SENTENCIAS DE UNIFICACION EN TUTELA

SENTENCIAS DE UNIFICACION EN TUTELA


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN EN TUTELA

SENTENCIA

TEMA

CONCEDIDA

Si;  No; Parcialmente.

SU.277/93

Regulación de servicio militar obligatorio. Minoría de edad. Derecho a la educación.

No

SU.458/93

Facultad discrecional de nominadores. Existencia de otro medio de defensa judicial.

No

SU-067/93

Derecho al medio ambiente sano. Principios y criterios de aplicación

Si

SU.491/93

Servicio militar, unión de hecho, protección de nasciturus y reconocimiento de paternidad.

Si

SU.528/93

Habeas data. Prescripción de obligaciones. Jurisdicción ordinaria.

No

SU.201/94

Derecho al trabajo, debido proceso. Tutela contra actos de trámite. Término de suspensión de empleado se computan como días calendario.

Si

SU.202/94

Debido proceso, medio de defensa judicial, licencias de construcción. Tutela contra actos de trámite.

No

SU.043/95

Derecho a la salud y a la seguridad social. Cobertura familiar EPS. Menor con enfermedad incurable.

Si

SU.044/95

Calidad de defensor en procesos policivos. Debido proceso. Defensa técnica.

Si

SU.056/95

Derecho a la intimidad y al buen nombre, intangibilidad de obras literarias. Libro La Bruja.

No

SU.082/95

Habeas data, límite temporal de información y plazo de permanencia de deudores morosos en listas negras.

Si

SU.089/95

Habeas data, información veraz en asuntos de crédito y plazo de permanencia de deudores morosos en listas negras.

Si

SU.327/95

Principio de legalidad de la pena. No reformatio in pejus.

Si

SU.342/95

Pactos colectivos de trabajo, derecho a la igualdad, de asociación sindical y a la negociación colectiva. Sindicato de Leonisa.

Si

SU.509/95

Derecho a la igualdad, a la negociación colectiva y traslado a régimen de Ley 50/90. Enfermeras de hospital infantil.

Si

SU.510/95

Derecho a la igualdad, al trabajo y principio a trabajo igual salario igual.

Si

SU.511/95

Principio a trabajo igual salario igual, discriminación de trabajadores sindicalizados.

Si

SU.598/95

Principio no reformatio in pejus, debido proceso.

Si

SU.599/95

Derecho de asociación sindical, convención colectiva. Aumento de salarios. Avianca.

Si

SU.256/96

Derecho al trabajo, a la seguridad social, a la dignidad humana de persona portadora de VIH.

Si

SU.569/96

Derecho a la igualdad, de asociación sindical, trabajo igual salario igual.

Si

SU.570/96

Derecho a la igualdad, asociación sindical, negociación colectiva, legitimación de sindicato para instaurar tutela.

Si

SU.620/96

Proceso de responsabilidad fiscal, debido proceso, pruebas en etapa de investigación.

Si

SU.624/96

Debido proceso, derecho de acceso a la justicia, medio de defensa judicial.

No

SU.637/96

Código único disciplinario, vía de hecho. Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura. Aplicación de Dec 1888/89, derogado por Ley 200/95.

Si

SU.707/96

Aplazamiento o suspensión de condena, por tema de salud. Debido proceso.

Si, parcialmente

SU.039/97

Debido proceso, derecho a participación, integridad étnica y cultural de comunidad indígena, explotación de hidrocarburos.

Si

SU.111/97

Derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, derechos económicos, sociales y culturales, medio de defensa judicial. Nulidad de acto administrativo de suspensión de servicio médico por Cajanal.

No

SU.200/97

Servicio militar por soldados bachilleres en zonas de combate. Menores de edad.

Si

SU.257/97

Derechos colectivos, libertad de circulación, tránsito de alimentos y medicinas. Órdenes militares.

No

SU.400/97

Derecho a la igualdad, indexación de cesantías parciales respecto de empleados de la Rama Judicial.

Si, parcialmente

SU.442/97

Derecho a la vida, al medio ambiente sano y a la salud. Deficiencia de la prestación del servicio de acueducto en Santa Marta, El Rodadero y Taganga.

Si

SU.476/97

Derecho a la intimidad, tranquilidad y seguridad. Prostitución y travestismo en zona del chicó.

Si

SU.477/97

Vía de hecho por omisión de pruebas por el Consejo de Estado.

Si

SU.478/97

Vía de hecho. Prejudicialidad penal. Títulos del IFI.

Si

SU.479/97

Obligación de propietarios en unidades residenciales de sostenimiento de antenas parabólicas.

No

SU.480/97

Derecho a la salud y a la vida, continuidad en servicio de salud, suministro de medicamentos. EPS.

Si, parcialmente

SU.519/97

Derecho al trabajo, trabajo igual salario igual, discriminación salarial.

Si

SU.547/97

Derecho al trabajo, trabajo igual salario igual, trabajo en condiciones dignas y justas, derecho a la igualdad. Trabajo en condiciones dignas y justas.

Si

SU.559/97

Derecho a la igualdad entre docentes, afiliación de docentes a Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Estado de cosas inconstitucional.

Si

SU.645/97

Derecho a la salud, contagio de VIH por transfusión hecha en Clínica Palermo.

Si

SU.022/98

Derecho a la seguridad social, al mínimo vital, huelga no puede justificar falta de pago de mesadas pensionales.

Si

SU.039/98

Derecho a la salud, a la vida e integridad personal. Preexistencias. Salu Colmena EPS. Tratamiento médico asistencial.

Si

SU.133/98

Derecho al trabajo, a la igualdad, debido proceso, carrera judicial, concurso de méritos, nombramiento de quien obtuvo primer puesto.

Si

SU.134/98

Carrera judicial, concurso de méritos, nombramiento de quien obtuvo primer puesto.

No

SU.135/98

Derecho a la igualdad, al trabajo, carrera judicial, concurso de méritos, nombramiento de quien obtuvo primer puesto.

Si

SU.136/98

Derecho a la igualdad, al trabajo, carrera judicial, concurso de méritos, provisionalidad,  nombramiento de quien obtuvo primer puesto.

No

SU.182/98

Derecho a la igualdad, telefonía de larga distancia, igualdad de oportunidades en acceso a espectro electromagnético.

Si

SU.195/98

Derecho a tener una familia y disfrutar del cuidado y amor materno, guarda y custodia de menor, salida del país de menor. Tutela transitoria.

Si

SU.224/98

Debido proceso, cierre de hogar comunitario por irregularidades encontradas.

Si, parcialmente

SU.225/98

Derecho a la vida y a la salud de los niños, no suministro gratuito de vacuna de meningitis.

Si

SU.250/98

Debido proceso, motivación de actos administrativos, interés general de función notarial. Retiro de notaría sin motivación.

Si, parcialmente

SU.253/98

Prevalencia de garantías constitucionales sobre acuerdos de voluntad, derecho a la igualdad entre hijos, derechos herenciales. Ecopetrol.

Si

SU.337/98

Autoridad competente para investigar disciplinariamente a funcionarios judiciales.

No

SU.429/98

Vía de hecho en providencias judiciales. Recurso de súplica Consejo de Estado.

No

SU.430/98

Pensión de vejez, derechos adquiridos, mora del patrono en aportes.

Si

SU.510/98

Libertad de cultos, derecho a identidad e integridad cultural, minorías evangélicas. Comunidad Arhuaca. 

No

SU.640/98

Debido proceso, vía de hecho, período de alcaldes y gobernadores, suspensión de resolución que extendía período de alcalde de Fresno.

Si

SU.641/98

Derecho a la educación, al libre desarrollo de la personalidad. Cabello largo y uso de arete.

Si

SU.642/98

Derecho al libre desarrollo de la personalidad de los niños. Corte de cabello para evitar piojos. Jardín infantil de La Picota.

Si

SU.667/98

Debido proceso, libertad de expresión, autonomía universitaria. Reintegro de catedrático a la Universidad de Medellín.

Si

SU.717/98

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Falta de legitimación en la causa. Demanda de constitución de parte civil. Carencia actual de objeto.

No

SU.747/98

Derecho a la vida y a la integridad personal. Amenaza de las Farc a jurados de votación. Deber de ciudadanos de colaborar con procesos electorales.

No

SU.036/99

Debido proceso, derecho de asociación y libertad sindical. Desvinculación del cargo por cese ilegal de actividades. No se agotó el proceso disciplinario. Reintegro.

Si

SU.047/99

Debido proceso,. Inviolabilidad de los Congresistas. Incompetencia de Corte Suprema de Justicia para investigar votos de representantes en proceso contra Presidente de la República.

Si

SU.062/99

Tutela contras particulares, indefensión, derecho al mínimo vital. Empleadas del servicio doméstico, pago de salarios y prestaciones.

Si

SU.086/99

Derecho al trabajo, debido proceso, derecho a la igualdad, concurso de méritos, nombramiento de quien obtuvo primer puesto. Magistrados y Jueces.

Si, parcialmente

SU.087/99

Debido proceso, tutela contra providencias judiciales, vía de hecho. No práctica de pruebas. Medio de defensa judicial.

No

SU.157/99

Tutela contra entidades bancarias particulares, libertad económica, lista Clinton.

Si, parcialmente

SU.166/99

Actividad bursátil, bloqueo económico, lista Clinton.

No

SU.167/99

Banca como servicio público, inclusión en lista Clinton es causal que justifica terminación de contratos bancarios

Si, parcialmente

SU.168/99

Derecho a la igualdad, al trabajo, debido proceso, período de alcaldes. Suspensión de alcaldes de Coyaima y El Guamo

Si

SU.169/99

Derecho a la igualdad, de asociación sindical, discriminación a trabajadores sindicalizados. Clínica Shaio.

Si

SU.256/99

Derecho a la vida, a la educación, traslado de Comando de Policía por estar cerca de escuela.

Si

SU.257/99

Derecho al trabajo, debido proceso, concurso de méritos, nombramiento de quien obtuvo primer puesto. Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura.

Si

SU.337/99

Derecho a la identidad sexual, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, hermafroditas.

Si, parcialmente

SU.360/99

Derecho al espacio público, al trabajo, principio de confianza legítima, vendedores ambulantes de San Victorino.

Parcialmente

SU.542/99

Debido proceso, vía de hecho, enriquecimiento ilícito como delito autónomo.

No

SU.562/99

Derecho a la seguridad social, a la salud, continuidad en servicio de salud, mora en pago de aportes en salud.

Si, parcialmente

SU.563/99

Debido proceso, vía de hecho. Denuncia extemporánea de irregularidades. Gobernador del Chocó.

No

SU.599/99

Debido proceso, vía de hecho. Medio de defensa judicial.

No

SU.600/99

Debido proceso, derecho a la igualdad, vía de hecho, tutela contra providencias judiciales. Centro de Arbitraje.

Si

SU.601A/99

Derecho al trabajo y al mínimo vital, espacio público, vendedores ambulantes.

Si, parcialmente

SU.624/99

Derecho a la educación, no retención de calificaciones, ni retiro de clase a alumnos por no pago de pensiones, salvo que se pruebe capacidad de pago de los padres.

No

SU.646/99

Debido proceso, principio no reformatio in pejus. Agravación de la pena. Medio de defensa judicial.

No

SU.786/99

Debido proceso, derecho al buen nombre, a la honra, a la libertad, a la libre circulación. Vía de hecho. Prevaricato por acción. Pérdida de investidura.

No

SU.819/99

Derecho a la salud, a la vida, tratamiento médico en el exterior, trasplante de medula a menor de edad.

Si

SU.960/99

Debido proceso, derecho de defensa en proceso penal. Testigo que resultó codnenado en proceso penal. Nulidad de lo actuado.

Si

SU.961/99

Derecho de igualdad al trabajo, debido proceso, derecho de acceso a desempeñar cargos públicos. Lista de elegibles. Magistrados de Tribunal.

No

SU.962/99

Vía de hecho en materia de interpretación judicial. Obligatoriedad de consulta de las sentencias parcial o total adversas a Colpuertos y Foncolpuertos. Debido proceso.

Si, parcialmente

SU.995/99

Derecho al trabajo, pago de acreencias laborales a docentes. Plato, Magdalena.

Si

SU.090/00

Estado de cosas inconstitucional por omisión en el pago de pensiones, vulneración sistemática de la Constitución Política por omisión en el pago de pensiones. Chocó.

Si

SU.091/00

Tutela contra Cámara de Comercio de Medellín, construcción del metro de Medellín, designación de amigable componedor.

Si

SU.846/00

Debido proceso, derecho a una vivienda digna, reliquidación de créditos del sistema UPAC. Remates.

Si, parcialmente

SU.879/00

Derecho de petición, derecho al trabajo. Terminación de relación laboral con Caja Agraria, reintegros, pago de prestaciones. Reapertura de guardería estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada.

Si, parcialmente

SU.998/00

Reintegro al cargo de igual o superior categoría sin solución de continuidad, y con derecho a capacitación. Derecho al trabajo, de asociación sindical y libertad sindical.

Si

SU.1052/00

Derecho a la igualdad, al trabajo, a la vida digna y a la familia. Reajuste salarial para servidores públicos.

No

SU.1061/00

Derecho a la igualdad, al trabajo y al reajuste periódico de pensiones.

No

SU.1067/00

Derecho de asociación sindical, a la negociación colectiva, estabilidad laboral y al trabajo en condiciones dignas y justas. Reintegro de trabajadores en cargos de igual o superior categoría.

Si, parcialmente

SU.1113/00

Reiteración de jurisprudencia sobre improcedencia de acción de tutela para solicitar incrementos salariales.

No

SU.1114/00

Derecho al trabajo e igualdad, debido proceso, provisión de cargos de carrera judicial, nombramiento de quien obtuvo primer puesto en concurso público de méritos.

Si

SU.1148/00

Derecho a la igualdad y al trabajo, reajuste salarial para el año 2000 de empleados públicos.

No

SU.1149/00

Derecho a educación especial de menores con capacidades y talentos excepcionales. Desescolarización forzosa. Sistemas de financiación con el ICETEX. Subsidios y becas, según calificación de méritos. Niños superdotados.

Si, parcialmente

SU.1150/00

Derecho a albergue temporal e inclusión en programas existentes referidos a población desplazada, inclusión en programa especial de vivienda. Orden de desalojo. Hecho superado.

Si, parcialmente

SU.1193/00

Derecho a la igualdad, libertad de empresa, debido proceso, asociación de personas jurídicas, derecho a participar en compra de acciones de sociedad Isagen.

Si, transitoriamente

SU.1194/00

Derecho a la igualdad, al trabajo, al reajuste periódico de pensiones, improcedencia de tutela para modificar política fiscal del gobierno.

No

SU.1195/00

Derecho a la vida, a la igualdad y al mínimo vital, incremento salarial de servidores públicos.

No

SU.1354/00

Derecho a la seguridad social, debido proceso. Pensión de jubilación de Exconsejero de Estado. Pensión compartida entre ISS Y CAJANAL.

Si

SU.1382/00

Derecho a la igualdad y al trabajo. No incremento salarial para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997 a los trabajadores del municipio de Quibdó.

No

SU.1553/00

Debido proceso, principio de la no reformatio in pejus. Incremento de la pena sin reconocer que es único interesado en la demanda de casación. Supremacía de la doctrina constitucional.

Si

SU.1554/00

Derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, paciente con diabetes, solicitud trasplante de riñón y exámenes médicos de laboratorio. Naturaleza de servicio de medicina prepagada regido por buena fe.

No

SU.1720/00

Derecho a la igualdad, debido proceso, participación política. Período de alcaldes y gobernadores. Vía de hecho. Expedición de nueva credencial.

Si

SU.1721/00

Derecho al buen nombre, a la honra, dignidad humana e intimidad. Rectificación información sobre investigación de la Fiscalía. El Tiempo.

Si, parcialmente

SU.1722/00

Debido proceso. Solicitud de nulidad de sentencia y revocatoria de la medida. Vía de hecho. Principio no reformatio in pejus. Aumento de la pena.

Si

SU.1723/00

Derecho a la intimidad, honra, buen nombre, debido proceso, presunción de inocencia y libertad de información. Programa Unidad Investigativa.

No

SU.014/01

Debido proceso, derecho de defensa en proceso penal, vía de hecho, deber de notificación. Derecho de circulación de información y habeas data.

Si

SU.061/01

Derecho de defensa, al trabajo, libre desarrollo de la personalidad. Ejercicio de la profesión de abogado. Buen nombre, honra y debido proceso. Investigación penal. Eficacia de las providencias judiciales.

No

SU.062/01

Debido proceso, investigación penal, prevaricato por acción. Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Obligatoriedad de la jurisprudencia. Inviolabilidad de opiniones y votos de congresistas.

Si

SU.508/01

Derecho a la salud, a la seguridad social, enfermedades de alto costo. Solicitud de reintegro al demandante y a gran número de personas de las cantidades correspondientes a indemnización destinada a atender este tipo de enfermedades.

No

SU.509/01

Derecho a la intimidad, vivienda digna y libre desarrollo de actividades personales y familiares. Mora en pago. Procedencia de acción tutela. Reglamentos de copropiedad.

Si, parcialmente

SU.544/01

Debido proceso, derecho al trabajo. Período del Registrador. Derecho de acceso a cargos públicos. Medio de defensa judicial.

No

SU.622/01

Derecho al debido proceso, igualdad y participación política. Existencia de otro medio de defensa judicial.

No

SU.623/01

Derecho a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y libre desarrollo de la personalidad. Afiliación a seguridad social en salud como beneficiario de su pareja homosexual.

No

SU.858/01

Derecho de participación, al trabajo, libre desarrollo de la personalidad y de expresión. Solicitud de nulidad de sentencia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura. Medio de defensa judicial. Recurso de revisión.

No

SU.913/01

Debido proceso, vía de hecho y presunción de inocencia. Condena por falsa denuncia contra persona determinada. Medio de defensa judicial. Recurso de revisión.

No

SU.1023/01

Derecho de petición e igualdad, pago oportuno de acreencias laborales. Mesadas pensionales y aportes en salud. Empresa en liquidación obligatoria. Flota Mercante.

Si, parcialmente

SU.1116/01

Derecho a la vida, a un ambiente sano y a la salud. Solicitud canalización de aguas lluvias y negras. Afectación de derechos colectivos.

Si

SU.1122/01

Derecho a la participación política, democracia, igualdad, debido proceso y libertad. Inscripción de proyecto de referendo contra corrupción, etapas, mecanismos de participación ciudadana.

No

SU.1167/01

Derecho a la salud e igualdad de mayor de edad con esquizofrenia paranoide. Solicitud de restablecimiento de servicio médico a beneficiaria de pensionado. Autonomía sexual de la mujer.

Si

SU.1184/01

Derecho al debido proceso, desconocimiento de juez natural. Fuero penal militar. Posición de garante. Delitos de lesa humanidad. Conflicto de competencia.

Si

SU.1185/01

Derecho a la igualdad, debido proceso, reconocimiento de pensión vitalicia por despido sin justa causa a cualquier edad. Error de hecho, convención colectiva de trabajo, laudo arbitral. Banco de la República.

Si

SU.1219/01

Derecho a la vida. Derecho al Trabajo. Vivienda, debido proceso. Defensa. Cambio de turno, contrato individual de trabajo de médico. Vía de hecho. Tutela contra tutela.

No

SU.1299/01

Principio no reformatio in pejus. Recurso de casación penal. Via de hecho en proceso penal. Existencia de medio judicial para impugnar aumento de pena. Derecho a la defensa, debido proceso. Condenados por delito culposo que solicitan aplicación de prohibición de reformatio in pejus. Apelante único.

Si, parcialmente

SU.1300/01

Derecho al debido proceso, a la defensa, presunción de inocencia. Principio de legalidad. Enriquecimiento ilícito de particulares. Procedencia de acción de tutela contra providencias judiciales.

No

SU.014/02

Derecho de petición y vivienda de docentes. Solicitud reconocimiento y pago de cesantías parciales. Respuesta clara y oportuna. Disponibilidad presupuestal.

Si

SU.110/02

Derecho al debido proceso, defensa e igualdad. Acceso a la administración de justicia. Extradición de nacionales colombianos, delitos cometidos en el exterior, autonomía de Corte Suprema de Justicia para evaluar procedencia.

No

SU.132/02

Derecho al debido proceso, a elegir y ser elegido. Vía de hecho judicial, defecto fáctico.

No

SU.159/02

Derecho a la intimidad, vía de hecho por defecto fáctico en juicio penal. Defectos sustantivos y procedimentales.

No

SU.613/02

Derecho a la igualdad, debido proceso. Concurso de méritos, motivación de actos administrativos, lista de candidatos y elegibles en rama judicial, entrevista como factor de evaluación. Nombramiento de Magistrado que ocupó primer lugar en concurso

Si

SU.837/02

Derecho a la vida, salud, integridad personal. Derecho al trabajo, igualdad, debido proceso. Trabajadores sindicalizados, vía de hecho, continuidad de servicio de salud.

No

SU.057/03

Derecho a la salud de menor de edad con asma bronquial. Solicitud de reclasificación de estrato para vinculación a régimen subsidiado de seguridad social. Suministro de medicamentos no incluidos en POS.

No

SU.058/03

Derecho al debido proceso. Vía de hecho.  Laudo arbitral, sentencia de homologación. Tutela contra providencias judiciales. Fuerza vinculante de ratio decidendi.

Si

SU.120/03

Derecho al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, seguridad social. Vía de hecho, indexación de primera mesada pensional, principio de favorabilidad, confianza legítima. Doctrina probable.

Si

SU.219/03

Derecho al debido proceso, licitación pública. Sistema de concesión y caducidad contractual. Representación judicial de sociedades extranjeras.

Si

SU.383/03

Derecho a la diversidad e integridad étnica y cultural. Erradicación de cultivos ilícitos. Glifosato. Acción popular, protección de intereses colectivos y medio ambiente sano.

Si, parcialmente

SU.636/03

Derecho a la dignidad, a la salud. Mínimo vital y pago de acreencias laborales. Mesadas pensionales y cotización para salud. Graduación de créditos,. Efectos inter comunis de los fallos.

Si

SU.783/03

Derecho a la educación, al trabajo y libertad de escoger profesión u oficio. Autonomía universitaria.

No

SU.805/03

Derecho al debido proceso. Vía de hecho en proceso de lanzamiento por ocupación de hecho.

Si

SU.975/03

Derecho a la igualdad. Nivelación o reajuste pensional para ex Magistrados en cuantía equivalente a la de Congresistas.

Si, parcialmente

SU.1070/03

Declaratoria de caducidad de contrato de concesión. Inexistencia de perjuicio irremediable. Acción ante Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya fue instaurada. Derechos de rango legal.

No

SU.1158/03

Debido proceso, vía de hecho. Cumplimiento de la sentencia T – 1306/01. Legitimación por activa del Banco Popular. Solicitud de pensión. Tutela cotnra providencias judiciales.

No

SU.1159/03

Derecho al debido proceso y de defensa. Acceso a la administración de justicia de Senador. Vía de hecho. Recurso de revisión. Pruebas documentos falsos.

No

SU.388/05

Protección especial a madre cabeza de familia y estabilidad laboral reforzada. Protección a la familia y derechos del niño. Telecom.

Si

SU.389/05

Derecho a la igualdad y a la familia. Derechos del niño. Protección especial a madre cabeza de familia. Estabilidad laboral reforzada y protección a la familia. Telecom.

Si

SU.881/05

Derecho al debido proceso dentro del trámite de la acción popular promovida por la Contraloría. Vía de hecho. Aplicación de la ley en el tiempo. Dragacol. Excepcionalidad de la vía de hecho. Desconocimiento del principio de legalidad por el Consejo de Estado.

Si

SU.901/05

Derecho a la igualdad, la honra. Derecho al trabajo, debido proceso. Participación en ejercicio de poder público. Acceso a la administración de justicia de persona sancionada con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por haber suscrito acta de recibo de obra pública, habiéndose ejecutado el contrato sólo parcialmente.

No

SU.154/06

Derecho a la igualdad y al debido proceso.  Acceso a la administración de justicia de persona condenada por Gobernador de Cabildo indígena a 60 años de prisión, por delito cometido dentro de jurisdicción del resguardo.

No

SU.713/06

Derecho al debido proceso. Igualdad y libertad económica. Buena fe y confianza legítima de aspirante en proceso de adjudicación por concesión de la explotación del juego de apuestas permanentes, chance en departamento de Bolívar, convocado por la lotería, sin haberse realizado estudios previos.

No

SU.174/07

Derecho al debido proceso dentro del trámite de las controversias contractuales entre CISA y el Departamento del Valle del Cauca, con ocasión de contrato. Laudo arbitral. Tutela contra providencia del Consejo de Estado por la decisión de declarar infundado recurso de anulación presentado. Naturaleza jurisdiccional del arbitraje.

No

SU.540/07

Derecho a la no discriminación, a la igualdad y al debido proceso. Libertad religiosa. Acceso a la administración de justicia de miembro de comunidad religiosa que prestó servicios a la Universidad Santo Tomás. Existencia de contrato laboral.

No

SU.813/07

Derecho al debido proceso y vivienda digna. Deudores de créditos pactados en UPAC, a quienes fueron iniciados procesos con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, y no se les dio por terminado, pese a que solicitaron la nulidad y terminación de dichos procesos. Tutela contra providencias judiciales. Aplicación de doctrina constitucional al caso concreto. Efectos de la sentencia.

Si

SU.891/07

Derecho al debido proceso y a la seguridad social. Mínimo vital y pago oportuno de pensiones de jubilación de pensionados de Caxdac. Graduación de créditos. Ausencia de medios alternativos de defensa judicial.

Si, parcialmente

SU.038/08

Derecho a la igualdad y al debido proceso de deudores de créditos hipotecarios adquiridos con anterioridad a 1999. Acción de tutela contra providencias judiciales. Proceso ejecutivo hipotecario. Terminación y archivo de procesos en curso a 31 de diciembre de 1999, una vez efectuada la reliquidación. Carencia actual de objeto pro cuanto Juzgado de conocimiento de proceso ejecutivo hipotecario decidió la terminación y archivo del expediente.

Si

SU.484/08

Derecho al trabajo, mínimo vital y a la seguridad social de grupo de ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios. Pago de salario0s y prestaciones adeudadas. Procedencia excepcional de la acción de tutela para hace efectivo el pago de acreencias laborales.

Si, parcialmente

SU.1010/08

Facultad sancionatoria de empresas de servicios públicos. Controversia entre usuarios y empresas prestadoras de los mismos como consecuencia de la imposición de sanciones pecuniarias. Medidores de consumo. Ley 142/94. Naturaleza del contrato de servicios públicos. Potestad sancionatoria administrativa. Reglas del debido proceso. Amparo por tutela.

Si, parcialmente

SU.037/09

Derecho a la igualdad. Derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Remuneración de Magistrados de Tribunal y otros funcionarios de la Rama Judicial. Bonificación por compensación y bonificación de gestión judicial. Naturaleza jurídica. Improcedencia de acción de tutela para nivelación salarial. Improcedencia de tutela para pago de bonificación por no estar afectado el mínimo vital.

No

SU.811/09

Debido proceso. Acción de tutela contra providencias judiciales. Fuero constitucional de los Congresistas. Juzgamiento de los Congresistas por la Corte Suprema.

No

SU.913/09

Debido proceso. Concurso de méritos de Notarios. Procedencia de acción de tutela en materia de concurso de méritos para provisión de cargos de carrera. Actividad notarial. Carrera notarial. Moralidad administrativa. Derechos de autor. Prevalencia del derecho sustancial. Derecho al trabajo y a la igualdad en materia de carrera notarial.

Si, parcialmente

SU.062/10

Seguridad social. Regímenes pensionales creados por Ley 100/93. Régimen de transición. Traslado de régimen de ahorro individual al régimen de prima media en caso de beneficiarios del régimen de transición.

Si

SU.817/10

Igualdad, debido proceso. Acceso a la doble instancia y a la administración de justicia. Recurso de apelación. Acción de tutela contra providencias judiciales, con especial referencia a los autos. Reiteración de jurisprudencia sobre defectos fácticos, sustantivos y procedimentales que pueden presentarse en una providencia judicial. Se estima que decisión tomada por Consejo de Estado en autos atacados, está dentro de límites de lo objetivo y lo razonable. Controversia de interpretación no puede analizarse, porque sería tercera instancia.

No

SU.917/10

Debido proceso y acceso a la administración de justicia. Cargos de carrera en provisionalidad. Retiro mediante actos sin motivación. Procedencia excepcional de acción de tutela contra providencias judiciales. Se dejan sin efecto sentencias en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que negaron las pretensiones de los accionantes.

Si

SU.938/10

Debido proceso, honra y buen nombre. Magistrado de Tribunal que fue incluido en nómina de pensionados. Aplicación de causal de retiro. Derecho al acceso y permanencia en cargos públicos. Se ordena reintegro al cargo.

Si

SU.339/11

Petición, trabajo, igualdad. Acceso y desempeño de cargos y funciones públicas y debido proceso. Director Ejecutivo de Administración Judicial. Candidato que no fue incluido en la terna.

Si

SU.446/11

Proceso de selección y concurso de méritos de Fiscalía General de la Nación. Registro de elegibles. Naturaleza y fuerza vinculante.

Si, parcialmente

SU.447/11

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela contra providencia judicial. Se declaró nulidad de los actos administrativos y se ordenó a la Superintendencia Bancaria y a Fogafín, pagar cada una un 50% de los valores determinados por concepto de reparación del daño a las sociedades demandantes. Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Se incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo y procedimental.

Si

SU.448/11

Debido proceso, tutela contra providencia judicial. Se concluyó que la entidad judicial accionada al dictar sentencia de segunda instancia en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en defectos sustantivos por cuanto tomó como fundamente una norma que no era pertinente al caso, dejando de aplicar las que correspondían.

Si

SU.691/11

Debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Cargos de carrera administrativa en modalidad de provisionales. Se reiteró la sentencia SU – 917/10. Motivación del acto. Estabilidad laboral intermedia.

Si

SU.026/12

Trabajo, mínimo vital, debido proceso y acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial.  No hubo vía de hecho. Proceso laboral contra el BBVA.

No

SU.189/12

Seguridad social y mínimo vital. El accionante perteneció a la Congregación de los Hermanos de las escuelas Cristianas de La Salle. Reiteración de jurisprudencia en relación con principio de inmediatez, procedencia de la acción de tutela para el amparo del derecho a la seguridad social en lo que respecta a reconocimiento de la pensión de vejez, requisitos para obtener pensión dentro de régimen aplicable al Magisterio y pensión de retiro por vejez según Dec 3135/68.

Si

SU.195/12

Debido proceso, tutela contra providencia judicial. No hay lugar a la aplicación del aumento de las penas, previsto en el artículo 14 de la Ley 890/04, en los procesos de fuero constitucional regidos por la Ley 600/00. No se configuraron defectos alegados.

No

SU.399/12

Elegir y ser elegido. Derecho de defensa, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental. Naturaleza y alcance de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral. No se configuraron los defectos alegados.

No

SU.400/12

Debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, acceso a cargos y funciones públicas. Tutela contra providencia judicial. Doctrina constitucional sobre la procedencia excepcional y subsidiaridad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Causales especiales de procedencia referidas al desconocimiento del precedente, el defecto fáctico y el defecto sustantivo por vía de interpretación. Finalidad de la acción electoral, diferencias y similitudes con acción de pérdida de investidura de congresistas. No se configuran defectos alegados.

No

SU.424/12

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se incurrió en defecto procedimental al desconocer régimen que regula procedimiento para el recurso de casación.

Si

SU.458/12

Habeas data. Particularidades de los datos personales y de la base de datos personales de antecedentes penales. Principios y reglas que debe seguir este tipo específico de bases de datos, en especial los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida. Facultad específica del titular de la información personal de solicitar la supresión de la misma, como parte del objeto protegido por la dimensión subjetiva del habeas data. Carácter del habeas data como derecho autónomo y garantía de otros derechos fundamentales. Se concluye que, la entidad encargada de administrar las bases de datos sobre antecedentes judiciales, vulneró y vulnera el derecho al habeas data de los demandantes, al permitir que terceros no autorizados conozcan la existencia de antecedentes penales asociados a su nombre.

Si

SU.539/12

Debido proceso, trabajo. La Corte ratificó que el postulado de la carrera administrativa y del mérito para acceder a los cargos públicos configura un principio vertebral de la Constitución Política de 1991, cuyas excepciones deben estar previstas en la Carta o ser definidas clara y restrictivamente por el legislador en cuanto se refiere a los cargos de libre nombramiento y remoción. Para la Sala, los cargos convocados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre ellos, los cargos de Director de Unidad, corresponden a carrera por regla general, en tanto no están definidos expresamente en la ley como de libre nombramiento y remoción.

Si

SU.787/12

Debido proceso, vivienda, propiedad. Jurisprudencia sobre el derecho al debido proceso, en particular sobre la situación de los terceros con interés legítimo en las decisiones de tutela y un recuento de la doctrina constitucional con base en la cual se concedió el amparo en la sentencia T-199/06. Se declara la imposibilidad de la accionante respecto a la sentencia T-199/06.

Si

SU.897/12

Trabajo, mínimo vital, vida digna y seguridad social. Unificación de criterios jurisprudenciales en materia de protección especial a servidores próximos a pensionarse en entidades liquidadas, como consecuencia del Programa de Reforma a la Administración pública. Se reafirmó que el denominado retén social y dentro de éste, la protección a los servidores públicos próximos a pensionarse, tiene fundamento jurídico en principios de raigambre constitucional.

Si

SU.1073/12

Indexación de primera mesada pensional. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.  El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y el denominado derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Exigibilidad del derecho a situaciones consolidadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.  Se incurrió en una de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por vulneración directa de la Constitución.

Si

SU.070/13

Fundamentos normativos de la protección laboral reforzada a las mujeres embarazadas. Alcance de la protección dependiendo de la alternativa laboral y el conocimiento del empleador sobre el estado de embarazo de la trabajadora al momento de la desvinculación. La Corte procedió a establecer criterios que tienen en consideración el conocimiento del embarazo por parte del empleador y la modalidad de trabajo, recalcando que para despedir a una mujer en estas circunstancias el empleador debe demostrar que media una justa causa y contar con el permiso de la autoridad administrativa competente. Las medidas de protección adoptadas consisten en el reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social en salud hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad; la orden de reintegro de la mujer embarazada o la renovación de su contrato, siempre que sea posible; y en algunos casos la indemnización prevista en el artículo 239 del C.S.T.

Si

SU.071/13

Fundamentos normativos de la protección laboral reforzada a la mujer embarazada. Deber de protección objetiva a la mujer gestante y lactante a cargo de las empresas de servicios temporales. Alcance de la protección y las órdenes judiciales procedentes según la modalidad de la alternativa laboral y el conocimiento del empleador sobre el estado de embarazo de la trabajadora al momento de la desvinculación.

Si

SU.130/13

Seguridad social y libertad de elección de régimen pensional. Procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver conflictos relacionados con el reconocimiento de prestaciones de carácter pensional.  Seguridad social y su carácter de derecho fundamental. Aspectos generales sobre la organización del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Pensión de vejez en el sistema general de pensiones. Pensión de vejez en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual. Régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y sus reglas básicas. Derechos adquiridos, las meras expectativas y las expectativas legítimas. Principales regímenes pensionales anteriores a la ley 100/93. Problemática relacionada con el traslado de régimen pensional. Tratamiento dado por la jurisprudencia constitucional a la problemática que surge en torno a quienes se trasladaron al régimen de ahorro individual. Únicamente los afiliados con quince años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición.

Si, parcialmente

SU.131/13

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Derecho a la indexación de la primera mesada pensional. La certeza del derecho a la indexación.Término de contabilización de la prescripción de las obligaciones debidas. Se reiteró sentencia SU. 1073/12.

Si

SU.132/13

Derecho de acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital. Tutela contra providencia judicial.  Se configuró una violación directa a la Constitución por la aplicación de una norma contraria a la Carta. Se incurrió en un defecto sustantivo, por la no aplicación de la excepción de inconstitucionalidad solicitada de manera taxativa por la peticionaria.

Si

SU.158/13

Derecho de acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. Ninguna autoridad judicial puede, sin violar el derecho a la seguridad social, aplicar o exigir que se empleen las normas que establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de sobrevivientes. Se indica que, dado que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido incompatible con la Carta, debe inaplicarse en todos los casos.

Si

SU.198/13

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, haciendo énfasis en las reglas sobre los errores orgánico, fáctico y violación directa de la Constitución. Precedente de la Corporación en materia de única instancia y competencia integral en los procesos contra congresistas atribuidos a la Corte Suprema de Justicia. Jurisprudencia sobre la naturaleza y fines del fuero para la investigación y juzgamiento de los congresistas. No se configuró ninguno de los defectos alegados.

No

SU.225/13

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Carencia actual de objeto por hecho superado. Consejo de Estado anuló laudo arbitral entre Comcel y ETB.

No

SU.226/13

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Jurisprudencia relacionada con las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Las sentencias objeto de censura se profirieron con fundamento en una adecuada y razonable valoración de las pruebas aportadas al proceso y con apoyo de la interpretación objetiva de las normas vigentes aplicables al caso concreto.

No

SU.254/13

Reparación integral a víctimas de conflicto armado. Derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en el marco del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.  Jurisprudencia en sede de control abstracto de constitucionalidad y en sede de tutela, sobre los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Jurisprudencia de la Corporación en el marco del seguimiento a la sentencia T-025/04y sus autos de cumplimiento sobre reparación a víctimas de desplazamiento forzado. Jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado en el marco de procesos contencioso administrativos. Nuevo marco jurídico institucional para la reparación integral a víctimas, de conformidad con la Ley 1448 de 2011.

Si, parcialmente

SU.353/13

Debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. Las autoridades estatales sólo deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que les sean imputables. Ningún daño puede imputársele a una persona de derecho público por expedir un acto posteriormente anulado si se expidió en cumplimiento de una norma legal que la Corte Constitucional interpretó como obligatoria.

Si

SU.407/13

Debido proceso y seguridad social en pensiones. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Principio de inmediatez. Derecho a la pensión de sobrevivientes. Cuando una autoridad judicial aplica o exige que se apliquen las normas que establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de sobrevivientes, vulnera el derecho a la seguridad social dado que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido incompatible con la Carta.

Si

SU.515/13

Favorabilidad, ejercicio y control político, elegir y ser elegido. Se reiteran los fundamentos y el alcance de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Referencia a los defectos alegados en la solicitud de amparo y a las garantías adscritas a la acción de pérdida de investidura. En la decisión cuestionada no se incurrió en defecto, pero al prolongar sus resultados implicó que se configurara el desconocimiento del principio de favorabilidad.

Si

SU.617/13

Derecho al trabajo. Debido proceso, petición e información. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos de trámite en concursos.  Concursos de mérito para proveer cargos de docentes y directivos docentes y la convocatoria como norma reguladora.

No

SU.712/13

Debido proceso Acceso y desempeño de funciones públicas, elegir y ser elegido. Tutela contra providencia judicial. Garantías y prerrogativas parlamentarias consagradas en la Constitución Política de 1991. Potestad disciplinaria. Competencias asignadas al Ministerio Público. Atribuciones del Ministerio Público vs las prerrogativas de los Congresistas para determinar si éstos últimos son o no titulares de un fuero constitucional disciplinario y cuál es su alcance. Competencia del Viceprocurador para decidir recusaciones contra el Procurador General de la Nación.

No

SU.842/13

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Protección al medio ambiente y los humedales como bienes de especial importancia ecológica. Espacio público, vías, andenes, ciclorrutas, rondas hídriicas y las zonas de manejo y prevención ambiental. Defecto fáctico por errada valoración probatoria que resulta lesiva del debido proceso.

Si

SU.856/13

Seguridad social. Régimen de transición y libre escogencia de régimen pensional. Procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho a la seguridad social. Regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. Alcance del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la precitada norma. Evolución jurisprudencial en torno al cambio del régimen pensional de ahorro individual al de prima media en el caso de los beneficiarios del régimen de transición. Decreto 3995/08, requisito de la equivalencia en el ahorro y las opciones ante su incumplimiento.

Si

SU.915/13

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Jurisprudencia sobre los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defectos fáctico y sustantivo. Derechos de las víctimas al interior de los procesos judiciales.

Si

SU.917/13

Debido proceso, igualdad, elegir y ser elegido. Tutela contra providencia judicial. Jurisprudencia sobre el alcance y ámbito de aplicación del principio de favorabilidad y su incidencia en la configuración de inhabilidades originadas en condenas penales.

No

SU.918/13

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y específicos de esta procedencia, haciendo énfasis al defecto material o sustantivo, a la violación directa de la constitución y al defecto por desconocimiento del precedente constitucional. Seguridad social en pensiones con anterioridad y posterioridad de la Ley 100 de 1993. Normativa sobre la posibilidad de acumular tiempo de servicio laborado a entidades estatales y las cotizaciones efectuadas al ISS con el fin de reunir las semanas necesarias para el reconocimiento de una pensión de vejez. En la sentencia acusada se incurrió en un defecto sustantivo, al inaplicarse en ella una norma indiscutiblemente procedente al caso.

Si

SU.074/14

Debido proceso. Acceso a la administración de justicia, mínimo vital y trabajo. Requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Condena penal a 64 meses de prisión y 80 meses de inhabilidad de derechos y funciones públicas.

No

SU.377/14

Caso Telecom. Unificación de los criterios de procedencia que deben tener en cuenta los Jueces de la República, al resolver tutelas por derechos fundamentales supuestamente conculcados en el desenvolvimiento de procesos de liquidación de entidades públicas.

Si, parcialmente

SU.378/14

Jurisprudencia relacionada con la competencia del juez de tutela frente al cumplimiento de los dictámenes proferidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Se constata, si en el caso concreto, se cumplieron los presupuestos para la procedibilidad de la acción de tutela.

No

SU.555/14

Vida digna. Igualdad, trabajo en condiciones dignas y justas. Libertad sindical. Contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 particularmente en cuanto a las disposiciones sobre pensiones convencionales. Recomendaciones de la OIT. Reglas jurisprudenciales sobre la incorporación de convenios y tratados al bloque de constitucionalidad. Contenido de las recomendaciones del Comité Sindical de la OIT aprobadas por el Consejo de Administración.

No

SU.556/14

Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, como causal específica de dicha procedencia. Deber de motivar los actos administrativos. Estabilidad laboral relativa del servidor público nombrado en provisionalidad en cargo de carrera. Efectos de la nulidad del acto de retiro sin motivación del funcionario vinculado en provisionalidad y la definición de la regla indemnizatoria.

Si

SU.617/14

Adopción entre parejas del mismo sexo. Se consideró que en el caso de la adopción por consentimiento, esto es, cuando una persona adopta el hijo biológico de su compañero(a) permanente, la condición de homosexual de la pareja adoptante no puede ser fundamento para resolver negativamente el respectivo trámite administrativo. Una decisión negativa con esta principal motivación vulnera los derechos fundamentales de los dos miembros de la pareja y del menor cuya adopción se pretende, a tener una familia y a la autonomía y unidad familiar.

Si

SU.774/14

Debido proceso. Acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto y la oficiosidad del juez en materia probatoria. Documentos públicos, privados, originales y copias. Concepto y valor probatorio de los documentos auténticos. Acciones públicas como garantía del principio de legalidad y eje esencial del Estado Social de Derecho. Jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre el valor probatorio de los documentos públicos en copias simples, dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.  Fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional y los requisitos para cambios de precedente. Vulneración del derecho al debido proceso y al acceso de la administración de justicia por parte de los jueces contencioso administrativos, al no solicitar de oficio los originales de documentos públicos que son allegados por las partes procesales en copia simple. Cambio jurisprudencial.

Si

SU.769/14

Debido proceso, mínimo vital y seguridad social. Tutela contra providencia judicial. Derecho a la seguridad social. Régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de acumular tiempos de servicios en entidades públicas, cotizados en Cajas o Fondos de Previsión Social o, que en todo caso fueron laborados y debieron ser cotizados con los aportes realizados al ISS.

Si

SU.768/14

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Rol del juez en el Estado Social de Derecho. Prueba del derecho extranjero en la doctrina y el derecho comparado y en el ordenamiento jurídico colombiano. La Corte precisó que ninguna autoridad judicial puede, sin vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, desconocer su corresponsabilidad en la determinación del derecho extranjero aplicable y pretender trasladar completamente esa carga a las partes, menos, en casos en los que la norma extranjera resulta indispensable para la resolución del litigio y es de difícil obtención para los particulares, debido a sus limitaciones financieras y/o logísticas. Concluyó, que en algunos casos el demandante puede ser liberado de esta responsabilidad, pues el juez puede decretarla y apreciarla de oficio.

Si

SU.770/14

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. FIDUPETROL S.A.

No

SU.771/14

Seguridad social. Debido proceso. Juez de tutela no es competente para resolver controversias en torno a interpretación y aplicación de reglas convencionales. Hecho superado

No

SU.772/14

Reiteración de jurisprudencia relacionada con la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su improcedencia para resolver controversias contractuales. Debido proceso administrativo. Procedencia de la acción constitucional contra actos administrativos que constituyen vías de hecho.

No

SU.773/14

Debido proceso. Igualdad y acceso a la justicia. Propiedad. Libre empresa. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de fallos dictados por la Superintendencia de Sociedades en los procesos de liquidación obligatoria judicial de sociedades. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defecto procedimental como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Derecho al debido proceso. Caracterización del proceso de liquidación judicial en Colombia.

Si

SU.873/14

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debe inaplicarse inclusive cuando la muerte del causante sucedió antes de su inexequibilidad. Principio de inmediatez. Autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias, al exigirle a la actora acreditar el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes.

Si

SU.874/14

Debido proceso. Acceso efectivo a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Desconocimiento del precedente constitucional como vicio de dicha procedencia.  Jurisprudencia constitucional sobre el régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación y el deber de motivar los actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad.  Medidas de protección ante la vulneración de derechos por ausencia de motivación de los actos administrativos de desvinculación de personas designadas en provisionalidad en cargos de carrera.

Si

SU.949/14

Debido proceso e igualdad. Tutela contra providencia judicial. Procedencia de la acción de tutela contra providencias de las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Configuración de las causales genéricas alegadas y verificación de los requisitos formales de procedibilidad. Arbitramento obligatorio en materia laboral.

No

SU.950/14

Debido proceso y defensa. Acceso a la administración de justicia. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defectos sustantivo y fáctico como causales de dicha procedencia. Derecho político a desempeñar y renunciar a cargos públicos. Vacancia en el empleo como consecuencia de la aceptación de la renuncia. Finalidad de la votación nominal y pública en las decisiones de las Corporaciones Públicas.

No

SU.023/15

Vida digna, mínimo vital y seguridad social. Derechos de las personas de la tercera edad. Reiteración de jurisprudencia sobre improcedencia de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión de vejez y los eventos en que esta regla puede ser excepcionada. No concurren las circunstancias que puedan catalogarse como configurativas de un perjuicio irremediable.

No

SU.053/15

Precisión de las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Requisitos generales y las causales específicas de dicha procedencia y contextualización de la causal por desconocimiento del precedente. Reiteración del precedente contenido en las sentencias SU.917/10y SU.556/14, conforme al cual todo acto administrativo a través del cual se disponga el retiro de servidores públicos que ejercen en provisionalidad cargos de carrera debe ser motivado, a efectos de garantizar el derecho de defensa de los interesados.

Si

SU.054/15

Debido proceso. Acceso a la administración de justicia, igualdad y estabilidad laboral. Tutela contra providencia judicial. Reiteración de jurisprudencia sentada en la Sentencia SU.556/14. Servidores públicos que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad están amparados por una estabilidad laboral relativa y, por consiguiente, su desvinculación debe producirse mediante un acto motivado, de manera que, cuando ello no ocurre, se desconocen los principios constitucionales de igualdad y del mérito en el acceso de la función pública y se afectan los derechos al debido proceso y a la estabilidad laboral relativa, razón por la cual cabe ordenar por la vía judicial su reintegro al cargo, con el pago de la respectiva indemnización. Frente a esta compensación se recuerda que debe ajustarse con el fin de garantizar, de un lado, la protección de los servidores públicos irregularmente desvinculados del cargo y del otro, evitar que en razón del transcurso del tiempo, particularmente cuando dichos servidores han acudido sin éxito a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la suma a pagar resulte desproporcionada.

Si

SU.055/15

Debido proceso. Acceso a la administración de justicia. Condena con base en testimonio de referencia. Falta de legitimación en la causa por activa. La tutela como regla general es improcedente contra sentencias de tutela. Contravención de la cosa juzgada constitucional. Una decisión tomada por autoridad judicial, en la cual se desconozca de forma ostensible el ordenamiento constitucional, no puede desencadenar en un proceso sancionatorio por desacato.

No

SU.172/15

Igualdad. Debido proceso y defensa. Tutela contra providencia judicial. Reiteración de reglas sobre procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Facultad discrecional de miembros activos de la fuerza pública, específicamente de la Policía Nacional. Diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad en la emisión de actos administrativos, particularmente, lo atinente al ejercicio de la facultad que el Gobierno Nacional tiene para retirar a los miembros de la Policía Nacional. Actos administrativos de retiro de miembros de la fuerza pública deben estar respaldados por un mínimo de motivación. Las sentencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico.

Si

SU.173/15

Debido proceso. Acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Procedencia genérica de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defectos orgánico y procedimental como causales del amparo contra providencias judiciales. Recurso extraordinario de anulación. Causal 2ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 – subrogada por el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007- y las facultades del juez de anulación para determinar su existencia. Características de un fallo en equidad y de un fallo en derecho en términos de la jurisprudencia contenciosa y arbitral.

Si

SU.221/15

Derechos políticos y el derecho a la información. Instrumentos democráticos de conformación de la voluntad general. Derecho al voto como forma de expresión política y el sistema de mayorías como fórmula para descifrar la voluntad general. Voto en blanco y sus principales características.

No

SU.230/15

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, precisando los requisitos genéricos y específicos de dicha procedencia. Defecto sustantivo. Alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo que respecta al monto de la pensión de las personas beneficiarias del régimen de transición fijado en la sentencia C-258/13 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

No

SU.240/15

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Figura de la temeridad en el proceso de tutela. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Jurisprudencia constitucional sobre el defecto sustantivo y el defecto fáctico de las providencias judiciales. Jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto del alcance del artículo 73 del Código Contencioso administrativo y del artículo 19 de la Ley 797/03.

Si

SU.241/15

Debido proceso, igualdad, tutela contra providencia judicial. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos de procedibilidad de la acción en estos casos. Defectos sustantivos y fácticos como causales de dicha procedencia. Desconocimiento del precedente. Finalidad de la convención colectiva. Naturaleza de la Convención Colectiva dentro del proceso ordinario laboral -prueba o norma-. Principio de favorabilidad en la interpretación de las convenciones colectivas. Aplicación del principio de igualdad en situaciones similares y los fines del recurso extraordinario de casación al respecto. Aplicación del precedente como garantía del derecho a la igualdad. Importancia de la casación en la garantía del derecho a la igualdad y de otros principios constitucionales.

Si

SU.242/15

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Naturaleza jurídica del fondo financiero de proyectos de desarrollo–FONADE y el régimen normativo que rige su actividad contractual. Solución judicial de las controversias contractuales del FONADE y el tránsito legislativo en materia de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de la acción de controversias contractuales entre los años 2005 y 2010. Alcance normativo de la ley 1107/06, en especial, si afectó los términos de caducidad o prescripción de la acción de controversias contractuales.

No

SU.263/15

Caso Comcel contra ETB. Reiteración de jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.  Incumplimiento de requisito de subsidiariedad.

No

SU.264/15

Debido proceso. Aplicación del precedente judicial. Los jueces tienen la posibilidad de apartarse de éstos con una adecuada justificación. Las acciones de nulidad electoral y de pérdida de investidura persiguen propósitos diferentes y son completamente independientes, pese a que en un caso concreto puedan ser promovidas contra un mismo ciudadano, a partir de unos mismos hechos e incluso, que su conocimiento esté asignado a una misma corporación judicial, razón por la cual su resultado puede no coincidir, sin que por ello el juez competente incurra en incongruencia ni en ninguna otra falta. Sala Plena del Consejo de Estado no infringió el derecho a la igualdad en la aplicación de sus precedentes.

No

SU.288/15

Requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Desconocimiento del precedente. Caracterización del defecto fáctico. Prevalencia de la interpretación constitucional. Obligación de motivar los actos administrativos que, en ejercicio de la facultad discrecional, disponen la desvinculación de funcionarios en provisionalidad o de miembros de la Policía Nacional. Sentencias SU.556/14, SU.053/15y SU.172/15.

Si

SU.297/15

Caso Sabas Pretelt de la Vega. Reiteración de la jurisprudencia constitucional sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

No

SU.298/15

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos de procedibilidad. Desconocimiento del precedente como modalidad del defecto sustantivo y como causal específica autónoma de procedibilidad. Precedente constitucional. Derecho a la pensión y su imprescriptibilidad. Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional respecto al derecho a reclamar la reliquidación de la pensión y la excepción de prescripción.

Si

SU.355/15

Debido proceso, ejercicio de derechos políticos, honra, buen nombre. Acción de tutela es instaurada por Gustavo Francisco Petro Urrego contra la Procuraduría General de la Nación por presunta vulneración de derechos fundamentales, en virtud de las actuaciones adelantadas en el trámite de proceso disciplinario, según el cual, el ente de control llegó a la certeza de la comisión de las faltas imputadas en el pliego de cargos, decidiendo declarar responsable e imponer como sanción, la destitución del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá y la inhabilitación general por el término de quince años

No

SU.415/15

Derecho a la indexación de la mesada pensional inclusive a quienes causaron su derecho antes de la Constitución de 1991. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, reconocimiento de la indexación del salario base de liquidación, contabilización del término de prescripción de las mesadas pensionales, defecto por violación directa de la Constitución al negar actualización de las mesadas en primera y segunda instancia en proceso ordinario, trámite del recurso de casación, facultad de selección y motivación para excluir demandas de casación.

 

Si

SU.416/15

Responsabilidad médica. Acción de tutela contra providencias judiciales, defecto fáctico, defecto material o sustantivo. Médico cirujano solicita la protección de los derechos vulnerados por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de casar la sentencia de segunda instancia que lo había absuelto del delito de lesiones personales culposas por indebida valoración de las pruebas al dar por probada la negligencia médica a pesar de que existían pruebas que señalaban la diligencia, la no acreditación en grado de certeza del incumplimiento del protocolo y la deficiente acreditación del nexo de causalidad entre la lesión sufrida por la paciente y la actuación del médico.

 

No

SU.431/15

Debido proceso. Fiscal General de la Nación. Garantía del fuero opera en materia de responsabilidad fiscal.

Si

SU.432/15

Debido proceso de trabajadores aforados despedidos de la Empresa de Energía de Cundinamarca, sin haber sido escuchados.

Si

SU.500/15

Acción de tutela contra laudo arbitral. Decisiones del tribunal de arbitramento convocado para dirimir controversias entre ISAGEN y el consorcio la miel ISAGEN S.A. 

No

SU.501/15

Se reitera jurisprudencia sobre procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Se enfatizan las reglas atinentes al defecto sustantivo, a la violación directa de la Constitución y al desconocimiento del precedente judicial. Igualmente, se realiza un análisis a la institución de la pérdida de investidura en relación con sus fundamentos constitucionales, naturaleza jurídica y alcance, así como su aplicación en los casos de miembros de corporaciones públicas de elección popular. Por último, se estudia la causal prevista en el numeral 3º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, relativa al incumplimiento de posesión en el cargo, así como de la figura de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad en relación con dicha causal.

No

SU.553/15

Se hace referencia a la carrera administrativa en la provisión de cargos de la Rama Judicial. Competencia constitucional de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar y administrar la carrera judicial. Marco jurídico de la naturaleza de los cargos de magistrados especializados en restitución de tierras y jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras y la forma de proveerlos y, Caracterización del defecto material o sustantivo en actuaciones administrativas.

Si

SU.565/15

Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, enfatizando los defectos orgánico, fáctico y procedimental como causales de dicha procedencia. Para la Corte Constitucional, la valoración defectuosa de evidencias que demuestran la mayoría de edad de un procesado, cuya consecuencia es la atribución de competencia a la jurisdicción de menores y no a la justicia penal para mayores para la investigación y conocimiento de hechos punibles a él atribuidos, configura un defecto fáctico de relevancia constitucional para adopción de la decisión impugnada, y origina también los defectos orgánico y procedimental absolutos.

Si

SU.566/15

Límites al régimen de transición especial y especialísimo de congresistas cuyo derecho fue reconocido con anterioridad a la ley 4 de 1992. Se analizan los siguientes temas: 1º. Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Se enfatizan los defectos sustantivo, fáctico, por desconocimiento del precedente y por violación directa a la Constitución y, 2º. Régimen pensional de los miembros del Congreso de la República, su modalidad especial de transición y el reajuste especial a las pensiones de los excongresistas pensionados o que adquirieron su derecho antes de la Ley 4ª de 1992. La Corte reafirmó los límites del régimen de transición especial y especialísimo de los congresistas cuyo derecho fue reconocido con anterioridad a la expedición de la ley marco 4ª de 1992 y, decidió confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios, por cuanto los defectos alegados no se encontraron configurados o estructurados. 

No

SU.567/15

Derecho a solicitar la revisión de las pensiones es imprescriptible y se puede ejercer la acción en cualquier tiempo. Se analiza jurisprudencia de la Corporación referente a: 1º. Causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Causales de procedibilidad por violación directa a la Constitución y por desconocimiento del precedente constitucional, específicamente en relación con la imprescriptibilidad en materia pensional y, 3º. Análisis del caso concreto a la luz de la sentencia  SU.298/15. Afirmó, que es por la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, que la prescripción resulta viable exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del derecho.

Si

SU.625/15

Se reitera la doctrina de la Corporación en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analiza si en el caso concreto se cumplen los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la misma. Igualmente, se hace una breve referencia al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses de los congresistas y de los diputados y se destacan los aspectos generales de la pérdida de investidura.

No

SU.626/15

Se analizan los siguientes temas: 1º. El respeto y la protección de la libertad de religión y de cultos y, 2º. La libertad de expresión, en particular, la expresión artística. La Sala Plena determinó que la autorización cuestionada no desconoció la libertad de religión y de culto del actor, en tanto no se afectó ninguno de los contenidos que protege. Para la Corte, ningún objeto diverso a la consecución de los fines que orientan la actuación del Estado en materia artística se manifiesta en las actuaciones de las entidades públicas accionadas. Concluyó que, acceder a la solicitud de amparo implicaría una infracción de los artículos 20, 70 y 71 de la Carta Política, puesto que se desconocería el deber de las autoridades de promover, en condiciones de neutralidad, las actividades a las que se refieren las citadas disposiciones constitucionales y, en consecuencia, una restricción inconstitucional de la libertad de expresión artística. 

No

SU.627/15

La Corte unificó su jurisprudencia respecto de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela, anteriores o posteriores al fallo. En el caso concreto concluyó la Sala Plena, que la omisión del juez constitucional de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular al proceso a los terceros que pudieron verse afectados con la decisión, vulneró el debido proceso y, por tanto, causó la invalidez de lo actuado en el proceso de tutela.

Si

SU.635/15

La Sala Plena abordó la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto sustantivo por insuficiente motivación y, 3º. Los fines constitucionales del recurso extraordinario de casación. La Corte reiteró que el principio de congruencia en la teoría general del proceso consiste en que la competencia de los jueces está condicionada a resolver lo solicitado y probado por las partes, por lo que resulta fundamental que desde el inicio del proceso se defina el objeto del litigio. Este principio tiene especial relevancia en materia penal, ya que está vinculado directamente con el derecho de defensa, garantía fundamental de los procesados.

Si

SU.636/15

Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no existir causales de procedencia en la acción de reparación. Vía acción de tutela se atacó el fallo judicial que negó el derecho a la reparación de un conjunto de personas que se identificaron como víctimas de la guerrilla. Se reitera jurisprudencia relacionada con la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El derecho a las víctimas a obtener reparación integral a través de un recurso judicial efectivo. 3º. La Ley 1448 de 2011. Disposiciones en materia de pruebas y derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales de reparación directa y, 4º. El exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico por omisión de práctica oficiosa de pruebas.

No

SU.658/15

Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La teoría del agotamiento de jurisdicción. Concepto y alcance y, 3º. Trámite de solicitudes de nulidad de fallos de tutela en la Corte Constitucional.

No

SU.659/15

Se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El requisito de subsidiariedad y el recurso extraordinario de revisión. 3º. La configuración de la causal del defecto sustantivo. 4º. Jurisprudencia constitucional sobre la caducidad de la acción de reparación directa. 5º. Obligaciones internacionales del Estado frente a violaciones contra los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y, 6º. El contenido del derecho fundamental a la igualdad. La Corte concluyó que la sentencia atacada incurrió en un defecto sustantivo por no haber aplicado un enfoque constitucional fundado en la salvaguardia de los derechos fundamentales, tomando en cuenta las especiales circunstancias que rodearon el caso concreto. Para la Sala, el que se pretendiera que la madre de la niña que fue víctima de agresión demandara administrativamente desde el momento en que ocurrieron los lamentables hechos, resulta desproporcionado e implica que ella, además de asumir la muerte de su hija, tuviera que aceptar que el causante de la tragedia fuera su esposo, quien adicionalmente defendía su inocencia. Considera la Sala, que para cualquier persona es una desdicha la muerte de una hija, pero que esta situación se agrava si se exige que asuma –innecesariamente- que el responsable es su esposo y padre de la menor

Si

SU.686/15

Se reitera jurisprudencia relacionada con los requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se concluye que la tutela no resulta procedente en el presente caso ni como mecanismo definitivo, ni como mecanismo transitorio, por la inexistencia de un riesgo inminente que cause un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales de la empresa demandante. Con base en lo anterior, se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado. Como quiera que esta sentencia reemplaza la  T-274/12, que había adoptado una decisión distinta al conceder el amparo solicitado por la empresa EPSA E.S.P. y que fue declarada nula mediante Auto 132/15, se ordena a la Sección Tercera del Consejo de Estado, anular el Auto mediante el cual ordenó el archivo del expediente de la acción de grupo referenciado y continuar con el proceso en el presente caso. 

No

SU.695/15

Se aborda el estudio de la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los requisitos generales y específicos de dicha procedencia. 3º. La procedencia de la acción constitucional contra autos interlocutorios. 4º. La eventual revisión de las sentencias que ponen fin a las acciones populares y de grupo por parte del Consejo de Estado. 5º. La subsidiariedad como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 6º. Los requisitos para la configuración de un perjuicio irremediable.

No

SU.696/15

En este proceso dos personas de nacionalidad colombiana que tienen una relación de pareja desde hace más de diez años, la cual se encuentra solemnizada como vínculo contractual entre parejas del mismo sexo en Notaría de Medellín y, como matrimonio civil en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, a través de un procedimiento de fertilidad regulado por las leyes del Estado de California, lograron ser padres biológicos de dos hijos que fueron reconocidos inmediatamente, por las autoridades de dicho Estado. Consideran que las entidades accionadas vulneraron derechos fundamentales, al negarse a inscribir a sus hijos en el registro civil de nacimiento y expedirles los pasaportes a los que tienen derecho los niños colombianos, en virtud de lo establecido en el artículo 96 de la Constitución. La Corte consideró que los argumentos expuestos por los notarios se basan en una interpretación tradicional y heterosexual de la familia que, aunque se encuentra plenamente protegida por la Constitución, no es la única unión familiar protegida por la Carta.

Si

SU.091/16

MOTIVACION DE LOS ACTOS DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA POR LA CAUSAL DENOMINADA LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Requisitos generales y causales especiales de dicha procedencia. 3º. El defecto por desconocimiento del precedente como causal autónoma. 4º. Las diferencias existentes entre las diferentes causales de retiro. 5º. Posición de la Corporación frente a las causales denominadas retiro por llamamiento a calificar servicios y por voluntad del Gobierno o de la Dirección General y, 6º. Precisión de la jurisprudencia frente a la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios.

SI

SU.108/16

Se analiza la siguiente temática: 1º. Alcance general de la garantía a la libertad de conciencia. 2º. Si de las prerrogativas de esta libertad nace el derecho fundamental a objetar el cumplimiento de un deber jurídico.3º. El alcance dado por la jurisprudencia constitucional, el bloque de constitucionalidad y la legislación comparada, a la objeción de conciencia y, 4º. La configuración del precitado derecho frente al servicio militar en Colombia. A pesar de declarar la carencia actual de objeto, la Corte reafirmó la procedencia de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio, como derecho fundamental de aplicación inmediata.

Carencia actual de objeto

SU.214/16

Matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. Entre las decisiones a destacar en este fallo se tienen: a). la extensión de sus efectos a los pares o semejantes. b). declarar que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados en Colombia, con posterioridad al 20 de junio de 2013, gozan de plena validez jurídica. c). La consideración que los Jueces de la República que celebraron matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo actuaron en los precisos términos de la Carta Política, de conformidad con el principio constitucional de autonomía judicial. d). La advertencia a las autoridades judiciales, a los Notarios Públicos y a los Registradores del Estado Civil del país y a los servidores públicos que llegaren a hacer sus veces, sobre el carácter vinculante de este fallo de unificación y sus efectos inter pares. e). El exhorto a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que difundan entre los Jueces, Notarios y Registradores del Estado Civil del país el contenido del presente fallo. De acuerdo a las particularidades de cada proceso, se adoptaron las decisiones pertinentes. 

Si

SU.215/16

Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho a impugnar la sentencia condenatoria dictada por primera vez en casación, en el marco de un proceso penal regulado por la Ley 600 de 2000. 2º. El derecho a impugnar sentencias condenatorias emitidas por primera vez en un proceso penal, tras la sentencia  C-792/14. La Sala Plena precisó que el recurso de impugnación contra sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia, solo es aplicable en los procesos ordinarios regulados por la ley 906 de 2004 y respecto de providencias que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016.

No

SU.217/16

Facultad discrecional en las fuerzas armadas. Se reitera jurisprudencia relacionada con las reglas generales y las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y se precisa el régimen legal del llamamiento a calificar servicios y las reglas jurisprudenciales vigentes para su aplicación y control, consignadas en la sentencia  SU.091/16.

Si

SU.222/16

Se reitera jurisprudencia sobre: 1º. Las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El alcance del defecto fáctico. 3º. Los deberes atribuidos a la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la búsqueda permanente de los involucrados en un proceso penal y a su debida individualización e identificación y, 4º. Los presupuestos de la responsabilidad del agente del Estado por error judicial y privación injusta de la libertad. La Corte considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en una valoración arbitraria del material probatorio recaudado en el proceso de reparación directa, a partir del cual estructuró la responsabilidad patrimonial de la demandante como llamada en garantía. La Sala Plena encontró que la decisión judicial atacada está debidamente soportada en los elementos de convicción incorporados al expediente, los cuales concluyen que la actora incurrió en serios desconocimientos a sus deberes funcionales como Fiscal Seccional que impidieron, por un lado, la comparecencia personal del sindicado al proceso penal y por otro, un error en la individualización e identificación del responsable en la comisión de un delito, reflejada en una condena penal contra un ciudadano inocente, configurándose así la falla del servicio que le fue endilgada.

No

SU.235/16

Se analizó la siguiente temática: 1º. Naturaleza de los bienes objetos de disputa: Bienes baldíos o bienes de propiedad privada. 2º. Evolución del régimen legal de los baldíos. 3º. Naturaleza y finalidad de los baldíos desde la perspectiva constitucional. 4º. El derecho a la adjudicación estos predios que no implica el acceso a un bien determinado. 5º. El derecho al debido proceso administrativo y el principio de buena fe. 6º. El derecho de acceso a la tierra y el valor del trabajo agrario. 7º. Análisis de razonabilidad y proporcionalidad de la pérdida de fuerza ejecutoria de los procesos de clarificación de la propiedad y de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. 8º. La restitución de los predios de los cuales fueron despojados los campesinos.

Si

SU.288/16

Se aduce, que las autoridades demandadas vulneraron derechos fundamentales, al dosificar la pena del delito de tráfico ilegal de armas con fundamento en una norma desfavorable que no se encontraba vigente cuando se cometió el delito por el que fue condenada. Se analizan los siguientes temas: 1º. Legitimación por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela. 2º. Requisitos generales y específicos de la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. 3º. El defecto sustantivo o material y, 4º. El derecho fundamental al debido proceso y el principio de legalidad en materia penal. Luego de constatar que la autoridad demandada incurrió en un defecto sustantivo por aplicación de una ley inexistente en la tasación de la pena impuesta a la accionante, la Corte concedió el amparo solicitado, por vulneración del principio de legalidad. 

Si

SU.391/16

Acción de tutela contra las actuaciones del Presidente de la República y el Congreso, respecto a equilibrio de poderes. Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez. La Corte consideró que las situaciones planteadas por el actor no podían ser estudiadas de fondo, por cuanto la acción de tutela no cumplía distintos requisitos de procedencia para su análisis. Concluyó que había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de la eventual vulneración del derecho a la igualdad por su desvinculación del cargo de magistrado del Consejo de Estado y, que frente a las pretensiones se incumplía el requisito de inmediatez. Finalmente consideró, que no se cumplían con los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, que podrían hacer viable el estudio de las solicitudes relacionadas con la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad, por inconstitucionalidad, del Decreto 1351 de 2012.

No

SU.394/16

Se aborda temática relacionada con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y las omisiones de las autoridades judiciales, se hace un recuento de la regulación procedimental del proceso de extinción de dominio en el marco de la Ley 793 de 2002 y, se identifican las reglas jurisprudenciales sobre el plazo razonable como elemento del derecho fundamental al debido proceso. La Sala Plena concluye que cuando se prolonga excesivamente el trámite de un proceso de extinción de dominio procede el amparo constitucional.

Si

SU.406/16

Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; se verifica el cumplimiento de los requisitos de carácter general y específico que habilitan la viabilidad procesal del amparo y, se analiza la figura del precedente judicial como garantía de igualdad en la aplicación; el cambio del precedente y su aplicación en el tiempo. Para la Corte, no se configuraron los defectos alegados por la aplicación retroactiva de la jurisprudencia vigente en el Consejo de Estado sobre la admisibilidad de excepciones de mérito dentro de un proceso ejecutivo y la valoración probatoria de documentos aportados al mismo. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado. 

No

SU.424/16

Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La naturaleza y el marco normativo de la acción de pérdida de investidura. 3º. Las diferencias entre los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral y, 4º. La jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución. La Corte determinó que en la valoración de las causales de pérdida de investidura, por tratarse de un proceso sancionatorio, no cabe en principio una responsabilidad objetiva sino que debe tener en cuenta el elemento de culpabilidad. Con base en la anterior determinación concluyó, que la sanción impuesta no correspondió a un análisis de culpabilidad y, en esa medida, resultó desproporcionada respecto de la conducta asumida por los accionantes en la configuración del hecho inhabilitante reprochado. En síntesis, la Sala Plena encontró que se configuró un defecto sustantivo, pues se omitió la aplicación del principio de culpabilidad que guía el procedimiento de pérdida de investidura.

Si

SU.425/16

El accionante considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, a raíz de la providencia proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se le declaró patrimonialmente responsable del 100% respecto de la condena impuesta a la Nación-Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados a la Caja de compensación CAFAM, en el marco de un proceso de restitución de inmueble arrendado, en el cual el fungió como juez de la causa. Se aduce, que la precitada sentencia incurrió en defecto fáctico, equivocada o falsa motivación y argumentación y violación del precedente del Consejo de Estado, sobre los requisitos para estructurar el daño y generar la indemnización. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y los requisitos generales y específicos de dicha procedencia. Se reitera que la acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia.

No

SU.426/16

Se aborda temática relacionada con: 1º. Los predios baldíos como medio para garantizar el acceso progresivo a la propiedad rural por parte de la población campesina. 2º. El acceso progresivo a la propiedad de la tierra y su inescindible relación con garantías fundamentales en el caso de la población campesina. 3º. La necesidad de un enfoque diferencial que atienda la situación de la mujer rural, en el ámbito del acceso a la tierra y, 4º. La problemática de los predios baldíos en Colombia, como situación que no se circunscribe únicamente a la clarificación e identificación de los mismos, sino también a la efectiva adjudicación. Se concede la tutela del derecho fundamental al acceso progresivo a la tierra y al territorio en favor de los campesinos que, cumpliendo con los requisitos dispuestos en la Ley 160 de 1994, sean sujetos de reforma agraria, y de quienes tengan derecho a la restitución de tierras de acuerdo a la Ley 1448 de 2011.

Si

SU.427/16

Debido proceso en la liquidación de pensiones. UGPP legitimada para interponer recurso de revisión para controvertir pensiones liquidadas con abuso del derecho. Se reitera jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; se realiza una caracterización del defecto sustantivo o material y se reseña la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fijada por la Corporación. Se unificó la jurisprudencia en torno a la viabilidad y legitimidad de la UGPP para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el art. 20 de la ley 797 de 2003, con el objeto de controvertir decisiones judiciales que reconocieron y liquidaron pensiones con abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual la entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

Si

SU.428/16

Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se verifica el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que hacen viable esta procedencia. A pesar de advertir que no se cumplió con el requisito de inmediatez, la Sala Plena de la Corporación, en atención a las facultades ultra y extra petita del juez constitucional, decidió estudiar el caso tras comprobar que continuaba la vulneración de derechos fundamentales de la peticionaria. En tal medida, analizó temas referentes a la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales, la pensión de sobrevivientes, los requisitos exigidos para el reconocimiento de esta prestación cuando fallece el afiliado al sistema y, el requisito de convivencia y la condición de miembro del grupo familiar al momento de la muerte del causante. Igualmente, hizo una referencia a la línea jurisprudencial constitucional respecto a los efectos de la Sentencia  C-556/09 y la imprescriptibilidad de la pensión de sobrevivientes.

Si parcialmente

SU.442/16

Unificación de jurisprudencia en materia de condición más beneficiosa aplicada a pensión de invalidez. Se aborda temática relacionada con: 1º. La acción de tutela como mecanismo subsidiario para pedir el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Reiteración de jurisprudencia. 2º. Diferencia entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en torno a las normas aplicables a una pensión de invalidez, en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa. La Corte concluye que la entidad vulneró el derecho fundamental del actor a la aplicación de la condición más beneficiosa en material de seguridad social, al negarle la pensión de invalidez estructurada en vigencia de la Ley 860 de 2003, a pesar de haber cumplido oportunamente la condición prevista para el efecto en el Decreto 758 de 1990.

Si

SU.443/16

Debido proceso y acceso a la administración de justicia de ex trabajadores de embajadas en Colombia condenadas por la Corte Suprema de Justicia al pago de acreencias laborales. Se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a sentencias proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de demandas ejecutivas laborales presentadas por los actores en contra de las Embajadas del Líbano y de Estados Unidos de América, con la pretensión de hacer efectivas las condenas que les había impuesto la misma Corporación. La Sala Plena de la Corporación consideró necesario adoptar medidas para garantizar los derechos laborales de los accionantes, en virtud de la obligación de protección eficaz de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Consideró, que en los casos analizados se cumplían los requisitos esbozados en la jurisprudencia del Consejo de Estado para la aplicación de la teoría del daño especial y la consiguiente responsabilidad del Estado por el daño antijurídico causado, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política.

Si

SU.448/16

Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los requisitos generales y especiales de dicha procedencia. 3º. El defecto material o sustantivo y la violación directa de la Constitución como causales específicas. 4º. El defecto fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material probatorio. 5º. Los parámetros jurisprudenciales respecto del denominado contrato realidad. 6º. El auxilio de cesantías y, 7º. La mora en la consignación y pago del auxilio de cesantías. La Corte no encontró acreditados los defectos aducidos por la peticionaria, por cuanto de manera reiterada el Consejo de Estado ha determinado que cuando se logra demostrar la existencia de un contrato realidad, disfrazado como un contrato de prestación de servicios, los derechos propios de dicha relación laboral surgen a partir de la sentencia que así lo declara y no hay lugar a la aplicación de disposiciones de carácter sancionatorio respecto de la morosidad en el pago de las prestaciones reclamadas, por cuanto esta empieza a contarse a partir de la ejecutoria de la providencia. Es decir, que al convertirse el contrato de prestación de servicios en un contrato realidad, ello no implica que se constituya en vínculo legal y reglamentario entre las partes, porque no se dan los presupuestos del acto de nombramiento o elección y su correspondiente posesión y por ende, tampoco procede ni el reintegro, ni el pago de los emolumentos dejados de percibir.

No

SU.449/16

Acción de tutela contra providencias judiciales. Precedente sobre responsabilidad objetiva del estado en accidente aéreo. Se aborda la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los requisitos generales y específicos de dicha procedencia. 3º. El defecto sustantivo. 4º. La jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el título de imputación de los daños ocasionados como consecuencia del desarrollo de actividades peligrosas, en particular cuando la víctima es quien ejerce la guarda material de la actividad peligrosa. 5º. La jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las diferencias entre caso fortuito y fuerza mayor y, 6º. El principio de igualdad.

No

SU.454/16

Acción de tutela contra providencias judiciales. Vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia por exceso ritual manifiesto en proceso por reparación directa. Se reiteran las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se aborda temática relacionada con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en materia probatoria y su interrelación con otros defectos. Igualmente, sobre la definición del derecho de propiedad; la función registral y, la prueba del derecho de propiedad de bienes inmuebles en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Sala Plena precisa que la exigencia de la acreditación del título y el modo para probar judicialmente el derecho de propiedad de bienes inmuebles en la acción de reparación directa, en donde no existe debate litigioso sobre el dominio del bien, constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, interrelacionado con un defecto fáctico.

Si

SU.489/16

Acción de tutela contra providencias judiciales. Improcedencia por cuanto no existen defectos de falta de motivación y factico en proceso penal por cohecho. El actor fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de única instancia, a la pena privativa de 60 meses de prisión y a las accesorias de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 84 meses, como coautor responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso material homogéneo, fallo en el que también fueron condenados los señores Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt. Los hechos que dieron lugar a esta condena tuvieron que ver con el ofrecimiento que el actor habría hecho a la Representante Yidis Medina Padilla para lograr que acompañara con su voto el trámite del proyecto de reforma constitucional que a la postre, se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2004, por el cual se autorizó la reelección presidencial. Se reitera jurisprudencia referente a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales en firme.

No

SU.490/16

El accionante considera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró su derecho fundamental al debido proceso en varias de sus distintas facetas, entre ellas: i) la relativa a la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio; ii) la de ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial y con arreglo a las normas vigentes al momento de cometerse el acto imputado; iii) la relacionada con el derecho a presentar pruebas y a debatir las que se alleguen en su contra; iv) la que establece el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas; v) la referente a la presunción de inocencia; vi) la que establece la invalidez de pruebas recaudadas con violación del debido proceso; vii) la atinente al derecho a impugnar el fallo condenatorio, y viii) el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal. Lo anterior, en virtud del fallo de única instancia que lo condenó a la pena principal de 80 meses de prisión y a las accesorias de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 112 meses, como coautor responsable del delito de cohecho por causa de los ofrecimientos hechos a una congresista. La Corte reiteró jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y corroboró que no se configuró ninguno de los defectos alegados por el accionante.

No

SU.498/16

Acción de tutela contra actos administrativos que imponen sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias y contra decisiones judiciales que declaran la caducidad del medio de control. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales y los requisitos generales y específicos de la misma. Igualmente, se aborda temática relacionada con: 1º. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 2º. Los términos procesales como elementos necesarios para la garantía de la seguridad jurídica, el debido proceso y la igualdad. 3º. La jurisprudencia constitucional sobre la protección del debido proceso y la contabilización de términos en los casos de ceses de actividades judiciales. 4º. El principio de la confianza legítima y, 5º. El deber del Ministerio Público de recibir y asegurarse de la tramitación de las peticiones o recursos que las autoridades judiciales competentes se rehúsen a recibir.

No

SU.499/16

La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a los fallos de segunda instancia y al de casación que negaron a la actora el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada en virtud del fallecimiento de su hija, con fundamento en el incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema de pensiones. Lo anterior, a pesar de la existencia del precedente fijado en la sentencia  T-1036/08 y de la inexequibilidad declarada mediante sentencia  C-556/09. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El principio de inmediatez como requisito de procedencia de la acción de tutela. 2º. La inconstitucionalidad del requisito de fidelidad al sistema de pensiones y, 3º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que han negado la pensión de sobrevivientes con fundamento en el requisito de fidelidad. Se concede el amparo solicitado, se dejan sin efectos las providencias cuestionadas y se ordena al juez de segunda instancia de la causa ordinaria laboral, emitir una nueva sentencia en la que siga estrictamente el precedente constitucional. Se advierte a la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir que en los sucesivo se abstenga de exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema, toda vez que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, este ha sido siempre contrario a la Constitución Política, lo cual implica que no puede ser requerido, ni siquiera en situaciones configuradas antes de la expedición de la sentencia  C-556/09

Si

SU.542/16

Indexación de la primera mesada pensional para prestaciones causadas después de la entrada en vigencia de la Constitución y antes de la ley 100 de 1993. Se atacan decisiones judiciales que en el trámite de un proceso ordinario laboral decidieron no ordenar la indexación de la primera mesada pensional de la prestación que le fue reconocida al esposo de la accionante. Se alega, que dichas providencias desconocieron derechos fundamentales de una persona de especial protección constitucional. Se reitera jurisprudencia relacionada con los requisitos generales y específicos de la tutela contra providencias judiciales y se analiza temática sobre la indexación de la primera mesada pensional para las prestaciones causadas antes y después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991; al igual que sobre el término de prescripción para ordenar dicha indexación y la figura de la pensión compartida.

Si

SU.556/16

El Banco de la República interpuso la acción de tutela en contra del laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento demandado y la providencia dictada por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que resolvió desfavorablemente el recurso de anulación interpuesto contra dicho laudo. La Corte reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y laudos arbitrales. La Corte considera que el laudo impugnado vulneró el derecho al debido proceso del Banco de la República, al resolver la controversia sometida a su conocimiento con fundamento en una norma que era inaplicable para determinar el ámbito de cobertura de un seguro. En contraste, la Sala no observó defecto alguno en el fallo de anulación emitido por el Consejo de Estado. Se concede el amparo solicitado y se deja sin efectos el laudo. Se declara que, dadas las reclamaciones en estrados, las decisiones de revocar la sentencia de tutela que denegó el amparo y la de dejar sin efectos el laudo, no agotan la jurisdicción para dirimir las diferencias entre las partes del negocio jurídico que originó la controversia arbitral. De ahí, que se entiende enervado el término de prescripción o caducidad de las acciones judiciales procedentes para asuntos como esos. 

Si

SU.587/16

Pensión especial de invalidez para víctimas del conflicto armado. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la omisión de Colpensiones de dar respuesta oportuna y de fondo a la petición presentada por el actor, respecto al reconocimiento de la pensión especial de invalidez para víctimas del conflicto armado, en virtud de la previsto en la Ley 418 de 1997. Se aborda la siguiente temática: 1º. Los elementos esenciales del derecho de petición, acorde con el deber de atención prioritaria a las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales. 2º. El panorama normativo y jurisprudencial de la pensión especial de invalidez, con énfasis en su naturaleza jurídica, requisitos para su reconocimiento, obligaciones que permiten su materialización y naturaleza parafiscal de los recursos de las subcuentas del Fondo de Solidaridad Pensional y de las rentas que administra Colpensiones.

Si

SU.588/16

Pensión de invalidez de persona con enfermedad crónica, degenerativa o congénita. Se debe tener en cuenta todas las semanas de cotización efectuadas al sistema general de pensiones. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 2º. La especial protección constitucional de las personas en situación de discapacidad. 3º. El régimen jurídico de la pensión de invalidez y las reglas especiales consignadas en la jurisprudencia respecto de personas con enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas y, 4º. El deber de tener en cuenta las sentencias de unificación de la Corte Constitucional. Concluye la Sala Plena que, cuando se niega el reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez a una persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa que fue calificada con un porcentaje de disminución de capacidad laboral igual o superior al 50%, a la cual se le asignó por parte de las autoridades médico laborales una fecha de estructuración de la invalidez correspondiente a la fecha de nacimiento, a una cercana a ese momento, la del primer síntoma o la del primer diagnóstico, con fundamento en que no acredita el número de semanas requeridas con anterioridad a ese momento, pero sin tomar en consideración la efectiva explotación de su capacidad laboral residual, se vulneran los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital.

Carencia de objeto

SU.637/16

Derecho a la indexación de la mesada pensional. Aplicación de la fórmula de indexación más favorable. El accionante es una persona de la tercera edad que se encuentra jubilado a cargo del Banco Popular S.A. gracias a las decisiones judiciales proferidas en el marco de un proceso laboral ordinario que ordenaron a dicha compañía el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales pretendidas. En su momento, las instancias que conocieron el proceso liquidaron el valor de la primera mesada pensional de acuerdo con la fórmula matemática utilizada por la jurisprudencia laboral y constitucional para la época. No obstante, el actor mantuvo su insistencia en que dicha mesada había sido calculada de forma errada y por ende, acudió a una primera acción de tutela que fue negada. Una segunda acción constitucional no tuvo pronunciamiento de fondo en vista de ser rechazada por temeridad, razón por la cual, esta tercera solicitud de amparo se constituye en realidad en una segunda petición de amparo en la que se pretende que se aplique la nueva fórmula y se actualice el valor de lapensión de acuerdo a ella, por resultar más favorable. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional. 3º. La indexación de la precitada mesada como derecho de rango constitucional. 4º. El ámbito de aplicación de la protección constitucional para el reconocimiento del derecho a la indexación pensional y, 5º. La fórmula para indexar la primera mesada pensional. Evolución y desarrollo jurisprudencial.

Si

SU.049/17

Estabilidad ocupacional reforzada en contrato de prestación de servicios. Despido de trabajador en incapacidad por accidente laboral. La Sala Plena unifica la jurisprudencia de la Corporación y determina que: 1º. El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. 2º. La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad. 3º. La violación a la referida estabilidad debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.

Si

SU.050/17

Se reitera jurisprudencia relativa a: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales. 2º. El defecto sustantivo como causal específica de dicha procedencia y, 3º. El desarrollo normativo y jurisprudencial en torno a la revocatoria directa de actos administrativos de contenido particular y concreto. Luego de constatar que la providencia cuestionada adolece de un defecto sustantivo por interpretación indebida del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo vigente entonces, por falta de aplicación del artículo 74 de la misma norma y por desconocimiento del precedente jurisprudencial relativo a la prohibición de revocar actos administrativos de contenido particular y concreto, sin consentimiento del titular, la Sala Plena concedió el amparo solicitado.

Si

SU.097/17

Derecho a la consulta previa de comunidad raizal de la Isla de Providencia para desarrollar proyecto en torno a la misma. Los accionantes, quienes pertenecen al pueblo raizal de Providencia, consideran que las entidades demandadas vulneraron su derecho fundamental a la consulta previa, al no haber agotado dicho trámite respecto del convenio suscrito en el marco de un proyecto conjunto para fortalecer la industria musical dentro del Archipiélago. Concretamente, el convenio mencionado tiene por objeto diseñar e implementar un esquema de operación, mantenimiento y funcionamiento del Complejo Cultural Midnight Dream, así como la capacitación de agentes locales para su operación, en el marco más amplio de preservar, fortalecer y promocionar la cultura isleña, dentro de la política pública denominada Plan Fronteras para la Prosperidad. Se aborda la siguiente temática: 1º. Elementos culturales del pueblo raizal y el déficit jurisprudencial que se percibe en la protección de sus derechos. 2º. Contenido y alcance del derecho a la consulta previa y, 3º. La protección especial de la que es titular el pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Si

SU.133/17

Los accionantes argumentaron actuar en calidad de mineros tradicionales que ejercen su actividad en la mina Villonza del municipio de Marmato (Caldas). Pretenden con la acción de tutela que se les proteja sus derechos fundamentales y, que en consecuencia, se les permita ejercer su oficio y no ser desplazados de su territorio. Cuestionan concretamente el hecho de que la autoridad minera haya autorizado la cesión, a la Compañía Gran Colombia Gold, de títulos mineros que por estar ubicados en la parte alta del cerro El Burro, se encontraban tradicional y legalmente reservados para el ejercicio de la pequeña minería. También censuran los actos administrativos que autorizaron dicha cesión. Consideran, que la anterior decisión debió someterse a un proceso de consulta previa, pues el municipio está habitado por comunidades indígenas y afrodescendientes. Alegaron también, que la orden de cerrar y desalojar la mina donde trabajan resultó vulneradora de sus derechos, no solo porque no fueron notificados del trámite del amparo administrativo, sino porque este se resolvió con base en una norma que luego fue declarada inexequible. La Corte protegió el derecho de los habitantes y de los mineros tradicionales de Marmato a participar en la definición de los impactos de las cesiones de los derechos de explotación de la parte alta del cerro El Burro y el derecho de las comunidades indígenas y afrocolombianas del mismo municipio a ser consultadas al respecto.

Si

SU.168/17

La Sala Plena reiteró los lineamientos trazados en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y en particular, la dirigida a reclamar la protección del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, cuando se trata de pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Al mismo tiempo, unificó algunos criterios en relación con la temeridad, la cosa juzgada y el cómputo del término de prescripción de las mesadas pensionales. Para la Corte, las decisiones controvertidas incurrieron en la causal específica de procedencia de la tutela denominada violación directa de la Constitución, al desconocer el principio de igualdad y los derechos laborales de los pensionados. Término previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

Si

SU.355/17

Régimen probatorio en la jurisdicción contencioso administrativa, debido proceso y acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Prueba sobre fallecimiento de persona. Se aborda la siguiente temática: 1º. Causales generales y específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, caracterizando de manera específica el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico. 2º. La responsabilidad del Estado. 3º. El régimen probatorio en la jurisdicción de lo contencioso administrativa y, 4º. La prueba sobre fallecimiento de una persona, con referencia a la diligencia de necropsia.

Si