjo entonces el fenómeno de la deslegalización de esta materia. De otro lado, encontró que en efecto el Gobierno ha hecho uso de esas facultades, con lo que el tema se encuentra actualmente regulado por el Decreto 1967 de 1991, norma cuya existencia reafirma la pérdida de vigencia de la disposición que en este caso fue demandada.

 

COMUNICADO 37

 

C-669/14

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- SUJETOS TITULARES DE DERECHOS - DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. (ARTÍCULO 3 Y 29 DE LA LEY 1098 DE 2006).  CODIGO PENAL- FECUNDACION Y TRAFICO DE EMBRIONES HUMANOS.  (LEY 599 DE 2000 ARTÍCULO 134).  NORMA QUE REGLAMENTA PARCIALMENTE LAS LEYES 9ªDE 1979, Y 73 DE 1988, EN CUANTO A LA OBTENCIÓN, DONACIÓN, PRESERVACIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DESTINO Y DISPOSICIÓN FINAL DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA TRASPLANTE DE LOS MISMOS EN SERES HUMANOS, Y SE ADOPTAN LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE BIOMEDICINA REPRODUCTIVA, CENTROS O SIMILARES. (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 1546 DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO 2493 DE 2004)

10-09-14

 

INHIBIDA para decidir sobre los cargos planteados con respecto a las normas acusadas, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

La Sala encontró que la demanda no llenaba los requisitos mínimos necesarios para que la Corte pudiera decidir sobre ella, pues de una parte faltaba el criterio de certeza, al no aparecer evidente que las normas acusadas tengan el contenido que la actora les atribuye, y tampoco concurrir los criterios de pertinencia y especificidad, pues los cargos esbozados no lograron explicar por qué razón las normas acusadas serían contrarias a la Constitución. Por estas razones no resultaba posible para la Corte adoptar una decisión de fondo sobre los cuestionamientos planteados, por lo que solo procedía una decisión inhibitoria

 

COMUNICADO 37

 

C-670/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014- OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. (ARTÍCULO 262 DE LA LEY 1450 DE 2011)

10-09-14

 

EXEQUIBLE el artículo 262 de la Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, por los cargos examinados en esta providencia.

 

En este proceso, le correspondió a la Corte pronunciarse sobre si una norma de la ley del Plan Nacional de Desarrollo actualmente vigente, relacionada con la normatividad aplicable a operaciones de crédito público que realicen determinados sujetos con participación estatal mayoritaria, sería contraria a los artículos 158 y 339 de la Constitución Política, por vulnerar el principio de unidad de materia y el contenido propio de la Ley cuatrienal del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello la Corte recordó la situación particular que se presenta en relación con el principio de unidad de materia cuando la ley analizada es la contentiva del Plan Nacional de Desarrollo, pues si bien es claro que se trata de una norma multitemática, ello no puede conducir a vaciar de contenido este principio, aceptando que cualquier tipo de disposición pudiera ser válidamente incorporado dentro de la parte instrumental del plan. A partir de esta consideración, y tras confrontar el contenido de la norma acusada y los objetivos generales y particulares del actual Plan de Desarrollo, la Corte encontró que existe conexidad suficiente entre aquella y éstos, pues esta disposición guarda relación con uno de los objetivos del Plan, como es el de darle a la política económica una orientación preventiva, encaminada a evitar grandes aumentos en el gasto público, incluso a reducir el nivel de endeudamiento, y a racionalizar la adquisición de créditos, contexto dentro del cual la norma acusada puede sin duda ser uno de los instrumentos aplicables al logro de tales objetivos. En tal medida, la Sala concluyó que la norma acusada no violó el principio de unidad de materia, ni tampoco excede el concepto de lo que debe ser el contenido de la ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo.

COMUNICADO 37

 

C-671/14

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

CÓDIGO PENAL- ACTOS DE RACISMO O DISCRIMINACIÓN - HOSTIGAMIENTO POR MOTIVOS DE RAZA, RELIGIÓN, IDEOLOGÍA, POLÍTICA, U ORIGEN NACIONAL, ÉTNICO O CULTURAL. (ARTÍCULOS 3° Y 4° DE LA LEY 1482 DE 2011)

10-09-14

 

EXEQUIBILIDAD de los artículos 3° y 4° de la Ley 1482 de 2011 por los cargos analizados.

 

En este caso, la Corte debía determinar la posible existencia de una omisión legislativa relativa derivada de las normas acusadas, en cuanto no contemplaron como susceptibles de protección a través de estos tipos penales a las personas en situación de discapacidad, como sí lo hicieron con quienes sufren actos de discriminación por otros motivos. Para resolver sobre este particular, la Corte tuvo en cuenta la jurisprudencia existente en relación con las omisiones legislativas relativas, sus elementos esenciales y los remedios usualmente empleados por este tribunal frente a tales situaciones, incluyendo una especial reflexión sobre las dificultades existentes en casos en los que las normas presuntamente omisivas son tipos penales. En lo específicamente atinente al asunto planteado, también exploró las características de los fenómenos de discriminación, la forma particular como ellos aquejan a las personas en situación de discapacidad, y la evidencia existente en torno al proceso de aprobación de la Ley 1482 de 2011, como elementos relevantes para determinar la posible existencia de la alegada omisión legislativa. Con base en estas consideraciones, la Corte encontró que no se presenta en este caso la referida omisión legislativa, puesto que: i) no existe un deber constitucional específico que obligue a proteger a la población en estado de discapacidad mediante la consagración de tipos penales que castiguen a quienes les ofendan y/o discriminen; ii) existe una importante diferencia entre las acciones sancionadas por la Ley 1482 de 2011 y aquellas de que son víctimas las personas en situación de discapacidad, pues mientras que las primeras tienen en común el hecho de tratarse de acciones individuales, y generalmente dolosas, que por tal razón pueden ser objeto de una sanción penal, la discriminación de que son objeto las personas en situación de discapacidad es más de tipo institucional y predominantemente invisible, motivo por el cual resulta difícil que ellas conduzcan a la imposición de ese tipo de sanciones a personas específicas; iii) según lo demuestra la historia del trámite legislativo del proyecto que vino a convertirse en la Ley 1482 de 2011, el propósito era penalizar los denominados delitos de odio, esto es, lo que involucran actos intencionales de profunda intolerancia y hostilidad hacia personas o grupos diferentes y por el hecho de serlo, escenario diferente al aquí planteado, lo que contribuye a explicar las razones por las cuales no se incluyó este tipo de situaciones, cuyo común denominador es más bien la pura omisión, derivada de una falta de conciencia colectiva. En esta medida, la Corte estimó que no concurrían de manera clara los elementos necesarios para configurar la omisión legislativa relativa, y que aún en caso de así considerarse, no resultaría factible adoptar el condicionamiento propuesto por el actor, el cual tendría por efecto ampliar el espectro de conductas sancionables por los tipos penales cuestionados, consecuencia claramente excepcional en estas situaciones, y que además requeriría el análisis de contenidos normativos y de situaciones claramente distantes a las que fueron objeto de demanda.

 

COMUNICADO 37

 

C-683/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - PARTICIÓN EN VIDA DE BIENES DEL CAUSANTE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. (ARTÍCULO 487 DE LA LEY 1564 DE 2012)

10-09-14

 

EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 487 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos por unidad de materia e igualdad en los términos analizados en esta sentencia.

 

La Corte decidió sobre varios cargos contra la norma del Código General del Proceso que regula la posibilidad de que las personas puedan hacer una partición de sus bienes en vida, mediante escritura pública. Después de analizar el contenido y aptitud de tales cargos, la Sala concentró su análisis en aquellos relacionados con la eventual vulneración del principio de igualdad (art. 13 C. P.) y el posible incumplimiento de la regla sobre unidad de materia (art. 158 ibídem). Al término de este análisis, este tribunal concluyó que tales cargos no estaban llamados a prosperar. En lo relativo al derecho a la igualdad, la Corte observó que esta posibilidad no afecta indebidamente los derechos de los hijos aún no nacidos o de aquellos que para el momento de realizarse la partición no hayan consolidado aún su relación paterno-filial, pues en tales circunstancias no existe aún ni siquiera una simple expectativa que deba ser protegida, ya que es precisamente la existencia de esas relaciones jurídicas la que otorga la posibilidad de participar en el reparto de los bienes del causante. Al mismo tiempo, la Corte destacó también que pese a esa circunstancia, existen en la norma precauciones encaminadas a la protección de terceros con legítimo interés, tales como la necesidad de licencia judicial previa, o la posterior posibilidad de rescisión de la partición por un término de dos años. Por su parte, en lo atinente al cargo por infracción al principio de unidad de materia, la Corte consideró que pese a tratarse de una norma de contenido sustancial que hace parte de un código cuyo tema principal son las reglas procesales, el precepto acusado guarda una razonable relación de conexidad temática, sistémica y teleológica con las restantes disposiciones del Código General del Proceso.

 

COMUNICADO 37

 

C-687/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

RÉGIMEN PARA LOS DISTRITOS ESPECIALES – MOCIÓN DE OBSERVACIONES. (EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL INCISO SEGUNDO (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 1617 DE 2013)

11-09-14

 

INEXEQUIBLE la expresión “Una vez ello ocurra, si la decisión cuestionada es un acto administrativo o policivo que se pueda revocar directamente sin aceptación de particulares, el funcionario estará obligado a proceder de esa manera. Si ello no es posible, el funcionario estará obligado a iniciar los trámites judiciales tendientes a la revocatoria”, contenida en el inciso segundo (parcial) del artículo 29 de la Ley 1617 de 2013, por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material.

 

La Corte encontró que el aparte demandado era contrario a la Constitución por coincidir de manera exacta con otro texto legal que fue declarado inexequible por esta corporación mediante sentencia C-063/02 en razón de su contenido material, sin que a la fecha hayan sido modificadas las normas superiores que en su momento fueron tenidas en cuenta como parámetro de constitucionalidad. En esta medida, al haberse constatado que la norma acusada es una reproducción de otra que previamente fue expulsada del ordenamiento jurídico por razones de oposición material con el texto constitucional, ello implica infracción directa del mandato previsto en el artículo 243 superior, lo que condujo a que el nuevo texto fuera, así mismo, declarado inexequible.

 

COMUNICADO 37

C-726/14

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

 

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - PROCESO MONITORIO - PROCEDENCIA Y TRÁMITE (ARTÍCULO 419 Y 421 DE LA LEY 1564 DE 2012)

24-09-14

 

EXEQUIBLES los artículos 419 y 421 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos examinados en esta providencia.

 

La Sala encontró, de una parte, que la regulación acusada persigue una finalidad constitucionalmente legítima, como es la de facilitar el acceso a la justicia, particularmente en relación con controversias de mínima cuantía, y de otra, que pese a que en este caso se haya invertido la secuencia que usualmente tienen los procesos judiciales, existen en la normatividad acusada suficientes garantías del derecho de defensa del demandado, entre ellas la imposibilidad de notificarle a través de curador ad –lítem, o la regla según la cual, en caso de oposición fundada por parte del demandado, el proceso se transforma en un trámite declarativo (proceso verbal sumario), dentro del cual aquél podría ejercer plenamente su derecho de defensa.

 

COMUNICADO 38

 

C-727/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL – OPORTUNIDAD PARA CONSIGNACION DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO (ARTÍCULO 27 DE LA LEY 1563 DE 2012)

 

24-09-14

 

INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago”, contenida en el inciso 2º del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

En este caso la Corte debía determinar si el hecho de que para efectos del cobro ejecutivo de los costos y gastos del tribunal de arbitramento solo se admita la excepción de pago es contrario a la Constitución (preámbulo y artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 28), al no proceder otras formas exceptivas, como por ejemplo la prescripción. Sin embargo, al examinar la demanda, la Sala encontró que el cargo formulado no cumplía los requisitos necesarios para dar lugar a una decisión de fondo sobre el tema planteado, de una parte por cuanto el actor no explicó de manera satisfactoria por qué el contenido de este aparte normativo vulneraría los preceptos constitucionales antes señalados, los que en razón a su alto grado de generalidad, demandan suficiente sustentación de parte del actor. De otro lado porque, según se aprecia, la demanda sugeriría la existencia de una omisión legislativa relativa, pese a lo cual, tampoco existe explicación en este sentido. En tales circunstancias, la Sala decidió inhibirse de decidir sobre lo planteado.

COMUNICADO 38

 

C-755/14

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA NACIÓN AL CARNAVAL DE RIOSUCIO, CALDAS.

15-10-14

 

LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, y dar continuidad al trámite de las Objeciones Gubernamentales de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del Auto de Sala Plena A-231, del 30 de julio de 2014.

 

DECLARAR INFUNDADAS las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 2º del proyecto de ley Nº 143 de 2012 Senado, 331 de 2013 Cámara “Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación al Carnaval de Riosucio, Caldas y se dictan otras disposiciones”.

 

EXEQUIBLE, únicamente en relación con la objeción analizada, el artículo 2º del proyecto de ley Nº 143 de 2012 Senado, 331 de 2013 Cámara “Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación al Carnaval de Riosucio, Caldas y se dictan otras disposiciones”.

 

Le correspondió a la Corte examinar si el hecho de que la norma objetada use el verbo deberá, en futuro y en modo imperativo, y hable de financiación, entre aquellas actividades que el Gobierno habrá de desarrollar por efecto de esta ley viola los artículos de la Constitución relacionados con la iniciativa gubernamental en materia de gasto público. Con apoyo en un análisis de jurisprudencia ampliamente reiterada sobre la materia, la Corte encontró que esta objeción resultaba infundada, pues más allá del uso de un verbo con carácter imperativo, el texto legal objetado no establece en sí mismo una orden de gasto, que es la situación cuya iniciativa está constitucionalmente reservada al Ejecutivo, lo que solo ocurre con las leyes de apropiaciones, escenario totalmente diferente al que aquí se plantea. A partir de estas reglas, la Corte declaró exequible la norma objetada.

 

COMUNICADO 39

 

C-756/14

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL- APELACIÓN ANTE EL JUEZ QUE PROFIERE CONDENA EN PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA, DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS, EN RELACIÓN CON MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. (ART. 478 DE LA LEY 906 DE 2004)

15-10-14

 

Declararse INHIBIDA para decidir sobre la constitucionalidad del artículo 478 de la

Ley 906 de 2004.

 

 

En este caso la Corte debía determinar si la regla establecida en el artículo demandado es contraria a los artículos 29 y 31 de la Constitución al no garantizar de manera adecuada el principio de doble instancia, la imparcialidad del juez que adopta estas decisiones, y la regla según la cual quien resuelva un recurso de apelación debe ser un juez de superior categoría y experiencia que aquel que adoptó la primera decisión. Sin embargo, al examinar la demanda, la Sala encontró que el cargo formulado no cumplía los requisitos necesarios para dar lugar a una decisión de fondo sobre el tema planteado, por cuanto el actor no explicó de manera precisa por qué el contenido de esta norma vulneraría los preceptos constitucionales antes señalados, por lo cual, según se concluyó, su demanda no cumple a cabalidad los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia.

 

 

COMUNICADO 39

 

C-757/14

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

CÓDIGO PENAL – VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE AL MOMENTO DE DECIDIR SOBRE LA LIBERTAD CONDICIONAL (ART. 30 DE LA LEY 1709 DE 2014)

15-10-14

 

 

EXEQUIBLE la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.

 

 

La Sala encontró que el aparte normativo acusado sí resulta contrario al principio de legalidad en cuanto elemento integrante del debido proceso en materia penal, puesto que el legislador establece como función de los jueces de ejecución de penas la de valorar la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional del condenado, sin ofrecer parámetros de ningún tipo para cumplir con dicha valoración. A partir de este hecho, la Corte concluyó que el segmento demandado resulta exequible siempre y cuando tal valoración tome en cuenta, entre otros criterios, las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, cualquiera que fuere el efecto que ellas generen en cuanto al otorgamiento o no de la libertad condicional.

 

COMUNICADO 39

 

C-758/14

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

 

REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ – PENSIÓN ESPECIAL PARA LAS MADRES DE HIJOS INVALIDOS. (ART. 9 DE LA LEY 797 DE 2003)

 

15-10-14

 

 

EXEQUIBLE, por el cargo formulado en la presente demanda, la expresión “siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez”, que hace parte del inciso segundo del parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” - modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003-, en el entendido de que el beneficio pensional previsto en dicha norma, debe ser garantizado tanto a los padres y las madres afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, como a los padres y las madres afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

 

En este caso correspondió a la Corte decidir acerca de si se produce una infracción del derecho a la igualdad en contra de las personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad, en cuanto la norma acusada, al contemplar de manera especial el caso de las madres trabajadoras con hijo(s) en estado de invalidez, se refiere a la necesidad de haber cotizado el mínimo de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media. Según lo plantearon los demandantes, existe una interpretación de este texto legal conforme a la cual este beneficio solo aplica para las personas afiliadas a este último régimen, pero no al de ahorro individual con solidaridad. Al analizar la norma acusada, la Corte encontró que ciertamente existen razones que harían eventualmente factible que los operadores jurídicos realicen una interpretación limitativa de ella, conforme a la cual se excluya de tal beneficio a las personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, señaló también que, según se evidencia desde el trámite legislativo de esta norma, así como de lo que ha sido su aplicación, tanto en la jurisdicción laboral como en este tribunal, es totalmente claro que este beneficio fue pensado para todas las madres (y padres) que tuvieren hijos en situación de invalidez, independientemente del régimen pensional al que aquéllos se encuentren afiliados, pues el mismo se estableció en interés de tales hijos inválidos más que de los trabajadores mismos, y siendo claro que todos ellos se encuentran en la misma situación fáctica de necesidad, carecería de sentido una diferenciación como la planteada en estas demandas. Así las cosas, en vista de la posibilidad de que se opte por interpretaciones limitativas de este derecho en perjuicio de los afiliados al más reciente régimen de ahorro individual con solidaridad y de sus hijos inválidos, la Corte declaró exequible la disposición acusada, siempre y cuando se entienda que ella cubre por igual a los padres y madres con hijos inválidos que fueren afiliados de cualquiera de los dos regímenes pensionales.

 

COMUNICADO 39

 

C-767/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

DERECHO A UNA PENSIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE PERDIERON SU CAPACIDAD LABORAL Y NO TIENEN OTRA ALTERNATIVA PENSIONAL. (ARTÍCULOS 1º DE LA LEY 1106 DE 2006 Y 1º DE LA LEY 1421 DE 2010)

16-10-14

 

EXEQUIBLES, los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud.

 

Para la Corte, la conducta omisiva del legislador implicó una trasgresión a la prohibición de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo anterior, por cuanto las personas que han perdido su capacidad laboral en razón del conflicto armado y que no tienen otra alternativa para acceder a la pensión, fueron desprotegidas de forma abrupta y les fue recortada, sin justificación alguna, una prestación económica que les permitía hacer frente a sus necesidades básicas y cuya protección se habían venido ampliando. Por lo anterior, se consideró que se encontraban acreditados los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que prosperara el cargo de omisión legislativa relativa. En este orden de ideas, las analizadas disposiciones excluyeron de sus consecuencias jurídicas el ingrediente que de acuerdo con la Constitución debía estar incluido, para hacerlo acorde con sus postulados. Así, ello se traducía en el incumplimiento de un deber específico impuesto por el Constituyente, específicamente el de ampliar progresivamente la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y la proscripción de adoptar medidas regresivas, sin una justificación suficiente, así como los deberes impuestos por el Estado Social de Derecho y el artículo 13 Superior. Finalmente, la Sala también consideró que no existe en este caso una transgresión de lo ordenado por el Acto Legislativo 1 de 2005, por cuanto en realidad la prestación ahora analizada, no se encuentra en el Régimen General de Pensiones, sino en el marco de los derechos humanos y de los deberes constitucionales del Estado colombiano, razón por la cual la prestación estudiada es de naturaleza especial, fundamentada en una situación generalizada de violencia, con efectos tangibles, reales, actuales y cuantificables, producto del conflicto armado interno.

 

COMUNICADO 39

 

C-784/14

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE REGLAS PARA EL DESARROLLO DE REFERENDOS CONSTITUCIONALES CON OCASIÓN DE UN ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO

21-10-14

 

EXEQUIBLE, por su aspecto procedimental, el proyecto de Ley 063 de

2013 Senado, 073 de 2013 Cámara, “por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado’”.

 

EXEQUIBLES los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 8º, y además los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 6º del proyecto de Ley 063 de 2013 Senado, 073 de 2013 Cámara, “por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos

Constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado”.

 

EXEQUIBLE el artículo 2º del mismo proyecto condicionado a que se entienda: i. Que los referendos allí regulados no pueden coincidir con elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República; ii. Que “ofrecer” es el acto de preguntarle al ciudadano si quiere recibir los tarjetones correspondientes a los referendos de que trata esta Ley.

 

EXEQUIBLE el artículo 3º del mismo proyecto con la condición de que el contenido de los acuerdos finales a los que él se refiere se publiquen y divulguen antes de que se inicie el trámite de la ley que convoque a los referendos constitucionales que se regulan en este Proyecto de Ley.

 

EXEQUIBLE el encabezado del artículo 6º de este proyecto de Ley, salvo la expresión “Cuando la realización del tipo de referendos a los que se refiere la presente ley coincida con un acto electoral” que se declara INEXEQUIBLE.

 

Le correspondió a la Corte hacer una revisión integral del Proyecto de Ley estatutaria 063 de 2013 Senado, 073 de 2013 Cámara ‘por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado’, lo cual suponía controlar tanto su procedimiento de formación como su contenido material. En cuanto a lo primero, la Corte verificó que en este caso se observó cada una de las etapas de formación de las leyes estatutarias, con estricta sujeción a lo previsto en la Constitución y la Ley 5ª de 1992, no advirtiendo irregularidad o vicio alguno en lo atinente a publicaciones, anuncios, límites temporales, plazos entre debates, formas de votación, quórum, mayorías, unidad de materia, identidad flexible ni consecutividad. La Sala se detuvo a examinar en particular cuatro censuras que se plantearon durante el proceso de constitucionalidad, a partir de lo cual concluyó que ninguna de ellas estaba llamada a prosperar. Esclarecida la ausencia de vicios de procedimiento, la Corte revisó el contenido material del Proyecto. Constató que este regula una especie de referendos constitucionales aprobatorios (CP art 378). La Ley que surja de este Proyecto no deroga expresa ni tácitamente la Ley 134 de 1994, sino que establece normas especiales para la celebración de referendos constitucionales que sean “necesarios para la implementación de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado” (art 1). El Proyecto de Ley se inscribe en un marco institucional más amplio, pensado para ofrecer instrumentos que faciliten la terminación del conflicto armado y el tránsito hacia la convivencia pacífica, dentro del orden constitucional (Acto Legislativo 01 de 2012). El fin de la reforma no es cerrar, restringir o dificultar los cauces antes previstos para implementar políticas de terminación del conflicto sino abrir umbrales que en el marco de la Constitución suministren más y mejores opciones para la superación del conflicto armado y el tránsito hacia la paz. El Proyecto no impone al Estado una obligación jurídica inexorable de tramitar mediante referendos constitucionales los proyectos de reforma que resulten precisos para implementar acuerdos finales de terminación del conflicto. Los referendos de que trata han de ser entendidos como una opción institucional legítima, entre otras, y no como la única posibilidad, ni tampoco como la única legítima, para materializar los acuerdos finales.

 

COMUNICADO 41

 

C-785/14

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

NORMAS TENDIENTES A FACILITAR Y PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y EL ACCESO A LA VIVIENDA- CESIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS (ART. 38 DE LA LEY 1537 DE 2012)

22-10-14

 

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”.

 

 

La Sala concluyó que la demanda estudiada no cumplía debidamente los requisitos de certeza y pertinencia, a partir de lo cual decidió inhibirse de decidir sobre lo planteado.

 

COMUNICADO 42

 

C-786/14

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

NORMAS SOBRE PENSIONES- EXPRESIONES “APORTES”  Y “DE PREVISIÓN SOCIAL QUE HAGAN SUS VECES” DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA PENSION DE EMPLEADOS OFICIALES Y TRABAJADORES. (ART. 7 DE LA LEY 71 DE 1988)

22-10-14

 

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de mérito sobre la demanda contra las expresiones “de aportes” y “de previsión social que hagan sus veces” contenidas en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.

 

En este caso, dado que la norma acusada emplea el concepto de aportes dentro de los requisitos que deberán cumplirse para tener derecho a la pensión allí regulada, la demanda estudiada planteaba la eventual inconstitucionalidad de los apartes señalados por ser presuntamente contrarios al derecho a la igualdad, en cuanto existirían otras normas en las que el derecho a la pensión se adquiere por tiempo de servicios, aunque no hubiere habido aportes, y por lesionar, por iguales motivos el derecho a la seguridad social. Previamente a resolver sobre estos puntos, la Corte comprobó que la norma parcialmente acusada se encuentra vigente, y que no existe sobre los cargos planteados una decisión con fuerza de cosa juzgada que excluya la posibilidad de decidir sobre ellos. Sin embargo, a continuación, encontró que los cargos formulados no llenan los requisitos necesarios para que la Corte pueda resolver al respecto, en concreto los de certeza, claridad y pertinencia. La Corte encontró ausentes estos requisitos por cuanto el actor parte de supuestos que no se desprenden del texto de la norma o que han sido descartados en anteriores decisiones de esta Corte, no logra explicar de manera comprensible las razones por los cuales los apartes demandados serían contrarios a ciertos artículos de la Constitución, y no ofrece verdaderos argumentos de constitucionalidad, pues se queda mayoritariamente en el campo de las razones subjetivas, hipotéticas o de simple inconveniencia.

 

COMUNICADO 42

 

C-792/14

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

OMISIÓN LEGISLATIVA CONTENIDA EN NORMAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL QUE NO PREVÉN LA POSIBILIDAD DE APELAR LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS PROFERIDAS POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA – DOBLE INSTANCIA (ARTÍCULO 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 Y 481 DE LA LEY 906 DE 2004 DE LA LEY 906 DE 2004)

29-10-14

 

Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD con efectos diferidos y en los términos señalados en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y EXEQUIBLE el contenido positivo de esas disposiciones.

 

EXHORTAR al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior de quien impuso la condena.

 

La Corte constató, por un lado, que se había configurado una inconstitucionalidad por omisión, incompatible con el derecho de toda persona a impugnar la sentencia condenatoria que le haya sido impuesta en un proceso penal, y, por otro, que corresponde al legislador diseñar los mecanismos para materializar y concretar este derecho fundamental en el escenario del proceso penal. Precisó la Corte que las consecuencias jurídicas atribuibles a esta declaratoria están en función de dos circunstancias constitucionalmente relevantes. Por un lado, existe el imperativo constitucional de garantizar el derecho al debido proceso de las personas que son condenadas por primera vez en el marco de un proceso penal. Por otro lado, sin embargo, como la materialización, y la concreción de este derecho se puede efectuar a través de muchos mecanismos, y como ello, a su vez, implica un ajuste integral del proceso penal, corresponde al legislador desarrollar normativamente la previsión constitucional, y adoptar las medidas requeridas para su implementación efectiva. Para articular estas dos imperativos, la Corte concluyó que se le debe atribuir tres efectos jurídicos a la omisión declarada, así: (i) la declaratoria de inconstitucionalidad deberá tener efectos diferidos y no inmediatos; (ii) se exhorta al Congreso para que en el término razonable de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, efectúe los ajustes normativos a que haya lugar, y adopte las medidas para su implementación efectiva; (iii) para asegurar la eficacia del derecho, se dispone que en caso de que el legislador no atienda el deber anterior, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior de quien impuso la condena.

 

COMUNICADO 43

 

C-793/14

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN FAVOR DE QUIENES HAN SIDO VÍCTIMAS DE SITUACIONES DE DESASTRE EN RELACIÓN CON OBLIGACIONES FINANCIERAS (ARTÍCULO 86, 87 Y 88 DE LA LEY 1523 DE 2012)

 

29-10-14

 

 

INEXEQUIBLES las expresiones “pública” y “públicas” contenidas en los artículos 86 y 88 de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

 

INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “que para este fin debe dictar la entidad acreedora. La condición de afectado será reconocida por la misma entidad pública acreedora” del artículo 87 de la Ley 1523 de 2012, por ineptitud del cargo.

 

Respecto de las expresiones “pública” y “públicas” contenidas, respectivamente, en los artículos 86 y 88 de la Ley 1523 de 2012, la Corte encontró que, en la medida en que sobrevengan las circunstancias excepcionales que trata la regulación concernida, no existen diferencias sustanciales entre las entidades financieras públicas y privadas, que ameriten un trato distinto frente a los deudores víctimas de una situación de desastre, en virtud de la cual, solo quienes contrajeron obligaciones crediticias con las primeras entidades podrían recibir el beneficio de la refinanciación en tanto que, los deudores de las segundas quedarían privados de dicha posibilidad. Para la Corporación, como lo señaló la vista fiscal, el derecho de propiedad cumple una función social, consideración que conlleva que las entidades financieras tanto públicas como privadas, tratándose de las situaciones excepcionales que regula la Ley 1523 de 2012, deben asumir similares responsabilidades, estando involucradas ambas en una actividad de utilidad pública e interés social. Para la Corte, situaciones extremas como las que trata la ley han permitido el desarrollo de una particular línea jurisprudencial, en virtud de la cual se han sentado las bases para involucrar a todos los sectores sociales, públicos o privados, en la asunción de razonables deberes de solidaridad, para contribuir a palear la afectación grave de las víctimas de determinados imprevistos, la cual aparece recogida, entre otras, en las sentencias C-122 de 1999, C-246 de 2002, C-400 de 2003, C-313 de 2013, T-520 de 2003, T-170 de 2005, T-312 de 2010 y T-181 de 2010. A juicio de la Sala, la refinanciación de los créditos de las personas siniestradas no es una medida irrazonable que afecte en forma desproporcionada a las entidades financieras privadas, pues, la única implicación que supone desde el punto de vista económico es la congelación de intereses, máxime por 90 días. Ello evidencia que no se trata de ninguna confiscación que afecte de manera grave a dichas entidades, sino de hacerlas solidarias con sujetos especialmente vulnerables en acatamiento de uno de los principios fundantes de nuestro Estado Social de Derecho, que no atiende la distinción público / privada frente a acontecimientos extraordinarios, como los regulados de manera general por la norma cuestionada. Por su parte, la decisión de inhibición por ineptitud de la demanda adoptada por la Corte respecto del segmento final del artículo 87, se fundó en la consideración de que el cargo carecía de certeza, en tanto no recaía sobre una proposición jurídica real incorporada en la norma, sino en una lectura subjetiva deducida por el demandante, en la medida en que atribuye a las entidades financieras una competencia reglamentaria que para la Corte, deberá ser ejercida, en primer lugar, por el Presidente de la República.

 

 

COMUNICADO 43

 

C-794/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO - TIPIFICACIÓN COMO FALTA DISCIPLINARIA, LA UTILIZACIÓN DE UN CARGO PÚBLICO PARA PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA EN LAS CONTROVERSIAS POLÍTICAS. (EXPRESIÓN “Y EN LAS CONTROVERSIAS POLÍTICAS” DEL NUMERAL 39 DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 734 DE 2002)

29-10-14

 

EXEQUIBLE la expresión “y en las controversias políticas” del numeral 39 del

artículo 48 de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”

 

La Corte encontró que la tipificación de esta conducta como falta disciplinaria está directamente relacionada con el contenido del artículo 127 de la Constitución Política que regula, entre otros asuntos, las condiciones en que los servidores públicos de las distintas ramas del poder público pueden participar en política. A partir de esta circunstancia, la Sala analizó el proceso y los debates cumplidos en la Asamblea Nacional Constituyente para el establecimiento de esta norma, y tuvo en cuenta también que su texto fue parcialmente modificado por el Acto Legislativo 2 de 2004, con ocasión de la aprobación de la reelección presidencial, momento a partir del cual se previó que la participación en política permitida por la Constitución se haría en las condiciones que señalara la Ley Estatutaria, norma que a la fecha aún no ha sido expedida. Dentro de este contexto, la Corte resaltó que las restricciones a la participación en política de los servidores públicos, como la contenida en la norma acusada, pretenden resguardar importantes valores constitucionales, entre ellos la imparcialidad y la moralidad en el ejercicio de la función pública, la prevalencia del interés general sobre el particular y la igualdad tanto entre los ciudadanos como entre los partidos y movimientos políticos, todos los cuales podrían verse seriamente afectados si tales ciudadanos pusieran el ejercicio de sus cargos al servicio de sus preferencias e intereses políticos. De otra parte, señaló que la sola alusión a los derechos previstos en la Constitución y la ley no es razón suficiente para concluir que la norma acusada es exequible. Sin embargo, del análisis integral del contexto dentro del que ella se inscribe, del cual hace parte esa remisión a la norma superior, precisó que la expresión controversias políticas, que enmarca las actividades cuya realización se considera falta, ha de entenderse en un sentido restringido, como referida a las actividades de tipo partidista o que ocurren en relación con procesos electorales, y no a la simple intervención en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general. A partir de estas reflexiones, la Corte concluyó que esta regla y la restricción en ella contenida resulta proporcionada, en cuanto busca resguardar intereses constitucionales de carácter imperativo, al tiempo que deja a salvo las libertades de expresión y participación política que los servidores públicos pueden ejercer sin afectar tales intereses, entre ellos el derecho al sufragio, la pertenencia a una organización política y la libre expresión y difusión de sus opiniones sobre los asuntos públicos. Se declara EXEQUIBLE la expresión “y en las controversias políticas” del numeral 39 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

 

 

COMUNICADO 43

 

C-795/14

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO – PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS – MANDATO PARA ENTREGA DE BIEN RESTITUÍDO (EXPRESIÓN “DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES AL PAGO DE LAS COMPENSACIONES ORDENADAS POR EL JUEZ O MAGISTRADO CUANDO HUBIERE LUGAR A ELLO” DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 1448 DE 2011.

 

 

 

30-10-14

 

 

INEXEQUIBLE la expresión “dentro de los tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el juez o Magistrado cuando hubiere lugar a ello, o” del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011.

 

La Sala comenzó por referirse al procedimiento de restitución de tierras regulado por la Ley 1448 de 2011, usualmente conocida como la Ley de Víctimas, así como a la trascendencia de tales procesos para la consecución de los fines de esta importante ley. También recordó la línea jurisprudencial sobre los derechos de las víctimas, trazada al menos desde las sentencias C-228 de 2002 y C-370 de 2006, y en otras más recientes, entre ellas los fallos C-715 de 2012, C-579 de 2013 y C-180 de 2014, a propósito de la aplicación de la referida ley y el análisis de exequibilidad de sus disposiciones. Así mismo, revisó los elementos pertinentes al tema que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como las decisiones relevantes de los tribunales internacionales, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de este contexto, la Sala explicó que la norma parcialmente acusada contiene un mandato, el de entregar el predio objeto de restitución, sea al despojado o a la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y una condición, la de que previamente hubieren sido canceladas las compensaciones ordenadas por el juez, cuyo pago, conforme al artículo 98 de la misma ley, corresponde a esa misma Unidad Administrativa Especial. La Corte encontró que, ciertamente, la aplicación del segmento normativo acusado, supone que la efectiva restitución del predio se postergue hasta tanto la referida entidad estatal cancele la totalidad de las compensaciones que el juez hubiere ordenado a favor de terceros poseedores de buena fe, lo que puede implicar un aplazamiento considerable al logro de la finalidad que el proceso persigue, la efectiva recuperación de las tierras que hubieren sido despojadas, por causas no imputables al titular del derecho. En esta medida, la Corte encontró que el aparte normativo acusado era contrario a la Constitución, particularmente por cuanto, dado que las víctimas de que trata la Ley 1448 se encuentran todas en circunstancias de debilidad manifiesta, esta norma ha debido implementar una acción afirmativa que facilitara el goce efectivo del derecho cuya protección se busca, finalidad que no se cumple al condicionar el logro de la restitución al pago de las compensaciones que una entidad estatal debe satisfacer. En esa medida, el aparte acusado resulta excesivamente gravoso y lesivo para los intereses y los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral, en cuanto comporta una restricción particularmente significativa e intensa de sus garantías constitucionales, que impide la plena certeza en la satisfacción de su derecho a la restitución. Por estas razones, se declaró inexequible el aparte acusado, de manera que en todos los casos la restitución tenga lugar dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

 

COMUNICADO 43

 

C-796/14

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO - PROHIBICIÓN DE LA HUELGA EN LOS SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS. (LITERAL H) DEL ARTÍCULO 430 DEL DECRETO 2663 DE 1950)

 

30-11-14

 

EXEQUIBLE el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, por las razones expuestas en esta providencia.

 

EXHORTAR al Congreso para que en el término de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país, en relación con las actividades a que hace alusión el aparte normativo demandado.

 

En primer lugar, la Corte concluyó que aunque en la sentencia C-450 de 1995 se examinó la constitucionalidad del mismo precepto que ahora ocupa la atención de la Sala, no se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Seguidamente, el Tribunal determinó que la prohibición que entraña el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo no desborda el concepto de servicios públicos esenciales al que se refiere el artículo 56 de la Carta, tal como ha sido interpretado por esta Corporación con fundamento en los convenios 87, 98 y 154 de la OIT, pues en efecto, el abastecimiento normal de combustibles derivados del petróleo es esencial para la prestación de servicios básicos tales como la salud y el transporte de pasajeros, y por tanto, su suspensión podría poner en riesgo derechos fundamentales tales como la vida y la salud. De igual manera, a diferencia de lo expresado por el actor, la OIT no ha establecido una prohibición expresa en el sentido de que las actividades dirigidas específicamente al abastecimiento normal de combustibles derivados del petróleo, se clasifiquen en esa categoría de servicio público esencial. Para ilustrar lo anterior, explicó que el artículo 56 de la Carta garantiza el derecho a la huelga, salvo en el caso de los servicios públicos esenciales definidos por el Legislador. La Corte ha entendido que esta última prohibición es configurada por la Constitución de la siguiente forma: (i) existe reserva de ley para la definición de cuáles servicios tienen tal naturaleza; (ii) el Legislador, a la hora de emprender esa tarea, debe tener en cuenta unos criterios materiales que se desprenden del texto constitucional y el bloque de constitucionalidad; y (iii) la proscripción de la huelga en los servicios esenciales, en tanto una excepción a la garantía del derecho, es de interpretación restrictiva. Indicó que a la luz de este estándar debe analizarse necesariamente en qué contextos la interrupción de las labores de “explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno”, conduce a poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, y aquéllos eventos en los que no, con el fin de definir el margen mínimo donde sería posible ejercer el derecho de huelga en este sector específico de hidrocarburos. En este sentido, la Corte destacó que el Comité de Libertad Sindical de la Organización ha precisado que las actividades asociadas a él son un servicio público de gran importancia, razón por la cual puede ejercerse el derecho a la huelga siempre y cuando se establezca “…el mantenimiento de servicios mínimos negociados, concertados entre los sindicatos, los empleadores y las autoridades públicas en caso de huelga, de manera de asegurar que las necesidades básicas de los usuarios de los servicios son satisfechas”. Por tanto, si bien las actividades descritas en el literal demandado en muchos casos son necesarias para garantizar servicios básicos, como ocurre con el petróleo y sus derivados destinados al transporte de personas en situaciones de urgencia –como por ejemplo emergencias médicas-, al transporte de alimentos o al abastecimiento de energía a instituciones que prestan servicios como los de salud y educación, también lo es que el combustible generado por el petróleo y sus derivados sirve además para la prestación de muchos otros servicios, en los que la interrupción del abastecimiento del petróleo y sus derivados no conduce indefectiblemente a poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en todo o parte de la población, pues en muchos casos no tienen relación directa con la satisfacción de algún derecho fundamental. En este respecto, explicó que al existir reserva de ley en esta materia, corresponde al Legislador definir los casos en los que las actividades de “explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país”, constituyen servicios públicos esenciales y, en consecuencia, no podrían ser escenario de huelgas. Sin embargo, advirtió que tal definición debe sujetarse a los parámetros materiales que ha fijado la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, con el fin de no desconocer la reserva de ley en la materia y en vista de la trascendencia del servicio que presta el sector petrolero, la Sala otorgó al Congreso el término de dos (2) años, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país, en relación con las actividades a que hace alusión el aparte normativo demandado.

 

 

COMUNICADO 43

 

C-797/14

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – FACULTAD A LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE PARA QUE EN UN PLAZO PARA REGLAMENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DOCUMENTAL QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR CADA UNO DE LOS VIGILADOS. (PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 1450 DE 2011)

30-10-14

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados en contra del parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

 

La Corte se abstuvo de emitir un pronunciamiento al encontrar que, al margen de posibles objeciones sobre la aptitud de esta demanda, el precepto acusado no se encuentra actualmente vigente, ni está produciendo efectos a la fecha, ni tampoco concurría ninguna de las otras razones por las que, en casos especiales, la Corte ha aceptado fallar de fondo sobre una norma que ya no se encuentra vigente.

 

COMUNICADO 43

 

C-810/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Y SE REASIGNAN FUNCIONES.

(NUMERALES 2º, 3º Y 4º DEL ARTÍCULO 2º (SIC 3º) DEL DECRETO LEGISLATIVO 4144 DE 2011)

 

05-11-14

 

 

Declarar EXEQUIBLES los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 2º (sic 3º) del Decreto Legislativo 4144 de 2011, “Por el cual se determina la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y se reasignan funciones”, por los cargos analizados en la presente providencia.

 

Le correspondió a la Corte estudiar la demanda contra los numerales 2º, 3º y 4º del artículo parcialmente acusado, por tres distintas razones: i) la supuesta violación del régimen de reserva de ley previsto en el artículo 336 para la fijación del régimen propio de los monopolios rentísticos; ii) la posible vulneración del numeral 11 del artículo 189 por la asignación de funciones reglamentarias al Consejo que por este decreto se regula; iii) la eventual extralimitación del Ejecutivo en la expedición de este decreto, pues las facultades extraordinarias conferidas se referían a la reasignación de funciones y competencias, y en este caso se atribuyeron funciones y competencias enteramente nuevas.

La Sala encontró que estos cargos no estaban llamados a prosperar a partir de las siguientes razones, que responden en ese mismo orden a los referidos cargos: i) no se violó la reserva de ley prevista en el artículo 336 de la Constitución, pues este decreto no se refiere a aspectos sustantivos, sino a la atribución de funciones y a otros aspectos técnicos, que buscan el cabal cumplimiento de la ley que, en desarrollo de esta reserva, existe sobre la materia; ii) no se vulneró el numeral 11 del artículo 189 sobre la potestad reglamentaria presidencial, pues la asignación de funciones contenida en este decreto no implica menoscabo de las funciones que la Constitución atribuye, ni al legislador ni al Presidente de la República; iii) el legislador extraordinario no excedió el alcance de las facultades que le fueron otorgadas, pues las funciones encomendadas al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar fueron creadas desde la Ley 643 de 2001, aunque en cabeza de otros órganos administrativos, por lo cual en la expedición del decreto parcialmente acusado, el Gobierno obró dentro del estricto marco de tales facultades.

 

COMUNICADO 44

 

C-811/14

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

RÉGIMEN DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - EDAD REQUERIDA PARA INGRESAR AL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INPEC AL MOMENTO DEL NOMBRAMIENTO. (EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 119 DEL DECRETO LEY 407 DE 1994).

05-11-14

 

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “al momento del nombramiento” contenida en el numeral 2° del artículo 119 del Decreto Ley 407 de 1994.

 

La Corte comenzó por establecer si el precepto acusado se encontraba vigente, en razón a su posible derogatoria tácita a partir de la expedición de la Ley 931 de 2004 “Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo sin discriminación en razón de la edad”, y en particular del mandato contenido en su artículo 2°. Sin embargo, después de precisar que los regímenes especiales de carrera, como el del INPEC, constituyen excepciones válidas a ese régimen general, reafirmó la vigencia de la norma y la posibilidad de decidir sobre su constitucionalidad.

Para resolver sobre lo planteado, la Corte tuvo en cuenta que la posibilidad de participar en los concursos y de ocupar cargos de carrera administrativa es una manifestación del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, reconocido por el artículo 40 superior. También estudió los alcances de la libertad de configuración normativa del legislador respecto de la definición de los sistemas de carrera, y recordó la triple trascendencia de la igualdad, como valor y principio constitucional y como derecho. Con estos criterios, la Sala llevó a cabo un juicio integrado de igualdad, a partir del cual encontró que si bien la exigencia de una determinada edad para el ingreso al Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC resulta razonable y no es contraria a la Constitución, no pasa lo mismo con el hecho de que se exija tener tal edad al momento del nombramiento.

Al examinar las demás reglas que componen el proceso de formación y selección regulado por este decreto, la Corte encontró que este requisito se verifica también en una etapa anterior del mismo, con lo cual puede ocurrir que aspirantes que iniciaron tal proceso cumpliendo todos los requisitos pertinentes, vean frustrada su aspiración por superar la edad máxima al momento del respectivo nombramiento, en razón al tiempo total que transcurre mientras se surten todas las etapas necesarias. Concluyó entonces que esta regla genera una situación de discriminación injustificada, que además lesiona el derecho a participar en la convocatoria de un grupo de aspirantes que bien podrían tener el mérito y las calidades requeridas, como consecuencia de circunstancias que escapan a su control y voluntad, a partir de lo cual declaró inexequible el segmento normativo acusado.