PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 4 de 2017

(Actualizado a 19 de abril de 2017)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-685/16

PROTECCION REFORZADA A LOS SERVIDORES PUBLICOS PROXIMOS A PENSIONARSE. Considera el actor que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la entidad accionada, como consecuencia de haberlo declarado insubsistente frente al cargo de Secretario General que desempeñaba en ella en la modalidad de libre nombramiento y remoción. La desvinculación se dio luego de presentarse el cambio del Alcalde Municipal. Según el peticionario, dicha determinación contraría garantías constitucionales, puesto que se dio sin tener en cuenta que es titular del estatus de “prepensionado”, en razón a que si bien ha superado el requisito de cotizaciones ante el sistema pensional de prima media, le restan dos años para cumplir con la edad necesaria para jubilarse. La Sala precisa que los requisitos que se deben tener en cuenta para valorar si un empleado público que se encuentre vinculado a un cargo de libre nombramiento y remoción dentro de una entidad descentralizada del nivel territorial, es titular del beneficio de prepensión son: 1º. Que resten tres años o menos para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la prestación, los cuales se deben contar a partir del momento preciso de la desvinculación. 2º. No ser un empleado de alta dirección, de conformidad con lo señalado en el Decreto 785/05 y, 3º. Que las funciones desempeñadas por dicho servidor no correspondan a la formulación, diseño o dirección de las políticas estatuidas por su superior jerárquico y propias del objeto de la entidad. Se CONCEDE, de manera transitoria, el amparo solicitado.

T-686/16

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD E INTIMIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. VISITAS CONYUGALES. La accionante se encuentra privada de la libertad y solicita al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales y como consecuencia de ello, ordenar a la entidad demandada anular el acto administrativo mediante el cual se autorizó una visita íntima con su anterior compañero. Pretende, que se conceda el mismo permiso con su pareja actual. La accionada exigió como requisito para acceder a la pretensión de la actora, que anexara manifestación escrita por parte del anterior compañero sentimental, la cual debía contener firma y huella para poder soportar que la petición era de mutuo acuerdo. Se analizan los siguientes temas: 1º. Las visitas conyugales en establecimiento carcelario como ámbito protegido del derecho fundamental a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. 2º. El desarrollo de la sexualidad como parte del derecho a la vida en condiciones dignas y el libre desarrollo de la personalidad y, 3º. La facultad reglada del director de un complejo penitenciario y carcelario para autorizar las visitas íntimas de las personas privadas de la libertad. La Sala precisa que, cuando los reclusos decidan terminar el vínculo afectivo y solicitar la cancelación de la visita íntima que les fue concedida, no necesitan de la manifestación expresa de la expareja, basta la solicitud del interesado. Igualmente, que la facultad para autorizar las visitas íntimas de las personas condenadas es reglada, en consecuencia, las actuaciones administrativas no pueden ser arbitrarias ni tampoco anular el goce de los derechos constitucionales fundamentales de las personas privadas de la libertad. Se CONCEDE.

T-689/16

DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR Y PROGRAMA SER PILO PAGA 2. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente los actores, actuando en representación de sus respectivos hijos, aducen que las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de los jóvenes, como consecuencia de una presunta exclusión del programa Ser Pilo Pago 2, pese a cumplir con el puntaje exigido en las pruebas Saber 11. La exclusión alegada se dio por no estar registrados o por no tener actualizado su registro en el Sisbén en el término establecido en la convocatoria, aunque con posterioridad, y en todo caso, antes de que finalizara la convocatoria, los jóvenes representados acreditaron el requisito de inclusión en el Sistema de Potenciales Beneficiarios para programas sociales con el puntaje requerido. Se aborda la siguiente temática: 1º. La legitimación para actuar y el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela de subsidiariedad e inmediatez. 2º. El programa Ser Pilo Paga 2. 3º. Sentencias de la Corporación en torno al precitado programa y, 4º. El derecho a la educación superior. En ambos casos se CONCEDE el amparo solicitado.

T-033/17

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE FRENTE A LA OBLIGACION DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR. CASO EN QUE DEPORTISTA FUE RECLUTADO EN UNA BATIDA. A través de la figura de la agencia oficiosa se instaura la acción de tutela en favor de una persona que fue reclutada por el Ejército Nacional en una batida, sin tener en cuenta que era un deportista de alto rendimiento dedicado a la práctica del fútbol. Se censura que la entidad haya hecho caso omiso de las diferentes solicitudes que le fueron presentadas para que, al menos, le sea permitido hacer parte de alguno de los equipos de fútbol de las Fuerzas Armadas y, que por el contrario lo hayan mantenido en el Guaviare, lo cual le ha producido quebrantos de salud. Se reitera jurisprudencia sobre el derecho fundamental al deporte como prerrogativa autónoma dentro del ordenamiento constitucional colombiano y se hacen algunas consideraciones sobre la obligación constitucional de prestación del servicio militar obligatorio y la relación entre la condición de deportista profesional o de alto rendimiento y la prestación del servicio militar. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.

T-073-17

PROSTITUCION COMO UNA ACTIVIDAD COMERCIAL. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBE CUMPLIR UN PROSTIBULO PARA SER ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. La accionante, actuando en nombre propio y como representante de un establecimiento de comercio y de las trabajadoras sexuales que trabajan en él, considera que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al ordenar el cierre temporal del negocio, supuestamente, por no cumplir con el requisito de uso de suelos. Se aborda la siguiente temática: 1º. La representación legal de establecimientos de comercio y la agencia oficiosa en sede de tutela. 2º. La procedencia de la acción de tutela. 3º. La prostitución en el ordenamiento jurídico. 4º. Los requisitos administrativos que deben cumplir los establecimientos de comercio para prestar el servicio de prostitución y, 5º. La confianza legítima frente a medidas administrativas. Se AMPARA el derecho al trabajo en conexidad con el mínimo vital. Se decreta la suspensión de los efectos del acto que dispuso el cierre temporal del establecimiento de comercio mencionado y se ordena su inmediata apertura, siempre y cuando cumpla a cabalidad con las normas de policía y administrativas, diferentes a las de uso del suelo. Se condiciona el horario de funcionamiento del establecimiento varias veces mencionado y se ordena a la peticionaria asegurar las condiciones de dignidad, seguridad, sanidad y salubridad adecuadas para las personas que realicen trabajos sexuales en él. Igualmente se le ordena que debe garantizar a sus trabajadores todas las prestaciones sociales y laborales consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano, principalmente las de ser vinculados al sistema universal de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y a percibir otras prestaciones sociales como cesantías y primas de servicio. Se exhorta al Ministerio de Trabajo para que elabore una propuesta de regulación sobre el trabajo sexual, de acuerdo con los lineamientos establecidos en esta providencia y en los fallos T-629/10, T-736/15y T-594/16, que priorice la adopción de medidas que protejan a los trabajadores sexuales en el campo laboral, que cuente con la participación de sus representantes y que no se preste para facilitar situaciones de explotación sexual. Teniendo en cuenta que en el precitado establecimiento comercial estaban varias personas venezolanas trabajando, se solicita a la Defensoría del Pueblo y a Migración Colombia que realicen una visita al Municipio de Chinácota y los sitios de trabajo sexual que funcionan allí, para que, entre otras disposiciones, verifiquen que no hayan personas extranjeras prestando servicios sexuales de manera forzada.

T-089/17

DERECHO A LA EDUCACION. SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO A BENEFICIARIA DE CREDITO ICETEX. La vulneración de derechos fundamentales por parte del ICETEX se debe a que en el marco de una solicitud de crédito educativo, en la línea de pregrado, modalidad “acces”, el cual fue aprobado y desembolsado a la actora, no se reconoció el subsidio de sostenimiento. Tal circunstancia se presentó porque la peticionaria no aportó un certificado del Sisben actualizado con su número de cédula de ciudadanía y no indicó durante el trámite del crédito que tenía la calidad de desplazada. La entidad argumentó que el mencionado subsidio se asigna previa confirmación del cumplimiento de los requisitos en el proceso de validación del crédito y no en etapas posteriores como pretende la accionante. Se analizan las reglas jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción de tutela y se aborda temática referente al alcance y contenido del derecho a la educación y su relación con el subsidio de sostenimiento creado por el ICETEX. Para la Sala, se vulneran derechos fundamentales cuando se rechaza un subsidio educativo de sostenimiento con base en una interpretación arbitraria y caprichosa de las exigencias previstas en la norma reglamentaria, que no se ajustan a una lectura constitucional.

SU133-17

DERECHO DE LOS MINEROS DE MARMATO A PARTICIPAR EN LA ADOPCION DE DECISIONES QUE AUTORIZARON LA CESION DE LOS DERECHOS MINEROS SOBRE TITULO CH6-081 Los accionantes argumentaron actuar en calidad de mineros tradicionales que ejercen su actividad en la mina Villonza del municipio de Marmato (Caldas). Pretenden con la acción de tutela que se les proteja sus derechos fundamentales y, que en consecuencia, se les permita ejercer su oficio y no ser desplazados de su territorio. Cuestionan concretamente el hecho de que la autoridad minera haya autorizado la cesión a la Compañía Gran Colombia Gold, de títulos mineros que por estar ubicados en la parte alta del cerro El Burro, se encontraban tradicional y legalmente reservados para el ejercicio de la pequeña minería. También censuran los actos administrativos que autorizaron dicha cesión, porque ésta debió discutirse con los mineros tradicionales que históricamente han explotado el recurso aurífero en la zona, en el marco de un espacio de información, participación concertación. Consideran, que la anterior decisión debió someterse a un proceso de consulta previa, pues el municipio está habitado por comunidades indígenas y afrodescendientes. Alegaron también, que la orden de cerrar y desalojar la mina donde trabajan resultó vulneradora de sus derechos, no solo porque no fueron notificados del trámite del amparo administrativo, sino porque este se resolvió con base en una norma que luego fue declarada inexequible. La Corte protegió el derecho de los habitantes y de los mineros tradicionales de Marmato a participar en la definición de los impactos de las cesiones de los derechos de explotación de la parte alta del cerro El Burro y el derecho de las comunidades indígenas y afrocolombianas del mismo municipio a ser consultadas al respecto. Se CONCEDE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 3 de 2017

(Actualizado a 17 de marzo de 2017)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-614/16

PROCESO SANCIONATORIO MILITAR POR INCUMPLIR CON LA CITACION HECHA POR LA AUTORIDAD DE RECLUTAMIENTO PARA LA DEFINICION DE SITUACION MILITAR. Se analizan dos acciones de tutela presentadas de manera independiente pero en contra de la misma entidad, en las cuales se aduce, en su orden, que la vulneración de derechos se presentó a raíz de la expedición de un acto administrativo a través del cual se le declaró remiso al peticionario y se le impuso una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada año de retardo o fracción en la que hubiere dejado de presentarse para aclarar su situación militar y, por cobrarle al otro actor la cuota de compensación militar a pesar de encontrarse exento del pago de la misma, por pertenecer al nivel 2 del Sisben. Se analizan los siguientes ejes temáticos: 1º. La procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos proferidos por el Ejército Nacional. 2º. El contexto normativo de la prestación del servicio militar obligatorio. 3º. La aplicación del debido proceso administrativo en los trámites de la definición de la situación militar. 4º. El debido proceso en los trámites de reclutamiento e incorporación al servicio militar. 5º. La incidencia directa que tiene la definición de la situación militar en la protección y el ejercicio de otros derechos fundamentales y, 6º. El proceso sancionatorio militar por incumplir con la citación hecha por la autoridad de reclutamiento para la definición de la situación militar. En ambos casos se CONCEDE el amparo solicitado.

T-676/16

DEBER DE INFORMACION A CARGO DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS. La vulneración de derechos fundamentales del actor se atribuye a la negativa de las accionadas de pagar la póliza de seguro grupo deudor que cubría el riesgo de invalidez permanente superior al 50% o la muerte del asegurado y, al haberle afectado la posibilidad de reclamar judicial o extrajudicialmente y de forma oportuna el pago correspondiente. Se aborda la siguiente temática: 1º. El seguro de vida grupo deudor. 2º. Responsabilidad constitucional y límites a la actividad financiera y aseguradora y, 3º. El deber de información a cargo de las entidades financieras y aseguradoras. Se TUTELAN los derechos invocados, se ordena a Corpbanca que asuma el 90% del saldo insoluto de la deuda del peticionario, como consecuencia de haberlo privado de la oportunidad de reclamar o demandar el pago del siniestro a la aseguradora, con la cual se había adquirido el contrato de seguro. Igualmente, se ordena a la Sistemcobro que realice un acuerdo de pago con el actor, para que se efectúe el correspondiente pago del saldo de la deuda.

T-680/16

DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR. CASO EN QUE UNIVERSIDAD NIEGA CUPO EN LA MODALIDAD DE ADMISION ESPECIAL DE PERSONA AFRODESCENDIENTE. Se atribuye a la Universidad Industrial de Santander (UIS) la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de negarle al menor representado su admisión a la institución, bajo el argumento de no poder dar validez al documento de la organización de base presentado por el aspirante, ya que el representante legal que lo firmaba no aparecía registrado en el Registro Único Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Se solicita al juez constitucional ordenar a la institución educativa asignar al hijo de la actora un cupo en la carrera de medicina, por la modalidad de admisión especial de persona que procede de población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Se abordan los siguientes temas: 1º. La agencia oficiosa y representación de menores de edad en sede de tutela. 2º. La procedencia de la acción de tutela para amparar derechos de sujetos de especial protección constitucional. 3º. El derecho a la educación superior y el principio de autonomía universitaria. 4º. Las medidas afirmativas para comunidades negras en el marco de la educación superior y, 5º. La función certificadora y de registro de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. SE CONCEDE.

T-679/16

DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. CASO EN QUE INSTITUCION EDUCATIVA NO TIENE INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA PARA EL ACCESO A MENOR EN SILLA DE RUEDAS. La conducta que el actor le censura a la Secretaría de Educación Distrital es la de no asignarle un cupo académico a su hijo menor de edad que se encuentra en situación de discapacidad, en una institución educativa que ofrezca un programa de inclusión escolar con flexibilización curricular, que satisfaga las necesidades cognitivas y físicas del menor. Aduce, que a pesar de otorgarle cupo en distintas instituciones escolares, éstas no han resultado aptas para el joven, bien sea porque no cuenta con la infraestructura física requerida para la movilidad de personas en condición de discapacidad o, porque no cuenta con los docentes y demás personal requerido para atenderlo. Se analiza temática relacionada con la protección a los menores en el ámbito del derecho y el derecho a la educación. Se CONCEDE.

T-641-16

DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. GARANTIA DEL ACCESO MATERIAL AL SISTEMA ESCOLAR A TRAVES DEL SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR. Se solicita al juez constitucional amparar los derechos fundamentales del hijo de la accionante y, en consecuencia, ordenar a las entidades accionadas reanudar el suministro de complemento alimentario tipo almuerzo en la institución educativa donde estudia, el cual fue suspendido y reemplazado por un refrigerio industrializado, por el supuesto recorte por parte del Gobierno Nacional del 60% de los recursos destinados a dicho programa. Se reiteran reglas jurisprudenciales relativas a: 1º. El carácter fundamental del derecho a la educación de los menores de edad. 2º. El carácter progresivo de los deberes del Estado en la prestación del servicio público de educación y, 3º. La garantía del acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas y adolescentes que se materializa a través de la prestación del servicio de restaurante escolar. Se CONCEDE el amparo y se le imparte a la presente decisión efectos inter comunis, para que se vinculen en el programa de alimentación escolar en la modalidad de complemento alimentario tipo almuerzo, a los otros estudiantes de la misma institución educativa que se encuentran en circunstancias idénticas al menor agenciado y que no estuvieron vinculados en el trámite de la presente tutela. Se advierte a la demandante que el refrigerio tipo almuerzo en ninguna ocasión puede constituir la alimentación principal de su hijo, por lo que le corresponde a los padres proporcionar los alimentos esenciales para su subsistencia.

T-652/16

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DEBER DE NO DISCRIMINACION POR RAZONES DE GENERO. La accionante, en condición de aprendiz del SENA, formuló queja disciplinaria en contra de un compañero de clase por acoso sexual, tratos degradantes e irrespetuosos con utilización de un lenguaje vulgar y de alto contenido sexual, ocurridos en el aula, por fuera de la institución educativa y a través de medios electrónicos. Indica, que en lugar de recibir protección y apoyo por parte de la institución, le fue impuesta una sanción igual a la del agresor, esto es, matrícula condicional. Lo anterior, bajo el supuesto hecho de que la agresión fue mutua según la información aportada al proceso disciplinario y, especialmente, porque el testimonio aportado como prueba evidenciaba que ella “le siguió la cuerda” al compañero. Se hace alusión a la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de procesos disciplinarios. 2º. Las medidas de protección de los derechos de la mujer en el ámbito internacional y nacional. 3º. El deber social de no discriminación a la mujer y, 5º. El debido proceso en el marco de procesos disciplinarios. La Sala concluye que la sanción disciplinaria impuesta a la demandante en igual proporción a la de su agresor, denota una actitud discriminadora frente a una mujer que se sintió vulnerable frente a uno de sus compañeros de clase. El hecho de que la preocupación sea la imagen del centro educativo y que todo se halle justificado en la actitud de la accionante, va de la mano con la concepción según la cual, el fenómeno de la exclusión de la mujer responde a estereotipos y prejuicios acentuados históricamente en la sociedad, a partir de los cuales existe superioridad del hombre sobre la mujer, lo que ha propiciado la violencia y ha legitimado una especie de derecho del hombre a imponerse a la fuerza sobre la mujer. También considera la Sala, que el accionar del Sena respondió a su vez a estereotipos de conformidad con los cuales la agresión tiene origen en algún comportamiento erróneo de la mujer. Se CONCEDE la protección invocada y se imparten una serie de órdenes

T-013-17

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. ICETEX REALIZO CAMBIO DE MODALIDAD DE CREDITO A ESTUDIANTE DE MEDICINA. El accionante elevó derecho de petición ante el ICETEX solicitando el cambio de modalidad de crédito “Acces”, el cual sólo cubre el 75% de la matrícula, por el denominado “Tú Eliges”, que cobija el 100% de la misma. Lo anterior, debido a que no cuenta con los recursos económicos para pagar la carrera que adelanta y que su abuela, quien lo apoyaba económicamente, falleció. La entidad negó lo pedido alegando que las condiciones bajo las cuales son adjudicados los créditos son inmodificables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Crédito Educativo. No obstante, le indicó que podía acceder a una nueva modalidad de crédito, si cancelaba el 50% del valor de la deuda, lo que implicaría que se iniciara otra solicitud que estaría sujeta al estudio de los requisitos. Se reitera jurisprudencia de la Corporación en torno a: 1º La carencia actual de objeto por hecho superado. 2º. La procedencia excepcional de la tutela para resolver controversias de tipo contractual. 3º. El alcance del derecho a la educación y la obligación estatal de fomentar la educación superior y, 4º. El ICETEX, sus funciones, objeto y modalidades de crédito. En sede de revisión la Sala conoció que el peticionario pudo aplicar a un nuevo crédito sin tener que cancelar el 50% del valor de la deuda inicial, que el mismo le fue aprobado y que pudo cancelar la totalidad de la matrícula del semestre a cursar. A pesar de declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, se confirma la decisión de instancia que CONCEDIO el amparo al derecho a la educación. Se previene a la accionada para que en lo sucesivo tome en cuenta las situaciones económicas particulares de los beneficiarios de los créditos educativos y ofrezca soluciones flexibles para garantizar la continuidad de la financiación y evitar así interrupciones como la planteada en el presente caso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 2 de 2017

(Actualizado a 20 de febrero de 2017)

 

SENTENCIA

TEMA

T-450/16

PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA. Se analizan dos casos en los cuales se atribuye a diferentes E.P.S. la vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de no autorizar la internación permanente de uno de los peticionarios, pese a que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y a que requiere manejo en centro de rehabilitación debido al consumo de sustancias psicoactivas. Igualmente, por no emitir autorización para internar al otro actor en un hogar geriátrico o en una institución para pacientes con enfermedades crónicas, ni para el suministro de pañales, crema antipañalitis y pañitos húmedos que requiere debido a su patología, bajo el supuesto argumento de no existir orden del médico tratante. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la salud. 2º. El derecho a la salud mental y la protección constitucional de las personas que tienen problemas de farmacodependencia. 3º. La procedencia de la acción de tutela para resolver conflictos derivados de la prestación de servicios de salud y el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud. 4º. El marco jurídico y la jurisprudencia constitucional con respecto a la internación de personas con trastornos o enfermedades mentales, y, 5º. El carácter vinculante del concepto emitido por un médico tratante no adscrito a la E.P.S. y la jurisprudencia constitucional con respecto al suministro de pañales y otros insumos médicos. En ambos casos se CONCEDE el amparo solicitado. 

T-643/16

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR NO CONFIGURARSE LOS DEFECTOS ALEGADOS POR ACCIONANTE EN PROCESO PENAL. El accionante, en su calidad de Fiscal General de la Nación (E) ataca una decisión judicial que decidió, en segunda instancia y ejerciendo función de garantías, revocar medidas de aseguramiento que habían sido impuestas a dos acusadas. En su parecer, la autoridad accionada vulneró el derecho al debido proceso en tanto resolvió sobre la procedencia de las medidas mencionadas, a pesar de que las partes sólo habían apelado el carácter de las mismas. Cuestiona igualmente, que el despacho sólo hubiese tenido en cuenta como motivo de imposición de la medida de aseguramiento el peligro de obstrucción de la justicia y que no se hubiera referido al peligro para la comunidad. Por último, consideró, que no se valoraran correctamente las pruebas, beneficiando de manera desproporcionada a la defensa y en perjuicio de la Fiscalía. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 2º. El principio de limitación como elemento rector del trámite de segunda instancia. 3º. El Juez de control de garantías. Su naturaleza y funciones y, 4º. De las medidas de aseguramiento privativas de la libertad y su tratamiento constitucional. Reiteración de jurisprudencia. La Sala considera que la solicitud de amparo impetrada no logró acreditar la carga argumentativa necesaria para superar los estrictos requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Con base en lo anterior, decidió confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo. 

T-549/16

BIENES BALDIOS. REGIMEN JURIDICO APLICABLE. REITERACION  T-488/14 T-461/16. El Incoder promovió la acción de tutela argumentando que el despacho judicial accionado al dar trámite a un proceso ordinario de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, incurrió en los defectos fáctico y orgánico al adjudicar a un particular la propiedad del inmueble, sin tener certeza si la naturaleza era de carácter privado o baldío. Se aborda la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y actos administrativos. 2º. El régimen jurídico aplicable a los bienes baldíos en el ordenamiento nacional. 3º. El derecho al territorio de la población campesina. 4º. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el principio de la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial y, 5º. Análisis de los defectos orgánico y fáctico alegados por el accionante y, los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente estudiados de oficio. Se CONCEDE el amparo solicitado, se declara la nulidad de todo lo actuado en el proceso cuestionado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho tutelado. 

T-728/16

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE LOS EXTRANJEROS EN COLOMBIA. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL TRASPLANTE DE ORGANOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN COLOMBIA. El actor, ciudadano hondureño, aduce que las entidades demandadas vulneran sus derechos fundamentales al negarse a incluirlo en la lista de espera para un trasplante hepático, con fundamento en su calidad de extranjero no residente. Se aborda la siguiente temática: 1º. El derecho a la igualdad de los extranjeros en Colombia. 2º. La protección del derecho fundamental a la salud de los extranjeros. 3º. La política migratoria del Estado Colombiano y, 4º. El marco legal y jurisprudencial aplicable al trasplante de componentes anatómicos a extranjeros no residentes en Colombia. Tras concluir que no se trasgredieron los derechos alegados, se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo. No obstante, se exhorta al Gobierno Nacional para que, en el menor tiempo posible, reglamente el artículo 10 de la Ley 1805 de 2016 y establezca los lineamientos a los cuales deberán someterse los extranjeros no residentes en nuestro país, para efectos de poder acceder a la prestación de servicios de trasplante de componentes anatómicos. 

T-729/16

DERECHO A LA REUBICACION LABORAL EN FAVOR DE SOLDADOS QUE HAN SIDO CALIFICADOS CON UNA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL INFERIOR AL 50%. El actor alega que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la entidad accionada, al disponer su retiro con sustento en que sufrió una disminución del 20,81% de la pérdida de capacidad laboral y, por declararlo no apto para el ejercicio de la actividad militar aduciendo igualmente que el artículo 10 del Decreto1793 de 2000 indicaba que los soldados profesionales que no reunieran las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica podían ser retirados del servicio. Se reiteran las reglas jurisprudenciales relativas al deber de integración social a cargo del Estado, los empleadores y la sociedad, así como al derecho a la reubicación laboral en favor de los soldados que han sido calificados con una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al Ejército Nacional disponer lo necesario para que el Tribunal Laboral de Revisión Militar y de Policía analice nuevamente la situación del peticionario, bajo las reglas y directrices fijadas en el presente fallo. Se dispone que, de considerarlo no apto para la prestación del servicio militar, debe rendirse un informe técnico en el que se especifiquen las habilidades del actor y se determine qué tipo de labores administrativas, docentes o de instrucción puede desempeñar. 

T-697/16

INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. CASO DE MENOR DE EDAD VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL. La accionante, actuando en su calidad de Defensora del Pueblo de Arauca, aduce que las entidades demandadas vulneraron derechos fundamentales de una menor de edad, en virtud de la decisión adoptada por el ICBF de no permitir que los funcionarios de su Despacho la acompañaran en el proceso de atención de la niña, en especial, el de suministrarle información, sobre el contenido y alcance de las causales legales de la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos derivados de la misma. La menor agenciada fue víctima de violencia sexual y como consecuencia de ello quedó embarazada y bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se reiteran los elementos generales de procedibilidad de la acción de tutela, se señalan las reglas de la agencia oficiosa y la procedencia de la acción constitucional en los casos donde se solicita la protección de los derechos fundamentales de un menor de edad. Igualmente, se reitera jurisprudencia sobre: 1º. El alcance y contenido de los derechos reproductivos. 2º. El respecto al derecho a la interrupción del embarazo en la jurisprudencia constitucional y, 3º. El reconocimiento a la nacionalidad como garantía constitucional para los menores de edad. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIO el amparo solicitado. Se ordena al ICBF publicar los resultados de las recomendaciones que surjan de los convenios que tiene con entidades técnicas para la mejora de los protocolos de atención de casos como de la niña agenciada, con el objetivo de que los funcionarios de la entidad conozcan sus contenidos y puedan actuar acorde con los mismos. 

T-682/16

DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL. Se pretende con la acción de tutela que se ordena a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o a la entidad que haga sus veces, adelantar las actuaciones que sean necesarias para que se expida el Acuerdo Pedagógico que rija el curso de formación judicial previsto en el marco de la convocatoria 22, tendiente a proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Aducen los actores que la falta de expedición del referido Acuerdo Pedagógico y la mora en la apertura de la inscripción del curso de Formación Judicial vulnera derechos fundamentales, en la medida en que la lista de elegibles conformada previamente perdió su vigencia, incumpliendo a su vez el mandato contemplado en la Ley Estatutaria de Justicia que establece que el nombramiento en provisionalidad en caso de vacancia temporal no puede exceder de seis meses. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de concursos de méritos. Reiteración de jurisprudencia. 2º. El proceso de selección en la Rama Judicial, el alcance del artículo 164 de la ley 270 de 1996 y la obligatoriedad de realizar los concursos de méritos en la Rama Judicial cada dos años y, 3º. La convocatoria como ley del concurso y el derecho fundamental al debido proceso administrativo en los concursos de méritos. Reiteración jurisprudencial. Se ordena al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa, que debe realizar todas las gestiones y actuaciones que le permitan iniciar una nueva convocatoria para el concurso de méritos para la provisión de los cargos de los Funcionarios de la Rama Judicial, el cual debe iniciar antes de marzo del 2020, o antes de ser necesario, y que éste debe contener no solo las pautas, términos y condiciones del mismo, sino además, establecer un cronograma con fechas precisas y concretas para su desarrollo, tomando en consideración los lapsos de tiempo necesarios que permitan el cumplimiento de la misma y garanticen una nueva lista de elegibles al momento de vencer la originada con la precitada convocatoria 22.

T-714/16

PROTECCION A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. El accionante, actuando en representación de su hija menor de edad, considera que el INPEC vulneró el derecho fundamental a la unidad familiar debido al traslado de su esposa y madre de la niña de la cárcel de Villavicencio, ciudad donde residen, al establecimiento carcelario de Ibagué. El peticionario también adujo que su niña se vio afectada al dejar de recibir lactancia materna como alimentación complementaria. Igualmente alegó, que dicho traslado rompió el vínculo familiar de su esposa con los otros dos hijos menores de edad que tiene, de quienes se hace cargo y procura garantizar su bienestar. En sede de revisión la Sala constató que la entidad emitió acto administrativo ordenando el traslado de la reclusa a Bogotá, con el objeto de acercarla a su familia, quien en la actualidad se encuentran domiciliados en la misma ciudad. En consecuencia, se declara la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO. No obstante, se pronunció sobre el tema de la protección a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad y de sus hijos menores y analizó la posible vulneración de los derechos fundamentales alegada por el peticionario. 

T-574/16

MATRIMONIO CIVIL, MATRIMONIO SIMULADO Y RELACION CON EL PRINCIPIO DE BUENA FE. Se ataca una decisión judicial que declaró que la accionante no contaba con legitimidad en la causa para cuestionar la validez o existencia del matrimonio de su hermano fallecido. Según la peticionaria, quien cuenta con cerca de 80 años de edad, vivió durante toda su vida con su familiar, de quien dependía económicamente, al ser la encargada de los oficios de la casa y de su cuidado. Argumenta, que cuando dicho hermano murió se enteró que se había casado con una mujer de 36 años de edad, pero que dicho contrato se celebró bajo el compromiso de que tras el fallecimiento del esposo, la cónyuge le entregara la mesada pensional a la actora teniendo como contraprestación el disfrute de los servicios médicos y la totalidad de la pensión, cuando se produjera el deceso de ésta. Cuando la accionante demandó el matrimonio de su hermano, adujo que el motivo de los contrayentes fue únicamente el aspecto económico, producto de un fraude a la entidad que le otorgó la prestación al causante. Los jueces ordinarios le impartieron a este asunto el trámite de una nulidad de matrimonio civil. Se aborda la siguiente temática: 1º. Defecto por violación directa de la Constitución. 2º. El matrimonio civil, el matrimonio simulado y la relación con el principio de buena fe y, 3º. La discrepancia entre la voluntad real y aparente en el contrato de matrimonio civil cuando no refleja un problema de causa y objeto ilícitos. Para la Corte, los jueces de primera y segunda instancia se equivocaron cuando le impartieron a la demanda instaurada por la peticionaria el trámite de nulidad de matrimonio civil, pese a que en realidad lo propuesto era la simulación del matrimonio debido a que los contrayentes no habían cumplido con algunos de los elementos esenciales del contrato. Concluye la Sala, que dicha omisión derivó en una violación al acceso a la administración de justicia y configuró una violación directa de la Constitución. Se CONCEDE. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 1 de 2017

(Actualizado a 20 de enero de 2017)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-623/16

CALIFICACION DE INVALIDEZ PARA EFECTOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR. La accionante alega que COMFANDI vulneró derechos fundamentales de una hija que se encuentra en situación de discapacidad, al exigir, para efectos de su afiliación y posterior pago del subsidio familiar, la calificación de la pérdida de capacidad laboral expedida únicamente por la Junta Regional de Invalidez, a pesar de conocer previamente las condiciones de salud física y mentales, y de contar con certificaciones de dicho estado proferidas por parte de la E.P.S. Se reiteran reglas jurisprudenciales relativas a: 1º. La protección especial que merecen las personas en condición de discapacidad. 2º. El alcance del subsidio económico a cargo de las Cajas de Compensación Familiar y, 3º. El ámbito de aplicación de las normas que regulan la pensión de invalidez y su relación con el dictamen de PCL emitido por parte de las juntas regionales o nacional de calificación. Se TUTELA el derecho invocado y se exhorta a la Superintendencia del Subsidio Familiar para que dentro del ámbito de su competencia revise las políticas de la Caja de Compensación demandada respecto de la afiliación de los hijos en situación de discapacidad, con miras que el tipo de conductas analizadas en el presente fallo no se vuelvan a repetir. 

T-564/16

DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. SOLICITUD DE ACTO PUBLICO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD EN MASACRE DE SANTO DOMINGO. La accionante considera que la Presidencia de la República vulneró su derecho a la reparación como víctima del conflicto armado, tras la negativa de dar cumplimiento a algunas órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Santo Domingo, específicamente la relativa al reconocimiento de responsabilidad del Estado. Se reitera jurisprudencia sobre el derecho a la reparación de las víctimas en su componente de medidas de satisfacción y reconocimiento de responsabilidad del Estado, y se aborda temática relacionada con la obligación del Estado colombiano de cumplir con las órdenes emitidas por la CIDH, refiriéndose con especial atención a la sentencia T-655/15. Se CONCEDE el amparo y se ordena al Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, proceder a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en los términos fijados por el presente fallo y la sentencia de la CIDH proferida el 30 de noviembre de 2012, conocida como “Masacre de Santo Domingo Vs Colombia”. En el cumplimiento de la anterior disposición se debe permitir la plena participación de las víctimas de los hechos.

T-117/16

ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA. CASO EN QUE SE SOLICITA PARA LA INSCRIPCION DE CANDIDATURA ELECTORAL SUSCRIBIR PAGARE. Los accionantes, actuando en nombre propio y como representantes de un grupo de ciudadanos denominado Renovación Municipal, consideran que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales ante la negativa de la aseguradora de expedir la póliza de seriedad de candidatura, con fundamento en que se debía constituir un CDT endosado a su favor por el 100% del valor asegurado. Aducen, que dicha situación contradice lo dispuesto en una resolución proferida por el Consejo Nacional Electoral, en la cual se exhorta a las compañías de seguros para que se abstengan de exigir a los candidatos y/o grupos significativos de ciudadanos la constitución de depósitos, fiducias o títulos a su favor equivalentes al monto del valor asegurado o a exigir garantías reales para la expedición de pólizas de seriedad de candidatura. Se hace referencia a los siguientes temas: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra particulares como entidades financieras y aseguradoras. 2º. La naturaleza de los derechos políticos. 3º. La constitucionalidad de los requisitos para la inscripción de candidaturas y, 4º. La actividad aseguradora y la protección de los derechos fundamentales. Considera la Corte que la constitución de un CDT por el valor asegurable desnaturaliza el contrato de seguros, puesto que extingue su objeto y la causa que lleva a la suscripción. Ello, en la medida en que es el mismo tomador quien termina respondiendo por el supuesto siniestro. Como quiera que la pretensión de los actores era que la aseguradora expidiera una póliza sin exigir la constitución de un CDT y teniendo en cuenta que la fecha para la inscripción de las listas de candidatos venció y las elecciones se realizaron, se declara la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO. No obstante, se exhorta a la Superfinanciera para que emita una circular en la que comunique el criterio previsto en el presente fallo, y en donde advierta a las aseguradoras que se abstengan de exigir como requisito para la expedición de pólizas de seriedad de la candidatura, la constitución de contragarantías de cualquier naturaleza, por el riesgo asegurable.

T-511/16

DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL. REGULACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS, TESTIGOS E INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL. Considera el actor que la demandada vulneró sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar, por un lado, al negar la reubicación social definitiva bajo el supuesto de haber concluido el proceso penal y requerir un concepto emitido por el Fiscal del conocimiento y, por el otro, al excluir a la madre y a la hermana del titular de las medidas de seguridad, bajo el argumento de haber incumplido el deber de abstenerse de asumir conductas que pongan en peligro su seguridad y la del Programa mismo, al trasladarse a una ciudad diferente a la asignada sin dar previo aviso a los funcionarios encargados de su protección: Igualmente, por excluir al peticionario y a su hijo del mismo programa, alegando que incumplieron los deberes relativos al no consumo de sustancias embriagantes o psicoactivas, someterse a los respectivos tratamientos médicos y de rehabilitación, así como haberse negado a realizar un examen toxicológico. Se aborda temática relacionada con: 1º. El deber constitucional de los ciudadanos de colaborar con la administración de justicia. 2º. Jurisprudencia fijada en materia del derecho fundamental a la seguridad personal. 3º. Regulación que define el contenido del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación. 4º. La despenalización de la dosis personal y la prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y, 5º. La especial protección y atención reconocida a las personas con problemas de farmacodependencia y drogadicción. Se CONCEDE la tutela en cuanto a la protección de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la seguridad social del peticionario y su hijo, pero se niega en lo concerniente a la protección de los derechos invocados para la compañera del actor y de su hija. Se imparten unas órdenes puntuales tendientes a garantizar el goce efectivo del amparo otorgado. 

T-612/16

DEBIDO PROCESO PENAL. VULNERACION POR AUSENCIA DE NOTIFICACION Y DEFENSA TECNICA DE EXMILITAR, POR PORTE DE MARIHUANA. Se aduce que el despacho judicial accionado vulneró derechos fundamentales del actor, al condenarlo a una pena de prisión de 64 meses y a una multa de 2 SMLMV por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a pesar de no haber sido notificado debidamente para ejercer su derecho de defensa y no practicarse las pruebas necesarias para determinar su condición de adicto. El peticionario afirma que su adicción a la marihuana es producto de las presiones propias de su trabajo en las Fuerzas Militares, en donde le correspondía realizar acciones de combate en la selva. Se abordan los siguientes temas: 1º. Requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. 2o. La violación del derecho al debido proceso por defecto fáctico y por defecto procedimental por falta de notificación y de defensa técnica en el proceso penal. 3º. Los militares como individuos en situación de especial sujeción y, 4º. El deber de las autoridades del Estado de colaborar con la administración de justicia y su carácter cualificado en procesos penales. Se CONCEDE la tutela y se declara sin ningún valor y efecto la providencia cuestionada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 11 de 2016

(Actualizado a 15 de Diciembre de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-558/16

AUTORIZACION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS EXCLUIDOS DEL POS. En seis acciones de tutela presentadas de manera independiente se tiene como hecho común, que se demandan a entidades públicas y diferentes E.P.S. por vulnerar derechos fundamentales de menores de edad, personas en condición de discapacidad o de la tercera edad, como consecuencia de haber negado procedimientos médicos prescritos por profesionales de la salud o, por impedir el acceso a medicamentos, no autorizar la prestación de servicios complementarios como transporte en ambulancia, pañales desechables, cremas antiescaras, suplementos alimenticios o camillas hospitalarias y, por negar la exoneración de los copagos. Se analiza temática relacionada con: 1º. Procedencia de la acción de tutela para estudiar la protección del derecho fundamental a la salud, en virtud de controversias derivadas de la prestación de servicios médicos. 2º. Reglas jurisprudenciales para la autorización de insumos, medicamentos y servicios excluidos del POS. 3º. Parámetros definidos por la Corporación para permitir la exoneración de copagos, cuotas moderadoras y de recuperación en favor de pacientes y, 4º. Criterios jurisprudenciales para autorizar servicios asistenciales como lo son el acompañamiento domiciliario y transporte para el paciente y su acompañante. La Sala precisa las reglas jurisprudenciales que se deben atender en los casos en que los pacientes se encuentren en condición de vulnerabilidad de la cual se derive su titularidad de especial protección constitucional y formulen una solicitud de protección de su derecho fundamental a la salud, en los contextos de acceso a medicamentos prescritos por el galeno tratante, entrega de servicios o insumos excluidos del POS, suministro del servicio de transporte o exoneración del pago de copagos, cuotas moderadoras o de recuperación. Se CONCEDE el amparo solicitado. 

T-597/16

DERECHO A LA SALUD DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. CASOS EN QUE PROCEDE LA ORDEN DE TRATAMIENTO INTEGRAL. La actora considera que la E.P.S. demandada vulneró derechos fundamentales de su hijo, una persona que padece una discapacidad que le impide valerse por sí mismo y que le ha generado una pérdida de capacidad laboral del 75%, al no autorizarle el suministro de pañales desechables para adulto, crema antiescaras, cita odontológica prioritaria, terapias del lenguaje y de motricidad, una silla de ruedas, enfermera medio tiempo, medicamentos, transporte para asistir a las citas médicas y a las terapias, así como la exoneración del pago de cuotas moderadoras. Se realiza un recuento jurisprudencial de los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud de las personas en condición de discapacidad. 2º. La subsidiariedad por reclamo previo ante la Superintendencia Nacional de Salud. 3º. El principio de integralidad predicable del derecho a la salud y los casos en los que procede la orden de tratamiento integral. 4º. Los servicios esenciales para sobrellevar un padecimiento y garantizar una vida en condiciones dignas. 5º. Los requisitos para que las EPS autoricen servicios e insumos excluidos del POS. 6º. La autorización de servicios e insumos reclamados sin orden médica, cuya necesidad configura un hecho notorio. 7º. La naturaleza jurídica de los copagos y de las cuotas moderadoras y los casos en los que procede su exoneración y, 8º. El servicio de transporte para el acceso efectivo al servicio de salud. Se TUTELAN los derechos invocados y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce efectivo de los mismos. 

T-589/16

INDEMNIZACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL. REGLAS Y ALCANCE. Se atacan las decisiones judiciales adoptadas en el trámite de un proceso ordinario laboral, a través de las cuales se negó la pretensión de indexar la primera mesada pensional que percibe el actor. El juez de segunda instancia adujo que al tratarse de un derecho pensional causado con anterioridad a la entrada en vigencia de la actual Carta Política no había lugar a la corrección monetaria deprecada, por no existir norma supralegal ni legal que así lo autorizara. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar esta decisión y condenar en costas al demandante. Se reitera jurisprudencia relativa a: 1º. Las causales generales y específicas de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, caracterizando de manera específica los defectos por desconocimiento del precedente constitucional y de violación directa de la Constitución y, 2º. La indexación de la primera mesada pensional como un derecho constitucional de carácter universal. Se TUTELAN los derechos invocados, se dejan sin efectos los fallos cuestionados, se ordena a Colpensiones indexar la primera mesada pensional del peticionario con base en la fórmula adoptada por la sentencia  T-098/05 y empezar a realizar el pago correspondiente. Se aclara, que el reajuste resultante en las mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro, y retroactivamente a las mesadas en relación con las cuales no hubiera operado el fenómeno de la prescripción.

T-582/16

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA POR DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a un fallo judicial adoptado en el marco de un proceso contencioso administrativo de reparación directa promovido por los actores en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la muerte de un familiar en un ataque terrorista perpetrado por subversivos del ELN, cuando se encontraba ejerciendo sus labores en cumplimiento de orden de patrullaje. Se cuestiona el hecho de haber disminuido en un 50% el monto de la indemnización reconocida a su favor, bajo el supuesto de haberse acreditado una ocurrencia de culpas. Se aduce que dicha providencia incurrió en un defecto material por desconocimiento del precedente jurisprudencial y en otro fáctico por incorrecta valoración probatoria. Se reitera doctrina constitucional en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se verifica el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la misma. Considera la Corte, que el Tribunal demandado omitió realizar una correcta valoración de los elementos de juicio allegados al proceso, pues, carente de sustento probatorio, dedujo sin más que la víctima había actuado de manera negligente al realizar una actividad cuyos riesgos ya conocía, siendo determinante su conducta en la producción del daño, pero sin detenerse en un análisis cuidadoso de la legitimidad de la orden emitida por su superior, las responsabilidades a cargo de éste consignadas en las actas instructivas y el alcance del deber de obediencia debida que le asistía a la víctima. Se CONCEDE el amparo, se deja sin efectos la sentencia cuestionada y se ordena al accionado emitir una decisión de reemplazo

T-599/16

SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION. OBLIGACIONES DE OFERTA Y TRANSPORTE DE LA SEÑAL DE TELEVISION ABIERTA. La accionante es nativa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se autoreconoce como raizal y tiene su residencia permanente en la Isla de San Andrés, a pesar de que en la actualidad estudia y vive en Bogotá. Considera que los operadores de televisión por suscripción demandados vulneran sus derechos fundamentales, al no transmitir en la capital de la República la señal de todos los canales de televisión regional, en especial, el canal Teleislas. También cree que la ANTV trasgrede sus derechos, al no tomar las medidas de control, regulación y vigilancia necesarias para que dicho canal pueda ser recibido por los sistemas de televisión por suscripción. Se aborda temática relacionada con: 1º. La identidad cultural y el derecho a participar en la vida cultural. 2º. El alcance general de las libertades de expresión e información. 3º. El derecho a fundar medios masivos de comunicación, sus alcances, límites y deberes de regulación estatal y, 4º. El fundamento constitucional del servicio público de televisión y las obligaciones de oferta y transporte de la señal de televisión abierta. Para la Corte, la ANTV vulneró los derechos fundamentales a la libre expresión, información, a la participación en la vida cultural y a la identidad cultural de la actora al tener una conducta omisiva en su papel de regulador y contradecir las obligaciones que le impuso el legislador, al dejar al arbitrio de los operadores de televisión por suscripción la inclusión de los canales regionales de televisión abierta, de acuerdo con sus intereses y preferencias comerciales, desconociendo el interés público que condujo al Congreso de la República a ordenar su difusión. Se PROTEGEN los derechos invocados y se imparten varias órdenes de protección a los mismos. 

T-592/16

DERECHO A LA SALUD. PROCEDIMIENTOS ESTETICOS Y PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD. La accionante sufrió de obesidad mórbida y luego de someterse a dietas y rutinas de ejercicio bajó más de 50 kilos. Lo anterior le originó un exceso de piel colgante y flacidez, que a su vez le produjeron irritación, dolor e infecciones como consecuencia de no poder mantener el área completamente seca. La E.P.S. accionada le negó la autorización y práctica de los procedimientos quirúrgicos que le fueron ordenados por un cirujano plástico, bajo el argumento de ser servicios de carácter estético. La peticionaria aduce que a raíz de su situación sufre de depresiones constantes, dificultad para conciliar el sueño y quemaduras en su piel. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la salud, sus elementos y principios. 2º. Los procedimientos estéticos y los procedimientos funcionales en el Plan de Beneficios. Se CONCEDE el amparo solicitado. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 10 de 2016

(Actualizado a 6 de Diciembre de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-533/16

DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL. IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO POR NO EXISTIR PERJUICIO IRREMEDIABLE. Se atribuye a Colpensiones la vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de haberle negado el reconocimiento de la sustitución pensional a la actora, en virtud del fallecimiento de su esposo, quien a su vez había sido reconocido como beneficiario de la pensión de sobreviviente de su primera esposa. El argumento de la entidad fue que la convivencia que acreditó el causante para acceder al beneficio de la referida pensión sustitutiva descartaba la convivencia con la peticionaria, quien, a través del Registro Civil de Matrimonio aportado con la solicitud pensional, sólo logró acreditar un año de convivencia con aquel. La accionante adujo que su esposo mantuvo una relación simultánea con dos mujeres, con las que convivió al mismo tiempo, por cuanto antes de casarse con él, fue su compañera permanente por casi 18 años. Se aborda temática relacionada con: 1º. La naturaleza de la acción de tutela. 2º. El requisito de subsidiariedad desde una perspectiva general y también en casos en los que se pretende el reconocimiento de un derecho pensional y, 3º. El deber de flexibilización de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, con énfasis en el de subsidiaridad, en los casos en que el reclamo constitucional es interpuesto por un sujeto de especial protección constitucional. La Corte concluye que la acción de tutela es IMPROCEDENTE, porque si bien la peticionaria es un sujeto de especial protección constitucional, no existe un perjuicio irremediable que contener y, en tal medida, el juez de tutela no se encuentra habilitado para intervenir en el asunto, por cuanto es de carácter litigioso. 

T-594/16

TRABAJADORAS SEXUALES. IGUALDAD Y DIGNIDAD. Las accionantes alegan que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, al detenerlas de forma arbitraria, agredirlas física y verbalmente, al igual que por conducirlas a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda, bajo el contexto de operativos de recuperación del espacio público en la Plaza de la Mariposa en el Sector de San Victorino y bajo la presunción de que estaban en alto grado de exaltación, cuando en realidad lo hicieron por ser trabajadoras sexuales. Indican, que la Policía las persigue en el espacio público de forma sistemática y arbitraria con fundamento en que las percibe como trabajadoras sexuales, lo cual no es un delito, y a pesar de que ellas no prestan el servicio en la calle ni hacen exhibicionismo, ya que usualmente se contactan vía telefónica con el cliente y se encuentran en un lugar público para luego ir a la habitación donde realizan su trabajo. En su concepto, se encuentran bajo persecución de la Administración Distrital y de la Policía, lo cual no se ajusta a la Constitución y agrava su situación, ya que como mujeres que ejercen trabajo sexual soportan diariamente todo tipo de abusos y discriminación en un contexto en el que carecen de los mínimos para sobrevivir y mantener a sus familias. En conclusión, consideran que dado su estado de vulnerabilidad, la administración debería adoptar medidas positivas para protegerlas, en lugar de perseguirlas. Como marco constitucional aplicable al caso se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho a la libertad personal. 2º. El derecho a la libre circulación. 3º. Las trabajadoras sexuales y los derechos a la igualdad y a la dignidad. 4º. La prohibición de discriminación en razón de la apariencia y, 5º. La protección constitucional contra la discriminación en razón a la apariencia. Se CONCEDE el amparo de los derechos a la igualdad, a la libertad personal y a la libre circulación. Entre algunas de las órdenes adoptadas se destacan las impartidas a la Policía Metropolitana de Bogotá, para que se abstenga de utilizar la política de recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación de las accionantes y para que reciban capacitación acerca de la importancia de brindar un trato digno a los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato verbal y físico. Se exhorta al Ministerio de Trabajo para que elabore una propuesta de regulación sobre el trabajo sexual de acuerdo a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, en la cual priorice la adopción de medidas que protejan a quienes ejercen la prostitución legalmente y cuente con la participación de sus representantes. 

T-546/16

DERECHOS AL BUEN NOMBRE, INTIMIDAD HONRA Y A LA PROPIA IMAGEN. NO VULNERACION POR PUBLICACION DEL LIBRO "LA COMUNIDAD DEL ANILLO". El accionante, Ex Director General de la Policía Nacional, considera que el señor Jesús Rafael Vergara Padilla y la Editorial Oveja Negra Ltda. vulneraron sus derechos fundamentales, al escribir y publicar el libro titulado “La Comunidad del anillo”, en tanto colocaron en la carátula una fotografía suya donde aparece portando las insignias propias del cargo que tenía, sin que hubiese otorgado su consentimiento para ello. Aduce que esta imagen, aunada al título y al contexto social donde se investiga una presunta red de prostitución masculina al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, envía un mensaje directo de que él es el líder de la precitada comunidad. Solicita al juez constitucional prohibir la publicación del referido libro y, en consecuencia, recoger el material impreso que se encuentre en las librerías para su venta. Se aborda el análisis de la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares. 2º. El derecho fundamental a la libertad de expresión y de información. 3º. Los discursos especialmente protegidos y la información relacionada con hechos sometidos a investigación judicial. 4º. Los derechos a la propia imagen, la intimidad, la honra y al buen nombre como límites al ejercicio de la libertad de expresión e información. Se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo solicitado.

T-316/16

IUS VARIANDI. EJERCICIO Y LIMITES ANTE LAS SOLICITUDES DE TRASLADO DE DOCENTES. La accionante se desempeña como docente en el municipio de Barrancabermeja y pretende que sea trasladada a Bucaramanga, con el objeto de cuidar allí a la hija que adelanta estudios universitarios y que requiere acompañamiento permanente, sobre todo en horas de la noche, en virtud de la enfermedad cardíaca silenciosa que padece. Las entidades denegaron la pretensión, básicamente argumentando la falta de vacantes y la necesidad de someterse al procedimiento ordinario de traslados dispuesto en el artículo 2º del Decreto 520 de 2010 . Se estudia el marco constitucional y legal que rige los traslados de docentes en el sector público y, dentro de ello, el procedimiento para requerir la reubicación ordinaria como extraordinaria y las obligaciones que surgen para los entes territoriales involucrados en tales procesos. Igualmente, se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y se examina el fondo del litigio sometido a decisión. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a las secretarías de educación involucradas que, con sujeción al procedimiento extraordinario previsto en la precitada norma, suscriban un convenio interadministrativo mediante el cual se garantice el traslado efectivo de la peticionaria. 

T-369/16

DERECHO A LA IGUALDAD. PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA PARA NIVELACION SALARIAL. La presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad territorial accionada se atribuye a la existencia de una diferencia salarial injustificada entre la actora y un grupo de personas que ocupan su mismo cargo, desarrollan iguales funciones y cumplen los mismos requisitos para ejercerlos. A juicio de la demandante, este trato carece de una causa objetiva y por lo tanto lesiona su derecho a la igualdad. Por su parte, la demandada estima que el trato reprochado está justificado en el hecho de que la entidad paga más a unas personas que a otras, porque las primeras tienen un derecho adquirido en virtud de que fueron transferidas del departamento al municipio, a raíz del proceso de descentralización territorial del servicio educativo desarrollado a partir del año 2001, por mandato de la Ley 715 de ese año. Aduce, que dicha transferencia generó que se respetara a los empleados del nivel departamental su remuneración, el cual siempre resulta superior al de los empleados del nivel municipal. Se precisa que la peticionaria afronta una situación muy difícil, a causa del cáncer encefálico que padece. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las reglas de procedibilidad de la acción de tutela. 2º. El proceso de descentralización del servicio educativo y, 3º. La jurisprudencia constitucional sobre el principio “a trabajo igual, salario igual”. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada reconocer y pagar en favor de la demandante una asignación salarial igual a la de los empleados públicos que han sido categorizados con su misma clasificación, por existir una desigualdad constitucionalmente injustificada.

T-562/16

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. DUPLICADO DE CEDULA DE CIUDADANIA EXTRAVIADO EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO. El accionante se encuentra privado de la libertad en un establecimiento penitenciario y considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, al no recibir respuesta de las entidades demandadas sobre la ubicación de la cédula de ciudadanía que estaba bajo su custodia, la cual necesita para llevar a cabo los trámites para solicitar la aplicación del beneficio de permiso por 72 horas. Las accionadas indicaron que dieron respuesta pertinente a todos los requerimientos del peticionario, pero que ninguna de ellas tiene en su poder el mencionado documento de identidad y, que en virtud de ello, le prestaron la ayuda necesaria al actor para que solicitara el duplicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. A pesar de comprobar la carencia actual de objeto, la Sala previene a las accionadas para que revisen y mejoren los protocolos de custodia de los documentos de identidad de los internos a su cargo. 

T-545/16

DERECHO A LA EDUCACION. OBLIGACION DE LOS ENTES TERRITORIALES DE SUMINISTRAR TRANSPORTE ESCOLAR. El accionante, actuando en representación de un hijo menor de edad, aduce que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá vulneró derechos fundamentales al negar el beneficio de transporte escolar solicitado, a pesar de que el niño cumple todos los requisitos establecidos en la Resolución 1531 de 2014. La entidad argumentó que sólo le fue posible asignar 65.500 beneficios y que para el caso concreto ya se había agotado el presupuesto asignado para tal fin. Se aborda el análisis de temática relacionada con los requisitos de procedencia de la acción de tutela y el derecho fundamental a la educación de los niños y de las niñas. La Sala resalta la obligación de las entidades territoriales de planear y coordinar las medidas presupuestales necesarias para garantizar la plenitud en la prestación del servicio educativo, el cual debe sostenerse en el tiempo y ampliar paulatinamente la cobertura y la calidad. Concluye, que no son de recibo las razones presupuestales para justificar la inactividad de las autoridades o las deficiencias en la prestación del servicio educativo, pues se configuraría la violación de un derecho fundamental. Se CONCEDE. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 9 de 2016

(Actualizado a 21 de Noviembre de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

SU.556/16

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO AL BANCO DE LA REPUBLICA EN LAUDO ARBITRAL. El Banco de la República interpuso la acción de tutela en contra del laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento demandado y la providencia dictada por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que resolvió desfavorablemente el recurso de anulación interpuesto contra dicho laudo. Según el criterio del accionante, dichos fallos vulneraron derechos fundamentales de la entidad, al admitir que la póliza Global Bancaria suscrita por el Banco con Seguros Generales Suramericanos S.A. y Allianz Seguros S.A., en la cual se aseguró la responsabilidad por los riesgos derivados de los servicios bancarios prestados por el tomador como Banco Central, no cubría el riesgo derivado de sus funciones regulatorias y, en particular, no lo amparaba frente a las condenas judiciales dictadas en su contra a consecuencia de la anulación de la Resolución Externa No. 18 de 1995, expedida por su Junta Directiva, por medio de la cual se dictaron normas en relación con las corporaciones de ahorro y vivienda. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y laudos arbitrales. La Corte considera que el laudo impugnado vulneró el derecho al debido proceso del Banco de la República, al resolver la controversia sometida a su conocimiento con fundamento en una norma que era inaplicable para determinar el ámbito de cobertura de un seguro. En contraste, la Sala no observó defecto alguno en el fallo de anulación emitido por el Consejo de Estado. Se CONCEDE el amparo solicitado y se deja sin efectos el laudo. Se declara que, dadas las reclamaciones en estrados, las decisiones de revocar la sentencia de tutela que denegó el amparo y la de dejar sin efectos el laudo, no agotan la jurisdicción para dirimir las diferencias entre las partes del negocio jurídico que originó la controversia arbitral. De ahí, que se entiende enervado el término de prescripción o caducidad de las acciones judiciales procedentes para asuntos como esos. 

T-527/16

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. CASO EN QUE EJERCITO IMPUSO MULTA A PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, POR REMISO. Se aduce que la Dirección de Reclutamiento y el Centro de Reservas del Ejército Nacional vulneraron el derecho de petición del actor, al no dar una respuesta de fondo a su pretensión de ser exonerado del pago de cinco años como remiso, por la discapacidad física y sensorial que padece. La Sala interpretó que al peticionario también le fueron quebrantados otros derechos fundamentales, en virtud de la cuota de compensación militar que le fuera impuesta, sin que se tuviera en cuenta la discapacidad que presentaba y el estado de salud que le impidió presentarse oportunamente a resolver su situación militar. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con los elementos esenciales del debido proceso administrativo, la Sala decidió confirmar las decisiones de instancia que denegaron el amparo del derecho de petición. No obstante lo anterior, decidió tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y al debido proceso, anular la multa impuesta al actor y disponer la inaplicación del literal a) de los artículos 41 y 42 de la Ley 48 de 1993. 

T-528/16

HISTORIA CLINICA. IMPORTANCIA. CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA. Se atacan las decisiones judiciales que rechazaron la demanda de reparación directa instaurada por la actora en contra del Hospital Central de la Policía Nacional, bajo el argumento de haberse configurado el fenómeno de la caducidad de la acción, al contabilizar el término de la misma a partir de la muerte del familiar de la peticionaria y no, desde la entrega de la historia clínica. Se aduce que dichas providencias incurrieron en un defecto sustantivo y en la vulneración de derechos fundamentales de los familiares del occiso. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto sustantivo. 3º. El derecho al acceso a la administración de justicia y la viabilidad constitucional de la imposición de cargas a los asociados. 4º. La caducidad de la acción de reparación directa y, 5º. La importancia de la historia clínica. Considera la Corte que la autoridad judicial accionada, al aplicar el artículo 164, numeral 8 del C.P.A.C.A. inobservó disposiciones de estirpe constitucional y derechos fundamentales, al escoger, entre las diferentes interpretaciones posibles que ofrecía la norma, la menos favorable para las accionantes. Tras concluir que se incurrió en un defecto sustantivo, la Sala CONCEDE el amparo solicitado, deja sin efectos las decisiones impugnadas y ordena al juez de primera instancia de la causa administrativa, surtir el trámite correspondiente en el proceso de reparación directa mencionado. 

T-590/16

DERECHO A LA SALUD DE MENOR DE EDAD Y EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE INAPLICA NORMA QUE PROHIBE AFILIACION DE NIETOS DE COTIZANTE EN EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA. El accionante se encuentra afiliado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, teniendo como sus beneficiarios a su cónyuge y a sus dos hijos menores de edad. Su hija tuvo un bebé y la entidad afirmó que sólo le prestaría a éste atención los primeros 10 días de vida, en tanto los nietos de los afiliados no se encuentran dentro de la lista de los beneficiarios del sistema de salud existente para los miembros de la Fuerza Pública. El actor alega, que ni el padre ni la madre del recién nacido cuentan con los ingresos económicos necesarios para asegurar su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. Se aborda temática relacionada con el cumplimiento de los requisitos procesales de la acción de tutela y el fundamento constitucional para la aplicación analógica de la categoría de beneficiario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al régimen exceptuado de las Fuerzas Armadas y de Policía. La Sala decidió inaplicar para el caso concreto el artículo 24 del Decreto 1795 de 2000, por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y, tutelar el derecho a la salud del nieto del peticionario. En consecuencia, ordenó a la demandada afiliar al recién nacido como beneficiario del actor, en los términos dispuestos en el literal f) del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 218 de la Ley 1753 de 2015.

T-524/16

ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES. OBLIGACION DEL EMPLEADOR DE AFILIAR AL TRABAJADOR. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la omisión del demandado, en su calidad de empleador, de afiliar al actor al Régimen de Seguridad Social en Riesgos Profesionales y no asumir la cobertura de los gastos médicos generados por el accidente de trabajo que sufrió y que le generó la amputación de tres dedos de su mano izquierda. Accidente en trapiche. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Principio de responsabilidad solidaria en materia laboral consagrado en el Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Alcance del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades según la jurisprudencia constitucional. Obligación del empleador de afiliar al trabajador al régimen de seguridad social en riesgos profesionales o de asumir la cobertura de los riesgos generados por accidente de trabajo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 8 de 2016

(Actualizado a 20 de octubre de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

SU.427/16

DEBIDO PROCESO EN LA LIQUIDACION DE PENSIONES. UGPP LEGITIMADA PARA INTERPONER RECURSO DE REVISION PARA CONTROVERTIR PENSIONES LIQUIDADAS CON ABUSO DEL DERECHO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) interpone la acción de tutela en contra de decisiones judiciales proferidas dentro de un proceso ordinario laboral iniciado en contra de Cajanal, a través de las cuales se accedió a las pretensiones de la demandante y se aumentó el monto de la mesada pensional a un 85% de la asignación más elevada percibida durante el último año servicio, revocando la reconocida en un equivalente al 77.5% del salario promedio devengado por la afiliada en los últimos diez año laborados. Se aduce, que en dichas providencias se desconocieron los principios del Sistema de Seguridad Social, afectando la sostenibilidad financiera del régimen pensional de prima media a cargo del Estado. Se reitera jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; se realiza una caracterización del defecto sustantivo o material y se reseña la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fijada por la Corporación. Se unificó la jurisprudencia en torno a la viabilidad y legitimidad de la UGPP para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el art. 20 de la ley 797 de 2003, con el objeto de controvertir decisiones judiciales que reconocieron y liquidaron pensiones con abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual la entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal. Se advierte a las precitadas Corporaciones, que el desconocimiento del precedente fijado en esta providencia en relación con la procedencia del recurso de revisión, habilita a la UGPP para acudir a la acción de tutela y salvaguardar sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Se CONCEDE. 

T-386/16

CONCURSO DE MERITOS PARA PROVEER CARGOS DE JUECES Y MAGISTRADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. El accionante se inscribió en la Convocatoria de la Rama Judicial correspondiente al concurso de méritos para proveer los cargos de funcionarios judiciales en todo el territorio nacional y, en su caso particular, se presentó a la Convocatoria para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, obteniendo un puntaje de 797,8 de los 800 requeridos para continuar en la siguiente etapa del concurso. Aduce, que las entidades accionadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, de un lado, porque no le fueron contabilizadas cinco preguntas del componente común de la prueba de conocimientos que fueron eliminadas y, del otro, porque se emitió un acto general, masivo y colectivo para resolver los recursos que interpuso, al igual que los formulados por otros concursantes, el cual no satisfizo sus requerimientos. La Unidad de Administración de Carrera Judicial argumentó que la eliminación de las preguntas que discute el actor se realizó de manera previa a la consolidación de la calificación del puntaje y no con posterioridad, tal y como él lo afirma. Se aborda temática relacionada con: 1º. Jurisprudencia constitucional en relación con la procedibilidad de la acción de tutela en el desarrollo de concursos de mérito y el principio de subsidiariedad. 2º. Jurisprudencia de la Corporación referente al sistema especial de carrera judicial. 3º. Las competencias de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar y administrar dicha carrera. Se declara IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada

T-301/16

DERECHO FUNDAMENTAL A LA IVE. CASO EN QUE E.P.S. NEGO PROCEDIMIENTO DE ABORTO A LA ACCIONANTE, CUYO NASCITURUS PRESENTABA MALFORMACION. La accionante estaba embarazada y en la semana 20.6 de gestación asistió a una cita de control, donde le fue practicada una ecografía en la que se diagnosticó al nasciturus con hidrocefalia. En los meses siguientes se realizaron nuevos exámenes y con ellos se confirmó el diagnóstico inicial. La E.P.S. accionada le explicó a la actora los hallazgos ecográficos y le informó sobre la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, opción que ella aceptó. No obstante lo anterior, la E.P.S. no le practicó el aborto y la remitió a otra Institución Prestadora de Salud para que le atendieran dicha solicitud. Esta circunstancia obligó a que se reiniciara el diagnóstico y la atención, al igual que la IVE no se realizara por la avanzada edad gestacional, lo cual requería la práctica de un feticidio, frente al cual el Hospital no contaba con la capacidad técnica. La conducta que se considera trasgresora de derechos por parte de la entidad accionada, es no permitir la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no obstante que la peticionaria invocó como causales el grave peligro para la vida de la madre por afectación psicológica y la inviabilidad del feto. A pesar de que en sede de revisión la Sala conoció que el parto tuvo lugar, abordó el análisis de jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la salud y el derecho fundamental a la IVE, al igual que respecto a los parámetros para la atención de este tipo de solicitudes. Se declara la carencia actual de objeto, pero se condena en abstracto a Saludcoop E.P.S. a pagar y reparar integralmente los perjuicios causados a la accionante por la violación a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto al que tenía derecho, por reunir las condiciones exigidas en la sentencia C-355/06. En consecuencia, se da aplicación al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, disponiéndose la reparación integral de los perjuicios sufridos por la peticionaria, en especial el daño ocasionado a su salud mental.

T-315/16

RESTITUCION DE TIERRAS E IMPORTANCIA DE LOS SEGUNDOS OCUPANTES. Los actores consideran que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales, al proferir un auto a través de cual desestimó su solicitud de reconocimiento como segundos ocupantes y la encauzó por la vía de una oposición previamente analizada y rechazada dentro del proceso de restitución de tierras que los involucraba. Alegan un defecto sustantivo, entre otras consideraciones, por realizar una interpretación restrictiva del artículo 102 de la Ley 1448 de 2011 y no emplear las amplias facultades que ésta norma otorga a los jueces de tierras, en el sentido de introducir modificaciones a las órdenes impartidas en la sentencia, cuando ello fuere necesario. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La labor constitucional de los jueces de restitución en el caso colombiano, de conformidad con la Ley 1448 de 2011. 3º. Los segundos ocupantes como fenómeno social y procesal no contemplado expresamente en la precitada norma y, la importancia de generar políticas y soluciones judiciales para garantizar sus derechos constitucionales y la restitución efectiva. Se CONCEDE el amparo solicitado en cuanto a la petición formulada por la señora Candelaria del Socorro Meza Martínez y se declara la improcedencia de la acción de tutela, en relación con el otro accionante, por la ausencia de legitimación por activa. 

T-397/16

 

CONFLICTOS ENTRE LA JURISDICCION ORDINARIA Y LA ESPECIAL INDIGENA. PRINCIPALES CRITERIOS PARA LA SOLUCION. El accionante, actuando en calidad de gobernador del Cabildo Indígena Polindaras de Totoró (Cauca), aduce que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura vulneró derechos fundamentales de la colectividad indígena que representa, al dirimir en favor de la jurisdicción ordinaria un conflicto positivo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Popayán y la jurisdicción especial indígena, con ocasión de un proceso penal adelantado contra un miembro de su comunidad, por el delito de homicidio. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto fáctico por incorrecta valoración probatoria y, 3º. La jurisdicción especial indígena y los elementos determinantes del fuero en materia penal. Se AMPARAN los derechos fundamentales invocados y se dejan sin efectos, tanto la sentencia que dirimió el conflicto positivo de competencia, como el fallo condenatorio proferido por la jurisdicción ordinaria penal. 

T-456/16

PENSION DE SOBREVIVIENTES. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL. Se atribuye a Colpensiones la vulneración de derechos fundamentales del accionante, ante la negativa de reconocerle la pensión de sobrevivientes solicitada a raíz del fallecimiento de su hija. La entidad negó la prestación argumentando que el peticionario no dependía económicamente de la causante. El demandante reclamó el saldo de la cuenta pensional a través del trámite de sucesión. Se analiza temática relacionada con: 1º. El marco legal y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes. 2º. El requisito de dependencia económica que deben acreditar los padres del causante para acceder a la misma y, 3º. El régimen de seguridad social de los extranjeros en Colombia. Se concluye que: a). La pensión de sobrevivientes es una prestación social cuya finalidad esencial es la protección de los familiares más cercanos del afiliado o pensionado fallecido, de tal suerte que las personas que dependían económicamente de éste, eviten un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia. b). el beneficiario de dicha prestación, particularmente en el caso de los padres, deben demostrar la dependencia económica respecto del hijo fallecido, la cual puede ser total o parcial. c). los extranjeros gozan del mismo derecho a la seguridad social que los nacionales y por tanto, pueden acceder a la pensión de sobrevivientes al cumplir con todas las exigencias previstas en la ley. SE CONCEDE

T-445/16

IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA INHERENTES A LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS. Se pretende con la acción de tutela que se revoque un fallo judicial que declaró inconstitucional la pregunta puesta a consideración por el alcalde del municipio de Pijao (Quindío), para que a través de una consulta popular la comunidad decidiera sobre la conveniencia o no de las actividades de exploración, tratamiento y lavado del producto de la explotación minera. A juicio del operador jurídico demandado, dicha pregunta desconocía los límites legales y constitucionales contemplados en el decreto 2691 de 2014, los cuales prohibían que las autoridades locales excluyeran la minería de sus territorios. Igualmente, contrariaba la sentencia  C-123/14 a través de la cual se dispuso que las actividades mineras no podían ser excluidas del territorio nacional sino por las autoridades competentes y, atentaba contra la libertad del votante ya que al contener elementos valorativos y subjetivos incorporados, lo predisponía y en ese sentido le sugería una respuesta en un sentido determinado. Se aborda el análisis de los siguientes puntos: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El principio de autonomía territorial en el contexto de un Estado Unitario. 3º. La función de ordenamiento territorial y la reglamentación del uso del suelo por parte de las autoridades municipales y distritales. 4º. La protección constitucional de los recursos naturales en la Carta de 1991. 5º. La explotación sostenible de los recursos naturales. 6º. La política minera nacional. 7º. La evolución del derecho al desarrollo y modelos alternativos del mismo. 8º. Los impactos de la actividad minera en aspectos inherentes a las competencias constitucionales de los municipios. 9º. La justicia social ambiental y participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlos. 10º. La importancia de la consulta popular en el ordenamiento colombiano y, 11º. La libertad del votante en el marco de mecanismos de participación ciudadana. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la falta de la legitimación en la causa de la accionante y se precisa que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso, si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera. Igualmente precisa la Sala, que la pregunta puesta a considerar del tribunal accionado vulnera la Carta del 91 por atentar contra la libertad del votante y no, por desconocer las competencias constitucionales respecto del uso del suelo y la protección del medio ambiente del municipio de Pijao. Se ordena a varias entidades conformar una mesa de trabajo con el objeto de construir una investigación científica y sociológica en el cual se identifiquen y precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano.

T-436/16

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA. ALCANCE DE LA CERTIFICACION DE PRESENCIA DE COMUNIDADES INDIGENAS EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. Los accionantes, actuando en calidad de representantes legales de varias parcialidades indígenas, aducen que las entidades accionadas vulneraron derechos fundamentales, al iniciar la construcción de la doble calzada Sincelejo-Toluviejo, sin que se hubiese concertado la realización de esta obra con la comunidad. De manera secundaria alegaron, que la ejecución del proyecto causa un perjuicio irremediable al ambiente de la zona, toda vez que el concesionario ha talado árboles de manera indiscriminada y ha cazado animales silvestres. Se analiza temática relacionada con: 1º. La procedibilidad de la tutela para proteger el derecho de consulta previa. 2º. Reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental de la consulta previa y los ámbitos de protección y, 3º. El alcance de la certificación de la presencia de comunidades indígenas proferida por parte del Ministerio del Interior. Para la Sala, el precitado proyecto debía ser consultado con las parcialidades actoras, en tanto les afectaba espiritualmente de manera directa. Se CONCEDE el amparo solicitado y se suspende la ejecución de las obras mencionadas en el sector del cerro de Sierra Flor, en lo que tenga que ver con el territorio ancestral de las comunidades peticionarias. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho tutelado. 

SU.442/16

UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE CONDICION MAS BENEFICIOSA APLICADA A PENSION DE INVALIDEZ. El accionante, una persona que tiene más de 70 años de edad y que enfrenta una discapacidad que le impide trabajar, solicita al juez constitucional que ordene el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, toda vez que no cumple con la densidad de aportes exigida en la norma vigente a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, la Ley 860 de 2003, pero sí con la prevista en la norma anterior dentro de cuya vigencia estuvo afiliado al Sistema, es decir, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año. Se aborda temática relacionada con: 1º. La acción de tutela como mecanismo subsidiario para pedir el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Reiteración de jurisprudencia. 2º. Diferencia entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en torno a las normas aplicables a una pensión de invalidez, en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa. La Corte concluye que la entidad vulneró el derecho fundamental del actor a la aplicación de la condición más beneficiosa en materia de seguridad social, al negarle la pensión de invalidez estructurada en vigencia de la Ley 860 de 2003, a pesar de haber cumplido oportunamente la condición prevista para el efecto en el Decreto 758 de 1990. Se CONCEDE. 

T-531/16

DERECHO AL HABEAS DATA. VULNERACION AL CONSIGNAR EN SISTEMAS DE INFORMACION ORDENES DE CAPTURA NO VIGENTES. El accionante aduce que la Policía Nacional lo ha retenido de manera ilegal y arbitraria en varias oportunidades, sin encontrarse vigentes órdenes de captura en contra suya, ni tener antecedentes penales. Indica que esta conducta le ha causado daños que deben ser imputados a las autoridades judiciales y policivas por resultar vulnerados sus derechos fundamentales. De otra parte alega, que el INPEC también ha trasgredido sus derechos, al no contestar su solicitud de dar de baja y retirar de su base de datos, los antecedentes disciplinarios. Se aborda temática relacionada con: 1º. La orden de captura, su actualización y el derecho de habeas data en su registro. 2º. Los procedimientos policiales de retención y su perspectiva constitucional. 3º. El derecho a la libertad personal y su alcance en materia de procedimientos de retención policial y, 4º. El derecho de petición. Reiteración de jurisprudencia. SE CONCEDE. 

T-513/16

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EN PROCESO LABORAL ORDINARIO. La UGPP ataca decisiones judiciales proferidas al interior de dos procesos laborales iniciados en contra del INVIAS; a través de los cuales se ordenó a esta entidad pagar la diferencia entre el monto de las pensiones de vejez reconocidas por Cajanal y el valor de las pensiones convencionales otorgadas por INVIAS a los demandantes, de forma vitalicia. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se verifica el cumplimiento de los requisitos generales de dicha procedencia. Para la Corte, las acciones de tutela resultan IMPROCEDENTES en la medida en que la demandante cuenta con otro recurso judicial idóneo para ventilar la controversia planteada. De manera simultánea, se ordena compulsar copias de la presente decisión al Consejo Superior de la Judicatura, para que indague sobre las razones por las cuales los operadores jurídicos accionados no tramitaron el grado de jurisdicción de consulta respecto de las sentencias acusadas, evalúe dichas razones y, si es el caso, adelante las investigación disciplinaria correspondiente, de encontrar mérito para ello. 

T-506/16

DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADOS DE ELLA. VULNERACION POR OCCRE AL EXPULSAR DE LA ISLA DE SAN ANDRES A MADRE DE DOS MENORES DE EDAD. Se atribuye a la entidad demandada la vulneración de derechos fundamentales del actor, de su pareja y de dos niños menores de edad, al emitir un acto administrativo para declarar que la compañera permanente del peticionario se encontraba en situación irregular y, como consecuencia de ello, sancionarla con su devolución al último lugar de embarque, imponerle una multa de 15 SMLMV e incluirla en la lista de personas que no pueden ingresar a la Isla. Se reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con: 1º. La subsidiariedad de la acción de tutela. 2º. La protección constitucional del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella y, 3º. El régimen de control de densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la OCCRE reconocer y otorgar la residencia temporal a la compañera del actor, hasta tanto se acrediten los tres años de cohabitación con él, para que una vez cumplidos y debidamente acreditados, le otorgue la residencia permanente sin oponerle ningún requisito adicional aparte de la convivencia ininterrumpida. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 7 de 2016

(Actualizado a 20 de septiembre de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-343/16

DERECHOS LABORALES DE EMPLEADAS DEL SERVICIO DOMESTICO. CONCILIACIÓN. Conforme a los hechos planteados en la tutela, la accionante trabajó durante 30 años como empleada de servicio doméstico en la casa de la demandada, en virtud de un contrato de trabajo verbal que fue terminado de forma unilateral, sin que mediara justa causa y sin que fuera informada esta decisión de manera anticipada. Al momento de la terminación del vínculo contractual, la actora tenía 63 años de edad. Se pretende con la acción de tutela que el juez constitucional proteja transitoriamente los derechos fundamentales que se consideran vulnerados y, como consecuencia de ello, se ordene el pago de una suma de dinero equivalente a un salario mínimo y la afiliación al sistema de salud del régimen contributivo, hasta tanto exista un pronunciamiento definitivo por parte de la jurisdicción ordinaria. El juez laboral archivó el proceso luego de que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio en el que se estableció que lo allí pactado no constituía el reconocimiento de una relación laboral y que lo acordado no violaba derechos laborales mínimos e irrenunciables. Se reitera jurisprudencia referente a: 1º. El hecho superado en sede de revisión de tutela. 2º. La procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para reclamar a un particular el reconocimiento de acreencias laborales y, 3º. Los derechos laborales de quienes trabajan en el servicio doméstico. Se consideró que el derecho a la pensión sanción era incierto, por tanto susceptible de conciliación. Se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, en virtud de la existencia del acuerdo conciliatorio que hizo tránsito a cosa juzgada. 

T-276/16

PRIVACION DE LA LIBERTAD EN SALAS DE RETENIDOS DE LA POLICIA NO PUEDE SOBREPASAR LAS 36 HORAS. El Defensor del Pueblo Regional Santander incoa la acción de tutela en representación de las personas privadas de la libertad en su condición de detenidos preventivamente en una estación de policía, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a raíz de las condiciones inhumanas de hacinamiento a las que son expuestas, además de la inactividad que presentaron las entidades accionadas en la solución de esta problemática. Se analizan los siguientes temas: 1º. La limitación del derecho a la libertad personal en el Estado Social de Derecho. 2º. Los derechos de las personas privadas de la libertad. 3º. La privación preventiva y contravencional de la libertad. 4º. Los establecimientos de privación preventiva de la libertad y, 5º. La vulneración de los derechos fundamentales a través del hacinamiento carcelario. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Se exhorta al Consejo Superior de Política Criminal para que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para que la detención preventiva en los procesos penales tenga un carácter excepcional. 

T-323/16

ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR PRESTACIONES ECONOMICAS PENSIONALES. IMPROCEDENCIA POR NO REUNIR REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSION-SANCION. A través de la figura de la agencia oficiosa se instaura la acción de tutela en representación de una persona de 84 años de edad que padece una patología denominada demencia por Alzheimer. Se alega que la empresa Rápido El Carmen Ltda. vulneró derechos fundamentales del agenciado, al omitir su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Pensión, durante el tiempo que el actor se desempeñó como conductor de dicha compañía. Se reclama el reconocimiento y pago de la pensión sanción. Se reiteran reglas jurisprudenciales relativas a: 1º. La procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de un derecho pensional. 2º. La inmediatez como presupuesto fundamental de la procedencia de la acción de tutela. 3º. La existencia de un contrato de trabajo y el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades y, 4º. La obligación del empleador de realizar aportes pensionales o, en su defecto, de reconocer la pensión-sanción. Se DENIEGA el amparo solicitado por no estar acreditados todos los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para acceder al reconocimiento de la pensión sanción. Tras advertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el agenciado, la Sala hace un llamado a sus diez hijos para que, en virtud del principio de solidaridad, le brinden la especial protección que requiere.

T-411/16

PENSION GRACIA. NATURALEZA JURIDICA. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA QUE ORDENO PAGO DE PENSION GRACIA. Se aduce que la UGPP vulneró derechos fundamentales de la accionante, al abstenerse de dar cumplimiento a las órdenes proferidas mediante un fallo judicial en su contra, relacionadas con el pago de la pensión gracia post mortem, pues su cónyuge ya falleció, y la sustitución de la misma y pago a su favor, en calidad de cónyuge supérstite. La entidad se opuso a las pretensiones, alegando que el causante no generó derecho a la prestación por no cumplir con los requisitos de ley y, porque pagarla en esas circunstancias iría en contravía del principio de sostenibilidad financiera del sistema. Se aborda temática relacionada con la naturaleza jurídica de la pensión gracia, y la procedencia de la acción de tutela para ordenar el cumplimiento de las providencias judiciales cuando se está ante una posible vulneración de derechos fundamentales. Se confirma la decisión de instancia que concedió la protección solicitada. Se advierte, que es en casos excepcionales de falsedad o ausencia de documentación, en los cuales una persona obtiene indebidamente el reconocimiento y pago de una pensión gracia, y la Administración puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a efectos de pretender dejar sin efectos el respectivo acto de reconocimiento, y evitar que se configure un perjuicio grave al Sistema General de Seguridad Social. 

T-412/16

PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH-SIDA El accionante, portador del Virus de la Inmunodeficiencia Humana –VIH-, fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 60.30%. En virtud de ello, Colpensiones le reconoció la pensión de invalidez. Posteriormente, esta entidad le solicitó autorización para revocar el acto administrativo que le otorgó la prestación, argumentando que la misma debía ser reconocida por Protección S.A., en tanto para el momento de la estructuración se encontraba vinculado a ella. Se abordan los siguientes tópicos: 1º. El principio de subsidiariedad. 2º. Las personas en estado de debilidad manifiesta e indefensión como consecuencia del deterioro de su salud. 3º. El derecho a la pensión de invalidez y, 4º. Las cargas administrativas. Se CONCEDE el amparo solicitado. Se ordena a la accionada inaplicar lo dispuesto en la resolución que pretendía revocar la pensión de invalidez otorgada al peticionario, y continuar pagándola en la forma que se venía haciendo.

T-392/16

SUSTITUCION PENSIONAL. CONVIVENCIA COMO CRITERIO PARA ACCEDER A LA PENSION CUANDO SE ALEGA LA CALIDAD DE CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE DEL CAUSANTE. Se aduce que CASUR vulneró derechos fundamentales de la accionante al negarle el reconocimiento y pago de la sustitución pensional que reclamó, argumentando una duda sobre la veracidad de la convivencia por existir una decisión judicial que decretó la separación de cuerpos y la liquidación de la sociedad conyugal y porque se mantuvo el embargo de la mesada del pensionado por concepto de alimentos hasta el momento de su muerte. Se realiza un análisis jurisprudencial de temas relacionados con: 1º. La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. 2º. La sustitución pensional y su fundamento normativo en el régimen de Policía Nacional y 3º. La convivencia como criterio material indispensable para acceder a la sustitución pensional alegando la calidad de cónyuge o compañero permanente del o de la causante. La Corte no comparte los argumentos de la negativa de la entidad, toda vez que la actora no reclamó su derecho prestacional en calidad de cónyuge sino de compañera permanente, en virtud de la convivencia que sostuvo con el causante durante los 15 años anteriores a la fecha de su fallecimiento y posteriores al divorcio. Se CONCEDE de manera transitoria el amparo solicitado.

T-413/16

ACUMULACION DE TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS PARA DEVOLUCION DE SALDOS DE QUIENES PRESTARON EL SERVICIO MILITAR. Se pide al juez constitucional ordenar a Porvenir S.A. realizar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada por el actor, desde el momento en que perdió su capacidad laboral y teniendo en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio. Esta prestación había sido denegada bajo el supuesto incumplimiento del requisito de las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Se analiza temática relacionada con la pensión de invalidez y la obligación de acumular las semanas cotizadas durante la prestación del servicio militar, al tiempo cotizado en el Sistema General de Pensiones. La Sala verifica que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pero que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez. Se ordena a la accionada reconocer y pagar la devolución de saldos a la que tiene derecho el peticionario, teniendo en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 6 de 2016

(Actualizado a 30 de agosto de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-320/16

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. PRECEDENTE JUDICIAL. Se aduce que la empresa Sodexo S.A. vulneró derechos fundamentales por terminar de manera unilateral y bajo el argumento de una supuesta justa causa, el contrato de trabajo a término definido que había celebrado con la accionante, a pesar de encontrarse bajo tratamiento médico a raíz de un accidente de trabajo que sufrió durante su jornada laboral y que le produjo afectaciones en la columna vertebral. Se reitera jurisprudencia relacionada con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y la estabilidad laboral reforzada. Se CONCEDE el amparo solicitado. Se ordena a la demandada reintegrar a la peticionaria a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ejerció hasta el momento de su desvinculación, sin solución de continuidad, pagar los salarios y prestaciones sociales que legalmente correspondan y efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro. Igualmente, pagar la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en 180 días de salario.

T-296/16

DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON MULTIAFILIACION. Se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a un acto administrativo expedido por la Dirección General de Sanidad Militar, a través del cual se le notificó al actor su activación en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y se le solicitó su desafiliación a la E.P.S. Famisanar. Aduce el peticionario que esta situación puso en riesgo su vida y la de su esposa, pues son personas de la tercera edad, sujetas a tratamientos rigurosos y medicamentos costosos que podrían ser prestados o entregados de manera deficiente por las Fuerzas Militares. Igualmente argumentó, que se trasgrede su derecho a la libertad de escoger la E.P.S. donde quiere que le sea prestado el servicio de salud. Se reitera jurisprudencia constitucional relativa a la procedencia de la acción de tutela para reclamar la protección del derecho a la salud de las personas de la tercera edad. Así mismo se analiza el subsistema de seguridad social en salud de las Fuerzas Militares, la libertad de escogencia del régimen de salud, el régimen jurídico aplicable a la multiafiliación y la continuidad en la prestación del servicio de salud. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la E.P.S Famisanar continuar la prestación del servicio de salud al actor hasta que se asegure, previo trámite administrativo, que el servicio médico requerido sea asumido y prestado de manera efectiva e integral por el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 

T-295/16

ACCION DE TUTELA CONTRA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES. IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. PAGO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ FUE ELIMINADO POR NO CUMPLIR CON PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL. El actor padecía una enfermedad catastrófica y producto de ella le fue calificada una pérdida de capacidad laboral del 66.09%. Con base en dicha calificación le fue reconocida una pensión de invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia. Varios años después y luego de que le realizaran valoraciones médicas con diagnóstico favorable, se comenzó un proceso de recalificación del estado de invalidez en donde las Juntas Regional y Nacional determinaron una incapacidad del 38.89% por enfermedad común. Con este nuevo diagnóstico la aseguradora le informó que daría por terminada la obligación pensional que se tenía bajo el contrato de seguro de Renta Vitalicia, de acuerdo al artículo 70 de la Ley 100 de 1993. Con la acción de tutela se pretende que le reanuden el pago de la prestación y se afilie al actor al Sistema de Seguridad Social en Salud. Se reitera jurisprudencia relacionada con el principio de subsidiariedad en la acción de tutela y se analizan las particularidades del caso. La Corte concluye que la acción de tutela no es el mecanismo judicial procedente para la garantía de los derechos fundamentales del actor, toda vez que éste no se encuentra en un estado de vulnerabilidad manifiesta que le impida acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que se reactive el pago de la pensión de invalidez. Además, porque cotiza al régimen de seguridad social en pensiones, de manera que, al momento de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, podrá obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. IMPROCEDENTE

T-294/16

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN PROCESOS DE RECLUTAMIENTO E INCORPORACIÓN AL SERVICIO MILITAR. AUXILIAR DE POLICIA BACHILLER. El accionante se presentó ante la Policía Nacional, con el fin de prestar el servicio militar obligatorio. Aduce, que se presentó un error en el procedimiento de incorporación, en tanto fue vinculado como Auxiliar Regular y no como Auxiliar de Policía Bachiller, lo que le representa prestar el servicio durante más tiempo. Tras solicitar la respectiva corrección, le fue indicado que no era viable efectuar los cambios propuestos, en virtud de haber otorgado su consentimiento para prestar el servicio militar obligatorio en la categoría de Auxiliar de Policía. Se aborda la siguiente temática: 1º. El contexto normativo de la prestación del servicio militar obligatorio contenido en la Ley 48 de 1993 y el Decreto 2048 del mismo año. 2º. El debido proceso en los trámites de reclutamiento e incorporación al servicio militar y, 3º. El consentimiento informado en los procesos de reclutamiento e incorporación. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la demandada adelantar las respectivas actuaciones administrativas para modificar la modalidad en que fue incorporado el peticionario al servicio militar, incluyendo su desacuartelamiento inmediato, en caso de no haber ocurrido aún. Lo anterior, porque ya cumplió con el tiempo establecido en la modalidad de Auxiliar de Policía Bachiller.

T-292/16

DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR. HIJASTROS. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente alegan los actores que las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a la familia y a la seguridad social de los menores de edad que representan, al no permitir su acceso a determinados beneficios convencionales que otorgan a los hijos biológicos y adoptados de sus trabajadores, alegando que tienen la condición de hijos aportados. Se estudian los siguientes temas: 1º. La procedencia de la acción de tutela. 2º. La protección de la familia y el alcance del interés superior de los niños, niñas y adolescentes como principio orientador ante la presunta vulneración de un derecho fundamental. 3º. Precisiones sobre el derecho a la igualdad entre hijos, indistintamente de su forma de vinculación familiar y, 4º. La proscripción de la vulneración del derecho a la igualdad de las familias ensambladas y de los hijos aportados. En ambos casos se CONCEDE el amparo solicitado. 

T-124/15

 

 

 

 

 

 

DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. ACTIVIDAD DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. PERSPECTIVA DE GENERO. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente aducen los actores que la Unidad Nacional de Protección –UNP- violó sus derechos fundamentales, al negarse a brindar las medidas y esquemas especiales de seguridad que requieren con carácter urgente para precaver los distintos factores de riesgo a los que se han visto sometidos con ocasión de sus actividades sociales como líderes comunitarios. En un caso, la peticionaria es una mujer afrodescendiente y madre cabeza de familia que lidera una asociación dedicada a la protección y defensa de la identidad cultural y los derechos étnicos de comunidades negras. En el otro, el actor es un activista comunitario que a título individual y como representante de organizaciones sociales ha promovido la defensa y reconocimiento de los derechos humanos de campesinos, población desplazada y víctimas del conflicto armado interno por espacio de casi 30 años. Se aborda temática relacionada con: 1º. El alcance del derecho fundamental a la seguridad personal. 2º. La actividad de defensa de los derechos humanos y la condición de género como condicionantes de una especial protección constitucional. 3º. La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. 4º. La escala de riesgos y amenazas que permiten solicitar una protección especial por parte del Estado y, 5º. El procedimiento administrativo para la activación de la presunción constitucional de riesgo y el acceso a medidas de protección en favor de personas, grupos o comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo en razón de sus actividades públicas, sociales o humanitarias. En ambos casos se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos fundamentales tutelados.

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 5 de 2016

(Actualizado a 4 de agosto de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-281/16

PENSION DE SOBREVIVIENTES DE HIJOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. REQUISITOS. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad territorial accionada se atribuye a su negativa de conceder una sustitución pensional a la hermana de la demandante, sobre quien ejerce la condición de guardadora judicial. La agenciada presenta una condición de discapacidad por tener una enfermedad mental desde niña, está calificada con pérdida de capacidad laboral del 73.05%, no puede valerse por sí misma y dependía económicamente de sus padres. La prestación estaba en cabeza de la progenitora de la accionante, quien falleció, y ésta, a su vez, la había sustituido del cónyuge. Para la entidad, la sustitución pensional pretendida debió tramitarse de forma simultánea con la madre de la representada, porque al no hacerlo al momento del fallecimiento del causante, devino en que se desvirtuara el requisito de dependencia económica. Se reiteran las reglas jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción de tutela para garantizar el reconocimiento y pago de derechos pensionales y lo concerniente a los requisitos para conceder la pensión de sobrevivientes al hijo en situación de discapacidad. Se TUTELAN los derechos invocados y se ordena el reconocimiento y pago del 100% de la prestación reclamada. 

T-366/16

DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ. REQUISITOS EXIGIBLES A PERSONAS JOVENES. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente, se analizó el caso de personas que por diferentes afectaciones en su salud fueron calificados con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. A ellos les fue negada la pensión de invalidez que solicitaron, bajo el supuesto incumplimiento del requisito establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha en que se estructuró la invalidez. En uno de los asuntos, el peticionario tenía únicamente 25 años de edad al momento en que fue diagnosticado VIH positivo estado C-. En el otro, la actora sufrió una enfermedad cerebro vascular embolica a los 12 años, pero esto no fue impedimento para que con posterioridad se vinculara laboralmente y cotizara al Sistema, hasta que fue diagnosticada con otra enfermedad, ésta sí, de carácter catastrófico, la cual la dejó imposibilitada para continuar trabajando. Se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección. 2º. El derecho a la seguridad social, concepto, naturaleza y protección constitucional. 3º. Derecho a la pensión de invalidez y, 4º. Requisitos legalmente exigibles para la configuración de la precitada prestación a las personas jóvenes. Se CONCEDE el amparo solicitado en ambos casos, pero en uno de manera transitoria, y mientras se resuelven las pretensiones de la actora ante la justicia ordinaria.

T-213/16

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. Se atribuye a los Ministerios accionados al igual que al Congreso de la República la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades indígenas que representa la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), como consecuencia de haber dado trámite legislativo al Proyecto de Ley No 223/15 Cámara, por el cual se crean y desarrollan Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) y se adicionan los artículos 31 y 52 de la Ley 160 de 1994, sin antes haber adelantado el proceso de consulta previa que exige la Constitución y la ley. Se analiza temática relacionada con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la evolución jurisprudencial frente al ámbito de aplicación de este derecho fundamental. Como quiera que el proyecto acusado fue aprobado y éste se convirtió en la Ley 1776 de 2016, considera la Sala que dicha disposición respeta las garantías propias de las comunidades étnicas, al excluir la constitución de las Zidres en territorios indígenas y reconocer el derecho fundamental a la consulta previa que les asiste. En conclusión, se considera que no hay lugar a conceder el amparo solicitado, en tanto la afectación alegada es inexistente y la norma no genera una amenaza a las garantías de las comunidades indígenas, tribales o negras del país

T-347/16

ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR REINTEGRO LABORAL. IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. El actor ocupó varios cargos en un Juzgado de Descongestión que se creó con el fin de que operara mientras se mantuvieran las medidas tendientes a descongestionar la Rama Judicial. En ejercicio de sus funciones sufrió una accidente de trabajo y encontrándose en un período de incapacidad, se dieron por concluidas las medidas que originaron la creación del mencionado despacho judicial y, en consecuencia, finalizaron las vinculaciones de quienes allí laboraban. De manera posterior, dichas medidas se restablecieron y se nombraron nuevamente a todos los funcionarios del juzgado, con excepción del peticionario, quien aduce que, de acuerdo a sus condiciones particulares, era acreedor del derecho a la estabilidad laboral reforzada, entre otras cosas, por el hecho de estar diagnosticado con VIH positivo. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral y con el principio de subsidiariedad. El demandante ya se encuentra vinculado laboralmente, por lo que no hay afectación del mínimo vital. Se revocan los fallos de instancia que negaron el amparo solicitado y, en su lugar, se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

T-351/16

REGIMEN DE TRANSICION DE LA LEY 100/93. ALCANCE CONFORME AL ACTO LEGISLATIVO 01/05. Se aduce que Colpensiones comprometió derechos fundamentales del actor, una persona con cerca de 80 años de edad, cuando, a pesar de ser beneficiario del régimen de transición, le negó la pensión de jubilación y en su lugar le reconoció la indemnización sustitutiva, sin que hubiera solicitado esta prestación. Se analizan los requisitos de procedencia de la acción de tutela y se aborda temática relacionada con el régimen de transición de la ley 100 de 1993 y su alcance conforme al Acto Legislativo 01 de 2005. Igualmente, se hace una referencia a los principios de lealtad procesal y el deber de actuar con probidad, en el marco de cualquier procedimiento. En el trámite de la acción de tutela la accionada emitió un nuevo acto administrativo a través del cual le reconoció al actor la pensión de vejez vitalicia. Considera la Corte que la conducta de la entidad resulta reprochable, no solo por su incongruencia, sino por la falta al deber de lealtad en los procesos judicial y administrativo en los que actúo como parte. A pesar de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, se advierte a Colpensiones que en adelante debe abstenerse de incurrir en prácticas procesales desleales, pues retrasan la consecución de los derechos pensionales y pueden comprometer seriamente los derechos fundamentales de sus afiliados.

T-314/16

SERVICIO DE SALUD A EXTRANJEROS CON PERMANENCIA IRREGULAR EN EL PAIS. Se instaura la acción de tutela en contra del Fondo Financiero Distrital de Salud y la Secretaría de Planeación de Bogotá, por considerar que dichas entidades vulneraron el derecho fundamental a la salud, al negar al esposo de la actora la entrega de los medicamentos y tratamientos ordenados por el médico que lo atendió en urgencias, por su calidad de extranjero. Se pretende, que se suministren las medicinas y las terapias prescritas, que se le realice al agenciado una nueva encuesta del SISBEN para verificar su situación económica actual y modificar su puntaje. Se analizan los siguientes temas: 1º. La legitimación por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela. 2º. El principio de subsidiariedad y la protección del derecho fundamental a la salud a través de este amparo constitucional. 3º. El principio de cubrimiento universal y los deberes de las entidades territoriales en materia de salud y, 4º. La política migratoria del Estado Colombiano y el derecho a la salud de los extranjeros. La Sala concluye que no existió la vulneración alegada, en tanto las entidades demandadas garantizaron el cumplimiento de la obligación de prestar los servicios de salud básicos, lo que implica atención en urgencias y excluye la entrega de medicamentos y continuidad en los tratamientos. Igualmente, que tampoco incumplieron la obligación de iniciar el proceso de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que no pudieron realizarlo debido a que el peticionario no cuenta con un documento de identidad válido para tramitarlo, en tanto se encuentra en permanencia irregular en el país. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 4 de 2016

(Actualizado a junio 27 de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-143/16

DERECHO A LA IGUALDAD. PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR LA IDENTIDAD SEXUAL DEL INDIVIDUO. LA PRUEBA DE LA CONDUCTA DISCRIMINATORIA. La accionante se desempeñó durante 24 años como entrenadora de la Liga de Tenis de Antioquia, estando a cargo, durante los últimos 9 años, del entrenamiento de la categoría de menores. Ella se reconoce como una mujer con orientación sexual diversa y tal situación la hace pública en todos los aspectos relevantes de su vida, especialmente en los ámbitos laboral y profesional. A finales del año 2014 se vinculó sentimentalmente con una de las deportistas que entrenaba, pero luego de ser confrontada por la entidad respecto de la escogencia de continuar laborando o con la relación amorosa, optó por la primera y terminó la relación afectiva con la menor. La conducta a la que se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales es la terminación del vínculo laboral por una supuesta razón de discriminación por la orientación sexual de la demandante y a un incidente ocurrido en un campeonato nacional de tenis de mesa, en el cual compartió la habitación del hotel con la adolescentes antes referenciada, lo cual condujo que se implementaran medidas disciplinarias por la desatención de órdenes de la Liga. Se aborda la siguiente temática: 1º. La intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana frente a la identidad sexual del individuo. 2º. El derecho a la igualdad y la no discriminación por la identidad sexual y la prueba de la conducta discriminatoria. 3º. El derecho al debido proceso, el poder sancionatorio, la contratación entre particulares y los reglamentos de las organizaciones y, 4º. La protección del interés superior del menor. Luego de verificar la vulneración del derecho al debido proceso, en virtud de un trámite disciplinario que no se rigió por lo dispuesto en los Estatutos de la Liga demandada, ni el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, como tampoco por la Ley 49 de 1993, la Sala decide AMPARAR el mismo. La anterior decisión no cobijó las demás pretensiones de la accionante, puesto que no se encontró prueba de que la actuación disciplinaria irregular y la terminación del contrato de prestación de servicios, hubiesen estado fundamentados en un tratamiento discriminatorio por la orientación sexual de la peticionaria. 

T-199/16

CUOTA ALIMENTARIA QUE SE DEBEN POR LEY ENTRE CONYUGES EN LOS EVENTOS EN QUE FALTA EL DEUDOR DE LA OBLIGACION. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente se aduce que Colpensiones y la UGPP vulneraron derechos fundamentales de las accionantes, al negarles el reconocimiento y pago de la sustitución pensional que reclamaron, argumentando en su orden que no se probó la convivencia durante los últimos cinco años de vida del causante y; la supuesta convivencia simultánea con la compañera permanente. En el primer asunto se dejó de entregar a la peticionaria el 10% de la pensión mensual por alimentos que se le venía garantizando, mientras que en el segundo caso se desconoció el hecho de que la actora había sido favorecida en vida del pensionado con dicha prestación, tiene avanzada edad y se encuentra enferma. En este expediente se destaca la situación presentada con la compañera permanente, quien afirmó haber vivido con el pensionado por más de cuarenta años, ser una mujer sola y no tener propiedades ni otro medio de subsistencia. Se abordan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela. 2º. El derecho fundamental al mínimo vital. 3º. Aspectos generales de la sustitución pensional y, 4º. La vigencia de la cuota alimentaria que se debe por ley entre cónyuges en los eventos en que fallece el deudor de la obligación. En ambos casos se CONCEDE, de manera transitoria, el amparo solicitado. 

T-228/16

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR INFRINGIR JURISPRUDENCIA SENTADA POR CONSEJO DE ESTADO Y CORTE CONSTITUCIONAL. La acción de tutela se formula en contra de las decisiones judiciales adoptadas en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en contra del Departamento de Boyacá, a propósito de la reestructuración que se adelantó en dicho ente territorial, a través del cual, entre otras determinaciones, se suprimió el cargo de conductor que desempeñaba el accionante. Se alegan dos cargos: el primero, desconocimiento del precedente judicial establecido en la sentencia  T-153/15, y el segundo, la indebida valoración probatoria o defecto fáctico. Se reitera jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; el defecto por desconocimiento del precedente judicial y, los actos administrativos de comunicación de desvinculación del servicio público dentro de procesos de reestructuración como actuaciones enjuiciables. Se CONCEDE el amparo solicitado, se dejan sin efectos las sentencias impugnadas y se ordena al juez de la causa administrativa referenciada, proferir en primera instancia un nuevo pronunciamiento de fondo. 

T-246/16

INTERES SUPERIOR DEL MENOR FRENTE AL DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA. CASO EN EL QUE ES PROCEDENTE NEGAR QUE MENOR DE EDAD SEA TRASLADADA DE FORMA PERMANENTE A LA CARCEL DONDE ESTA LA PROGENITORA. La accionante se encuentra privada de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín. Solicita al juez constitucional proteger los derechos fundamentales que considera vulnerados por parte de las entidades demandadas, al negar el traslado permanente de su hija a la guardería de dicho lugar, hasta que la niña cumpla los tres años de edad, tal y como lo permite la Ley 65 de 1993. Se hace un análisis jurisprudencial de los siguientes temas: 1º. El interés superior prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el componente de prerrogativas básicas que les asiste a los menores. 2º. Los deberes legales de los padres respecto de los hijos y, 3º. El registro de seguridad realizado a los menores para el ingreso a un establecimiento carcelario a efecto de visitar a sus familiares. Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo solicitado. Pese a lo anterior se ordena al establecimiento penitenciario que, en adelante, cada vez que pretendan ingresar a la hija de la actora a dicho lugar, realicen los controles a que haya lugar, sin que los mismos resulten excesivos o traumáticos. 

T-282/16

ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA. OBLIGACION DE PROBAR NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA PREEXISTENCIA ALEGADA Y LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la Aseguradora y Banco accionados se atribuye, respectivamente en su orden, a la negativa de pagar la póliza correspondiente al contrato de seguro suscrito con la accionante y; al inicio de un proceso ejecutivo para hacer efectivo el cobro de las obligaciones crediticias adquiridas por ésta. La Aseguradora adujo que la actora omitió dar información completa de su estado de salud, particularmente, de una cirugía de columna lumbar que le fue practicada antes de firmar el contrato, lo cual configuraba una reticencia. Esto lo aseveró, a pesar de que la causa de la pérdida de capacidad laboral estaba relacionada con la ocurrencia de un Accidente Cerebro Vascular. El Banco por su parte argumentó, que el proceso ejecutivo se debió al incumplimiento de la peticionaria frente a las obligaciones adquiridas con la entidad financiera. Se aborda el análisis de los siguientes temas: 1º. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. 2º. Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, en virtud de las actuaciones desplegadas por las demandadas y, 3º. La obligación de las aseguradoras de probar el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro. Se CONCEDE la protección solicitada y se ordena a la Aseguradora efectuar el trámite necesario para pagar al Banco BBVA S.A. el saldo insoluto de las obligaciones crediticias adquiridas por la demandante. Se ordena comunicar esta decisión al juzgado que adelanta el proceso ejecutivo, para que suspenda el trámite del mismo y, para que una vez la seguradora cancele la deuda al banco, solicita a la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, la cancelación de la medida cautelar de embargo correspondiente. 

T-283/16

 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. PROTECCION A PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACION LGBTI. El actor es bisexual, víctima del conflicto armado y pertenece a la comunidad indígena Uitoto del Amazonas. Además, se encuentra recluido en la Cárcel La Modelo de Bogotá, sindicado por el delito de tentativa de homicidio en concurso con hurto calificado. Aduce que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados por el maltrato moral y psicológico que recibe de reclusos miembros de la comunidad LGBTI y de las autoridades del establecimiento carcelario, debido a su orientación sexual. Pese a declarar la carencia actual de objeto por presentarse un hecho superado por el traslado del actor al establecimiento penitenciario La Picota, se imparten una serie de órdenes como medidas preventivas. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 3 de 2016

(Actualizado a junio 10 de 2016)

 

SENTENCIA

TEMA

T-028/16

VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR FALTA DE RECONOCIMIENTO DE PRACTICA JURIDICA REALIZADA EN ENTIDAD NO RECONOCIDA NI HABILITADA POR LA LEY PARA RECIBIR PRACTICANTES DE CARRERA DE DERECHO. En cumplimiento de los requisitos formales para obtener el título de abogada, la accionante desarrolló la práctica jurídica ad honorem en la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) en el área de prevención del delito y fortalecimiento de la justicia. Luego de radicar ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Seccional de la Judicatura la solicitud para obtener el reconocimiento de dicha práctica, se expidió acto administrativo negando tal pretensión, argumentando que la labor de judicatura ad honorem solamente puede realizarse en entidades previamente autorizadas por la ley, dentro de las cuales no se encontraba aquella en la cual adelantó su práctica. Se aborda temática relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos y la jurisprudencia constitucional en materia de exigibilidad de la práctica jurídica como requisito para acceder al título de abogado. Se CONCEDE el amparo de los derechos a la educación y a la libertad de escogencia de profesión u oficio. 

T-029/16

PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN CIRCUNSTANCIAS DE ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR. El accionante, actuando como agente oficioso de su esposa, aduce que tanto la entidad empleadora como la E.P.S. demandadas vulneraron los derechos fundamentales de ésta, en su orden, por prescindir de sus servicios en un momento que era crítico pues se encontraba a la espera de un diagnóstico médico, en el que, a la postre, se le detectó un tumor cerebral y, por suspender los servicios asistenciales y el suministro de medicamentos que requería, luego de la cirugía a la que debió someterse por la patología que le fue determinada. Se aborda el análisis de los siguientes tópicos: 1º. La agencia oficiosa en materia de tutela. 2º. El alcance del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, según la jurisprudencia constitucional. 3º. La estabilidad laboral reforzada en circunstancias de enfermedad del trabajador. 4º. El principio de solidaridad y su aplicación por el juez de tutela y, 5º. La continuidad de la atención en salud. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo de los derechos al trabajo y a la salud y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de estos derechos. 

T-042/16

RETROACTIVOS GENERADOS DENTRO DE LA FIGURA JURIDICA DE LAS PENSIONES COMPARTIDAS. A los peticionarios les fue reconocida una pensión de jubilación por parte de Acerías Paz de Río. Posteriormente, el ISS les reconoció la pensión de vejez por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para tal efecto. Esta última prestación les fue concedida con el carácter de compartida junto con las pensiones de jubilación. Tiempo después, los accionantes solicitaron la reliquidación de sus mesadas pensionales y la prestación legal se reliquidó con la aplicación de normas más favorables. Los retroactivos resultantes de la reliquidación fueron girados a Acerías Paz del Río. La controversia ventilada en la acción de tutela gira en torno a determinar a quiénes pertenecen los dineros del retroactivo, puesto que, por un lado, los actores consideran que es a ellos y no a su antiguo empleador, porque éste no fue quien gestionó el trámite de reliquidación. Por el otro, la entidad manifiesta que tales dineros le corresponden, por ser la compensación del mayor pagado por la compañía a cada uno de los peticionarios en el régimen de las pensiones compartidas. Se aborda temática relacionada con la procedencia de la acción constitucional para el reconocimiento de derechos pensionales, específicamente para el pago de retroactivos generados dentro de la figura jurídica de las pensiones compartidas y; respecto al fenómeno de la compartibilidad en relación con las pensiones otorgadas por los empleadores con posterioridad al 17 de octubre de 1985. SE CONCEDE.

T-043/16

SUBSIDIOS A PENSION OTORGADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. VIOLACION AL DEBIDO PROCESO CUANDO NO SE NOTIFICA LA SUSPENSION. La accionante fue beneficiaria del programa de subsidios a pensión otorgados con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional de 1998 a 2013, cuando fue desvinculada del mismo por el Consorcio Colombia Mayor 2013, al cumplir las 750 semanas durante las cuales podía recibir dicha ayuda gubernamental. La peticionaria alega que no fue notificada en debida forma de que ya no recibiría el mencionado subsidio y aduce encontrarse en una situación de vulnerabilidad crítica, por no poder conseguir trabajo debido a una lesión física que le impide laborar y, por tener el deber de cuidar de su hijo discapacitado. Así mismo indica, que sólo si sigue recibiendo el subsidio podrá tener la posibilidad de acceder a una pensión mínima, que le servirá para garantizar sus derechos y los del hijo. Solicita la protección constitucional de sus derechos fundamentales, para que se le ordene a las accionadas que retomen el pago del subsidio precitado. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela en lo referente al requisito de inmediatez y, sobre el derecho fundamental al debido proceso administrativo. Se analiza temática relacionada con el régimen jurídico del programa de subsidios pensionales otorgados con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional y la excepción de inconstitucionalidad. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.

T-045/16

PENSION DE JUBILACION POR APORTES. REQUISITOS. REGIMEN DE TRANSICION. Se aduce que Colpensiones y la UGPP vulneraron derechos fundamentales del actor, al negarle la pensión de jubilación por aportes que considera tener derecho, por presentarse un supuesto conflicto de competencia administrativa entre ambas entidades, al estimar no haber sido el último fondo en el que cotizó los aportes. Se aborda la siguiente temática: 1º. El derecho a la seguridad social en pensiones. 2º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de un derecho pensional. 3º. El régimen de transición pensional consagrado en la Ley 100 de 1993 y, 4º. Principales regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993. La Sala concluye que el accionante es beneficiario del régimen de transición y que cumple con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes reclamada. Establece, que la UGPP es la obligada a reconocer y pagar esta prestación, mientras que a Colpensiones le corresponde trasladar los aportes realizados por el peticionario al ISS, en el período comprendido entre diciembre de 1976 y agosto de 1984. Se TUTELAN los derechos al mínimo vital y a la seguridad social.

T-049/16

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. La conducta que se considera trasgresora de derechos fundamentales por parte de la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías (Meta), es la negativa a la petición formulada por los accionantes respecto al ingreso e instalación de un televisor y un ventilador en cada una de las celdas y dormitorios de la cárcel, en la cual se encuentran recluidos. La entidad argumentó que dichos electrodomésticos eran elementos de prohibida tenencia en el interior de las celdas, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de régimen interno. Se analiza temática relacionada con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación de especial sujeción con el Estado. Igualmente, la referente a la obligación a cargo del Estado de garantizar que estas personas cuenten con todas las condiciones que permitan una subsistencia en condiciones dignas. Se NIEGA la tutela en cuanto a lo que se refiere a la solicitud de ingreso de un televisor y un ventilador a cada celda del establecimiento penitenciario, pero se CONCEDE, de manera preventiva, la protección de amenaza del derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. En este aspecto, se ordena a las accionadas verificar los ambientes en los que se encuentran los reclusos en cada una de las celdas del penal, de manera que se acredite que resultan suficientes para garantizar la ventilación adecuada, de acuerdo al tamaño de las mismas y el número de internos recluidos en ellas. 

T-057/16

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE DE TRABAJO. Se atribuye a la empresa Productos Ramo S.A. la vulneración de derechos fundamentales, al terminar de manera unilateral y sin justa causa el contrato del actor, a pesar de estar en curso un proceso para determinar el origen de sus patologías y la realización de la valoración de su pérdida de capacidad laboral sobre dichas enfermedades. Se analizan los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la seguridad social. 2º. El derecho a la estabilidad laboral reforzada. 3º. El derecho fundamental a la asociación sindical. 4º. El fuero sindical y el fuero circunstancial y, 5º. La terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo por parte del empleador. Se CONCEDE el amparo solicitado como mecanismo transitorio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 2 de 2016

(Actualizado a Mayo 24)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-060/16

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. VULNERACION DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE UGPP PARA VERIFICAR SI HAY ABUSO DEL DERECHO DE RELIQUIDACION PENSIONAL A FUNCIONARIOS CON FUNDAMENTO EN VINCULACIONES PRECARIAS. La vulneración de derechos fundamentales se predica respecto de un fallo judicial que reconoció una reliquidación sin topes pensionales de la mesada pensional de una persona beneficiaria del régimen de transición previsto para los funcionarios de la Rama Judicial en el Decreto 546 de 1971. Se aduce, que dicha providencia trasgrede el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional. Se solicita al juez constitucional dejar sin efectos la precitada sentencia y ordenar el reintegro de las mayores sumas consignadas al pensionado, producto del abuso del derecho, al duplicarse su mesada al haber fungido por un lapso muy breve como magistrado del Consejo de Estado. Se aborda temática relacionada con los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se reitera jurisprudencia sobre los fallos extra y ultra petita en el trámite de tutela. La Sala concluye, que se vulnera el acceso efectivo de la administración de justicia de una entidad que administra recursos públicos en pensiones, cuando no existen medios legales efectivos e idóneos para solicitar la defensa jurídica del patrimonio público que se ve afectado por interpretaciones judiciales, declaradas por el máximo tribunal en lo constitucional como contrarias a los principios que rigen la Seguridad Social en Pensiones, en especial, en los casos de abuso del derecho. Igualmente, considera pertinente que el juez de la jurisdicción contencioso administrativa verifique en el seno de un proceso judicial, con el respeto del debido proceso, si en el caso concreto se cumplen las condiciones de abuso del derecho por vinculaciones precarias enunciadas en la sentencia  C-258/13. Se CONCEDE el amparo solicitado.

T-164/16

PENSION DE SOBREVIVIENTES O SUSTITUCION PENSIONAL. CONFLICTO ENTRE ESPOSA Y COMPAÑERA PERMANENTE. Se atribuye a la UGPP y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, la vulneración de derechos fundamentales. En el primer caso, por negar y suspender el reconocimiento y pago de la sustitución pensional reclamada por la actora en calidad de cónyuge supérstite, argumentando que la controversia existente entre beneficiarias del derecho pensional implicaba la suspensión del mismo, hasta que la jurisdicción ordinaria dirimiera lo concerniente. En el otro asunto, al negar la sustitución de la asignación de retiro solicitada también por la cónyuge sobreviviente y ordenar su reconocimiento y pago a la compañera permanente, bajo el supuesto incumplimiento de la actora de los requisitos establecidos en el Decreto 4433 de 204. Se aborda el análisis de la siguiente temática: 1º. Jurisprudencia constitucional relativa a la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional. 2º. Alcance y contenido del derecho fundamental a la seguridad social y el régimen jurídico de la precitada prestación. 3º. La sustitución pensional en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la sustitución de la asignación de retiro en el régimen de la Fuerza Pública. En ambos casos se CONCEDE la tutela como mecanismo transitorio.

T-124/16

DERECHO A LA SALUD. EXIGIBILIDAD DE SERVICIOS INCLUIDOS Y NO INCLUIDOS EN EL POS. El accionante indica que la Clínica Somer le informó que debía asumir un costo cercano a los 44 millones de pesos por un medicamento que le suministró durante una crisis miasténica que padeció. Aduce que la E.PS Salud Total se niega asumir dicho valor y que corre el riesgo de sufrir una nueva crisis de salud. La EPS argumentó que el peticionario se encontraba desafiliado y que sometió al Comité Técnico Científico su solicitud de entrega de la medicina, pero que la misma fue rechazada por cuanto el medicamento no coincidía con las autorizadas por el INVIMA para atender su patología. Se analiza temática relacionada con el derecho fundamental a la Salud; la exigibilidad de servicios incluidos y no incluidos en el POS y el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud. A pesar de confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado, se hacen unas advertencias puntuales a las accionadas. 

T-176/16

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pretende que sean amparados los derechos fundamentales que considera vulnerados, a raíz de sentencias proferidas al interior de una acción popular instaurada en su contra por el supuesto desconocimiento de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y de acceso y prestación eficiente y oportuna de servicios públicos, como consecuencia de haber expedido un acuerdo mediante el cual se determinó el rendimiento esperado o la capacidad máxima de respuesta para los despachos judiciales del tercer nivel. Aduce la demandante, que los jueces dictaron decisiones incongruentes, inaplicaron un acto administrativo de carácter general sin tener competencia para hacerlo y, profirieron órdenes que desconocieron su autonomía. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. 2º. Requisitos generales de dicha procedencia. 3º. Funciones de la Sala Administrativa del CSJ. 4º. La naturaleza y el marco normativo de la acción popular y, 5º. Límites a las facultades ultra y extra petita del juez popular. Para la Sala, las decisiones judiciales reprochadas incurrieron en un defecto fáctico, desconocieron el precedente del Consejo de Estado y se profirieron carentes de motivación. Se CONCEDE

T-167/16

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y HABEAS DATA DE POBLACION DESPLAZADA. VULNERACION POR NO INCLUIR AL ACCIONANTE EN BASE DE DATOS PARA OTORGAR SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. Las conductas que se consideran trasgresoras de derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas, son la omisión de dar respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud elevada por el actor referente a su aspiración de ser beneficiario de un subsidio de vivienda para población desplazada y, la de proveerle una solución de vivienda digna que tenga en cuenta su situación de especial protección constitucional, por ser adulto mayor, víctima de violencia sexual, desplazamiento forzado y presentar condiciones graves de salud en virtud de su diagnóstico de VIH. Se reitera jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para el amparo de los derechos fundamentales de la población desplazada y sobre el derecho a la vivienda digna para este grupo poblacional. Igualmente, se analiza temática referente al alcance del derecho de petición, el habeas data y el principio de incorporación del dato. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados. 

T-073/16

 

IGUALDAD DE TRATO EN MATERIA TRIBUTARIA DE LAS DIFERENTES IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS. La Pastora General de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central de Bucaramanga solicitó a la accionada, mediante derecho de petición, la exoneración en el pago del impuesto a la sobretasa ambiental, con base en la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia  T-621/14, mediante la cual exoneró a otra iglesia cristina del pago del mencionado impuesto, al considerar que no existía una regulación que garantizara la igualdad de trato entre las iglesias y confesiones religiosas. La demandada negó la pretensión y adujo que dicha franquicia fue legalmente otorgada a la iglesia católica y que no tenía competencia para crear exenciones tributarias. Igualmente aseveró, que la mencionada sentencia sólo aplicaba al caso concreto, es decir, para la Iglesia Cristiana Ministerios el Dios Altísimo. Se reitera jurisprudencia en torno a: 1º. Los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en cuanto a la temeridad. 2º. La igualdad de trato en materia tributaria de las distintas iglesias y confesiones religiosas y, 3º. La regla judicial presentada en la Sentencia  T-621/14. Se confirma la decisión de instancia que tuteló el derecho fundamental a la igualdad de trato en materia tributaria de la iglesia tutelante.

T-008/16

ACCESO A LA EDUCACION DE MENORES DE EDAD. ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION. En tres acciones de tutela presentadas de manera independiente, se aduce que las entidades accionadas vulneran derechos fundamentales de menores de edad, al negarse a matricularlos para cursar bachillerato en el sistema de aprendizaje tutorial para adultos de áreas rurales por no tener mínimo quince años de edad, y, al no proveerles el transporte que requieren para desplazarse desde el sector veredal donde viven hasta la cabecera municipal donde existe la institución que brinda la formación secundaria, la cual queda a una distancia aproximada de cuatro horas de camino de sus viviendas. Se aborda la siguiente temática: 1º. La prevalencia de la protección constitucional de los niños, niñas y adolescentes y la garantía del derecho a la educación. 2º. La accesibilidad y adaptabilidad como componentes estructurales de este derecho. 3º. El marco normativo de la educación para adultos. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. 

T-039/16

DERECHO A LA INTIMIDAD FRENTE AL DERECHO A LA EDUCACION. VULNERACION POR COLEGIO AL EXIGIR A ESTUDIANTE REALIZAR EXAMENES DE TOXICOLOGIA El asunto objeto de estudio está relacionado con la supuesta trasgresión de derechos fundamentales por parte de una institución educativa que dispuso el cambio de jornada al accionante, con fundamento en el rendimiento académico y en el hecho de haber alcanzado su mayoría de edad. Igualmente, por exigir la práctica de una prueba toxicológica a sus estudiantes. Se aduce que el cambio de jornada implicó una mayor afectación al actor, en virtud de que previamente había sido amenazado a través de redes sociales. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la educación, en especial, su faceta de permanencia en el sistema educativo y sobre los derechos al buen nombre, a la intimidad y a la seguridad personal. La Sala no encontró vulnerado el derecho a la educación del actor pero sí el de la intimidad, en cuanto se le exigió de manera obligatoria la realización de exámenes de toxicología, bajo la amenaza de no poder asistir a clases. Se TUTELA el precitado derecho

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 1 de 2016

(Actualizado a marzo 7 de 2016)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-564/15

APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES. Se atribuye a la entidad territorial accionada la vulneración de derechos fundamentales de la accionante, en tanto se negó a reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes, argumentando que la normatividad aplicable para la época del fallecimiento, esto es marzo de 1988, únicamente preveía la figura de la sustitución pensional cuando el afiliado acreditara más de veinte años de servicios prestados a la entidad y, para el caso concreto, el causante sólo cotizó un poco más de diecisiete años. La demandante se encuentra en el Registro Único de víctimas. Se realiza un análisis de la jurisprudencia de la Corporación en torno a: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección. 2º. El derecho a la seguridad social, concepto, naturaleza y protección constitucional. 3º. Efectos que puede tener el ordenamiento jurídico en el tiempo y, 4º. El derecho a la pensión de sobrevivientes y su aplicación a situaciones surtidas antes de la entrada en vigencia. Se CONCEDE el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas. Consecuentemente, se ordena a la entidad que, como producto de una aplicación retrospectiva del ordenamiento superior vigente y del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 a la situación de la actora, reconozca y pague la prestación reclamada desde el momento de entrada en vigencia de la precitada ley, sin perjuicio de la aplicación de la prescripción trienal que tiene lugar para este tipo de derechos. 

T-685/15

RECLUSION DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDIGENAS. CRITERIOS PARA LA SELECCION DEL LUGAR DONDE SE CUMPLIRA LA PENA. Dentro de los trámites legales adelantados para dirimir un conflicto de competencia suscitado entre el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento y la Fiscalía General de la Nación, éste se resolvió en favor de la jurisdicción ordinaria. El proceso penal culminó y los accionantes fueron condenados a una pena de prisión de seis años y una multa de 2000 SMLMV por el delito de concierto para delinquir, por asociación con las autodefensas ilegales del bloque “Héroes de Montes de María”. En varias oportunidades los actores solicitaron la libertad sobre la base que les fuera contabilizado como parte de la pena, el tiempo que habrían permanecido en el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión”, a la espera de la sentencia que emitirían los jueces penales. Estas peticiones fueron denegadas y por ello, se interpuso la acción de tutela. El análisis jurídico de la Sala de Revisión se centró en determinar si las medidas de detención preventiva y la pena privativa de la libertad impuestas por la jurisdicción ordinaria, podían ser cumplidas en establecimientos de reclusión indígenas que no habían sido reconocidos como tales por el INPEC. La Corte Constitucional no accedió a las pretensiones de los accionantes en el sentido de tener en cuenta el tiempo que voluntariamente, sin orden judicial que así lo determinara, estuvieron recluidos en el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión” del resguardo de San Andrés de Sotavento. En consecuencia procedió a revocar el fallo de tutela proferido el 05 de marzo de 2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú – Córdoba que concedió el amparo, y a dejar sin efectos las decisiones judiciales que se profirieron en cumplimiento de la orden de tutela. Igualmente, ordenó compulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que adelantara la investigación pertinente con relación a la actuación del Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú – Córdoba. Término de remisión del expediente a la Corte Constitucional para su eventual remisión.

T-467/15

SUSTITUCION PENSIONAL. CUOTA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PERSONA EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA. Solicita protección por cuanto se le negó la sustitución parcial de asignación de retiro bajo el argumento que no tenía derecho por haber sido disuelta la sociedad conyugal con el causante, sin tener en cuenta que la porción que reclama corresponde a obligación de cuota alimentaria a su favor que el causante reconoció en testamento originado en acuerdo conciliatorio en proceso de divorcio. Temas a tratar: Agencia oficiosa en la acción de tutela, Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener reconocimiento de la sustitución pensional y cuota de alimentos a favor de sujetos de especial protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad manifiesta, Sustitución de la asignación mensual de retiro, Vigencia de la cuota alimentaria que se deben por ley entre cónyuges y cónyuges divorciados en eventos en que fallece alimentante o deudor de la obligación, Aplicación del principio de cautela por ser persona de la tercera edad. Se desconoció derecho al pago de cuota de alimentos con cargo a la pensión de asignación de retiro, sustituida a la compañera. Vulneración del mínimo vital de la demandante. Se ordena deducción del porcentaje de pensión de asignación mensual de retiro por concepto de cuota alimentaria.

T-004/16

DERECHO A LA EDUCACION Y SERVICIO MILITAR. APLAZAMIENTO HASTA MAYORIA DE EDAD Y CUANDO SE ENCUENTRA ESTUDIANDO. La accionante interpone la acción de tutela en representación de un hijo mayor de edad que fue reclutado por el Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio, sin tener en consideración que cursaba el grado once en un instituto pedagógico y, que trabajaba en la noche en un supermercado para ayudar económicamente a su núcleo familiar. Se reitera jurisprudencia relacionada con la agencia oficiosa en el ejercicio de la acción de tutela por padres de familia cuando su hijo presta el servicio militar, y respecto a las causales de exención y aplazamiento a la prestación del servicio militar obligatorio en Colombia. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la integridad física y a la educación del joven agenciado. Se ordena la desincorporación del agenciado, lo cual no lo exime, para que una vez finalizados sus estudios, continúe con el deber de prestar el servicio militar obligatorio por el tiempo que le llegare a hacer falta.

T-010/16

DERECHO A LA SALUD MENTAL. ATENCION ESPECIAL RESPECTO DE PERSONAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA O DROGADICCION La vulneración de derechos fundamentales por parte de las entidades demandadas se atribuye a la negativa de autorizar la internación del hijo del actor en una unidad de salud mental, a pesar de haber sido ordenada por el médico tratante para el manejo de la enfermedad diagnosticada como esquizofrenia asociada a antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Se reiteran reglas jurisprudenciales relativas a la garantía del derecho fundamental a la salud psíquica y mental y la atención especial respecto de personas que presentan problemas de farmacodependencia o drogadicción. Se CONCEDE la tutela al derecho a la salud. 

T-023/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE TUTELA PARA GARANTIZAR DERECHOS DE POBLACION DESMOVILIZADA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY. DEBIDO PROCESO EN CANCELACION DE CEDULA POR MULTIPLE CEDULACION. El accionante perteneció al grupo insurgente FARC--EP y en la actualidad se encuentra desmovilizado y en proceso de reintegración a la sociedad. Considera que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulnera sus derechos fundamentales, al no resolver de fondo las reiteradas solicitudes de cancelación de una cédula de ciudadanía que no usa, ni posee, porque los datos allí consignados no corresponden a su identidad real porque fue tramitada y expedida cuando pertenecía al grupo guerrillero y con base en un registro civil de nacimiento falso. Igualmente aduce, que sus derechos están siendo trasgredidos por la misma entidad, en tanto no le ha hecho entrega del nuevo documento de identificación, el cual tramitó con datos verdaderos. Se aborda la siguiente temática: 1. Reglas jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción de tutela para garantizar los derechos fundamentales de la población desmovilizada de grupos al margen de la ley. 2º. El derecho a la personalidad jurídica y la importancia del nombre, estado civil de las personas, registro civil y de la cédula de ciudadanía en su ejercicio y, 3º. El respeto al debido proceso en casos de cancelación de cédula por múltiple cedulación. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la personalidad jurídica. Se ordena a la entidad adelantar un procedimiento para revisar la decisión de suspender el trámite de expedición de la nueva cédula de ciudadanía del actor, así como para resolver su solicitud de cancelar la que le fue concedida previamente. Se imparten otra serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 10 de 2015

(Actualizado a diciembre 14 de 2015)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-454/15

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCESO DISCIPLINARIO. Jueza y magistrados solicitan se decrete prescripción de acción disciplinaria y revocar sanción disciplinaria, Nulidad sentencia de destitución y nulidad de proceso sancionatorio. Temas a tratar: Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, Defecto procedimental, Defecto sustantivo por interpretación irrazonable, Defecto por desconocimiento del precedente horizontal, Defecto fáctico, Improcedencia de la acción de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, Configuración de actuación temeraria. Negadas e improcedente. Abstención de declarar temeridad en interposición de acciones de tutela

T-455/15

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN MATERIA DE SALUD. CASO EN QUE AGENCIADO SUFRIO ACCIDENTE Y NO SE ENCONTRABA AFILIADO A E.P.S. Se analiza si la E.P.S. accionada vulneró derechos fundamentales de una persona de avanzada edad, al no cubrir los gastos de los dos primeros días que estuvo en la Sala de Urgencias de la Clínica de la Universidad de la Sabana, aduciendo que previamente su hijo lo había desafiliado voluntariamente del Sistema de Salud. Existencia de pagaré. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la salud y el componente de accesibilidad; el principio de solidaridad y el deber de información y acompañamiento a cargo de las E.P.S. Se confirma la decisión de instancia que amparó los derechos del agenciado a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social. Reembolso de gastos médicos.

T-460/15

DERECHO A LA SALUD ORAL. CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DE ARTICULACION MANDIBULAR Y TRATAMIENTO. Solicita cirugía reconstructiva de articulación mandibular prescrita por médico tratante no adscrito al servicio de salud del SENA y cubrimiento integral de servicios médicos incluido desplazamientos a Bogotá y de acompañante. Temas a tratar: Goce efectivo del derecho a la salud, Entidad encargada de garantizar el derecho a la salud sólo puede desconocer concepto de médico reconocido no adscrito a su red de prestadores cuando su posición se funda en razones médicas especializadas, Discrepancia de conceptos médicos según artículo 16 de la Ley 1751 de 2015. Controversias sobre diagnósticos y/o alternativas terapéuticas serán dirimidas por juntas médicas de prestadores de servicios de salud o por juntas médicas de la red de prestadores de servicios de salud según ley estatutaria de la salud. Se ordena convocar junta médica para determinar pertinencia y necesidad de cirugía reconstructiva de articulación temporo mandibular y en caso de consentimiento informado garantizar servicios médicos y tratamiento integral.

T-462/15

DESPIDO DE TRABAJADOR POR DISCRIMINACION. VULNERACION A LA LIBERTAD DE CULTOS DE EMPLEADO DE EMBAJAD. Trabajador alega despido relacionado con acto discriminatorio por razón de creencias, tradiciones e identidad cultural. Temas a tratar: Principio de soberanía territorial de los Estados, Inmunidad del cuerpo diplomático frente a jurisdicción de Estados receptores en la Convención de Viena, Precariedad de las fuentes de Derecho Internacional en materia de inmunidad de jurisdicción, Procedibilidad de la acción de tutela, Legitimidad por activa y pasiva, Principio de inmediatez, Limitación del principio de autonomía de la voluntad privada y facultad de despedido injustificado por empleador, libertad de empresa por conflicto de derechos y garantías, facultad del empleador para llevar procesos disciplinarios en contra de trabajadores y dar por terminado contrato de trabajo sin justa causa siempre y cuando pague la indemnización, derechos del trabajador aunque empleador pague la indemnización correspondiente, Debido proceso en materia disciplinaria, Responsabilidad por actos de acoso laboral. Se declara la ineficacia de la terminación del vínculo laboral y ordena vincular a cargo de igual o similar condición al desempeñando al momento de la terminación del contrato laboral.

T-629/15

PENSION DE INVALIDEZ PARA PERSONA JOVEN. REQUISITOS. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a decisiones administrativas y judiciales que le denegaron al actor el reconocimiento de su condición de titular de una pensión de invalidez, sobre el supuesto de no reunir 50 semanas de aportes antes del momento en que perdió su capacidad laboral de forma permanente y definitiva, ni 26 semanas dentro del año anterior a esa fecha. Se analizan los siguientes temas: 1º. Criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto sustantivo como causal de procedencia y la interpretación irrazonable como causa del mismo defecto. 3º. El requisito de cotizaciones como condición de acceso a la pensión de invalidez. Su valoración en casos difíciles como cuando el afiliado no cumple a cabalidad con dicho requisito, pero está muy próximo a satisfacerlo y, 4º. La pensión de invalidez para persona joven. Titularidad y condiciones para su reconocimiento. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo vital. 

T-426/15

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCEDENCIA POR VULNERAR DERECHOS AL NO RECONOCER PRESTACIONES LABORALES POR NO TENER EN CUENTA CONTRATO REALIDAD DEL ACCIONANTE. Se alega que las autoridades judiciales demandadas vulneraron derechos fundamentales del actor, cuando ignoraron en la resolución de un proceso ordinario, las pruebas que acreditaban un vínculo laboral entre él y la empresa demandada. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analiza temática relacionada con las formas de vinculación laboral y el principio del contrato realidad en la administración pública. Se PROTEGEN los derechos al debido proceso y a la igualdad, se deja sin efectos el fallo cuestionado y se ordena a la autoridad judicial demandada expedir uno nuevo.

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 9 de 2015

(Actualizado a noviembre 9 de 2015)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-523/15

DEVOLUCION SALDOS DE PENSION DE SOBREVIVIENTES. NO REQUIERE JUICIO DE SUCESION. Solicita devolución aportes realizados por compañero permanente al sistema de seguridad social en pensiones al no entregar a beneficiarios cotizaciones efectuadas por afiliado que fallece y que no cumplió con requisitos para causar pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que requiere escritura pública o sentencia de juicio de sucesión del causante. Temas a tratar: Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar reconocimiento de indemnización sustitutiva y devolución de saldos, Derecho a devolución de aportes pensionales. Se ordena pago en efectivo de devolución de saldos de pensión de sobreviviente a la accionante e hijos menores.

T-515/15

DERECHO DE PETICION PARA DEFINIR SITUACION MILITAR. VULNERACION POR NO DAR RESPUESTA DE FONDO RESPECTO A DILIGENCIAR DE MANERA PERSONAL Y NO POR PAGINA WEB. Por no presentar su libreta militar en una actividad de reclutamiento, el actor fue conducido a las instalaciones del Distrito Militar demandado, donde le practicaron los exámenes de aptitud psicofísica. En esta oportunidad él manifestó que era portador del VIH y se determinó su inhabilidad para prestar el servicio militar. En razón a lo anterior, le indicaron que debía ingresar a una página web para registrarse y poder adelantar los trámites necesarios para definir su situación. La acción de tutela se incoa por la presunta vulneración de derechos fundamentales, con ocasión de la conducta omisiva de las autoridades demandadas frente a la imposibilidad del demandante para adelantar los trámites mencionados mediante el aplicativo web dispuesto para ello. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela en actuaciones relacionadas con la definición de la situación militar. 2º. El deber de prestar el servicio militar. Fundamentos constitucionales y legales y, 3º. El derecho de petición, el derecho al debido proceso y su relación con el derecho al trabajo. Dentro de las conclusiones a las que llegó la Corte se destaca la referente a que la incorporación de herramientas tecnológicas para adelantar los trámites tendientes a definir la situación militar es válida, siempre que no se pierda de vista el fin que se persigue y cuando tales cambios contribuyan a realizar los principios de publicidad, eficacia y economía establecidos como marco de la función administrativa.

T-503/15

REINTEGRO DE PREPENSIONADO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. Solicita renovación contrato de trabajo hasta recibir primera mesada pensional por terminación faltándole menos de un año y cumplir requisitos para adquirir derecho a la pensión de vejez. Procedibilidad de la acción de tutela en asuntos de naturaleza laboral, Contratos laborales en las empresas de servicios temporales, Principio de estabilidad en el empleo, Principio de la primacía de la realidad sobre las formas, Principio de solidaridad. Se ordena como mecanismo transitorio reintegro a cargo que ocupaba donde pueda seguir cotizando al sistema general en pensiones y se advierte al accionante que dispone de un término máximo de cuatro meses para presentar demanda ante jurisdicción ordinaria laboral a fin de determinar tipo de contrato que debe regir la relación laboral. Llamado a prevención para dar estricto cumplimiento a normativa constitucional y legal que regula derecho al trabajo y contratación con empresas de servicios temporales para no desconocer derechos laborales y prestacionales de trabajadores

T-628/15

DERECHO AL SUBSIDIO DE VIVIENDA DE PERSONA DESPLAZADA. VULNERACION DE FONVIVIENDA AL EXCLUIR POSTULACION POR CAUSAL DIFERENTE A DECRETO 1921 DE 2012. La accionante es desplazada por la violencia y se encuentra inscrita en el Registro Único para Población Desplazada junto con sus cuatro hijos y su esposo. En el año 2007 se presentó para la convocatoria del subsidio familiar de vivienda de interés social para población en situación de desplazamiento y siete años después le informaron que había sido favorecida con el subsidio y que para postularse debía asistir con las personas que figuraban en la solicitud inicial. En este momento ella puso de presente que ésta exigencia era imposible de cumplir, porque su esposo se había separado voluntariamente del núcleo familiar. La acción de tutela es interpuesta luego de que las entidades negaron la solicitud de modificar la conformación del grupo familiar de la actora, para poder continuar con el trámite de entrega del subsidio de vivienda. Se aborda la siguiente temática: 1º. Alcance del principio de subsidiariedad en relación con la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada. 2º. El derecho a la vivienda digna respecto de dicha población. Alcance y contenido 3º. Evolución normativa en materia de subsidios de vivienda de interés social y el procedimiento para su asignación y, 4º. El derecho fundamental al debido proceso administrativo. Se CONCEDE el amparo a los derechos a la vivienda digna, al debido proceso administrativo y a conformar libremente una familia.

T-544/15

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCEDENCIA POR VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO POR AUSENCIA DE DEFENSA TECNICA EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la negativa de los despachos judiciales accionados de suspender la diligencia de remate del bien inmueble objeto del proceso ejecutivo con título hipotecario y dar por terminado el proceso por pago total de la obligación, aun cuando no se contó con defensa técnica en el curso del mencionado proceso. Se aborda la siguiente temática: 1º. La vulneración del debido proceso por ausencia de defensa técnica. 2º. El defecto procedimental como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales. 3º. El amparo de pobreza y, 4º. El defecto fáctico. La Corte considera que las decisiones judiciales atacadas incurrieron en una vía de hecho por defecto procedimental, al omitir cumplir los principios mínimos del debido proceso señalados en la Constitución, principalmente, en los artículos 29 y 229, puesto que, a pesar de haber concedido el amparo de pobreza, los abogados designados para la defensa del accionante no intervinieron oportunamente en el proceso, al prescindirse por parte del defensor de oficio, la realización de actos de contradicción, solicitud probatoria, alegación e impugnación en el trámite del proceso ejecutivo con título hipotecario. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia. Entre otras disposiciones, se destaca la orden impartida a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o a quien haga sus veces, para que prosiga con las investigaciones pertinentes sobre la conducta asumida por los defensores de oficio.

T-591/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. VULNERACION POR NEGATIVA DE BENEFICIO ECONOMICO PARA INGRESAR A LA EDUCACION SUPERIOR. La vulneración de derechos por parte de las entidades accionadas se atribuye a la negativa de reconocer el crédito educativo denominado “Plan Excelencia” que ofrece el Fondo de Fomento Educativo “Jenaro Díaz Jordán”, para adelantar estudios superiores. La negativa se fundamentó en el hecho de que la beneficiaria no manifestó por escrito, en un término perentorio, la aceptación del mismo. Se reitera jurisprudencia sobre el alcance del derecho al debido proceso administrativo y se analiza el caso en concreto. La Sala concluye que, se vulnera el derecho fundamental al debido proceso administrativo, cuando las instituciones educativas y las entidades encargadas de reconocer créditos especiales para educación, omiten informar, de manera clara, precisa y completa, a los estudiantes, padres y/o acompañantes, los procedimientos y requisitos exigidos para acceder a dichos beneficios. Se CONCEDE.

T-554/15

PENSION ESPECIAL DE VEJEZ EN EL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada se atribuye a la negativa del reconocimiento de la pensión especial de vejez prevista en el inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, bajo el argumento de que este beneficio sólo es aplicable a las personas que se encuentran afiliadas al régimen de prima media y no, como en su caso, al de ahorro individual. Se hace una referencia al tema de la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas y se precisan los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez. La Corte concluye que la entidad demandada vulneró los derechos a la igualdad y a la seguridad social de la accionante y de su hija en situación de discapacidad, toda vez que, mediante sentencia  C-758/14 se estableció que la pensión especial de vejez es aplicable a la madre o al padre que se encuentre bajo las condiciones establecidas en la norma legal, siempre y cuando hayan cotizado al Sistema General de Pensiones, independientemente del régimen al que se encuentren afiliados. Se TUTELAN los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social de la actora, así como los de la salud y la vida digna de su hija. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 8 de 2015

(Actualizado a noviembre 3 de 2015)

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-421/15

DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD. SOLICITUD DE TRATAMIENTO MEDICO INTEGRAL A PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y DIABETES. INSTRUCTIVO A E.P.S. SOBRE TRATAMIENTO INTEGRAL DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA El actor considera que Coomeva E.P.S. vulneró su derecho fundamental de petición al abstenerse de dar respuesta a la solicitud que elevó en noviembre del 2014, referente a la autorización para la entrega de medicamentos y la práctica de exámenes y procedimientos requeridos de forma urgente, en virtud de su diagnóstico de falla renal terminal y retinopatía diabética. Se analizan los siguientes temas: 1º. El marco normativo y jurisprudencial que caracteriza a la insuficiencia renal crónica como una enfermedad catastrófica de alto costo y, 2º. Las obligaciones de los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud frente a su prevención, diagnóstico y tratamiento. Se TUTELA el derecho fundamental a la salud y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo este amparo. Se compulsan copias a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia y, se ordena a esta entidad y al Ministerio de Salud que expidan un instructivo que permita que los pacientes de enfermedad crónica renal puedan contar con información adecuada y suficiente sobre sus derechos y las obligaciones correlativas que surgen para los integrantes del SGSSS respecto de la prevención, diagnóstico y tratamiento de esa enfermedad.

SU.553/15

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE MAGISTRADOS DE LA SALA CIVIL, ESPECIALIZADOS EN RESTITUCION DE TIERRAS. Aducen los actores que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia vulneró su derecho fundamental al debido proceso administrativo, al no aplicar, sin motivación alguna, los actos administrativos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que definieron la naturaleza y forma en que debía proveerse el cargo de Magistrado de Tribunal Sala Civil, especialidad en restitución de tierras y consecuentemente, negar la solicitud de reconsideración y rechazar el recurso de reposición que presentaron para que sus nombramientos hechos en provisionalidad, se realizaran en propiedad. Se estudia la siguiente temática: 1º. La regla constitucional de la carrera administrativa en la provisión de cargos de la Rama Judicial. 2º. La competencia constitucional de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar y administrar la carrera judicial. 3º. El marco jurídico de la naturaleza de los cargos de magistrados especializados en restitución de tierras y jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras y la forma de proveerlos y, 4º. Caracterización del defecto material o sustantivo en actuaciones administrativas. Se concluye que, tratándose de un cargo judicial de carrera, la autoridad nominadora debe aplicar las normas constitucionales, estatutarias y demás normas legales o reglamentarias jurídicas que disponen su creación y naturaleza. Igualmente, que la omisión injustificada de designar en propiedad en un cargo de carrera judicial, de carácter permanente, a una persona, que aprobó el respectivo concurso de méritos y que fue incluida en la lista de elegibles, la hace incursa en un defecto material o sustantivo que vulnera el derecho fundamental al debido proceso administrativo. Se CONCEDE el amparo constitucional solicitado. Se ordena a la Corporación accionada proferir actos administrativos tendientes a nombrar en propiedad a los Magistrados de Tribunal Sala Civil, especializados en restitución de tierras de los distritos judiciales de Cali, Cartagena, Cúcuta, Bogotá D.C. y Antioquia. 

T-388/15

ACCESO A LA SEGUNDA INSTANCIA. ARTICULO 27 DE LA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Se presenta la acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación, para solicitar que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y la garantía a la doble instancia los cuales se consideran vulnerados por la entidad, en cuanto dispuso no conceder el recurso de apelación formulado contra la decisión que calificó el mérito de la investigación adelantada en contra del actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en su calidad de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Se recuerdan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y se verifica el cumplimiento de los mismos en el caso concreto. Igualmente, se analiza el tema del estatus jurídico de la segunda instancia, sus limitaciones y la regulación del acceso contemplada en el artículo 27 de la ley estatutaria de la administración de justicia. Por último, se hace una referencia sucinta sobre la potestad del delegado. Se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo solicitado, por considerar que el proceso penal seguido en contra del accionante no había concluido y que se encontraba en etapa de instrucción. Así mismo, porque el mecanismo de tutela no fue creado para revisar de forma paralela o anticipada las decisiones judiciales, por lo que se deben agotar los instrumentos de defensa establecidos.

T-274/15

DERECHO A LA SALUD REPRODUCTIVA. TRATAMIENTO DE FERTILIZACION IN VITRO. En cuatro procesos diferentes se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a Entidades Prestadoras de Salud, que negaron a las peticionarias, bajo el argumento de estar excluido del Plan Obligatorio de Salud, la autorización del tratamiento de fertilización in vitro solicitado como única posibilidad de procrear de manera biológica. Se abordan los siguientes ejes temáticos: 1º. La acción de tutela y los tratamientos de fertilidad. 2º. Los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución de 1991 y en el bloque de constitucionalidad y, 3º. La protección excepcional del derecho a la salud sexual y reproductiva y otros derechos relacionados, en los tratamientos de fertilidad asociados a través de la acción de tutela. En tres casos se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales a la salud reproductiva, a la vida privada y familiar, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a conformar una familia. Entre otras disposiciones adoptadas, se destaca la de exhortar al Gobierno Nacional para que realice la revisión de la situación que tienen que enfrentar las personas que padecen de infertilidad y no cuentan con recursos económicos para costear los tratamientos de reproducción humana asistida, e inicie una discusión pública y abierta de la política pública que incluya en la agenda la posibilidad de ampliar la cobertura del POS a dichas técnicas científicas.

T-508/15

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL DE MADRES COMUNITARIAS RETIRADAS. SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA. Solicita inclusión como beneficiaria del Fondo de Solidaridad Pensional como madre comunitaria retirada por negársele subsidio de subsistencia. Temas a tratar: Procedencia de la acción de tutela. Principio de subsidiariedad. Derecho de petición. Régimen jurídico de madres comunitarias y derecho a la seguridad social, Tratamiento legal de la labor de madre comunitaria, Seguridad Social de madres comunitarias, Subsidio de subsistencia para madres comunitarias retiradas y derecho a la igualdad, Excepción de inconstitucionalidad. Se ordena inclusión en proceso de selección para asignación de subsidio de subsistencia según Decreto 605 de 2013.

T-535/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCEDENCIA POR DEFECTO FACTICO AL NO VALORAR PRUEBAS EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES (FALSOS POSITIVOS) Se ataca la decisión judicial adoptada en el marco de un proceso de reparación directa instaurado por las accionantes en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por hechos relacionados con la muerte violenta de sus hijos. Se aduce que Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, al proferir fallo de segunda instancia y decretar no probada la responsabilidad del Estado por falla del servicio, omitió valorar las pruebas relacionadas con la muerte de los jóvenes, estructurando con ello un defecto fáctico en grado de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de las accionantes. Se alega que la autoridad judicial realizó una indebida valoración probatoria al otorgar mayor valor a los testimonios rendidos por los miembros del Ejército Nacional, en relación con los otros medios de convicción que obraban en el expediente. Igualmente, se alega la ocurrencia de defectos por desconocimiento del precedente judicial y decisión judicial carente de motivación. Se aborda temática relacionada con: 1º. El fundamento ético de la existencia del Estado Social de Derecho. 2º. El marco normativo sobre las ejecuciones extrajudiciales. 3º. La responsabilidad del Estado frente a graves violaciones de los derechos humanos y, 4º. El defecto fáctico en cuanto a la valoración de las pruebas. Se AMPARA el derecho fundamental al debido proceso y se deja sin valor y efecto la sentencia impugnada. 

T-476/15

DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ASIGNACION INTERPRETE DE SEÑAS POR PARTE DE UNIVERSIDAD. Estudiante solicita intérprete en lenguaje de señas para continuar proceso educativo. Temas a tratar: Procedibilidad de la acción de tutela, Requisitos de inmediatez y subsidiariedad, Derecho a la educación, Personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, Derecho a la educación de personas discapacitadas, Deberes estatales y de instituciones de educación superior para garantía del derecho a la educación de personas con discapacidad. Se ordena vincular intérpretes en lenguaje de señas con conocimientos en psicología para asistencia presencial durante labores académicas curriculares y extracurriculares, Realizar ajustes para que instalaciones, herramientas educativas y personal administrativo y docente se adecúen a estándares de inclusión educativa, Modificar plan de estudios y esquemas de evaluación del programa de psicología para cumplir deberes como estudiante en igualdad de condiciones a compañeros oyentes, Facilitar documentos y permisos para cumplir lo ordenado. Implementar medidas afirmativas en favor de población estudiantil con discapacidad y prestar asistencia técnica para implementación de recomendaciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 7 de 2015

(Actualizado a 10 de agosto de 2015)

PROVIDENCIA

TEMAS

T-312/15

El actor interpuso la tutela en contra del Canal Caracol y del Programa Séptimo Día, por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales, en virtud de reportaje periodístico realizado y de la emisión del programa “Borrando la evidencia” en el que se hicieron referencias directas e indirectas a su labor como fiscal encargado de la investigación por la muerte de dos menores de edad en la ciudad de Medellín. El demandante reprocha la forma arbitraria en que fue abordado en su lugar de trabajo por el periodista y aduce que no solo sus derechos fueron trasgredidos, sino que su propia vida estaría en peligro por el riesgo que acarrea hacer pública su identidad y labor en una ciudad como Medellín. La Sala se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la libertad de expresión y de información en el sistema constitucional colombiano. 2º. La responsabilidad social de los medios de comunicación y, 3º. Los discursos especialmente protegidos y la información relacionada con hechos sometidos a investigación judicial. Para la Corte, no se vulneran los derechos a la vida, al buen nombre, a la honra y a la imagen propia, cuando se proyectan imágenes de la esfera pública y se hacen referencias al desempeño de un funcionario público en labores propias de su cargo. Libertad de expresión y crítica las autoridades públicas. Negada. 

T-272/15

Se atribuye a la Previsora la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y de su grupo familiar, por no dar trámite a la solicitud de indemnización por destrucción de automóvil con ocasión de la explosión controlada que hiciera el Ejército Nacional, respecto del taxi perteneciente a su familia, ello con cargo a la póliza de seguro de automóviles que cubre las pérdidas totales o parciales de vehículos a causa de actos de terrorismo cometidos por grupos subversivos. La negativa se fundamentó en el hecho de haber operado el fenómeno de la prescripción contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio. Esta decisión la adoptó la entidad, sin contemplar que era una familia víctima de desplazamiento forzado con ocasión de los actos violentos que llevaron a la muerte de uno de sus miembros, situación que la obligó a trasladar su lugar de residencia de la ciudad de Neiva a la de Aguazul, en el Casanare. Se aborda la siguiente temática: 1º. La protección especial de la población desplazada y la interpretación de los principios de subsidiariedad e inmediatez cuando se trata de este grupo poblacional. 2º. La procedencia de la acción de tutela frente a las compañías aseguradoras. 3º. La naturaleza del contrato de seguros y la prescripción de las acciones derivadas del mismo. Se tutelan los derechos al debido proceso y al mínimo vital. 

T-320/15

La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la decisión adoptada por el Departamento del Atlántico, en cuanto a ajustar de manera arbitraria la mesada de jubilación que recibía el accionante, argumentando el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia  C-258/13, pero sin adelantar el correspondiente trámite administrativo. Se analiza la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de tutela para solicitar el reajuste de mesadas pensionales. 2º. El contenido y alcance de la sentencia  C-258/13 y, el debido proceso en las actuaciones administrativas. Para la Corte no hay lugar al amparo solicitado y decide confirmar la decisión de instancia que negó la tutela y, en consecuencia, deja en firme el acto administrativo atacado. 

T-195/15

El accionante actuando en nombre propio y representación de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, Seccional Itagüí, solicita el amparo de los derechos fundamentales de todos los funcionarios públicos, internos, personal de guardia y administrativo del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz del mencionado municipio, los cuales se consideran vulnerados por las instituciones accionadas debido a las condiciones que se ven en la obligación de soportar en las instalaciones de la prisión. Específicamente, el reclamo constitucional se basó en: (i) la escasez de funcionarios, tanto del personal de custodia y vigilancia como del personal administrativo, en relación con las actuales condiciones de hacinamiento del establecimiento carcelario; (ii) el incumplimiento de la jornada máxima laboral; (iii) las inadecuadas condiciones de seguridad del penal y de mantenimiento de las instalaciones (infraestructura, redes eléctricas, de acueducto y alcantarillado); (iv) la escasez en la dotación de elementos y la falta de re-entrenamiento del personal de custodia y vigilancia en técnicas penitenciarias y carcelarias, y (v) la desatención de la ARL Positiva en lo que tiene que ver con la realización de programas de promoción de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales. Para desarrollar el problema jurídico planteado la Sala procedió a conceptualizar el Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano; verificar la legitimación en la causa por activa en la acción de tutela y a revisar el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Se concluye que, las actuales condiciones laborales que están obligados a soportar los funcionarios del mencionado centro penitenciario y carcelario, incluidos el personal de custodia, vigilancia y administrativo, vulneran el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Se imparten unas órdenes, al igual que algunos exhortos para garantizar el cumplimiento del derecho amparado

T-065/15

En el presente caso, la viuda y dos hijas sobrevivientes de una persona que suscribió un seguro de vida y que falleció diez años después, exigen el pago de la respectiva póliza, de sus intereses y de los perjuicios que han sufrido como consecuencia de su impago. La aseguradora se opuso a dichas pretensiones argumentando que el contrato había terminado antes de la muerte del tomador, toda vez que la entidad bancaria a la que le había encargado la labor de realizar el débito automático de las primas mensuales, no realizó el pago de una de ellas. Las actoras demandaron a la aseguradora por responsabilidad civil contractual, pero los jueces ordinarios, quienes no vincularon al banco, profirieron sentencias absolutorias. Son estos fallos los que se consideran trasgresores de derechos fundamentales, por la presunta comisión de un defecto sustancial o material, un defecto fáctico y una violación directa de la Constitución. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º La procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El período de gracia en los contratos de seguros de vida. 3º. La autonomía de la voluntad y la buena fe como principios rectores de los contratos civiles y comerciales. 4º. Las implicaciones de la terminación automática del contrato de seguros sobre el defecto fundamental al debido proceso y, 5º. Los deberes oficiosos del juez civil. Se TUTELA el derecho fundamental al debido proceso y se dejan sin efectos las sentencias proferidas dentro del proceso ordinario en cuanto incurrieron en un defecto sustantivo o material, por la no vinculación oficiosa de la entidad bancaria. 

T-309/15

Desconocimiento del precedente en relación con sustitución pensional de personas que contrajeron segundas nupcias o hicieron nueva vida marital. Libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital, seguridad social, vida digna. Tutela contra providencia judicial. En 1982 le fue reconocida a la actora la pensión de sobrevivientes, derivada de la muerte de su cónyuge. Esta prestación fue suspendida tres años después, porque la beneficiaria contrajo nuevas nupcias. Luego de interponer varias solicitudes a la entidad y que las mismas fueran denegadas, la accionante inició un proceso ordinario laboral que fue fallado a su favor en primera instancia, pero revocado en segunda. A juicio de la autoridad judicial accionada, los efectos de la sentencia  C-309/96 no eran aplicables al caso concreto, porque las nuevas nupcias no se realizaron después del 7 de julio de 1991, sino en 1985. Se reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y el defecto por violación directa de la Constitución y, 3º. El derecho a la sustitución pensional de las mujeres que deciden contraer nuevas nupcias. La Sala concluye que; a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 las disposiciones legales que contemplen cláusulas resolutorias en materia pensional, que hagan perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se consideran abiertamente incompatibles con sus dictados. Consecuentemente con lo anterior y, al encontrar que la autoridad accionada desconoció el precedente fijado por la Corporación en torno al tema, decidió conceder el amparo solicitado, dejar sin efectos la sentencia cuestionada, y ordenar a Colpensiones dar cumplimiento al fallo del proceso ordinario que accedió a las pretensiones de la parte demandante

T-338/15

Derecho a la unidad familiar de residente en Colombia de nacionalidad china, a quien autoridades le niegan la residencia de sus padres de la tercera edad. El accionante es un ciudadano chino que vive en Colombia, tiene visa de residente y dos hijas de nacionalidad colombiana. Su padre también se encuentra en el país, en tanto le otorgaron visa en calidad de beneficiario. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye al hecho de que la entidad demandada no le otorgó a la madre del actor la respectiva visa, bajo el argumento de “tener condición de irregular”. Alega el peticionario que la negativa se dio a pesar de cumplir con los requisitos exigidos para el efecto, pagar una multa y habérsele otorgado salvoconducto a su progenitora. Por su parte, la entidad alegó que la acción de tutela resulta improcedente porque no existió trasgresión de derecho fundamental alguno, en tanto la ciudadana extranjera violó las normas migratorias por permanecer de forma irregular en el país, ingresar al territorio omitiendo el puesto de control respectivo y no adjuntar visa y/o sello de ingreso a Colombia. Así mismo, porque tiene otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que considera conculcados. La Sala abordó el análisis de los siguientes temas: 1º. El carácter subsidiario de la acción de tutela. 2º. La legitimación por activa y, 3º. Los derechos de los migrantes. Se concede la protección del derecho fundamental a la unidad familiar de la agenciada, se ordena a la Cancillería expedirle un salvoconducto para que pueda ingresar al país, al igual que iniciar los trámites administrativos para regular su situación

T-267/15

Derecho al debido proceso de personas privadas de la libertad. Vulneración por negar traslado de interno a lugar de residencia, bajo argumento que están agotados los brazaletes de vigilancia electrónica. Se aduce que la entidad accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso del demandante, al no trasladarlo a su lugar de residencia a pesar de existir sentencia judicial que le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, bajo el argumento de encontrarse agotados los brazaletes de vigilancia electrónica y en consecuencia, no poder entregarle uno de ellos. Se aborda temática relacionada con el derecho al debido proceso; la ejecución de la pena en un Estado Social de Derecho; los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y; el hecho superado. En el trámite de revisión la Sala conoció que al demandante se le asignó un brazalete y, con base en ello, decidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. No obstante lo anterior, exhortó al INPEC para que adopte las medidas necesarias para tener siempre disponibles brazaletes electrónicos y para que, cuando un juez de conocimiento ordene la aplicación de la vigilancia electrónica o de una prisión o detención domiciliaria sujeta a la vigilancia electrónica, entregue de manera inmediata y sin dilaciones, los brazaletes electrónicos.

T-306/15

Derecho a la vida y a la educación. Omisión de las autoridades de construir estructuras apropiadas que permitan a los habitantes del municipio cruzar rio sin arriesgar su vida. El actor, en su condición de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocanas de las Verdes, ubicada en el municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá), interpuso la acción de tutela para reclamarle a las autoridades gubernamentales del orden municipal y departamental que realicen las gestiones pertinentes para lograr la construcción de la infraestructura necesaria para que los habitantes del sector, particularmente los niños, crucen los cuerpos de agua que rodean el municipio. Lo anterior, porque lo deben hacer a través de estructuras que se componen de tablas y cuerdas atadas en forma artesanal. Las entidades accionadas plantearon un debate respecto al tipo de acción que debió presentarse de acuerdo a la naturaleza de los derechos invocados. Para ellas la acción de tutela resulta improcedente, porque se solicitó la protección de derechos colectivos, frente a los cuales la acción pertinente es la popular, como mecanismo idóneo para tramitar pretensiones relacionadas con la construcción y adecuación de puentes. Se aborda temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para ordenar la construcción de una obra pública cuando la falta de ella amenaza la vida e integridad personal, haciendo particular énfasis a la protección especial a los derechos a los niños. Para la Sala, se amenazan derechos fundamentales cuando una entidad territorial no realiza las obras pertinentes para asegurar el tránsito seguro de sus habitantes por los cuerpos de agua que rodean el territorio, más cuando dicho trayecto es necesario para desarrollar actividades cotidianas, que además llevan envueltas la protección de otros derechos fundamentales, como la educación. Se tutelan los derechos invocados y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los mismos

T-371/15

Derechos de parejas del mismo sexo. Vulneración por negativa de la OCCRE de conceder residencia de compañera permanente del mismo sexo. Se aduce que la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE) del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vulneró derechos fundamentales de la actora, al declararla en situación irregular por haber excedido el tiempo de estadía establecido; por no haberla oído en versión libre y no darle trámite oportuno y en un tiempo razonable al recurso interpuesto contra dicha decisión. Para la accionante, no se consideró el hecho de cumplir con el requisito establecido en el Decreto 2762 de 1991 relacionado con vivir en unión singular, permanente y continua con persona residente en la Isla. Para ella, el que no le otorguen la tarjeta de residencia y que se ordene su expulsión del territorio, se debe a un trato discriminatorio por su orientación sexual, toda vez que su relación de pareja por más de tres años, es con persona del mismo sexo. Se aborda el análisis de los siguientes temas: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto. 2º. El principio de igualdad y no discriminación y la orientación sexual como criterio sospechoso de discriminación. 3º. La jurisprudencia constitucional sobre el derecho de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y, 4º. La carga probatoria de los actos discriminatorios y la labor del juez en sede de tutela. Reiteración de jurisprudencia. Se concede la protección de los derechos fundamentales de petición, igualdad y debido proceso. Se ordena a la OCCRE proferir nuevo acto administrativo en el cual otorgue residencia a la demandante y se advierte, que en lo sucesivo debe abstenerse de incurrir en acciones discriminatorias, especialmente basadas en la orientación sexual de los peticionarios.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 6 de 2015

 

SENTENCIA

T-113/15

La conducta que se cataloga como trasgresora de derechos fundamentales es la negativa del juez accionado, en calidad de nominador de la accionante, de concederle los permisos laborales remunerados que necesita para atender la hospitalización de su hijo menor de edad y, los que llegare a necesitar para el proceso de recuperación del niño, argumentando que los empleados de la Rama Judicial únicamente tienen derecho a tres días de permiso remunerados al mes y que una vez éstos se venzan, pueden recurrir a la figura de la licencia no remunerada. Se CONCEDE la tutela de los derechos a la vida e integridad física del menor representado y se ordena al funcionario judicial demandado conceder, a favor de la accionante, los permisos remunerados necesarios con el fin de atender el proceso de rehabilitación de su hijo, por el término que el médico tratante considere imprescindible su presencia, siempre y cuando medie orden médica donde se fije de manera expresa el tiempo de duración y conste la necesidad de acompañamiento permanente. En todo caso, el empleador tendrá la potestad de implementar las medidas necesarias para que no se vea afectada la prestación del servicio.

T-269/15

Vida, vivienda digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. El asunto común en los expedientes analizados tiene que ver con el reclamo de varias familias que habitan o poseen lotes en el área de influencia del Volcán Galeras, ante lo que consideran un grave incumplimiento de la administración con relación al proceso de compra de sus inmuebles y posterior reasentamiento en zonas seguras. Las entidades territoriales alegaron que la responsabilidad del proceso de reasentamiento continuaba en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a pesar del tránsito normativo introducido con la Ley 1523 de 2012. De otra parte, esta entidad adujo que en un escenario de normalidad jurídica le correspondía a los municipios velar por la seguridad de sus habitantes y por su reubicación. Se abordan los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la vivienda digna en el ordenamiento jurídico. 2º. Los deberes de las entidades territoriales frente a los ciudadanos en zonas de riesgo en el marco del ordenamiento y desarrollo municipal. 3º. La responsabilidad de las autoridades públicas en la gestión del riesgo y la protección de la población en zonas de desastre o calamidad. 4º. La distribución de competencias entre el nivel local, regional y nacional con respecto a la atención de los asentamientos humanos y, 5º. La excepción de inconstitucionalidad en el ordenamiento jurídico. Se CONCEDE la protección invocada y se inaplica por inconstitucional el artículo 92 de la ley 1523 de 2012, para el caso específico del volcán Galeras. En este sentido, se revive la declaratoria de desastre sobre la zona de influencia del referido volcán y se habilitan los mecanismos especiales de atención, coordinación y asignación presupuestaria que contempla la referida norma. Se le concede al presente fallo efectos inter comunis y se imparten una serie de órdenes para mitigar y conjurar la violación tanto de los derechos amparados, como al principio de confianza legítima de los accionantes. 

T-444/14

La accionante considera que la Procuraduría General de la Nación vulneró sus derechos fundamentales y los de su pareja, al haber recolectado los datos personales sensibles relacionados con la solicitud de matrimonio que formularon con fundamento en la sentencia  C-577/11: Igualmente, por utilizar esta información para incluirla en una base de datos que hace parte de una estrategia que busca lograr que los notarios y jueces se nieguen a dar trámite a las solicitudes de matrimonio presentadas por parejas del mismo sexo. Luego de analizar las circulares y directrices expedidas por la Procuraduría General de la Nación con las cuales, según la peticionaria, se han vulnerado sus derechos fundamentales, la Sala de Revisión concluyó que la entidad, al haber accedido a un dato sensible que se dedujo de datos personales a los que legítimamente tuvo acceso, no incurrió en la trasgresión alegada. No obstante, frente al manejo de dicha información consideró, que sí existió una violación parcial del principio de finalidad del tratamiento de los datos, porque no resultó válido que se utilizaran para imponer a través de directrices de carácter general una determinada lectura de la sentencia  C-577/11, tratando de dar a la misma fuerza general obligatoria, y a la vez sugerir que se podría usar el poder de vigilancia y control, en contra de aquellas personas que pudieran desatender tal posición. Se AMPARAN los derechos a la intimidad, al habeas data, a la no discriminación y al acceso a la justicia y, para materializar esta protección, se advierte a la Procuraduría General de la Nación que debe adoptar medidas adecuadas y necesarias para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los nombres de la demandante y de su pareja, además de definir las condiciones de tratamiento de la base de datos en las que han sido incluidos estos nombres. También se le hace un llamado al Ministerio Público para que se abstenga de imponer por vía general, una determinada lectura de la manera en que notarios y jueces deben cumplir con lo ordenado en el resolutivo 5º de la sentencia  C-577/11, a fin de evitar que se coarte el margen de autonomía que la Constitución y la ley atribuye a estos funcionarios para interpretar y aplicar el derecho.

T-942/14

La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la negativa de la entidad de afiliar a un nieto del actor como beneficiario del subsidio familiar, argumentando que las normas que regulan la materia no lo permiten, porque los nietos no están enlistados dentro de los favorecidos con el referido auxilio. Se reitera jurisprudencia constitucional referente a: 1º. La procedencia de la acción de tutela para solicitar el pago del subsidio familiar. 2º. La institución del mencionado subsidio. 3º. El marco constitucional de la protección a los diferentes tipos de familia. 4º. La figura de la custodia provisional. 5º. La crianza como un hecho a partir del cual surge el parentesco y, 6º. El derecho a la igualdad entre los hijos integrantes del núcleo familiar. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la Caja de Compensación accionada tener como beneficiario del subsidio familiar del peticionario a su menor nieto, como hijo de crianza, y frente a quien tiene la custodia provisional, hasta que la misma cese o hasta que tenga 18 años o, siendo mayor de edad, adelante estudios postsecundarios, intermedios o técnicos y, dependa de él.

T-014/15

La accionante, una persona de 78 años de edad dedicada al servicio doméstico, reclama el reconocimiento y pago de la pensión sanción. Ella prestó sus servicios durante veinte años y la relación laboral se encontraba regulada por un contrato verbal de trabajo, el cual se dio por terminado por la empleadora de forma unilateral y sin mediar causa. En la audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, la actora alegó la omisión de afiliación al régimen de seguridad social, mientras que la demandada adujo no haber realizado estos aportes porque no existió vínculo laboral alguno, toda vez que las actividades desarrolladas por la peticionaria tenían como objeto el pago de un préstamo que se le había realizado. Se reiteran reglas jurisprudenciales relacionadas con: 1º. La procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de un derecho pensional. 2º. Las circunstancias especiales de las partes que habilitan al juez constitucional a invertir la carga de demandar que tiene el demandante, cuando se concede el amparo en forma transitoria. La fórmula adoptada en la sentencia T-893/08. 3º. La procedibilidad de la acción de tutela contra particulares. 4º. El principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades. 5º. La obligación del empleador de realizar aportes pensionales o en su defecto, de reconocer la pensión sanción y, 6º. El reconocimiento de la precitada prestación como derecho que pueden reclamar todos los trabajadores, inclusive quienes desempeñan la labor de servicio doméstico. Se CONCEDE la tutela como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Se debe invertir la carga de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que se defina sobre el reconocimiento de la prestación pensional a la demandada, y en caso de que aquella no cumpla con esta obligación, esta decisión alcanzará el carácter definitivo.

T-334/15

Pretende el actor que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales que considera vulnerados por la Alcaldía de Villavicencio, en virtud de los desalojos violentos realizados con el fin de recuperar el espacio público. Como consecuencia de lo anterior, solicita su reubicación en un sitio de la zona céntrica de la ciudad y que se le paguen los daños y perjuicios que le fueron causados con el fallido plan de formalización para vendedores. Se reitera jurisprudencia constitucional referente a: 1º. Alcance y límite del deber de protección del espacio público frente a la ocupación indebida por parte de vendedores ambulantes y, 2º. Naturaleza y límites del poder coercitivo de la Policía Nacional. Se TUTELAN los derechos al trabajo, al mínimo vital y a la vida digna. Se ordena a la Alcaldía Municipal de Villavicencio a ofrecer al actor un plan que contemple medidas apropiadas y suficientes para reubicarlo temporalmente en un lugar en el que pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico. Se exhorta a dicha autoridad para que imparta al Comandante de Policía de su jurisdicción, la orden de que los agentes uniformados que ejecuten operativos de preservación del espacio público, se abstengan de dar un trato indigno a los vendedores que lo ocupan.

T-315/15

Luego de haber ejercido la minería de carbón en socavones o subterráneos por más de veinticinco años, el actor solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. La entidad accionada negó esta prestación, argumentando que si bien había cumplido con el número mínimo de semanas establecido en la Ley 797 de 2003, le hacía falta más de un año para adquirir la edad mínima para jubilarse. El accionante alegó que tenía derecho a acceder a la pensión desde una edad más temprana, porque ejerció una labor de alto riesgo que le permitía beneficiarse del régimen especial consagrado en el Decreto 2090 de 2003. La accionada persistió en su negativa, argumentando que no le podía conceder dicha prestación, porque el peticionario no contaba con los certificados laborales que respaldaran su afirmación, ni sus empleadores habían cancelado el porcentaje adicional previsto para este tipo de actividades de alto riesgo, ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedibilidad de la acción de tutela para el reclamo de una prestación económica. 2º. El marco legal de la pensión de vejez para las personas que ejercen actividades de alto riesgo. 3º. Reglas jurisprudenciales adoptadas por la Corporación en relación con dicho tema y, 3º. La minería como actividad de alto riesgo en Colombia. Un fondo de pensiones y cesantías que niega esta prestación a quien acredita tales condiciones bajo el argumento de que sus empleadores no realizaron el aporte adicional que les ordena el artículo 5º del mencionado Decreto, y que afirma con base en lo anterior que a esa persona le son aplicables los requisitos previstos en el régimen pensional común, consagrado en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 797 de 2003, vulnera su derecho fundamental a la seguridad social, toda vez que si el empleador no canceló la cotización especial, la administradora de pensiones debe asumir tal obligación por no utilizar las facultades que le ha otorgado la ley para cobrar tales sumas. Se TUTELA el derecho fundamental a la seguridad social y se ordena el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por el actor, con base en la aplicación del régimen especial para actividades de alto riesgo. 

T-275/15

El accionante, actuando en representación de sus padres, aduce que a éstos se les está violando el derecho fundamental a la igualdad, por la imposibilidad de acceder de manera efectiva a los recursos económicos que el Estado les proporciona a través del programa “Colombia Mayor”. Lo anterior, porque debido a sus avanzadas edades, las precarias condiciones de salud que afrontan y la lejanía del lugar previsto para su reclamación, les resulta difícil efectuar su cobro de manera personal o en su defecto a través de una tercera persona, en tanto para ello se exige la autenticación del poder ante juez o notario. En su parecer, es factible que las autorizaciones de cobro puedan ser certificadas por el Secretario de Gobierno del municipio de Peque (Antioquia), para evitar así la imposición de cargas desproporcionadas a sus padres. Se aborda la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. 2º. El principio de solidaridad y la protección constitucional especial a los adultos mayores en situación de indigencia o de extrema pobreza y, 3º. El requisito de la autenticación para la reclamación de recursos públicos. Se CONCEDE la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la vida digna. Se declara que los padres del accionante se encuentran cobijados por los efectos inter comunis de la sentencia  T-025/15, y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.

T-343/15

El accionante, ciudadano de la tercera edad y habitante del barrio Restrepo en la ciudad de Bogotá, solicita la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados, por la incapacidad de las entidades accionadas para resolver la problemática de contaminación auditiva generada por múltiples establecimientos de comercio ubicados en dicha zona. A juicio del peticionario, el exceso de ruido le ha provocado problemas de salud, por lo que acude a la acción de tutela luego de haber agotado varios trámites administrativos y judiciales con el fin de resolver el mencionado problema, sin que estos hayan proporcionado una solución de fondo. Se analizan los siguientes temas: 1º. Causales de procedibilidad de la acción de tutela y su carácter subsidiario frente a los mecanismos judiciales ordinarios. 2º. Procedibilidad de la acción de tutela para la protección de derechos colectivos. 3º. El derecho a la tranquilidad como expresión de otros derechos fundamentales. 4º. La normatividad vigente en materia de ruido producido por establecimiento de comercio y, 5º. Las competencias administrativas en materia ambiental en la ciudad de Bogotá. Se CONCEDE transitoriamente la acción de tutela para la protección del derecho fundamental a la salud en conexidad con el medio ambiente sano. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de estos derechos.

T-277/15

Se alega la violación de los derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad, al debido proceso, de petición y al trabajo por parte de la Casa Editorial El Tiempo, en virtud de la publicación de una nota periodística en la que se informaba sobre la captura y vinculación de la accionante a un proceso penal por el delito de trata de personas, frente al cual nunca fue declarada culpable. Igualmente, por la posterior indexación de dicho artículo en el portal de Internet, por parte del motor de búsqueda Google.com. Se aborda la siguiente temática: 1º. Derechos a la honra y al buen nombre. 2º. Libertades de expresión e información. 3º. Libertad de expresión en internet. 4º. Derecho al habeas data. 5º. Publicación de informaciones sobre hechos delictivos o procesos judiciales por parte de medios de comunicación. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la Casa Editorial El Tiempo que actualice la información publicada en su página web, respecto a los hechos que relacionan a la accionante con el delito de trata de personas, de tal manera que se informe que la misma no fue vencida en juicio. De igual forma, se ordena al precitado medio que a través de la herramienta técnica “robots.txt”, “metatags” u otra similar, neutralice la posibilidad de libre acceso a la noticia “Empresa de Trata de Blancas”, a partir de la simple digitación del nombre de la accionante en los buscadores de internet.

T-196/15

El accionante, en calidad de Gobernador del Cabildo Indígena Colombia, interpuso la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad que representa, a la autonomía, a la jurisdicción especial indígena y al respeto por la diversidad étnica y cultural, debido a que las autoridades accionadas iniciaron un proceso penal en contra de uno de sus comuneros por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo, pese a que las autoridades del resguardo ya lo habían juzgado y condenado por estos mismos hechos, en ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia. El actuar de las entidades accionadas tuvo como base la providencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió el conflicto de competencia desatado entre las autoridades indígenas y el juzgado accionado, en la que se falló a favor de este último, como medida para garantizar los derechos de la niña afectada por la conducta antijurídica. Se analiza la siguiente temática: 1º. La jurisdicción especial indígena y el principio de respeto por la diversidad étnica y cultural. 2º. Precedente constitucional sobre jurisdicción especial indígena y juzgamiento de casos penales por delitos contra la integridad sexual de niños. 3º. El principio de non bis in ídem y la jurisdicción especial indígena. Se CONCEDE la protección a los derechos fundamentales invocados y se ordena la entrega inmediata del comunero representado a las autoridades del Cabildo Indígena Colombia. Se exhorta a esta colectividad para que tomen en cuenta el período de reclusión, a efectos de descontar dicho tiempo de la sanción impuesta por ellos. Así mismo, se precisa que deben velar de manera especial por cumplir las medidas que fueron impuestas para garantizar los derechos de la menor, las cuales se vieron reflejadas en las órdenes de impedir al condenado acercarse a ella y el deber de asumir su manutención y la del hijo concebido. De otro lado, se conmina al Consejo Superior de la Judicatura para que se sujete a las reglas constitucionales establecidas por la Corte Constitucional en materia de jurisdicción de las autoridades indígenas para juzgar hechos que involucren derechos de menores de edad. 

T-317/15

A través de la figura de la agencia oficiosa se presenta la acción de tutela en representación de una persona que se encuentra en situación de discapacidad, porque luego de solicitar ante la Alcaldía de El Tambo (Nariño) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su padre se le negó la prestación, debido a que no se había nombrado judicialmente a la persona que asumiera su guarda en forma definitiva. Aunado a lo anterior se discute, la imposibilidad de realizar la valoración médico psiquiátrica por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal ordenada al interior del trámite del proceso de interdicción, debido a los constantes episodios de auto y hetero agresividad que presenta el agenciado, los cuales impiden trasladarlo a un lugar diferente al de su residencia. Por lo anterior, solicitó al juez constitucional ordenar que dicho examen se realice en la residencia del paciente. Luego de establecer que la solicitud de amparo es procedente, la Sala concluyó que es inconstitucional supeditar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la existencia de una sentencia que le asigne un curador definitivo al solicitante en situación de discapacidad.  Señaló además, que resulta contrario a los postulados constitucionales que propugnan por la protección reforzada de las personas en condiciones de debilidad manifiesta, exigirle a quien padece una enfermedad crónica severa de la cual constantemente se derivan episodios de resistencia, violencia y agresividad, trasladarse hacia otro lugar distinto al de su residencia, aun cuando ello puede poner en riesgo su integridad personal y alterar o incluso empeorar sus condiciones de vida actual. Los elementos probatorios que reposan en el expediente, dan cuenta cierta de esta imposibilidad física e incluso económica ante la precariedad actual de la persona discapacitada. Se AMPARAN los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social. Se ordena a la entidad territorial accionada expedir acto administrativo a favor del agenciado, en el que le reconozca el 100% de la sustitución pensional reclamada. Respecto a la valoración psiquiátrica en el domicilio del paciente se declara la carencia actual de objeto por hecho superado, porque ésta se realizó y se emitió el correspondiente dictamen pericial

Actualizado el 10 de julio de 2015.

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 5 de 2015

 

SENTENCIA

TEMAS

T-160/15

Se aduce que las entidades accionadas amenazan el derecho fundamental a la vivienda de la accionante, al obstaculizar la expedición de un certificado de disponibilidad del servicio público de agua que le exige su Caja de Compensación Familiar, para hacer el respectivo desembolso del subsidio de vivienda que le fue otorgado. Se reitera jurisprudencia relacionada con el contenido y alcance del derecho fundamental a la vivienda y el de los subsidios de vivienda familiar como medio para alcanzar la efectividad de este derecho. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho fundamental a la vivienda digna tutelado.

T-121/15

Se instaura la acción de tutela en favor de un menor de edad que nació con una enfermedad congénita denominada epispadias, la cual se manifiesta en una malformación del pene. Según la accionante, el médico tratante ordenó dos procedimientos quirúrgicos, pero la E.P.S. le manifestó que sólo podía autorizar uno y dejar de realizar el correspondiente a la corrección de angulación del referido órgano. Se solicita al juez constitucional ordenar la práctica de las cirugías prescritas y la exoneración de los copagos y/o cuotas moderadoras que se lleguen a causar por la prestación de dichos servicios. La Sala se pronuncia sobre los siguientes aspectos: 1º. El derecho fundamental a la salud en los aspectos referentes a su naturaleza, principios y derechos que de él emanan y, 2º. El requisito de subsidiariedad, en relación con el mecanismo judicial creado por la Ley 1122 de 2007 ante la Superintendencia Nacional de Salud. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la E.P.S Coomeva, autorizar los procedimientos quirúrgicos ordenados por el médico tratante del menor representado. Además, en virtud del principio de accesibilidad, se dispone que la accionada no exija ningún tipo de copagos o cuota moderadora para la realización de los citados procedimientos

T-152/15

Varios estudiantes de la facultad de Odontología de la Universidad Antonio Nariño, Sede Palmira (Valle) afirman que no han podido obtener su grado, porque la institución no valida los certificados que aportaron para acreditar el requisito del conocimiento del idioma inglés. La universidad argumentó que los centros que expidieron las precitadas constancias cuentan con registro de funcionamiento expedido por la Secretaría de Educación del Valle, pero no tienen certificación Icontec. Aducen, que la universidad vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la educación, toda vez que terminaron materias en julio del 2014 y aún no han podido graduarse. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la educación; a la autonomía universitaria y sus límites constitucionales y Se CONCEDE el amparo. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.

T-122/15

Se aduce que Electricaribe S.A vulneró los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad social de la actora, al negarse a cambiar un poste de energía eléctrica que está ubicado cerca de su residencia, a pesar de que el mismo se encuentra en mal estado y representa un peligro. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las empresas prestadoras de servicios públicos, con el derecho a la seguridad personal y, con el principio de coherencia, según el cual no se puede ir contra los propios actos.

Actualizado a 17 de junio de 2015.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 4 de 2015

SENTENCIA

TEMA

T-892/14

La accionante solicita el amparo de los derechos fundamentales que considera vulnerados por la División de Gestión de Investigaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, al no considerar como salario la bonificación por compensación que recibe en su condición de Magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, para efectos de la exención prevista en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Se analiza la siguiente temática: 1º. Condiciones de procedibilidad de la acción de tutela y 2º. El principio de legalidad en materia tributaria y la existencia de una vía de hecho prospectiva. Se CONCEDE el amparo al derecho al debido proceso y se ordena a la accionada dar por concluidas las investigaciones iniciadas en contra de la peticionaria.

T-126/15

El actor se encuentra privado de la libertad y aduce que, como resultado de la deficiente calidad de la alimentación que le suministran, adquirió una gastritis crónica cuyos síntomas incluyen fuertes dolores y fatigas. Al identificarse como indígena, considera que, conforme a su tradición y conocimiento, su tratamiento debe ser a base de medicinas naturales. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada, se predica de la falta de respuesta a la solicitud elevada por el actor, relacionada con el tratamiento que requiere para el manejo de su patología. Se reitera jurisprudencia relacionada con los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud y su protección por vía de tutela y, 2º. El derecho a la salud de personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios. Se TUTELA el derecho fundamental a la salud y se exhorta a la Defensoría del Pueblo, para que inicie el respectivo seguimiento al caso presentado, para lograr determinar el origen cultural real del actor. Lo anterior, con el fin de establecer que es indígena, y en cuyo caso se deben realizar las acciones necesarias para que reciba el servicio de salud con el enfoque diferenciado que ha reconocido la jurisprudencia constitucional y procedan a afiliarlo a una EPS-I, para de esta manera tratar la enfermedad que padece, conforme con su tradición y costumbre.

T-063/15

Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, identidad sexual y de género, personalidad jurídica. La conducta que se considera trasgresora de derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas, es la exigencia hecha a una persona transgenerista, de acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria para lograr la modificación del sexo inscrito en su registro civil de nacimiento y demás documentos de identidad, como la cédula de ciudadanía y pasaporte colombiano, aduciendo la necesidad de verificar y comprobar el hecho que alteró su estado civil. Según la demandante, la falta de correspondencia entre su fisionomía femenina, producto de una cirugía de reafirmación sexual y, la indicación de sexo masculino en sus documentos, la han hecho víctima de constantes discriminaciones y exclusiones tanto en el ámbito social como laboral, y le ha impedido desarrollar su proyecto de vida conforme su personalidad y modo de ser. Se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. 2º. El derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica, como fuentes básicas de la identidad sexual y de género. Reiteración de jurisprudencia. 3º. El derecho a la definición de la identidad sexual y de género de las personas trans y el contexto actual de discriminación al que son sometidas y, 4º. La modificación del registro civil por cambio de sexo. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales invocados y se ordena, entre otras disposiciones, que la Notaría demandada por medio de escritura pública, protocolice el cambio de nombre y la corrección del sexo que consta en el registro civil de nacimiento de la actora, de tal forma que coincida con los que ella se identifica. Precisa, que una vez efectúe dicho trámite, debe enviar copia de dicha escritura a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que efectúe la modificación del registro civil y entregue copia del mismo documento corregido a la peticionaria.

T-209/15

El hecho que se considera violatorio de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada, Porvenir S.A. es la negativa del reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez al actor, por ser padre cabeza de familia y a cargo de un hijo en condición de discapacidad. La accionada negó la prestación, por considerar que solo pueden ser destinatarios de la misma, los afiliados al régimen de prima media con prestación definida y no los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, como es el caso del peticionario. Se abordan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia pensional. 2º. El derecho a la seguridad social y la pensión especial de vejez para madres y padres cabeza de familia a cargo de hijos en situación de discapacidad. 3º. El derecho al debido proceso administrativo y, 4º. El defecto por violación directa a la Constitución. Se CONCEDE la acción de tutela y se le advierte a la accionada decidir sobre la solicitud de pensión especial de invalidez por ser padre cabeza de hogar a cargo de un hijo en situación de discapacidad presentado por el actor. Precisa, que para hacerlo debe obrar de conformidad con la presente sentencia, según la cual se trata de una prestación en la cual no es un criterio relevante el régimen pensional al que pertenece el solicitante.

T-024/15

Se solicita la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y a la vivienda digna y, que en consecuencia, se ordene a la accionada la reubicación de la vivienda que le fue entregada al actor a título de subsidio, ya que tiene dos pisos y él se moviliza en silla de ruedas, y que se le entregue un inmueble nuevo que cuente con la estructura física y las adecuaciones que se ajusten a su condición de discapacidad. Se abordan los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la vivienda digna y su protección a través del ejercicio de la acción de tutela. 2º. El alcance del derecho fundamental a la vivienda digna. 3º. El subsidio de vivienda para los miembros de la Fuerza Pública y, 4º. El derecho a la vivienda de personas en condición de discapacidad. La Sala encuentra que la entidad sí vulneró el derecho fundamental a la vivienda digna del accionante, pues le adjudicó como solución de vivienda un inmueble que no cumplía con las características necesarias para que él lo pudiera habitar. SE CONCEDE.

T-099/15

La accionante, a pesar de haber nacido fisiológicamente como hombre, empezó a considerarse como una mujer y a sentir una atracción física por los hombres a partir de los doce años de edad. Cuando su padre se percató de tal situación, decidió expulsarla violentamente de su casa y se vio forzada a ejercer la prostitución, actividad que a su vez le generó que resultara contagiada con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La demandante también refiere que tuvo que salir desplazada de su lugar de residencia por amenazas de muerte de las denominadas Bacrim, en razón a su trabajo como líder de la Mesa Municipal de la comunidad LGBTI; que ha tenido múltiples problemas con la Policía y que sus intentos de conseguir trabajo se han visto frustrados, por no tener la libreta militar. En relación con la obtención de este documento adujo que al presentarse ante la autoridad demandada a definir situación militar, le exigieron pagar una multa por inscripción extemporánea. En términos precisos la vulneración de derechos fundamentales se predica del hecho que a la accionante la hicieron destinataria de una ley como a un varón, tal como la identifican sus documentos, a pesar de que ella se reconoce a sí misma como una mujer transexual. Se aborda la siguiente temática. (i) Definiciones relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual; (ii) Principales avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) frente a la protección de la identidad de género y la orientación sexual; (iii) Derecho Comparado sobre la situación general de las personas transgénero frente al servicio militar y su obligatoriedad con respecto a las mujeres transexuales; (iv) La procedencia de la acción de tutela; (v) Jurisprudencia constitucional sobre los derechos fundamentales a la dignidad, la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad; (vi) Reglas jurisprudenciales que la Corporación ha desarrollado sobre la protección constitucional a la identidad de género y (vii) El marco constitucional y legal del servicio militar obligatorio en Colombia. Al concluir que es violatorio de derechos fundamentales de las mujeres transgénero exigirles que cumplan con los deberes previstos para los varones en la Ley 48 de 1993, la Corte decide AMPARAR los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana y a la igualdad de la peticionaria. Entre otras disposiciones, exhorta al Congreso de la República para que, en el menor tiempo posible, promulgue una Ley de Identidad de Género que proteja los derechos fundamentales de las mujeres y hombres transexuales, con la consideración, entre otros, de los fundamentos de esta providencia

T-208/15

Los accionantes son indígenas condenados por sus propias autoridades y están recluidos en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán. Consideran que las entidades demandadas vulneran sus derechos fundamentales, al no dar respuesta a las peticiones que han elevado, relacionadas con la asignación de un patio exclusivo para ellos, pues en el que se encuentran comparten espacio con internos condenados por la jurisdicción ordinaria, lo que genera que sean víctimas de discriminación y de constantes agresiones físicas en su contra. Se aborda la siguiente temática: 1º. El derecho de petición de las personas privadas de la libertad. 2º. Alcance y límites al ejercicio de la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas, con énfasis en: (a) el debido proceso que debe garantizarse cuando las autoridades indígenas sancionan a sus miembros y, (b) el fin resocializador que debe orientar la ejecución de las penas impuestas. Para la Corte, los indígenas sí tienen derecho a ser recluidos en espacios especiales, sin que esto signifique que deban estar en recintos exclusivos, sino que se encuentren ubicados en un pabellón donde se garantice en la mayor medida posible la conservación de sus usos y costumbres, y que se lleve a cabo un acompañamiento de las autoridades tradicionales de los resguardos o territorios a los que pertenecen. Se TUTELAN los derechos fundamentales de petición y a la integridad étnica y cultural y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de estos derechos.

T-175/15

Alega el actor que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, al obligarlo a suscribir un pagaré por un valor superior a los seis millones de pesos como condición para la entrega del cadáver de su tía, quien falleció en las instalaciones del Hospital Simón Bolívar. Esta entidad por su parte adujo, que brindó el servicio de salud a la familiar del demandante, de conformidad con las mejores prácticas médicas y, que requirió el respaldo económico con el pagaré, porque la E.P.S de la paciente no autorizó el desembolso debido a un error en el registro de afiliados y falencias en el sistema de copagos. Igualmente, que no era posible la anulación del título valor, por tratarse de recursos públicos, cuya omisión en su recuperación generaría detrimento patrimonial e implicaría a la vez, responsabilidad fiscal. Se estudiaron los siguientes temas: 1º. El cobro de copagos y cuotas de recuperación dentro del esquema del régimen subsidiado del sistema de seguridad en salud y casos en los que hay lugar a su exoneración. 2º. La obligación de los prestadores de servicios de salud de abstenerse de imponer cargas injustificadas y desproporcionadas a los usuarios. 3º. La prohibición a los prestadores de servicios de salud de pedir a los usuarios y/o a sus familiares, pagarés para cubrir los servicios médicos prestados al paciente y, 4º. La obligación de consignar información fidedigna en las bases de datos y de mantenerlas actualizadas. Se TUTELA el derecho al mínimo vital y se ordena la devolución del pagaré referenciado.

 

Mayo 27 de 2015

 

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CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 3 de 2015

 

SENTENCIA

TEMAS

T-272/14

Debido proceso, acceso a la administración de justicia.  Tutela contra providencia judicial.  Se acumulan expedientes por unidad de materia.  Cajanal alega que los jueces constitucionales que profirieron las sentencias objeto de censura, vulneraron derechos fundamentales de la entidad.  En un asunto,  se le condenó a reintegrar los porcentajes de dinero que les descontó en exceso a 440 accionantes beneficiarios de pensión gracia, por concepto de aportes a la Seguridad Social en Salud   y,  en el otro, se le ordenó reconocer y pagar la pensión gracia a 30 peticionarios.  La Sala inicialmente reiteró jurisprudencia referente a  la regla de improcedencia general de la acción de tutela para controvertir sentencias de tutela, y luego se pronunció sobre la competencia de la Corte Constitucional para interpretar y modular las decisiones judiciales en procesos de tutela.  Dentro del marco fáctico de cada caso, expuso los elementos que configuraron la situación compleja de los fallos cuestionados e hizo algunas consideraciones sobre la naturaleza del juez de tutela y sus deberes constitucionales. A pesar de declarar IMPROCEDENTE ambas acciones de tutela, por constatar que existió  un uso irregular y abusivo de la solicitud de amparo, la  Sala decidió emplear el remedio constitucional consistente en modular a posteriori fallos de tutela ya ejecutoriados, y que en su momento no fueron seleccionados para revisión.  Con base en lo anterior, moduló las sentencias acusadas, en el sentido de dejar sin efectos los títulos jurídicos conferidos en las sentencias impugnadas y, en consecuencia, ordenar a Cajanal en liquidación inaplicar las órdenes proferidas, pero dejando abierta la posibilidad a los interesados de acudir a la justicia de lo contencioso administrativo, para dirimir de manera definitiva la cuestión relativa a la posible devolución de los pagos en exceso por concepto de salud, y el referente a la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia.  Se ordenó remitir copia de los expedientes objeto de revisión y de la presente sentencia, a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia. 

T-795/13

Caso en que se debe determinar si las entidades demandadas, vulneraron los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, consulta previa, identidad cultural, autonomía, libre determinación de los pueblos indígenas y a los principios de precaución y distinción del Derecho Internacional Humanitario, con la puesta en funcionamiento de una emisora de operación itinerante con cobertura e influencia en sus comunidades, sin que para ello se les hubiere consultado previamente y cuya programación: (i) no compagina con su pensamiento y cosmovisión, (ii) interfiere con las emisoras comunitarias de los resguardos que representan, (iii) realizan propaganda a favor del Ejército Nacional de Colombia motivando a los indígenas que integran sus comunidades, a que hagan parte de sus filas y, finalmente, (iv) mencionan públicamente a algunos de sus miembros sin tener en cuenta que la zona actualmente se encuentra bajo alerta temprana de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos, lo cual propicia la confusión entre personas combatientes y no combatientes y los expone a un constante peligro por los reiterados enfrentamientos que se presentan con la guerrilla de las FARC. La Corte realizó un análisis jurisprudencial de temas como: (i) las comunidades indígenas como sujetos de especial protección constitucional y la procedencia de la acción de tutela para el amparo de sus derechos; (ii) la protección constitucional a la identidad e integridad étnica, cultural, social y a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas; (iii) las condiciones particulares del pueblo Nasa, su lucha y resistencia, (iv) el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas y su protección por vía de tutela; (v) las estaciones de radiodifusión itinerante y su regulación legal; (vi) el Derecho Internacional Humanitario y el principio de distinción y precaución. Se amparó el derecho fundamental a la vida, a la integridad personal e identidad cultural de las comunidades étnicas representadas en la tutela, transgredidos con (i) las menciones públicas radiales que recaen sobre algunos de sus miembros o de integrantes de la población civil residente en la zona catalogada como de alerta temprana de riesgo por parte de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, las cuales se realizan por medio de la estación itinerante del Ejército Nacional (dial 98.3 F. M), como quiera que atentan contra los principios de distinción y precaución y (ii) por la publicidad encaminada a que miembros del pueblo nasa hagan parte de sus tropas, por cuanto ello implicaría motivarlos a tomar parte del conflicto, situación que en la actualidad, según sus ideales, evitan por cuanto han adoptado una postura de resistencia civil pacífica, alejada de las partes en conflicto, por las razones señaladas en la sentencia. En consecuencia. se ordenó al Ejército Nacional excluir de su programación dicha práctica. También, se ordenó a la Defensoría del Pueblo realizar un minucioso seguimiento a la emisora interina del Ejército Nacional (dial 98.3 F. M) para que dentro de su programación de cumplimiento a lo resuelto en la sentencia.

 

T-427/14

Restitución de inmueble arrendado y pago de cánones de arrendamiento para poder ser oído. Debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Se le endilga a la autoridad judicial accionada la vulneración de derechos fundamentales, en virtud de no haber escuchado al actor en juicio dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado, a pesar de que sus alegaciones ponían en duda la legitimación en la causa de la demandante. Se analiza la temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales Se reitera jurisprudencia constitucional en relación con la aplicación del numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 224 del CPC. Caso en que no existe duda sobra la existencia del contrato de arrendamiento. La muerte del arrendador no es causal de terminación del contrato de arrendamiento. Se negó la tutela.

Actualizado a 28 de abril de 2015.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 2 de 2015

 

SENTENCIA

TEMAS

SU.055/15

Acción de tutela instaurada por el señor Pablo Elías González Monguí, invocando la calidad de apoderado del señor Jorge Andrés Montoya Moreno, contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso y a acceder a la justicia de quien señala como su representado.

Los temas tratados en términos generales en esta sentencia son, entre otros, los siguientes:

La Corte advirtió que el señor Pablo Elías González Monguí no podía considerarse como apoderado judicial del señor Jorge Andrés Montoya Moreno. Si bien el señor González Monguí invocaba tal condición, lo cierto es que no aportó ninguna clase de poder para actuar a nombre del titular de los derechos invocados. Siendo esta una causal para negarle legitimación en la causa por activa a un abogado que dice obrar a nombre y en representación de un tercero. Lo ha señalado así no sólo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que además lo había indicado la Corte Suprema de Justicia en distintas oportunidades al rechazar sendas acciones de tutela instauradas por abogados que decían promoverlas a nombre y en representación del señor Jorge Andrés Montoya Moreno, a pesar de no contar con poderes otorgados directa y debidamente por este último.

En cuanto al tema de la acción de tutela contra sentencias de tutela se reiteró la regla de improcedencia. Sentencia SU – 1219/01. Se consdieró que es un caso en que la controversia fue resuelta mediante providencias que hicieron tránsito a cosa juzgada. Además, se desconoció el deber fundamental de no abusar de los propios derechos y de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de jusiticia. Se trató el tema de la temeridad. Sentencia SU- 713/06. El fundamento de la temeridad está cifrado en mandatos de moralización del proceso y colaboración con la administración de justicia. A su vez, se consideró que la sentencia que motivó el incidente de desacato concedió una tutela que resultaba manifiestamente improcedente. No era solo que existiera un problema de legitimidad en la causa por activa, sino que además, existía una causal de improcedencia inocultable por dirigirse la acción contra sentencias de tutela y también, una flagrante contravención de la cosa juzgada constitucional.

Señaló la Corte que ¨Si bien las sentencias de los jueces de tutela son de inmediato cumplimiento (CP art 86), no puede entonces pretenderse que las vías de hecho tengan el mismo efecto. Una decisión tomada por una autoridad judicial, en la cual se desconozca de forma ostensible el ordenamiento constitucional, no puede desencadenar un proceso sancionatorio por desacato. Por lo mismo, y en vista de que el fallo que desencadenó el incidente de desacato en esta ocasión (i) se apartó ostensiblemente del ordenamiento constitucional, (ii) sin justificación alguna que pueda considerarse suficiente, (iii) y concedió una tutela que resultaba manifiestamente improcedente, (iv) en específico por tener un problema de legitimación en la causa por activa, (v) además de plantear una improcedente tutela contra sentencias de tutela, (vi) y en cualquier caso, incluso si hubiera legitimación, desconociendo la cosa juzgada constitucional, la Corte dejará sin efecto la totalidad del incidente de desacato, y ordenará archivar cualquier actuación similar que se inicie fundándose en los mismos hechos, ante las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca o del Consejo Superior de la Judicatura”.

Se revocó la sentencia expedida el 26 de septiembre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual a su vez había revocado la proferida el 24 de julio de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En su lugar, declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Pablo Elías González Monguí invocando –sin tenerla- la calidad de apoderado del señor Jorge Andrés Montoya Moreno.

Se dejaron sin efecto todas las actuaciones del incidente de desacato y se ordenó a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –o quien haga sus veces- y del Consejo Superior de la Judicatura, que archiven y rechacen ipso iure cualquier eventual solicitud futura de iniciar o continuar el desacato de lo dispuesto en la sentencia del 26 de septiembre de 2013, expedida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el proceso de tutela de la referencia.

Y además, “… la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará compulsar copias de las diligencias a los siguientes organismos: (i) a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para lo de su competencia, en lo que a bien tenga, en relación con las actuaciones de las autoridades judiciales que tomaron la decisión contenida en la sentencia del 26 de septiembre de 2013; (ii) a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.¨

T-393/14

La accionante reside en la Isla de Providencia y decidió llevar allí a su padre, una persona de casi ochenta años de edad, para prodigarle el cuidado y acompañamiento por él requeridos, toda vez que no tiene ningún otro familiar que pueda velar por su bienestar. Al informar tal situación a la Oficina de Control y Residencia de la Isla le fue indicado que, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 2762 de 1991, su progenitor sólo podía permanecer allí por un período de seis meses. La acción de tutela se instauró para solicitar la permanencia del agenciado por un término superior al concedido. En sede de revisión, la Sala constató que el padre de la accionante abandonó la Isla como consecuencia de las comunicaciones de la accionada, en las cuales se indicaba que en caso de permanecer en el Archipiélago, serían sancionados por las autoridades departamentales. Se aborda la siguiente temática: 1º. Razonabilidad de la limitación de los derechos de circulación y residencia en aras del control de la densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 2º. Aplicación del Decreto 2762 de 1991 ante casos que comprometan la unidad familiar y los derechos de los sujetos de especial protección constitucional. No constituyen precedente. 3º. La Carga probatoria en sede de tutela. Reiteración de jurisprudencia. Para la Corte, en el presente caso resulta razonable que el interés reconocido constitucionalmente, que persigue el control poblacional del Archipiélago, regulado en el Decreto 2762 de 1991, ceda con el fin de proteger los derechos del padre de la accionante. Se CONCEDE el amparo solicitado, se inaplica para este caso concreto el artículo 17, parágrafo b) del precitado decreto y se ordena a la entidad tomar las medidas necesarias para establecer la residencia del agenciado de manera definitiva en la Isla. 

T-824/14

Caso en que se debía determinar si los derechos fundamentales del demandante han sido vulnerados por el Banco Agrario, al haberle dado por terminado, el banco demandado, el contrato de trabajo por expiración del plazo presuntivo, sin que previamente Colpensiones le hubiera reconocido su pensión de vejez y lo hubiese incluido en nómina de pensionados. Se reiteró la jurisprudencia constitucional relacionada con (i) la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro; (ii) la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran cercanas a obtener la pensión de vejez; (iii) las normas que regulan el contrato de trabajo en el sector oficial; (iv) la terminación de los contratos de trabajo a término fijo, renovables indefinidamente y; (v) la terminación del contrato de trabajo por el cumplimiento de los requisitos para reclamar la pensión de vejez. Se concedió el amparo pedido por el actor, y se ordenó al Banco Agrario, mediante su representante legal y/o quien haga sus veces, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, procediera a reintegrarlo al cargo que desempeñaba o uno de igual o de superior jerarquía, sin desmejorar su condición laboral, hasta tanto Colpensiones le reconociera la pensión de vejez y lo incluyera en nómina de pensionados.

T-092/15

El accionante promovió la acción de tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a la igualdad y a no ser discriminado, en tanto le negó la expedición gratuita del duplicado de su cédula de ciudadanía, por no aparecer registrado en el Sisbén. Solicitó, que se ordene a la Registraduría dar validez a los listados censales de los habitantes de la calle elaborados por la Secretaría Distrital de Integración Social, como registros del Sisbén en el nivel cero (0); así mismo, que se extiendan los beneficios del régimen subsidiado a las personas inscritas en estos listados y se les otorgue la cédula de ciudadanía y la contraseña provisional, de manera gratuita. Se aborda el análisis de los siguientes temas: 1º. La condición de sujetos de especial protección constitucional de los habitantes de la calle. 2º. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la cédula de ciudadanía para este grupo poblacional y, 3º. Los trámites que debe efectuar un habitante de la calle para lograr la expedición gratuita de un duplicado de su cédula de ciudadanía. Pese a declarar la carencia actual de objeto por daño consumado, la Sala consideró que subsisten asuntos frente a los cuales era necesario emitir diferentes órdenes, como la dirigida a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que, mientras el Departamento Nacional de Planeación efectúa las gestiones para la inclusión de la población habitante de la calle en el Sisbén, interprete que dentro de la expresión “nivel 0 (cero)” consagrada en el literal e) del artículo 5º de la Ley 1163 de 2007, están incluidos todos los habitantes de la calle que soliciten la expedición gratuita de un duplicado de cédula de ciudadanía a nivel nacional, en concordancia con el literal g) de la misma norma y la Resolución 6303 de 2008, expedida por dicha entidad. Igualmente, se exhorta al Departamento Nacional de Planeación, para que, en el curso del proceso de implementación de la política pública en torno a la población habitante de la calle, ordenada por el artículo 13 de la Ley 1641 de 2013, consagre métodos de inclusión de ese grupo poblacional en el sistema de información de potenciales beneficiarios de programas sociales – Sisbén -, a nivel nacional. 

Actualizado a 14 de abril de 2015.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 1 de 2015

 

SENTENCIA

T-789/14

Se aduce que Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida digna de una persona que desde su nacimiento presenta una discapacidad superior al 50%, por lo que fue declarada judicialmente en interdicción judicial indefinida, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a pesar de contar con las semanas de cotización al Sistema, en tanto su progenitora, con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez y sin que existiera una relación laboral, logró afiliarla en el Fondo de Solidaridad Pensional – Programa de Subsidio al Aporte de Pensión”, cotizando a su nombre como independiente y durante quince años, un total de 736.71 semanas. Se analiza temática referente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial; el derecho fundamental a la seguridad social y, el régimen legal, reglamentario y jurisprudencial para otorgar pensión de invalidez vía tutela. La Sala, en virtud de garantizar el derecho a la igualdad de las personas discapacitadas por nacimiento, al igual que el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social y el perjuicio que éste irroga sobre el mínimo vital, CONCEDE la tutela deprecada inaplicando por inconstitucional, el numeral 1º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Con base en lo anterior, ordena a Colpensiones reconocer y pagar la prestación reclamada. 

T-804/14

Se interpone la acción de tutela en contra de una institución educativa del municipio de Aracataca (Magdalena), por vulnerar los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, en virtud de haberle negardo el cupo a una persona transgenerista, bajo el argumento de no permitirse allí a hombres vestidos de mujer. Se analiza temática relacionada con la diferencia entre orientación sexual y la identidad de género. Igualmente, los referentes a la identidad de género como criterio sospechoso de discriminación; el de la carga probatoria de los actos discriminatorios y la labor del juez en sede de tutela. Se CONCEDE el amparo solicitado. 

T-672/14

Los accionantes son 139 residentes del municipio de Bosconia (Cesar), que alegan estar afectados por causa de la línea férrea que pasa cerca a sus lugares de vivienda y por los trenes que por ella transitan, los cuales son operados por la empresa FENOCO. Aducen, que dichos trenes hacen un ruido insoportable y que transportan carbón, cuyas partículas se dispersan en el aire y lo contaminan. Aseveran que dicha situación está afectando su salud y ocasionando graves daños al medio ambiente. Se aborda la siguiente temática: 1º. Relevancia constitucional del transporte férreo. 2º. El ruido de los trenes y la amenaza de los derechos fundamentales a la intimidad, a la tranquilidad y a la salud. 3º. La amenaza de los derechos a la intimidad, a la vida y a la salud, por la emisión de partículas de carbón al ser transportado en trenes y, 4º. El principio de precaución en materia ambiental y su aplicación para proteger el derecho a la salud de las personas. Se CONCEDE el amparo solicitado y, entre otras medidas se destaca, la orden que imparte la Sala a la accionada, en el sentido de suspender las actividades de transporte ferroviario de carbón en los lugares donde la vía se encuentre a menos de cien metros a lado y lado de comunidades y/o viviendas del municipio de Bosconia, todos los días de la semana entre las 10:30 p.m. y las 4:30 a.m. 

T-828/14

Se interpone la acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por abstenerse de expedir copias al actor de la documentación aportada en el trámite que se llevó a cabo para obtener el reconocimiento de la indemnización administrativa por el fallecimiento de sus tres hijos, sosteniendo que dicha información estaba sujeta a reserva, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011. Afirma el actor, que sin esos documentos resulta imposible constatar sí eventualmente la inscripción de las víctimas beneficiadas se dio por medios fraudulentos. Se abordan los siguientes temas: 1º. El requisito de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela. 2º. El contenido del derecho fundamental de petición y el acceso a la información. 3º. La procedencia excepcional de la tutela para la protección del derecho al acceso a la información. 4º. El derecho a la reparación de las víctimas y, 5º. La vulneración de los derechos de las víctimas cuando se niega el acceso a la información. Se CONCEDE el amparo deprecado, previa precisión de que la reserva legal a la que está sujeta la información de las víctimas, no aplica respecto de todos los documentos, sino de los datos privados y sensibles contenidos en estos. 

T-119/14

La accionante, en representación de un hijo que padece autismo y que presenta una pérdida de la capacidad laboral del 66.1%, incoa la acción de tutela en contra del ICETEX, por la presunta vulneración de derechos fundamentales, en tanto se negó a condonar la deuda que tiene su hijo con la entidad, en razón del crédito especial para estudiantes con discapacidad que le fue concedido. El argumento de la negativa fue la necesidad de que el estudiante cumpliera ciertos requisitos, como el haber obtenido el mejor promedio en las Pruebas del Estado SABER PRO. Inicialmente se determina la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto y, de manera posterior se analiza la siguiente temática: 1º. La protección constitucional, internacional y legal de las personas con discapacidad y la consecuente obligación de desarrollar acciones afirmativas a su favor y, 2º. La obligación del Estado de brindar un tratamiento diferente a personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales, fundado en criterios que atienden sus necesidades y posibilidades individuales. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación del joven representado y se ordena a la entidad condonar la deuda mencionada, al igual que diseñar y desarrollar medidas en torno al contenido del derecho a la educación desde su perspectiva de accesibilidad. Igualmente se ordena a la accionada, implementar las demás acciones que considere necesarias para garantizar la inclusión en el sistema educativo de las personas con discapacidad. 

T- 722/14

Se aduce que la Comisión Nacional del Servicio Civil y el INPEC vulneraron derechos fundamentales del actor, al excluirlo de una convocatoria pública para proveer el cargo de dragoneantes, por haber cumplido veinticinco años de edad antes de la culminación de una de las etapas que integran el concurso de méritos. A juicio del peticionario, la razón de exclusión no guarda relación alguna con las aptitudes que deben tener los dragoneantes, de acuerdo con las funciones propias del cargo. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos que reglamentan o ejecutan un concurso de méritos y, respecto a los requisitos exigidos para ocupar el cargo de dragoneante del INPEC. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales al trabajo y al acceso y ejercicio de cargos públicos. Se ordena a la CNSC que inaplique, en el caso del accionante, el numeral 2º del artículo 119 del Decreto 407 de 1994 y lo llame al curso de formación, en calidad de alumno, dentro del proceso de selección de dragoneantes, para que, en caso de superarlo, lo nombre en período de prueba, en los términos que lo ordena el artículo 122 del precitado Decreto.

T- 455/14

Libertad de conciencia, libertad religiosa, petición, debido proceso, objeción de conciencia. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los dos casos estudiados, los accionantes aducen ser objetores de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio, debido a que los dogmas del credo religioso que practican, son incompatibles con el uso de la fuerza propia de la actividad castrense. En el primer caso, las autoridades militares dilataron en el tiempo la respuesta a la solicitud del actor, citándolo en varias oportunidades a resolver su situación militar, pero sin obtener resultado definitivo. En el segundo asunto, el actor fue conscripto en el marco de una redada del Ejército, permaneciendo reclutado a pesar de haber manifestado que sus creencias religiosas eran incompatibles con la prestación del servicio militar. Se analizan los siguientes temas: 1º. El deber constitucional de la prestación del servicio militar obligatorio. 2º. La objeción de conciencia como derecho fundamental y causal de exención del servicio militar obligatorio. 3º. Reglas fijadas por la jurisprudencia sobre la proscripción constitucional de las redadas dirigidas al reclutamiento. 4º. Reglas sobre la eficacia del derecho fundamental de petición. Se CONCEDE el amparo a los derechos fundamentales invocados, se ordena a las autoridades accionadas definir la situación militar de los peticionarios, bajo el reconocimiento de su condición de objetores de conciencia. Se imparten una serie de órdenes generales para que los hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo, no se reiteren en el futuro

T- 771/13

La accionante, mujer transgénero de 23 años de edad, aduce que las entidades demandadas desconocieron sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la vida digna, al no practicarle en forma oportuna todos los procedimientos médicos que se requieren para lograr su afirmación sexual, la cual busca porque no existe correspondencia entre el denominado sexo biológico con el que nació y el sexo y género con que desea construir su identidad sexual. De manera específica considera, que el Ministerio de Salud y Protección Social desconoce también sus derechos, al no incluir en el Plan Obligatorio de Salud los servicios médicos necesarios para que las personas transgénero puedan alcanzar el ideal femenino o masculino que desean. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho de las personas transgénero a acceder a los servicios de salud que requieran en su proceso de reafirmación sexual. 2º. Las transformaciones de las categorías médicas para eliminar algunos usos excluyentes del lenguaje, en virtud del reconocimiento de que la diversidad de la identidad sexual o de género no debe ser estigmatizada como una expresión de anormalidad. 3º. La condición de que los procedimientos quirúrgicos modificatorios de las regiones mamarias u órganos sexuales, que no siempre tienen un carácter meramente estético, sino que pueden resultar necesarios para garantizar la salud y el goce efectivo de otros derechos fundamentales. Al concluir que la accionada vulneró derechos fundamentales de la peticionaria al no autorizarle la práctica de la mamoplastia de aumento, considerada parte integral del procedimiento de reafirmación sexual, la Sala CONCEDE el amparo solicitado. 

T- 709/14

La Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Valledupar, inició actuación administrativa en contra del actor, por la instalación de rejas metálicas, demolición de columnas y de zócalos o muros bajos. Como resultado de dicho trámite, se estableció que había infringido la normatividad urbanística, se ordenó la desinstalación de un cerramiento de rejas que había superado las dimensiones permitidas y se impusieron distintas multas pecuniarias, en función del metraje en que cada una de las construcciones violó la normatividad. El accionante adujo que la entidad omitió valorar que él, sí había construido la reja por fuera de los límites permitidos, pero en atención a la situación especial de su hijo discapacitado. La Sala se pronunció respecto a los siguientes temas: 1º. La finalidad e importancia del Plan de Ordenamiento Territorial. 2º. Las personas en condición de discapacidad, como sujetos de especial protección constitucional. 3º. La vinculación constitucional de las autoridades públicas en la aplicación de normas que afecten derechos de sujetos de especial protección constitucional y, 4º. La omisión de esta vinculación como un defecto sustantivo en los procedimientos adelantados por las autoridades administrativas. Se AMPARA el derecho al debido proceso. 

Actualizado a 10 de febrero de 2015.

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 9 de 2014

 

SENTENCIA

 

T-622/14

La accionante, en representación y nombre de su menor hijo, quien según diagnóstico padece de ambigüedad sexual – hermafroditismo masculino, solicita al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales y, en consecuencia, le ordene a la E.P.S. demandada brindar al menor toda la atención integral que requiere, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo y los demás exámenes y procedimientos que se necesiten para el manejo del referido dictamen. La entidad afirmó que se están realizando los estudios necesarios para determinar las cualidades congénitas del niño y la pertinencia o no de un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo. Adujo igualmente, que no ha ordenado la cirugía, por no existir aún prescripción médica. Se analizan los siguientes temas: 1º. Problemas que enfrentan las personas que nacen en estados intersexuales. 2º. Jurisprudencia constitucional sobre los estados intersexuales en menores de edad y el consentimiento informado para las intervenciones médicas requeridas y, 3º. Debates actuales sobre el reconocimiento jurídico de las personas intersexuales. Para la Corte, la accionada ha vulnerado los derechos fundamentales a la identidad sexual, a la salud en la faceta del derecho al diagnóstico y a la vida del menor representado, por no adelantar prioritariamente la evaluación de su caso y no tomar oportunamente las medidas necesarias para que el proceso de reasignación de sexo que él desea, cumpla con un consentimiento informado, cualificado y persistente. Se CONCEDE el amparo de los derechos invocados y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los mismos

T-740/14

El accionante, en representación de una hija menor de edad que presenta Síndrome de Down, instauró la acción de tutela en contra de la E.P.S. COOMEVA, alegando la vulneración del derecho constitucional de petición, en tanto omitió dar respuesta a la solicitud relacionada con la autorización para practicarle a la niña el procedimiento de esterilización quirúrgica denominado ligadura de trompas. Precisó el actor que la entidad inicialmente no respondió la solicitud, que posteriormente le exigió una autorización judicial con la que ya contaba y que finalmente, le ofreció un tratamiento alternativo que no correspondía al pretendido. Entre otros argumentos esbozados por la accionada, estuvo el de no poder realizar el procedimiento médico, por estar prohibido expresamente por la Ley 1412 de 2010, por tratarse de una menor de edad. La Sala de Revisión examinó la línea jurisprudencial que ha construido la Corte en torno a la procedibilidad de la acción de tutela para ordenar la práctica de procedimientos de anticoncepción definitivos en mujeres y menores en situación de discapacidad mental. También revisó los estándares internacionales en relación con la posibilidad o no de autorizar procedimientos de esterilización quirúrgica en menores en situación de discapacidad, precisando las obligaciones en materia de garantía del derecho al consentimiento informado, la autonomía de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos de dicho grupo poblacional. Se concluye, que no es procedente la acción de tutela para ordenar la práctica de la intervención quirúrgica solicitada, porque no es permitido el procedimiento de esterilización en la niña agenciada, en tanto es menor de catorce años, además, porque no está incursa en ninguna de las causales excepcionales que ponen en grave riesgo su integridad sexual y su autonomía personal, no existe autorización judicial para el mismo y, el padre tampoco agotó el procedimiento ordinario establecido para la materia. Pese a lo anterior, encuentra la Sala que se requiere abordar el amparo de los derechos fundamentales de la niña, debido a que puede estar en riesgo su integridad y autonomía personal. Se CONCEDE la tutela de los derechos anteriormente precitados, además de los de la salud sexual y reproductiva y al consentimiento libre e informado. Se ordena a la E.P.S. abstenerse de realizar cualquier procedimiento médico invasivo que no consulte el consentimiento de la menor y que carezca de autorización judicial según sea el caso y, prestar todos los servicios de asesoría y acompañamiento psicológico y médico en materia de métodos de planificación sexual y reproductivos de acuerdo a su situación de discapacidad. Además de lo anterior, se imparten órdenes específicas al ICBF, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación

T-654/14

El origen de la vulneración de derechos fundamentales es la negativa del banco accionado de reconocer al demandante como representante de su cónyuge, para que reclame el pago de las mesadas pensionales de ella, toda vez que padece una enfermedad degenerativa que le ocasionó la pérdida de movilidad en sus miembros superiores e inferiores, al igual que el habla. La situación de salud de la esposa del accionante ha impedido que reclame por sí misma la prestación de la que es titular, o que tramite la correspondiente autorización para que un tercero la reclame a nombre suyo. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela cuando ésta es interpuesta para agenciar los derechos de otro. 2º. Procedibilidad excepcional de la acción de tutela cuando se reclama el pago de las mesadas pensionales. 3º. Posibilidad de un tercero para reclamar, a nombre de una persona con limitaciones graves para manifestar su voluntad, las mesadas pensionales sin autorización expresa, siempre y cuando esté en riesgo el mínimo vital del pensionado y se tengan razones vigorosas para entender que la representa. Para la Sala, la actuación desplegada por la entidad bancaria resultó desproporcionada, pues amparó una formalidad para imponer una barrera de acceso infranqueable al goce efectivo del derecho fundamental al mínimo vital y a la vida digna, de una familia que está compuesta por sujetos de especial protección constitucional. Se CONCEDE TRANSITORIAMENTE el amparo solicitado y se ordena al banco iniciar los trámites pertinentes para que el actor pueda reclamar y administrar temporalmente los dineros que se encuentran en la cuenta bancaria de su esposa, correspondientes a las mesadas pensionales.

SU.768/14

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de Unificación. El accionante es un ciudadano belga que manifiesta que en diciembre de 1991 llegó al puerto de Buenaventura a bordo de un barco con bandera hondureña y transportando un cargamento de harina de pescado, para lo que esperaba fuera un paso transitorio por Colombia. Aduce que desde los primeros días de su arribo se vio expuesto a un sinnúmero de infortunios, incluidas demandas laborales producto de una supuesta acción desleal del capitán del barco, una investigación penal, la prohibición de salir del país, varios hurtos y, lo más grave, un largo proceso de embargo sobre su embarcación, situaciones que finalmente concluyeron en la desaparición del navío. Por considerar que se sumaron una serie de errores judiciales y administrativos, inició un proceso de reparación directa contra la Nación el cual fue desestimado por el Consejo de Estado, al establecer que, si bien aportó extemporáneamente algunos elementos relacionados con la titularidad sobre la embarcación, no acreditó la normatividad hondureña bajo la cual se adquirió el dominio del bien, ni su vigencia para el caso concreto, carga que le correspondía a él como parte interesada. Impetra la acción de tutela porque considera que, dos décadas después, su estabilidad emocional, familiar y económica está gravemente comprometida por la desaparición del único patrimonio que tenía para subsistir. Considera igualmente, que los fallos de la justicia colombiana configuran una vía de hecho, al no haber interpretado correctamente la normatividad nacional e internacional en torno a la prueba del derecho extranjero, en tanto omitieron valorar las pruebas debidamente aportadas al proceso que atestiguaban su propiedad sobre el barco. La Corte se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. 2º. El rol del juez en el Estado Social de Derecho 3º. La prueba del derecho extranjero en la doctrina y el derecho comparado y, 4º. La prueba del derecho extranjero en el ordenamiento jurídico colombiano. La Corte precisó que ninguna autoridad judicial puede, sin vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, desconocer su corresponsabilidad en la determinación del derecho extranjero aplicable y pretender trasladar completamente esa carga a las partes, menos, en casos en los que la norma extranjera resulta indispensable para la resolución del litigio y es de difícil obtención para los particulares, debido a sus limitaciones financieras y/o logísticas. Concluyó, que en algunos casos el demandante puede ser liberado de esta responsabilidad, pues el juez puede decretarla y apreciarla de oficio. Se CONCEDE la protección del derecho fundamental al debido proceso. 

SU.769/14

Debido proceso, mínimo vital, seguridad social. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de Unificación. Se endilga vulneración de derechos fundamentales a las decisiones judiciales adoptadas en el trámite de un proceso ordinario laboral, iniciado por el actor en contra del ISS, a través de las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. El ISS le negó la prestación al actor con el argumento de no contar con las semanas de cotización requeridas. Por su parte, las autoridades judiciales demandadas sostuvieron en sus providencias que el Acuerdo 049 de 1990, adoptado por el Decreto 758 de 1990, no permite acumular tiempos públicos y privados para el reconocimiento de la pensión de vejez. Se analizan los siguientes tópicos: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El derecho a la seguridad social. 3º. El régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 4º. El reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de acumular tiempos de servicios en entidades públicas, cotizados en Cajas o Fondos de Previsión Social o, que en todo caso fueron laborados y debieron ser cotizados, con los aportes realizados al ISS. Fallecimiento del actor durante el trámite de revisión. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales invocados.

SU.773/14

Debido proceso, igualdad, acceso a la justicia, propiedad, libre empresa. Sentencia de unificación. La vulneración de derechos se predica de la emisión de un auto por parte de la Superintendencia de Sociedades Delegada para Procedimientos Mercantiles, mediante el cual se decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A.., porque con él se violó, presuntamente, los preceptos contenidos en la Ley 1116 de 2006 y en el Código de Procedimiento Civil. La acción de tutela la impetró la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., al considerar que la Superintendencia accionada violó sus derechos fundamentales, en calidad de tercero, al admitir a trámite una solicitud de liquidación de una sociedad, cuando la misma fue inadmitida y subsanada extemporáneamente. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de fallos dictados por la Superintendencia de Sociedades en los procesos de liquidación obligatoria judicial de sociedades. 2º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 3º. El defecto procedimental como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 4º. El derecho al debido proceso y, 5º. Caracterización del proceso de liquidación judicial en Colombia. Para la Corte, la accionada, sin razón justificada, actuó en contravía de lo ordenado por el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, pues dado que la subsanación de los requisitos de procedencia de la solicitud de liquidación judicial se realizó después de los cinco días de que trata el artículo en mención, la obligación del ente de inspección, vigilancia y control, era rechazarla y no admitirla como efectivamente lo hizo. Se CONCEDE

SU.774/14

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de unificación. El ahora accionante instauró una acción de pérdida de investidura contra un concejal de Cali, por incurrir, supuestamente, en violación al régimen de inhabilidades. En primera instancia se decretó la pérdida de investidura pretendida, pero la Sección Primera del Consejo de Estado revocó esta decisión, al considerar que los contratos aportados como pruebas de la causal de inhabilidad, fueron allegados en copia simple, no otorgándoles valor probatorio alguno, por no poder comprobarse la autenticidad de los mismos. Para el actor, la autoridad judicial incurrió en un error fáctico al negarse a valorar pruebas documentales esenciales para la resolución del caso, a pesar de haber sido allegadas en debida forma. Se analiza la siguiente temática: 1º. Requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto y, la oficiosidad del juez en materia probatoria. 3º. Los documentos públicos, privados, originales y copias. Concepto y valor probatorio de los documentos auténticos. 4º. Acciones públicas como garantía del principio de legalidad y eje esencial del Estado Social de Derecho. 5º. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el valor probatorio de los documentos públicos en copias simples. 6º. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el valor probatorio de los documentos públicos en copias simples dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. 7º. La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional y los requisitos para cambios de precedente. 8º. La vulneración del derecho al debido proceso y al acceso de la administración de justicia por parte de los jueces contencioso administrativos, al no solicitar de oficio los originales de documentos públicos que son allegados por las partes procesales en copia simple. Cambio jurisprudencial. Para la Corte Constitucional, se vulneran derechos fundamentales cuando los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, a pesar de contar con copias simples de documentos públicos que sustentan las pretensiones de las demandas o de las excepciones, con los cuales se puede inferir razonablemente la ocurrencia de los hechos alegados, no acuden a sus facultades oficiosas para solicitar los originales de los mismos con el fin de alcanzar la verdad procesal, resolver de fondo la controversia y garantizar el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Se CONCEDE. 

SU.873/14

A la demandante el ISS le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sobre la base de que no cumplía con el requisito de fidelidad. En el trámite de tutela, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo, mientras que en segunda instancia, la Sala Civil de la misma Corte declaró la nulidad de todo lo actuado por tratarse de una tutela contra un fallo de una Alta Corte, y dejó sin efectos la sentencia precedente. Para resolver la controversia, la Corte, en primer lugar, encontró demostrado que la tutela era procedente para censurar las referidas providencias judiciales, en tanto se reunían los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para ello. Competencia de la Corte Constitucional. Auto 100/08. Acción de tutela contra providencias judiciales. Requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debe inaplicarse inclusive cuando la muerte del causante sucedió antes de su inexequibilidad. Condiciones de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Procedencia en este caso de la acción de tutela. Respecto al principio de inmediatez, la Corte ha sostenido que dado el carácter imprescriptible e irrenunciable del derecho a la pensión de sobrevivientes, la vulneración que se presente en relación con el mismo es actual, si la negativa se fundamenta en un criterio abiertamente inconstitucional y está comprometido el derecho al mínimo vital. Requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debe inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del causante sucedió antes de su declaratoria de inexequibilidad. Autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias, al exigirle a la actora acreditar el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes. Toda providencia judicial que le otorgue efectos al requisito de fidelidad al sistema es inconstitucional, sin importar si es proferida antes o después de la sentencia C-556 de 2009, en la que se declararon inexequibles los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues tal requisito siempre ha sido contrario a los postulados superiores. Se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social de la demandante.

Actualizado a 18 de diciembre de 2014.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 8 de 2014

 

SENTENCIA

 

T-475/14

A través de la figura de la agencia oficiosa se instaura la acción de tutela en representación de un joven indígena, a quien la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) no le permitió matricularse en la especialización en Gerencia Pública, con exoneración de pago por su condición de miembro de población vulnerable como integrante de la comunidad indígena Pijao “Quintín Lame”, oponiendo la falta de certificación de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior. A juicio del actor, se vulneraron los derechos a la diversidad étnica, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que las constancias que presentó su agenciado, eran suficientes para acreditar su condición. Se aborda el estudio de los siguientes temas: 1º. El derecho a la educación de los pueblos indígenas y su reconocimiento en el bloque de constitucionalidad. 2º. El alcance y fundamento de las acciones afirmativas materializadas en los cupos especiales de acceso a la universidad de miembros de comunidades indígenas. 3º. El principio de autonomía de estos pueblos y los mecanismos válidos para demostrar la condición de indígena y, 4º. La naturaleza y límites del principio de la autonomía universitaria. SE CONCEDE. 

T-677/14

Se aduce la vulneración de derechos fundamentales por parte de COLPENSIONES, al no pagarle a la actora el retroactivo de la pensión de invalidez ordenada a favor de su fallecido esposo mediante sentencia de la Corte Constitucional número  T-1040/08. La accionante, madre de menor de edad, sufre de VIH y requiere asistencia médica regularmente, así como tratamientos de alto costo que no puede asumir en la actualidad. El juez de primera instancia negó el amparo, tras considerar que la demandante debió formular un incidente de desacato ante el juez que conoció la tutela presentada por su cónyuge o, una nueva petición ante la accionada, para lograr el cumplimiento de la sentencia de la Corporación. El juez de segunda instancia confirmó la anterior decisión y añadió, que no existía prueba dentro del expediente que acreditara que al cónyuge de la actora se le hubiere reconocido la pensión de invalidez, para efectos de determinar si a ella le asistía el derecho a la sustitución. La Sala de Revisión se refiere a la procedencia excepcional de la acción de tutela para lograr pagos de retroactivos pensionales; el deber de la Administración Pública de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y la necesidad de brindar una protección real de las personas que viven con VIH, en los trámites de reconocimiento de prestaciones pensionales. Se CONCEDE el amparo de los derechos a la seguridad social y al mínimo vita

T-358/14

Se analiza en este caso si la Policía Nacional vulneró derechos fundamentales de los accionantes, al publicar, por diferentes medios de comunicación, sus fotografías como miembros de un cártel denominado “Los Vándalos”, situación que les generó perjuicios que no debían padecer y que además, los ha colocado en riesgo de ser objeto de agresiones por personas que, motivadas por dicho cartel, tienen el afán de “hacer cumplir la ley”, sobre todo, cuando se ofrecen cinco millones de recompensa por cualquier información sobre ellos. Se analiza la siguiente temática: 1º. El carácter autónomo de las garantías constitucionales al buen nombre y al habeas data. 2º. Los principios y las reglas que debe seguir el administrador de bases de datos y, 3º. La dimensión subjetiva del derecho del habeas data y la facultad del titular de la información de exigir la supresión de ésta, de las bases de datos. Se declara la carencia actual de objeto porque los afiches objeto de la acción de tutela fueron retirados de los sitios públicos en los cuales estaban situados y, además, fueron destruidos. Pese a lo anterior, se declara también la existencia de un DAÑO CONSUMADO en lo referente a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, ya que se les causó a los actores y a sus familiares un perjuicio que no debieron padecer, porque sus rostros se vieron expuestos al escarnio público, sin existir una investigación previa donde se corroborara su participación en los actos vandálicos que les fue atribuida. Consecuentemente, se ordena a la Policía Nacional publicar en un diario de circulación nacional, un aviso en el cual manifieste que los accionados no se encuentran vinculados formalmente a ninguna investigación penal, tal como lo expresó la Fiscalía General de la Nación. 

 

Actualizado a 10 de noviembre de 2014.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Descripción:

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 7 de 2014

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-126/14

Se le endilga a Colmédica, medicina prepagada, la vulneración de derechos fundamentales de un menor de edad, al negar la autorización del tratamiento de infiltración con toxina botulínica, que en anteriores ocasiones había permitido, argumentando que dicho medicamento no estaba cubierto por el contrato suscrito entre las partes. Los padres del menor indicaron que la interrupción del tratamiento conllevaría a que el niño perdiera gran autonomía y capacidad de movimiento en la pierna afectada, lo cual le impediría realizar funciones básicas como caminar, correr o jugar, además de la práctica de una cirugía que, aunque podría ayudarle, tiene el carácter de invasiva y comporta un mayor riesgo para la vida y la salud del menor. Se efectúa una breve reiteración de jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para la solución de controversias surgidas en contratos de medicina prepagada y, el derecho fundamental de los menores de edad a la salud, teniendo en cuenta que son un grupo poblacional vulnerable que merece una especial protección constitucional. Se declara la improcedencia del amparo solicitado por haberse presentado una carencia actual de objeto por daño consumado, toda vez que al menor representado se le practicó la cirugía que se pretendía evitar. Pese a lo anterior, se previene a la accionada para que en lo sucesivo, se abstenga de interrumpir los tratamientos médicos que necesitan sus usuarios, especialmente cuando se trata del derecho a la salud de los menores de edad, y para que respete el principio de la buena fe contractual, conforme a la cual debe actuar durante toda la ejecución del contrato. Igualmente, se ordena compulsar copia del expediente de tutela a la Superintendencia Nacional de Salud, para que investigue la actuación de la demandada.

T-270/14

La actora tiene una hija a quien le diagnosticaron parálisis cerebral y escoliosis severa rígida. Ambas viven en una casa de interés social que fue entregada por el Gobierno Nacional, en virtud de su condición de desplazada y madre cabeza de familia. El inmueble no cuenta con las condiciones requeridas para garantizar el derecho a la vivienda digna de la menor que presenta la discapacidad, pero la Secretaría accionada considera que las eventuales modificaciones que requiera la construcción, son responsabilidad de la constructora. Se reitera jurisprudencia relacionada con la acción de tutela de personas desplazadas y en condición de discapacidad; el acceso a viviendas de interés social y de interés prioritario para las familias de menores recursos y, respecto del enfoque diferencial por discapacidad. Se CONCEDE el amparo del derecho fundamental a la vivienda digna y se ordena al Fondo Nacional de Vivienda y a la entidad demandada, que provean los recursos para que en coordinación con la respectiva Constructora, adecuen la vivienda de la peticionaria de acuerdo a la discapacidad que presenta su hija, en particular, las modificaciones de la escalera y el baño

T-342/14

Se instauró la acción de tutela en representación de una mujer que tiene cerca de noventa años de edad y un delicado estado de salud, quien vive en un sector rural de Córdoba (Montería), en una vivienda que posee una sola vía de acceso que se encuentra cruzando la propiedad de una persona que decidió cerrar el paso, situación que la dejó incomunicada y sin poder asistir a los controles médicos. Se reseña jurisprudencia constitucional sobre la especial protección que deben recibir los adultos mayores y el deber de solidaridad frente a los grupos vulnerables. Igualmente, se analiza el tema relativo a la propiedad privada, sus límites y su función social. La Sala considera que en este asunto es posible exigir directamente a la accionada el deber de solidaridad, porque en algunas ocasiones, la propia jurisprudencia constitucional, ha admitido que, cuando una actitud contraria a este principio, realizada por un particular, afecta derechos fundamentales de otra persona, deja de ser sólo una pauta de comportamiento y se convierta en un deber exigible por parte de los jueces. Se TUTELAN transitoriamente los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la protección de la tercera edad y, en consecuencia, se ordena a la demandada, retirar los obstáculos que impidan el libre tránsito de la accionante y la agenciada en automóvil, por el camino que atraviesa su predio y que conduce a la vía pública más cercana.

T-343/14

COLPENSIONES le negó al actor el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, argumentando que, según su base de datos, incumplía con el mínimo exigido de períodos cotizados, toda vez que solo tenía registradas 608 semanas. Al presentar los recursos de ley, el demandante aportó el reporte de cotizaciones obtenido a través de la página web de la entidad, en el cual se registraba un total de 1934 semanas. Pese a lo anterior, COLPENSIONES decidió confirmar su decisión. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez; el principio de la buena fe y la confianza legítima y, el deber de las administradoras de pensiones de garantizar el adecuado manejo de la información laboral de sus afiliados. Para la Sala, las inconsistencias que se presentaron en la historia laboral del actor evidencian que COLPENSIONES incumplió sus obligaciones de custodia, conservación y guarda de la información, en perjuicio de las garantías del derecho de habeas data, respecto de la información laboral del actor. SE CONCEDE.

 

 

T-484/14

Se interpuso la acción de tutela en contra de la Oficina de Control de Circulación y Residencia de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por vulnerar derechos fundamentales del actor, en cuanto, luego de reconocer su derecho a la residencia temporal por motivos de convivencia, lo declaró en situación irregular, lo expulsó de la isla y le impuso una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes, por haber laborado sin cancelar una deuda de cuyo pago dependía la expedición de la tarjeta de residente. Se reitera jurisprudencia referente al principio de subsidiariedad en la acción de tutela; al régimen de control de densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al debido proceso en los procedimientos de policía y, el derecho a la unidad familiar y al de los niños a tener una familia y no ser separados de ella. SE CONCEDE.

T-488/14

En este asunto la acción de tutela gira en torno al cumplimiento del proceso de pertenencia rural iniciado por el actor, con el cual se hizo propietario de un predio por haber ejercido su posesión. El juzgado que tramitó el proceso falló a su favor y ordenó la respectiva inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, pero la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no acató la decisión, alegando que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante título otorgado por el INCODER. La Sala se pronuncia respecto a los siguientes aspectos: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y actos administrativos. 2º. El cumplimiento de fallos judiciales. 3º. El régimen jurídico aplicable a los bienes baldíos en el ordenamiento nacional y, 4º. El conjunto institucional dispuesto para el cumplimiento del desarrollo rural y el acceso progresivo a la tierra. Para la Sala, la negativa de inscripción emanada por el Registrador Público demandado se ajustó al marco constitucional y legal vigente que consagra la imprescriptibilidad de los bienes baldíos. En esta medida, decide revocar el fallo de tutela que concedió el amparo y ordenar al Registrador accionado, retirar la inscripción realizada en cumplimiento de dicha sentencia judicial. Igualmente, deja sin efecto todas las providencias proferidas dentro del proceso agrario de pertenencia y compulsa copias del expediente de tutela al Consejo Superior de la Judicatura, para que en el ámbito de su competencia, investigue disciplinariamente la actuación del juez que dio curso al precitado proceso sobre un presunto bien baldío, en oposición a las pruebas allegadas y a las disposiciones legales y jurisprudenciales sobre el asunto. Se NIEGA el amparo solicitado y, tras advertir que los problemas que genera la clasificación y adquisición de bienes baldíos es una problemática jurídica y social que transciende la situación concreta del actor, se imparten una serie de órdenes estructurales a varias autoridades, para evitar que los mismos hechos continúen ocurriendo en un futuro, así como remediar las posibles defraudaciones al patrimonio público que hayan tenido lugar.

T-582/14

Se interpone la acción de tutela en contra de la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida de Bogotá, para solicitar el amparo de los derechos fundamentales del Ministerio Público al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales se consideran vulnerados, al habérsele negado a la actora el acercamiento, en su condición de agente especial dentro de una actuación adelantada por la Fiscalía, a la carpeta contentiva de la información acopiada por esta entidad en la fase de indagación. Para la demandante, el acceso a la información obtenida en el curso de la investigación es un presupuesto indispensable para que los agentes del Ministerio Público, en calidad de agentes especiales, puedan ejercer un control de gestión sobre actuaciones de quienes desempeñan funciones públicas, conforme al artículo 118 Superior. La Sala recuerda que el Ministerio Público en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento penal que regula la Ley 906 de 2004, actúa en condición de sujeto especial y que su conducta debe circunscribirse a las diligencias y actuaciones que son de su competencia y bajo las condiciones procesalmente establecidas. Se concluye, que la actuación de la Fiscalía accionada estuvo lejos de ser considerada arbitraria o caprichosa por configurar un defecto sustantivo o procedimental, así como tampoco desconoció el precedente, ni constituyó una violación directa a la Constitución.

 

Octubre 14 de 2014

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Descripción:  

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

PROVIDENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 6 de 2014

 

PROVIDENCIAS

 

T-218/14

Mínimo vital, vida digna. Se presenta la acción de tutela con el propósito de reclamar la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al negarle al actor la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia a la que tiene derecho él y su núcleo familiar en su condición de desplazados, aduciendo que los hechos que originaron el desplazamiento tuvieron ocurrencia hace más de diez años, sin tener en cuenta que las condiciones de vulnerabilidad son actuales. Reiteración de jurisprudencia relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela para demandar la protección de los derechos fundamentales vulnerados a la población desplazada. Criterios que deben tener en cuenta las entidades públicas y privadas para responder satisfactoriamente los derechos de petición elevados por los desplazados. Reglas jurisprudenciales definidas para la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia. Se concluye que, la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia no depende de un término específico ni puede suspenderse hasta tanto la persona en condición de desplazamiento logre el restablecimiento de sus condiciones materiales. SE CONCEDE. 

T-329/14

La vulneración de derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas se predica del hecho de no autorizar un servicio médico denominado recanalización tubárica, requerido por la actora para tratar una dolencia en sus ovarios y prescrito por su médico tratante, bajo el argumento de ser un procedimiento quirúrgico cuya finalidad es permitir la reproducción. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con el derecho de los usuarios del Sistema de Salud a que las entidades a las cuales se encuentran afiliados les garanticen el mejor nivel de salud posible y la referente al acceso efectivo a los servicios médicos asociados a la fertilidad. Se concluye, que la accionada vulneró el derecho fundamental a la salud en la faceta de diagnóstico de la actora, al no determinar cuál es la dolencia que la aqueja y no disponer de los servicios indispensables para garantizarle el mejor nivel de salud posible. SE CONCEDE. 

T-361/14

Se inició la acción de tutela en contra de la E.P.S. SURA, para invocar la protección de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la integridad física y a la salud, los cuales se consideran vulnerados al negarle a la actora el examen especializado denominado “secuencia de ADN mitocondrial para determinación de encefalopatía mitocondrial”, prescrito por su médico tratante para el manejo de la patología que le fue diagnosticada, esto es, Síndrome de Melas y Wolff Parkinson White. El Comité Técnico Científico de la entidad accionada afirma que sí existe riesgo inminente para la vida de la paciente, pero niega el servicio por exceder los alcances del Plan de Beneficios del Sistema de Seguridad Social en Colombia, ya que no es realizado a nivel nacional y es una exclusión del Sistema, según el artículo 49 del Acuerdo 029 de 2011. Se reiteran precedentes constitucionales referentes al derecho a la salud como derecho fundamental y su protección constitucional; la universalidad y continuidad del servicio de salud; el derecho al diagnóstico como parte del derecho fundamental a la salud; la inaplicación de normas del Plan Obligatorio de Salud y, el principio de integralidad en el derecho a la salud. Al encontrar vulnerados derechos fundamentales de raigambre constitucional se decide CONCEDER el amparo solicitado e impartir una serie de órdenes conducentes.

T-408/14

El hecho común en los asuntos objeto de revisión tiene que ver con la negativa de las accionadas de suministrar a los actores copia de las historias clínicas de los familiares cercanos fallecidos o atendidos en dichas entidades, bajo el argumento de ser documentos privados sometidos a reserva que solo pueden ser conocidos por terceros previa autorización del paciente o, en los casos previstos por la ley. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela en relación con la entrega de la historia clínica y su acceso por parte de los familiares del paciente. En un caso se concede el amparo de los derechos a la información y al acceso a la justicia y se le indica a la peticionaria que la copia suministrada es para su uso exclusivo y reservado. En los otros dos asuntos se niega, en un caso por improcedente por falta de legitimación del solicitante y, en el otro, por no existir prueba que acreditara que el delicado estado de salud de la paciente implicaba incapacidad física o mental que le impidiera solicitar directamente su historia clínica o impartir la correspondiente autorización para que alguien la solicitara a su nombre.

 

T-471/14

Se le endilga a COLPENSIONES la vulneración de los derechos fundamentales de una joven de 21 años de edad que padece retardo mental severo, como consecuencia de su decisión de negar la reactivación del pago de las mesadas pensionales, previo reconocimiento de su calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su padre en su condición de hija inválida, por no haber aportado junto con su solicitud la sentencia proferida en juicio de interdicción en donde se determine la persona que asume la guarda y el acta de posesión y discernimiento del curador o guardador o, la copia del registro civil con dicha anotación. La Sala de Revisión aborda temática relacionada con el principio de subsidiariedad y la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos pensionales, los requisitos para conceder la pensión de sobrevivientes a favor del hijo inválido y la acreditación de los requisitos de procedencia referentes a la legitimación y el principio de inmediatez. Se AMPARAN los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la vida digna y se ordena a la accionada, entre otras cosas, expedir la resolución de reconocimiento del 50% de la pensión de sobrevivientes en calidad de hija inválida del causante desde el momento en que se interrumpió o suspendió su pago, sin perjuicio de la prescripción establecida en el artículo 488 del CST.

T-366/13

En este caso se aduce que el ICETEX sede Medellín vulneró derechos fundamentales, al negarle a la actora el ingreso a sus instalaciones, motivado, según ella, en un criterio de discriminación racial.  El argumento planteado por la accionada para justificar su conducta, tiene que ver con las especiales medidas de seguridad implementadas por la administración de la copropiedad, en razón a la convocatoria de la Jornada Nacional de Trabajo Decente que se llevaría a cabo ese día y en el hecho de que una semana atrás, la demandante había estado en una toma pacífica de las oficinas de la entidad, quedando registrada como una de las participantes de dicha actividad.  Se aborda la siguiente temática: 1º. Los fundamentos concernientes a la delimitación del derecho a la manifestación pública y pacífica.  2º. El derecho de acceso sin discriminación alguna a lugares o entidades que prestan un servicio público. 3º.  El derecho al buen nombre y el manejo, gestión y administración de registros y bases de datos en las que reposen información personal y, 4º. La prohibición de discriminación con fundamento en la raza, en particular, respecto de la población afrocolombiana. Se  CONCEDE la tutela de los derechos a la igualdad, al buen nombre y al habeas data y se ordena a la accionada, entre otras medidas,  presentar por escrito una carta a la accionante en la que ofrezca disculpas por la indebida actuación adelantada en su contra, la cual debe publicar en un sitio de fácil acceso al público que visite la entidad, como medio para resarcir el buen nombre de la actora.  

T-818/13

Debido proceso, defensa.  La vulneración de derechos fundamentales se predica de diferentes actuaciones judiciales o administrativas relacionadas con el trámite de un proceso judicial de privación de la patria potestad, una investigación adelantada por la Fiscalía por el delito de inasistencia alimentaria y el inicio de un proceso de adopción.  Como resultado de las referidas acciones al actor se le privó del ejercicio de los derechos de la patria potestad que ostentaba sobre su hija, se dejaron de tener en cuenta las consignaciones debidas y oportunas de las cuotas alimentarias realizadas  y se decretó la adopción de su hija a favor del actual esposo de la madre de la menor. Para resolver el problema jurídico planteado se repasan las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y la relacionada con las cargas y deberes de los sujetos procesales, así como la noción de lealtad procesal, en particular en asuntos de familia.  La Sala concluye que en los procesos de pérdida de la patria potestad es de fundamental importancia que todas las partes actúen de manera diligente, dado que se encuentran en juego no solo los derechos de los padres, sino principalmente, el interés superior de los niños. Se concede.  

A. 260/14

Solicitud de nulidad de la sentencia T- 376/12. Caso en que no se demostró la existencia de un cambio de jurisprudencia relacionado con los fines de la consulta previa y el concepto de afectación directa. Además, lo que se pretendía era reabrir una discusión probatoria, en contra de lo establecido en la jurisprudencia constitucional sobre la improcedencia de asimilar la nulidad a una instancia adicional en el trámite de la tutela. Caso Inversiones Talamare SAS. Tema: Consulta previa de la Comunidad Negra de la Boquilla

Actualizado a 9 de septiembre de 2014.

SMVP.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Descripción:

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 5 de 2014

SENTENCIA

TEMA

T-028/14

Vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud por parte de la empresa Aguas de la Península S del municipio de Maicao, Guajira al omitir el deber de adoptar medidas que permitan garantizar a la actora y a su núcleo familiar, el suministro mínimo de agua potable. Se desarrolla: (i) Procedencia de la acción de tutela para garantizar el derecho al agua en los eventos en que se impide el consumo humano del líquido necesario para preservar otros derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la salud o la salubridad de las personas; (ii) contenido del derecho fundamental al agua de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y con instrumentos internacionales. Se establece que: (i) el desarrollo del contrato de concesión para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, no puede permitir deficiencias en la prestación del servicio, tales como la disminución de la cantidad del agua suministrada. (ii) Frente a la insuficiencia de los recursos económicos para afrontar el problema, la decisión de celebrar un contrato de concesión con el objeto de prestar a la comunidad de Maicao los servicios públicos de acueducto y alcantarillado debió estar respaldada en una disponibilidad presupuestal y en la capacidad técnica y financiera de la empresa concesionaria. (iii) La insuficiencia de recursos económicos y la existencia de problemas técnicos, no justifica la mala prestación de los servicios públicos.

T-224/14

En virtud del derecho fundamental a la seguridad personal, quienes estén expuestos a un riesgo excepcional que no tienen el deber jurídico de soportar, se encuentran facultados para reclamar la protección adecuada por parte de las autoridades públicas. Negativa de la Unidad Nacional de Protección de proporcionar las medidas de seguridad a un funcionario judicial y su familia, amenazado por el grupo guerrillero FARC. Se garantiza el derecho a la seguridad personal de las autoridades públicas tras “acreditar directa o indiciariamente condiciones que extralimiten la normalidad de los peligros o riesgos a que están expuestos, (bien sea por la ubicación del lugar en donde realiza sus actividades, por las circunstancias del conflicto interno, o por la naturaleza de las funciones que estaba a su cargo), en aras de garantizar la vida y la integridad de los mismo”.

T-231/14

 

Se concede el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la protección del principio de confianza legítima, al trabajo y al mínimo vital de una persona de la tercera edad quien durante 30 años ha ejercido la labor de vendedor ambulante en un barrio de la ciudad de Bucaramanga. En consecuencia, ordenó a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y a la Defensoría del Espacio Público de la misma ciudad realizar un censo de vendedores informales en el barrio Girardot de Bucaramanga y proporcionarles aquellos, la información sobre los programas de capacitación, de formalización de la economía y de los planes de reubicación existentes en la ciudad de Bucaramanga para los comerciantes informales. Efectos inter comunis de la decisión respecto de los otros vendedores ambulantes del barrio Girardot que fueron excluidos del censo y de los planes de reubicación y aun así se les ha impedido ejercer la actividad de ventas ambulantes.

T-232/14

Conceptos emitidos por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil constituyen una amenaza del derecho a elegir y ser elegido de AICO, movimiento político con personería jurídica, habilitado por la ley para presentar candidatos para Cámara y Senado por la circunscripción especial indígena. La Corte confirma la decisión del Consejo de Estado de amparar el derecho constitucional a elegir y ser elegido amenazado por la interpretación que efectuaron las entidades accionadas respecto del contenido del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y la sentencia C-490 del mismo año y que en consecuencia ordenó a las entidades accionadas, permitir la inscripción de los candidatos presentados por AICO para aspirar a los cargos de elección popular por la circunscripción especial de minorías étnicas.

T-213/14

El Consejo Superior de la Judicatura no vulneró el derecho al debido proceso y la autonomía judicial de dos magistradas del Tribunal Superior de Sincelejo al sancionarlas por incurrir en una falta disciplinaria grave tras resolver un caso de tutela “sin seguir las normas constitucionales y legales aplicables y desconociendo la jurisprudencia constitucional aplicable, cuando (i) la autoridad judicial conocía las reglas jurídicas aplicables y (ii) las deja de aplicar sin dar razones ni sustento jurídico a su decisión. Además, (2) el juez disciplinario no viola el derecho al debido proceso y la autonomía judicial, cuando sanciona a una persona que se desempeña como juez por resolver un caso de tutela sin aplicar un determinado concepto o regla legal relevante, a pesar de que la forma en que el funcionario evaluado enfocó el problema jurídico lo llevó a creer que no era necesario hacerlo. La facultad de precisar un problema jurídico, no sirve de excusa para dejar de aplicar la Constitución y la ley”.

T-214/14

“Una entidad territorial que sanciona con multa a un residente irregular por no haber aportado los documentos necesarios para acreditar su derecho a la residencia permanente, viola su derecho fundamental y el de sus hijos menores a la unidad familiar cuando (i) como resultado de dicha sanción se produce la separación familiar, y (ii) del pago de la mencionada obligación depende la respectiva reunificación”

Se concede el amparo del derecho constitucional a la unidad familiar de la accionante y sus dos hijos, que fue vulnerado por la decisión de la Oficina de Control de Circulación y Residencia del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina (OCRE) de expulsar de la Isla al esposo de la demandante quien además es padre de sus dos menores hijos, en razón a que no cumplió los plazos establecidos para la entrega de los documentos necesarios para obtener la tarjeta de residente, luego de habitar el Departamento durante 20 años en forma irregular, y condicionar su regreso al pago de una multa consistente en 20 SMLMV. En el ejercicio de la ponderación entre los derechos de los niños a tener una familia y no ser separado de ella y los derechos colectivos de los habitantes del Departamento prevalecen los primeros. Por ello, la Corte admite que la decisión de la OCRE está ajustada a la Constitución y a la Ley en razón a que la expulsión de una persona, que por 20 años ha habitado la Isla en forma irregular es válida, sin embargo, la multa como condición para su ingreso a la Isla impide que los menores puedan ver a su padre pues se constató la incapacidad económica de aquel. En consecuencia se ordenó a las entidades accionadas permitir el ingreso del esposo de la demandante al Departamento, en calidad de turista y, que pueda iniciar un nuevo trámite para la obtención de la residencia.

T-222/14

La Corte se pronunció sobre tres casos que presentan un patrón fáctico similar en el sentido de que se trata de personas calificadas con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y por tal razón, solicitaron a las aseguradoras accionadas hacer efectiva la póliza del seguro, cuyo objeto consiste en la garantía del pago de los créditos de los cuales ellos son acreedores. Por su parte, las entidades accionadas se negaron a hacer efectivo dicho pago, bajo el argumento de que la enfermedad que generó la invalidez del tomador es preexistente a la firma del contrato de seguro. Para resolver los casos concretos, se reitera la jurisprudencia constitucional relativa a la vulneración de los derechos fundamentales de los asegurados, especialmente al mínimo vital, cuando: (i) la persona carezca de recursos económicos para continuar con el pago de las cuotas del crédito; (ii) exista probabilidad de lesionar los derechos de personas que dependan económicamente de él; (iii) en los casos de preexistencias la obligación de declarar no puede ser absoluta, pues existen eventos donde no es posible informar con certeza todas las condiciones del asegurado, especialmente, cuando las cláusulas del contrato son muy amplias o ambiguas; (iv) la carga de la prueba de la preexistencia radica en cabeza de la aseguradora quien deberá solicitar exámenes médicos previos a la celebración del contrato, so pena de no poderlos alegar en un futuro y, finalmente; (v) preexistencia no es sinónimo de reticencia. En este último evento, se deberá acreditar mala fe del asegurado. Cuando se acrediten tales condiciones, no excluyentes, las aseguradoras tendrán que pagar el saldo insoluto de la obligación. A partir de dichas reglas, se resolverán los casos concretos”.

T-244/14

Se concede el amparo del derecho a la reubicación de personas desplazadas quienes habían sido reubicadas en un lugar que no presenta las condiciones adecuadas de seguridad. En consecuencia, ordenó que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación las Víctimas y el INCODER, en conjunto con las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas garanticen integralmente el proceso de reubicación de los accionantes. Para ello, se deberán respetar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad y asegurar la plena participación de los afectados.

T-276/14

En esta oportunidad la Corte Constitucional resolvió el caso de un trabajador despedido por exhibir un disfraz en el parqueadero de la empresa luego de haber terminado su turno, un domingo en el que se celebraba un carnaval en la ciudad de Santa Marta. La sanción se produjo, porque este disfraz dejó al descubierto partes íntimas del actor y en razón a ello, el empleador consideró que aquel, con su comportamiento, incurrió en un “acto inmoral” y en consecuencia, decidió terminar el contrato de trabajo luego de 15 años de labor. Esta decisión se adoptó luego de un procedimiento disciplinario. Para la Corte Constitucional, con esta decisión, el empleador vulneró el derecho al debido proceso del trabajador por los siguientes aspectos: (i) el reglamento descrito que vulnera el principio de legalidad y tipicidad pues en el caso concreto ejemplifica la aplicación de una norma disciplinaria excesivamente indeterminada, y (ii) la imposición de una sanción desproporcionada que desconoció el grado de culpabilidad del actor, el contexto en el que se cometió la falta, el efecto que tuvo y la hoja de vida y trayectoria del actor, quien no había recibido en quince (15) años de trabajo ni una llamada de atención”.

 

Desde 1 de junio hasta el 31 de julio de 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 4 de 2014

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-953/13

Derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. La actora, quien tiene noventa años de edad, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscales de la Protección Social (UGPP) la revisión de la aplicación del IPC en los actos administrativas que reconocieron y sustituyeron la pensión de jubilación, pero la entidad le respondió que realizada la verificación respectiva, encontraron que la mesada pensional estaba ajustada a derecho, con la aplicación en debida forma de los reajustes pertinentes. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar y obtener el reajuste periódico de una mesada pensional y el derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Se concede la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.

T-956/13

La accionante es una ciudadana de la República Popular China que trabaja legalmente en Colombia en virtud de la visa que se le expidió para tal efecto. Aduce que tiene una unión marital de hecho con un conciudadano y que fruto de dicha relación, existe una niña de cuatro años de edad que nació en el municipio de Palmira (Valle). Comenta que su pareja es propietario de un restaurante de comida china, pero que no legalizó su estatus migratorio en el país, motivo por el cual, el extinto DAS le notificó acto administrativo ordenando su deportación. Considera la actora que esta situación vulnera los derechos fundamentales de su menor hija, toda vez que el rompimiento del núcleo familiar tiene efectos particularmente gravosos para la niña. Con base en lo anteriormente descrito, solicita que se le otorgue al padre de su hija una visa con la que pueda permanecer legalmente en el país. Se analiza: 1. Requisitos para la configuración del perjuicio irremediable y la manera en que son evaluados en el caso de sujetos de especial protección, como sucede con los niños y niñas. 2. Precedente de la Corte en materia del derecho de los niños y niñas a tener una familia y no ser separados de ella y, 3. Contenido del derecho de contradicción y defensa cuando se trata de procesos administrativos seguidos contra migrantes y la necesidad de comprender el idioma utilizado en los procedimientos migratorios. Considera la Sala que Migración Colombia vulnera el derecho de la menor a tener una familia y no ser separada de ella al imponer la orden de deportación a su padre, puesto que en abierto perjuicio del interés superior de la niña se dan consecuencias jurídicas que le son desfavorables, fundadas en un procedimiento administrativo que contradice la Constitución. Se concede la tutela.

T-933/13

Derechos a la salud, educación inclusiva, igualdad y mínimo vital. En este asunto se aduce que el ICETEX vulneró derechos fundamentales del accionante y de su hijo, al negarse a condonar la deuda adquirida en virtud de un crédito otorgado para personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, aduciendo que el reglamento del crédito permite eximir la deuda, entre otros eventos, cuando el hecho que da lugar a la invalidez sobreviene a su otorgamiento, circunstancia que no se cumplió en el caso concreto, porque la invalidez del estudiante ya existía, tanto así que por dicha circunstancia fue que pudo ser beneficiario de la línea de crédito especial. El actor no contradice esta situación, sino el hecho de que la enfermedad de su hijo se agudizó tanto, que mediante decisión judicial se declaró su interdicción por discapacidad absoluta. Igualmente, argumenta que a él, en su condición de coedudor, le resulta imposible cancelar la deuda porque él es la única persona que vela por las necesidades de su núcleo familiar. La Sala de Revisión se refiere a los siguientes temas: 1. Las personas en situación de discapacidad como sujetos de protección constitucional reforzada. 2. El alcance del derecho a la salud de las personas en circunstancia de discapacidad originada por trastornos mentales. 3. La diferenciación entre los conceptos de discapacidad e invalidez y, 4. El contenido del derecho a la igualdad frente a las personas que se encuentran en circunstancia de discapacidad y la necesidad de realizar ajustes razonables como manifestación del deber de no discriminación. Al encontrar la Sala de Revisión que la norma del Reglamento del Crédito Educativo que regula lo atinente a la condonación de la deuda de los créditos otorgados vulnera el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, al no contemplar ajustes razonables que tengan en cuenta sus circunstancias específicas, decide conceder la protección constitucional solicitada e impartir una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Se exhorta al Ministerio de Educación Nacional para que implemente el contenido del instrumento de la Convención y continúe el proceso de construcción de una educación inclusiva en todos los niveles del sistema público educativo, de acuerdo con la normativa y el bloque de constitucionalidad, en un ambiente que propicie la tolerancia y el respeto por la diversidad, donde cada educando pueda adelantar su proceso de aprendizaje desarrollando al máximo todas sus potencialidades.

T-176A/14

Considera el actor que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al habeas data, al buen nombre y al trabajo, al reportar en sus bases de datos información subjetiva y desactualizada sobre el hurto de su tracto camión y de la mercancía que en él transportaba, la cual pertenecía a la empresa Transporte Humadea S.A. Dichos actos han generado que nadie quiera contratar sus servicios de transporte y que en virtud de ello, se esté viendo comprometida su subsistencia y la de su familia. Se analiza: 1. La procedencia de la acción de tutela contra particulares. 2. El carácter autónomo de las garantías constitucionales al buen nombre y al habeas data. 3. Los principios y las reglas que debe seguir el administrador de bases de datos y 4. La dimensión subjetiva del derecho al habeas data y la facultad del titular de la información de exigir la supresión de ésta de las bases de datos. Se concede el amparo de los derechos invocados.

Fecha: Mayo 19 de 2014

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 3 de 2014

 

 

SENTENCIA

TEMA

T-558/13

Responsabilidad de las IPS frente a la atención de víctimas de accidentes de tránsito cuando éstas requieren de un mayor nivel de atención. Seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Se concede la tutela por vulneración de los derechos a la salud, a la vida digna y a la seguridad social.

T-682/13

Legitimación en la causa por activa. Obligación de prestar el servicio militar obligatorio. Causales eximentes de la prestación del mismo fijadas por la ley. Eventuales incompatibilidades entre la obligación de prestar el servicio militar y las obligaciones para con la familia. Exención consagrada en el literal g), del artículo 28, de la Ley 48 de 1993. Reiteración de jurisprudencia. Línea jurisprudencial sobre la materia. Subreglas aplicables. Eventuales incompatibilidades entre la obligación de prestar el servicio militar y las obligaciones para con la familia. Se conceden las tutelas de los expedientes acumulados, pero se condiciona el desacuartelamiento.

T-849A/13

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Defecto procedimental absoluto como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Regulación normativa, objetivo y alcance de la acción de grupo. La reclamación de acreencias laborales mediante la figura de la acción de grupo. Al constituir los derechos laborales una retribución o compensación por los servicios prestados por el trabajador, su reconocimiento y pago no tienen naturaleza resarcitoria, sino retributiva, por lo que no pueden ser pretendidos a través de la acción de grupo. Por otra parte, cuando lo que se persigue con dicha acción es una indemnización de perjuicios por los eventuales daños sufridos debido al no pago o al pago tardío de las prestaciones, la reclamación es procedente a través de la acción de grupo. Para la Corte es evidente que desde el punto de vista constitucional, las entidades de seguridad social están obligadas a indemnizar a los pensionados por la cancelación tardía de las mesadas pensionales mediante el pago de intereses de mora, ello en virtud del artículo 53 de la Carta Política, que preceptúa que el Estado garantizará el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones. Considera la Sala que el hecho de que el Juzgado haya declarado que el Departamento es patrimonialmente responsable por los daños causados a los pensionados a su cargo, por la mora en el pago de las mesadas pensionales a que tienen derecho, sin haber establecido en la sentencia que así lo declaró el monto de la indemnización colectiva a pagar, quebrantó una norma de orden público de obligatorio cumplimiento, como lo es el citado artículo 65 de la Ley 472 de 1998. Si dicho juzgado hubiese tenido en cuenta el procedimiento aplicable a las acciones de grupo (Ley 472 de 1998), se habría dado cuenta que es en la sentencia que pone fin al proceso de acción en donde se debe precisar cuál es el monto a pagar a título de indemnización. Se incurrió en un defecto procedimental absoluto. Se concede el amparo solicitado.

T-866/13

Legitimación de los dirigentes indígenas para invocar el amparo de los derechos de los miembros de sus comunidades. Alcance de la jurisdicción especial indígena. Derecho fundamental a la jurisdicción y al fuero indígena. Derecho fundamental al debido proceso, haciendo énfasis en los principios de juez natural y non bis in ídem. Caso en que no se cumple con el elemento territorial o geográfico ni con el elemento objetivo del fuero especial indígena. Se decreta la nulidad de la condena proferida por la jurisdicción especial indígena. Se colige que la violación al derecho fundamental del debido proceso y al principio de non bis in ídem, que se presentó en este caso, obedeció en parte a una actitud negligente por parte del juez ordinario que decidió no elevar en su oportunidad el conflicto de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura y, además, por cuanto no indagó sobre la condición indígena del procesado, quien como miembro de una comunidad étnica podía ser sujeto de excepción por diversidad etnocultural –art. 33 Código Penal- o de error de prohibición culturalmente condicionado en el caso que el vínculo cultural le impidiese conocer la ilicitud de la conducta. La Sala considera que hubo vulneración del debido proceso del accionante ya que i) se violó el principio de non bis in ídem -fue juzgado dos veces por los mismos hechos-; ii) los jueces ordinarios no elevaron el conflicto de jurisdicciones ante la autoridad competente en debida oportunidad y; iii) la primera solicitud de traslado de lugar de reclusión fue negada violando a su turno la posibilidad del accionante de reintegrarse con su comunidad étnica lo que pudo desembocar de manera abrupta en la cultura mayoritaria por un tiempo considerable. Se niega el amparo del derecho fundamental a ser juzgado por su juez natural, es decir, la jurisdicción especial indígena, por las razones expuestas en la providencia, y ii) Se concede la protección al derecho fundamental al debido proceso por vulneración al principio de non bis in ídem.

T-043/14

Derecho a la pensión de invalidez en casos de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. Determinación de la fecha real o material de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.

T-065/14

Afiliación de nieto menor de edad al Subsistema de Salud de la Policía Nacional, a través de su abuelo cotizante cuando depende económicamente de éste. Se ordena que se afilie al niño como cotizante dependiente. Si el menor se llega a encontrar activo en el sistema del régimen subsidiado, la Dirección de Sanidad demandada deberá acompañar el retiro y la cancelación de la afiliación del niño a la entidad prestadora del servicio de salud del régimen subsidiado en la que pueda estar vinculado. Condiciones de afiliación sólo podrán cambiar cuando sean definidos por el órgano competente, los términos y condiciones para que una persona que depende económicamente del afiliado cotizante pueda acceder a estos servicios de salud.

T-1029/12

Caso en se puso un otrosí al contrato de trabajo, en el cual se estipuló que la suma pagada al demandante por concepto de gastos de movilidad que excedía al salario no tenía esa naturaleza. Acción de tutela contra providencia judicial. Caracterización del defecto por desconocimiento del precedente. Deber de aplicación del precedente jurisprudencial. Precedente horizontal. Caracterización del defecto sustantivo por indebida o equivocada interpretación de la ley. Interpretación de los pactos de desregularización salarial: Art. 128 C.S.T. Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá interpretó de forma indebida el mencionado Art 128 del C.S.T. dado que otorgó un entendimiento posible a dicha disposición legal, empero dicha comprensión desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y los derechos irrenunciables del actor.

T-582/13

Caso en que la iglesia Bautista celebró contrato verbal para reparación locativa con el accionante, quien sufrió accidente de trabajo y no estaba afiliado a la ARL. La posición de la Corte ha permanecido invariable frente a la omisión del empleador de afiliar a sus trabajadores al Sistema de Riegos Laborales, al entender que la misma afecta gravemente los derechos de éstos, comprometiendo la responsabilidad directa de aquél, en el sentido de asumir la totalidad de los costos inherentes a la preservación de la seguridad social de los trabajadores afiliados y de los beneficiarios de ellos. Buscando con ello evitar que con ocasión del incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador se impida a los trabajadores recibir la atención integral en salud o el reclamo de las prestaciones asistenciales y económicas a las que tienen derecho, con ocasión de un accidente o enfermedad laboral. Se dispone tutelar los derechos a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la igualdad y al debido proceso. Se ordena a la Iglesia Bautista Central de Cartagena que envíe al demandante a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar para su evaluación y que, así mismo, preste de manera integral y continua todos los servicios de salud y tratamiento de rehabilitación que demande el actor con ocasión al accidente de trabajo sufrido en marzo 29 de 2012 y sin lugar a eximente. En igual término habrá de pagarle las incapacidades ya generadas, así como las que se generen en su nombre en el futuro en relación con el accidente.

Fecha: Abril 8 de 2014

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 2 de 2014

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-583/13

Acción de tutela contra el Fondo Nacional de Vivienda, la Caja de Compensación Familiar del Putumayo y la Alcaldía de Mocoa. Caso en que el demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda digna, al medio ambiente sano, a la salud y la vida en condiciones dignas. Subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia. Naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna.

T-769/13

Especial protección que gozan las personas en estado de discapacidad. Solicitud de silla de ruedas eléctrica a EPS. Concedida protección a derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud y a la seguridad social.

T-848/13

Caso en que se debe determinar si SaludCoop EPS vulneró el derecho a la seguridad social de la compañera permanente del demandante al no realizar la afiliación de ésta, por cuanto la antigua compañera ya fue afiliada como beneficiaria. Debido proceso para desafiliación por parte de la EPSSALUDCOOP  E.P.S. Se vulneró el derecho fundamental a la seguridad social del accionante, por (i) exigir para la desafiliación de su antigua compañera permanente como su beneficiaria en el sistema de salud, una declaración extrajudicial suscrita por él y ella que acreditara la no convivencia, sin tener en cuenta para ello la manifestación del accionante de no tener conocimiento sobre los datos de ubicación de la misma; (ii)restarle valor probatorio a los documentos suministrados por el peticionario, aun cuando no existe tarifa legal que señale los documentos exigidos para el efecto; y (iii) no desplegar una actividad tendiente a verificar la afirmación realizada por el afiliado, pese a contar con la información necesaria que permitía corroborar lo aseverado. Se ordena desafiliación de la antigua compañera y que se le permita afiliar como sus beneficiarios a quien él desee.

T-736/13

Derechos de los niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, personas de tercera edad, desplazados por la violencia como sujetos de especial protección constitucional. Derecho al trabajo, a la vida digna y al mínimo vital. Vulneración por cierre de servidumbre de tránsito que impide el acceso de vehículos para transporte de insumos necesarios para la subsistencia del accionante y su núcleo familiar.

Fecha: Febrero 27 de 2014

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 1 de 2014

 

 

SENTENCIA

TEMA

A-320/13

SEGUIMIENTO A MEDIDAS IMPARTIDAS EN AUTO 110 DE 2013- COLPENSIONES. A través del auto 110 de 2013, se impartieron varias órdenes al Presidente de Colpensiones que contienen una multiplicidad de obligaciones particulares concretadas por la Corte en sus autos de seguimiento y de solicitud de información. Entre las obligaciones más importantes se destacan: (i) Presentar informes periódicos de calidad; (ii) Publicidad de informes periódicos; (iii) Responder las solicitudes prestacionales y atender los fallos judiciales de acuerdo al orden de prioridad fijado en el auto 110 de 2013; (iv) Proferir actos administrativos de calidad al contestar las peticiones prestacionales y cumplir los fallos judiciales; (v) Analizar el grado de cumplimiento en la adopción de medidas para profundizar la atención de los grupos prioritarios y, (vi) Tomar las medidas necesarias para asegurar que el presupuesto, el personal y la infraestructura de la entidad para el cumplimiento de las metas propuestas fueran suficientes para cumplir las metas propuestas a 31 de diciembre de 2013. La Sala, reitera la diferenciación entre las medidas de cumplimiento de las órdenes de tutela y el trámite incidental de desacato y, precisa que el juicio sobre la probable responsabilidad subjetiva del presidente de Colpensiones realizado en la providencia se refiere únicamente al cumplimiento de las órdenes generales dictadas en el Auto 110 de 2013, y por ello no vincula la decisión que deben tomar los jueces de tutela al resolver los incidentes de desacato en los casos concretos sometidos a su conocimiento. La Sala considera procedente proferir una serie de órdenes encaminadas al efectivo cumplimiento del Auto 110 de 2013 y la protección de los derechos constitucionales de los usuarios de Colpensiones que radicaron la petición prestacional directamente ante el nuevo administrador del RPM, o que se encuentran a la espera del cumplimiento de un fallo judicial (ordinario o de tutela) proferido en contra de este. Igualmente, para la Corte resulta preocupante la conducta asumida por el ISS en liquidación, en tanto desde el mes de octubre de 2013 redujo abruptamente el traslado de expedientes a Colpensiones y por ello, dispone lo pertinente para que reanude su traslado en condiciones de calidad. En suma, la Corte Constitucional accede a la suspensión de la sanción por desacato pedida por Colpensiones, procede a fijar unos términos de suspensión, estableciendo unas reglas que deben seguir los jueces de la República al momento de resolver las acciones de tutela por violación al derecho de petición, de solicitudes radicadas en su momento ante el ISS o Colpensiones, contra resoluciones en que el ISS o Colpensiones resolvieron sobre el reconocimiento y pago de una prestación o, sobre los incidentes de desacato por tutelas concedidas por acciones u omisiones de las referidas entidades.

 

T-585/13

DERECHOS FUNDAMENTALES DE USUARIOS O CLIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ALCANCE DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA. La accionante aduce que se le vulneraron sus derechos fundamentales al no poder realizar la apertura de una cuenta de ahorros para recibir el salario que percibe como vendedora de la empresa Yanbal .S.A, bajo el argumento de aparecer bloqueada en la Central de Información Financiera CIFIN S.A.; con la anotación “pérdida de derechos políticos”. El banco accionado adujo que, acorde con el principio de autonomía de la voluntad, tenía plena potestad para autorregularse en materia de negocios y obligaciones, con la libertad de escoger con quién contratar en sus transacciones particulares. Se analiza la siguiente temática: 1º. La autonomía de la voluntad privada en el sector financiero. 2º. Los derechos fundamentales de los usuarios o clientes del sistema financiero y, 3º. La inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas para personas condenadas en un proceso penal. La Sala concluye que, las entidades financieras pueden negar el acceso al sistema cuando se presenten causales objetivas y razonables que justifiquen dicha decisión, situación que no se mostró en el caso objeto de estudio. Se TUTELAN los derechos invocados y se ordena al banco accionado realizar la apertura de una cuenta de ahorros a nombre de la actora. 

T-586/13

REHABILITACIÒN INTEGRAL EN CENTRO ESPECIALIZADO DE MENOR EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. A través de la figura de la agencia oficiosa se presenta la acción de tutela en representación de un niño de ocho años de edad a quien le diagnosticaron autismo infantil y retardo mental grave, por lo que el médico tratante le ordenó la rehabilitación integral en un centro especializado. El niño fue valorado en una clínica especializada en el manejo del precitado diagnostico y esta institución recomendó el inicio de las correspondientes terapias. La E.P.S. accionada negó los servicios o procedimientos prescritos alegando no estar incluidos en el POS. Luego de analizar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela para garantizar la especial protección de los menores con discapacidad, el derecho a la vida digna y el principio de integralidad en el tratamiento a la salud del menor y la posibilidad de autorizar la realización de terapias alternativas a menores en situación de discapacidad, la Sala decide CONCEDER el amparo y ordenar a la accionada autorizar la realización de todo el tratamiento integral que requiera el menor representado, incluidas las terapias convencionales y no convencionales que el respectivo médico tratante le prescriba.  

T-634/13

DERECHOS FUNDAMENTALES A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y A LA DIGNIDAD HUMANA. La accionante instaura acción de tutela en contra de una empresa de masajes para reclamar la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, los que considera vulnerados por la accionada, en tanto se negó a retirar de la red social Facebook y de otros medios de publicidad, varias fotografías comprometedoras que, si bien ella previamente había autorizado su publicación con fines publicitarios, en la actualidad considera, que afecta los derechos invocados. La Sala de Revisión resuelve el caso luego de analizar la siguiente temática: 1º. Parámetros sobre el derecho a la imagen en la jurisprudencia constitucional. 2º. Alcances constitucionales de la autorización para el uso de la propia imagen. 3º. Riesgos de las redes sociales para los derechos fundamentales. 4º. Los derechos a la intimidad, honora y buen nombre y 5º. Tensión entre las autorizaciones generales para el uso de la propia imagen y el derecho a la autodeterminación que tienen todas las personas respecto de su propia imagen. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada a retirar de la red social Facebook y de cualquier otro medio de publicidad las imágenes de la actora, al igual que abstenerse en el futuro de divulgarlas y publicarlas mediante cualquier medio.  

T-637/13

DERECHO A LA VIVIENDA DE PERSONA QUE UTILIZA COMO LUGAR DE HABITACIÓN UN BIEN FISCAL Y PROCEDENCIA DE ACCION DE TUTELA CONTRA DECISIONES EN DESARROLLO DE UN PROCESO POLICIVO. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los dos procesos estudiados se solicita la protección del derecho a la vivienda para personas que utilizan como lugar de habitación un bien fiscal, a quienes les han ordenado desalojar el inmueble en el desarrollo de un proceso policivo. Con la acción constitucional también se pretende que se proteja el derecho al mínimo vital y que en consecuencia se declare la existencia de un contrato realidad de trabajo entre las entidades accionadas y los accionantes. Se analiza la siguiente temática: 1º. La carencia actual de objeto por hecho consumado. 2º. La procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas en el desarrollo de proceso policivo y, 3º. El desalojo de bienes fiscales. Se CONCEDE el amparo solicitado y a pesar de que un caso se declaró la ocurrencia de un daño consumado, se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.  

T-658/13

LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA AUTONOMÍA DE LAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS Y DEBER DE ASISTENCIA A SUS MIEMBROS. Se interpone la acción de tutela en contra del Monasterio Santa Clara de Copacabana para solicitar la protección de los derechos fundamentales de la actora a la vida digna y al mínimo vital, los que se consideran vulnerados por la comunidad religiosa al decidir no reintegrarla al monasterio, luego de haber transcurrido cuatro años de retiro, bajo el argumento de haber desatendido sus votos de obediencia y pobreza. La actora es una persona de 65 años de edad, que padece diversos quebrantos de salud, atraviesa por una difícil situación económica y no tiene esperanzas de acceder a una pensión de vejez, toda vez que al haber dedicado 42 años de su vida a la actividad religiosa, omitió efectuar cotizaciones al sistema de seguridad social. Se analiza la siguiente temática: 1º. Fundamentos constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas para regir sus asuntos internos y definir las relaciones con sus miembros. 2º. Los límites constitucionales de dicha autonomía. 3º. El principio de solidaridad como fundamento del deber de protección y asistencia de las personas de la tercera edad y, 4º. El deber de asistencia de las comunidades religiosas para con sus miembros. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparte la orden de reintegro de la accionante al monasterio accionado, quien deberá garantizarle la asistencia y cuidado necesario para llevar una vida digna en atención a su condición de adulto mayor. 

 Fecha: Enero 31 de 2014

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 9 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

A-202/13

AUTO 202 DE 2013. SEGUIMIENTO PARCIAL A MEDIDAS IMPARTIDAS EN AUTO 110 DE 2013-COLPENSIONES. En el marco del auto 110 de 2013, se impartieron varias medidas de protección frente a las personas que radicaron peticiones ante el Seguro Social o que se encontraban a la espera de cumplimiento de los fallos judiciales (ordinarios y de tutela). A partir de intervenciones efectuadas por los representantes de Colpensiones y el ISS en liquidación, la Sala advierte que a pesar de los avances alcanzados aún subsisten algunas dificultades que inciden negativamente en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley a Colpensiones, y en la satisfacción de las órdenes dictadas por el Tribunal Constitucional y los jueces de la República a dicha entidad, que impide la correcta elaboración y ejecución de su plan de acción, así como la atención urgente de las peticiones de los grupos prevalentes. La Corte Constitucional adopta medidas adicionales de salvaguarda que faciliten la coordinación entre las entidades demandadas, agilicen el suministro de las sentencias pendientes de acatamiento y de los documentos indispensables para la adopción de decisiones prestacionales por parte de Colpensiones, y permitan la identificación de los fallos de tutela pendientes de cumplimiento. Dice además que, no resulta procedente la adopción de un término común de suspensión de las sanciones por desacato hasta el 31 de diciembre de 2013, máxime si con dicha medida se puede afectar desproporcionadamente el derecho al acceso a la administración de justicia del grupo de mayor vulnerabilidad. Para la Corte es constitucionalmente imperioso que los menores de edad, los mayores de 74 años, las personas en estado de invalidez o afectadas por enfermedades catastróficas, así como los sujetos de bajos ingresos (GP1), cuenten con un instrumento de salvaguarda adicional a la protección dictada en el Auto 110 de 2013, que les permita demandar por sí mismos el amparo de sus derechos fundamentales frente a las particularidades de los casos concretos, los que escapan al conocimiento del Tribunal Constitucional y al ámbito de control de las medidas generales de protección dictadas en la providencia de medidas cautelares. Así mismo, en atención a la disparidad de criterios de los jueces de instancia sobre el alcance de las sanciones por desacato que se encontraban en firme con anterioridad a la comunicación del Auto 110 de 2013 (e incluso las adoptados con posterioridad), la Sala reitera aspectos de la jurisprudencia constitucional sobre el trámite incidental de desacato.

 

T-407/12

DERECHO A LA INTIMIDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD POR INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN AULAS DE CLASES DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Las accionantes, en representación de sus menores hijos, estudiantes de la Institución Educativa Amelia Perdomo García, instauran la acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, los cuales consideran vulnerados por la institución, al instalar cámaras de seguridad en las aulas las diferentes aulas de clase. La rectora de la institución argumentó que dichas cámaras eran necesarias para ofrecer protección, seguridad y bienestar a la población estudiantil, en virtud del aumento de los robos en la institución y de manera simultánea, para mejorar la disciplina de los estudiantes en los salones. La Sala se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. Relevancia del espacio en el contexto del ejercicio de derechos fundamentales – espacios públicos y privados -, 2º. Estatus constitucional del aula de clase – definición, derechos que se ejercen, riesgos en este contexto- y, 3º. La utilización de cámaras de vigilancia y la seguridad en las instituciones educativas. Se concluye que, si bien las seguridad de las instituciones educativas es un objetivo legítimo, las medidas de vigilancia en el interior de las aulas de clase a través de cámaras, pueden representar una violación de la intimidad y de las libertades individuales de los educandos y de los docentes.

 

T-469/13

PENSION DE INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. Acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Seguros Sociales. El accionante fue víctima de una mina antipersonal atribuida al grupo armado ilegal FARC y al dictársele pérdida de la capacidad laboral del 56.15%, solicita la pensión de invalidez en aplicación del artículo 46 de la Ley 418 de 1997, relacionado con el otorgamiento de una prestación de carácter vitalicio en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, para aquellas personas víctimas de la violencia por ocasión del conflicto armado interno y que sufran una incapacidad superior al 50%. La prestación fue denegada con el argumento de que el marco legal que la garantizaba no se encontraba vigente al momento de interponer la de acción de tutela. Se analiza la siguiente temática: 1º. La naturaleza y los elementos normativos de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, dispuesta en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997. 2º. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. 3º. Los impactos generados por el uso indiscriminado de minas antipersonales, con énfasis en el departamento de Putumayo. 4º. La procedencia excepcional de la acción de tutela en el reconocimiento y cobro de acreencias pensionales y, 5º. La protección constitucional reforzada a los sujetos de especial protección constitucional, con énfasis en las personas en condición de discapacidad. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, el debido proceso, la seguridad social y a la vida en condiciones dignas y se ordena el reconocimiento y pago de la pensión solicitada.

T-571/13

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES. La accionante, en representación de su hijo de diez años, promovió la acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación de Bogotá por no haberle asignado al niño un cupo en un centro educativo especial, a pesar de que éste tiene un talento excepcional en virtud de poseer un coeficiente intelectual de 164, que lo clasifica en nivel “muy superior”. La Sala de Revisión reitera que la importancia del reconocimiento del derecho a la educación de los niños con capacidades o talentos excepcionales impone un tratamiento diferenciado por su condición de excepcionalidad, con necesidad de apoyos especializados, los cuales deben suministrarse, precisamente, para garantizar el principio de igualdad. Se TUTELA el derecho del niño representado y se ordena a la accionada que lo inscriba como beneficiario de los programas de subsidios o becas existentes del ICETEX y lo incorpore en el plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con capacidades o talentos excepcionales diseñado por esa misma Secretaría.

 Fecha: Septiembre 24 de 2013

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 8 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-177/13

DERECHO AL MÍNIMO VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA Y PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD. Acción de tutela contra el Seguro Social. Se interpone la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales vulnerados, al suspender el pago de la cuota alimentaria a cargo de la pensión del ex esposo de la actora, bajo el argumento de que éste último falleció y la sustitución pensional fue radicada en cabeza de una persona que no tiene obligaciones alimentarias con ella. Alega la actora que la obligación continúa vigente porque la decisión judicial mediante la cual se otorgó la prestación estableció que la cancelación de la misma se haría hasta tanto cesará la situación de vulnerabilidad y porque es una persona que tiene más de setenta años de edad, que padece de serios problemas de salud que le impiden conseguir fuentes de ingresos económicos y, porque la jurisprudencia constitucional indica que la obligación alimentaria no siempre se extingue con la muerte del alimentante. Luego de analizar temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de una cuota alimentaria, la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo solicitado.  

T-206/13

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS. TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO EN EL SISTEMA DE SALUD Y PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD. Acción de tutela contra COMFAMILIAR E.P.S.S. y otros. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos estudiados el tema central se refiere a la vulneración de derechos fundamentales por parte de Entidades Promotoras de Salud, derivadas de la decisión de no asumir los gastos de transporte y hospedaje requeridos para el paciente y su acompañante, como quiera que las enfermedades que padecen exigen atención y tratamientos delicados y urgentes que no pueden realizarse en el lugar de su residencia. La Sala aborda la siguiente temática. 1º. Flexibilización del juicio de procedibilidad de la acción de tutela en materia del derecho a la salud. 2º. La fundamentabilidad del derecho a la salud y los principios que la inspiran. 3º. El derecho a la salud de los niños y niñas. 4º. La cobertura de transporte y alojamiento en virtud del principio de integralidad en salud. 5º. El financiamiento de los gastos de traslados y hospedaje para el paciente y su acompañante y, 6º la carencia actual de objeto por hecho superado. Luego de analizar cada caso en particular se toman decisiones individuales de acuerdo a las características específicas de estos.

T-236/13

DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO, VIDA Y SALUD DE DOCENTES. TRASLADO LABORAL DE DOCENTES. Acción de tutela contra la Secretaría de Educación del Chocó y otras. Se interponen las acciones de tutela en contra de las Secretarías de Educación de los departamentos de Chocó, Guaviare, Nariño y Antioquia, por la presunta vulneración de derechos fundamentales de los actores al negarles las solicitudes de traslado impetradas, sin tener en cuenta las condiciones especiales de cada uno en particular. Se reitera jurisprudencia relacionada con el carácter excepcional de la acción de tutela para resolver asuntos relativos al traslado de docentes y se decide CONCEDER a todos los accionantes el amparo solicitado. De manera consecuente, la Sala de Revisión le ordena a las entidades demandadas hacer uso del mecanismo de traslado, para que los actores ocupen una plaza docente en los lugares por ellos solicitados. 

T-239/13

DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA. DESALOJO FORZOSO. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes son personas desplazadas por la violencia y desde el año 2009 se asentaron de manera pacífica en diferentes predios que pertenecen a particulares, los cuales se encuentran ubicados en el barrio El Progreso del corregimiento El Rodeo, fracción de Quebrada Seca del municipio de Cúcuta. Se interpone la acción de tutela en contra de la Alcaldía de Cúcuta y de la Inspección Segunda de Policía del mismo municipio, por vulnerar derechos fundamentales al adelantar un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho en contra de los actores, con el fin de devolver la posesión del inmueble a sus propietarios, sin que les brindaran la garantía de un alberque para reubicarlas. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La población desplazada como sujeto de especial protección constitucional. 2º el derecho a la vivienda digna para esta clase de población. 3º. Los derechos de los desplazados en materia de desalojos forzosos. 4º Las obligaciones de la Administración Pública y de las entidades territoriales con la población desplazada y, 5º. Los efectos intercomunis de los fallos de tutela. La Sala establece que ninguna de las autoridades accionadas y vinculadas al presente proceso le garantizó a los peticionarios el derecho a la vivienda digna, tal como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional, desconociendo con ello que son personas desplazadas por la violencia y que dada su condición de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección constitucional. Se CONCEDE el amparo solicitado, se extienden los efectos de esta sentencia a todas las personas desplazadas que se encuentren asentados en los referidos predios, sin que sea obstáculo el hecho de no haber acudido como accionantes en las presentes acciones constitucionales. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho amparado y se advierte a las autoridades accionadas que deben abstenerse de ordenar y realizar cualquier diligencia de desalojo o lanzamiento sobre los precitados predios, hasta tanto no se les garantice a las personas desplazadas asentadas en ellos, un albergue provisional en condiciones dignas.  

 

T-266/13

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. Acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario ERON Heliconias del municipio de Florencia (Caquetá) y el INPEC, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales en virtud de que fueron trasladados del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila) al de Florencia, sin que éste último tuviera u ofreciera las condiciones adecuadas para las personas privadas de la libertad. Las reclamaciones son específicas y se relacionan, entre otras cosas, con deficiencias en el servicio de salud, en la alimentación, en el disfrute de las visitas conyugales o íntimas, en el servicio de telefonía, en la utilización de los servicios sanitarios, en los mecanismos de redención de penas y en los espacios para la recreación y el deporte. Se analiza la siguiente temática: 1º. La relación de especial sujeción entre el Estado y las personas que se encuentran en detención intramuros y, el deber de proteger y garantizar sus derechos fundamentales. 2º. El tratamiento penitenciario. 3º. La dignidad humana. 4º. El derecho a la salud. 5º. El derecho a una alimentación adecuada en calidad y cantidad. 6º. El derecho de petición. 7º. El derecho al trabajo. 8º. El derecho a la comunicación. 9º. El derecho a las visitas. 10º. El derecho a la recreación y 11º. El derecho a la educación. Se CONCEDE el amparo constitucional deprecado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. 

 

T-293/13

 

LIMITES DE INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN PROCESO PENAL. Acción de tutela instaurada por Procuradores judiciales constituidos en agentes especiales dentro de un proceso penal contra del Despacho Judicial que revocó la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por otra autoridad judicial al señor Emilio José Tapia Aldana, en su condición de imputado por la comisión de varios punibles en contra de la administración y la seguridad pública, dentro del denominado carrusel de la contratación. La autoridad accionada alegó que los agentes del Ministerio Público no estaban facultados para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, puesto que esta función le es inherente a la Fiscalía General de la Nación y de forma subsidiaria a la víctima. Además, aseveró que el Juez de Garantías no podía fallar más allá de lo pedido por las partes, porque el sistema penal acusatorio es de tendencia adversarial. La Sala recuerda jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y el rol asignado por la Constitución y la ley a las partes e intervinientes en el proceso penal con tendencia acusatoria, con el fin de determinar los límites de tal intervención y verificar si en el caso en concreto, tales roles se respetaron. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado. 

 Fecha: Agosto 23 de 2013

 

 

 


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 7 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-078/13

Acción de tutela contra la Unidad de Protección del Ministerio del Interior. Medidas de protección al presidente de las Autoridades Indígenas de Colombia y beneficiario de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgadas a los indígenas del Pueblo Pijao. El Ministerio del Interior, decide suspender las medidas de protección que le habían sido previamente otorgadas, bajo la consideración de que el estudio de seguridad efectuado ponderó que el riesgo al que estaba expuesto, era de naturaleza ordinaria. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la seguridad personal, el alcance dado por la jurisprudencia constitucional y la escala de riesgos y amenazas para brindar protección especial por parte del Estado, enfatizando la precisión conceptual efectuada en la sentencia T-339/10.

T-081/13

Acción de tutela contra INVIAS. Garantía del derecho fundamental a la vida e integridad personal. Caso en que se solicita construcción de puente peatonal frente a escuela por el riesgo de perder la vida al atravesarlo. La Corte explica las características que debe reunir el perjuicio irremediable, requisito que habilita la interposición de la acción de tutela como mecanismo transitorio. A su vez, estudia si el amparo deprecado es el mecanismo adecuado para solicitar la construcción de obras pública y las órdenes complejas que pueden impartir los jueces de tutela para proteger derechos fundamentales. La Corte advierte la necesidad de que adopte medidas de corto y de mediano plazo, contenidas en un plan preciso, para salvaguardar los derechos de los accionantes, y así evitar una situación trágica que se pueda presentar en el lugar de los hechos, aspecto que implica que la Sala Primera de Revisión tiene que proferir órdenes complejas que le den solución definitiva y estructural a la delicada situación. La Sala de Revisión ordena al Fondo de Adaptación adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en coordinación con el INVIAS, elabore un plan preciso, con plazos y tiempos determinados, que comprenda las diferentes etapas contractuales, así como la fase de construcción en sí misma considerada y la entrega de la obra a efectos de darle una solución definitiva, estable y permanente a los accionantes y a los demás estudiantes y ciudadanos de la zona.

T-212/13

Acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Superintendencia de Notariado y Registro. Caso en que se busca proteger los derechos fundamentales de menor a la nacionalidad, al reconocimiento de la personería jurídica, a la igualdad, la dignidad humana y a la salud. Manifiesta la accionante que su hija nació en Venezuela pero que ella y su cónyuge son ciudadanos colombianos y que regresaron al país cuando la niña tenía siete meses de nacida y no han podido registrar a la niña en Colombia, pues aducen los accionados que el registro civil de nacimiento de la menor debe estar apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país y que para hacer efectivo dicho trámite debe presentarse con su hija directamente en Venezuela, porque no se puede realizar el mismo en el Consulado que de dicho país existe en Medellín. Se indica en la tutela que no ha sido posible viajar al exterior para apostillar el referido documento por falta de recursos y que en la actualidad la niña se encuentra con graves quebrantos de salud y que no tiene ninguna asistencia médica por cuanto no aparece registrada como colombiana. Se analiza jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental de los niños a la personalidad jurídica y sobre la nacionalidad y el registro civil del nacido en el exterior de padres colombianos y luego domiciliados en Colombia. La Corte ordena a la Registraduría permitir a la accionante, con el apoyo del ICBF si fuere necesario, registrar como nacional colombiana a su hija, ordena además que, la E.P.S. en donde se encuentran afiliados los padres de la niña o ella individualmente, disponga la prestación de los servicios que en tal ámbito sean requeridos. 

T-217/13

Acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Laboral de Barranquilla y otros. Derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y debido proceso. Se interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, al considerar que las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y solicitó al juez constitucional el reconocimiento y pago del incremento del 14% de su mesada pensional. A juicio de las autoridades judiciales demandadas, se configuraba el fenómeno de la prescripción y por dicho motivo, declararon probada tal excepción. La sala de revisión analizó los temas de causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judicial, reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la figura del precedente como el conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, el cual debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta su pertinencia para la resolución de un problema jurídico. Advirtió que la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o  mesadas que él implica y que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

T-317/13

Acción de tutela instaurada por la Registraduría Nacional del Estado Civil contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena. Se solicita el amparo al derecho fundamental al debido proceso ante la existencia de defecto fáctico, se pidió que se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el Juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena y por el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente, que declararon la nulidad y restablecimiento de un empleado tras ser declarado insubsistente en el cargo de Registrador Especial, decretando su inmediato reintegro. La sala realizó un análisis de los requisitos generales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, sobre la titularidad de los derechos fundamentales de las entidades públicas, la función electoral como instrumento para garantizar el principio democrático constitucional, la confianza como criterio determinante y la discrecionalidad en cargos de libre nombramiento y remoción. La sala concluyó que no se probó la arbitrariedad ni la desviación de poder en la declaratoria de insubsistencia de empleado. Advierte que frente a cargos de libre nombramiento y remoción, el nominador goza de un amplio margen de discrecionalidad para la remoción del funcionario inversamente proporcional a la estabilidad laboral precaria e ínfima de que goza el servidor. Discrecionalidad que se apoya en que los servidores que ejerzan la función pública en dichos cargos de libre remoción deben gozar de la plena confianza, la confidencialidad, la seguridad, el conocimiento personal y el sometimiento a la dirección -entre otros- de parte del nominador. Dijo además que, frente a un cargo de libre nombramiento y remoción el análisis de las pruebas cuando se invoca desviación del poder debe ser estricto. La sala ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de este fallo, inicie los trámites para convocar el concurso o concursos públicos necesarios para proveer todos los cargos de carrera que en la actualidad son ejercidos en provisionalidad. En un término máximo de dos (2) años contados a partir de la notificación de la sentencia, deberá haber culminado dichos concursos y provisto los respectivos cargos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y estabilidad, predicables de toda modalidad de ingreso, permanencia y retiro del servicio público.

 Fecha: Julio 24 de 2013

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 6 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

Acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Suárez (Tolima). Cuidado y mantenimiento de pozo séptico. Desplazamiento de la acción popular por la acción de tutela. Jurisprudencia constitucional sobre la emisión de olores nauseabundos y afectación de derechos fundamentales a la intimidad, la vivienda digna y a la salud. Teoría de las inmisiones prescrita en el artículo 74 de la Ley 675/01. Acción de tutela resulta adecuada e idónea para proteger los derechos de los demandantes en este caso particular. Se concede el amparo y se ordena al municipio adoptar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar un adecuado mantenimiento y optimización del pozo séptico localizado en el área que queda diagonal a la casa de los accionantes, tendientes a evitar que entren malos olores a la vivienda y a controlar la presencia e ingreso de insectos.

Acción de tutela contra Alcaldía Local de Usme y el Consejo de Gobierno de Bogotá. Se vinculó a Metrovivienda. Derecho a la vivienda digna. Caso en que la demandante construyó su vivienda sin licencia. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. Régimen de las licencias de construcción y sanciones urbanísticas. Orden de demolición de la vivienda. La intervención de la administración en la vivienda de la accionante era justificada, en tanto encuentra respaldo en la Constitución y la Ley, ya que se pretendía evitar que su hogar representara un peligro para su existencia, puesto que no cumplía con los requerimientos técnicos necesarios para ser considerada “habitable”. Principio de solidaridad que predomina en el Estado Social de Derecho, por lo que la administración debe tomar medidas adicionales para ayudarle a la persona a superar su condición de precariedad.

Acción de tutela contra Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social. Pago del subsidio de nutrición a niña de 9 años con discapacidad. Derecho a la educación y obligaciones relativas a la educación de personas discapacitadas. Derecho fundamental a la educación de niños, especialmente de quienes tienen discapacidades. Ningún funcionario puede limitar o condicionar la adjudicación y entrega de los subsidios basándose para ello en criterios constitucionalmente prohibidos. Pronunciamientos de la Corte en torno a la escolarización como condición para la entrega de subsidios sociales. El municipio de Alcalá vulneró el derecho a la educación, pues no ha cumplido con sus obligaciones de garantizar el acceso de la niña al sistema educativo, bien sea en aula regular o especializada. La Secretaría de Desarrollo Social del municipio debe realizar todas las gestiones necesarias para que en el plazo máximo de un mes, la menor sea inscrita en una institución educativa formal de preferencia inclusiva. Limitación en el programa de subsidios de Familias en Acción, pues no incluye medidas afirmativas que garanticen el acceso de los beneficios a personas como la hija de la demandante que tienen algún tipo de discapacidad y que consideren las limitaciones en el goce del derecho a la educación en el municipio. Desconocimiento del derecho a la no discriminación y a la igualdad de personas con discapacidad. Decisión de no entregar el subsidio vulnera el derecho al mínimo vital de la niña y de su familia. Se ordena a la entidad demandada adoptar medidas afirmativas que garanticen el acceso efectivo y la permanencia de los niños y niñas con discapacidad mayores de 7 años al subsidio de Familias en Acción, y la promoción de su derecho a la educación en las condiciones expuestas en esta sentencia.

Acción de tutela contra la Institución Universitaria Luis Amigó. Caso en que a la demandante no le fueron reconocidas las materias correspondientes a su tercer semestre dentro del segundo periodo académico del año 2008, con el argumento que no se encontraba al día académicamente. Derecho fundamental al goce efectivo de la educación. Principio de autonomía universitaria y el reglamento estudiantil. La estudiante cumplió con los requisitos establecidos dentro del reglamento estudiantil, puesto que inscribió las materias correspondientes a su tercer semestre y pagó la respectiva matrícula con base en la liquidación aportada por la Fundación Universitaria. Las pruebas aportadas al expediente dejan evidenciar que la actora asistió a clases e incluso recibió por parte de los docentes calificaciones de exámenes finales. Resulta evidente que la negativa por parte de la demandada vulnera el derecho fundamental a la educación. Se ordenará que se tenga por matriculado el tercer semestre académico que cursó la accionante durante el segundo periodo del año 2008.

Caso en que los demandantes fueron incluidos en el censo como damnificados de la segunda ola invernal de 2011, pero no se les han reconocido las ayudas que brindó el gobierno. Alcance y contenido general del derecho a la vivienda digna. Deber social tanto del Estado como de la sociedad frente a las víctimas de desastres naturales. Obligaciones de las autoridades locales frente al derecho a la vivienda digna ante riesgos de desastres. Se protegen los derechos fundamentales a la vivienda digna, a la igualdad, a la dignidad y al debido proceso.

Caso en que la demandante, actuando en nombre propio y en representación de la comunidad indígena “La Playa”, considera vulnerados los derechos fundamentales a la libertad, a la libre circulación y residencia, por cuanto el Comandante de la Brigada de Selva No. 26 de Leticia, del Ejército Nacional, restringió el paso de motocicletas, ya que ordenó construir una cerca de alambre de púas y dejó abierto un espacio pequeño que sólo permite transitar a pie. Derecho fundamental a la libre circulación y residencia. Definición y alcance del derecho a la libre circulación según la jurisprudencia constitucional. La pretensión de la comunidad indígena de permitir el tránsito de motocicletas hasta su territorio no es un gusto aislado, sino una necesidad para satisfacer las necesidades básicas de su población. Se concede el amparo solicitado por la comunidad. La Brigada demandada debe permitir el tránsito peatonal y de motocicletas de los miembros de la comunidad sin ningún impedimento. Se ordena también al municipio iniciar los trámites y gestiones necesarias para determinar la naturaleza y propiedad del terreno donde se ubica el sendero materia de controversia. Se concede la protección al derecho fundamental a la libre circulación de la comunidad indígena “La Playa”.

 Fecha: Mayo 23 de 2013.

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 5 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-094/13

Acción de tutela contra Juzgado de Familia. Legitimación en la causa por activa, en particular la figura de la agencia oficiosa, en los procesos que buscan la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales o contra actos administrativos. Defecto fáctico. Dimensión positiva y dimensión negativa. Violación directa de la Constitución. Derecho fundamental de los niños a tener una familia y no ser separados de ella. Principio del interés superior de los menores de 18 años. Derecho fundamental de los menores de 18 años a ser escuchados.

T-095/13

Acción de tutela contra el INPEC. Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que ordenan traslado de los empleados públicos cuando está de por medio la salud. Alcance y límites al ius variandi. Carácter fundamental autónomo del derecho a la salud. Derecho a la salud mental. Deberes de solidaridad del Estado y la sociedad en la protección de los enfermos mentales y el papel de la familia en su recuperación. La sala constata la vulneración a los derechos fundamentales del demandante por parte de la entidad demandada, al ordenar su traslado a otra ciudad, distante de donde reside su núcleo familiar, desconociendo la complejidad de su situación, y los diversos factores que han incidido en su salud. La Corte al estudiar casos similares ha admitido que el soporte emocional y afectivo que brinda la familia para el manejo y recuperación de las patologías psiquiátricas reviste gran importancia. Aspecto que debe ser valorado tanto por especialistas y el personal de apoyo en el tratamiento, con el fin de constituir un soporte para que se pueda dar continuidad al tratamiento. Se concede el amparo a los derechos fundamentales a la salud y al trabajo en condiciones dignas y justas.

T-146/13

Tutela contra la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Caso en que la Policía negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez argumentando que el demandante no cumple con el requisito de pérdida de capacidad laboral igual o superior a 75% que reglamenta el Dec 094/89 y 1796/00. Únicamente tiene el 64.85%. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el pago de pensión. Derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y la importancia de la pensión de invalidez. Protección constitucional reforzada de los sujetos de especial protección, como las personas con discapacidad o con alguna enfermedad grave, y la especial situación de los miembros de la Fuerza Pública. Alcance del Régimen Prestacional de la Fuerza Pública. Teniendo en cuenta lo manifestado por la parte accionada, en un principio el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004, sólo es aplicable al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, puesto que solo genera efecto vinculante para los soldados de las Fuerzas Militares y deja de lado a los auxiliares regulares de la Policía Nacional. Existe una evidente violación del derecho a la igualdad de los Auxiliares Regulares que prestan el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, ya que se está dejando de lado su importante participación en la defensa pública y la situación de riesgo a la que se exponen por defender a la Patria. Así mismo, no existe justificación constitucional para este trato desigual. Además, por ser sujetos de especial protección las personas con discapacidad requieren de un trato preferencial y prioritario. El actor cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Se concede la tutela de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la igualdad, a la dignidad humana, y a la seguridad social.

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 4 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-881/12

Acción de tutela contra la Sociedad MAGROIN LTDA Y el SENA. Caso en que el demandante sufrió un accidente durante la etapa práctica de su formación, y su contrato de aprendizaje fue terminado por el vencimiento del plazo pactado, sin tener en cuenta que perdió parcialmente si capacidad laboral. Naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje. Caso en que el demandante tiene derecho a la estabilidad ocupacional reforzada por haber perdido un porcentaje de su capacidad laboral en ejecución de la fase práctica de su contrato de aprendizaje. Teniendo en cuenta que lo que se sostiene en este caso es la aplicación analógica de la Ley 361/97 al contrato de aprendizaje suscrito por el actor y con el fin de resaltar las diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de aprendizaje, en esta sentencia se hace referencia a la estabilidad ocupacional reforzada y no a la estabilidad laboral reforzada. Decisión de reconocerla es acorde con la protección especial para las personas con discapacidad derivada de los arts 13 y 47 de la C.P. La Sala considera adecuado privilegiar los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital del demandante, quien es un sujeto de especial protección constitucional por ser una persona con discapacidad, la cual fue adquirida mientras se encontraba en la fase práctica de su proceso de formación, frente a la tensión que se presenta con relación a la libertad de empresa de la Sociedad demandada y al principio de la autonomía de la voluntad. Se concede la tutela.

T-932/12

Acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Caso en que las demandantes consideran vulnerado su derecho a la educación, por cuanto se les negó el reconocimiento de las prácticas jurídicas realizadas por ellas en las Personerías de Valledupar y La Ceja del Tambo (Ant), con el argumento que la Ley no autorizaba las prácticas jurídicas ad – honorem de los estudiantes de derecho en dichas entidades, a pesar de que éstas hacen parte del Ministerio Público y ejercen algunas funciones similares a las que desempeña la Procuraduría General de la Nación, entidad que sí se encuentra avalada por la ley para que en ella se realicen esas prácticas. Procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos. Exigibilidad de especiales requisitos de grado para obtener un título de idoneidad y ejercer profesiones que involucran un riesgo social y la exigencia de la práctica jurídica como requisito para obtener el título de abogado. Naturaleza y funciones de las Personería Municipales. La Sala estima que la negativa de la entidad accionada a avalar la práctica jurídica realizada por las actoras resulta desproporcionada, pues parte de una interpretación restrictiva de las normas legales que regulan las prácticas, que afecta el derecho fundamental a la educación, ya que no toma en cuenta que los personeros municipales y el Procurador General de la Nación ejercen funciones similares, y que esas funciones se dirigen precisamente a la satisfacción de un servicio social íntimamente ligado a la protección de los derechos fundamentales. Se concede la tutela.

T-992/12

Tutela contra la DIAN. Caso en que la demandante estuvo vinculada con la entidad demandada como supernumeraria en el cargo de Gestor I, desde el 10 de julio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha en la que fue desvinculada, lo que vulneró sus derechos fundamentales y los de su menor hijo, en su calidad de madre cabeza de familia de hijo discapacitado. La contribución pecuniaria que reciba una mujer para la manutención de su familia es un factor admisible a tener en cuenta, y en muchos casos es determinante para definir si es cabeza de ese grupo familiar, pero no es el único elemento a tomar en consideración, ni tampoco el único importante. Criterios a tener en cuenta para que las mujeres puedan ser consideradas “Cabeza de familia”. Madres cabeza de familia de menores con una discapacidad severa tienen derecho a protección especial. Este derecho no puede ser interferido sin justificación suficiente. La Corte protegerá entonces los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo, por lo que declarará que la DIAN violó los derechos de ambos a recibir una protección especial. Se deja sin efectos la terminación del vínculo y le ordenará a la demandada que en el término de los 5 días siguientes a la notificación de la providencia restablezca el vínculo laboral que la demandante tenía con la entidad, salvo que en la actual planta de personal no exista un empleo vacante en iguales condiciones que el ocupado por la actora antes de su desvinculación, en cuyo caso cuando se produzca la misma, esta deberá tener en el orden de preferencia el primer lugar, dada la protección de la que es objeto a través de esta sentencia. Se tutelan los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna de la actora y de su hijo.

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 3 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-1077/12

Acción de tutela contra la Nación – Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades. Caso en que se debe determinar si se vulnera el derecho fundamental a la salud de menor de edad, quien padece cáncer, al instalar una antena de telefonía móvil celular a escasos metros de su vivienda. Acción de tutela contra particulares que prestan un servicio público. Marco normativo que regula la ubicación y el funcionamiento de antenas de telefonía móvil celular. Implicaciones que tiene la falta de regulación de la exposición a radiación desde el punto de vista de las garantías fundamentales. Interés superior del menor y el derecho a la salud de los niños. Se concede la tutela. Se ordena desmontar la estación base localizada en la esquina de la casa donde vive la menor.

T-1078/12

Acción de tutela contra Vitaliano Sánchez Castañeda y Eunice Beltrán de Sánchez. Caso en que la demandante interpone la acción por considerar que los demandados vulneraron por largos años sus derechos fundamentales a la identidad, a la familia, a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana. Cuando era una niña de aproximadamente siete años fue forzada realizar trabajo doméstico sin remuneración hasta aproximadamente la edad de 15 años y por haberla sometido posiblemente a maltratos y hasta abusos sexuales. Contenido del artículo 17 de la C.P. que prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, así como los derechos que usualmente resultan lesionados cuando se incumple dicha prohibición. Obligaciones del Estado Colombiano derivadas de ese artículo 17. Procedencia de la acción de tutela en este caso. La tutela se dirige contra unos particulares respecto de los cuales la tutelante se encuentra en estado de indefensión. No dispone de otros medios judiciales de defensa. No puede declararse la improcedencia de la tutela bajo el argumento que la accionante dejó caducar y prescribir los mecanismos judiciales que tenía a su alcance, pues tal argumento desconoce la complejidad de los fenómenos de trata de personas y sometimiento a trabajo forzoso, en particular la dificultad que tienen las víctimas para auto reconocerse como tales y superar su miedo frente a los perpetradores para denunciar. En cuanto a la inmediatez, si bien la presunta vulneración de los derechos de la demandante comenzó en 1963 o 1964, lo cierto es que algunas violaciones al parecer aún persisten, como en el caso del derecho a la identidad, y en todo caso los efectos en la salud emocional de la demandante de pasadas vulneraciones de derechos continúan. Se tutelan los derechos fundamentales invocados. Se ordena al Ministerio del Interior la asistencia a la demandante y coordinar las investigaciones necesarias para encontrar a su familia y permitirle reconstruir su pasado. Condenar a los demandados al pago de una indemnización a favor de la tutelante de conformidad con el artículo 25 del Dec 2591/91. Ordenar al Ministerio del Interior, Grupo de lucha contra la trata de personas, realizar campañas dirigidas a erradicar definitivamente, de conformidad con las obligaciones del Estado Colombiano, prácticas como las que dieron lugar a esta decisión, con énfasis en las áreas rurales del país.

T-929/12

Acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. Caso en que la entidad demandada se niega a expedir la Cédula de Ciudadanía, solicitada en el año 2006, a una persona adulta mayor en situación de indigencia, argumentando que se trata de doble cedulación, razón por la cual canceló la segunda numeración asignada, sin tener en cuenta que se trata de persona que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, que la necesita la cédula para acceder al subsidio económico que otorga el Estado. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y su relación con la Cédula de Ciudadanía. Reiteración de jurisprudencia sobre protección constitucional especial a los adultos mayores en situación de indigencia o de extrema pobreza. Se vulneraron los derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica, al debido proceso y al mínimo vital. Derecho fundamental de petición envuelve el derecho a obtener pronta resolución. Derecho a ser oída dentro del trámite administrativo. Se señala un plazo de un mes para que la entidad accionada cumpla con la parte resolutiva de la sentencia, ya que por regla general este es el lapso del tiempo en que se hace exigibles las necesidades básicas de una persona. Caso en que se considera que la contraseña constituye un documento idóneo para identificar a la demandante, por lo que el Banco Agrario deberá entregarle el subsidio económico otorgado por el Estado por su condición de indigencia, mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil le expide su Cédula de Ciudadanía.

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 2 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-501/12

Acción de tutela contra Construcciones Marval S.A. y el Distrito de Barranquilla. Inestabilidad que afecta el conjunto residencial “Mirador de Campoalegre” tiene el poder de vulnerar derechos fundamentales a la vida, al ambiente sano y a la vivienda digna de los demandantes. Condiciones de procedibilidad de la acción de tutela contra particulares. Elementos del derecho a la vivienda digna susceptibles de protección a través de la acción de tutela. Ejecución de la política de reubicación temporal y definitiva que vienen adelantando las autoridades de Barranquilla. Se dan varias órdenes a los demandados y a la Defensoría Regional del Pueblo.

T-506/12

Acción de tutela contra ING Pensiones y Cesantías. Pensión de invalidez. Protección por medio de la acción de tutela cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional. Régimen jurídico y jurisprudencia sobre la pensión de invalidez de origen común, cuando el afectado se enmarca dentro del contexto de “persona joven”. Vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social. Se exhorta a las Comisiones Séptima del Senado y de la Cámara de Representantes, para que si a bien lo tienen, presenten iniciativas legislativas que propugnen por una protección integral en materia de pensión de invalidez, para el segmento joven de la población colombiana, eliminando el déficit de protección en que se encuentran.

T-795/12

Acción de tutela contra el Ejército Nacional. Caso en que el compañero permanente de la demandante, Suboficial del Ejército, se encuentra desaparecido, y por haber pasado dos años, se le suspendió el pago de los haberes de acuerdo con el ordenamiento aplicable. Mínimo vital de mujer cabeza de familia y de sus tres hijos menores de edad se ve afectado por suspensión del pago de los haberes. Caso en que por existir de por medio sujetos de especial protección constitucional que dependen de dicho pago para cubrir sus necesidades básicas, debe reanudarse, hasta que se decida de manera definitiva respecto de las prestaciones sociales causadas por la declaración de muerte presunta de su compañero. La accionante deberá iniciar el proceso de declaración de muerte presunta en los cuatro meses siguientes a la notificación del fallo. Deber de orientación e impulso del Ejército Nacional respecto del procedimiento para acceder a una prestación del Estado que le corresponde asumir.

T-1065/12

Acción de tutela contra la Policía Nacional El demandante es pensionado de la entidad demandada y le fue diagnosticada diabetes mellitus, pero no le han entregado las tirillas, el glucómetro, las lancetas y las jeringas solicitadas, indispensables para el tratamiento médico, por encontrarse por fuera del POS autorizado por la Policía Nacional. Se amparan los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna y se ordena el suministro. Principio de integralidad en la prestación del servicio de salud.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 1 de 2013

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-963/12

Acción de tutela contra Servicio Occidental de Salud EPS. Caso en que la demandante considera vulnerados los derechos fundamentales de su hijo con la decisión de la demandada, por lo que solicita trasladar a su hijo del hogar psiquiátrico ubicado en Jamundí (Valle) en el que está, al que se encuentra en Manizales, donde ella reside. Principio de solidaridad y la participación de la familia en la rehabilitación de los discapacitados mentales. Se considera que la EPS está llamada a facilitar la cercanía geográfica entre el paciente y su familia. Se concede la tutela para la protección de los derechos a la salud y a la vida digna.

T-964/12

Acción de tutela contra Sura EPS. Caso en que la demandante considera vulnerados los derechos a la salud y a la vida, por cuanto la demandada se niega a suministrar el tratamiento ordenado por un médico particular porque padece una infección de tejidos blandos como consecuencia del procedimiento quirúrgico de carácter estético al que se sometió voluntariamente. Derecho fundamental a la salud. Derecho al diagnóstico. Reglas jurisprudenciales para el suministro de tratamientos y medicamentos que se encuentran excluidos del POS. Se tutela el derecho a la salud, pero sólo en su faceta del derecho al diagnóstico.

T-988/12

Tutela contra ESE Hospital Local de Turbaco, Bolívar. El demandante considera que se desconocieron los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada al darse por terminada la relación sostenida entre las partes a partir de la suscripción de órdenes sucesivas de prestación de servicios, sin tomar en cuenta que es una persona de la tercera edad, en condición de debilidad manifiesta por razones de salud. En este caso, al momento de regresar el demandante de una incapacidad le informaron verbalmente que su contrato había terminado. Estabilidad laboral reforzada de personas con discapacidad o en condiciones de debilidad manifiesta por razones de salud en sus opciones de generación de ingresos. Alcance de las obligaciones y facultades del Juez Constitucional. Contrato Realidad. La edad del actor constituye obstáculo para declaración de una relación laboral. Se declara entonces la ineficacia de la terminación del vínculo contractual entre las partes y se inaplica la cláusula de la última orden de prestación de servicios, que establecía su duración hasta el 31 de diciembre de 2011. Se ordena el pago de los honorarios dejados de percibir desde la ineficaz terminación del vínculo. Se concede la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada del demandante.

T-350/12

Acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defecto sustancial como causal específica. Principio de la condición más beneficiosa. Principio de favorabilidad en materia laboral. Caso de reliquidación pensional. El Consejo de Estado desconoció el artículo 53 de la C.P. por lo que se revoca la sentencia. El cargo que desempeñó el demandante en la Comisión Nacional de Televisión, hace parte de los cargos referidos en el artículo 29 del Decreto 2400/68, que fue subrogado por el Decreto 3074/68 y ambos a su vez reglamentados por el Decreto 1950/73. Pensionado que se reintegra al servicio. Se deja ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la reliquidación pensional del actor.

T-986A/12

Acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Manizales. Caso en que se debe determinar si la demandada vulneró los derechos fundamentales a la vivienda digna y al mínimo vital de la accionante, al ordenar la demolición de la construcción en la que habita con su familia e imponer una multa sin tener en cuenta su precaria situación económica. Contenido y naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna. Habitabilidad. Medidas de protección a favor de las personas cuando existe una orden de desalojo. Marco normativo del proceso de reubicación de hogares situados en zonas declaradas como de alto riesgo. Principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen los procesos administrativos sancionatorios. La Resolución de la Alcaldía constituye una vulneración de los derechos a la vivienda digna y al mínimo vital de la accionante. Se concede la tutela y se deja sin efecto la sanción de multa.

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 8 de 2012

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-720/12

Acción de tutela contra la Universidad Manuela Beltrán. Derecho a la educación y a la autonomía universitaria. Debido proceso en los procesos disciplinarios universitarios. Caso en que a la demandante se le impuso la máxima sanción contemplada en el Reglamento, por medio de un acto inmotivado e incongruente, y en esta medida todo el resto del proceso se encuentra viciado. Se concede la tutela.

T-721/12

Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Marco normativo y jurisprudencial relativo al reconocimiento y pago de esta prestación cuando es causada en un evento de origen profesional, y las obligaciones que asumen las administradoras de riesgos profesionales y los empleadores en esos casos. Afiliación y desafiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales. Vigencia de la cobertura. Debido proceso. Se concede de manera transitoria la protección de los derechos fundamentales del demandante a la seguridad social y al mínimo vital. Orden a la ARP POSITIVA para que reconozca y pague la pensión de invalidez.

T-706/12

Tutela contra Prodenvases Crown S.A. y el Ministerio de la Protección Social. Acción de tutela procede para cuestionar actos administrativos dictados por el Ministerio del Trabajo en el marco de los trámites laborales de cierre definitivo de una sucursal o sede de una empresa. Garantía constitucional al debido proceso administrativo y el principio de publicidad como presupuesto para ejercer los derechos de defensa y contradicción. Garantía constitucional a la libertad de asociación sindical y el derecho que le asiste a los sindicatos de conocer la información que los afecta. Se vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso administrativo, libertad sindical e igualdad. Se ordena al Director Territorial de Atlántico del Ministerio del Trabajo, o a quien haga sus veces que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia retrotraiga el trámite administrativo de cierre de la planta en la ciudad de Barranquilla que presentó la empresa Prodenvases Crown S.A. hasta la etapa previa a la visita administrativa, con el fin de que proceda a notificar a “SINALTRAMETAL” de la petición que elevó la empresa y de la fecha en que se programaría la nueva diligencia preliminar donde se le garanticen los derechos de contradicción y de defensa.

T-689/12

Acción de tutela contra el ICBF. Caso en que el demandante considera vulnerados los derechos de su menor hija a la igualdad, al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad, a la propia identidad personal, a tener una familia y no ser separada de ella, a la integridad física y psicológica, a la educación, y a la aplicación de los tratados internacionales que consagran los derechos de los niños, debido a la decisión forzada a que han sido sometidos por la decisión de la madre de llevarse a la niña a residir de manera definitiva a los Estados Unidos, obteniendo su permiso mediante engaños, sin que el ICBF haya dado estricto cumplimiento a la Ley 173/94. El actor en estricto sentido considera que el ICBF en su accionar ha omitido el cumplimiento de un deber legal, que consiste en nombrar un defensor de familia para que inicie la acción judicial. Menores de edad como sujetos de especial protección y sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Contenido y alcance del concepto de interés superior del menor y los criterios jurídicos para determinarlo. Objetivo y alcance de la ley 173/94, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980. Procedimiento de restitución internacional de menores. Inexistencia de un procedimiento célere para lograr la restitución de un menor cuando Colombia es el país requirente. Se ordena el retorno de la menor a su lugar de residencia habitual dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la providencia, con el fin de restablecer el contacto con el padre y su familia paterna, de acuerdo con el régimen provisional de visitas que establezca el Defensor de Familia y se ordena al ICBF el acompañamiento del proceso de reencuentro de la menor con su padre.

T-696/12

Acción de tutela contra la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Subdirección Local de Tunjuelito. Caso en que la demandante actuando en representación de su señora madre interpuso acción de tutela contra la entidad demandada, solicitando la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por no reconocerle en forma prioritaria el subsidio otorgado a la población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad, por cuanto tiene 102 años y no tiene ingresos propios. Protección especial de los adultos mayores en estado de indigencia o extrema pobreza. Deber de solidaridad hacia los adultos mayores se manifiesta en la obligación legal de sus hijos de reconocerle alimentos. Se tutelan los derechos al mínimo vital y a la protección especial a las personas de la tercera edad.

T-561/12

Acción de tutela contra el Banco Agrario. Caso en que la demandante, quien es mujer cabeza de familia en situación de desplazamiento, considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la vida digna, por cuanto le negó la entrega del giro relativo a la ayuda humanitaria de emergencia otorgada por el Departamento para la Prosperidad Social, porque no presentó como documento de identificación la cédula amarilla con hologramas, a pesar de que aportó en dicho trámite , la contraseña, un comprobante de documento en trámite, y por último un certificado firmado por dos funcionarios delegados por el Registrador Nacional para la Registraduría de Medellín. Naturaleza y contenido de la ayuda humanitaria de emergencia. Prohibición de supeditar su entrega a trámites o cargas probatorias desproporcionadas. Ampliación de las subreglas sentadas en el fallo T-069/12.

T-754/12

Acción de tutela contra la Empresa Terminal de Transportes S.A. de Bogotá. Caso en que la demandante considera que se le vulneraron los derechos a la igualdad, al trabajo, a la familia, y a la estabilidad laboral reforzada, al terminarle unilateralmente su contrato de trabajo a término indefinido, pese a encontrarse en situación de vulnerabilidad y estar próxima a pensionarse. Estabilidad laboral reforzada. Se amparan los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la vida digna de la afectada. Se ordena el reintegro en el cargo que desempeñaba o en uno que sea compatible con las condiciones de salud en las que se encuentra. También se ordena el reconocimiento y pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta que efectivamente sea vinculada. Que se reconozca y pague una indemnización equivalente a 180 días del salario, al tenor del inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361/97.

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 7 de 2012

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-596/12

Acción de tutela contra la Concesión Vial de Cartagena. Acción de tutela contra particulares. Reiteración de jurisprudencia. Tutela como mecanismo de protección del derecho a la vivienda digna. Caso en que la vivienda del demandante resultó afectada por la construcción de una vía pública y se inunda. Orden a la demandada para que se termine de ejecutar a satisfacción del demandante el “acuerdo indemnizatorio” suscrito en mayo de 2002, de tal manera que se erradique definitivamente “la acumulación de aguas servidas y pluviales”. También, que se revise la causa de las fisuras en las paredes. Deben ejecutarse las obras y resanes que aseguren toda la estructura y la debida apariencia de la vivienda. Se concede la tutela.

T-232/12

Acción de tutela contra el INPEC. Caso en que la demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la unidad familiar, y a la dignidad humana, al haberle sido negado el traslado de Cúcuta a Bucaramanga, lugar en el que viven sus dos hijos adolescentes. Esta Sala estima que si bien el INPEC es autónomo en realizar los traslados que considera necesarios atendiendo a varias circunstancias razonables y le es posible, bajo dicha facultad limitar algunos derechos fundamentales de los reclusos, no puede ser arbitrario en las decisiones que tome en torno a este tema y debe atender a las circunstancias fácticas de las personas privadas de la libertad que pretende trasladar, para así evitar la vulneración de la dignidad humana de éstas y también los derechos de los niños cuando existe en el núcleo familiar del recluso niños, niñas y/o adolescentes. Si bien las personas privadas de la libertad tienen restringidos algunos derechos, entre los que se encuentra el de la unidad familiar y el INPEC tiene la facultad de ponerle límites, éstos no pueden ser arbitrarios y no pueden desconocer derechos como la dignidad humana del recluso y menos aún los derechos de los niños y adolescentes. En esa medida, aunque se desconocen las circunstancias que llevaron a la autoridad carcelaria a trasladar a la actora de centro de reclusión, se presumen ajustadas a derecho. Sin embargo, dicha entidad debió estudiar a fondo las circunstancias personales de la interna con el objetivo de no afectar aún más a su núcleo familiar. Para la Sala el traslado de la accionante al centro penitenciario de la ciudad de Cúcuta la aleja de sus dos hijos y le niega la posibilidad de ayudarlos económicamente, constituyendo una vulneración de su derecho a mantener contacto con su grupo familiar, así como la desatención del derecho de los adolescentes a contar con la cercanía de su progenitora, en aras de velar, así sea limitadamente, por su bienestar y desarrollo en las mejores condiciones posibles. Se concede la tutela.

T-437/12

Acción de tutela contra Secretarías de Gobierno y de Espacio Público y Control urbano de Ibagué. Caso en que se le ordenó al accionante, quien es sujeto de especial protección la restitución de un bien de espacio público, en donde éste reside y trabaja desde hace más de 15 años, teniendo en cuenta que la Administración cobró impuesto predial sobre el bien y hubo conexión a servicios públicos. Además, no se le ofreció un plan de reubicación bajo el argumento que obró de mala fe. Procedencia de la acción de tutela. Espacio público. Jurisprudencia sobre la confianza legítima y la buena fe. Derecho a la vivienda digna. Se concede la tutela de los derechos a la vivienda digna y al trabajo del demandante y su núcleo familiar.

T-462/12

Acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social) y el Ministerio de Defensa. Caso de joven desplazado que es padre cabeza de familia y que fue incorporado al servicio militar obligatorio. Procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada. Obligatoriedad de la prestación del servicio militar y eximentes fijados por la Constitución y la Ley con respecto a su prestación. Derecho a la salud de los miembros de la Fuerza Pública y la obligación de las fuerzas Militares de prestar asistencia médica al personal que con ocasión del servicio adquirió alguna enfermedad. Caso en que se concede el amparo de los derechos fundamentales del demandante y de sus hijos menores, vulnerados por las entidades demandadas.

T-463/12

Acción de tutela contra el Ministerio de Protección Social y otros. Caso en que el demandante solicita el reconocimiento de pensión mínima especial de invalidez prevista en el artículo 46 de la Ley 418/97. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el pago de la pensión de invalidez. Personas discapacitadas. Pensión especial de invalidez. Inmediatez como requisito de procedibilidad en la acción de tutela. El tutelante es una persona que ha sido declarada inválida por parte de las autoridades competentes lo que lo enmarca dentro del contexto de personas sujetos de especial protección. Ello aunado a que el daño sufrido nunca ha sido reparado y por tanto, el perjuicio sigue siendo actual, hace necesario que el Juez constitucional se pronuncie acerca de la protección especial reclamada. Afectación actual de los derechos fundamentales del demandante. Evolución y vigencia del régimen legal que consagró el derecho a la pensión especial de invalidez para las víctimas de atentados terroristas. El demandante es un sujeto de especial protección, cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en el artículo 46 de la Ley 418/97, modificada por el artículo 18 de la Ley 782/02, por lo que se concede el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

T-500/12

Acción de tutela contra el municipio de Pitalito y la Gobernación del Huila. Caso en que se debe determinar si los derechos de los niños, particularmente a la salud, a la vida y a la integridad personal, están siendo conculcados debido a que las instalaciones de la institución educativa de la vereda La Reserva del municipio de Pitalito, se encuentran en “pésimas condiciones”, en zona de alto riesgo y dentro de la reserva Natural Forestal de la Amazonía. Legitimación por activa. Acceso a una institución educacional digna. Derecho a un ambiente sano. Importancia del recurso hídrico. Reserva forestal. Se tutelan los derechos a la educación en condiciones dignas, la vida, la integridad personal y la salud. Se ordena a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, el municipio de Pitalito, la comunidad de la vereda La Reserva de dicho municipio, la gobernación de Huila y los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación Nacional, bajo la coordinación de este último, por conducto de los respectivos representantes legales o quienes hagan sus veces, que en un lapso no superior a seis (6) meses, contado a partir de la notificación de esta providencia y si aún no se ha efectuado, se seleccione, adquiera si fuese necesario y destine el terreno apropiado, con fácil acceso para estudiantes y profesores, para reubicar el centro educacional de la referida vereda, que será construido, dentro del concepto de aulas ambientales, en el término subsiguiente de un (1) año, en condiciones compatibles con el manejo integral de la educación, armonizada con la protección del área de reserva, la riqueza hídrica, las cuencas hidrográficas y la biodiversidad. Entre tanto, los estudiantes y profesores seguirán asistiendo a la sede educacional de El Guamal, donde la alcaldía de Pitalito reubicó a los niños, a quienes suministrará las condiciones dignas, con calidad y seguridad, para la debida satisfacción del derecho a la educación, además de un medio expedito de transporte, a costa del municipio, desde cerca del lugar donde está el centro educacional que debe desalojarse de inmediato, por su condición de alto riesgo, hasta la referida sede en El Guamal, ida y regreso.

T-513/12

Acción de tutela contra la Gobernación del Valle y un particular. Caso en que el demandante, quien es Gobernador de un Resguardo Indígena, presentó acción de tutela argumentando que reconocer efectos jurídicos a una Junta de Acción Comunal que funcionará en el territorio de un resguardo indígena es una vulneración a la autonomía que debe garantizarse a la comunidad indígena para la gestión de sus intereses al interior del Resguardo, así como al derecho de consulta previa. Igualmente, que dicha separación tiene como causa la conversión de algunos miembros de la comunidad a una religión que no corresponde a la tradicional de la comunidad y que, por consiguiente, es su deber como autoridad el proteger la identidad y cultura tradicionales de la comunidad NASA, por lo que pide se dejen sin efectos los actos administrativos que reconocen la existencia de la organización comunal. Siendo este el recuento fáctico, el problema jurídico que ahora resuelve la Sala consiste en determinar si vulnera el principio de identidad cultural, debido proceso, consulta previa y autonomía en el manejo del territorio de resguardo de una comunidad indígena el reconocer efectos a una junta de acción comunal que, operando dentro de dicho territorio, fue creada y reconocida cuando el mismo no se había constituido como Resguardo? Para dar solución al mismo, se presenta un resumen de lo establecido por la jurisprudencia constitucional acerca de las comunidades indígenas como titulares de derechos fundamentales y, especialmente, lo que representa el territorio en la vida y cultura de la comunidad; se realiza un breve resumen del régimen jurídico de las juntas de acción comunal en el ordenamiento colombiano. Se concede el amparo del derecho a la autonomía territorial al interior del resguardo a la comunidad NASA que habita el resguardo Triunfo Cristal Paez. En consecuencia, se deja sin efectos la resolución 3915 de 28 de noviembre de 1977 que reconoció personería jurídica a la JAC de la Vereda San Juanito, Corregimiento de la Diana; así como la resolución 504 de 21 de septiembre de 2009, por la que se aprobó una reforma de los estatutos y se inscribió la elección de los dignatarios de dicha junta de acción comunal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 6 de 2012

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-736/11

Acción de tutela contra la Universidad Francisco de Paula Santander. Caso en que el demandante solicitó a la demandada la exoneración del pago de los derechos académicos por ser damnificado del desastre natural del municipio de Gramalote. Autonomía universitaria y el derecho al debido proceso en las actuaciones de las autoridades administrativas. La Sala considera que el accionante efectivamente es damnificado de ese municipio y que la Universidad en caso de haber tenido dudas sobre su condición de damnificado debió solicitarle pruebas adicionales, sin embargo, omitió esto y por el contrario, realizó una inadecuada interpretación de las pruebas aportadas, que lo acreditaban como damnificado y le permitían acceder al beneficio otorgado por la Universidad. Se concede la tutela.

T-068/12

Acción de tutela contra el Icetex y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Caso en que a la demandante se le impidió realizar el curso “CPG”, requisito necesario para graduarse como profesional de Diseño Industrial, y a quien el ICETEX le revocó el año de gracia para el pago del crédito ACCES que le fue otorgado. Contenido del derecho fundamental a la educación. Alcance de la autonomía universitaria. La buena fe y la confianza legítima en las actuaciones de los particulares. La Sala tiene en cuenta que en el presente asunto se ha configurado una vulneración al derecho a la educación de la accionante, debido a que si bien a ella se le permitió continuar con sus estudios pese a que el ICETEX no realizó los pagos correspondientes a dos semestres académicos, no se le ha permitido graduar por la deuda que actualmente tiene con la Universidad. Para garantizar tanto el derecho a la educación de la accionante como el derecho de la Institución de recobrar el dinero adeudado, esta Sala ordena a la Universidad suscribir un acuerdo de pago con la estudiante y ordenar que la Universidad permita que realice el curso “CPG”, el cual es requisito indispensable para graduarse como diseñadora industrial. Y además, que pueda pagar en módicas sumas de dinero su obligación, y así se respeten los derechos del ente educativo. En cuanto al ICETEX, se considera que si bien actuó conforme a derecho, es dable en el presente caso ordenarle respetar el periodo de gracia otorgado en principio a la peticionaria, ya que una decisión contraria sería desproporcionada. Pero, en cuanto a la reanudación del subsidio del 25% del valor total de semestre otorgado por el Icetex esto no es procedente, debido a que en su actuación esa entidad no incurrió en ningún error que haga procedente una decisión en ese sentido. Se concede el amparo

T-314/12

Acción de tutela contra la Caja de Vivienda Popular. Caso en que los demandantes comparten una vivienda de propiedad de la entidad demandada, donde según relata cada familia, viven por lo menos hace más de 20 años en condiciones de hacinamiento. No obstante reconocen que viven en precarias condiciones, sostienen que no tienen recursos para acceder a una mejor solución de vivienda, en caso de ser desalojados. Por esta razón solicitan al Juez de Tutela que previamente al proceso de desalojo, se ordene a la entidad accionada que los incluya en planes de reubicación de vivienda, pues debido a sus escasos recursos económicos, no cuentan con más alternativas. Naturaleza y alcance del derecho fundamental a la vivienda digna. Recuperación de los bienes fiscales no puede desconocer el principio de confianza legítima. Protección que la jurisprudencia ha dado a las familias que se encuentran ante una situación de desalojo por parte de las autoridades administrativas. Programas de reasentamiento ofrecidos por la Caja de Vivienda Popular. Derecho fundamental a la vivienda digna y el principio de confianza legítima. Se concede la tutela.

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 5 de 2012

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-956/11

Acciones de tutela contra el Ministerio de Educación. Se analiza si la acción de tutela es procedente para controvertir actos administrativos de contenido particular y concreto a través de los cuales se niega la convalidación de títulos de postgrado concedidos en el exterior. Principio de buena fe en su dimensión de confianza legítima. Debido proceso administrativo. Convalidación de títulos no es una actividad de la administración pública discrecional sino reglada. En el primer caso estudiado se considera que la demandante dispone de otro medio de defensa judicial. No se demostró que los actos administrativos le estén causando un perjuicio irremediable. En el segundo caso se consideró que la acción de tutela es procedente porque se cumplen los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Se considera que la Dirección de Calidad para la Educación Superior del MEN sorpresivamente le cambió las reglas de juego al demandante y le negó esa homologación. Sólo se concede la tutela en este expediente.

T-950/11

Acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Caso en que se inadmitió la acción de revisión interpuesta por el demandante contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá. Procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias judiciales. Caracterización del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. El poder – deber que tiene el Juez de practicar pruebas de oficio en los procesos que se surten ante la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo. Las entidad judicial demandada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al restarle valor probatorio a las copias auténticas de la sentencia condenatoria, expedidas por la jefe Seccional del Archivo Central de los juzgados de Bogotá y a la constancia de ejecutoria suscrita por la Secretaria del Centro de Servicios Administrativos que se anexó con el recurso de reposición contra el auto inadmisorio de la acción de revisión. La demandada incurrió en defecto fáctico por omisión en su deber legal de practicar pruebas de oficio o de acceder a la práctica de las solicitadas tendientes a la aclaración de oscuridades derivadas de la acción incoada. Se incurrió en defecto fáctico en razón a que contra toda evidencia determinó que la diligencia de reconocimiento del capturado y la declaración de la víctima respecto de que el condenado no era la misma persona privada de la libertad con posterioridad a la firmeza de la sentencia, no constituía un hecho nuevo. Se afectaron los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia del demandante. Se concede la tutela.

T-015/12

Acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín. Caso en que se omitió la valoración probatoria de documentos relevantes que demostraban que el seguro de vida en sus condiciones particulares, amparaba al cónyuge de la demandante de la “muerte por cualquier causa”. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Para definir si la póliza de un seguro de vida ampara la muerte de una persona, no basta con definir el alcance de las condiciones generales pues es necesario determinar además el de las condiciones particulares y específicas. Esta omisión constituye un defecto fáctico que viola el derecho al debido proceso de la tutelante, pues toda persona tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, pues toda persona tiene derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra” (Art. 29 C.P.), justamente para que sean valoradas como es debido por quien tiene la función de administrar justicia. Cuando este último se abstiene injustificadamente de hacerlo, como en este caso, y esa omisión tiene prima facie la virtualidad de incidir en el desenlace de la controversia, el juez constitucional debe tutelar el derecho, dejar sin efecto la decisión y adoptar la medida idónea, necesaria y proporcionada para protegerlo. Se concede la tutela.

T-185/12

Acción de tutela contra el Banco Agrario de Colombia. Caso en que la entidad demandada se negó a desembolsar el dinero de un crédito, que previamente le había aprobado a la demandante, argumentando que estaba reportada en una central de riesgo, a pesar que necesitaba ese dinero para salir de su vivienda ubicada en una zona de alto riesgo no mitigable, y además, aportó el paz y salvo en el que constaba que ya había pagado la obligación por la cual fue reportada. Acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna en casos de subsidios familiares de vivienda. Cuando un Banco se niega sin justificación suficiente a desembolsar el valor de un crédito hipotecario previamente aprobado, que resulta necesario para que una familia haga efectivo un subsidio de vivienda y consiga un hogar en condiciones adecuadas, viola el derecho a la vivienda digna de quienes integran el grupo familiar. Se concede la tutela.

T-244/12

Acción de tutela contra la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, Secretaría de Infraestructura, el Consorcio Cartagena 2010 y Transcaribe. Caso en que los demandantes, quienes son “patinadores” en el mercado de Bazurto, no fueron incluidos dentro de un plan de reubicación, ni se les otorgó un reconocimiento económico para resarcirles los perjuicios que se les están causando como consecuencia de la ejecución de las obras. Protección constitucional reforzada de las poblaciones vulnerables frente a proyectos de renovación urbana y recuperación del espacio público. Derecho a la participación y al debido proceso en el marco de proyectos de desarrollo urbano y recuperación del espacio público. Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de los accionantes. Se concede la tutela.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 4 de 2012

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-716/11

Acciones de tutela contra el ISS y Cajanal en liquidación. Caso en que las administradoras de pensiones demandadas negaron el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes a parejas del mismo sexo, a partid de dos tipos de argumentos, relacionados con los efectos temporales de la sentencia C-336/08y la necesidad, presuntamente derivada de ese fallo, de la declaración notarial que dé cuenta de la conformación de unión marital entre las mencionadas parejas. Implicaciones de la pensión de sobrevivientes en la vigencia de los derechos fundamentales de los dependientes del causante. Reglas jurisprudenciales sobre la procedencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para las uniones maritales conformadas por parejas del mismo sexo. Sentencia C-577/11, respecto de la comprensión actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de familia. Requisitos predicables para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes de parejas del mismo sexo. Reglas fijadas por la Corte para la procedencia excepcional de la acción. Se conceden las tutelas.

T-724/11

Acción de tutela contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Procedencia de la acción de tutela para la protección de derechos colectivos. Reiteración de jurisprudencia. Derecho a un ambiente sano. La Corte requiere a la empresa demandada para que disponga la realización de estudios técnicos que permitan determinar la forma más expedita de solucionar definitivamente el problema del afloramiento de aguas negras en el canal El Tintal III, que debe ejecutar en un lapso no superior a 6 meses. Vigilar también que se blinde el canal de los vertimientos de aguas servidas y se realicen labores de mantenimiento, sondeo y limpieza.

T-921/11

Acción de tutela contra el ISS y el Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Caso en que la demandante considera que se vulneró su derecho fundamental a la seguridad social, por la negativa a solicitar a la Policía Nacional el bono pensional del período del 10 de abril de 1957 al 5 de agosto de 1960. Seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. Movilidad de los recursos financieros en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de vejez. Se ordena a la Policía Nacional que emita a favor del ISS la cuota parte pensional de la actora por el período comprendido entre el 10 de abril de 1957 y el 5 de agosto de 1960. También se ordena al ISS que después de la emisión de la cuota parte pensional por parte de la Policía, se expida un nuevo acto administrativo en el que reconozca el tiempo laborado por la accionante y examine si es acreedora a la pensión de vejez. Se concede la tutela.

T-125/12

Acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, el Banco de Bogotá y el ISS. Caso en que el demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital por cuanto el Tribunal absolvió al Banco de Bogotá, en el curso de un proceso ordinario laboral, del pago de unos aportes pensionales adeudados, bajo el argumento que para la fecha de las cotizaciones reclamadas, el ISS no había asumido el riesgo en materia pensional. Acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela, haciendo especial énfasis en el defecto material o sustantivo. Seguridad Social en pensiones con anterioridad y posterioridad a la Ley 100/93. La Sala considera que el Banco de Bogotá es responsable del pago de las cotizaciones causadas durante todo el tiempo que duró el vínculo laboral, antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100/93. El Banco debe transferir al ISS el valor actualizado, cálculo actuarial, de acuerdo con el salario que devengaba el actor para la época de los aportes para pensión dejados de cancelar, para que así le sean contabilizados dentro de su tiempo de cotización para efectos del reconocimiento de su pensión. El Tribunal incurrió en un defecto sustantivo que configura una causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por pasar por alto la normativa aplicable al caso en concreto y desconocer el precedente constitucional fijado en la sentencia C-506/01, la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del parágrafo 1, literal c, del artículo 33 de la Ley 100/93, conculcando de esta manera los derechos fundamentales del accionante. Se concede la tutela.

T-126/12

Acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades – Delegada para Procedimientos Mercantiles. Caso en que la demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, al fuero de maternidad y del niño por nacer, al no haber sido prorrogado su contrato y el pago de los aportes a seguridad social. Protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada. Ausencia de aviso sobre el estado de embarazo no habilita al empleador para desvincular a la mujer gestante. Fuero de maternidad opera independientemente del tipo de vinculación de la mujer trabajadora. Aplicación directa del principio constitucional de solidaridad en estos casos. Responsabilidad del liquidador. Se concede la tutela.

T-146/12

Acción de tutela contra Bancolombia. Caso en que el demandante considera que se omitió dar respuesta al escrito mediante el cual solicitó el suministro de información, vulnerando su derecho de petición. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Carácter de servicio público de la actividad bancaria. Importancia de las Veedurías Ciudadanas como mecanismos de control social de la gestión pública. Derecho de petición como herramienta fundamental para ejercer el control por parte de estas Veedurías. Reiteración de jurisprudencia sobre el derecho de petición. Considera la Sala que la comunicación aportada por el Banco demandado dio respuesta de manera clara, precisa y de fondo a la solicitud, negándose a suministrar la información requerida por el accionante por considerar que la misma se encuentra sujeta a reserva bancaria. En cuanto al derecho de acceso a los documentos solicitados, la tutela no es el mecanismo para acceder a los mismos, dado que conforme al artículo 21 de la Ley 57 de 1985 existe una reglamentación especial para garantizar el derecho de acceso a la información, cuando se considere que no ha sido satisfecho por parte de la administración a través de sus órganos oficiales. Se niega la protección invocada.

T-124/12

Acción de tutela contra la Junta Regional de Calificación de invalidez de Bogotá y Cundinamarca y Positiva Compañía de Seguros. Caso en que se considera que se están vulnerando los derechos de un menor de edad discapacitado al no exonerarlo del costo del examen de invalidez que requiere, para acceder a la sustitución pensional por el fallecimiento de su padre. Naturaleza jurídica y función del derecho a la pensión de sobrevivientes y a la sustitución pensional. Regulación normativa y jurisprudencial del derecho a la pensión de sobrevivientes. Pago de honorarios a las Juntas de Calificación de Invalidez según el mandato legal y constitucional. La Sala concluye que sí hubo vulneración a los derechos a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas del niño, de parte de Positiva Compañía de Seguros, al no cancelar el examen de invalidez a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. Se concede la tutela y se ordena que proceda inmediatamente a pagar el costo de dicho examen, para que posteriormente, según el dictamen emitido reconozca la pensión de sobrevivientes al niño en calidad de hijo invalido del causante.

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 3 de 2012

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-751/10

Acción de tutela contra el INPEC. Caso en que el demandante considera que la decisión de la entidad demandada de ordenar su traslado de Villeta a Itsmina (Chocó), vulnera los derechos fundamentales del menor hijo de su compañera permanente, quien padece cáncer. Acción de tutela como mecanismo para controvertir decisiones de la administración pública referentes a traslados. Alcance del ejercicio del ius variandi. Derecho a la familia en la CP. Derecho del menor de edad a tener una familia y a no ser separado de ella. Protección otorgada a la familia no sólo proviene de vínculos consanguíneos sino que el constituyente ha dado una protección constitucional a la familia que proviene de la unión libre entre compañeros permanentes y la ha ubicado en un pie de igualdad respecto de la familia que se constituye a partir del matrimonio. Se concede la tutela.

T-1004/10

Acción de tutela contra el ISS. Caso en que la demandante considera que la entidad demandada vulnera sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social al negarse a darle cumplimiento a una sentencia que ordenó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, bajo el argumento que en la parte motiva de dicha providencia se cometió un error de digitación en el nombre de Juzgado que la profirió. Tutela para exigir el reconocimiento y pago de una pensión reconocida judicialmente. Artículo 310 del C de P.C. Corrección de errores aritméticos y de digitación cometidos en una sentencia. Contenido de los principios de buena fe procesal y de prevalencia del derecho sustancial. Teoría del exceso ritual manifiesto. Se concede la tutela.

T-075A/11

Acción de tutela contra Colegio. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Debido proceso disciplinario y la terminación unilateral del contrato de trabajo. Cuando un empleador termina unilateralmente el contrato de trabajo sustentado en el hecho que se configuró una causa legal no se puede afirmar que se vulnera el debido proceso disciplinario del trabajador, porque en lo que respecta al empleador su obligación se limita a informarle los motivos y las razones concretas por las cuales decide realizar el despido y dar al empleado la oportunidad de controvertir las imputaciones que se le hacen. Si existe controversia frente a los motivos y las razones que generaron el despido, por regla general, se deberá acudir a la jurisdicción laboral que es la competente para dilucidar esos conflictos. Libertad de cátedra. No se concede la tutela.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 2 de 2012

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-403/11

Caso en que el demandante considera que el trato que se le da a sus hijastras por parte del Ejército Nacional y la Dirección General de los Liceos del Ejército, es discriminatorio y vulnera sus derechos fundamentales a la educación y a la igualdad. Igualdad de trato entre los distintos tipos de familia. Se genera una clara discriminación en el acto administrativo expedido por el ente demandado, al otorgar un beneficio a la educación sólo a las personas que la ley ha señalado como sujetos de derecho en razón de la filiación, el cual desconoce la igualdad a la educación que debe haber entre los hijos y los hijastros de los miembros de esa institución, matriculados en los liceos a su cargo. Se concede la tutela.  

T-531/10

Acción de tutela contra Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería y Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería. Caso en que la demandante considera vulnerado su derecho al debido proceso, ya que dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario que fue instaurado en su contra, se avaluó un inmueble de su propiedad en la suma de $7.641.000.oo, que a su juicio dista mucho del valor real que le corresponde. Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Se considera por la Sala que la cuestión planteada puede ser ventilada con base en el denominado defecto procedimental. que tiene fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Prevalencia del derecho sustancial y las facultades oficiosas del Juez. Actuación de los Jueces en el proceso ejecutivo hipotecario. Exceso ritual manifiesto y algunos ejemplos tomados de la jurisprudencia constitucional. Se incurrió por parte de los jueces en un exceso de ritual manifiesto contrario al debido proceso de la deudora, al derecho a que su acceso a la administración de justicia estuviera orientado por la prevalencia del derecho sustancial y a su derecho a la igualdad procesal. Se concede la tutela.

T-1021/10

Acción de tutela contra Juzgado Promiscuo Municipal de Chía y Promiscuo de Familia de Zipaquirá. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actuaciones judiciales. El objetivo y el supuesto de aplicación de la Ley 173/94 por medio de la cual se aprobó el Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980. El principio de celeridad como parte esencial en el carácter fundamental del derecho al debido proceso y el trámite establecido en la legislación colombiana para la restitución internacional de menores. El interés superior del menor en los procesos de restitución internacional de menores. Efectos del acuerdo conciliatorio en el marco de los procesos judiciales de restitución internacional de menores.

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 1 de 2012

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-684A/11

Caso en que el ICBF se niega a implementar una acción afirmativa en un proceso público de adjudicación. Derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad. El Estado está en la obligación de realizar todas las acciones posibles que permitan igualar las condiciones de acceso laboral de dichas personas. Protección a la población con discapacidad en el bloque de constitucionalidad. Interpretación del artículo 24 de la Ley 361/97. Implementación del numeral a) de esa norma en procesos de adjudicación. Se concede la tutela. 

T-714/11

Acción de tutela contra el ISS y la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla. Requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia. Régimen de transición y aplicación del artículo 12 del Acuerdo 049/90. Obligatoriedad de las cotizaciones al Sistema de Pensiones por parte del empleador. Violación del derecho fundamental al debido proceso como consecuencia de la exigencia de requisitos extralegales  para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez. Ni la Constitución, ni las normas que regulan la materia disponen que las semanas cotizadas por un trabajador independiente al Sistema de Pensiones no sean tenidas en cuenta para el reconocimiento de la pensión de vejez, cuando dicho trabajador no ha efectuado aportes al Sistema de Salud durante el mismo período, la exigencia en ese sentido impuesta por el ISS es contraria al principio de la legalidad y, por tanto, al derecho fundamental al debido proceso. Se concede la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.

T-894/11

Acción de tutela contra Juzgado. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo. Caso en que la demandante fue desvinculada del cargo de secretaria de ese Juzgado, que venía desempeñando en provisionalidad, aún cuando había informado su estado de embarazo el mismo día en que le fue notificado el nombramiento de empleado de carrera que entraría a ocupar en propiedad la vacante. Protección constitucional e internacional a la maternidad. Reiteración de jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela. Ingreso y retiro de funcionarios de carrera y estabilidad laboral reforzada de mujeres en estado de embarazo que ocupan dichos cargos. Se concede la tutela y se ordena el reconocimiento de las prestaciones derivadas del fuero de maternidad.

 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 12 de 2011

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-578A/11

Caso en que el demandante considera que se le han vulnerado sus derechos a la vida digna y al mínimo vital por cuanto se le ordenó la restitución del espacio público en el cual había vivido y trabajado por más de 25 años, con el conocimiento de las autoridades, sin haber desarrollado y ejecutado un plan de medidas adecuadas, necesarias y suficientes tendientes a solucionar su situación laboral y de vivienda. Se considera que dado que el actor obtenía su sustento diario de operar un montallantas en su casa de habitación en el predio ejido del cual fue desalojado, la afectación de los derechos fundamentales del accionante continúa hasta la fecha, puesto que la medida lo despojó de su vivienda y del medio del cual obtenía los recursos para sobrevivir.  Protección constitucional del espacio público. Principio de confianza legítima. Conflictos que surgen entre la administración y la ocupación indebida del espacio público por parte de particulares. Se concede la tutela. 

T-601/11

Acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Riosucio – Caldas. Derechos fundamentales a la autonomía o libre determinación, a la supervivencia, a la identidad, a la integridad territorial y a la consulta previa de la comunidad indígena Embera Chamí. Caso en que se vulneraron por el apoyo dado para la renovación inconsulta de juntas de acción comunal dentro del territorio del resguardo indígena de San Lorenzo. Se concede la tutela y se suspende el funcionamiento de las juntas de acción comunal, las cuales solamente podrán desarrollar sus actividades, siempre y cuando sea agotado el proceso de consulta previa en los términos que se fijan.

T-694/11

Acción de tutela contra la Gobernación de Caldas y la Secretaría de educación de Caldas. Caso en que la menor hija de la demandante presenta una discapacidad auditiva neurosensorial profunda y requiere un servicio educativo acorde, teniendo en cuenta que en la actualidad recibe educación en una Corporación de Servicio Integral al discapacitado en el municipio de Chinchiná, pero tal establecimiento está dirigido a la enseñanza de niños que presentan síndrome de Down y no la discapacidad que aqueja a la menor. Derecho fundamental a la educación de las personas discapacitadas. Se concede la tutela por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación.

T-696/11

Acción de tutela contra la Policía Nacional. Caso en que el demandante fue retirado del servicio por presentar disminución de su capacidad psicofísica equivalente al 74.53%, en razón de las lesiones sufridas en ejercicio de sus funciones. Derecho a una nueva valoración médica por parte del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía. Régimen jurídico aplicable en materia de calificación de la disminución psicofísica  y la pensión de invalidez para miembros de la Fuerza Pública. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. Interpretación restrictiva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional hecha por el Juez de de tutela en única instancia. El presente es un caso de aquéllos, en los términos de la jurisprudencia constitucional, en que el Estado no puede ser indiferente al agente que prestó un servicio a su nombre, en desarrollo del cual todo el tiempo está en riesgo la salud y la vida. Se concede el amparo solicitado.

 

 

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 11 de 2011

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-530/11

Caso en que los demandantes consideran que las entidades demandadas les han vulnerado sus derechos a la vivienda digna y a la vida. Contenido del derecho fundamental a la vivienda digna o adecuada. Especial referencia a la habitabilidad y a la asequibilidad. Protección del derecho a la vivienda digna mediante la acción de tutela. Política pública respecto de las zonas proclives a la presencia de derrumbes, deslizamientos o situaciones similares. Se concede la tutela.  

T-584/11

Acción de tutela contra el Instituto de Seguro Social. Caso en que la demandante considera vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital, por cuanto se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Relevancia constitucional de este derecho. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Requisito de inmediatez en la acción de tutela. Se ha señalado que en aquéllos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es exigible de manera estricta. En este caso los jueces han debido aceptar la procedencia de la acción en razón a la situación excepcional en que se encuentra la accionante. El ISS no podía exigir el cumplimiento de un requisito al que no estaba sometida la pensión solicitada. Se concede el amparo de los derechos fundamentales, y se ordena que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia se reconozca a la demandante la pensión de sobrevivientes.    

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 10 de 2011

(Actualizado el 5 de agosto de 2011)

  

SENTENCIA

 

TEMA

T-213/11

Acción de tutela contra el Ministerio del Interior, el INPEC y el establecimiento Carcelario y Penitenciario de Ibagué. Caso en que correspondió a la Corte determinar si se vulneraron los derechos fundamentales de los demandantes de libertad, trabajo y debido proceso al abstenerse de incluirlos en programas de redención de pena y al trasladarlos dentro del establecimiento. Derechos fundamentales de los internos. Finalidad del tratamiento penitenciario. Educación y enseñanza en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Facultad discrecional del INPEC para trasladar a los reclusos. Configuración de un hecho superado, en algunos de los casos, por carencia actual de objeto.

T-306/11

Caso en que la demandante, solicita que se tutele el derecho a la educación de su menor hijo y su sobrina, por cuanto la Secretaría de Educación de Bogotá, le asignó a esta menor un cupo escolar en una institución diferente a la que asisten sus hijos, y en otra localidad, lo que trae dificultades para ella que tiene a su cargo el cuidado de su sobrina, es madre cabeza de familia, persona de escasos recursos, y además trabaja por días en confecciones.  Agencia oficiosa en la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Derecho fundamental a la educación y su exigibilidad por vía de tutela. Contenido del derecho fundamental a la educación y las obligaciones estatales en materia educativa de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Al asignar el cupo escolar se dejó de lado la accesibilidad, que es característica esencial del derecho a la educación. Se ordena a la entidad demandada asignar un cupo a la menor, sobrina de la demandante, en el mismo establecimiento educativo en el que se encuentran adelantando sus estudios sus primos, a fin de garantizar el verdadero acceso de la niña a los estudios.

T-315/11

Acción de tutela contra el ISS. Caso en que se omite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante, quien tiene 84 años, la que reclama por el fallecimiento de su hija, bajo el argumento de haber prescrito el derecho, en razón a que la única persona que reclamó esa pensión, y a la cual le fue reconocida fue a su cónyuge, con quien convivía y que también falleció. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Reiteración de jurisprudencia. El adulto mayor como sujeto de especial protección constitucional. Imprescriptibilidad del derecho pensional en materia de pensión de sobrevivientes. El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes a uno de los padres no anula el derecho al otro a acceder en cualquier momento a ella, en razón a su imprescriptibilidad, máxime cuando la persona que la solicita es un sujeto de especial protección constitucional, y sin posibilidad de procurarse su propio sustento para acceder a una vida en condiciones de dignidad humana.

T-429/11

Acción de tutela contra la Sección Tercera del Consejo de Estado. Caso en que el demandante considera que fue vulnerado el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en su contenido de realización del principio constitucional de justicia material, por cuanto no fue incluido en la parte resolutiva de un fallo su nombre, como una de las personas que debía ser indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados por el Ejército Nacional, pese a que en la parte motiva se determinó que debía ser resarcido por los perjuicios morales que le fueron causados. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, causales genéricas y específicas. Vulneración del derecho fundamental al debido proceso por exceso ritual manifiesto en la aplicación de las normas procedimentales. Reiteración de jurisprudencia. En este caso no existe la posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela. El defecto procesal tiene una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales. La irregularidad fue alegada de acuerdo con las circunstancias del caso específico. Se presentó una vulneración al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Se ordena a la Sección Tercera del Consejo de Estado que adicione la parte resolutiva del fallo proferido, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la notificación de la sentencia, con el nombre del demandante ahora en tutela, como una de las personas que La Nación, Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional debe indemnizar por los perjuicios morales ocasionados, como consecuencia de las acciones militares desplegadas, el 6 de enero y el 3 de septiembre de 1990, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de la sentencia que se ordena adicionar, en la cual se analizó su caso y se concluyó que debía ser indemnizado.

T-431/11

Acción de tutela contra CAJANAL- Patrimonio Autónomo BUEN FUTURO. Caso en que la demandada vulneró los derechos fundamentales de la actora cuando negó su solicitud de sustitución pensional, con base en la existencia de un vínculo matrimonial anterior del causante, y sin que haya prueba judicial de la separación de cuerpos, según los requisitos de ley para que surja la conformación de la sociedad de hecho. Incidencia del estado de cosas inconstitucional declarado en la situación de CAJANAL. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales. Derecho a la seguridad social para los ancianos, teniendo en cuenta el tema de la vida probable y su relación con el mínimo vital. Relevancia constitucional del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a las personas de la tercera edad como sujetos de especial protección constitucional. Requisitos establecidos en el artículo 13 de la de la Ley 797/03 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con la sentencia C -1094/03. Se concede la tutela para proteger los derechos fundamentales, como persona de la tercera edad objeto de especial protección. Al debido proceso y a la seguridad social, en conexidad con el derecho a una vida digna y al mínimo vital. Se ordena a la demandada, que dentro de un término de 30 días calendario, adopte todas las medidas necesarias para reconocer y hacer efectivo el derecho de la demandante a recibir la pensión. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 9 de 2011

(Actualizado el 15 de junio de 2011)

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-058/11

Acción de tutela contra la Secretaría Distrital de Salud y el Hospital El Tunal ESE. Caso en que no le permitían salir del hospital a la esposa del demandante, quien padecía de una enfermedad catastrófica, por no estar en capacidad de pagar la cuota de recuperación. Se considera que el proceder del hospital configura indiscutiblemente una vulneración del derecho fundamental a la seguridad social en salud, consagrado en el artículo 48 de la CP, porque conforme a la jurisprudencia ella estaba exenta del pago de cuotas de recuperación, moderadoras o copago, en su condición de participante vinculada, pues padecía cáncer avanzado, que es una enfermedad catastrófica o ruinosa, según los artículos 16 y 17 de la Resolución 5261/94, expedida por el Ministerio de Salud, por la cual recibió tratamiento de radioterapia y estuvo en cuidados intensivos, de acuerdo con la historia clínica. La conducta de las autoridades administrativas del Hospital demandado, después de la muerte de la señora, continúa afectando el derecho fundamental al mínimo vital del cónyuge superstite y de sus tres menores hijos sobrevivientes pues carecen de recursos económicos no sólo para cancelar el pagaré por valor de $1.345.000, sino para su propio sustento.

T-110/11

Acción de tutela contra la Nación - Ministerio de Defensa. Caso en que la demandante considera que fueron vulnerados sus derechos a la seguridad social y a la igualdad, por cuanto le fue negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con el argumento que la norma pensional a ella aplicable, no incluía dentro de sus beneficiarios a la compañera permanente. Carácter vinculante de las sentencias de constitucionalidad y tutela, y la obligatoriedad de los precedentes constitucionales para las autoridades administrativas. Aplicación retrospectiva de la CP. y los criterios a emplear al momento de enjuiciar situaciones jurídicas acaecidas durante el tránsito de la Constitución de 1886 a la de 1991. Seguridad social como bien jurídico constitucionalmente tutelado y su connotación como servicio público y derecho fundamental. Naturaleza y finalidad de la pensión de sobrevivientes, la protección constitucional de la familia, el principio de igualdad entre parejas conformadas por cónyuges o compañeros permanentes en materia de sustitución pensional, y la situación jurídica en que se encuentran aquellas personas que iniciaron la configuración de su derecho prestacional en vigencia de la Constitución Política de 1886, y las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones. Se concede la tutela por cuanto se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital de la demandante. Se ordena que se proceda a reconocer a la accionante la sustitución pensional a la que tiene derecho, teniendo en cuenta la interpretación constitucional sobre el asunto efectuada por esta Corporación, los artículos 116, 118 y 119 del decreto 2247 de 1984, el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes, los acrecimientos y actualizaciones a que hubiere lugar, y la prohibición de sufragar una pensión inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

T-249/11

Acción de tutela contra el Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Hidrocarburos. Caso en que el demandante, en su calidad de Representante Legal de la Distribuidora de Combustibles Luriger Ltda., considera que le ha sido vulnerado su derecho al debido proceso por parte de la entidad demandada al bloquear el código SICOM, sin previo trámite administrativo, impidiendo de esta forma el ejercicio de la actividad comercial para la cual se constituyó la sociedad. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones de la administración. Aspectos relevantes de la jurisprudencia sobre el derecho fundamental al debido proceso administrativo. Normatividad que regula el código SICOM. Se vulneró el derecho al debido proceso del demandante al bloquear el código SICOM a pesar que presentó toda la documentación requerida por parte de la entidad accionada. Asimismo al exigir a la sociedad que representa el actor, el cumplimiento de las circulares Nos. 1 y 2 de 2010, pese a que no se configura ninguna de las situaciones descritas en los mencionados actos administrativos. Si bien es cierto que la demandada tiene la facultad de desactivar el Código SICOM cuando observe que falta información en el sistema, asimismo debe proceder a deshabilitar el bloqueo cuando se cumpla con la obligación de reportar la información solicitada, tal y como lo realizó el accionante. La accionada no puede exigir el cumplimiento de unas circulares que no se pueden aplicar, ya que los documentos que obran en el expediente, desvirtúan el uso de las seis hipótesis de la circular No. 1 y por ende, no debe persistir en el bloqueo del Código SICOM. Se ordena restablecer el uso del Código.

T-286/11

Acción de tutela contra el Director y Jefe de la Oficina de Tratamiento y Desarrollo del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad, Picaleña, de Ibagué. Caso en que el demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y/o estudio carcelario, los cuales están íntimamente relacionados con el derecho a la libertad, al no permitirle desarrollar actividades de trabajo y/o estudio para efectos de redimir su pena, aduciendo que dicha labor tendría el carácter de voluntaria en razón a la calidad de procesado que ostenta en dicha institución y porque en su caso prima la presunción de inocencia; sin tomar en consideración que el accionante se encuentra condenado por otro delito y en una de las investigaciones que cursan en su contra, y que dio origen a la privación de su libertad en la actualidad,  ya se acogió a sentencia anticipada. Sistema de tratamiento penitenciario. Actividades de trabajo y estudio para efecto de redención de la pena. Posibilidad de que un interno, en calidad de sindicado, pueda desarrollar una labor con el fin de reducir la pena. No es legítimo denegar las solicitudes elevadas por los internos/as, cuya situación jurídica es la de sindicado/da, bajo el argumento de que no son sujetos de tratamiento penitenciario, pues en ciertas circunstancias, como son (i) la disponibilidad y (ii) el permiso otorgado por el director del centro de reclusión para desarrollar una labor, en atención a la conducta del interno, gravedad del delito, entre otros aspectos, un procesado tiene la posibilidad de que se le otorgue la gracia de desarrollar un trabajo para obtener la redención de la pena a futuro; evento que tendrá que ser valorado por el juez competente, y una vez se reúnan los requisitos legales exigidos, para estudiar la solicitud de reducción de la pena por trabajo y/o estudio. Se concede la tutela y se ordena, que si aún no lo hubieren hecho, se incluya al actor en un programa de trabajo y/o estudio.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 8 de 2011

(Actualizado el 8 de junio de 2011)

  

SENTENCIA

 

TEMA

T-056/11

Acción de tutela contra la Universidad Manuela Beltrán. Caso en que el demandante no ha podido obtener el título de ingeniero ambiental. Se le exigen requisitos de un nuevo programa académico, bajo el argumento que ha perdido la calidad de estudiante, y por tanto debe vincularse mediante reintegro a pesar de haber permitido adelantar un curso de idioma extranjero en ese establecimiento. Se considera lo siguiente: Procedencia de la acción de tutela para controvertir la decisión de una institución educativa de naturaleza privada cuando se solicita la protección del derecho a la educación y conexos. Derecho fundamental al goce efectivo de la educación. Principio de autonomía universitaria y el reglamento académico. Autonomía universitaria y exigencia de requisitos de grado. La conducta desplegada por la Universidad demandada, en el sentido de exigir al accionante cursar, bajo la modalidad de reintegro, varias asignaturas ajenas al plan de estudios con el que ingresó a la universidad, impide y obstruye los derechos al goce efectivo de la educación y conexos. Por consiguiente, dado que conforme a las reglas de la propia institución educativa el actor no ha perdido la condición de alumno, se le deberán exigir los requisitos de grado conforme al pensum académico con el que se matriculó originalmente.

T-200/11

Acción de tutela contra Pensiones y Cesantías Protección. Caso en que la demandante de 32 años, madre cabeza de familia, sufrió un accidente cerebro vascular, y como consecuencia de este, padece varias dolencias. Sin embargo, la entidad demandada le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, a pesar de haber perdido su capacidad laboral en el 64.05%, argumentando que no completa el número de semanas cotizadas requeridas, ni el porcentaje de fidelidad al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Acción de tutela temeraria y elementos que  deben concurrir para que se configure. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Estudio de constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 860/03. Pensión de invalidez como componente de la seguridad social. Protección constitucional especial para las personas en circunstancia de discapacidad. Respecto de la acreditación de las cincuenta semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, no se contabilizará dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración, sino desde la fecha del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral, esto es, abril 14 de 2009 momento para el cual la actora acredita 67 semanas, debido a que la empresa, a pesar de la imposibilidad de la demandante de continuar sus labores, de manera diligente, prosiguió pagando los aportes al régimen; de tal manera se han de tomar en cuenta tanto las semanas cotizadas antes del hecho causante de la invalidez, como las realizadas, con anterioridad a la declaración de la misma. Se concederá la tutela y se ordenará a la demandada, que si aún no lo ha efectuado, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y empiece a pagar la reclamada pensión a la demandante, debiendo cubrir en ese mismo término los valores causados desde abril 14 de 2009, fecha del dictamen de pérdida de capacidad laboral.

T-282/11

Caso en que los demandantes consideran que las autoridades demandadas desconocieron los derechos fundamentales a la vivienda digna, la especial protección de las personas desplazadas y los derechos derivados de la diversidad étnica de los peticionarios como personas indígenas, en el trámite policivo adelantado en su contra por la ocupación de un bien fiscal en el barrio Alto Nápoles de Cali. Comunidades indígenas como sujetos de especial protección constitucional y titulares de derechos fundamentales. La condición de sujetos colectivos de especial protección constitucional de estos mismos grupos. Facetas del derecho fundamental al territorio colectivo para los pueblos aborígenes.  Procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. Derechos de la población desplazada en materia de desalojo forzoso. Hechos se deben subsumir en las subreglas constitucionales que ordenan: (i) conceder el amparo al derecho fundamental a la vivienda digna de los peticionarios mediante la disposición de un albergue en condiciones dignas; y (ii) activar el sistema de atención a la población desplazada, así como las obligaciones concretas de las autoridades accionadas, de Acción Social, y de cualquier otra autoridad concernida en la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, siendo procedente, por lo tanto conceder el amparo al derecho fundamental a la vivienda digna y la especial protección a la población desplazada, de los peticionarios. En el caso concreto debe darse prevalencia a los intereses constitucionalmente legítimos de los demandantes, de encontrar condiciones mínimas de vivienda y de iniciar un proceso de reconstrucción de tradiciones ancestrales de manera autónoma, sobre el interés también legítimo de la autoridad de policía accionada de recuperar el patrimonio público. Se ordena a la Inspección de Policía suspender el desalojo y a las autoridades municipales demandadas, a través de la Secretaría de Vivienda, preservar el predio de Alto Nápoles, como albergue temporal de las 120 familias que actualmente lo ocupan, garantizando que sus condiciones sean acordes con la dignidad humana. Se notifica además a Acción Social para que inicie los trámites de su competencia destinados a asegurar la atención de la población desplazada; y a la Alcaldía de Cali para que inicie los trámites pertinentes para la inclusión de las 120 familias indígenas ubicadas en ese predio en los planes de atención a la población vulnerable que adelanta el municipio.

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 7 de 2011

(Actualizado el 3 de junio de 2011)

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-023/11

Acción de tutela contra Concesión Autopista Bogotá - Girardot S.A. y otros. Caso en que el demandante considera que se están vulnerando sus derechos al trabajo, a la igualdad, a la salud, a la vida digna, a la vivienda digna y al mínimo vital. Se considera que el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo, que permita la protección de sus derechos fundamentales en tanto dada su condición de discapacidad requiere que se garantice el ingreso peatonal y vehicular a su predio de manera inmediata, así sea temporalmente, a fin de salvaguardar esos derechos. Resulta claro que la Concesión demandada deberá garantizar las condiciones de acceso al inmueble del accionante, teniendo en cuenta que se trata de una persona discapacitada, cuyo sustento y el de su familia depende de la actividad agrícola realizada en su propiedad así como la comercialización de los productos que cultiva.

T-045/11

Acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. Caso en que el accionante considera que fue vulnerado su derecho fundamental al acceso y ejercicio de cargos públicos, porque fue excluido de una convocatoria para proveer cargos de dragoneantes del INPEC, en la etapa de realización de los exámenes médicos, donde fue calificado como no apto por padecer de desviación septal superior a 30%. Considera que dicha razón resulta discriminatoria, pues su padecimiento no obstaculiza el desarrollo de las funciones que son propias al cargo. Procedencia excepcional de acción de tutela contra actos administrativos que reglamentan o ejecutan un concurso de méritos. Proporcionalidad y racionalidad de los requisitos médicos y físicos exigidos para ocupar el cargo de dragoneantes del INPEC, considerando la naturaleza de las funciones que desempeñan. Se considera que la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales del peticionario por excluirlo de la Convocatoria con fundamento en un requisito que no es necesario para el adecuado desempeño de las funciones del cargo a proveer. Si el Juez Constitucional encuentra que un aspirante es excluido de un concurso de méritos por no cumplir un requisito que es desproporcionado, pues no existe relación de necesidad entre la aptitud física exigida y el desarrollo de las funciones propias del cargo a proveer, la entidad accionada tiene la carga de demostrar lo contrario y superar la presunción de discriminación que existe a favor del actor. Se vulneró el derecho fundamental del actor al acceso y ejercicio de cargos públicos, al excluirlo de la Convocatoria, por no cumplir un requisito de aptitud física que resulta desproporcionado.

T-051/11

Acción de tutela contra Alcaldía de Montería. Caso en que el demandante manifiesta que es una persona sordomuda que requiere un profesor intérprete. Derecho fundamental a la educación y a su goce efectivo. Especial protección constitucional del derecho a la educación de personas en situación de discapacidad. Derecho a la educación inclusiva de las personas en situación de discapacidad. Deficiencias de la política actual de educación inclusiva que tornan insuficiente la garantía del derecho a la educación y perpetúan la exclusión de las personas con discapacidad auditiva severa. Jurisprudencia sobre el derecho a la educación de personas en situación de discapacidad. Se concede el amparo del derecho fundamental a la educación inclusiva, y a su goce efectivo. Se inaplica el numeral 3 del artículo 9 del Dec 366/09. Se ordena al municipio demandado que dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia, adopte las medidas presupuestales, de planeación, programación y organización de la oferta institucional que garanticen al accionante y a los otros estudiantes sordos del municipio el acceso efectivo a la educación y a las ayudas previstas en el Dec 366/09, para que en adelante tengan acceso a los apoyos requeridos para asegurar su inclusión. Para cumplir lo anterior, podrá implementar medidas relativas a que los familiares cofinancien parcialmente los programas de apoyo y ayudas para estudiantes con discapacidades, siempre y cuando su mínimo vital no sea puesto en riesgo. Excepcionalmente, la Corte hace extensivos los efectos del fallo de tutela a los no accionantes, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y la supremacía de los derechos fundamentales.

T-055/11

Acción de tutela contra las Empresas Públicas de Medellín. Caso en que los demandantes consideran vulnerados los derechos fundamentales de los niños, así como los derechos a la igualdad, a la vida en condiciones dignas y a la salud de los accionantes, al exigir para la instalación del servicio público de acueducto a un inmueble, el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos legalmente para la disposición final de las aguas negras. Deberes del propietario en el contrato de arrendamiento. El suministro de los servicios públicos bajo la garantía de su disposición por el Estado. Servicios públicos domiciliarios. El acceso al servicio de acueducto. Agua potable como derecho fundamental. Evolución jurisprudencial. Derecho al medio ambiente como garantía constitucional. Responsabilidades y derechos de las partes involucradas en este caso respecto de los servicios públicos que debe tener una vivienda digna y las condiciones en que esos servicios han de ser provistos. El predio de propiedad del arrendador, quien también es demandante en el proceso, no cumple con los requerimientos mínimos para ser considerado como una vivienda digna, básicamente porque carece de varios de los servicios públicos esenciales para hacerlo humanamente ocupable. Se confirma la sentencia que negó el amparo solicitado, y se adoptan varias medidas para asegurar que el inmueble se adecue a las condiciones mínimas de una vivienda digna.

T-116/11

Acción de tutela contra el Departamento del Cauca. Caso en que la Gobernadora del Resguardo Indígena Páez de la Gaitana interpone acción de tutela en nombre de su resguardo, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la consulta previa de las decisiones que lo afecten directamente, y a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural los cuales, en su opinión, están siendo vulnerados. Se excluyó, sin consulta previa, a la Institución educativa Promoción Social de Guanacas y sus respectivas sedes, del Decreto 0591/09 que determinó los establecimientos educativos oficiales, con sus respectivas sedes, que se encuentran ubicados en territorios indígenas y atienden población indígena, lo cual descarta la aplicación de una política etnoeducativa en la referida entidad. Comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales y la legitimación activa en los casos en los que reclaman la protección de sus derechos fundamentales mediante acción de tutela. Derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas y su protección por vía de tutela. Derecho fundamental de las comunidades étnicas y sus integrantes a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. El demandado vulneró el derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Indígena de la Gaitana, del Consejo Regional Indígena del Cauca y del Cabildo de Guambia y con ello transgredió también su derecho fundamental a la identidad cultural. Se configuró también una violación del derecho fundamental de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana y sus miembros a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Se concede la tutela.

T-159/11

Acción de tutela contra el INCODER. Caso en que la entidad demandada no dio al demandante una respuesta clara y concisa respecto de la solicitud en la que pide la autorización para la venta del inmueble adjudicado y abandonado por desplazamiento forzado, o permitir la reubicación en otro de iguales o superiores condiciones. Acción de tutela frente a los derechos vulnerados a la población desplazada por hechos de violencia. Deber de información clara y concreta de las entidades estatales vinculadas  a los proyectos de asistencia y protección a la población desplazada. Derecho a la reubicación y restitución de la tierra por parte de las comunidades desplazadas por la violencia. Derecho a la vivienda como derecho fundamental autónomo para la población desplazada por hechos de violencia. Las actuaciones de la entidad demandada vulneraron los derechos del actor. Se evidencia la falta de orientación e información y respuesta adecuada por la entidad demandada a la solicitud de venta del inmueble o reubicación elevada por el actor con el propósito de restablecer los derechos vulnerados a causa de las amenazas y presiones que lo obligaron a salir de su tierra y dejar todo lo que tenia, que por el contrario lo sometió al cumplimiento de procedimientos administrativos que no eran consecuentes con su situación actual, por lo que se puede concluir que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural vulnero sus derechos a la vivienda digna y al mínimo vital. Se concede la tutela y se ordena a la entidad demandada que dentro de los 6 meses siguientes a la comunicación de la sentencia se reubique y restituya al demandante en un predio de iguales o superiores condiciones al entregado, respetando los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad con el fin de asegurar la plena participación de los afectados.

T-202/11

Acción de tutela contra ARP Sura. Caso en que a la demandante se le negó por la demandada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al considerar que la muerte del causante es de origen común y no profesional. Excepciones a la acción de tutela para reclamar pensiones. Reiteración de jurisprudencia. Derecho a la pensión de sobrevivientes en el sistema de riesgos profesionales. Controversias suscitadas entre las entidades del Sistema General de Seguridad Social frente al reconocimiento de derechos prestacionales de los afiliados. Se encuentra probado que la demandante era la compañera permanente del causante, y que de esa unión nacieron dos hijas que son menores de edad. También, que las tres dependían económicamente de él. Ni la AFP Porvenir, ni la ARP Sura pueden negar o dilatar el reconocimiento  de la pensión de sobrevivientes que reclama la actora, como lo han venido haciendo, tratándose de trámites que no pueden trasladarse ni convertirse en carga para los derechohabientes. Se vulneraron los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la actora y de sus hijas. Se ordena a la ARP Sura que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de la providencia, reconozca la pensión de sobrevivientes, y proceda a liquidarla y empezar a pagarla debiendo cubrir también lo causado y no pagado desde la fecha del deceso.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 6 de 2011

(Actualizado el 1 de junio de 2011)

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-260/10

Acción de tutela contra RCN Televisión. Caso en que se debe establecer si con ocasión de la emisión del programa “El Cazanoticias” emitido el 22 de abril de 2009, las personas accionadas actuaron en ejercicio legítimo de su derecho de información y de opinión o el contenido del programa transgredió los límites constitucionales impuestos al ejercicio de este derecho y por consiguiente, hay lugar a ordenar una rectificación y bajo qué criterios. Acción de tutela contra medios de comunicación. Contenido del derecho a la libertad de información. La verdad y la imparcialidad como límites a la libertad de información. Derecho fundamental a la rectificación en condiciones de equidad. Caso en que no procede la tutela por no presentarse vulneración de derechos fundamentales. Se insta al Consejo Superior de la Judicatura a publicar en los Despachos Judiciales del país las normas atinentes al cobro de sumas de dinero por la realización de gestiones administrativas en los despachos judiciales, y destacar que las restantes diligencias no deben generar costos para los solicitantes.

T-907/10

Acción de tutela contra Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Caso en que el demandante considera vulnerados sus derechos a la vivienda digna, al debido proceso y a la igualdad, quien es miembro activo de la Policía Nacional, por el hecho de no haberle otorgado un subsidio de vivienda, con el argumento que no tiene la calidad de afiliado a la Caja por el hecho de haber retirado sus cuotas de ahorro mensual obligatorias en el año 1997. Alcance del derecho fundamental a la vivienda digna y su protección a través del ejercicio de la acción de tutela. Marco normativo que regula el régimen de subsidios de vivienda que otorga la entidad demandada. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 973/05 adquirió el status de afiliado forzoso. En ese sentido, hasta tanto no se configure cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de afiliado enumeradas en el artículo 17 del Dec 353/94, modificado por el artículo 10 de la Ley 973/05, el actor sigue siendo un afiliado forzoso de la entidad, y por consiguiente, debe recibir el trato que por dicha condición merece, permitiendo que se postule para efectos de obtener un subsidio de vivienda.

T-1060/10

Acción de tutela contra Registraduría Especial del Estado Civil de Leticia - Amazonas. Caso en que se debe determinar si existió por parte de la entidad demandada la violación de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a la identidad, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la salud y a la educación de la demandante, por habérsele negado la expedición de la Cédula de Ciudadanía, por no haber allegado la prueba del domicilio de sus padres, de nacionalidad peruana, en el territorio nacional, al momento de su nacimiento, no obstante haberle expedido dos años atrás la tarjeta de identidad sin haberle solicitado dicho requisito. Se considera que conforme a las pruebas recaudadas la actora no cumple con los requisitos para ser nacional colombiana por nacimiento, pues según informe del DAS y del Ministerio de Relaciones Exteriores, los padres de la demandante, nunca han estado domiciliados en territorio nacional, presupuesto indispensable para ser beneficiaria de este derecho. No es viable entonces que adquiera la Cédula de Ciudadanía, sin antes haber obtenido la nacionalidad colombiana. Tampoco se encuentra que haya alcanzado la nacionalidad colombiana por adopción, pues no existe prueba que acredite que haya obtenido carta de naturalización, resolución de inscripción como colombiana o pertenezca a una comunidad indígena ubicada en territorio fronterizo. Se concluye que la demandante puede: i) solicitar la nacionalidad peruana de sus padres; ii) acreditar mediante certificación que Perú no le concede su nacionalidad; o iii) solicitar la nacionalidad colombiana por adopción, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 5 de 2011

(Actualizado el 28 de marzo de 2011)

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-109/10

Acción de tutela contra el ISS. Caso en que la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge superstite del demandante, pero el ISS la negó por cuanto el afiliado no tenía derecho a la pensión de invalidez, y por tanto, su cónyuge tampoco podía sustituirlo en una pensión que no debió ser reconocida. Vulneración del derecho al mínimo vital. La demandante acreditó en el expediente que desde hace un tiempo se encuentra en una situación de desamparo y precariedad, y que la única esperanza real que tiene de sobrevivir, dignamente, es que se le reconozca de manera urgente su derecho a la pensión de sobrevivientes. Tutela como mecanismo idóneo para evitar un perjuicio irremediable. Pese a que el acto administrativo que origina la vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante puede considerarse “antiguo en el tiempo”, luego del acto inicial, la entidad accionada continúo amenazando los derechos fundamentales con el incumplimiento de la carga asumida de adelantar el proceso judicial para obtener la declaración de nulidad del acto administrativo y así poder reconocer la indemnización sustitutiva. El ISS vulneró los derechos al debido proceso y al mínimo vital de la actora, al no reconocer los efectos jurídicos de un acto administrativo que se presume legal y está vigente y debe producir efectos jurídicos concretos, entre ellos el de crear en cabeza de la cónyuge del pensionado el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de derechos pensionales es imprescriptible. Carácter imprescriptible del derecho a la seguridad social.

T-421/10

Acciones de tutela contra Cajanal en liquidación. Caso de docente  que solicita reconocimiento de pensión de jubilación establecida en Ley 42 de 1933, a pesar de que tiene mas de 70 años, y prestó sus servicios como docente por mas de 15 años para establecimientos educativos públicos y privados. En este caso se le negó a la tutelante su pensión con actos no motivados en debida forma y, prima facie, contrarios a la ley. Por tanto, se le conculcó su derecho al debido proceso, y además, se le violó su derecho al mínimo vital. La administración tiene el deber de hacer públicas las razones que la conducen a adoptar una decisión, especialmente cuando tiene la virtualidad de frenar un interés de los gobernados. Si una persona reclama el reconocimiento y pago de una prestación como la indemnización sustitutiva o la pensión de vejez, y ella se niega por razones jurídicas insuficientes, que además inciden en sus derechos fundamentales, se viola la Constitución. La tutelante tiene en la actualidad más de 75 años, y acreditó mediante declaraciones juramentadas ante Notario de tres antiguos alumnos suyos, el tiempo restante de servicios, para computar los 15 años exigidos. Además, aportó como prueba de su estado de pobreza, un acta de inspección ocular realizada por el Personero Municipal de Ocaña, en la cual se menciona el estado de dependencia económica en el cual se encuentra en su vejez y acreditó más de 15 años en el Magisterio. Además. Teniendo en cuenta la edad de la tutelante, la falta de independencia en la cual se encuentra actualmente debido a la carencia de ingresos propios, la concurrencia de la prueba sumaria  de los años de servicio restantes, y la finalidad del amparo, la Corte  Constitucional tutelará transitoriamente el derecho al mínimo vital y al debido proceso de la demandante.

T-589/10

Acción de tutela contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá. Proceso por responsabilidad civil extracontractual. Caso en que la demandante llevó su vehículo a un taller de mecánica para sincronización, y este resultó incinerado. La sentencia en el proceso civil denegó las pretensiones de la demandante, y al ser apelada fue confirmada en segunda instancia. En la tutela interpuesta la actora considera que el Juzgado demandado vulneró su derecho fundamental al debido proceso en ese fallo, y señala tres defectos. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. Falta de motivación de la decisión judicial amerita la prosperidad del amparo. Violación del derecho al debido proceso. No hay desconocimiento del precedente vertical vinculante cuando el Juez distingue de un modo aceptable el caso a decidir de la clase de casos resuelta por el precedente. El defecto fáctico amerita la prosperidad del amparo cuando, corregido, tiene la virtualidad de alterar el sentido de la decisión. La falta de apreciación de las pruebas supuso una violación al debido proceso de la demandante. Confesión ficta. Se concede la tutela del derecho al debido proceso. Se deja sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado. Se ordena que en el término máximo de 10 días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, adopte un nuevo fallo dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual, sentencia que deberá ajustarse a las directrices señaladas por la Corte Constitucional.

T-851/10

Acción de tutela interpuesta por la Presidenta y Representante Legal de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Metropolitana del Municipio de Barbosa contra la Alcaldía Municipal de Barbosa. Solicitud de protección del derecho fundamental al medio ambiente sano, que considera vulnerado por la Alcaldía demandada al no ejercer la debida inspección, vigilancia y control del servicio de manejo de aguas residuales y pluviales de los barrios circundantes, permitiendo la indebida utilización del sistema de alcantarillado, causando así el empozamiento de aguas negras y con ello malos olores y la proliferación de una gran cantidad de microorganismos e insectos portadores de diferentes enfermedades. La Sala considera que la vulneración del derecho al medio ambiente no es causada por las razones aducidas por la actora en el escrito de tutela, sino por el incumplimiento de las órdenes proferidas en diferentes oportunidades por la Corporación Autónoma Regional de Santander con el objetivo de hacer cesar la contaminación producida por el vertimiento de aguas residuales, por parte de los habitantes de la vereda, por ello, de acuerdo con el principio iura novit curia, el cual permite al Juez hacer caso omiso de las normas aducidas por las partes para decidir de acuerdo con el derecho aplicable, se analiza la conducta bajo el marco del derecho al debido proceso administrativo. Derecho al ambiente y su relación con otros derechos. El derecho fundamental al debido proceso administrativo. El principio iura novit curia. Si la administración municipal hubiera cumplido con las órdenes impartidas por la Corporación Autónoma Regional de Santander, se habría dado solución al problema de contaminación y con ello hubiera cesado la vulneración al derecho al ambiente, a la salud de los moradores del referido barrio y al derecho a la vivienda. Se concede la tutela y se ordena al municipio de Barbosa que cumpla las resoluciones 249 y 354/09, para solucionar la contaminación ambiental producida en el barrio aludido.

T-957/10

Acción de tutela contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Caso en que la demandante interpone acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos y los de sus menores hijos, a la vida digna, al trabajo de su compañero y padre, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad. En el fallo de primera instancia del proceso ordinario se absolvió al Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca de todas y cada una de las súplicas de la demanda. En la segunda instancia, se confirmó. Al interponerse el recurso de casación, la Sala Laboral de la Corte Suprema casó el fallo de segunda instancia por considerar que la norma aplicable era el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, y no el artículo 1 de la ley 33 de 1985. Se ofició al ISS para que remitiera copia de la historia laboral del trabajador fallecido, y se profirió sentencia en la que se concluyó que no era acreedor a la pensión por cuanto el tiempo total servido fue de 19 años, 9 meses y 22 días, por lo que se confirmó el fallo absolutorio del A quo. Contra esta decisión fue que se interpuso la tutela. Acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. Seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. Pensión de sobrevivientes como parte del derecho a la seguridad social. Indemnización sustitutiva y devolución de saldos en el Sistema de Seguridad Social Integral. En relación con el trámite dado a la acción de tutela por parte del Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la Sala encuentra que se vulneraron los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de la accionante, por cuanto la acción de tutela por ella interpuesta no recibió el trámite previsto por el Dec 2591/91, no obstante cumplir con las reglas de reparto establecidas en el Dec 1382/00. Aplicación del Auto 100/08. En el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del precedente en materia de reconocimiento de indemnización sustitutiva. El no devolver los aportes realizados durante la vida laboral de un servidor público que no alcanzó a obtener su derecho a pensión, va en contra de la interpretación constitucionalmente adecuada de disposiciones legales como el artículo 37 de la Ley 100/93 y del artículo 1 del Decreto 4640/05. La decisión tomada en sede de casación por parte de la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la acccionante, pues ignoró el precedente que resultaba vinculante para el caso resuelto. También desconoció el derecho a la seguridad social. Se concede el amparo y se ordena al Fondo de Pensiones Públicas del departamento de Cundinamarca o a la autoridad competente para hacerlo que se reconozca a la accionante  y al resto del núcleo familiar la indemnización sustitutiva  calculada con base en los aportes por éste realizados, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a esta prestación por parte del núcleo familiar del causante, en los precisos y estrictos términos de esta providencia.

T-998/10

Acción de tutela contra AIRES S.A.Caso en que el demandante, invocando la protección de sus derechos fundamentales a la asociación sindical, al mínimo vital y al trabajo en condiciones dignas, los cuales considera vulnerados al ser despedido cuando se encontraba amparado por el fuero circunstancial, establecido en el artículo 25 del Decreto Ley 2351/65, solicita dejar sin efecto la medida del despido y se le restablezcan todos sus derechos laborales, por parte de la empresa demandada. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la vulneración de los derechos fundamentales ocurrida en el marco de una relación laboral. Derecho fundamental a la asociación sindical. Fuero sindical. Terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo por parte del empleador. La conducta de la empresa accionada tuvo como motivo sancionar al accionante por su adhesión a la organización sindical, que no sólo recayó en cabeza del mismo sino frente a todos aquéllos que se vincularon al sindicato, hasta el punto, que posterior a este despido, los demás afiliados no tuvieron otra opción que retirarse de la asociación. Se concede el amparo definitivo a las garantías ius fundamentales infringidas, con lo cual ordenará a la empresa demandada el reintegro inmediato del accionante sin solución de continuidad y exhortará a la compañía a no incurrir en conductas de discriminación en contra de los trabajadores, entre los cuales como es obvio se encuentra el demandante, que hagan parte de la organización sindical. Artículo 354 del C.S.T., subrogado por el artículo 90 de la Ley 50 de 1990. Se revocan las decisiones judiciales de instancia y se concede el amparo a los derechos fundamentales al trabajo y a la asociación sindical.

T-1037/10

Acción de tutela contra la Alcaldía de Montenegro (Quindío). Caso en que los accionantes consideran vulnerados los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la igualdad, a la dignidad humana y a la vida. Se prohibió el perifoneo por megáfono de una campaña de revocatoria de mandato, sobre la base de argumentos de seguridad y alteración del orden público. Protección constitucional de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la información y al pluralismo informativo. Reiteración de jurisprudencia. Límites del derecho a la libertad de expresión, con especial referencia a la seguridad y al orden público. El principio democrático, la participación ciudadana y la revocatoria del mandato. Reitera la Corte que no es suficiente que la limitación constituya una medida adecuada, sino que esta debe ser necesaria en estricto sentido. Sobre este punto una vez analizados por la sala los argumentos expuestos por el ente territorial para prohibir el uso del megáfono, no se advierte que resulte indispensable la determinación adoptada. La medida tomada por el municipio resulta desproporcionada, ya que el beneficio buscado sacrifica en alto grado valores y principios constitucionales sin que medie razón suficiente para hacerlo. No es preciso, puesto que el beneficio buscado con la decisión de proteger a los accionantes y a las eventuales personas que pudieren entrar en conflicto, aunque es adecuada sacrifica definitivamente los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al pluralismo informativo, ya que impide el ejercicio efectivo de la campaña para revocatoria del mandato, contemplada en la Constitución. Se concede el amparo del derecho fundamental a la libertad de expresión y conexos de los demandantes. Se ordena al municipio que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia autorice y permita el uso del megáfono. Se advierte a la Alcaldesa y a su Secretario de Gobierno que en lo sucesivo de abstengan de restringir o impedir el ejercicio democrático de la revocatoria del mandato. Se hace una advertencia a la Fiscalía General de la Nación y se dan órdenes a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.

 

 

 

 

 

Boletín No. 4 de 2011

(Actualizado el 25 de febrero de 2011)

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-367/10

Acción de tutela contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Oficina Presidencial para la Acción Social. Representante legal de la ONG GIDH, que actúa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nombre de las víctimas y sus familiares por las Masacres de La Granja y El Aro ocurridas en el municipio de Ituango (Antioquia) interpuso acción de tutela con el propósito de que a los desplazados de este municipio beneficiarios de la sentencia de julio 1 de 2006, de esa Corte se les proteja el derecho a la vida digna y el derecho a la justicia mediante la inscripción en el Sistema de Información de Población Desplazada, para el reconocimiento y otorgamiento de todos los beneficios legales a que tienen derecho. Legitimación por activa. Legitimación por pasiva. Requisito de inmediatez. Procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. Calidad de desplazado. Alcance de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006. En cuanto a la inmediatez, pese a que los hechos ocurrieron en los años 1996 y 1997, la vulneración de los derechos de las personas en cuyo nombre se interpone la acción de tutela, han permanecido en el tiempo, y en tanto no se haya resuelto, la condición desfavorable de los accionantes es actual. Procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. Reiteración de jurisprudencia. Calidad de desplazado se adquiere de facto. Medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de su competencia judicial, obligan al Estado colombiano no sólo a un cumplimiento oportuno sino pleno, sin que sea admisible una potestad discrecional para escoger cuáles cumple y cuáles no; realizar equivalencias entre medidas, por ejemplo cambiar la asignación de vivienda por un subsidio para vivienda, o la asistencia médica especializada que deben recibir en razón de su particular situación de indefensión, por una general que haga caso omiso de tal condición, y sin trasladar la responsabilidad del cumplimiento o incumplimiento de las medidas a las víctimas, a sus familiares, a sus representantes o a todos ellos. El RUPD en este caso se ha constituido en un obstáculo insalvable que ha perpetuado la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados. En ningún caso el registro puede convertirse en una barrera de acceso a las prestaciones que con él se pretenden garantizar. La Corte ordena a la Agencia Presidencial para la Acción Social dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin más dilaciones. Se conmina al Ministerio de Relaciones Exteriores a ejercer una función de coordinación efectiva en la que se ilustre de manera adecuada y oportuna a las diferentes entidades del Estado responsables de la atención de la población desplazada por la violencia, de la necesidad de cumplir con los fallos judiciales de los organismos internacionales, pero sobre todo de las implicaciones que tiene para una población especialmente vulnerable por su situación de indefensión, el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales para el goce y garantía efectiva de sus derechos.

T-487/10

Acciones de tutela contra la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Casos en que los demandantes fueron retirados del servicio sin que les hubiera sido reconocida la pensión de jubilación. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto, específicamente para obtener el reintegro. Edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de los servidores públicos. Reintegro de servidores públicos. Pensión de jubilación y declaratoria de insubsistencia. La Corte Constitucional ha sostenido que la desvinculación de los funcionarios por el advenimiento de la edad de retiro forzoso cumple con ciertos fines constitucionales: El derecho al trabajo de quienes aspiran a servir al Estado, el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos o el principio de intervención del Estado en la economía. Pero también ha establecido que, al igual que acontece con las demás instituciones del Estado Social de Derecho, esta tiene límites. Su aplicación debe ser razonable, motivo por el cual debe responder a las características peculiares tanto fácticas como jurídicas de los trabajadores en cada caso concreto, porque estos son sujetos de la tercera edad y por tanto son titulares de una protección especial.  

T-644/10

Acción de tutela contra Cosmitet Ltda IPS. Caso en que la demandante  considera que la demandada con sus actuaciones vulnera sus derechos a la salud en conexidad con la vida digna, a la familia y a sus derechos sexuales y reproductivos. Negativa de la entidad de salud a autorizar un tratamiento de fecundación in vitro que en oportunidad anterior ya le había sido ordenado, y que busca superar el problema de infertilidad secundaria que padece la actora. Régimen de Seguridad Social en Salud aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El derecho fundamental a la salud, sus limitaciones, y el alcance excepcional de la acción de tutela con relación a los tratamientos de fertilidad. Subreglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional para inaplicar el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo cuando la prestación del servicio se requiere con necesidad. Aplicación analógica al Plan de atención en salud que se brinda a los docentes estatales. En este caso se considera que se presentan los elementos necesarios para ordenar que se continúe con el tratamiento iniciado y requerido por la accionante. Se concede el amparo a los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas y se ordenará a la IPS que autorice y continúe el tratamiento denominado fertilización in vitro con óvulo donado, incluyendo los exámenes diagnósticos y los medicamentos necesarios que el médico particular determine. El tratamiento se autorizará por una sola vez más, dado que la accionante tiene 42 años de edad y la fertilización no puede concederse de forma indefinida hasta tanto se obtenga como resultado un embarazo 100% viable. La anterior aclaración se hace por cuanto la pérdida acaecida en el primer tratamiento, fue imputable a la entidad accionada.

T-713/10

Acción de tutela contra el Colegio La Presentación de Girardot. Caso en que los padres del menor interponen la acción por considerar que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la igualdad como consecuencia de la decisión de la Directora de imponer matrícula condicional a su hijo. Grupo de facebook creado en contra de la Rectora del Colegio demandado. Jurisprudencia constitucional sobre el debido proceso en los trámites disciplinarios en el contexto educativo. Normatividad propia del Colegio La Presentación. Retos educativos que supone la participación en el contexto de las nuevas tecnologías de la información. Redes Sociales. Las sanciones que se impongan por mas justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite que respete el derecho al debido proceso. No se violaron los derechos al debido proceso del estudiante en el contexto de un trámite disciplinario escolar, por cuanto nunca se le impuso sanción. Sin embargo, los hechos narrados permiten advertir una duda razonable con relación a la posibilidad de que la eventual sanción se haya empleado como un medio de coacción ilegítima. Todo parece indicar que el colegio no sólo advirtió al estudiante cuáles eran las posibles sanciones que se le impondrían, sino que llegó a elaborar documentos. Ciberacoso. La Sala tutela el derecho a la educación y adopta dos medidas de protección: Primero: Declara que el hijo de los accionantes tiene derecho a continuar y finalizar sus estudios en el Colegio demandado, si tal fuera su decisión, y segundo: Se advertirá al Colegio que deberá abstenerse de utilizar las investigaciones y las acciones disciplinarias como medios de coacción a los estudiantes. Hay un aspecto del Manual de Convivencia del Colegio que es abiertamente inconstitucional, el relacionado con la causal quinta de terminación o no renovación del contrato de matrícula “los casos decididos en el Consejo Disciplinario, aprobados expresamente por el Consejo Directivo como: embarazo, matrimonio...”. Se declara que no se puede aplicar esa causal, y exhorta al Colegio para que, dentro del espíritu de respeto que ha tenido hacia la CP, ajuste su Manual de Convivencia al orden constitucional vigente.

T-845/10

Acción de tutela contra el Icetex. Caso en que la demandante considera que se le vulneraron sus derechos fundamentales al acceso a la educación y a la libertad de escoger profesión u oficio, por cuanto la entidad demandada no aprobó su solicitud debido a que la Institución de Educación Superior en que se encuentra matriculada “no presenta contrato vigente con el Icetex”. Derecho a la educación superior. Principio de buena fe en sus dimensiones de respeto al acto propio y confianza legítima. La Sala se aparta de la decisión tomada en la sentencia             T-208/08 en cambio, la línea más amplia sobre el respeto debido al principio de confianza legítima. La Sala considera que el Icetex vulneró el debido proceso de la peticionaria al rechazar su crédito, con base en un requisito desconocido por ella e impuesto unilateral y sorpresivamente por la parte accionada. Si bien la Sala no puede ordenar que se estudie la solicitud de crédito para periodos académicos vencidos, sí considera pertinente dictar una orden de prevención para que el ICETEX no incurra en el futuro en este tipo de actuaciones incompatibles con el contenido normativo del principio de buena fe y lesivas del derecho fundamental al debido proceso. La decisión proferida por el Comité de Créditos del Icetex constituye una restricción injustificada al derecho al acceso al crédito educativo y una amenaza al derecho a escoger libremente profesión u oficio. Si bien se produjo en un instante específico, y con relación a una solicitud de crédito concreta para el pago de un periodo académico que ya finalizó, es claro que la amenaza persistirá mientras el Comité mantenga esa política de evaluación de créditos. Se ordena que la solicitud de la peticionaria sea nuevamente estudiada, siempre que ella aún lo estime necesario.

 

Boletín No. 3 de 2011

(Actualizado el 7 de febrero de 2011)

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-110/10

Acción de tutela contra la Universidad Industrial de Santander, Ministerio de Educación y el ICETEX.  Cupos especiales para estudiantes indígenas. Caso en que la Universidad suprimió los cupos especiales de acceso, que había dispuesto para los miembros de las comunidades indígenas, con el argumento que no respetaba el derecho a la igualdad de los demás aspirantes. La Constitución no prohíbe todo sistema de cupos especiales para personas pertenecientes a una etnia diversa. Su constitucionalidad depende de si la configuración es proporcional o no. Cuando las Universidades dan un paso para remediar desigualdades reales, no pueden dar marcha atrás sin poner ningún equivalente funcional en su lugar, a menos que lo justifiquen de forma suficiente. Caso en que la UIS derogó los cupos especiales para miembros de grupos indígenas sin implementar ninguna otra acción afirmativa en su lugar, con lo cual interfirió en derechos fundamentales de los tutelantes por ser miembros de un pueblo indígena. La UIS contravino sus actuaciones precedentes, en tanto derogó un sistema de cupos especiales que favorecía a los miembros de comunidades indígenas, para no poner ningún modelo funcionalmente semejante en su lugar, interfirió en el derecho al respeto de sus expectativas legítimas. Si la Corte decide que la los tutelantes se les han violado sus derechos fundamentales, no es tanto porque la UIS haya optado por derogar su programa de cupos especiales para minorías indígenas, sino porque lo hizo con una justificación constitucionalmente insuficiente. Se concede la tutela.

T-614/10

Acción de tutela contra Alcaldía Municipal de La Tebaida, Quindío y la Empresa Sanitaria del Quindío S.A. E.S.P. Caso en que la demandante, quien es madre cabeza de familia, debido a su precaria situación económica, no ha podido cancelar el servicio público de acueducto del inmueble en que habita, razón por la cual le fue suspendido el servicio de agua potable. Naturaleza jurídica del derecho al agua potable. Derecho a la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios cuando sus usuarios son sujetos de especial protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia. Las empresas de Servicios Públicos deben abstenerse de suspender un servicio público esencial cuando i) las personas afectadas por esa medida sean sujetos de especial protección constitucional, ii) se trate de establecimientos constitucionalmente protegidos en atención al servicio que prestan y las condiciones de vulnerabilidad e indefensión de sus usuarios, iii) esté debidamente acreditado que se trata de usuarios que carecen de recursos económicos suficientes para sufragar el costo del servicio y iv) se constate que el accionante no realizó conexiones fraudulentas a las redes de suministro. En todo caso, el Juez de Tutela ordenará adelantar todas las gestiones que sean conducentes para suscribir acuerdos de pago a fin de cumplir con la obligación contraída con la empresa de servicios públicos, pues en concordancia con el principio de solidaridad, la reconexión  del servicio en sede de tutela debe estar sujeta a la celebración de dichos acuerdos. Se concede la tutela de los derechos fundamentales a la vida digna, la salud y el medio ambiente.

T-654/10

Acción de tutela contra Coomeva E.P.S. Caso en que el demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud y la seguridad social por la negativa de la EPS de suministrar el tratamiento de medicina alternativa formulado por el médico tratante ante la ineficacia del tratamiento previsto en el POS. Fundamentalidad del derecho a la salud y los principios que la inspiran. Alcances y límites del POS en relación con la medicina alternativa. Reglas jurisprudenciales para acceder a los servicios de salud que se requieren con necesidad y que no se encuentran incluidos en los planes de beneficios. Obligaciones legales de las EPS y de los Comités Técnicos Científicos en relación con el derecho fundamental a la salud. La demandada desconoció este derecho del demandante al incumplir los parámetros NO - POS requeridos por el médico tratante, ratificados por la jurisprudencia constitucional en la sentencia              C-316/08 al abstenerse de brindarle alternativas diferentes para su tratamiento, transgrediendo abiertamente los principios que regulan el sistema de salud, especialmente el de integridad, el de continuidad y las garantías de acceso a los servicios. Se concede el amparo de los derechos fundamentales vulnerados. Entre varias órdenes que se dan, se ordena a la EPS demandada que adecue el funcionamiento de los CTC para evitar que desconozcan la sentencia        C-316/08 para que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta Sentencia, presente un informe de los ajustes realizados ante la Sala Especial de Seguimiento en Salud de esta Corporación, en virtud  de los dispuesto en la orden vigésima tercera de la sentencia        T-760/08.   

T-728/10

Acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia. Caso en que los demandantes en su condición de miembros de una fundación, manifiestan que en su actividad a favor de las víctimas del conflicto armado, les ha acarreado amenazas de muerte proferidas por vía telefónica en las cuales se les señala como objetivo militar. Seguridad personal como derecho constitucional fundamental. Criterios de apreciación de los hechos constitutivos de una amenaza para establecer la procedencia de la protección especial del Estado. Regulación legal de los mecanismos de protección de personas en situación de riesgo. Se concede la tutela para la protección de los derechos fundamentales a la seguridad e integridad personal. Orden al ente demandado de implementar, en uno de los casos, las medidas de protección aprobadas y efectuar su revisión y actualización del riesgo antes de la culminación del período por el cual fueron aprobadas. Se previene al Ministerio demandado para que en el futuro se abstenga de imponer una carga probatoria excesiva y dispendiosa a las personas amenazadas que acuden al programa de protección, puesto que tal práctica puede hacer nugatorio el deber de protección que le compete al Estado.    

T-847/10

Acción de tutela contra Davivienda. Se vinculó durante el trámite de la tutela a la compañía Refinancia S.A. Caso en que la demandante considera que la entidad demandada desconoce los derechos fundamentales al buen nombre y al hábeas data al remitir información negativa a las centrales de riesgo, sin verificar la exactitud y veracidad de la información crediticia en mora y sin contar con la autorización expresa, específica y escrita de aquélla. Acción de tutela contra entidades bancarias y particulares. Reiteración de jurisprudencia. Derechos al buen nombre y al hábeas data como derechos fundamentales constitucionales. Derecho al hábeas data financiero respecto de las informaciones que suministran las fuentes sobre datos bancarios y crediticios a las centrales de riesgo. Se concede el amparo a los derechos fundamentales vulnerados.

T-1018/10

Acción de tutela contra Bancolombia S.A. Caso en que el demandante considera que la entidad demandada le está vulnerando derechos fundamentales, al negar la condonación de una deuda, a la cual habría lugar con base en el contrato de seguro tomado para amparar su crédito entre esa institución financiera y la Compañía Suramericana de Seguros de Vida. El derecho del actor al mínimo vital fue quebrantado al tener que seguir abonando a una obligación crediticia, no obstante estar cubierto con un seguro de vida grupo deudores, siendo una persona anciana pensionada con menos de un millón de pesos de mesada, y calificado con un 58.12% de pérdida de capacidad laboral. Se declara la carencia actual de objeto por superación del hecho que condujo a que fuera incoada.  

 

 

 

SENTENCIAS DE TUTELA DE INTERÉS

Boletín No. 2 de 2011

(Actualizado el 19 de enero de 2011)

 

 

 

 

SENTENCIA

 

TEMA

T-548/10

Acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial de Tunja. Caso en que la demandante fue retirada del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso, faltándole dos años para cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de cargos públicos. Procedencia de la tutela para debatir actos administrativos de carácter particular y concreto, específicamente para obtener el reintegro al cargo. Protección constitucional al mínimo vital y a la seguridad social de los adultos mayores. En el caso concreto no se configura un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo por vía de tutela, ya que recibe un ingreso por concepto del arrendamiento de un local comercial de su propiedad y además, cuenta con activos, los cuales permiten concluir que no se encuentra en situación de vulnerabilidad digna del amparo que reclama.  

T-691/10

Acción de tutela contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Caso en que las demandantes consideran vulnerado su derecho a la propiedad privada. Son herederas de un inmueble ubicado en Bogotá sobre el cual se adelantó el trámite de sucesión notarial, sin embargo la escritura no pudo ser inscrita ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, debido a que en el folio de matrícula inmobiliaria constan dos medidas cautelares que corresponden a los años 1956 y 1959 impartidas por el Juzgado Municipal de Zipaquirá. Sin embargo, no ha sido posible conseguir información acerca del Juzgado que decretó los embargos con el propósito de solicitar el levantamiento de los mismos y la cancelación de los registros. Contenido y alcance del derecho de petición. Derecho de acceso a la información. Estándares internacionales sobre la materia. Reglas elaboradas por la Jurisprudencia constitucional. En el caso concreto la información que requieren las demandantes no reposa en ninguna dependencia estatal, pese a que es claro que existe una obligación estatal de mantener la información sobre los procesos judiciales disponible y en buen estado para que puedan ser consultados por los ciudadanos. La ausencia de la información les impide a su vez acceder a la administración de justicia para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares. A su vez, la imposibilidad de cancelar los registros que constan en el folio de matrícula inmobiliaria impide la inscripción de la escritura pública correspondiente a la liquidación, partición y adjudicación del bien, convirtiéndose en obstáculo para el ejercicio del derecho de propiedad. Se concede la tutela y se ordena al Registrador de Instrumentos Públicos de la Oficina Zona Sur de Bogotá que en el término de 48 horas, a partir de la notificación de la sentencia, cancele las anotaciones de embargo del inmueble.

T-726/10

Acción de tutela contra el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá y la Caja Agraria en Liquidación - Patrimonio Autónomo de Fiduprevisora-. Caso en que las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho de defensa y al debido proceso, por cuanto en sus decisiones no consideraron la condición de desplazado por la violencia del demandante como una circunstancia capaz de influir en el cumplimiento de una obligación. Procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia. El hecho del desplazamiento forzado es una circunstancia que influye en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con anterioridad a éste, obligaciones cuya satisfacción dependía de la forma de vida de la cual fue sustraído el deudor. Como consecuencia del acaecimiento de la circunstancia del desplazamiento forzado, se le impone la carga al acreedor, quien en principio tendría el derecho a exigir el pago de la obligación adquirida por el deudor, de llegar a una fórmula de arreglo en la que se tenga en cuenta la condición de desplazamiento en que se halla el deudor. Se le exige reprogramar el crédito para que sea asequible al deudor, por cuanto la persona víctima del desplazamiento forzado no posee capacidad económica para el pago de las obligaciones adquiridas con anterioridad a éste. La obligación adquirida no se extingue, sino que nova de acuerdo a los parámetros expuestos en las providencias reseñadas. Los Jueces de instancia ignoraron el precedente de la Corte Constitucional en el tema y vulneraron el derecho fundamental a la defensa y al debido proceso del accionante. El Juez debió suspender el proceso ejecutivo y requerir al acreedor para que tuviera en cuenta la situación alegada por el deudor y reestructurara la deuda, para que una vez ello aconteciera, finalizara el proceso ejecutivo. Se dejan sin efecto las sentencias de los Juzgados demandados, y se ordena dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la decisión, de acuerdo con los lineamientos expuestos, que se resuelva el proceso iniciado por la Caja Agraria en liquidación contra el demandante.

SU.917/10

Acciones de tutela en casos en que los demandantes desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad en diferentes entidades públicas, y fueron desvinculados de sus empleos sin que los actos de retiro hubieren sido motivados por sus nominadores. Hay dos grupos de casos: Tutela contra las providencias judiciales que negaron la nulidad de los actos de desvinculación, y tutela contra las entidades que declararon la insubsistencia sin motivación del acto. Motivación de los actos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales frente a esta problemática en particular. Alcance de la acción de tutela para controvertir los actos de retiro en provisionalidad cuando no han sido motivados. La jurisprudencia del Consejo de Estado y su abierta incompatibilidad con la Constitución y con la jurisprudencia de la Corte sobre la motivación de los actos de insubsistencia de cargos en provisionalidad. Alcance de la acción de tutela para controvertir los actos de retiro en provisionalidad cuando no han sido motivados. Análisis de los casos. Se profieren órdenes concretas en cada uno de los expedientes.

 

 

 

 

Boletín No. 1 de 2011

(Actualizado el 14 de enero de 2011)