Auto 014/05

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de la Corte Suprema de Justicia como superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA CONTRA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL-Competencia del juez de mayor jerarquía

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Reglas para el trámite

 

 

Referencia: expediente ICC-863

 

Conflicto de Competencia entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia

 

Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

 

 

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil cinco (2005). 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, profiere el siguiente

 

 

AUTO

 

 

ANTECEDENTES

 

1.      El 30 de marzo de 2004, el señor Nelson Rubio Aguiar interpuso acción de tutela ante los Tribunales del Tolima –reparto- por considerar violados sus derechos  fundamentales como desplazado por la violencia, por parte de la Red de Solidaridad Social, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Medio Ambiente y Fonvivienda, puesto que hasta el momento no ha visto garantizados los derechos fundamentales que tiene como desplazado. Por tanto, solicitó “que se ordene a las entidades demandadas observar y respetar los derechos fundamentales que [le] asisten, como la ayuda humanitaria de emergencia, arriendo, utensilios de cocina, vestuario, calzado, alimentos y a otorgar los recursos necesarios para adelantar el proyecto productivo (...)” se otorgue el subsidio de vivienda, se dé educación a sus hijos, y que se ordene a la Red de Solidaridad actuar diligentemente en su labor de coordinación de las entidades que integran el sistema nacional para la atención integral de la población desplazada.

 

2.      En auto del 31 de marzo de 2004, el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia, señaló que si bien la tutela venía dirigida contra varios ministerios –entidades del nivel central de orden nacional-, también lo era que de los hechos de la demanda no se desprendía que se atribuyera vulneración alguna a una entidad de carácter nacional, puesto que, según lo señalado en la demanda, es a la Red de Solidaridad a quien le corresponde coordinar las labores de las demás entidades para buscar proyectos que mejoraran las condiciones de los desplazados. Además, dentro de sus pretensiones ninguna vincula a las entidades de carácter nacional. En este orden de cosas, según el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, correspondía a los juzgados del circuito conocer de la presente acción. Por lo tanto, remitió el asunto a los juzgados del circuito para su conocimiento.

 

3.      El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, en providencia del 2 de abril del presente año, consideró que se debía aplicar lo dispuesto en numeral 1º, inciso 1º, del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, puesto que la acción había sido interpuesta no sólo contra entidades descentralizadas, sino, también, contra varios ministerios, entidades de orden nacional. Indicó el Juzgado que según  el inciso final del numeral 1º artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía”. A esto se sumaba el hecho de que la Corte Constitucional al conocer del ICC-751, en un caso con supuestos de hecho y demandados altamente semejantes, atribuyó la Competencia al Tribunal. Por tal motivo, la competencia correspondía al Tribunal Superior. En consecuencia, planteó el conflicto negativo de competencia y lo envió a la Corte Constitucional para su conocimiento.

 

 

CONSIDERACIONES

 

1. En pronunciamientos anteriores, esta Corporación estableció que no está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con un superior jerárquico común.[1]

 

Si bien no existe norma que lo disponga de manera expresa, los conflictos que se susciten en materia de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los jueces o tribunales entre los cuales se presente la colisión. Sólo en caso de no existir superior jerárquico común, la Corte Constitucional tiene la competencia para conocer de tal diferencia.[2]

 

2. La Corte ha determinado que en materia de tutela sí se pueden presentar conflictos de competencia entre un superior y un inferior jerárquico  puesto que los jueces, independientemente de su jurisdicción y jerarquía, hacen parte de la jurisdicción constitucional –criterio funcional-.[3] Así las cosas, por ejemplo, sí se puede presentar un conflicto de competencia entre un juez civil municipal y un juez civil del circuito, comprensivo del municipio.

 

3. En el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, y el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia, es la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Es ésta quien en principio debería conocer del presente conflicto[4].

 

4. A pesar de que la Corte ha reconocido reiteradamente que su competencia es residual y que cuando los jueces en conflicto tengan un superior jerárquico común que pueda conocer del conflicto no le corresponde a esta Corporación hacerlo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales. Ha dicho la Corporación:

 

 

“No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cual es necesario –las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.

 

La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por que sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela.”[5]

 

 

5. Dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que esta Corporación conoce del conflicto de competencia, la Sala considera necesario entrar a resolver de manera directa la presente colisión.

 

Del caso concreto

 

Ante la Corte se plantea el aparente conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia, y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué.

 

En auto A-216 de 2003, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, la Corporación conoció de un asunto altamente semejante al que ahora se analiza. En esa ocasión se accionada a la Presidencia de la República y varios ministerios, conjuntamente con el Inurbe y la Red de Solidaridad Social. El Tribunal que conoció de la tutela estimó que de los hechos se desprendía que la presunta vulneración radicaba en la Red de Solidaridad y, por tal motivo, envió el asunto a conocimiento de los jueces de circuito. Al ser recibido por éstos se planteó un conflicto negativo de competencia. Frente a tal situación la Corte Constitucional afirmó que “en virtud de las circunstancias actuales, en acatamiento a lo resuelto en la sentencia aludida, ahora dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 1º, numeral 1º, inciso primero del Decreto 1382 de 2000, por cuanto esta acción de tutela fue interpuesta, no solo contra la Red de Solidaridad Social, entidad del sector descentralizado por servicios del orden Nacional, sino también contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la Republica, lo que indica que, por tratarse de una acción dirigida contra autoridades publicas del orden Nacional, la competencia corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a los Tribunales Administrativos o el Consejo Seccional de la Judicatura, sin que pueda en el primer auto y para provocar el conflicto de competencia aseverar que no prosperara contra las autoridades Nacionales mencionadas.”[6]

 

En la presente ocasión, corresponde a la Corporación seguir su precedente. En esa medida, se enviará el asunto a conocimiento del Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia .

 

Vale la pena señalar que tal decisión también se ve respaldada por lo dispuesto en el inciso 5º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 que señala que “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.”

 

 

DECISION

 

Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. REMITIR el expediente de tutela al Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia, para que adelante la correspondiente actuación judicial.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Presidente

 

 

 

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

 

 

 

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

HUMBERTO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

 

ÁLVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

Salvamento de voto al Auto 014/05

 

 

Referencia: expediente ICC-863

 

Peticionario: NELSON RUBIO AGUILAR

 

 

 

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado