A002-03


REPUBLICA DE COLOMBIA

Auto 002/03

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación

 

 

 

Referencia: expediente ICC-579

 

Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira  y el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de El Cerrito (Valle) en la acción de tutela promovida por Marleny Tenorio de Peña contra Telecom.

 

Magistrado Sustanciador:

Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

 

 

 

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil tres (2003).

 

Provee la Corte Constitucional sobre el aparente Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira y el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de El Cerrito (Valle) en la acción de tutela promovida por Marleny Tenorio de Peña contra Telecom.

 

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. El ciudadana Marleny Tenorio de Peña, en escrito dirigido el 4 de octubre de 2002 al Juzgado Promiscuo Municipal de El Cerrito (Valle), interpuso acción de tutela contra Telecom. (Palmira) y Ginebra (Valle), en la cual invoca protección al derecho de petición.

 

2. El Juzgado 2º Promiscuo Municipal de El Cerrito (Valle) a quien le correspondió por reparto declaró su incompetencia para conocer de esta acción de tutela en auto de 7 de octubre de 2002 y ordenó su remisión al Juzgado Civil del Circuito de Palmira.

 

3.  El Juzgado 4 Civil del Circuito de Palmira en auto de 11 de octubre de 2002, decidió inaplicar el artículo 1º numeral 2 del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 por considerarlo contrario a la Constitución Política y en la misma providencia ordenó enviar al expediente al Juzgado 2º Promiscuo Municipal de El Cerrito (Valle) para que tramite la acción de tutela referida.

 

4.  El Juzgado 2º Promiscuo Municipal de El Cerrito (Valle), en auto de 16 de octubre de 2000 insistió en su falta de competencia para conocer de este asunto y dispuso su remisión al Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira.

 

5.  El despacho judicial acabado de mencionar en auto de 22 de octubre de 2002, ordenó el envío de la actuación a la Corte Constitucional para que ella resuelva sobre el conflicto así suscitado.

 

6.  La Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión del 4 de diciembre del año 2002 no impartió aprobación al proyecto presentado por el magistrado doctor Jaime Araujo Rentería, en el que propuso la inhibición para decidir en este caso y, por ello, pasó el expediente al magistrado que sigue en turno en orden alfabético.

 

 

II.  CONSIDERACIONES.

 

1. Ante todo ha de recordarse por la Corte Constitucional que luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación, en auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior y por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Carta Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.

 

2. El Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de 14 de marzo de 2001, decidió suspender por un año la vigencia del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000,  “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”.

 

3. Transcurrido el término de un año a que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, este de nuevo entró en vigor, razón esta por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó, en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.

 

4. El Consejo de Estado en sentencia de 18 de julio de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con dos salvamentos de voto, declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000”, y la del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó las demás súplicas de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación bajo los números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057.

 

5. Así las cosas, la Corte Constitucional, en virtud de las circunstancias actuales, en acatamiento a lo resuelto en la sentencia aludida, ahora dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y, por ello dispondrá que esta acción de tutela se tramite por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira por tratarse de una acción de tutela incoada contra una entidad descentralizada del orden nacional.

 

 

III.  DECISIÓN.

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala Plena,

 

 

RESUELVE:

 

Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por la ciudadana Marleny Tenorio de Peña al Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira (Valle), para que la tramite y decida en forma inmediata.

 

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

 

 

 

 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Presidente

 

 

 

 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado

 

 

 

 

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General


Salvamento de voto al Auto 002/03

 

 

Referencia: expediente ICC-579

 

Peticionario: Marleny Tenorio De Peña

 

 

 

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado