SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERES

SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

NOTA: El cuadro fue diseñado con base a comunicados de prensa y resulta de gran importancia para la búsqueda de jurisprudencia en control abstracto de constitucionalidad. Cabe observar que la fuente de dicha información es elaborada por la Secretaría General y Presidencia de la Corporación y publicada a través de la División de Sistemas. Se advierte que para efecto de ampliar y corroborar la información puede remitirse a los textos de las providencias que se encuentran en los respectivos hipervínculos o a través de nuestra página de internet http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria

 

SENTENCIA

MAGISTRADO

NORMA

COMUNICADOS DE PRENSA

FECHA

SINTESIS

VER TEXTO

C-003/17

Aquiles Arrieta Gómez

SE GARANTIZA LA EDUCACIÓN DE POSGRADOS AL 0.1% DE LOS MEJORES PROFESIONALES GRADUADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS - RETIRO DE BECA DE POSGRADO POR “OCURRENCIA DE HECHOS DELICTIVOS”, SIN EXIGIR QUE EL DELITO SE HAYA COMETIDO POR EL BECARIO, NI QUE EXISTA UN PROCESO PREVIO EN EL CUAL SE ADOPTE DICHA DECISIÓN, VULNERA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. (

18-01-17

Para la Corte, establecer una sanción que afecta la continuidad de una beca para acceder a la educación a través de un criterio vago y ambiguo como la ocurrencia de hechos delictivos, afecta el principio de presunción de inocencia y el derecho a la educación. No obstante, no descarta que el legislador pueda contemplar una medida como la estudiada en la presente providencia, orientada a que se pueda sancionar con el retiro de una beca a quien haya cometido un delito, siempre y cuando se asegure del respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia y, que la sanción no imponga cargas irrazonables y desproporcionadas frente el derecho a la educación. INEXEQUIBLE.

COMUNICADO 01

C-004/17

Alejandro Linares Cantillo

MEDIDAS PARA LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA EN LA LEY 80 DE 1993 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS. - MECANISMO DE ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL DE MÍNIMA CUANTÍA. (ARTÍCULO 2, NUMERAL 5 (PARCIAL) DE LA LEY 1150 DE 2007)

 

18-01-17

La carencia de certeza, especificidad y pertinencia de los cargos de inconstitucionalidad formulados contra un segmento del mecanismo de escogencia del contratista en los procesos de contratación estatal de mínima cuantía, no permitió a la Corte proferir una decisión de fondo.

COMUNICADO 01

C-005/17

Luis Ernesto Vargas Silva

FUERO DE MATERNIDAD. AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA DESPEDIR A LA TRABAJADORA EN ESTADO DE EMBARAZO. (NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 239 Y EL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 240 DEL DECRETO 2663 DE 1950, CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO)

18-01-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 239 y el numeral 1º del artículo 240 del Decreto 2663 de 1950, Código Sustantivo del Trabajo. El demandante sostiene que la norma acusada vulnera algunos artículos de la Constitución, además del numeral 2 del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en razón a que garantizan la asistencia y protección solo para la mujer embarazada trabajadora, al prohibir su despido durante el período de embarazo y lactancia y exigir un permiso para su despido, pero esta protección no está garantizada para la mujer no trabajadora que depende económicamente de su pareja que sí se encuentra vinculada laboralmente. Para el actor, los preceptos demandados no incluyen todo el universo de situaciones que debería comprender. La Corte encuentra la configuración de una omisión legislativa relativa que es contraria a la Constitución, como quiera que sin que exista un principio de razón suficiente excluye de sus contenidos una situación que debió ser incluida para hacer compatible con la Carta Política la protección regulada, lo que genera una discriminación que considera debe ser corregida. En consecuencia, declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma acusada, en el entendido que la prohibición de despido y la exigencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al (la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la). 

COMUNICADO 01

C-006/17

Maria Victoria Calle Correa

MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO- CONDENAS EN SUBSIDIARIEDAD. (INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 1448 DE 2011)

18-01-17

 

La Corte se INHIBE de emitir una decisión de fondo por la ineptitud sustantiva de la demanda. 

 

COMUNICADO 01

C-007/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

RECURSOS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDENCIA, OPORTUNIDAD, REQUISITOS, TRÁMITE, PRUEBAS, DECISIÓN DESISTIMIENTO, REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. (ARTÍCULOS 74 AL 82 Y 161 INCISOS 2 Y 6 DE LA LEY 1437 DE 2011)

18-01-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 74 al 82 y 161 incisos 2 y 6 de la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Considera el demandante que las normas acusadas violan la reserva de ley estatutaria consagrada en la Carta Política en los artículos 152 y 153, pues éstos hacen parte del núcleo esencial del derecho de petición ya que el ejercicio de los recursos es un elemento estructural del mismo. Para la Corte, las disposiciones objeto de análisis no corresponden a asuntos concernientes al núcleo esencial o los elementos estructurales del derecho fundamental de petición, ni pretenden ser una regulación integral, sistemática y completa en la materia. Así, la premisa de interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria compele a favor de la cláusula general de competencia atribuida al Congreso de la República mediante el artículo 150-2 de la Constitución. Se declaran EXEQUIBLES los apartes normativos demandados. 

COMUNICADO 01

C-008/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

MONUMENTO A CRISTO REY. RECONOCIMIENTO A LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DE ESTE MONUMENTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS. (LEY 1754 DE 2015)

18-01-17

 

Los demandantes alegan que los artículos 1 y 3 (parcial) de la precitada ley vulnera el principio de laicidad del Estado, al igual que los derechos a la igualdad y libertad religiosa, pues implican la identificación estatal con una religión específica mediante la autorización de la financiación de su promoción, protección, conservación, desarrollo y restauración, con recursos públicos. Lo anterior, porque el monumento no puede tomarse como una manifestación cultural, ya que es el reflejo de una expresión religiosa concreta. Tras constatar que en el presente caso se configura la cosa juzgada constitucional, la Corte decide ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-570/16.

COMUNICADO 01

C-031/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. CON LAS FINALIDADES DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, LOS FINES CONSTITUCIONALES DE ÉSTA, LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, LA CALIDAD, EFICIENCIA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO. (ARTÍCULO 123 DE LA LEY 1740 DE 2014, POR LA CUAL SE DESARROLLA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 67 Y LOS NUMERALES 21, 22 Y 26 DEL ARTÍCULO 189 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA)

25-01-17

La actora aduce que el precepto acusado incurre en una infracción del numeral 7º del artículo 150 y del inciso 1º del artículo 154 del Texto Superior, en los que se consagra que la creación de entidades del orden nacional es una competencia que le asiste de forma exclusiva al Congreso de la República, previa iniciativa privada del Gobierno Nacional. Aduce entonces, que la norma impugnada no puede alterar la autonomía y discrecionalidad con la que se ejerce dicha iniciativa, en el sentido de imponerle al ejecutivo la obligación de presentar durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la Ley 1740 de 2014 un proyecto de ley mediante el cual se disponga la creación de la Superintendencia de Educación. Concluye la Corte que la competencia privativa del Gobierno Nacional para presentar un proyecto de ley dirigido a la creación de una entidad del orden nacional no puede estar sometida a un plazo perentorio y a una norma legal que convierta una facultad gubernamental en un deber de obligatorio cumplimiento, toda vez que desconoce los artículos 113 y 154 de la Constitución Política. Se declara la INEXEQUIBILIDAD de la norma demandada.

 

COMUNICADO 02

C-032/17

Alberto Rojas Ríos

LIBRE COMPETENCIA. PROHIBICIÓN DE TODA CLASE PRÁCTICAS, PROCEDIMIENTOS O SISTEMAS TENDIENTES A LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA. (ARTÍCULO 1º PARCIAL DE LA LEY 155 DE 1959, POR LA CUAL SE DICTAN ALGUNAS DISPOSICIONES SOBRE PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS)

25-01-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º parcial de la Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. El demandante considera que la frase “toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, contemplada en la norma acusada, corresponde a expresiones indeterminadas o ambiguas que acarrean la violación de los principios de legalidad y tipicidad como componentes del derecho fundamental al debido proceso administrativo establecido en el artículo 29 de la Constitución. La Corte concluye que la prohibición demandada no es violatoria del principio de tipicidad ni del debido proceso, como tampoco es un enunciado indeterminado ni ambiguo. Precisa, que dicha frase debe ser leída, interpretada y aplicada en relación con el subsistema normativo al que pertenece, como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, con lo cual se satisface el parámetro de control establecido por la Corte para esa clase de enunciados. EXEQUIBLE.

COMUNICADO 02

C-041/17

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio

NORMA QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL, LA LEY 84 DE 1989, EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL – DELITOS CONTRA LOS ANIMALES. (ART. 5 DE LA LEY 1774 DE 2016)

01-02-17

 

Demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 1774 de 2016, por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. En una de las demandas se aduce que la expresión “menoscaben gravemente” vulnera los artículos 29 y 93 de la Constitución, así como el artículo 9º del Pacto de San José (Ley 16 de 1972), al desconocer el principio de legalidad. Lo anterior, por la presunta indeterminación insuperable de lo acusado, al dejar que los jueces decidan a su arbitrio cuando se causa una lesión a un animal, cuando no existe una tabla de graduación que permita su determinación. En la otra, se aduce que la norma impugnada desconoce el deber constitucional de protección animal, su calidad de seres sintientes y la indefensión en que se encuentran, aún bajo el principio de diversidad cultural. Se analizaron los siguientes temas: 1º. El principio de legalidad en sentido estricto. 2º. La Constitución ecológica . El valor intrínseco de la naturaleza, su entorno y la interacción del humano con ella. 3º. Los animales como merecedores de protección constitucional e internación. 4º. La protección a los animales a partir de deberes morales y solidarios y, 5º. La evolución de la ley y la jurisprudencia constitucional hacia mayores ámbitos de protección para con los animales. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión “menoscaben gravemente” contenida en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339A al Código Penal y, la INEXEQUIBILIDAD del parágrafo 3º del precitado artículo, por incurrir el Legislador en un déficit de protección constitucional hacia los animales. Se difiere los efectos de esta decisión por el término de dos años, para que el Congreso de la República adapte la legislación a la jurisprudencia constitucional.

COMUNICADO 03

C-042/17

Aquiles Arrieta Gómez

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE INCAPACES EMANCIPADOS. (ARTÍCULOS 2º, 8º, 10, 12, 14, 15, 16 Y 32 (TODOS PARCIALES) Y EL ARTÍCULO 17 EN SU TOTALIDAD, DE LA LEY 1306 DE 2009)

01-02-17

 

La Corte determinó que los vocablos empleados en varias disposiciones de la ley 1306 de 2009 deben ser entendidos en el contexto de protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad mental que se busca en la misma, con una función meramente referencial y desprovistos de un significado negativo o discriminatorio. Se declara EXEQUIBLE el artículo 17 demandado, al igual que las expresiones “afectado”, “padece”, “sufre”, “sufriendo”, “sufran”. “sufren”, “sufre” y “padezcan”, igualmente acusados. 

 

COMUNICADO 03

C-043/17

Jorge Iván Palacio Palacio

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE INCAPACES EMANCIPADOS. (EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 1306 DE 2009)

01-02-17

La Corte profiere una sentencia modulada, aclarando que ello no implica la invasión de la libertad de configuración del legislador o el quebrantamiento del principio de la división de poderes públicos, puesto que no está construyendo una disposición legal nueva sino que simplemente está adecuándola para que ésta armonice con el sentido de la institución jurídica que desarrolla y resulte coherente con las demás sobre la materia presentes en el ordenamiento jurídico, incluso en el mismo Estatuto y con el objetivo mismo del artículo en su conjunto y, simultáneamente respetuosa de las normas constitucionales pertinentes. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 25 demandado, en el entendido que la expresión “del discapacitado” deberá reemplazarse por la expresión “de la persona en situación de discapacidad”. 

COMUNICADO 04

C-044/17

María Victoria Calle Correa

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 “TODOS POR UN NUEVO PAÍS”- FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE LAS IES. (ARTÍCULO 95 DE LA LEY 1753 DE 2015)

01-02-17

 

La Corte considera que la financiación de proyectos específicos de las instituciones de educación superior a cargo del Icetex, no desconoce los derechos al debido proceso y a la igualdad, como tampoco la adopción de esta medida en la ley del Plan Nacional de Desarrollo vulnera los principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia exigidos por la constitución de todo proyecto de ley.

 

COMUNICADO 04

C-045/17

María Victoria Calle Correa

MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SE CONCEDEN FACULTADES EXTRAORDINARIAS - INCOMPETENCIA DE ÁRBITROS Y AMIGABLES COMPONEDORES PARA PRONUNCIARSE SOBRE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EJERCICIO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. (ARTÍCULO 14 LITERAL C) DE LA LEY 1682 DE 2013)

01-02-17

 

La Corte se INHIBE de emitir una decisión de fondo por la ineptitud sustantiva de la demanda. 

COMUNICADO 04

C-046/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

CÓDIGO CIVIL - REGULACIONES QUE DISCRIMINABAN A LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES Y ADOPTIVOS, EN RELACIÓN CON ACCIONES CONSERVATORIAS DE BIENES EN FIDEICOMISO Y DE SUSTITUCIÓN DE DESCENDIENTES EN ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS. (EXPRESIONES CONTENIDAS EN INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 820 Y ART. 1221 DEL CÓDIGO CIVIL.

01-02-17

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 820 (parcial) y 1221 (parcial) del Código Civil. Según el actor, las expresiones legítimos y legítimo, contenidas en los artículos acusados, desconocen la igualdad como principio y como derecho. Aduce, que dicho desconocimiento se produce en razón a que, para efectos de determinar la concesión de derechos en materias como la fiducia y el testamento, las normas impugnadas acuden a criterios relacionadas con el carácter legítimo o ilegítimo de una persona respecto de sus parientes. Solicita la declaratoria de inexequibilidad de dichos términos, por establecer un trato discriminatorio entre los hijos, a partir de su origen filial, lo cual está prohibido por la Constitución. La Corte declara INEXEQUIBLES las expresiones demandadas, por desconocer los artículos 13 y 42-6 de la Carta. Se reitera que, conforme a los principios, valores y derechos fijados por la Carta del 91, en la actualidad no existen categorías, tipificaciones o clases de hijos, pues la enunciación normativa de matrimoniales o legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, hace referencia, exclusivamente, a los modos de filiación, sin que ello pueda representar una diferenciación entre la igualdad material de derechos y obligaciones que existe entre ellos, o pueda ser utilizado como referente para perpetuar un trato histórico discriminatorio entre ellos.

COMUNICADO 04

C-047/17

Luis Ernesto Vargas Silva

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS”, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 67/234B DE 2 DE ABRIL DE 2013 Y SUSCRITO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 201. (LEY 1782 DE 2016)

 

01-02-17

 

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1782 de 2016, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B del 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013. La Corte concluye que para el asunto objeto de examen no resultan acreditados todos los requisitos propios del trámite de leyes que aprueban un tratado internacional y que el vicio de procedimiento que se configura es de carácter insubsanable, por cuanto en el momento preciso de llevarse a cabo la votación del informe de ponencia para segundo debate del proyecto de Ley ante la Plenaria del Senado de la República, ni del acta de sesión de la certificación respectiva, fue posible acreditar las exigencias constitucionales de quórum decisorio y de la aprobación por la mayoría simple. Teniendo en cuenta que la irregularidad evidenciada tuvo lugar en una etapa estructural del proceso legislativo que afecta la conformación democrática de la voluntad parlamentaria del Senado de la República, la Sala Plena de la Corporación decidió declarar INEXEQUIBLE la Ley 1782 de 2016.

COMUNICADO 04

C-077/17

Luis Ernesto Vargas Silva

ZONAS DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL, ZIDRES (LEY 1776 DE 2016 PARCIAL)

08-02-17

 

Demanda de inconstitucionalidad contra varios apartes de la Ley 1776 de 2016, por la cual se crean y se desarrollas las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social –ZIDRES-. En dos demandas presentadas de manera independiente los actores presentaron cargos fundados en vicios de procedimiento y en vicios materiales o de fondo. En cuanto a los primeros s se adujo simultaneidad de las sesiones adelantadas en la Comisión Quinta y Plenaria de la Cámara de Representantes, omisión de votación nominal y pública de la modificación al título del proyecto de Ley 223/15 y, ausencia de consulta previa. Respecto a los cargos por vicios materiales se alegó el carácter regresivo de la ley en la configuración del régimen de baldíos; violación del derecho de acceso a la propiedad y reserva de ley en materia de adjudicación de baldíos; vulneración de la libertad de asociación y al territorio, trasgresión de los principios de descentralización y autonomía territorial; violación al principio de interés general y libre ejercicio de la potestad legislativa y; infracción del derecho de acceso a la propiedad de los campesinos. La Corte concluyó que la creación legal y la regulación de las Zonas de Interés de desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) no requería de la realización de una consulta previa a las comunidades étnicas. No obstante consideró, que la identificación, delimitación y aprobación de estas zonas debe estar precedida de un proceso de información, concertación y coordinación con los Concejos Municipales de los entes territoriales. Determinó igualmente, que este modelo de desarrollo no desconoce el principio de progresividad de los derechos sociales, ni el derecho de asociación. Sin embargo, decidió declarar INEXEQUIBLES algunas de las medidas adoptadas por la ley 1776 de 2016, por vulnerar el derecho de acceso a la propiedad agraria.

COMUNICADO 5

C-078/17

Jorge Iván Palacio Palacio

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. LÍMITE DE LA BASE DE COTIZACIÓN DE VEINTICINCO (25) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. (ARTÍCULO 5º (PARCIAL) DE LA LEY 797 DE 2003)

09-02-17

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 797 de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. El demandante considera que la expresión acusada vulnera el artículo 48 de la Constitución. Presenta dos líneas argumentativas. Una, que el límite de cotización impide acceder al tope pensional de 25 SMLMV y, dos, que establece una limitación indebida para los trabajadores privados al extender el límite del IBC para éstos. La Corte determinó que establecer un límite en el ingreso base de cotización (IBC) al sistema pensional, que no permite acceder al tope que fija la norma constitucional persigue un fin constitucional legítimo y constituye una medida adecuada para conseguirlo, pues dicho límite genera necesariamente uno para el monto de las pensiones más altas, lo cual contribuye efectivamente a la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión demandada. 

COMUNICADO 5

C-091/17

Maria Victoria Calle Correa

 

ACTOS DE DISCRIMINACIÓN. HOSTIGAMIENTO (ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1482 DE 2011, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 1752 DE 2015)

 

15-02-17

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley 1482 de 2011 (modificado pro el artículo 3º de la Ley 1752 de 2015), por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. Los demandantes aducen que el tipo penal de “hostigamiento”• viola la Constitución, porque su notable indeterminación es incompatible con el principio de legalidad en lo que tiene que ver con la taxatividad estricta de los enunciados que establecen tipos penales y, porque la restricción que impone a la libertad de expresión y la penalización a cierto tipo de discursos, es desproporcionada. La Corte declaró la exequibilidad del artículo 4º acusado, salvo la expresión “constitutivos de hostigamiento,” la cual declaró inexequible, por considerar que resulta en efecto vaga y que su uso en la definición no contribuye a precisar su contenido.

 

COMUNICADO 6

C-092/17

Jorge Iván Palacio Palacio

CARRERA PENITENCIARIA. ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTA CARRERA A CARGO DE LA JUNTA DE CARRERA PENITENCIARIA. (ARTÍCULO 83 (PARCIAL) DEL DECRETO-LEY 407 DE 1994)

15-02-17

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 83 (parcial) del Decreto-Ley 407 de 1994, por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Penitenciario y Carcelario. Los demandantes consideran que las expresiones acusadas van en contra del artículo 130 de la Constitución, dado que es la CNSC, como órgano autónomo e independiente la que específicamente debe administrar y vigilar los regímenes de carrera, teniendo en cuenta los principios constitucionales de carrera administrativa y concurso público que garantizan la independencia e imparcialidad de dicha carrera. La falta de certeza, claridad, suficiencia y especificidad del cargo de inconstitucionalidad propuesto, no le permitieron a la Corte proferir un fallo de fondo. La Sala decide INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

 

COMUNICADO 6

C-093/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. DEFINICIÓN. RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIÓN PRORROGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.  (artículos 1, 2 y 8 (parcial) del Decreto 2090 de 2003)

15-02-17

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 8 (parcial) del Decreto 2090 de 2003, por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. Así mismo, contra el artículo 1º del Decreto 2655 de 2014, por el cual se amplía la vigencia del régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto 2090 de 2003. El demandante considera que los preceptos normativos acusados contravienen los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 25, 29, 48, 53, 241-5 y 150-10 de la Carta, por cuanto no incluye la aviación civil como actividad sujeta a las reglas pensionales especiales para las actividades de alto riesgo y, restringió la vigencia temporal de este régimen especial. La Corte considera que el límite establecido para tener derecho a pensiones especiales por actividades de alto riesgo no desconoce el Acto Legislativo 1º de 2005, ni tampoco derechos adquiridos o expectativas legítimas, en la medida en que el Constituyente no estableció una vigencia indefinida de dicho régimen especial. La Sala decide INHIBIRSE de emitir pronunciamiento sobre la exequibilidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 2090 de 2003, por la ineptitud sustantiva de la demanda. Igualmente, declarar la EXEQUIBILIDAD de los incisos 1 y 3 del artículo 8 ibídem, por los cargos analizados.

COMUNICADO 6

C-094/17

Aquiles Arrieta Gómez

PROHIBICIÓN DE REELECCIÓN E INHABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA SER ELEGIDOS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE DE HABER CESADO EN FUNCIONES, COMO MAGISTRADO DE ALTAS CORTES, FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN O JEFE DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL. (ARTÍCULOS 2 Y 26 (PARCIALES) DEL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015)

15-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 26 (parciales) del Acto Legislativo 02 de 2015, por medio del cual se aprueba una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. Considera el demandante que frente a las disposiciones acusadas existen unos posibles vicios de formación en el trámite legislativo, así como una sustitución de la Constitución. Por su parte, la Corte estableció que la prohibición de reelección e inhabilidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral para ser elegidos dentro del año siguiente de haber cesado en funciones, como magistrado de Altas Cortes, Fiscal General de la Nación o Jefe de los Órganos de Control, prevista en la reforma constitucional de equilibrio de poderes, no desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible. La Sala Plena declara la EXEQUBILIDAD de la expresión “Miembro del Consejo Nacional Electoral” contenida en el artículo 2º del Acto Legislativo 02/15 y, se INHIBE de emitir pronunciamiento de fondo por el cargo de sustitución de la Constitución, respecto de las expresiones (i) “no podrá ser reelegido para el mismo”, (ii) “Miembro del Consejo Nacional Electoral” del artículo 2º ibídem y (iii) “Elimínese la expresión ‘y podrán ser reelegidos por una sola vez’ en el artículo 264 de la Constitución Política” del artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015, respectivamente, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 6

C-095/17

Alberto Rojas Ríos

PROCESO MONITORIO. CUANDO EL DEMANDANTE NO TENGA SOPORTES DOCUMENTALES DE LA OBLIGACIÓN CUYO PAGO PRETENDE, DEBE SEÑALAR DÓNDE ESTÁN O PRESTAR JURAMENTO DE QUE NO EXISTEN DICHOS SOPORTES. (ARTÍCULO 420, NUMERAL 6º (PARCIAL) DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO).

15-02-17

 

INHIBICION para emitir un pronunciamiento por la ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 6

C-096/17

Alejandro Linares Cantillo

 

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN PERSONERÍA JURÍDICA. POR ORDEN DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO CUANDO EXISTAN MOTIVOS FUNDADOS DE ESTAR DEDICADOS A ACTIVIDADES DELICTIVAS. (ARTÍCULO 91 (PARCIAL) DE LA LEY 906 DE 2004, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)

15-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. los demandantes consideran que el aparte normativo acusado vulnera el Preámbulo de la Constitución, así como los artículos 13 y 29 de la misma. Aducen, que al reservar exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación la competencia para solicitar la suspensión de la personería jurídica y el cierre temporal de los establecimientos de comercio, se afectan los derechos de las víctimas presentes en el proceso penal. La Corte decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-603/16 que declaró exequible, por lo cargos analizados, la expresión “En cualquier momento y antes de presentarse la acusación de la Fiscalía”, en el entendido de que las víctimas pueden solicitar directamente las medidas provisionales allí consignadas cuando acrediten ante el juez un interés específico para obrar, después de la formulación de la imputación. 

COMUNICADO 6

C-107/17

Luis Ernesto Vargas Silva

PATRIMONIO FAMILIAR. FAMILIAS A FAVOR DE LAS CUALES PUEDEN CONSTITUIRSE ESTE PATRIMONIO. (ARTÍCULO 4º (PARCIAL) DE LA LEY 70 DE 1931)

22-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 70 de 1931, que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables. Los demandantes consideran que las expresiones acusadas, en cuanto limitan la posibilidad de constituir el patrimonio de familia a favor de las parejas, bien sean casadas o vinculadas a través de unión marital de hecho, desconocen los artículos 5º, 15, 28 y 42 de la Constitución. Esto, debido a que excluye de la protección legal contenida en la norma demandada a otras formas constitutivas de familia, que prescinden de la existencia de una pareja. La Corte considera que las normas acusadas incurren en una discriminación injustificada, al omitir extender el acceso a la constitución del patrimonio de familia a las familias extensas, de crianza y las unipersonales, a pesar de que estos grupos humanos son sujeto de protección integral, en los términos del artículo 42 de la Constitución. . La Sala Plena precisa que, aunque de acuerdo con la misma norma constitucional la regulación de dicha salvaguarda corresponde al amplio margen de configuración legislativa, el mismo no puede establecer limitaciones o distinciones que no se sustenten en un criterio constitucionalmente admisible. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos cuestionados, en el entendido que el patrimonio de familia podrá constituirse a favor de los integrantes de la familia unipersonal y de crianza, y a los integrantes de la familia extensa.

COMUNICADO 7

C-108/17

Luis Ernesto Vargas Silva

INCREMENTO EN FORMA GENERAL LOS MARCOS PUNITIVOS DE TODOS LOS TIPOS PENALES PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DEL CÓDIGO PENAL. (ARTÍCULO 14 (PARCIAL) DE LA LEY 890 DE 2004)

22-02-17

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 (parcial) de la Ley 890 de 2004, por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. Para el demandante, la norma que incrementa en forma general los marcos punitivos de todos los tipos penales previstos en la parte especial del Código Penal es contraria al principio de proporcionalidad de las penas, toda vez que para el efecto no mediaron estudios técnicos, jurídicos, estadísticos, cuantitativos y económicos necesarios para presentar alternativas reales, eficientes y profundas, ni criterios valorativos relacionados con la protección de los derechos humanos. Para él, dicho incremento solo ha contribuido a hacer más crítico el problema de hacinamiento carcelario, lo que se traduce en graves violaciones a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de los reclusos, con lo cual se desconocen los límites constitucionales impuestos al legislador a la hora de definir las sanciones y su monto. Para la Corte, el incremento general de las penas en la tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo no desconoce el principio de proporcionalidad en abstracto, toda vez que preserva los espacios de maniobra para que el juez pueda aplicar una pena que atienda e incorpore las especificidades del caso concreto. Precisa, que ese incremento obedece a los lineamientos de política criminal trazados en el Acto Legislativo 3 de 2002, dirigidos a fortalecer el sistema de investigación para desvertebrar organizaciones criminales a través de mecanismos de colaboración. La Sala decide ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-193/05 respecto del cargo por violación del principio de Ley Estatutaria y, declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión acusada, por el cargo analizado.

 

COMUNICADO 7

C-109/17

Luis Ernesto Vargas Silva

SEMANA SANTA POPAYÁN. SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL FESTIVAL DE MÚSICA RELIGIOSA DE POPAYÁN. PARTIDAS PRESUPUESTALES. (ARTÍCULOS 1 Y 4 (PARCIAL) DE LA LEY 891 DE 2004)

22-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 4 (parcial) de la Ley 891 de 2004, por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones. La Corte reitera que las procesiones de semana santa y el festival de música religiosa en Popayán son esencialmente prácticas culturales con arraigo y tradición en la región y en el país. Precisa que válidamente puede ser promovida de diversas formas, entre ellas, con el apoyo del presupuesto público, sin que con ello se vulneren los principios de igualdad y neutralidad religiosa. La Sala Plena dispone ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-567/16 y, en consecuencia, declarar exequible el artículo 4º de la Ley 891/04. Así mismo, declara exequible el artículo 1º. Ibídem.

 

COMUNICADO 7

C-110/17

Alberto Rojas Ríos

CONSULTORIOS JURÍDICOS. SU DIRECCIÓN ESTARÁ A CARGO DE UN PROFESOR O DE UN ABOGADO DE POBRES. (ARTÍCULO 1º (PARCIAL) DE LA LEY 583 DE 2000)

22-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 583 de 2000, por la cual se modifican los artículos 30 y 9 del Decreto 196 de 1971. Consideran los demandantes que la expresión “pobres” quebranta la dignidad humana y la igualdad, al identificar con una denotación peyorativa a las personas de escasos recursos económicos. Resaltaron, que el lenguaje tiene una carga simbólica que puede ser fuente de exclusión, al punto que el vocablo cuestionado se iguala con los términos de infeliz, desdichado, triste, mendigo o limosnero. La Corte concluyó que la expresión demandada no quebranta los principios de dignidad humana e igualdad, por cuanto carece de un uso peyorativo y discriminatorio para las personas que tienen recursos insuficientes para sufragar los costos de un abogado de confianza. Precisó, que la locución “pobres” se usa para referenciar una garantía que significa la eliminación de una barrera del acceso de la administración de justicia, protección que suple la condición de negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Sociales, Económicos y Culturales que padece esa población vulnerable. EXEQUIBLE.

 

COMUNICADO 7

C-111/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

FIESTAS DE SAN PACHO EN QUIBDO. DECLARACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN FRANCISCO EN QUIBDÓ. (ARTÍCULO 2º DE LA LEY 993 DE 2005)

22-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley 993 de 2005, por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación a las fiestas patronales de San Francisco de Asís, en el municipio de Quibdó, en el Departamento del Chocó y se dictan otras disposiciones. Consideran las demandantes que el precepto legal acusado es contrario a los artículos 1, 7 y 9 de la Constitución al desconocer el principio de neutralidad en materia religiosa, así como los mandatos de diversidad y pluralismo que identifican al Estado colombiano. La Corte determinó que la autorización al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, para contribuir al fomento, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el Quibdó, no vulnera los principios de neutralidad, diversidad y pluralismo en que se funda el Estado colombiano. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada.

COMUNICADO 7

C-112/17

Antonio José Lizarazo Ocampo

CONSEJO NACIONAL DISCIPLINA JUDICIAL. SUPRESIÓN DE LA SALA DISCIPLINARIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. (ARTÍCULOS 14, 17, 19 (PARCIAL) Y 26 (PARCIAL) DEL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015)

22-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. La demandante considera que los preceptos objeto de censura sustituyen la Constitución Política de 1991. Puntualmente presenta los siguientes cargos: 1º. Exceso de las facultades del Congreso para reformar la Constitución. 2º. Supuesta creación de un denominado “híbrido inconstitucional” y sustitución de la Carta por afectación de la organización del Estado en cuanto a la estructura de la Rama Judicial y, 3º. Sustitución de la Constitución por afectación a la autonomía e independencia de la Rama Judicial. La Corte decidió ESTARSE A LO RESUELTO tanto en la Sentencia C-373/16, en cuanto a la declaración de exequibilidad del artículo 19 y del inciso primero del artículo 26 del Acto Legislativo 02/15, por el cargo de violación al principio de unidad de materia, y en la Sentencia C-285/16, en relación con los incisos segundo y sexto del artículo 26 ibídem, que fueron declarados inexequibles. La Sala también decidió INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 14, 17, 19 y 26, por los cargos de exceso en el poder de reforma, por la ineptitud sustantiva de la demanda frente a los mismos.

COMUNICADO 7

C-113/17

María Victoria Calle Correa

ASOCIACIÓN Y REUNIÓN DE MENORES DE EDAD. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TIENEN DERECHO DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN SIN MÁS LIMITACIÓN QUE LA LEY, LAS BUENAS COSTUMBRES, LA SALUBRIDAD FÍSICA O MENTAL Y EL BIENESTAR DEL MENOR. (ARTÍCULO 32 (PARCIAL) DE LA LEY 1098 DE 2006)

22-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Consideran los demandantes que recurrir al concepto indeterminado de “las buenas costumbres” como límite al libre ejercicio del derecho de asociación y reunión por parte de niños, niñas y adolescentes, quebranta los artículos 2, 16, 20, 38, 44 y 45 de la Carta Política. La Corte concluyó que la restricción cumple una finalidad legítima e imperiosa consistente en garantizar el interés superior del menor y, que la misma resulta adecuada o idónea para tal objeto. Precisó que es necesaria, dado que abarca conductas con relevancia para el derecho en un marco específico de aplicación y que es proporcional en sentido estricto, teniendo en cuenta el alcance de los principios de dignidad humana e interés superior del menor de 18 años. Consideró, que bajo el entendimiento de “las buenas costumbres” se hace referencia a “moral social”. Es decir, que la indeterminación es constitucionalmente admisible o aceptable. En consecuencia, se declaró EXEQUIBLE la frase acusada.

COMUNICADO 7

C-114/17

Alejandro Linares Cantillo

MODIFICACIÓN DEL NOMBRE. POR UNA SOLA VEZ SE PUEDE SUSTITUIR, CORREGIR O ADICIONAR EL NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL. (ARTÍCULO 6 (PARCIAL) DEL DECRETO LEY 999 DE 1988).

22-02-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) del Decreto Ley 999 de 1988, subrogatorio del artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970. Consideran las demandantes que el texto normativo impugnado, según el cual la modificación notarial del nombre mediante el otorgamiento de escritura pública es posible por una vez, constituye una vulneración de las normas constitucionales que reconocen el derecho a la personalidad jurídica y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte considera que la disposición demandada persigue un propósito constitucional imperioso, resulta efectivamente conducente para alcanzarlo y puede considerarse necesario. No obstante, concluye que la restricción examinada es desproporcionada en sentido estricto, cuando la modificación del nombre por más de una vez pueda considerarse como urgente desde una perspectiva iusfundamental. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONDA de la expresión “por una sola vez”, en el entendido de que tal restricción no será aplicable en aquellos eventos en que exista una justificación constitucional, clara y suficiente.

COMUNICADO 7

C-115/17

Alejandro Linares Cantillo

FORMALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO. DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO Y CRÉDITO ORIENTADOS A EMPRESAS DEL SECTOR RURAL Y URBANO CREADAS POR JÓVENES MENORES DE 28 AÑOS. (ARTÍCULO 3, LITERAL A (PARCIAL) DE LA LEY 1429 DE 2010)

22-02-17

 

Consideran las actoras que limitar las medidas de fomento destinadas a la creación de empresa por parte de jóvenes técnicos por competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, a la población menor de 28 años que reúna dichas condiciones, contraría disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad que propenden por la prosperidad general. Indican igualmente que resulta violatorio de los derechos a la igualdad y al trabajo y al principio de progresividad. Concluye la Corte que la focalización de los programas de desarrollo empresarial para jóvenes menores de 28 años constituye una medida razonable que tiene finalidades constitucionalmente legítimas y un instrumento idóneo y adecuado para su consecución. EXEQUIBLE.

 

COMUNICADO 7

C-134/17

Alberto Rojas Ríos

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y RÉGIMEN E REPRESENTACIÓN LEGAL DE INCAPACES EMANCIPADOS – REHABILITACION DEL INHABILITADO. (SEGUNDO DEL ARTÍCULO 38 (PARCIAL) DE LA LEY 1306 DE 2009)

01-03-17

La Corte dispuso que la condición impuesta por el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 es contraria a la Constitución, por violar el principio de dignidad humana y la autonomía personal, puesto que al utilizarse como un instrumento de cobro jurídico de los derechos del acreedor, de poco valen el dictamen y la sanidad clínica de la persona frente a la acreencia, con el sacrificio de la vida funcional de la persona inhabilitada. En consecuencia, el inciso demandado fue retirado del ordenamiento jurídico.

COMUNICADO 9

C-135/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

 

POR LA CUAL SE DETERMINA LA MANERA COMO DEBEN SER GOBERNADOS LOS SALVAJES QUE VAYAN REDUCIÉNDOSE A LA VIDA CIVILIZADA”. (LEY 89 DE 1890)

01-03-17

 

Para la Corte, las expresiones lingüísticas empleadas en el título de la Ley 89 de 1890 para referirse a ciertos grupos étnicos y al señalar que los mismos deben reducirse a la cultura occidental como “vida civilizada” , denotan un juicio de disvalor hacia aquellos grupos sociales minoritarios o que se han constituido y sobrevivido al margen de los valores y principios culturales dominantes de la cultura occidental, el cual envuelve un trato inhumano y degradante en contra de esos pueblos y comunidades lesivo de su dignidad y de evidente contraposición con el pluralismo, la preservación de la diversidad étnica y cultural de nuestra nación y el respeto de la autonomía de pueblos ancestrales. Por consiguiente, la Corte procedió a excluir del ordenamiento jurídico, el título de la Ley 89 de 1890, declarando su inexequibilidad.

 

COMUNICADO 9

C-136/17

Alejandro Linares Cantillo

TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN. LOS OPERADORES DEBEN GARANTIZAR SIN COSTO ALGUNO A LOS SUSCRIPTORES LA RECEPCIÓN DE CANALES COLOMBIANOS DE TELEVISIÓN ABIERTA. (ARTÍCULO 11 DE LA LEY 680 DE 2001)

01-03-17

Inhibición para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 9

C-146/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS. DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE ABANDONO DEL VEHÍCULO Y ENAJENACIÓN DEL MISMO. (LEY 1730 DE 2014 QUE SUSTITUYÓ EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY 769 DE 2002- CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE)

08-03-17

La Sala Plena se declara INHIBIDA para decidir, por la ineptitud sustantiva de la  demanda.

COMUNICADO 10

C-147/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD. SE ACUSA EL VOCABLO “DISCAPACITADO” POR CONSIDERARLO PEYORATIVO Y DISCRIMINATORIO. (ARTÍCULO 2º (PARCIAL) DE LA LEY 1145 DE 2007, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)

08-03-17

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 2º (parcial) de la Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones. Los accionantes consideran que la norma acusada implica un desconocimiento de las personas en condición de discapacidad como sujetos plenos de derechos, pues el uso de palabras discriminatorias, peyorativas y vejatorias como la expresión “al discapacitado” desconoce al principio de dignidad humana. Alegan, que la expresión es contraria al modelo de discapacidad como barrera social y reduce al individuo a su situación de inferioridad. La Corte concluyó que la expresión impugnada desconoció el deber de neutralidad del Legislador y no tiene la naturaleza de definición técnico jurídica. Igualmente consideró, que configuró un escenario de vulneración de la dignidad humana de las personas en condición de discapacidad, pues redujo su identificación a su condición de discapacidad y desconoció su esencia misma de ser humano. Consideró también, que se apartó de los artículos 1 y 13 de la Carta, porque no introdujo el modelo social de la discapacidad como referente de interpretación que trate a las personas con dignidad, en el sentido en que el Legislador utilizó una expresión que desconoció la diversidad funcional de las mismas. Se declaró la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “al discapacitado” y se dispuso sustituirla por la expresión “persona en condición de discapacidad”.

COMUNICADO 10

C-160/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO. ADSCRIPCIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (DECRETO LEY 2204 DE 2016)

09-03-17

Revisión de constitucionalidad del Decreto Ley 2204 de 2016, por el cual se cambia la adscripción de la Agencia de Renovación del Territorio. El referido Decreto fue expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Al revisar la constitucionalidad de la norma objeto de control, la Corte evaluó el cumplimiento de los requisitos de competencia material, conexidad, finalidad y estricta necesidad. La Sala concluyó que los primeros requerimientos se cumplieron, más no el relacionado con el criterio de estricta necesidad que supone comprobar que la vía extraordinaria utilizada tenga efectivamente una justificación estricta por parte del Presidente de la República. Precisó, que la norma no expuso una motivación mínima, real y suficiente acerca de la necesidad del uso de las facultades extraordinarias establecidas en el artículo 1º del Acto 1 de 2016. Es decir, que no indica porqué resultaba necesario utilizar este camino y porqué las vías ordinaria y legislativa extraordinaria no eran idóneas para realizar la modificación de la adscripción de la Agencia de Renovación del Territorio, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. INEXEQUIBLE.

COMUNICADO 11

C-166/17

José Antonio Cepeda Amarís

MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - SOLICITUD DE RESTITUCIÓN O FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. (LEY 1448 DE 2011 ART. 82 PARCIAL )

15-03-17

 

La Corte encontró que la expresión “podrá” contenida en el artículo 82 de la Ley 1448 de 201, admitía dos interpretaciones: aquella que aceptaría como posible que la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tenga facultad para escoger discrecionalmente en qué casos representa a la víctima titular de la acción de restitución de tierras que solicite expresamente instaurar la demanda y adelantar el trámite judicial ante los jueces y magistrados de esa justicia especializada, la cual resulta inconstitucional, toda vez que sacrifica en mayor medida un componente fundamental de los derechos de las víctimas, cual es lograr la restitución de las tierras despojadas o abandonadas como parte de la reparación integral. Lo anterior, imponía excluir esa interpretación por no ser admisible constitucionalmente. Una segunda interpretación de la palabra “podrá” contenida en el artículo 82 acusado denotaría una habilitación que se relaciona con el otorgamiento de funciones a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que actúe cuando el titular de la acción de restitución le solicite que lo represente en el trámite judicial ante los jueces y magistrados de la justicia especial. Esta interpretación resulta admisible constitucionalmente habida cuenta que (i) permite al Estado cumplir con el deber internacional de otorgar asistencia jurídica a las víctimas para lograr la reparación integral; (ii) garantiza a las víctimas el acceso a los recursos rápidos, idóneos y eficaces para obtener la restitución material y jurídica de los predios despojados o abandonados; (iii) a la vez que reconoce a las víctimas el acceso en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de restitución de tierras, privilegiando la defensa técnica respecto de una población vulnerable por regla general carece de los recursos económicos para representarse directamente o por medio de apoderado particular en el trámite judicial de restitución de tierras. El Tribunal observó que esta situación de protección no se advirtió en la interpretación posible que presenta la demandante, según la cual el vocablo acusado establece una facultad discrecional en cabeza de la Unidad para determinar en qué casos representa judicialmente a las víctimas titulares de la acción de restitución de tierras que soliciten la asistencia jurídica. De esta forma, se fijaría una medida restrictiva de los derechos de las víctimas que es innecesaria para alcanzar el fin propuesto por el legislador, sumado a que es desproporcionada en sentido estricto porque sacrifica en mayor medida un componente fundamental de los derechos de las víctimas, cual es lograr la restitución de las tierras despojadas o abandonadas como parte de la reparación integral, contando con mecanismos idóneos que privilegien el acceso a esa justicia especializada. Acorde con el principio de conservación del derecho, la Corte procedió a declarar la exequibilidad condicionada del vocablo “podrá”, en el sentido de que se entienda referida a una habilitación para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas actúe cuando el titular de la acción de restitución de tierras le solicite que lo represente en el trámite judicial.

 

COMUNICADO 12

C-167/17

Aquiles Arrieta Gómez

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA. ÁREAS DE UBICACIÓN TEMPORAL EN PROCESO DE PAZ. (PARÁGRAFO 3º (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 1779 DE 2016 Y LOS ARTÍCULOS 79, 80, 81, 82, 83 Y 84 (PARCIALES) DE LA LEY 160 DE 1994)

15-03-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º (parcial) del artículo 1º de la Ley 1779 de 2016 y los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 (parciales) de la ley 160 de 1994. El demandante considera que los preceptos objeto de censura contravienen lo dispuesto en varios artículos de la Constitución Política, toda vez que el Gobierno Nacional se atribuye la facultad de ubicar las zonas temporales de los miembros de organizaciones al margen de la ley en cualquier parte del territorio nacional, desconociendo que dichas facultades constitucionales son exclusivas de los Concejos Municipales, en virtud de la descentralización y autonomía prevista por el Constituyente para las entidades territoriales. La Corte se INHIBE de emitir un fallo de mérito, debido a la carencia de certeza y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra la regulación de la ubicación de los voceros e integrantes de grupos armados al margen de la ley en un proceso de paz y aquellas relativas al procedimiento para la regulación de las zonas de reserva campesina y procesos de colonización

COMUNICADO 12

C-171/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FAR-EP, EN LA HABANA (CUBA) (RESOLUCIÓN NÚMERO 339 DE 2012, POR LA CUAL SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE UNA MESA DE DIÁLOGO, SE DESIGNAN DELEGADOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)

22-03-17

Demanda de exequibilidad condicionada de la expresión “acuerdo” contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FAR-EP, en la Habana (Cuba) y que hace parte integrante de la Resolución número 339 de 2012, por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones. El actor solicita declarar la exequibilidad condicionada del vocablo “Acuerdo”, en el sentido de entender que los acuerdos que se firmen son especiales a la luz del Derecho Internacional Humanitario y por tanto, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Después de examinar la demanda encuentra la Corte que la misma no cumple con las condiciones y requisitos exigidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia para que se pueda emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la pretensión del actor. En consecuencia, se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, tanto por la ineptitud sustantiva de la demanda, como por carecer de competencia.

COMUNICADO 13

C-172/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

VIGENCIA DE CARGOS CREADOS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA ATENDER E INTERVENIR EN PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. (ARTÍCULOS 1 Y 2 (PARCIALES) DEL DECRETO LEY 2247 DE 2011)

22-03-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 (parciales) del Decreto Ley 2247 de 2011, por el cual se modifica la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación. El demandante aduce que las disposiciones normativas acusadas vulneran el artículo 150, numerales 7 y 10, de la Constitución Política, porque la norma habilitante no le otorgó competencia al Presidente de la República para alterar de forma definitiva la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, ni para adscribir los cargos a la planta de personal globalizada y tampoco, para permitir su distribución de acuerdo con la estructura interna de la entidad. Precisó, que las facultades sólo permitían una modificación temporal durante el tiempo que funcione la justicia transicional, esto es, los diez años de vigencia de la Ley 1448 de 2011. La Corte declara INEXEQUIBLE la expresión “de carácter permanente” del artículo 1º del Decreto 2247 de 2011 y la sustituye por la frase “por 10 años, sin perjuicio de lo que pueda determinar el legislador”. Igualmente, declara EXEQUIBLES las expresiones “la planta de personal globalizada” y “estructura interna de la entidad”, contenidas en el artículo 2º ibídem.

COMUNICADO 14

C-173/17

Alberto Rojas Ríos

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR Y SE MODIFICAN Y SEÑALAN LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN DICHAS ACTIVIDADES - RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. (ART. 6 PARCIAL DEL  DECRETO 2090 DE 2003)

22-03-17

 

La Sala decidió INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 14

C-174/17

Maria Victoria Calle Correa

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. DE LAS LEYES, ACTOS LEGISLATIVOS Y DECRETOS-LEYES EXPEDIDOS POR VÍA RÁPIDA (FAST TRACK) Y FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2016. (DECRETO-LEY 121 DE 2017)

22-03-17

Decreto-Ley 121 de 2017, por el cual se adiciona un capítulo transitorio del Decreto 2067 de 1991. Se concluye que, el procedimiento especial establecido por el Presidente de la República para que la Corte ejerza el control de constitucionalidad de las leyes, actos legislativos y decretos leyes expedidos para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se ajusta a la Constitución, salvo en lo concerniente al término del que dispone la Sala Plena de la Corporación para decidir sobre la constitucionalidad de estas normas. Se declara EXEQUIBLE, por su aspecto procedimental, el Decreto Ley 121 de 2017. Igualmente se declaran EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 4 y ultimo del Capítulo X transitorio del Decreto 2067 de 1991, en los términos en que fue adicionado por el Decreto Ley en mención. También se declara EXEQUIBLE el artículo 3º. Del Capítulo X del Decreto 2067 de 1991, en los términos en que fue adicionado por el Decreto Ley 121 de 2017, salvo la expresión “equivalente al tiempo que faltare para que se cumplan dos (2) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto sometido a control”, contenida en el numeral 8º de dicho precepto, y su parágrafo, que se declaran INEXEQUIBLES.

COMUNICADO 14

C-175/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

RÉGIMEN DE TIERRAS. (ARTÍCULO 15 DE LA LEY 200 DE 1936)

22-03-17

 

La Sala decidió INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo por carencia actual de objeto

 

COMUNICADO 14

C-176/17

Alberto Rojas Ríos

INHABILIDAD ESTABLECIDA PARA POSTULARSE O SER ELEGIDO COMO JUEZ DE PAZ POR CAUSA DE RESOLUCIÓN ACUSATORIA EN SU CONTRA POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O LA JUSTICIA. (LITERAL E) DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 497 DE 1999)

23-03-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 497 de 1999, por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento. Las acusaciones se dirigen a la expresión “Haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia”. En dos demandas se aduce que la referida expresión resulta contraria a los artículos 2, 5, 13, 29 y 40 de la Constitución, al vulnerar los fines constitucionales del Estado y los principios de supremacía de los derechos fundamentales e igualdad. Igualmente, por desconocer la presunción de inocencia y los derechos al debido proceso y a acceder a cargos públicos. La Corte considera que a pesar de que la medida busca un fin legítimo, importante e imperioso y que persigue un fin constitucionalmente válido, resulta innecesaria y como tal, no logra superar un test intermedio de razonabilidad. En consecuencia, declara la INEXEQUIBILIDAD del artículo 15 de la Ley 497 de 1999.

COMUNICADO 14

C-189/17

José Antonio Cepeda Amarís

REGLAMENTACIÓN DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LUJO DE PASAJEROS. (PARÁGRAFO 6º (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1753 DE 2015, POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018)

29-03-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 6º (parcial) del artículo 32 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo país. El actor considera que los fragmentos acusados contravienen los artículos 13, 24, 25, 47, 189-11, 333 (incisos 1y 4) y 334 de la Constitución. La Corte concluye que los cargos formulados carecen de la certeza, especificidad y suficiencia requeridas para abordar un estudio de fondo y proferir un fallo de mérito sobre la presunta omisión legislativa relativa en la que habría incurrido el Legislador al ordenar al Gobierno la reglamentación del servicio de lujo dentro de la modalidad individual de pasajeros. La Sala se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 15

C-190/17

Aquiles Arrieta Gómez

CODIGO CIVIL- DISPOSICION TESTAMENTARIA SIN VALIDEZ. A FAVOR DE SIRVIENTES ASALARIADOS. (ARTÍCULO 1119 DE LA LEY 57 DE 1887)

29-03-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1119 de la Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. Para las demandantes la expresión “sirvientes asalariados” contenida en la disposición acusada, resulta contraria a los principios de dignidad humana y a la prohibición de discriminación sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho. La Corte considera que la frase impugnada, la cual se utiliza con el fin de denominar una relación de subordinación laboral entre el notario y sus trabajadores, interfiere abiertamente con el principio de dignidad humana y prohibición de discriminación consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. Se concluye, que no es constitucionalmente admisible mantener la expresión sirvientes en una norma del Código Civil, para denominar a los trabajadores dentro de una relación laboral. INEXEQUIBLE.

 

COMUNICADO 15

C-191/17

Aquiles Arrieta Gómez

PARTICIPACIONES EN SALUD. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD EN EL COMPONENTE DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. (LITERAL A) DEL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 1753 DE 2015, POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018).

29-03-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal a) del segundo inciso del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país. El demandante aduce que la norma acusada desconoce la regla de procedimiento establecida en el artículo 158 de la Constitución, en relación con el principio de unidad de materia. Tras comprobar que se estructura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en sentido formal, la Sala Plena de la Corporación decide ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-453/16, que declaró la exequibilidad, por los cargos analizados, de la totalidad del contenido del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015.

 

COMUNICADO 15

C-192/17

Aquiles Arrieta Gómez

RÉGIMEN DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO Y CARCELARIO- DENOMINACIONES DE CARGO DE JEFE DE UNIDAD Y JEFE DE SECCIÓN DEL INPEC. (ARTÍCULO 10 INCISO 2º (PARCIAL) DEL DECRETO LEY 407 DE 1994)

29-03-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 inciso 2º (parcial) del Decreto Ley 407 de 1994, por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario. Los demandantes consideran que el aparte normativo acusado debe ser declarado inexequible, por quebrantar los artículos 1, 2 y 125 de la Constitución, por violación conexa al modelo de Estado Social de Derecho, los fines esenciales que debe cumplir el Estado y el desconocimiento flagrante del empleo público de carrera. La Corte encontró que no era viable abordar un estudio de fondo sobre el enunciado normativo acusado, en la medida en que se configura el fenómeno de la derogatoria tácita de la denominaciones Jefe de Unidad y Jefe de Sección a las que alude la citada disposición, en virtud de que están asociadas al nivel ejecutivo en el Instituto Penitenciario y Carcelario que fue suprimido por el Decreto Ley 770 de 2005. Aunado a lo anterior, porque dichas denominaciones tampoco se encuentran produciendo efectos, ya que se halló que en la planta de cargos del INPEC, ni siquiera en forma residual, persisten empleos en tal nivel. Por lo anterior, la Sala se INHIBE de proferir un pronunciamiento de fondo, por carencia actual de objeto.

 

COMUNICADO 15

C-211/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA- COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO (ARTÍCULO 140 NUMERAL 4º Y LOS PARÁGRAFOS 2º (NUMERAL 4) Y 3º DE LA LEY 1801 DE 2016)

5-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 numeral 4º y los parágrafos 2º (numeral 4) y 3º de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El accionante considera que los apartes acusados vulneran los artículos 1, 2, 13, 25, 29 y 54 de la Constitución, al desconocer su teleología y convertir a los vendedores informales en contraventores de la norma, generando una confrontación con las autoridades administrativas. Aduce que las disposiciones que incorporan la multa, así como el decomiso o destrucción de los bienes con los cuales se ocupe ilegalmente el espacio público, al no establecer una salvedad respecto de la situación de miles de colombianos que ejercen las ventas informales, quebrantan el eje estructural de la Carta al afectar la garantía efectiva de los derechos de los asociados, al desnaturalizar el principio de la dignidad humana, al conculcar la defensa de los desempleados en estado de vulnerabilidad y al otorgar a las autoridades de policía facultades para imponerles gravosas sanciones y alzarse con los únicos bienes que poseen para solventar sus necesidades básicas. La Corte considera que el conflicto jurídico planteado ubica en un extremo a las normas impugnadas que protegen la integridad del espacio público, tipifican una contravención y le señalan medidas correctivas, mientras que en el otro extremo se encuentran los derechos al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso de los trabajadores informales que se encuentran amparados bajo el principio de la confianza legítima. La Sala Plena declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 140, numeral 4º de la Ley 1801 de 2016 y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los parágrafos 2º (numeral 4) y 3º ibídem, en el entendido que cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo.

 

COMUNICADO 17

C-212/17

Alejandro Linares Cantillo

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA - INGRESO A INMUEBLE SIN ORDEN ESCRITA

05-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 163 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes consideran que la norma acusada al permitir a la Policía penetrar en domicilios, sin que sea necesario un mandamiento judicial escrito y previo, en las hipótesis allí consagradas, desconoce el artículo 28 de la Constitución Política relativo a la reserva judicial en la materia. También alegan trasgresión del artículo 32 Superior, que sólo excepciona el requisito de orden judicial cuando se trate de capturar a una persona en estado de flagrancia. Así mismo, del 250 de la Carta que exige de la Fiscalía el cumplimiento de deberes previos, y en algunos casos posteriores, frente al juez con función de control de garantías para la adopción de medidas tales como la privación de la libertad, los registros y los allanamientos. La Corte declara EXEQUIBLES el enunciado y los numerales 1 al 6 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos examinados. Igualmente, declara EXEQUIBLE CONDICIONADO los apartes demandados del parágrafo 1 del artículo 163 ibídem, en el entendido de que el cumplimiento de las garantías allí previstas no excluye la realización de un control judicial posterior de la actuación policial. Por último, la Corte Exhortó al Congreso de la República para que en un término no superior al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, antes del 20 de junio de 2019, expida una ley que defina: a). la jurisdicción y el juez competente para realizar el control posterior y rogado del acceso al domicilio sin orden judicial previa por parte de autoridades administrativas, los términos y condiciones para solicitarlo y para su realización. b). los aspectos procesales del control y c). los poderes del juez en la materia. Precisa, que en el caso en el que al vencimiento del plazo previsto dicha ley no haya sido promulgada, el control judicial del acceso al domicilio sin orden judicial previa deberá ser realizado, previa solicitud del interesado, por el juez de control de garantías.

 

COMUNICADO 17

C-213/17

 

CODIGO GENERAL DEL PROCESO - RECURSO DE CASACIÓN. CUANTÍA PARA RECURRIR. (ARTÍCULO 338 (PARCIAL) DE LA LEY 1564 DE 2012)

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 338 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Los demandantes aducen que la norma cuestionada desconoce los artículos 2, 13, 89, 229 y 235 de la Constitución, al fijar como decisión de procedencia del recurso de casación, cuando las pretensiones son esencialmente económicas, que el valor actual de la resolución desfavorable del recurrente sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Corte considera que la casación no constituye un recurso que tenga por objeto la activación de una instancia, sino que se trata de un medio extraordinario de impugnación al que históricamente y también en la actualidad, se anudan objetivos de importancia constitucional. De ahí, que no sea posible considerar contrarias a la Carta aquellas medidas que, sin anular la configuración básica del recurso, pretendan optimizar la realización de sus diferentes fines. EXEQUIBLE.

 

COMUNICADO 17

C-214/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

ACUERDO MARCO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA, RELATIVO A LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. (LEY 1794 DE 2016)

5-04-17

La Corte recuerda que el control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias se caracteriza por ser 1º. Previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción Presidencial. 2º. Automático, pues debe ser enviado a la Corte Constitucional por el Presidente de la República, dentro de los 6 días siguientes a la sanción gubernamental. 3º. Integral, puesto que el análisis de constitucionalidad se realiza sobre aspectos formales y materiales de la ley y el tratado. 4º. Tiene fuerza de cosa juzgada absoluta. 5º. Es un requisito sine qua non para la ratificación del Acuerdo; y 6º. Tiene una función preventiva, en tanto que su finalidad es garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. Luego de verificar que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las diferentes fases de revisión, se declara la EXEQUIBILIDAD tanto de la Ley 1794 de 2016, como del Acuerdo Internacional por ella aprobado.

 

COMUNICADO 17

C-215/17

Maria Victoria Calle Correa

CODIGO CIVIL- PAGO A ACREEDORES. EL MARIDO PUEDE RECIBIR EL PAGO POR SU MUJER CUANDO TENGA LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES

5-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1637 (parcial) del Código Civil Colombiano. Según los demandantes, la expresión acusada vulnera el derecho fundamental a la igualdad entre hombres y mujeres, al igual que el principio de la no discriminación. Igualmente consideran, que va en contravía de las metas teleológicas de la jurisprudencia en relación con la protección de la mujer y la erradicación de tratos desiguales de grupos y sectores tradicionalmente marginados. La Corte decide INHIBIRSE de emitir un fallo de fondo respecto de la disposición normativa acusada, por encontrarse la misma derogada.

 

COMUNICADO 17

C-219/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

INFRACCIONES AMBIENTALES PREVISTAS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS DE AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. (ARTÍCULO 5º (PARCIAL) DE LA LEY 1333 DE 2009)

19-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. El actor considera que el segmento normativo acusado contraviene el artículo 29 de la Constitución, al dejar de manera abierta en manos de los actos administrativos de la autoridad ambiental, la facultad de crear infracciones administrativas. En su criterio, esta es una competencia que solo corresponde al legislador y, por tanto, resulta contraria a los principios de legalidad y tipicidad, al igual que a la reserva de ley. La Corte considera que la expresión “y los actos administrativos de la autoridad ambiental competente” no desconoce el artículo 29 Superior y, por tanto, la declara EXEQUIBLE.

 

COMUNICADO 20

C-220/17

José Antonio Cepeda Amarís

ZONAS DE INTERÉS RURAL, ZIDRES. ESTÍMULOS E INCENTIVOS EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LOS PROFESIONALES CON MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ÁREAS AFINES AL SECTOR AGROPECUARIO Y AGRÍCOLA (PARÁGRAFO 4 (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1776 DE 2016)

19-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 4 (parcial) del artículo 7 de la Ley 1776 de 2016, por la cual se crean y desarrollan las zonas de interés rural, económico y social Zidres. Las demandantes sostienen que el apartado normativo acusado vulnera el principio-derecho a la igualdad, al permitir que sólo los profesionales con maestría y doctorado de áreas afines al sector agropecuario y agrario accedan a los incentivos y estímulos creados para los proyectos productivos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en desarrollo de las Zidres. También alegan que el trato diferenciado que establece la norma no está justificado y que no tiene en cuenta que los profesionales en áreas agropecuarias y agrícolas tienen las habilidades suficientes para desarrollar proyectos productivos, y por tanto para acceder a los incentivos previstos en la referida norma. La Corte constató que la disposición impugnada tiene como finalidad la vinculación de los profesionales de los más altos niveles de formación académica a los proyectos productivos, pero en especial a los proyectos de innovación y desarrollo que se pretenden implementar en los territorios Zidres. Por lo tanto consideró que la medida lejos de generar una problemática constitucional por exigir títulos de idoneidad a ciertos profesionales, desarrolla integralmente varios fines constitucionalmente valiosos y que hacen parte de la esfera de competencia del legislador. Concluyó, que través de la vinculación de profesionales altamente calificados, la norma pretende fortalecer el sector agrícola a través del fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación agraria, sin excluir la posibilidad de que los profesionales sin título de maestría o doctorado presenten proyectos productivos, o de investigación y desarrollo, debido a que el artículo 3º de la Ley 1776 de 2016 habilita a las personas naturales, para el efecto. Consecuentemente con lo anterior, se declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión demandada.

 

COMUNICADO 20

C-221/17

José Antonio Cepeda Amarís

CAUSAL DE LIBERTAD COMO CONSECUENCIA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. (ARTÍCULO 2 (PARCIAL) DE LA LEY 1786 DE 2016)

19-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 (parcial) de la Ley 1786 de 2016, por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015. Los actores consideran que la norma acusada incurre en una omisión legislativa relativa que contraviene los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución Política. Aducen, que de acuerdo con dicho numeral, si iniciado el juicio oral han transcurrido 150 días sin que se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente, el acusado bajo detención preventiva debe ser puesto en libertad. Consideran, que la disposición omite hacer mención a los acusados, también privados de la libertad y amparados por la presunción de inocencia, que aguardan la decisión de segunda instancia. En su criterio, esta exclusión genera un trato desigualitario y violatorio del derecho a la libertad y al debido proceso sin dilaciones injustificadas. La Corte considera que el legislador no incurrió en omisión alguna y por ello declara la EXEQUIBILIDAD de la norma demandada.

COMUNICADO 20

C-223/17

Alberto Rojas Ríos

CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA - DERECHO DE REUNIÓN Y MEDIOS DE POLICÍA, MEDIDAS CORRECTIVAS, AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS, PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS O CONFLICTOS. (ARTÍCULOS 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Y 75 Y 162 DE LA LEY 1801 DE 2016).

20-04-17

 

La Sala examinó si la regulación del derecho de la reunión y protesta pública pacífica contenida en los artículos 47, 48, 53, 54 y 55 de la Ley 1801 de 2016, era violatoria de la reserva de ley estatutaria contenida en el literal a) del artículo 152 de la Constitución, conforme a los términos de la demanda. Sin embargo consideró que era necesario efectuar la integración normativa de las normas demandadas, con los artículos que conforman la totalidad del Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016, titulado “Del derecho de reunión”, a efectos de efectos de un análisis y de un pronunciamiento integral. La Corte consideró desde su jurisprudencia, que la noción constitucional del domicilio excede la de casa de habitación prevista por el Código Civil, y que involucra diversos escenarios y espacios de actuación de las personas, en los que se ejercen derechos fundamentales concurrentes como la intimidad personal y familiar, la libertad, la seguridad individual, la propiedad, la honra y los derechos económicos, lo que hace que su protección deba ser resguardada y que las cláusulas de excepción sean realmente excepcionales y no hayan sido dispuestas al modo de facultades amplias o generales. En relación con la inviolabilidad del domicilio la Corte reiteró que es un derecho fundamental autónomo, establecido en el artículo 28 de la Constitución junto con el derecho fundamental a la libertad personal, que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hace parte del núcleo esencial de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la libertad, la seguridad personal y la propiedad. Adicionalmente señaló que para su protección, la Constitución estableció las garantías de la reserva legal y la reserva judicial, considerando que la garantía de la reserva judicial del domicilio, tiene igual dimensión y valor a la garantía de la reserva judicial establecida alrededor del derecho a la libertad personal, precisando además, que las excepciones que se hagan al derecho a la inviolabilidad del domicilio, deben ser de carácter extraordinario e inusual, debiendo ser tratadas con carácter restrictivo, como lo ha señalado esta Corporación. La Sala examinó la facultad otorgada a los alcaldes que les permite dictar mandamientos escritos para el registro de domicilios por autoridades de policía, encontrando que las mismas eran muy generales y que no satisfacían los criterios de excepcionalidad, siendo por lo mismo violatorias del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio contenida en el artículo 28 de la Constitución y de la reserva judicial allí dispuesta.

 

COMUNICADO 21

C-224/17

Alberto Rojas Ríos

COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD, EN EL MARCO DEL ACUERDO FINAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP. (DECRETO LEY 154 DE 2017).

20-04-17

Luego de realizar el control de constitucionalidad formal y material del Decreto Ley de la referencia, la Corte lo encontró ajustado a la Carta Política y, en consecuencia, lo declaró EXEQUIBLE, bajo el entendido de que los particulares que participan en la Comisión estarán sometidos al régimen de responsabilidad establecido para los servidores públicos.

 

COMUNICADO 21

C-225/17

Alejandro Linares Cantillo

CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA - INFRACCIONES AMBIENTALES. EN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTOS QUE AFECTEN EL AMBIENTE, EL PATRIMONIO ECOLÓGICO Y LA SALUD PÚBLICA, SE PRESUME LA CULPA O EL DOLO DEL INFRACTOR. (ARTÍCULO 220 DE LA LEY 1801 DE 2016,)

20-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes alegan que las presunciones de dolo y culpa contempladas en la norma cuestionada desconocen los artículos 29 y 83 de la Constitución, los cuales contemplan que se presume la inocencia en toda actuación judicial y administrativa, al igual que la buena fe de los particulares en las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas. La Sala Plena considera que la norma bajo examen no genera una afectación desproporcionada al beneficio obtenido. A su juicio, la presunción de dolo y culpa que se analiza, la cual resulta de la lógica y la experiencia, tiene naturaleza iuris tantum. Es decir, que se trata de un traslado de la carga probatoria que no limita las posibilidades de defensa del investigado, quien dispone de libertad probatoria para demostrar que en la realización del acto imputado, actuó con ausencia de culpabilidad. Se trata de una medida proporcionada ya que requiere la previa demostración, por parte de la entidad pública, de la tipicidad e imputabilidad del comportamiento, respecto de la persona investigada. Con esta distribución razonable de las cargas probatorias, el legislador otorga a las autoridades administrativas correspondientes un instrumento adecuado para la protección de intereses superiores vinculados con el orden público, necesario para la convivencia pacífica, tales como el medio ambiente y la salud pública. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 220 de la Ley 1801/2016, salvo la expresión “a quién le corresponda probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente”, que se declara inexequible.

 

COMUNICADO 21

C-246/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

CIRUGÍA ESTÉTICA. PROHIBICIÓN PARA LOS MENORES DE EDAD Y DE PUBLICIDAD DE ESTOS PROCEDIMIENTOS CON MODELOS MENORES DE EDAD (ARTÍCULOS 3 Y 5 (PARCIAL) DE LA LEY 1799 DE 2016)

26-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 5 (parcial) de la Ley 1799 de 2016. El actor considera que la prohibición de realizar procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos en niños, niñas y adolescentes, inclusive con el consentimiento de los padres, viola sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, como consecuencia de limitar su capacidad y desconocer el ejercicio de su autodeterminación, especialmente de los púberes, para construir su identidad y tomar decisiones acerca de su aspecto. Respecto al artículo 5º demandado, aduce que el legislador introdujo unas prohibiciones injustificadas para que los púberes puedan ejercer su derecho fundamental al trabajo, que no tiene sustento constitucional y legal, puesto que son diferentes a las exigidas en el artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia. La Corte declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONDA del artículo 3° de la Ley 1799/16, en el entendido de que la prohibición allí prevista no se aplica a los adolescentes mayores de 14 años que tengan la capacidad evolutiva para participar con quienes tienen la patria potestad, en la decisión acerca de los riesgos que se asumen con ese tipo de procedimientos y en cumplimiento del consentimiento informado y cualificado. El condicionamiento respondió a que la Sala Plena consideró que la norma violaba el derecho de las niñas, niños y adolescentes entre los 14 y 18 años, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, alno permitir que, de acuerdo con sus capacidades evolutivas, participarán con sus padres en decisiones que atañen su identidad personal, su cuerpo y su salud. Respecto a los incisos 2º y 3º del artículo 5º ibídem, la Corporación decidió declararlos EXEQUIBLES, por considerar que, aunque la medida genera una distinción en un grupo comparable, los niños entre 15 y 18 años que trabajan como modelos de campañas estéticas y los que tienen empleos diferentes, la restricción publicitaria es razonable, pues busca dos fines que no solo no están prohibidos, sino que son constitucionalmente imperiosos, los cuales son, desincentivar una práctica que puede poner la salud de los menores de edad bajo un riesgo innecesario y, eliminar estereotipos de género negativos acerca de la belleza. Adicionalmente, por tratarse de una medida que es adecuada a sus finalidades.

COMUNICADO 22

C-247/17

Alejandro Linares Cantillo

CÓDIGO CIVIL - DESIGNACION DE HIJOS (ARTÍCULO 246 (PARCIAL) DEL CÓDIGO CIVIL)

26-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 246 (parcial) del Código Civil. Consideran los demandantes que los preceptos acusados vulneran lo dispuesto en los artículos 13, 15, 16, 42 y 44 de la Constitución Política, por cuanto el legislador creó clases de hijos en razón de su origen, lo cual es contrario a las disposiciones constitucionales que definen la igualdad entre éstos. La Corte decidió declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

 

COMUNICADO 22

C-248/17

José Antonio Cepeda Amarís

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES. PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONER RECURSO DE CONSIDERACIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN OFICIAL O RESOLUCIÓN DE SANCIÓN. (ARTÍCULO 180 (PARCIAL) DE LA LEY 1607 DE 2012)

26-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 180 (parcial) de la Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. El actor considera que el segmento acusado contraviene los artículos 2 y 29 de la Constitución Política, en lo relacionado con el fin esencial del Estado de garantizar la vigencia de un orden justo. También argumenta, que viola los derechos al debido proceso y a la defensa. La Corte consideró que el segmento normativo demandado fue derogado y no se encuentra produciendo efectos jurídicos en la actualidad. De ahí, que el control de constitucionalidad carece de objeto y un eventual fallo resulta por completo inocuo. Consecuentemente, la Sala se INHIBIÓ de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los cargos formulados.

 

COMUNICADO 22

C-249/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO - DERECHO A LA RESTITUCIÓN DE VÍCTIMAS. TITULARES. (ARTÍCULO 75 (PARCIAL) DE LA LEY 1448 DE 2011)

26-04-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 75 (parcial) de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Considera el actor que la norma acusada, al supeditar el derecho a la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente de las personas que explotaban predios baldíos, en el marco del conflicto armado interno, a que se cumplan los requisitos de la adjudicación, vulnera el principio de igualdad y los derechos de acceso al sistema judicial y a la reparación integral. Teniendo en cuenta que no se logró configurar la controversia judicial porque no se individualizaron sus elementos estructurales (contenido normativo objetado, razones de incompatibilidad entre éste y el ordenamiento superior y la pretensión de la acción), considera la Sala Plena que no es posible adelantar el escrutinio judicial propuesto por el actor. En consecuencia, se declara INHIBIDA para pronunciarse sobre la expresión acusada, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

 

COMUNICADO 22

C-253/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN LIQUIDACIÓN. DISPOSICIÓN DE SALDOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRIGIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ. (DECRETO LEY 248 DE 2017)

 

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 248 de 2017, por el cual se dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En relación con los requisitos formales para la expedición del Decreto Ley analizado, consideró la Corte que los mismos se cumplieron a cabalidad. Respecto al cumplimiento de los límites materiales, esto es, la conexidad objetiva y suficiente, el juicio de finalidad y el requisito de necesidad estricta entre el contenido de la disposición revisada y el Acuerdo Final, encontró la Sala que el Decreto Ley tiene dos contenidos esenciales que merecían ser analizados de manera independiente. El primero, que dispone la utilización de los saldos del portafolio del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación –FNR-L-, para la financiación de proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final, los cuales serán ejecutados por las autoridades competentes y con respeto de las normas presupuestales vigentes. El segundo, que tiene por objeto establecer un mecanismo de amortización para el pago de las obligaciones que tienen las entidades territoriales con el FNR-L, consistente en que los excedentes que tengan dichos entes con el FONPET, es decir, aquellos excedentes del pasivo pensional, pasen automáticamente al portafolio del FNR-L, hasta la totalidad del valor de la obligación que informe dicho Fondo, con el fin de nutrir de recursos el portafolio del que provendrá la financiación de proyectos para la implementación del Acuerdo. Para la Corporación el primer contenido es compatible con la Carta, lo que no sucede con el segundo, en tanto no supera el requisito de necesidad estricta, particularmente en lo que concierne a la imperiosa necesidad de acudir a la vía extraordinaria para desarrollar normativamente lo atinente al medio de consecución de recursos para la implementación del Acuerdo, máxime cuando la norma conlleva la injerencia indebida de la autonomía de los entes territoriales. Se declaran EXEQUIBLES el inciso primero del artículo 1º y el artículo 2º del Decreto Ley 248 de 2017 e INEXEQUIBLES los incisos segundo y tercero, así como el parágrafo del artículo 1º. Ibídem.

COMUNICADO 23

C-281/17

Aquiles Arrieta Gómez

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA – NORMAS SOBRE PROHIBICIONES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DE Y EN CALLE, EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA EN EL ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA FRENTE A SEÑALAMIENTOS INFUNDADOS, ACTUACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN LAS MOVILIZACIONES TERRESTRES, COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP) Y ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA, MEDIOS DE POLICÍA, TRASLADO POR PROTECCIÓN, TRASLADO PARA PROCEDIMIENTO POLICIVO Y ATRIBUCIONES DEL ALCALDE.  (ARTÍCULOS 39 PARCIAL, 41 PARCIAL, 53 PARCIAL, 55, 56 PARCIAL, 103 PARCIAL, 149 PARCIAL, 155 PARCIAL, 157 Y 205 DE LA LEY 1801 DE 2016)

 

03-05-17

 

La demanda recaía sobre un número importante de artículos, la Corte entró a analizar cada uno de ellos de la siguiente manera: 1. Con relación al numeral 1º del artículo 39 de la Ley 1801 de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional constató que la demanda no contiene argumentos respecto de la prohibición en sí misma considerada, de comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir sustancias psicoactivas y otras, por lo tanto se inhibió para adoptar una decisión de fondo en relación a esta norma. 2. En lo atiente al parágrafo 3º del artículo 39 de la Ley 1801 de 2016, la Corporación encontró que la norma resulta exequible, por cuanto se trata de determinar sitios con una infraestructura adecuada para la permanencia de los menores que reciben una medida correctiva por comportamientos contrarios a la convivencia, no obstante consideró que el traslado que se efectúe a los niños, niñas y adolescentes debe realizarse conforme con las reglas aplicables del Sistema Nacional del Bienestar Familiar, toda vez que no es posible su aplicación sin los estándares de protección de los niños, niñas y adolescentes. 3. En lo referente al parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 41 de 2016, que trata sobre la posibilidad de traslado de habitantes de la calle a hogares o centros de atención dispuestos para estos fines, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la norma al considerarla discriminatoria. 4. A cerca de la expresión “con 48 horas de anticipación” contenida en el inciso tercero del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, se declaró su exequibilidad y se argumentó que ha sido admitido por la corte la existencia de un aviso previo con el objetivo de “informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias”, este requisito de las 48 horas debe ser evaluado exclusivamente frente a este propósito, además la restricción se encuentra establecida de manera inequívoca en la ley y no da lugar a dificultades interpretativas, no es discriminatoria, pues no busca afectar a un grupo determinado, sino que se aplica de manera igualitaria a todos los posibles manifestantes, los cuales deben informar a las autoridades en un término no mayor a 48 horas, que la reunión se va a llevar a cabo y finalmente, la medida supera un juicio intermedio de razonabilidad. 5. El inciso cuarto del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, fue declarado exequible pero se condicionó para indicar que la disolución de la reunión y manifestación solo podría operar en el momento en que se determine (i) una grave e inminente alteración a la convivencia y (ii) que no exista otro medio menos gravoso para el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica. 6. El artículo 55 de la Ley 1801 de 2016 se encontró ajustado a la constitución y por tanto fue declarado exequible, se indicó que el cargo de omisión legislativa relativa propuesto por los demandantes quienes consideraron que el Congreso incurrió en omisión al prohibir una conducta y no señalar las consecuencias del incumplimiento, no cumple con todos los elementos señalados por la jurisprudencia constitucional. 7. Con relación al artículo 56 de la Ley 1801 de 2016, fue declarado exequible, en el entendido de que la excepción solo es aplicable a los operativos de garantía allí consagrados.  8. La corte declaró exequible las expresiones “reuniones o”, del numeral 9 del artículo 103, y “reunión o”, del numeral 9 del parágrafo del mismo artículo de la Ley 1801 de 2016, En este caso se realizó un ejercicio de ponderación entre el derecho a la protesta que no es absoluto, con el de un medio ambiente sano que es constitucionalmente imperioso y debe primar. 9. Con relación al numeral 1º del artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, fue declarado exequible. Se argumentó que la norma contiene “el traslado por protección” como uno de los varios medios materiales de policía, pero sólo se está enunciando, no lo define, no establece sus características motivo por el cual la corte considera que no prosperan los argumentos de inconstitucionalidad. 10. Al analizar los acápites demandados del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, la Corporación primero declaró la exequibilidad de la expresión “traslado por protección” en el entendido de que (i) el traslado de protección “a un lugar destinado para tal fin” solo se podrá aplicar en los municipios que cuenten con los lugares adecuados de atención y protección de personas trasladadas. (ii) en el informe escrito exigido por el parágrafo 3º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 se deberá incluir, además de la causal invocada, los hechos que dieron lugar al traslado y las razones por las cuales se considera que esos hechos caben dentro de la causal, y (iii) la persona sujeta al traslado podrá solicitar la cesación del mismo al superior jerárquico que haya recibido el informe. 11. Sobre los cargos formulados en contra del artículo 157 de la Ley 1801 de 2016, que se refiere al traslado para procedimiento policivo, la Corte se declaró inhibida para decidir por ineptitud sustantiva de la demanda. 12. Por último la Corte declaró la exequibilidad del numeral 12 del artículo 205 de la Ley 1801 de 2016, toda vez que la norma se ajusta al orden constitucional vigente, los centros especiales de atención y protección de personas trasladadas deberán ser establecidos por los alcaldes, con el apoyo del Gobierno Nacional y deberán respetar los requisitos mínimos de la dignidad humana

 

COMUNICADO 24

C-282/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA” APELACIÓN. CONTRA LA ORDEN DE POLICÍA O LA MEDIDA CORRECTIVA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. (ARTÍCULO 222 (PARCIAL) DE LA LEY 1801 DE 2016)

03-05-17

El actor considera que el efecto devolutivo en el que se concede el recurso de apelación cuando se impone la medida correctiva de suspensión temporal de actividad, en desarrollo del proceso verbal inmediato de policía, es contrario al derecho al debido proceso, en lo que corresponde al efecto útil de dicho recurso o medio de impugnación. La Corte resalta que la medida que se impone es de carácter temporal, lo que le permite al interesado volver a realizar la actividad frente a la cual se dispuso el cese, bajo la lógica de que acredite plenamente el cumplimiento de las normas de convivencia. A lo anterior agrega que, incluso desde la óptica procedimental, su imposición supone el desarrollo de un proceso, en el que se dota al presunto infractor de la posibilidad de ser oído, de realizar descargos e incluso de llegar a un acuerdo mediante el ejercicio de la mediación policial, lo que reduce la posibilidad de que exista un actuar arbitrario, más aún cuando para la imposición de la medida, la autoridad se debe sujetar a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a los cuales refiere el artículo 8 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión demandada.

 

COMUNICADO 24

C-283/17

Alejandro Linares Cantillo

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- NULIDAD ELECTORAL. EXAMEN PREVIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL PARA PRESENTAR POSTERIORMENTE LA DEMANDA. (NUMERAL 6º DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY 1437 DE 2011)

03-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Aduce el actor que la norma demandada debe ser declarada inconstitucional, toda vez que la materia objeto de regulación requiere de un desarrollo mediante ley estatutaria, en cuanto su contenido se refiere a una típica función electoral. La Corte declara la INEXEQUIBILIDAD del aparte normativo demandado, por desconocer la reserva de ley estatutaria prevista en el literal c) del artículo 152 de la Constitución relativa a las funciones electorales, igualmente, porque su configuración actual desconoce el derecho político a ejercer acciones en defensa de la Constitución o la ley previsto en el numeral 6 del artículo 40 Superior, así como el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 229 Ibídem.

 

COMUNICADO 24

C-284/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. PERSONAS JURÍDICAS DE UTILIDAD COMÚN SIN ÁNIMO DE LUCRO, ORGANIZADAS COMO FUNDACIONES, CORPORACIONES O INSTITUCIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA. (ARTÍCULO 98 (PARCIAL) DE LA LEY 30 DE 1992)

03-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 98 (parcial) de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. El demandante aduce que el aparte normativo acusado vulnera los artículos 13 y 333 de la Constitución. Considera que el legislador en ejercicio de la libertad de configuración normativa ha regulado servicios públicos en distintas materias como salud, banca central, entre otros permitiéndole a los particulares prestarlos con ánimo de lucro, mientras que tratándose de la educación superior establece que debe ser a través de personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria, lo cual encuentra discriminatorio y además lesivo del derecho a la libre empresa. La Corte concluye que la disposición demandada se ajusta a la Carta Política y por ello decide declararla EXEQUIBLE.

COMUNICADO 24

C-285/17

Alberto Rojas Ríos

MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DEL COMPRADOR DE VIVIENDA, EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE EJERCEN LOS CURADORES URBANOS, SE ASIGNAN UNAS FUNCIONES A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - ESCRITURA PÚBLICA. ASIGNACIÓN EQUITATIVA ENTRE LAS DISTINTAS NOTARÍAS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS OTORGADAS POR ENTIDADES PÚBLICAS. (ARTÍCULO 13 DE LA LEY 1796 DE 2016)

03-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la Ley 1796 de 2016, por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que la norma acusada vulnera los principios de unidad y materia y consecutividad contemplados en la Constitución Política. La Corte concluye que durante la aprobación del artículo 13 de la Ley 1796 de 2016 se desconoció el principio de consecutividad, por cuanto el mismo sólo surtió dos de los cuatro debates reglamentarios. En consecuencia, lo declara INEXEQUIBLE.

COMUNICADO 24

C-286/17

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA - INFRACCIÓN AMBIENTAL. INHABILITACIÓN DE BIENES EMPLEADOS PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS QUE ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES. (INCISO 2º DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY 1801 DE 2016)

03-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1801 de 2016, por medio de la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El demandante considera que la norma acusada prevé una excepción al régimen de responsabilidad estatal. Aduce, que esa excepción a la posibilidad de imputar daños antijurídicos al Estado, cuando éstos sean causados por la facultad de inutilizar bienes que se usen en actividades ilícitas en contra del ambiente, desconoce que en muchos casos los agentes de policía pueden incurrir en actuaciones que generan cargas que no son soportables por los ciudadanos. Por ello, considera que limitar la posibilidad de buscar una reparación por tales daños, contraviene abiertamente el artículo 90 Superior. La Corte considera que la excepción consagrada en la norma demanda presenta un problema de compatibilidad con el artículo 90 de la Constitución, pues con ella el Legislador limita la cláusula general de responsabilidad y los derechos de los ciudadanos derivados de ella. Es decir, que con ella se impide “ex ante” a las personas reclamar por la eventual causación de daños antijurídicos ante la jurisdicción contenciosa administrativa y exponer ante la autoridad competente los motivos por los cuales se piensa que el daño causado debe o no ser indemnizado. INEXEQUIBLE.

COMUNICADO 24

C-287/17

Alejandro Linares Cantillo

IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - MONUMENTO A CRISTO REY. ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESTE MONUMENTO. (ARTÍCULOS 3 Y 4 (PARCIALES) DE LA LEY 1754 DE 2015)

03-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 (parciales) de la Ley 1754 de 2015, por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones La demandante aduce que la norma cuestionada desconoce los artículos 1, 2,13, 19 y 136-4 de la Constitución. La Sala Plena consideró que la cuestión constitucional planteada por la actora es equivalente a la decidida por la Corporación en providencia anterior. En consecuencia, decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-570/16.

COMUNICADO 24

C-288/17

Aquiles Arrieta Gómez

FIESTA DE SAN PEDRO. DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO. (ARTÍCULO 2 (PARCIAL) DE LA LEY 1637 DE 2013)

03-05-17

Las accionantes consideran que la norma demandada promueve una religión y, en consecuencia, contraviene los principios democráticos de neutralidad, pluralismo y, en general, de laicidad del Estado Colombiano, quebrantando de contera los artículos 2, 13, 19 y 136 de la Constitución Política. La Corte concluye que la simple denominación de un festival con el nombre de una figura que hace parte de las creencias de una iglesia o determinado culto no desconoce el principio de neutralidad religiosa. Precisa, que fomentar un festival con tal característica no constituye, por ese solo hecho, la promoción de una religión ni de una actividad propia de un culto o con connotación religiosa. EXEQUIBLE.

COMUNICADO 24

C-289/17

Aquiles Arrieta Gómez

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTITUCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA” CONTRATACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS. (DECRETO LEY 249 DE 2017)

04-05-17

La Corte Constitucional constató que en la expedición del Decreto Ley 249 del 14 de febrero de 2017, “por el cual se regula la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, no cumplieron las condiciones fijadas en la Constitución, en los términos de la jurisprudencia de la Corte, y, por lo tanto, declaró su inexequibilidad. Encontró la Sala Plena que en el presente asunto no se cumplió con el criterio de estricta necesidad, que supone comprobar que la vía extraordinaria utilizada tenga efectivamente una justificación estricta por parte del Presidente de la República. La Corte concluyó que el requisito no fue satisfecho, en tanto no se demostró por qué razón las medidas contenidas en el Decreto Ley 249 de 2017, no pueden ser tramitadas (por su urgencia) por el procedimiento legislativo correspondiente. No se encuentran en el texto de las consideraciones del mismo, ni fueron aportados al proceso, los argumentos que permitieran dilucidar la estricta necesidad que exigía el uso de la facultad excepcional por parte del Presidente de la República.

 

COMUNICADO 25

C-290/17

Alejandro Linares Cantillo

 

REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - PARTICIPACIÓN EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE UN REPRESENTANTE ADICIONAL POR LA COMUNIDAD RAIZAL DE SAN ANDRÉS, DOS DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, UNO POR LAS INDÍGENAS Y UNO POR LA CIRCUNSCRIPCION INTERNACIONAL. (ARTÍCULO 6º DEL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015)

05-05-17

Los demandantes consideran que la norma cuestionada infringe el artículo 93 de la Constitución que se refiere al bloque de constitucionalidad, como consecuencia de haberse omitido la realización de la consulta previa en contravención de lo preceptuado en los artículos 2, 3, 4 y 6 del Convenio 169 de la OIT. A su vez, consideran que en el trámite de aprobación de la norma se trasgredieron varias disposiciones y se suprimió el pilar esencial relativo al principio democrático, participativo y pluralista. Luego de analizar cada uno de los cargos formulados la Corte resolvió declarar EXEQUIBLE la disposición acusada.

COMUNICADO 26

C-308/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

ESTATUTO TRIBUTARIO DE LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES - DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ Y FONDOS DE CESANTÍAS. (ARTÍCULO 126-1 DEL DECRETO 624 DE 1989)

 

10-05-17

La Corte Constitucional debía resolver en esta oportunidad si la limitación contenida en el artículo 126.1 del Estatuto Tributario, conforme a la cual, en el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, la acreditación ante la respectiva entidad financiera de que los recursos se han destinado a dicha adquisición, solo puede hacerse, con copia de la escritura de compraventa, contrariaba o no los preceptos constitucionales. Para analizar el cargo, la Corporación encontró, en primer lugar, que para el acceso al beneficio tributario previsto en la disposición acusada, basta con acreditar la adquisición de vivienda, lo cual puede acreditarse mediante cualquier título adquisitivo o traslaticio de dominio, y que el ordenamiento jurídico no contempla que la única modalidad contractual sea la compraventa. Advirtió la Corte que, en ese contexto, la limitación impugnada solo se ajusta a la Constitución, si se entiende que la acreditación allí prevista puede hacerse con una escritura pública en la que conste el título traslaticio de dominio, no necesariamente de compraventa. Señaló la Corporación que, si bien es cierto que, como se ha puesto de presente en el proceso, existen otras modalidades contractuales a través de las cuales las personas pueden destinar recursos para vivienda, la condición del beneficio tributario es la de que los mismos se materialicen en la adquisición de vivienda y que exigir acreditar esa condición mediante escritura pública que contenga el título traslaticio, para que la correspondiente entidad haga el desembolso sin practicar la retención correspondiente, es una medida que de manera razonable atiende a garantizar la efectiva destinación de los recursos, sin perjuicio de que frente a modalidades en las que la operación de adquisición de vivienda se concreta más tarde, el beneficio pueda hacerse valer ante la Dirección de Impuestos, con la acreditación correspondiente. Así, argumentó la Sala Plena que la procedencia de la retención respecto de aquellas modalidades contractuales mediante las cuales se efectúa una inversión en proyectos inmobiliarios en cuyo marco solo eventualmente se puede adquirir vivienda, sí es consistente con el objeto de la norma de utilizar el beneficio tributario para incentivar la adquisición de vivienda, ya que en esta hipótesis la adquisición de vivienda constituye un hecho futuro e incierto, y para la administración tributaria resultaría excesivamente gravoso que no se hiciese la retención. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando en el marco de una de estas modalidades contractuales se materialice una adquisición de vivienda a través de un título traslaticio de dominio, después de haberse realizado la retención en la fuente por el retiro de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y de cesantías, el contribuyente pueda hacer efectivo el beneficio tributario previsto en el mismo inciso 6 del artículo 126. 1 del Estatuto Tributario, acreditando ante la Administración de Impuestos esa circunstancia. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad de las expresiones “de compraventa” contenidas en el artículo 126.1 del Estatuto Tributario, pero en el entendido de que la exigencia de orden probatorio se refiere a que la adquisición de la vivienda y la destinación de los aportes voluntarios retirados de los fondos de pensiones y de cesantías debe acreditarse mediante una escritura pública en la que conste el título traslaticio de dominio del inmueble.

 

COMUNICADO 27

C-309/17

Hernán Leandro Correa Cardozo

PLEBISCITO ACUERDO FINAL DE PAZ. CONVOCATORIA, REGLAS PARA SU EJECUCIÓN Y TEXTO DE LA PREGUNTA QUE SE SOMETE A VOTACIÓN. (DECRETO 1391 DE 2016)

10-05-17

Demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 1391 de 2016, por el cual se convoca a un plebiscito y se dictan otras disposiciones. En tres demandas se alega la existencia de vicios o irregularidades en el procedimiento que llevó a convocatoria y realización del plebiscito especial para la paz. Coinciden los actores en hacer un conjunto de cuestionamientos a la pregunta formulada por el Presidente de la República al pueblo, y presentan además otros argumentos sobre la posible existencia de vicios en el procedimiento de convocatoria y realización del mecanismo de participación. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto cuestionado, pero hace una advertencia al Gobierno Nacional en cabeza de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Cultura, sobre la necesidad de mantener canales de comunicación permanentes con los pueblos étnicamente diferenciados y las personas en situación de discapacidad del país, con miras a asegurar su participación en la etapa de implementación de los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Far-EP

COMUNICADO 27

C-312/17

Hernán Leandro Correa Cardozo

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA. - HABITANTES DE LA CALLE. ATENCIÓN EN CENTROS ESPECIALES PARA PERSONAS CON ADICCIÓN A LOS PSICOTRÓPICOS. (PARÁGRAFO 3º. DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1801 DE 2016)

10-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º. Del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. La demandante considera que la disposición cuestionada quebranta los artículos 1, 13, 28 y 29 de la Constitución Política, por cuanto contiene una norma que discrimina a un grupo poblacional, este es el conformado por habitantes de calle, con fundamento en estereotipos. Igualmente, porque prevé una restricción al ejercicio de los derechos a la libertad y al debido proceso, en tanto dicho traslado no está acompañado de garantías de control previo y/o posterior a la actuación de la Policía. La Sala Plena encontró acreditada la configuración de la cosa juzgada formal y absoluta, toda vez que el parágrafo demandado fue declarado inexequible mediante decisión previa de la Corporación. En consecuencia, dispuso ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281/17.

COMUNICADO 27

C-331/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

NORMA QUE EXCEPTÚA A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LAS RESTRICCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 617 DE 2000. (DECRETO LEY 298 DE 2017)

17-05-17

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 298 de 2017, por el cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000. La Corte concluye que el Decreto revisado es inconstitucional por regular un asunto expresamente excluido por le Acto Legislativo 01 de 2016, al establecer una reforma al artículo 92 de la Ley 617 de 2000, la cual es una norma orgánica. INEXEQUIBLE.

COMUNICADO 28

C-332/17

Antonio José Lizarazo Ocampo

IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ. INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO. (ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016)

17-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2016, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Los demandantes consideran que el Acto Legislativo acusado sustituye la Constitución Política, amenaza gravemente el equilibrio de poderes, doblega el principio del control constitucional y va en contra del principio de la rigidez constitucional. La Corte concluyó que los literales h) y j) del Acto Legislativo 1 de 2016 sustituyen la Constitución, en la medida en que desvirtúan las competencias de deliberación y de eficacia del voto de los congresistas, las cuales conforman el núcleo esencial de la función legislativa. Precisa, que estas enmiendas a la Constitución también implican un desbalance en el equilibrio e independencia entre los poderes públicos a favor del ejecutivo y en desmedro de las prerrogativas propias del Congreso en una democracia constitucional. Sostiene, que el legislativo debe conservar su competencia para introducir modificaciones a las propuestas del ejecutivo, incluso sin contar con aval gubernamental, así como para decidir si somete o no a discusión el articulado u opta por la votación en bloque de esas mismas iniciativas. Con todo, en cada una de estas actividades debe cumplirse con las reglas y principios que guían el trabajo legislativo, así como con el requisito de conexidad entre los contenidos del Acuerdo y las normas jurídicas que se deriven del proceso de implementación. La Sala Plena decidió INHIBIRSE de emitir pronunciamiento sobre el literal k) del artículo 1º, el artículo 3º y el artículo 5º del mencionado Acto, por la ineptitud de la demanda. Igual decisión adoptó respecto del artículo 4º ibídem. Así mismo resolvió, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-699/16 en relación con los cargos dirigidos contra el literal f) del artículo 1º y contra el artículo 2º del pluricitado Acto Legislativo. Por último, declaró la INEXEQUIBILIDAD de los literales h) y j) del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016.

COMUNICADO 28

C-333/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

NORMA QUE PROMUEVE EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL, SE GENERAN MEDIDAS PARA SUPERAR BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO  - MATRICULA MERCANTIL. LAS PEQUEÑAS EMPRESAS JÓVENES QUE INICIEN ACTIVIDADES A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE ESTA LEY ESTÁN EXENTAS DEL PAGO DE LA MATRÍCULA MERCANTIL Y SU RENOVACIÓN POR UN AÑO. (ARTÍCULO 3º DE LA LEY 1780 DE 2016)

17-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º de la Ley 1780 de 2016, por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones. La norma cuestionada crea un beneficio a favor de las pequeñas empresas jóvenes que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la misma, el cual consiste en eximirlas del pago de la matrícula y de su renovación en el primer año siguiente al inicio de la actividad económica principal. El demandante planteó dos tipos de acusaciones. Una por vicios de fondo y otra por vicios de procedimiento en la formación de la ley. La Corte consideró que los cargos por vicios de procedimiento no cumplieron con las condiciones mínimas para emitir un pronunciamiento de fondo, en tanto el actor omitió los requisitos de especificidad, certeza y suficiencia. Concluyó, que el beneficio fiscal otorgado por el Legislador a las personas y empresas jóvenes se enmarca dentro de la amplia potestad de configuración normativa en materia de exenciones tributarias, que en el caso de la norma demandada le permite al Estado garantizar a los jóvenes la igualdad real de oportunidades en materia laboral a través del comercio y la industria, sin que esto implique el desconocimiento del principio de igualdad tributaria. EXEQUIBLE.

COMUNICADO 29

C-334/17

José Antonio Cepeda Amarís

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA  - MEDIOS DE POLICIA. SITUACIONES EN LAS QUE LA POLICÍA PUEDE INGRESAR A UN INMUEBLE CON Y SIN ORDEN ESCRITA Y EL TRASLADO POR PROTECCIÓN. (ARTÍCULOS 149 (PARCIAL), 155, 162 Y 163 DE LA LEY 1801 DE 2016)

17-05-17

Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 149 (parcial), 155, 162 y 163 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. En términos generales los demandantes coinciden en afirmar que el conjunto de disposiciones acusadas contravienen los derechos a la libertad personal y a la inviolabilidad de domicilio, consagrados en la Constitución Política. De manera particular un actor aduce que se infringe también la restricción de éstos derechos, únicamente en virtud de orden de autoridad judicial. Así mismo, que se trasgrede los derechos a la intimidad familiar y personal, al igual que al buen nombre de las personas. La Corte decide: declarar EXEQUIBLE la expresión “8. Ingreso a inmueble con orden escrita”, contenida en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo, en relación con el cargo formulado contra los parágrafos 1 y 2 del artículo 163 y, respecto a la acusación planteada frente a la expresión “9. Ingreso a inmueble sin orden escrita”, prevista en el artículo 149 ibídem. Resuelve igualmente, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-212/17 respecto al cargo contra el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, en la Sentencia C-281/17 en relación con el cargo contra la expresión “1. Traslado por protección” prevista en el artículo 149 de la referida ley y, en la Sentencia C-223/17, en lo relativo al cargo contra el artículo 162 ídem.

COMUNICADO 29

C-335/17

Alberto Rojas Ríos

SE CREAN Y SE DESARROLLAN LAS ZONAS DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL, ZIDRES - COMPONENTES DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS. (LITERALES A), B) Y C) DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 3, ARTÍCULO 17, INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 20 Y DE LOS INCISOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 1776 DE 2016)

17-05-17

 

Cosa juzgada constitucional en  Sentencia C-077/17

COMUNICADO 29

C-341/17

Alberto Rojas Ríos

CÓDIGO PENAL – ABORTO. (ARTÍCULO 122 DE LA LEY 599 DE 2000)

24-05-17

La Sala resolvió INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda

COMUNICADO 30

C-342/17

Alberto Rojas Ríos

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ACUSADO NO PRIVADO DE LA LIBERTAD. (ARTÍCULO 450 DE LA LEY 906 DE 2004)

24-05-17

 

La Corporación al estudiar la demanda contra el artículo 450 de la Ley 906 de 2004, declaró la exequibilidad de las expresiones acusadas, las cuales, para el actor resultaban contrarias a la Constitución por violar el derecho a la libertad personal, el debido proceso, el acceso a la segunda instancia, el recurso judicial efectivo, la presunción de inocencia y el derecho a la impugnación. La Corte estableció que los segmentos demandados no resultan violatorios de los derechos fundamentales señalados, resaltando el amplio margen de configuración que tiene el legislador sobre los procedimientos judiciales. No obstante la Corporación llamó la atención sobre el carácter excepcional y de interpretación restrictiva que tienen las medidas privativas de la libertad, donde se impone el derecho de la libertad como regla general y la privación de la libertad como excepción ante la presencia de algunas causales de detención preventiva. Recordó además la Sala Plena que la presunción de inocencia, contenida en el artículo 29 de la Constitución Política y garantía el derecho fundamental del debido proceso solo se desvirtúan con una sentencia debidamente ejecutoriada.

COMUNICADO 30

C-343/17

Alejandro Linares Cantillo

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES. EL TRATO A LOS ANIMALES SE BASA EN EL RESPETO, LA SOLIDARIDAD, LA COMPASIÓN, LA ÉTICA, LA JUSTICIA. (ARTÍCULOS 1 Y 3 (PARCIALES) DE LA LEY 1774 DE 2016)

24-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 3 (parciales) de la Ley 1774 de 2016, por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. Los demandantes aducen que las expresiones cuestionadas implican que la ley haya dispuesto la igualación de las personas y los animales,. Consideran que las frases demandadas deben ser empleadas para referirse a relaciones entre seres humanos, y no entre éstos y los animales. Por concluir que los argumentos planteados en la demanda carecen de pertinencia, especificidad y suficiencia, la Sala Plena de la Corporación decide INHIBIRSE de adoptar un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto de las expresiones “El trato a los animales” y “el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia”, así la expresión “social”, acusadas.

COMUNICADO 30

C-344/17

Alejandro Linares Cantillo

CODIGO PENAL- REPARACIÓN DEL DAÑO. LA CONDUCTA PUNIBLE ORIGINA LA OBLIGACIÓN DE REPARAR LOS DAÑOS MATERIALES Y MORALES QUE CAUSE. (ARTÍCULO 94 (PARCIAL) DE LA LEY 599 DE 2000)

24-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 94 (parcial) de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. el demandante considera que la norma cuestionada vulnera el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas, al determinar únicamente que el juez penal ordenará la reparación de los perjuicios materiales y morales, lo que, a su juicio, configura una omisión legislativa relativa con efectos inconstitucionales. En su concepto, la norma excluye, implícitamente, la reparación de otros perjuicios como a la salud, a la vida de relación, a los bienes jurídicos de especial protección constitucional y los fisiológicos, entre otros. La omisión determinaría entonces una imposibilidad de reparación integral de los perjuicios. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma cuestionada, en el entendido de que las categorías de perjuicios allí indicadas son meramente indicativas y no excluyen la reparación integral de todos los perjuicios tanto materiales, como inmateriales, que hayan sido causadas a las víctimas como consecuencia del delito y resulten debidamente probados.

COMUNICADO 30

C-345/17

Alejandro Linares Cantillo

NULIDAD RELATIVA Y ABSOLUTA. CAUSALES DE NULIDAD DE ACTOS Y CONTRATOS POR FUERZA EN EL CONSENTIMIENTO, OBJETO O CAUSA ILÍCITA U OMISIÓN DE FORMALIDADES QUE SE DERIVAN DE SU NATURALEZA. (ARTÍCULOS 1741 Y 1743 (PARCIAL) DEL CÓDIGO CIVIL Y EL ARTÍCULO 900 (PARCIAL) DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

24-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1741 y 1743 (parcial) del Código Civil y el artículo 900 (parcial) del Código de Comercio. Consideran los actores que las normas cuestionadas, conforme a las cuales la fuerza como vicio del consentimiento da lugar a la nulidad relativa del acto o contrato, de manera que no puede ser declarada de oficio por el juez o solicitada por el Ministerio Público, desconocen los artículos 2, 11, 12, 13, 16, 228 y 229 de la Constitución. La Corte declara EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las disposiciones normativas demandas.

COMUNICADO 30

C-346/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ESTE TIPO DE CONTRATO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO, CUANDO SE TRATA DE PROYECTOS QUE REQUIEREN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. (ARTÍCULO 27 (PARCIAL) DE LA LEY 1508 DE 2012 Y ARTÍCULO 37 (PARCIAL) DE LA LEY 1753 DE 2015)

24-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. Igualmente, contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo 2014, todos por un nuevo país. El demandante considera que las expresiones acusadas vulneran los artículos 287, 298, 303, 305-2, 314 y 315 de la Constitución, todos ellos referentes a diferentes garantías constitucionales que integran la autonomía de las entidades territoriales. La Corte considera que la previsión legal que prohíbe la celebración de contratos de Asociación Público Privada (APP) en el último año de gobierno del mandatario local, no vulnera las normas constitucionales que establecen la autonomía de las entidades territoriales para gobernarse por sus autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan y gestionar sus propios asuntos. Igualmente considera, que el precepto normativo que determina que los gobiernos locales que suscriban contratos de APP no pueden retribuir al inversionista privado con derechos reales sobre inmuebles de propiedad de la entidad territorial, que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, desconoce el derecho que tienen las entidades territoriales de administrar sus recursos, previsto en el artículo 287-3 de la Constitución. En consecuencia, declara la EXEQUIBILIDAD del numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 y la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “del orden nacional” contenida en el parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 1753 de 2015.

COMUNICADO 30

C-347/17

Alberto Rojas Ríos

SE DEFINEN Y REGULAN LAS CUENTAS ABANDONADAS Y SE LES ASIGNA UN USO EFICIENTE A ESTOS RECURSOS. (ARTÍCULOS 1, 3 (PARCIAL), 4 (PARCIAL), 5, 6 (PARCIAL) Y 7 DE LA LEY 1777 DE 2016)

24-05-17

 

La Sala determinó que las normas acusadas no vulneraban el artículo 44 Superior, por cuanto la destinación que la Ley 1777 de 2016 realizó de los saldos de las cuentas de ahorros o corrientes, calificadas como abandonadas, para apoyar ciertos programas del ICETEX, de manera alguna afecta la financiación del ICBF, en los términos previstos en el artículo 66 de la Ley 75 de 1968. Lo anterior ya que los saldos de las cuentas de ahorros o corrientes, que han permanecido más de tres años inactivas, y que son calificadas como abandonadas, jamás hubieran ingresado al patrimonio del ICBF, en virtud de que no se trata de bienes mostrencos, razón por la que su destinación a financiar programas de educación superior no vulnera los derechos fundamentales de los niños y niñas. Por lo tanto, la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 1, 3 (parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7 de la Ley 1777 de 2016.

 

COMUNICADO 30

C-348/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

MATRIMONIO DE MENORES DE EDAD. CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES ADOPTIVOS. (ARTÍCULO 117 (PARCIAL) DEL CÓDIGO CIVI)

24-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 117 (parcial) del Código Civil. La demandante considera que el aparte acusado vulnera los artículos 5, 13 y 43 de la Constitución al otorgar un trato discriminatorio con base en el sexo, al disponer que en el caso de hijos adoptivos los padres adoptantes darán el consentimiento si el hombre es menor de 21 años, pero, para la mujer, si es menor de 18 años. La Corte se INHIBE de pronunciarse de fondo sobre la disposición demandada, por cuando la misma fue derogada tácitamente por el Decreto 2820 de 1974 y la Ley 27 de 1977 y no está produciendo efectos jurídicos.

 

COMUNICADO 30

C-349/17

Carlos Bernal Pulido

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA. - AUDIENCIA POLICIVA. LA INASISTENCIA DEL PRESUNTO INFRACTOR A LA AUDIENCIA, SIN COMPROBAR LA OCURRENCIA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS HECHOS. (PARÁGRAFO 1º DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY 1801 DE 2016)

25-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes consideran que el precepto acusado deber ser declarado inexequible, por vulnerar los derechos constitucionales de toda persona a no ser obligada a autoincriminarse y a la presunción de inocencia. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del parágrafo demandado, en el entendido que en caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad de policía, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia.

 

COMUNICADO 31

C-350/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

VACUNACIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA A LA POBLACIÓN COLOMBIANA OBJETO DE LA MISMA, SE ADOPTAN MEDIDAS INTEGRALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO DE MANERA GRATUITA A TODAS LAS NIÑAS ENTRE CUARTO GRADO DE BÁSICA PRIMARIA Y SÉPTIMO GRADO DE BÁSICA SECUNDARIA (ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1626 DE 2016)

 

25-05-17

La Corte encontró que el plan de inmunización previsto en el artículo 1 de la Ley 1626 de 2016 se estructuró, no en función del objetivo de prevenir la aparición y transmisión del VPH en todas las personas, sino en función del propósito específico de prevenir el Cáncer del Cuello Uterino, padecido únicamente por las mujeres. La Corporación estimó que este esquema de inmunización previsto por el legislador en el artículo 1 de la Ley 1626 de 2013 es consistente con la situación y las necesidades de salud pública en el mundo y en Colombia, al existir diferencias relevantes entre hombres y mujeres en relación con el Virus del Papiloma Humano y en relación con los beneficios potenciales de las vacunas contra el mismo, que justifican limitar el alcance de los planes de inmunización en función del género. Se estableció que aunque los hombres y mujeres pueden ser infectados por el VPH, y aunque el citado virus puede provocar cáncer en uno y otros, únicamente éstas últimas pueden contraer cáncer del cuello uterino (CCU), y este es causa necesaria de este último, mientras que el cáncer en la cavidad oral, la laringe y el orofaríngeo, así como el de pene, vagina, vulva y de ano, no tiene como causa necesaria el Virus del Papiloma Humano. De este modo, mientras todo cáncer de cuello uterino se encuentra antecedido de una infección persistente del VPH, aquellos otros canceres no siempre se encuentran precedidos del virus, y este no constituye causa necesaria ni suficiente de tales enfermedades. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional al establecer que existen diferencias empíricas relevantes entre las mujeres y los hombres frente a las enfermedades provocadas por el VPH, y tales diferencias tienen una correlación directa y estrecha con la decisión del legislador de restringir el mandato de vacunación gratuita y obligatoria a las mujeres, no vislumbró vulneración del derecho a la igualdad alegada por el demandante. En segundo lugar, la Sala encontró que, una interpretación que, siguiendo el tenor literal de la disposición acusada, limite el alcance de la garantía de la vacunación gratuita atendiendo el grado de escolaridad, vale señalar, -del cuarto grado de educación básica primaria al séptimo grado de básica secundaria-, resulta contraria a la Constituicón y que, por consiguiente, es preciso condicionar el alcance de la norma señalando que la garantía allí prevista se predica no solo en relación con las niñas escolarizadas sino también con aquellas no escolarizadas.

 

COMUNICADO 31

C-351/17

Antonio José Lizarazo Ocampo

PRESCRIPCIÓN. EL JUEZ NO PUEDE DECLARARLA DE OFICIO, SINO QUE DEBE SER ALEGADA. (INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2513 DEL CÓDIGO CIVIL Y EL ARTÍCULO 282 (PARCIAL) DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO)

25-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 2513 del Código Civil y el artículo 282 (parcial) del Código General del Proceso. A juicio de la entidad demandante las disposiciones acusadas trasgreden el preámbulo y los artículos 1, 2, 48 y 229 de la Constitución, en cuanto no autorizan al juez para declarar oficiosamente la excepción de prescripción. La Corporación considera que la demandante no cumplió con el requisito de claridad, a lo que se sumó la ausencia de pertinencia en la construcción de la censura, pues la jurisdicción constitucional no es la sede para resolver contingencias procesales originadas en la eventual negligencia o dolo de los apoderados de las entidades estatales. Respecto al cargo por violación al principio de la tutela judicial efectiva concluye la Sala Plena, que también se evidencia la carencia de aptitud por incumplimiento de los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia. La Corte se INHIBE de emitir pronunciamiento alguno, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 31

C-352/17

Alejandro Linares Cantillo

ADMISIÓN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA EN EL SENTIDO DE QUE LA CORTE DECRETE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA NORMA ACUSADA MIENTRAS SE DICTA SENTENCIA. (ARTÍCULOS 6 (PARCIAL) Y 36 (PARCIAL) DEL DECRETO LEY 2067 DE 1991)

25-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 (parcial) y 36 (parcial) del Decreto Ley 2067 de 1991, por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. Consideran los demandantes que la norma cuestionada contiene una omisión legislativa relativa que vulnera el preámbulo y los artículos 2, 4, 93 y 229 de la Constitución, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pretenden que se declare su inexequibilidad o, en su defecto, la exequibilidad condicionada, en el entendido que, de manera excepcional, siempre y cuando exista una oposición manifiesta entre la Constitución y la norma jurídica objeto de estudio, la Corte Constitucional en su Sala Plena tiene competencia para declarar la suspensión provisional como medida cautelar, con el fin de preservar la supremacía normativa de la Carta Política. Por carecer de certeza la demanda, al plantearse una omisión respecto de normas que no tienen el objeto ni el alcance otorgado por los demandantes y sin demostrar que de ellas se pueda predicar el desconocimiento de un mandato constitucional específico que implique que la Corporación deba disponer de la potestad de suspender provisionalmente las normas bajo control de constitucionalidad, la Sala Plena decide INHIBIRSE de proferir una decisión de fondo, por la ineptitud sustantiva.

COMUNICADO 31

C-353/17

Alejandro Linares Cantillo

CONTRIBUCIÓN CAFETERA. CARÁCTER PERMANENTE DE ESTA CONTRIBUCIÓN. OBJETO DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA FEDERACIÓN DE CAFETEROS. MEDIDAS DEL COMITÉ NACIONAL DE CAFETEROS EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL CAFÉ PARA EXPORTACIÓN. (ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1337 DE 2009)

25-05-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 1337 de 2009, por medio de la cual la República de Colombia rinde homenaje a los caficultores colombianos y se dictan otras disposiciones, igualmente, contra los artículos 23, 25 y 33 de la Ley 9 de 1991, por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias. El demandante considera que las disposiciones acusadas vulneran los principios de libre asociación, unidad de materia e imparcialidad y eficacia que rigen la función administrativa, así como la libre competencia económica. La Corte declara EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 5º de la Ley 1337/09 acusado. En relación con los cuestionamientos hechos a los artículos 23, 25 y 33 de la Ley 9ª/91, se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 31

C-358/17

Carlos Libardo Bernal Pulido

PROYECTO DE LEY NUMERO 067 DE 2014 SENADO-125 DE 2013 CAMARA POR  MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, SE AUTORIZAN APROPIACIONES PRESUPUESTALES, SE MODIFICA LA LEY 382 DE 1997

30-05-17

Objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley 067/14 Senado y 125/13 Cámara, por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los 50 años de la Universidad de Córdoba, se autorizan apropiaciones presupuestales, se modifica la ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones. La Corte declara INFUNDADA la objeción relacionada con la expresión “obligatorio” contenida en el artículo 6º del precitado proyecto de ley, y por tanto decide declarar su EXEQUIBILIDAD. Igualmente, declara FUNDADA la objeción formulada por el Gobierno Nacional en contra del parágrafo del artículo 7 ibídem y, en consecuencia, declara su INEXEQUIBILIDAD.

COMUNICADO 32

C-359/17

José Antonio Cepeda Amarís

SE REFORMAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993 Y SE ADOPTAN DISPOSICIONES SOBRE LOS REGÍMENES PENSIONALES EXCEPTUADOS Y ESPECIALES. (ARTÍCULO 13 DE LA LEY 797 DE 2003)

 

30-05-17

 

La Sala decide INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el cargo formulado por ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 32

C-383/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

RESPONSABILIDAD POR DAÑO. RESPONSABILIDAD POR DAÑO CAUSADO POR UN PASAJERO O SUS SIRVIENTES. (ARTÍCULO 2075 (PARCIAL) DEL CÓDIGO CIVIL)

14-06-17

Para los actores la expresión “sirvientes” contenida en la norma demandada es contrario al artículo 1º de la Constitución que consagra que el Estado colombiano se funda en el respeto de la dignidad humana, al igual que del artículo 13 Superior, al preservar una forma de discriminación derivada del tipo de vínculo que amparaba las relaciones serviles Aducen, que el empleo de dicha palabra resulta denigrante de la condición humana pues obedece a una forma de cosificación ya superada en el Estado Social de Derecho. La Corte declara INEXEQUIBLE la expresión “sirvientes” acusada, por ser discriminatoria y denigrante de la condición humana. Dispone su reemplazo por los términos “trabajadores o empleados”.

 

COMUNICADO 33

C-384/17

Diana Fajado Rivera

SE CLASIFICAN LOS EMPLEOS Y SE EXPIDE EL RÉGIMEN DE CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE SUS ENTIDADES ADSCRITAS. (NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO LEY 020 DE 2014)

14-06-17

 

COMUNICADO 33

C-385/17

Carlos Libardo Bernal Pulido

EJECUCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS. PLAZO PARA EJECUTAR CONDENAS A LA NACIÓN, NO INCLUYE ENTIDADES TERRITORIALES. (ARTÍCULO 307 DE LA LEY 1564 DE 2012)

14-06-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 307 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. La demandante considera que la expresión acusada vulnera los principios de integridad territorial e igualdad de trato entre instituciones estatales. La Corte se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 33

C-386/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA. (DECRETO LEGISLATIVO 601 DE 2017)

14-06-17

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 601 de 2017. Con el precitado Decreto se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el municipio de Mocoa, Putumayo, tanto en el área urbana como en la rural, por el término de treinta días calendario. Se dispone con dicho acto que el Gobierno Nacional ejerza las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política y las demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis. Igualmente, que adopte mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en el Decreto revisado, todas aquellas s adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos y disponer las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo. La Corte verificó que se cumplieran los distintos requisitos de índole sustantivo y material que la Constitución y la Ley imponen a los decretos declarativos de estados de emergencia y, en consecuencia, decidió declararlo EXEQUIBLE.

 

COMUNICADO 33

C-387/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

INHABILIDAD ESTABLECIDA PARA POSTULARSE O SER ELEGIDO COMO JUEZ DE PAZ POR CAUSA DE RESOLUCIÓN ACUSATORIA EN SU CONTRA POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O LA JUSTICIA. (LITERAL E) DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 497 DE 1999)

14-06-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento. Consideran los demandantes que la inhabilidad cuestionada desconoce la presunción de inocencia como elemento integrante del debido proceso, ya que toma como referente la resolución de la acusación a pesar de que se trata de un acto del proceso penal en el que no se ha establecido la responsabilidad del sujeto. Luego de comprobar que en el presente caso operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta, en virtud de la emisión de una providencia previa de la Corporación mediante la cual se resolvió declarar inexequible la misma disposición atacada en esta oportunidad, la Sala Plena decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-176/17.

COMUNICADO 33

C-388/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA - TRASLADO POR PROTECCIÓN. POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA DE PERSONAS COMPROMETIDAS EN RIÑAS, COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS O ACTIVIDADES PELIGROSAS. (PARÁGRAFO 1º DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY 1801 DE 2016)

14-06-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. La demandante aduce que la norma cuestionada vulnera los artículos 24 y 28 de la Constitución Política, porque le otorga facultades excesivas a los agentes de policía para que ordenen el traslado de protección de una persona que está involucrada en una riña o que ha desplegado un trato agresivo o temerario. Tras verificar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal, en virtud de la expedición de providencia previa que declaró la inexequibilidad de la misma norma ahora cuestionada, la Sala Plena de la Corporación decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281/17.

COMUNICADO 33

C-389/17

Cristina Pardo Schlesinger

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE TRÁNSITO. NO CONTEMPLA UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MENORES DE EDAD. (ARTÍCULOS 134 Y 135 DE LA LEY 769 DE 2002)

14-06-17

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 134 y 135 de la Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Los demandantes consideran que las disposiciones impugnadas incurren en una omisión legislativa relativa que viola los artículos 13, 29, 44, 45 y 93 de la Constitución Política, 4º y 3º numerales 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el interés superior del niño contemplado en el Principio 2º de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. La Corporación considera que los cargos presentados desatienden la exigencia de certeza, pues el alegato se fundamentó en una interpretación subjetiva e incompleta de la norma impugnada, toda vez que el artículo 138 de la misma ley establece una regla específica para la representación de los menores de edad involucrados en la actuación contravencional. La Corte se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 33

C-390/17

Cristina Pardo Schlesinger

RESPONSABILIDAD DEL ACARREADOR. ESTA RESPONSABILIDAD SERÁ NO SOLO POR SU PROPIO HECHO, SINO POR EL DE SUS AGENTES O SIRVIENTES. (ARTÍCULO 2072 (PARCIAL) DE LA LEY 57 DE 1887, POR EL CUAL SE DICTA EL CÓDIGO CIVIL)

14-06-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2072 (parcial) de la Ley 57 de 1887, por el cual se dicta el Código Civil. Los demandantes consideran que la expresión acusada, al hacer una referencia a una relación que actualmente se considera en tensión con la dignidad humana (ser sirviente), para denominar la labor que realiza una persona para el transportador en virtud del contrato de arrendamiento de transporte regulado por la ley, es contraria a los artículos 1 y 13 de la Constitución. La Corte reitera que no es constitucionalmente admisible mantener la expresión “sirvientes” en una norma del Código Civil para denominar a los trabajadores dentro de una relación laboral o comercial, toda vez que dicho vocablo admite una interpretación discriminatoria y denigrante de la condición humana que es contraria a los principios de la Constitución. En consecuencia, declara la INEXEQUIBILIDAD de la expresión demandada.

COMUNICADO 33

C-391/17

Iván Escrucería Mayolo

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA - ORDEN DE POLICÍA. CONMINACIÓN CUANDO SE OMITE DARLE CUMPLIMIENTO INMEDIATO. (ARTÍCULO 150 (PARCIAL) DE LA LEY 1801 DE 2016)

15-06-17

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 150 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El accionante considera que el aparte acusado, mediante el cual el legislador confirió a la autoridad la potestad de determinar el periodo para el cumplimiento de la orden de policía cuando no sea de inmediato cumplimiento, resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Política sobre debido proceso administrativo sin dilaciones injustificadas: Lo anterior, porque dicha indeterminación puede llevar a la arbitrariedad en tanto que el operador de la norma contará con un plazo, que siendo ilimitado, puede significar un atentado para los derechos de otras personas. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD, por el cargo examinado, de la expresión impugnada.

COMUNICADO 33

C-394/17

Diana Fajardo Rivera

CÓDIGO CIVIL - LEGITIMACION Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. (ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO CIVIL)

21-06-17

 

La Corte Constitucional estudió la demanda presentada contra la expresión conforme a la cual el divorcio sólo puede ser solicitado “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenida en el artículo 156 del Código Civil, porque, en criterio del actor, por un lado, resulta violatoria del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, al facultar únicamente al cónyuge “inocente” para demandar el divorcio en relación con las causales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 previstas en el artículo 154 del Código Civil, en menoscabo del denominado cónyuge “culpable”, quien está desprovisto de esta posibilidad, y, por otro, también desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad del “cónyuge culpable”, consagrado en el artículo 16 de la Carta Política, en tanto lo limita en aspectos como la determinación de su estado civil y la realización autónoma de su vida. La Corporación encontró que, en relación con el derecho a la igualdad, la demanda era inepta, por cuanto el actor no estableció la manera como, en el supuesto normativo acusado, resultaba comparable la situación del cónyuge que ha incumplido las obligaciones que surgen del contrato de matrimonio, con la del cónyuge que si ha cumplido. Por esta razón, en relación con este apartado de la demanda, la Corte resolvió inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo. Por otra parte, la Corte estableció que el segmento demandado no resulta violatorio del derecho del libre desarrollo de la personalidad, debido a que, una vez los contrayentes aceptan el contrato del matrimonio, al que concurren de manera voluntaria, aceptan también las cláusulas de las que se derivan restricciones para su autonomía, y ello incluye la relativas a los mecanismos que existen para disolverlo. La Sala recordó que si los cónyuges no desean continuar con el compromiso hay posibilidades jurídicas para disolverlo, como el mutuo acuerdo, o la posibilidad que ambos cónyuges tienen de acudir a la separación de cuerpos para luego de transcurrido dos años proceder a solicitar el divorcio, restricción que no es desproporcionada si se tiene en cuenta que la finalidad es proteger a la familia y tratar de recomponer el vínculo matrimonial. En consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró la exequibilidad del aparte demandado.

 

COMUNICADO 35

C-408/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

TRANSITO DE LAS FARC A LA VIDA POLITICA LEGAL. (LEY 1830 DE 2017, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO A LA LEY 5 DE 1992.)

28-06-17

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1830 de 2017, por medio de la cual se adiciona un artículo transitorio a la Ley 5 de 1992. La norma analizada determina que la Agrupación Política de ciudadanos en ejercicio que se constituya con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC--EP a la vida política legal, podrá designar 3 voceros o voceras en cada una de las cámaras en que se divide el Congreso de la República, para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016. Igualmente, impone como regla que el Presidente de la Mesa Nacional Efectiva de las Víctimas, establecida en la Ley 1448 de 2011 debe ser invitado a todas las sesiones en las que se discutan proyectos relacionados con los derechos de las víctimas y que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Luego de verificar que la Ley 1830/17 es constitucional tanto en su aspecto formal como material, la Corte decide declararla EXEQUIBLE.

COMUNICADO 37

C-409/17

Alejandro Linares Cantillo

CONTROL AUTOMATICO DEL DECRETO LEGISLATIVO 658 DE 2017. ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN MOCOA

28-06-17

Control automático del Decreto Legislativo 658 de 2017, por el cual se dictan medidas dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica para incentivar la actividad económica y la creación de empleo en el municipio de Mocoa, Putumayo. La Corte verificó que la norma estudiada cumplió con las condiciones formales y materiales de validez y, en tal medida, decidió declararlo EXEQUIBLE.

COMUNICADO 37

C-432/17

Carlos Bernal Pulido

SE ESTABLECE LA ENTREGA DEL INFORME ANUAL SOBRE EL DESARROLLO, AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES RATIFICADOS POR COLOMBIA. (OBJECIONES GUBERNAMENTALES AL PROYECTO DE LEY NO. 191/16 SENADO- 086/15 CÁMARA)

 

12-07-17

 

El Gobierno Nacional formuló tres objeciones; dos por inconstitucionalidad y una por inconveniencia. La Corte Constitucional las encontró INFUNDADAS y, en consecuencia, declaró la EXEQUIBILIDAD del proyecto de ley objetado.

COMUNICADO 38

C-433/17

Antonio José Lizarazo Ocampo

SE MODIFICA LA LEY 1448 DE 2011, EN LO RELACIONADO CON LA CERTIFICACIÓN DE DESVINCULACIÓN DE MENORES EN CASO DE ACUERDOS DE PAZ (DECRETO LEY 671 DE 2017)

 

12-07-17

En la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha establecido que la habilitación legislativa al Gobierno debe ser excepcional, y por tanto requiere un control judicial y está sometida a restricciones materiales y temporales. El artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016, por su parte, dispone de una habilitación legislativa al Presidente para proferir decretos con fuerza de ley, que debe pasar por un tamiz conformado por límites formales y otros materiales, ampliamente explicados en la sentencia. Así entonces, el Decreto 671 de 2017 que modifica el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, referente a la reparación y restitución de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento ilícito y a su ingreso a los programas de reincorporación social y económica, cumple con los requisitos formales, pues fue expedido por el Presidente y suscrito también por los Directores de los Departamentos Administrativos de la Presidencia y para la Prosperidad Social, el título corresponde con su contenido, en el decreto se precisa que ha sido emitido en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016, fue expedido dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016 y motivado a través de trece considerandos; y materiales, pues se demostró que existe un vínculo cierto y verificable entre el contenido del Acuerdo Final y la materia regulada; el decreto responde de forma precisa a un aspecto definido y concreto del Acuerdo Final; en su motivación aparecen las razones que sustentan que las normas allí contenidas son un desarrollo propio del Acuerdo Final y se advierte el carácter urgente e imperioso del trámite extraordinario para regular la materia específica que contiene el decreto. Así mismo, no hace referencia a materias excluidas de regulación a través de la habilitación legislativa extraordinaria, ni trata de un asunto que requiera de una deliberación democrática cualificada. De otra parte, el mencionado decreto se ajusta a los parámetros constitucionales aplicables en relación con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que además han sido víctimas de reclutamiento ilícito, frente a los cuales el Estado colombiano tiene el deber ineludible de reparar y restituir sus derechos, de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parten del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, en torno a la expresión “siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas,” contenida en el inciso segundo del artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, modificado por el decreto escrutado, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia C-069 de 2016, que la declaró exequible, bajo el entendido de que la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de las Armas (CODA) se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado, al encontrar que se presenta la figura de la cosa juzgada material.

COMUNICADO 38

C-434/17

Diana Fajardo Rivera

DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. (DECRETO LEY 733 DE 2017)

 

12-07-17

 

La Corte consideró que el Decreto 733 de 2017 cumplió con los presupuestos formales y materiales de validez. Igualmente verificó la Corporación que el Decreto en estudio supera los presupuestos materiales generales, pues, lleva a cabo operaciones de carácter presupuestal, con el fin de apropiar y destinar recursos a la superación del desastre natural y a impedir la extensión de sus efectos. Las previsiones establecidas buscan salvaguardar derechos fundamentales e intereses colectivos de los afectados, las normas revisadas cumplen los juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica. Dijo la Corte que las medidas adoptadas también mantienen una relación de conexidad interna con la motivación del Decreto 733 de 2017, pues el Presidente en el artículo 3º del Decreto 601 de 2017, declaratorio del estado de excepción, indicó que se dispondría de operaciones presupuestales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos y sustentó que las apropiaciones incluidas en la Ley del Presupuesto de la actual vigencia habían resultado insuficientes para dicho propósito, de manera que se hacía indispensable disponer la destinación transitoria de algunas rentas y la reasignación de otras existentes. A juicio de la Corte el Decreto 733 de 2017 supera el presupuesto material de validez, debido a que las normas revisadas no incorporan intervención alguna de los derechos fundamentales y, por en cambio, propenden por garantizar los medios mínimos de subsistencia en medio de un escenario de crisis y procurar estabilizar la economía y el empleo en la zona afectada. Cumplen las normas controladas el juicio de finalidad, en la medida que las apropiaciones presupuestales dispuestas, están estrechamente vinculadas con las áreas estratégicas y de priorización seleccionadas por el Gobierno, para llevar a cabo un plan de mitigación de los efectos de la emergencia. Encontró la Sala que el Decreto Legislativo 733 de 2017 supera el juicio de necesidad y de incompatibilidad, por cuanto la inyección de recursos del presupuesto, para reestablecer la normalidad en la mayor medida posible, atender a los más débiles ante la situación de crisis, reactivar la economía y reconstruir la red vial, resulta ser, el mecanismo más idóneo y eficaz en orden a lograr los resultados esperados, al menos en un grado importante. Igualmente satisface el juicio de proporcionalidad, pues no solo no establece restricciones para los derechos fundamentales, sino que diseña medios específicos para su protección, a través de la atención humanitaria a las personas afectadas por la avalancha y económicamente más desfavorecidas, además de la promoción del empleo y la reactivación rápida de la economía en la ciudad. Concluyó la Corte que el Decreto Legislativo 733 de 2017 es compatible con la Carta, por cuanto supera los presupuestos formales y materiales exigidos por los mandatos constitucionales y legales pertinentes y, en consecuencia, dispuso declarar su exequibilidad.

COMUNICADO 38

C-435/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – REAJUSTE DE PENSIONES. (ARTÍCULO 14 DE LA LEY 100 DE 1993)

12-07-17

 

En el presente proceso la Corte debía establecer la constitucionalidad de la fórmula prevista en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 para el reajuste de las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, que toma como referente del mismo la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. A juicio del accionante, este esquema no logra reflejar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, al tomar como parámetro para el reajuste la variación histórica en los precios al consumidor, y no la variación real. Esta deficiencia provoca, a su juicio, el desconocimiento del Preámbulo y de los artículos 48.6, 53, 334 y 366 de la Carta Política. La Sala Plena sostuvo, en primer lugar, que no era viable el pronunciamiento en relación con los cargos por la presunta infracción del Preámbulo y de los artículos 53, 334 y 366 de la Constitución, como quiera que no se precisó el sentido de la incompatibilidad normativa, y en la medida en que, por consiguiente, no se proporcionaron los insumos para delimitar el objeto de la controversia constitucional y para efectuar la confrontación normativa entre el contenido normativo objeto de la acusación y el ordenamiento superior. Asimismo, la Corte concluyó que las acusaciones por la presunta vulneración del artículo 48 superior sí eran susceptibles de un pronunciamiento de fondo, pero que no estaban llamadas a prosperar. La razón de ello es que en el citado precepto de la Carta Política, el constituyente impuso al legislador el deber general de actualizar el monto de las pensiones para que fuesen consistentes con el fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, pero no impuso un modelo específico de actualización, motivo por el cual el Congreso cuenta con un amplio margen de configuración para fijar las fórmulas específicas a través de las cuales se materializa este deber genérico, sin que se encuentre obligado a acoger un esquema económico que, a juicio del accionante, resulte más favorable a los intereses de los pensionados entre todos los posibles. En este marco, legislador distinguió entre las pensiones superiores al salario mínimo y las inferiores al mismo, disponiendo que en relación con estas últimas el incremento en la pensión debe corresponder al incremento en el salario mínimo, y que, en los demás casos, el reajuste se debía efectuar tomando como referente la variación en el Índice de Precios al Consumidor, cifra que, según el DANE refleja “la variación porcentual en los precios de un conjunto representativo de bienes y servicios de consumo de los hogares del país”. En este orden de ideas, la Sala concluyó que el modelo de reajuste pensional no infringía el artículo 48 de la Constitución Política.

 

COMUNICADO 38

C-437/17

Antonio José Lizarazo Ocampo

MEDIDAS PARA DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR, SE HACE UNA EXENCIÓN AL PAGO DE LA CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR. (DECRETO 687 DE 2017)

13-07-17

 

El Decreto 687 de 2017 fue dictado en desarrollo de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 601 de este año y al examinar los requisitos formales y materiales que debe cumplir la normatividad expedida al amparo del mencionado estado excepcional, la Corte lo encontró ajustado a la Constitución. En cuanto a los requisitos de forma, la Corporación comprobó que el decreto analizado (i) fue dictado en desarrollo de un estado de excepción previamente declarado, (ii) lleva las firmas del Presidente de la República y de todos los ministros, (iii) fue expedido dentro del término de vigencia del estado de emergencia y (iv) tiene una motivación que informa acerca de las razones y causas justificativas de su expedición. Además, la Corte verifico que (i) el otorgamiento de un término de seis meses para definir la situación militar y solicitar su exención y/o aplazamiento, (ii) la exención del pago de la cota de compensación militar, de la sanción por no inscripción y de la expedición de la tarjeta de reservista, así como (iii) la entrega gratuita del duplicado de la tarjeta de reservista que se haya extraviado, son medidas que satisfacen los requisitos materiales. En efecto, (i) el decreto tiene conexidad externa con los motivos que originaron la declaración del estado de excepción y existe conexidad interna entre las consideraciones expuestas y las medidas adoptadas, (ii) el requisito de finalidad se encuentra satisfecho, dado que las disposiciones expedidas buscan ofrecer una solución a las dificultades que, sobre todo en materia de empleabilidad, se derivan de la falta de definición del servicio militar, (iii) también se cumple el requisito de necesidad, porque desde el punto de vista fáctico, las medidas son útiles para enfrentar el problema abordado, mientras que en el plano jurídico se comprobó que la aplicación de la normatividad que ordinariamente rige la definición de la situación militar agrava la situación de los damnificados por el desastre natural. Adicionalmente, el Decreto 687 de 2017 (iv) atiende debidamente el requisito de proporcionalidad, puesto que las medidas en él contenidas, fuera de servir a una finalidad constitucional, ofrecen más beneficios que los costos que podrían pesar sobre otros principios constitucionales, (v) supera el requisito de motivación de incompatibilidad, ya que el Gobierno expuso razones demostrativas de que el régimen ordinario no brinda una solución integral y rápida al problema enfrentado y (vi) satisface el requisito de no discriminación, por cuanto las medidas establecidas no imponen tratos diferenciales injustificados entre las personas. En concordancia con lo anterior, la Corte advirtió que la normatividad examinada no infringe preceptos constitucionales, ni normas integradas en el bloque de constitucionalidad o pertenecientes a tratados internacionales aplicables en los estados de excepción y tampoco la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción.

 

COMUNICADO 38

C-438/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

SE SUSTITUYE EL FONDO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO, POR EL FONDO COLOMBIA EN PAZ-(FCP). (DECRETO LEY 691 DE 2017)

13-07-17

La Sala Plena de la Corporación reiteró jurisprudencia sobre la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos como elementos estructurales de la Constitución, con énfasis en las limitaciones intrínsecas a la facultad de producción legislativa del Presidente de la República. Así miso, acerca de las condiciones que deben cumplirse para que un asunto pueda de ser regulado a través de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016. Luego de realizar el examen de constitucionalidad, de conformidad con los anteriores parámetros, se declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto Ley 691 de 2017.

COMUNICADO 38

C-465/17

Cristina Pardo Schlesinger

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PARA HACER FRENTE AL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

19-07-17

 

Luego de analizar el contenido del decreto legislativo bajo revisión, de verificar el acatamiento de los requisitos materiales para su expedición, de referirse a los precedentes jurisprudenciales en materia de subsidios durante estados de emergencia económica, social o ecológica, y de evaluar el cumplimiento de los requisitos de conexidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad y otros requisitos constitucionales, la Sala Plena de la Corporación decide declararlo EXEQUIBLE.

COMUNICADO 39

C-466/17

Carlos Bernal Pulido

MEDIDAS TRANSITORIAS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD Y LA ECONOMÍA SOCIAL, Y CONJURAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. (DECRETO LEGISLATIVO 732 DE 2017)

19-07-17

 

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 732 de 2017, por el cual se dictan medidas transitorias para contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y economía social, y conjurar la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo. Con el mencionado Decreto se autoriza, por una sola vez y hasta el 31 de julio del 2017, a las organizaciones de economía solidaria domiciliadas o con asociados declarados oficialmente damnificados por el desastre en el municipio de Mocoa, el traslado de hasta el 50% del saldo registrado a la fecha de expedición del presente decreto ley en el Fondo de Educación, al Fondo de solidaridad, de los que trata el inciso primero del artículo 54 de la Ley 79 de 1988, para que con estos recursos puedan cubrir el pago de actividades de solidaridad para sus asociados damnificados y para los familiares de estos que también hayan sido declarados damnificados. Luego de concluir que la norma revisada sí cumple con los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución y en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, así como los desarrollados por la jurisprudencia constitucional, la Sala Plena de la Corporación decide declararla EXEQUIBLE.

COMUNICADO 39

C-467/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

MEDIDAS ASOCIADAS AL SECTOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES MEDIDAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECRETADO MEDIANTE DECRETO 601 DE 2017. (DECRETO 730 DE 2017)

19-07-17

 

La Corte considera que la norma resulta EXEQUIBLE, a excepción de las expresiones “y podrá ser prorrogado hasta por un lapso igual, en caso de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lo considere necesario y útil para la finalidad prevista en esta norma”, contenida en el inciso segundo del artículo 1º; y “ni a la aplicación de la inhabilidad prevista en el artículo 14, numeral 5, de la Ley 1341 de 2009”, dispuesta en el parágrafo segundo del mismo artículo, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.

COMUNICADO 39

C-468/17

Alberto Rojas Ríos

DISPOSICIONES EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. (DECRETO 735 DE 2017)

19-07-17

 

La Corte Constitucional asumió el control oficioso de constitucionalidad del Decreto 735 de 2017, realizando en la parte inicial, una aproximación general a los presupuestos constitucionales de los estados de excepción, especialmente sobre los elementos constitutivos, declarativos y procedimentales del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Sala identificó los elementos y requisitos formales y materiales de los decretos legislativos que contienen las medidas adoptadas para superar la crisis y la extensión de sus efectos, procediendo desde ellos, al examen de constitucionalidad de las medidas dispuestas en el Decreto 735 del 5 de mayo de 2017, constatando que el decreto fue suscrito y firmado por el Presidente de la República y los ministros; que fue expedido durante el tiempo de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Decreto 0601 de 2017; y que satisface también el requisito de motivación formal, en tanto contiene el conjunto de motivaciones que condujeron a su expedición. La Sala también realizó el examen sobre los elementos sustantivos que del Decreto 735 de 2017. De este modo verificó que las medidas adoptadas cumplen con la conexidad material, pues fueron destinadas exclusivamente, a la superación de la crisis humanitaria desatada por la avalancha del 31 de marzo de 2017. Igualmente constató, que las medidas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la rehabilitación de la infraestructura de servicios cumplen con el requisito de finalidad, pues pretenden impedir la extensión de los efectos de la crisis y restituir las condiciones necesarias para la vida digna de los pobladores de Mocoa. Respecto de los requisitos de necesidad y proporcionalidad, se estableció que las medidas adoptadas eran las mejores en el escenario de emergencia desatado por cuanto se implementan técnicamente, a partir del diseño de un Plan de Manejo Ambiental adoptado mediante un procedimiento idóneo e inmediato. Finalmente y tras la verificación de los requisitos formales y materiales, la Sala efectuó el examen de cada uno de los artículos que conforman el Decreto 735 de 2017, concluyendo su conformidad con la Constitución. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad del Decreto 735 de 2017“Por el cual se dictan disposiciones en materia de agua y saneamiento básico para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo”.

 

COMUNICADO 39

C-469/17

Cristina Pardo Schlesinger

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - VISA DE RESIDENTE ESPECIAL DE PAZ. CREACIÓN. (DECRETO LEY 831 DE 2017)

19-07-17

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 831 de 2017, por medio del cual se crea la visa de Residente Especial de Paz. La visa a la que se hace referencia crea una categoría especial para regularizar la situación migratoria de los extranjeros integrantes de las FARC--EP que se encuentran en los listados entregados por representantes de dicha organización, una vez surtido el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad. El titular de dicho documento quedará autorizado para ejercer cualquier ocupación legal en el país y concede la posibilidad de optar por la nacionalidad colombiana en los mismos términos de la Ley 43 de 1993. Dicho Decreto regula aspectos específicos del tipo de visado, tales como las causales de terminación de la vigencia y de cancelación, estrechamente vinculados al cumplimiento de los compromisos derivados del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación del proceso de reincorporación y de la ley penal colombiana. La Corte concluye que la norma se ajusta a los requisitos constitucionales del procedimiento en su formación, tanto de forma como de competencia y sus disposiciones resultan acordes con el ordenamiento constitucional vigente y guardan coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final. EXEQUIBLE.

COMUNICADO 39

C-470/17

Cristina Pardo Schlesinger

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE MODIFICA LA ESTRUCTURA Y SE CREAN UNOS CARGOS EN LA PLANTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (DECRETO LEY 888 de 2017)

19-07-17

 

La Corte Constitucional corroboró que el Decreto Ley 888 de 2017 cumplió con los requisitos formales y materiales que se ha identificado en la jurisprudencia como indispensable para que su procedimiento sea acorde a la Carta Política. Se constató que supera las exigencias formales, ya que cuenta con un título que describe su contenido, fue suscrito por el Presidente de la República, manifiesta las competencias excepcionales de que se hace uso para su expedición y cuenta con una amplia motivación, además, se profirió dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2016; existe conexidad objetiva entre el Decreto y el Acuerdo Final, existe una conexidad objetiva, estricta y suficiente porque la norma desarrolla contenidos explícitos de los Acuerdos, de forma coherente y, finalmente, existe una estricta necesidad, puesto que la medida requería de una norma de nivel legal para adecuar la estructura y funciones de la Contraloría a los requisitos de control y vigilancia de los recursos que se están invirtiendo y se invertirán en la implementación del Acuerdo Final, pero no se podía esperar a que se surtieran los trámites y debates propios del legislativo, ya que se requiere de una intervención urgente, teniendo en cuenta que los recursos ya están siendo invertidos, y las obligaciones de la Contraloría ya están vigentes, sin que pueda dar respuesta a ellas de forma adecuada. La Sala, en cuanto a la constitucionalidad material de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 888 de 2017, encontró que los artículos se ajustan a las reglas constitucionales sobre la organización y naturaleza de las funciones de la Contraloría General de la República. Además, se verificó que la medida resulta coherente con el desarrollo del Acuerdo y con los compromisos que el Estado adquirió para el logro de la paz. Por lo tanto, la Corporación declaró la exequibilidad del Decreto Ley 888 de 2017 “Por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República”.

 

COMUNICADO 39

C-484/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 27/15 SENADO-NO. 191/15 CÁMARA “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY ESTATUTARIA 1622 DE 2013 POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE CIUDADANÍA JUVENIL, REGLAMENTANDO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES.

 

26-07-17

 

La Sala dispuso que en lo que respecta al articulado del proyecto de ley estatutaria, algunos de los contenidos normativos se corresponden con lo dispuesto en la Ley 1622 de 2013 y por esta razón decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-862 de 2012, respecto de los artículos 2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 22 al constatarse la existencia de la cosa juzgada constitucional. Con relación a los nuevos contenidos, la Sala indicó que eran exequibles y resaltó que la ley en estudio contribuye a establecer un sistema de elección de los consejos juvenil de carácter local, municipal, departamental y nacional (artículos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 21); la definición de las agendas (artículo 2º), la conformación de las plataformas de la juventud (artículos 15, 16 y 17); las comisiones de concertación y decisión (artículo 22) y la vigencia (artículo 23), resultando acorde al ordenamiento constitucional e internacional al establecer una normatividad que permita la incidencia de los jóvenes no solo en las políticas públicas que les conciernen, sino en otro tipo de decisiones que se toman por parte de las autoridades locales y nacionales, en donde se tendrá que tener en cuenta la opinión y perspectiva de los jóvenes en el marco de la democracia participativa en que se encuentra fundada la Constitución de 1991. En lo correspondiente a los asuntos a la introducción de nuevos términos como el de “género”, así como la referencia a las comunidades étnicas “negros”, “población joven víctima”, o “poblaciones”, la Corte encontró ajustada a la Constitución dichas expresiones, dado que amplía la protección a estos grupos poblaciones habitualmente discriminados y los incluye en las instancias de participación juvenil. Igualmente declaró exequible el sistema electoral escogido, de listas cerradas, ya que encontró que ello hace parte del margen de configuración del legislador, y en nada impide que las agrupaciones de jóvenes o los partidos que representan puedan conformar su propia lista de acuerdo a su autonomía. No obstante, la Corporación declaró inexequible las expresiones: “una máxima nota como calificación en alguna de las materias que cursa en su entidad educativa o habrán cumplido” y “El joven podrá elegir autónomamente entre esos dos beneficios y corresponderá al rector de cada establecimiento educativo velar porque dichos beneficios sean otorgados”, contenidos en el parágrafo 4º del artículo 9º del proyecto de ley en estudio. Las razón de la inconstitucionalidad se deriva de que la medida dispuesta por el legislador para incentivar la participación de los jóvenes como jurados de votación no es necesaria, y es desproporcionada porque existen unas medidas menos onerosas para incentivarlos a participar como jurados de votación y que establecer que el joven menor que participe como jurado de votación, tenga derecho a la obtención a una máxima calificación en alguna de las materias que cursa dentro de la entidad educativa, no solo da lugar a un trato desigual entre los estudiantes que han tenido que demostrar sus competencias académicas, que iría en contra del artículo 13 de la C.Pol., sino que también vulnera el derecho a la educación (artículo 67 de la C.Pol.) y la autonomía de las instituciones educativas (artículo 69 de la C.Pol.), que establecen el sistema de calificación para determinar si se cumplieron con los objetivos de aprendizaje propuestos y los contenidos en una asignatura. En suma, la Corte encontró que el proyecto de ley estatutaria número 27 de 2015 Senado, 191 de 2015 Cámara, “Por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones”, era exequible por razones de forma y fondo, al cumplirse con todos los trámites dispuestos para la aprobación de este tipo de leyes de contenidos estatutario, y al verificarse que no se había vulnerado ninguna norma constitucional. Sin embargo, declaró inexequible los apartados del parágrafo 4º del artículo 9º del proyecto relativo al incentivo de la máxima nota en una de las asignaturas para el joven que hubiera participado como jurado de votación de los consejos de la juventud, ya que encontró que esta medida no era necesaria, y era desproporcionada, y vulneraba los artículos 13, 67 y 69 de la Constitución Política.

 

COMUNICADO 40

C-492/17

 

Alberto Rojas Ríos

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO 2067 DE 1991. (DECRETO LEY 889 DE 2017)

03-08-17

 

En el examen del contenido material del Decreto Ley 889 de 2017, la Corte encontró que sus disposiciones se ajustan a las reglas constitucionales sobre procedimiento constitucional establecidas en el numeral 4º del Artículo 242 de la Carta Política y a los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.) y al acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.).

COMUNICADO 41

C-493/17

Alberto Rojas Ríos

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE CREA EL PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO –PNIS- (DECRETO LEY 896 DE 2017)

03-08-17

 

La Corte Constitucional asumió el control automático de constitucionalidad del Decreto Ley 896 de 2017, por el que se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS, se fijan sus componentes, su desarrollo y las instancias de ejecución y participación. La Sala efectuó el examen de los elementos y requisitos formales y materiales que deben satisfacer los decretos ley que se expiden con base en las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016, y lo encontró ajustado a la Constitución.

COMUNICADO 41

C-516/17

Luis Guillermo Guerrero Pérez

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE MODIFICA LA LEY 1819 DE 2016 PARA INCLUIR A LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MINERÍA Y A LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA FORMA DE PAGO DE OBRAS POR IMPUESTOS. (DECRETO LEY 883 DE 2017)

 

10-08-17

 

La Corte efectuó un control constitucional integral del Decreto Ley 883 de 2017, evaluando el cumplimiento de las condiciones formales, competenciales y materiales de validez del citado acto. La Sala efectuó dos tipos de precisiones: (i) primero, se aclaró que el análisis debía limitarse a evaluar la constitucionalidad de las medidas contenidas en el Decreto Ley 883 de 2017, esto es, de la extensión de la figura de obras por impuestos a las empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos, y de la suspensión de la acción de cobro de obligaciones fiscales, y no a determinar la validez del mecanismo de obras por impuestos como tal, previsto en la Ley 1819 de 2016, con respecto a la cual no es viable la integración normativa en el escenario del control automático de los decretos leyes expedidos para la implementación del Acuerdo de Paz; (ii) y segundo, se concluyó que aunque las medidas adoptadas en el decreto objeto de revisión se ajustan al ordenamiento superior, debe entenderse que las inversiones que pueden efectuar las empresas para efectos de descontar su valor del impuesto a la renta, son únicamente aquellas que no tienen relación de causalidad con su actividad generadora de renta, y aquellas que no corresponden a la ejecución de un mandato legal, de un acto administrativo o de una decisión judicial, pues de darse un alcance semejante al mecanismo en cuestión, se estaría otorgando una exención del impuesto a la renta a los referidos contribuyentes, exención que no solo desborda el propósito de implementar el Acuerdo Final, sino que además resulta incompatible con los principios de progresividad, igualdad y equidad. En este orden de ideas, la Corte resolvió declarar la exequibilidad del Decreto Ley 883 de 2017, en el entendido de que las inversiones a las que pueden postular las entidades establecidas en el parágrafo 5 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, no deben corresponder a las que se realizan en el marco de su actividad productiva para generar renta, ni tampoco a las que dan cumplimiento a un mandato legal, a un acto administrativo o a una decisión judicial.

 

COMUNICADO 42

C-517/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

 

MEDIDAS TRIBUTARIAS DENTRO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. (DECRETO LEY 731 DE 2017)

10-08-17

El Presidente de la República decretó una serie de medidas tributarias relacionadas con la exención transitoria del IVA para ciertos bienes comercializados en Mocoa, la exención para insumos adquiridos por las Fuerzas Militares cuyo destino sea dicho municipio, el tratamiento a las ventas realizadas desde el resto del territorio nacional y, algunas medidas sobre la retención en la fuente y el impuesto sobre la renta. Las mencionadas medidas tienen como propósito estimular la demanda interna y contrarrestar los posibles impactos sobre la inflación, al tiempo que pretende incrementar el consumo local de bienes producidos y comercializados en la zona afectada por la avalancha. Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales que deben cumplir los decretos dictados durante los Estados de Excepción y de realizar el examen de constitucionalidad del Decreto Legislativo 731/17, se declara la EXEQUIBILIDAD de sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Los artículos 7 y 8 también son declarados EXEQUIBLES pero de manera condicionada, en el entendido que los beneficios en el tratamiento en la retención en la fuente y en el impuesto sobre la renta otorgados a las personas jurídicas, comprenden también a las personas naturales que realicen actividades industriales o comerciales respecto de las rentas derivadas de dichas actividades.

COMUNICADO 42

C-518/17

Antonio José Lizarazo Ocampo

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 418 DE 1997, A SU VEZ MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1779 DE 2016. (DECRETO LEY 900 DE 2017)

 

10-08-17

 

En esta oportunidad correspondió a la Corte revisar el Decreto Ley 900 del 29 de mayo de 2017, mediante el cual se adicionan los parágrafos transitorios 3 A y 3 B al artículo 8 de la Ley 418 de 1997, que regulan diversos supuestos de prórroga de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura proferidas contra miembros de las FARC-EP, hasta que su situación jurídica les sea resuelta por la JEP o se les aplique la amnistía de iure, así como la situación de quienes hubieren sido trasladados a las zonas de ubicación temporal encontrándose privados de la libertad. La Corte declaró la exequibilidad de la norma en comento.

COMUNICADO 42

C-535/17

Gloria Stella Ortiz Delgado

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE CREA UN RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LA ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LICENCIATURAS A NIVEL DE PREGRADO QUE SON OFRECIDOS EN DEPARTAMENTOS DONDE SE LOCALIZAN MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET). (DECRETO LEY 892 DE 2017)

 

17-08-17

 

Revisión oficiosa del decreto ley 892 de 2017 que crea un régimen transitorio para la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos donde se localizan municipios priorizados para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). La Sala decidió declarar su exequibilidad condicionada a que el acompañamiento del Ministerio de Educación sólo sea predicable de los programas de licenciatura que se ofrezcan en municipios priorizados.

COMUNICADO 44

C-541/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE ADICIONA UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 190 DE LA LEY 1448 DE 2011 EN LO RELACIONADO CON EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DEL ICBF, DESVINCULADOS DE LAS FARC-EP. (DECRETO LEY 891 DE 2017)

24-08-17

 

Revisión oficiosa del decreto ley 891 de 2017 que adiciona un parágrafo al artículo 190 de la ley 1448 de 2011 en lo relacionado con el proceso de restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a cargo del ICBF, desvinculados de las FARC.  La Corte Constitucional corroboró que dicha norma cumplió con los requisitos formales y materiales necesarios para que una norma expedida por el Presidente de la República en virtud de sus especiales competencias en el contexto del Acuerdo de Paz, sea acorde a la Constitución. Por otra parte, la Sala aclaró que debe tenerse en cuenta el enfoque diferencial al momento de dar aplicación a las medidas de restitución de derechos de los destinatarios de la norma, debiéndose ajustar dicho proceso de acuerdo a los valores tradicionales o ancestrales de aquellos, preservando su identidad cultural, tal y como lo acoge el considerando N° 12 del decreto ley al incluir como principio orientador el “enfoque diferencial, priorizando su acceso a la salud y a la educación”. Finalmente, la Corte puso de presente la relevancia de la implementación efectiva del programa Camino Diferencial de Vida, para lo cual las entidades comprometidas deben expedir las regulaciones necesarias y disponer de los recursos indispensables para que el propósito de la norma se cumpla. En ese orden, el Gobierno Nacional debe asegurar que las entidades a quienes se confía el diseño y la aplicación del programa se articulen de tal manera que los procedimientos sean públicos, adecuados y efectivos, evitando que se generen dilaciones por falta de comunicación y coordinación institucional, que podría repercutir en una revictimización de los destinatarios de la medida.

 

COMUNICADO 45

C-542/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO, SE FIJAN NORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO – DEBERES DE LOS AFILIADOS A CAMARAS DE COMERCIO. (NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 1727 DE 2014)

 

24-08-17

 

La Sala decide INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 45

C-554/17

Carlos Bernal Pulido

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS. (DECRETO LEY 897 DE 2017)

30-08-17

 

Revisión oficiosa del decreto ley 897 de 2017 que modifica la estructura de la agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas. La Corte, en ejercicio de su competencia para conocer y decidir sobre la constitucionalidad, verificó en primer lugar si el Decreto Ley cumplía con los requisitos, formales y de competencia, dispuestos por la jurisprudencia constitucional – Sentencias C-174 y C-224 de 2017-, para el control de este tipo de actos normativos, aspecto sobre el cual encontró que su expedición se sujetó a los requisitos formales y de competencia orgánica, funcional y temporal, al tiempo que la materia regulada no corresponde a alguna de las proscritas en el inciso segundo del artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017, ni está sometida a reserva estricta de ley. De igual manera, la Corte estableció que el Decreto Ley 897 de 2017 atendió los parámetros de conexidad objetiva, estricta y suficiente porque se vincula de manera directa, cierta, verificable y específica con el Acuerdo Final y se corresponde de manera evidente con el desarrollo de un aspecto puntual y explícito del Acuerdo Final. La Corte encontró satisfecha la exigencia de necesidad estricta para el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016, en tanto que la decisión del Gobierno Nacional de optar por el ejercicio de las “Facultades Presidenciales para la Paz” no puede considerarse en este caso irrazonable. En segundo lugar, la Corte procedió a establecer si la regulación prevista en el Decreto Ley 897 de 26 de mayo de 2017 vulnera la Constitución, aspecto sobre el cual concluyó que el contenido material de las disposiciones que integran el Decreto Ley 897 de 2017 no plantea reparo alguno respecto de su constitucionalidad, como quiera que las modificaciones a la denominación y al objeto misional de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, la creación de la Unidad Técnica para la Reincorporación de los integrantes de las FARC – EP , el señalamiento de los lineamientos para su funcionamiento y lo previsto en cuanto a la financiación del Programa de Reincorporación Económica y Social de las FARC –EP, resultan conformes con los parámetros de control constitucional que se derivan de las disposiciones constitucionales exigibles al legislador –en este caso al legislador extraordinario– en la regulación de estos asuntos.

 

COMUNICADO 46

C-555/17

Iván Humberto Escrucería Mayolo

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SE CREA EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA. (DECRETO LEY 895 DE 2017)

30-08-17

 

Revisión oficiosa del decreto ley 895 de 2017 que crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. La Corte Constitucional corroboró que cumplió con los requisitos formales y competenciales necesarios para que una norma expedida por el Presidente de la República en virtud de sus especiales competencias en el contexto del Acuerdo de Paz, sea acorde a la Constitución. Igualmente, la Sala declara la exequibilidad del artículo 6 en el entendido que la expresión “participación permanente” contenida en el numeral 9º no implica la calidad de integrante de la instancia allí regulada.

COMUNICADO 46

C-665/17

Diana Fajardo Rivera

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN. (DECRETO LEY 884 DE 2017)

08-09-17

 

Revisión oficiosa del decreto ley 884 de 2017 sobre la implementación del Plan Nacional de Electrificación. La Sala verificó la inexistencia de un vicio de procedimiento en la formación del Decreto Ley, atendiendo a dos grupos de defectos: formales y competenciales. Se sostuvo, que el Decreto Ley asegura parte de las medidas adoptadas dentro del Acuerdo Final, en el punto de Reforma Rural, y facilita otros de sus objetivos, como la presencia estatal en todo el territorio y la adopción de medidas para quienes han soportado de manera intensa el conflicto colombiano; y que, por lo tanto, entre el Decreto Ley en estudio y el Acuerdo Final existe un vínculo suficientemente justificado. La Sala analizó la presunta lesión del deber de consulta previa a las comunidades étnicamente diferenciadas, advirtiendo que en este caso no se evidenciaba la afectación directa de la medida legislativa. En el análisis material la Corte concluyó que el articulado del Decreto Ley 884 de 2017 se ajusta a la Constitución Política.

COMUNICADO 47