Auto 047/98

 

 

DERECHO DE DEFENSA EN TUTELA-Notificación de tercero interesado

 

No es suficiente con permitirle ejercer el derecho de defensa a la parte demandada, pues cuando hay personas que no son directamente señaladas como responsables de la conducta u omisión impugnada, pero derivan un evidente interés del resultado del proceso, pues la decisión tomada puede llegar a afectarles un derecho, el juez de tutela está obligado, por aplicación del principio de participación estipulado en el Preámbulo y en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del mismo estatuto, a darles noticia de que existe un proceso judicial donde son partes propiamente dichas otras personas, pero la decisión puede ser contraria a un derecho o situación jurídica que les pertenecen

 

Referencia: Expediente T-162957.

 

Peticionaria:

Luz Marina Rodríguez Acosta.

 

Magistrado Ponente:

Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.

 

 

Santafé de Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

 

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera Carbonell, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por la ciudadana Luz Marina Rodríguez Acosta contra la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C.

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Hechos.

 

Manifiesta la demandante que se presentó al concurso de méritos convocado por la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C., mediante el decreto 638 de 1997, con el fin de proveer veintidós vacantes de directivos docentes rectores, para asumir doble jornada en las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa y otras.

 

Afirma que su hoja de vida fue calificada con solamente 5 puntos de los 20 posibles, por dos razones que, a su juicio, no justifican suficientemente el tratamiento distinto que ha recibido frente a otros aspirantes y que, por tal razón, es discriminatorio: no ser oriunda de Santafé de Bogotá D.C. y no haber desempeñado su función en zona rural.

 

II. LOS FALLOS DE INSTANCIA.

 

El a quo.

 

En decisión adoptada el 23 de febrero de 1998, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. denegó el amparo solicitado, por considerar que no hubo trato discriminatorio hacia la demandante, en vista de que la calificación de su hoja de vida se hizo de acuerdo con lo establecido en la resolución 20794 de 1989, reglamentaria del decreto 1706 de 1986, expedida por el Ministerio de Educación Nacional para efectos de nombramientos y ascensos dentro de la carrera docente, normas que, a su vez, cumplen con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto que buscan incentivar a aquellas personas que han ejercido la función docente en zonas rurales y a quienes quieran servir a la ciudad en donde nacieron, lo cual, en manera alguna, vulnera el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución Política.

 

El ad quem.

 

Por sentencia del 26 de marzo de 1998, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia con base en dos consideraciones: primera, que la ley no puede proporcionar trato discriminatorio a sus destinatarios dado su carácter general, impersonal y abstracto; y segunda, que los requisitos del concurso eran previamente conocidos por la demandante, quien después de cumplir todas sus etapas no puede pretender desconocerlos, pues eso sí iría en contra de los demás aspirantes, quienes se sometieron a las bases del concurso en igualdad de condiciones.

 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

 

1. La competencia.

 

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones reseñadas, de conformidad con los artículos 86 y 241-9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.

 

2. El asunto.

 

Observa la Sala una causal de nulidad dentro del trámite cumplido por el Juzgado 25 Penal del Circuito y el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá D.C. frente al proceso de la referencia, pues no permitieron la participación y, por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa de terceros con evidente interés dentro de la presente acción de tutela: aquellos que por razón de la decisión del juez de tutela pudieron haber visto afectados sus derechos o situaciones jurídicas consolidadas, como quienes fueron calificados con puntajes adicionales en su hoja de vida dentro del concurso a que se refiere la demandante, bien por razón de haber nacido en Santafé de Bogotá D.C., ora por haber desempeñado la actividad docente en zona rural, y, además, quienes actualmente ocupan los cargos sometidos a concurso.

 

No es suficiente con permitirle ejercer el derecho de defensa a la parte demandada, pues cuando hay personas que no son directamente señaladas como responsables de la conducta u omisión impugnada, pero derivan un evidente interés del resultado del proceso, pues la decisión tomada puede llegar a afectarles un derecho, el juez de tutela está obligado, por aplicación del principio de participación estipulado en el Preámbulo y en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del mismo estatuto, a darles noticia de que existe un proceso judicial donde son partes propiamente dichas otras personas, pero la decisión puede ser contraria a un derecho o situación jurídica que les pertenecen[1].

 

En el presente asunto se dio noticia de la iniciación del proceso y de las demás decisiones notificables tan solo a la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C., autoridad señalada como responsable de la actuación impugnada, y no a todas aquellas personas que fueron calificadas en su hoja de vida con fundamento en los factores arriba descritos, quienes, a no dudarlo, derivan un interés legítimo del resultado del proceso, en tanto que la demandante pretende un mejor lugar dentro de la lista de elegibles que se integró una vez cumplido el concurso, para ser nombrada en una de las 22 vacantes que con él se pretendía proveer. Tampoco fueron llamados al proceso quienes actualmente ocupan tales cargos.

 

No obstante lo anterior, la falta de llamamiento de los terceros con interés legítimo, según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y la aplicación que de ellas ha hecho esta Corporación[2], es una nulidad saneable y, por consiguiente, se ordenará al Juzgado 25 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. que, en el término señalado en la parte resolutiva de esta providencia, ponga en conocimiento de las personas que posteriormente se determinará, la nulidad saneable derivada de la circunstancia anotada, para que la aleguen, advirtiéndoles que, si no lo hacen, ella se entenderá saneada y el proceso seguirá su curso normal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144, inciso final, del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso a falta de disposición especial para el proceso de tutela.

 

 

IV. DECISION.

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

 

RESUELVE

 

 

 

Primero. Poner en conocimiento de los ciudadanos que a continuación se señala, por intermedio del Juzgado 25 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., la nulidad saneable derivada de no habérseles notificado la iniciación de la presente acción de tutela, advirtiéndoles que, si la alegan dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este auto, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio y se tramitará nuevamente la tutela, con plena observancia de las garantías propias del debido proceso, y que, si no la alegan, la nulidad quedará saneada y el proceso continuará su curso:

 

Bermúdez Moncada Concepción                                           C.C. 41’544.126

Moreno Sierra Ana Rosalba                                                  C.C. 41’618.540

García Gustavo Antonio                                                       C.C. 6’442.059

Gómez Rosa Delia                                                                 C.C. 2’170.917

Galán Castro Carlos Eduardo                                                        C.C. 19’ 325.198

Viracachá Pava Germán Edison                                            C.C. 19’421.768

Vargas Castillo Gloria María                                                C.C. 28’097.551

Cermeño María Cristina                                                        C.C. 34.961.842

Sarmiento Sierra Antonia                                                      C.C. 19’294.372

Rincón Leal Nelfa Belén                                                        C.C. 41’691.570

García Bermúdez Angel                                                         C.C. 3’176.418

Vargas Aguilar Luz María                                                    C.C. 41’.568.364

Rocha Martínez Juan Pablo                                                   C.C. 79’299.984

Rodríguez Ortíz Jaime Elías                                                  C.C. 7’300.764

Montealegre Pedroza David A.                                              C.C. 19’221.614

Delgado Myriam                                                                   C.C. 41’682.028

Téllez Fonseca Martha Lucy                                                  C.C. 35’336.368

González Herrera Arnulfo                                                     C.C. 17’159.459

Moreno Parrado Luis Alfonso                                                        C.C. 33’139.998

Ospina Pulido Guillermo                                                                C.C. 19’358.215

Velásquez Torres Erney                                                        C.C. 19’459.725

Gil Cárdenas Magdalena                                                       C.C. 41’707.413

Pedraza Lozano Manuel Alfonso                                           C.C. 19’125.225

Abella Villamil Daniel A.                                                      C.C. 79’319.072

Velásquez Velásquez Miguel A.                                            C.C. 3’140.027

Sánchez Suárez José René                                                     C.C. 17’086.998

Vanegas Gustavo de Jesús                                                    C.C. 19’099.997

Amaya Amézquita Alvaro I.                                                 C.C. 19’300.980

Peña María Helena                                                                C.C. 51’558.607

García Rojas Felipe                                                               C.C. 19’108.510

Jiménez de Villamarín Rosalba                                             C.C. 41’410.812

Forigua Duarte Jaime                                                            C.C. 80’261.350

Moyano Hernández Armando                                                        C.C. 281.758

Cubillo Mora José A.                                                            C.C. 351.210

Rodríguez Pinto Germán                                                       C.C. 7’491.016

Enciso de Luna Celmira                                                                  C.C. 20’773.570

Cruz de Cediel Gladys                                                           C.C. 41’525.008

Garzón López Myriam Lucía                                                 C.C. 51’655.510

Forero Junco Carmen                                                            C.C. 41’575.149

Salazar Ospina Myriam                                                                  C.C. 41’521.365

López Juan de Dios                                                               C.C. 19’245.029

Martín de González Ana Oliva                                              C.C. 41.493.057

Sánchez Raga Gustavo                                                          C.C. 5.963.134

Clavijo Fúquene Gerardo                                                      C.C. 79.102.647

Sánchez Reyes Joel Darío                                                      C.C. 19.076.218

Cárdenas Aguirre Fredy                                                        C.C. 19.183.672

 

Segundo. Agotado el procedimiento al que se refiere el numeral anterior, fuere o no alegada la nulidad, devuélvase el expediente a esta Sala para su revisión.

 

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

 

VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado Ponente

 

 

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA         ANTONIO BARRERA CARBONELL

           Magistrado                               Magistrado

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General