Auto 027/10

 

NULIDAD SENTENCIAS PROFERIDAS POR CORTE CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia

 

FALLOS DE TUTELA PARA REVISION-Autos que dejan constancia de selección son providencias de trámite que no restringen competencia de la Corte Constitucional

 

NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS EN PROPIEDAD-Trato igual a quienes participaron en concurso público y abierto para provisión de cargos

 

ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Fallos de tutela que no son seleccionados para revisión hacen tránsito a cosa juzgada constitucional

 

FALLOS DE UNIFICACION Y ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Supremacía e integridad de la Constitución y efectividad de derechos fundamentales

 

SENTENCIA DE UNIFICACION-Revisa criterios contrapuestos en fallos revisados o no por la Corte Constitucional

 

NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS EN PROPIEDAD-Efectos inter comunis otorgados en sentencia SU913/09

 

CONCURSO DE NOTARIOS-Sentencia SU913/09 reconoce estado de cosas inconstitucional y profiere órdenes generales en condiciones de igualdad

 

DERECHO A LA IGUALDAD-No reconocimiento de curso de diplomado a ningún participante en concurso notarial

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por cuanto pretende reabrir debate decidido en sentencia SU913/09 con el propósito de conservar puntaje por curso de diplomado

 

 

Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia SU - 913 de 2009 propuesta por la señora María Eugenia Rojas de Urueta a través de apoderado.

 

Magistrado Ponente:

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ.

 

Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diez (2010).

 

Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre la solicitud de nulidad de la Sentencia SU-913 de 2009 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, interpuesta por la señora María Eugenia Rojas de Urueta, a través de apoderado.

 

 

I.     Antecedentes.

 

A continuación pasa la Sala Plena de la Corte Constitucional a efectuar una breve síntesis de los aspectos relevantes del trámite de revisión y de las consideraciones y decisiones que fueron materia de la sentencia SU 913 de 2009:

 

1.    El Auto 244 de 2009.

 

El artículo 131 de la Constitución Política, en su inciso segundo, establece que el nombramiento de notarios en propiedad debe realizarse mediante concurso. Así, la inobservancia sistemática e injustificada de este mandato superior, dio origen a que esta Corporación hubiese declarado en tres oportunidades, mediante las sentencias SU–250 de 1998, T-1695 de 2000 y C-421 de 2006, un estado de cosas inconstitucional y a que a propósito de las tutelas en referencia la Corte Constitucional hubiese proferido el auto 244 de 23 de julio de 2009, mediante el cual anunció los efectos “inter comunis” que tendría la sentencia y su interés en lograr la observancia efectiva del artículo 131 Superior.

 

En esos términos y con el fin de proteger los derechos fundamentales de todos los participantes en el concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial, otorgó un plazo para asegurar las intervenciones de todos los interesados, con el fin de garantizar el derecho de defensa y contradicción.

 

Al respecto conviene precisar que el mencionado auto fue debidamente notificado a todos los interesados mediante publicación en el diario El Tiempo de fecha 27 de julio de 2009, sin perjuicio de que, adicionalmente, la Superintendencia de Notariado y Registro informara vía electrónica a cada uno de los interesados.

 

2.     La sentencia SU- 913 de 2009.

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional mediante sentencia SU - 913 de 2009, concluyó lo siguiente:

 

2.1 Distinción entre notarios en propiedad, interinidad y encargo. El mérito como requisito para el ejercicio en propiedad de la función pública notarial.

 

El inciso primero del artículo 146 del estatuto notarial establece que solo puede acceder al nombramiento en propiedad quien ha sido seleccionado mediante concurso, privilegiando el mérito dentro del concurso notarial. De manera que si los mecanismos de encargo e interinidad son utilizados, no para asegurar la continuidad del servicio notarial en circunstancias excepcionales, sino para desconocer el mandato constitucional relativo a la obligatoriedad del concurso para el nombramiento de los notarios (CP art. 131), entonces se está ante una clara desviación de poder, que acarrea la nulidad de la correspondiente actuación administrativa.

 

Cuando el nombramiento como notario derive de una situación diferente a la de encontrarse incluido en una lista de elegibles, por haber surtido con éxito el concurso de méritos correspondiente y haber obtenido el mejor puntaje, el notario podrá ser validamente desplazado por quien tenga derecho a ocupar el cargo en propiedad sin necesidad de trámite o autorización adicional alguna, pues en tal caso no tendrá a su favor derecho adquirido ni una situación jurídica consolidada. 

 

2.2 La Corte Constitucional encontró probado un defecto sustantivo en las providencias proferidas en el curso de la acción popular 0413-07, en la  medida que el Juez Popular no realizó un juicio dirigido a demostrar la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa sino que se limitó a efectuar un juicio de legalidad propio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho.

 

La acción popular materia de las tutelas en revisión se instauró con el fin de demostrar que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, integrado por los representantes de las más altas dignidades del Estado: Ministro del Interior y de Justicia, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación y Superintendente de Notariado y Registro, vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa, al establecer mediante el Acuerdo 01 de 2006, un requisito adicional al previsto en el artículo 5, literal g) del Decreto 3454 de 2006, para acreditar la autoría de obras en derecho, con el propósito de favorecer a los notarios que se encontraban en interinidad. En efecto, nada se estableció, analizó o acreditó  respecto de la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa ni al supuesto beneficio que buscó tan importante Consejo Superior de la Carrera Notarial.

 

Al respecto el fallo que se acusa de nulidad señaló que, correspondía al juez popular no sólo efectuar un juicio de legalidad sobre la competencia que asistía al Consejo Superior de la Carrera Notarial para fijar criterios dirigidos a acreditar los requisitos del concurso frente a la potestad reglamentaría atribuida al Presidente de la República por el artículo 189 numeral 11 de la Carta, sino, además, establecer si de encontrar probada tal ilegalidad, se derivó un efectivo beneficio a terceros capaz de enervar la moralidad administrativa como derecho, principio y valor. Así, se demostró que la decisión del Juez Popular en segunda instancia no guardó correspondencia con los requisitos de procedibilidad de la acción popular señalados por la Ley 472 de 1998, como tampoco cumplió con la finalidad que le asignó el artículo 88 Superior, cual es la protección de los derechos colectivos.

 

Por tal razón se ordenó la revocatoria de las providencias judiciales proferidas en el curso de la acción popular 0413-07, y se reconoció plenos efectos a las listas de elegibles originalmente elaboradas y publicadas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

 

2.3 Se acreditó la presencia de una defecto sustantivo originado en el desconocimiento de la presunción constitucional y legal respecto de la existencia del derecho moral de autor, así como de la libertad probatoria para acreditar la titularidad de una obra literaria. Se reitero el derecho moral de autor como derecho fundamental y se concluyó que la providencia proferida por el Juez Popular dentro de la acción 413-07 desconoció el Bloque de Constitucionalidad, al cual se integra la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena.

 

La Ley 588 de 2000 estableció de manera general la asignación de cinco puntos a la autoría de una obra en derecho y guardó silencio respecto del medio de prueba destinado a acreditar la calidad de autor, por lo cual los operadores jurídicos se debían remitir a las normas especiales en materia de derecho de autor, en las cuales se define como principio rector “la protección automática de la autoría”, de manera que el reconocimiento de la titularidad de una obra literaria no estuviese subordinada a formalidad alguna; postulado que se viene confirmando en la normatividad interna mediante la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Ley 565 de 2000 por la cual se ratificó el tratado Ompi sobre derecho de autor y la Decisión Andina 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

De allí que, si de lo que se trataba era de establecer a quién se tenía como autor de una obra para efectos de recibir cinco puntos por autoría, resultaba ineludible acudir a la presunción iuris tantum prescrita en los artículos 9 y 10 de la Ley 23 de 1982, según la cual se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique aparezca radicado en la obra, de manera que la ley otorga al autor el reconocimiento a su obra sin que se requiera registro o depósito alguno. Dicha presunción iuris tantum fue convalidada por la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena que forma parte del bloque de constitucionalidad, en cuanto tiene que ver con la protección de los derechos morales de autor.

 

Así, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 4º de la Ley 588 de 2000, es la autoría de una obra en derecho y, ninguna otra circunstancia, la que hace procedente la asignación de cinco (5) puntos. Por ello,  debido a un exceso de ritual el juez popular otorgó mayor valor a un requisito instrumental que a la garantía del derecho sustancial. Por lo anterior, mediante la sentencia SU 913 de 2009 se reconoció plena validez al puntaje otorgado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial a las obras en derecho que fueron acreditadas mediante el mecanismo alterno previsto en el numeral 11 del artículo11 del Acuerdo 01 de 2006 y se reconoció la firmeza de los puntajes otorgados según las listas de elegibles elaboradas inicialmente por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

 

2.4 Por lo anterior, la Corte Constitucional encontró que se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad,  al debido proceso, al trabajo, a la buena fe y confianza legítima de los participantes, al desconocer las reglas del concurso público y abierto para la provisión de cargos de notarios en propiedad, así como el principio de inmodificabilidad de las listas de elegibles cuando su conformación se ajusta a la Constitución y la ley.

 

Se estableció que las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y resultan inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales. Señaló la Corte que la Constitución Política optó por el sistema de carrera para la provisión de los cargos del Estado -artículo 125 de la CP-, y por el método de concurso para su materialización^[1]. El concurso notarial fue expresamente previsto por el artículo 131 Superior para la selección de notarios en propiedad, como una manera de asegurar que el mérito fuese el criterio preponderante para el ejercicio de esa específica función pública. Por ese motivo, la doctrina de la Corte Constitucional ha perseguido que la selección se efectúe de acuerdo con un puntaje objetivo que valore el conocimiento, la aptitud y la experiencia del aspirante.

 

Se recordó que se quebranta el derecho al debido proceso -que, según el artículo 29 de la Constitución obliga en todas las actuaciones administrativas- y se infiere un perjuicio cuando el nominador cambia las reglas de juego aplicables al concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Así mismo, se lesiona el derecho al trabajo cuando una persona es privada del acceso a un empleo o función pública a pesar de que el orden jurídico le aseguraba que, si cumplía con ciertas condiciones -ganar el concurso-, sería escogida para el efecto. En idéntica línea se conculca el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, cuando se otorga trato preferente y probadamente injustificado a quien se elige sin merecerlo, y trato peyorativo a quien es rechazado no obstante el mérito demostrado.

 

Lo contrario equivaldría a vulnerar el principio de la buena fe -Artículo 83 de la Carta- al defraudar la confianza de quien se sometió a las reglas establecidas para acceder a un cargo de carrera administrativa después de haber superado todas las pruebas necesarias para determinar que él había ocupado el primer lugar y, por contera, los derechos adquiridos en los términos del artículo 58 Superior.

 

Por lo expuesto se declaró que el Tribunal Administrativo del Tolima con su decisión de 13 de julio de 2009, afectó los derechos a la igualdad, confianza legítima y buena fe de los participantes del concurso.

 

2.5 Concluyó la Corte que las listas de elegibles son actos administrativos de contenido particular y concreto, así como la obligación de respetar derechos adquiridos.

 

Las listas de elegibles que se conforman a partir de los puntajes asignados con ocasión de haber superado con éxito las diferentes etapas del concurso, son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en firme, salvo expresas excepciones legales. Es así como la Sentencia T-455 de 2000 señaló que aquél que ocupa el primer lugar en un concurso de méritos no cuenta con una simple expectativa de ser nombrado sino que en realidad es titular de un derecho adquirido.

 

El Juez Popular mediante providencia de 13 de julio de 2009, al declarar la nulidad con efectos retroactivos del aparte final del numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2006, eliminar el puntaje obtenido por quienes acreditaron la obra en derecho de la forma prevista en el acto de convocatoria, y ordenar la reconformación de las listas de elegibles, desconoció sin causa justa las reglas que orientaron el concurso a esa fecha culminado, reglas que como quedó consignado en apartes anteriores se encontraron conformes con la ley y la Constitución; de la misma forma desconoció los derechos adquiridos de quienes se encontraban designados como notarios o en posición privilegiada dentro de las listas de elegibles y contaban con la seguridad jurídica de que su nombramiento se haría efectivo en un plazo no mayor a treinta días hábiles, según lo señalado en la leyes del concurso y paso por alto la existencia de actos particulares y concretos debidamente ejecutoriados contenidos en los acuerdos 112 de enero de 2008, 124 de marzo de 2008, 142 de junio de 2008,150 de julio de 2008 y 167 de  septiembre de 2008.

 

Al respecto, la Corte señaló que ni el Juez Popular so pretexto de proteger el derecho colectivo a la moralidad administrativa -que como se vio en apartes anteriores de esta providencia no resultó vulnerado- ni los Jueces de Tutela tenían facultad alguna para ordenar la modificación de listas de elegibles, alterar el orden de elegibilidad y revocar nombramientos de notarios en propiedad que derivaron de obtener los mejores puntajes en el concurso, para ordenar en su lugar el nombramiento de participantes que no alcanzaron por mérito a ser destinatarios de las plazas por proveer.

 

2.6 La Corte Constitucional declaró la naturaleza temporal y precaria de las medidas cautelares, así como la imposibilidad material de ordenar la reconformación de listas de elegibles y el nombramiento de notarios en propiedad con fundamento en la medida provisional de 29 de agosto de 2008, proferida dentro de la acción Popular 0413-07, hasta tanto no fuese definida la discusión  sobre el puntaje que otorgaba a la autoría de obras en derecho la Ley 588 de 2000.

 

Precisó la Corte que la medida cautelar es ante todo una decisión de oficio que trata de crear un estado jurídico provisional que dure hasta que se defina el derecho en litis. Se trata de un arreglo temporal del litigio que sólo, eventualmente, puede tornarse definitivo a partir de la decisión final. Indicó la Corte que es de la esencia de la medida cautelar su temporalidad y precariedad, es decir, su falta de vocación y fuerza para producir efectos definitorios bien constitutivos o extintivos de derechos.

 

Sin embargo, pese a la temporalidad de la medida cautelar y a que su naturaleza le impedía generar derechos con efectos definitivos, fue utilizada por aquellos participantes que no alcanzaron con su puntaje a acceder a los cargos de notario en propiedad, para obtener por vía de tutela su nombramiento, sin que se diera margen de espera para conocer la aplicación final de los cinco puntos que se encontraban suspendidos para quienes no acreditaron la autoría de sus obras en la forma prevista en el Decreto 3454 de 2006.

 

La Corte Constitucional consideró que aquellos concursantes que acudieron a la acción de tutela con el fin de obtener el cargo de notario a partir de los efectos provisionales de la medida cautelar, eran perfectamente concientes y conocedores de que no podían derivar de tal situación temporal y precaria un derecho con vocación de permanencia, de manera que en su condición de abogados –pues así lo exige el concurso-, sabían de antemano que su nombramiento era igualmente temporal y precario hasta tanto se decidiera la suerte de los cinco puntos en discusión.

              

De manera que al desaparecer del mundo jurídico la medida provisional, como en efecto ocurrió, según la orden contenida en la sentencia de 11 de marzo de 2009 proferida por la Juez Cuarta Administrativa de Ibagué dentro de la Acción Popular en cita y reconocerse por la Corte Constitucional la validez del puntaje asignado por autoría de obras en derecho a aquellos participantes que acreditaron su titularidad mediante la publicación acompañada del certificado del editor o de la imprenta, tuvo lugar el decaimiento de los actos administrativos de nombramiento, en razón a la ocurrencia de circunstancias posteriores que significaron la desaparición de los fundamentos de derecho que sirvieron de soporte tanto al nombramiento como a las órdenes proferidas por vía de tutela.

 

En ese orden, no puede reconocerse en estos casos la presencia de derechos adquiridos o situaciones consolidadas, en consideración a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de nombramiento, el cual se asimiló a un nombramiento en interinidad.     

 

En consecuencia, se concluyó que las personas nombradas en las condiciones antes citadas, podrían ser válidamente desplazadas, por quienes se encuentran en lista de elegibles con mejores puntajes y mejor derecho para ser designados como notarios en propiedad, sin que ello genere responsabilidad alguna para el Estado, pues se insiste, mal podrían entender estas personas que se les vulnera un derecho en desmedro de los derechos de quienes ocuparon los primeros lugares en las listas de elegibles.

 

A su turno, los jueces de tutela que impartieron órdenes de nombramiento a partir de medidas provisionales, efectuaron una falsa interpretación del orden positivo, al desconocer la función lógica y teleológica de la medida cautelar, otorgándole un alcance distinto a aquel que el derecho, la jurisprudencia y la comprensión le asigna a la medida preventiva. Por tal razón, las providencias de tutela, que se expidieron con ocasión de la medida cautelar proferida en el curso de la acción popular 0413-07, materia de revisión o no, fueron revocadas, como medida general necesaria para conjurar el estado de cosas inconstitucional que se derivó ya no de la omisión del concurso sino de la injustificada tardanza para dar cumplida atención al artículo 131 Superior, de forma que fuesen provistos los cargos de notario por quienes con su mérito se hicieron acreedores a tal derecho.

 

De conformidad con lo expuesto y atendiendo los efectos inter comunis que se otorgó a la providencia, la Corte Constitucional ordenó revocar todos aquellos fallos de tutela que tuvieron como fundamento la medida cautelar proferida dentro de la acción popular 0413-07 o el Acuerdo 178 de 2009 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, así como aquellas tutelas que desconocieron sin justificación alguna los mandatos expresos contenidos en el artículo 4 de Ley 588 de 2000, con el fin de dotar de transparencia el concurso de notarios. En concordancia con ello se dejaron sin efecto la totalidad de nombramientos efectuados con ocasión de tales providencias judiciales.

 

En consecuencia, se reconoció la plena firmeza y ejecutoriedad a los Acuerdos 112 de 31 de enero de 2008, 124 del 13 de marzo de 2008, 142 del 9 de junio de 2008, 150 de 2 de julio de 2008 y 167 del 24 de septiembre de 2008, así como aquellos acuerdos que hayan modificado las listas de elegibles con ocasión del reconocimiento de errores aritméticos o hayan ordenado la exclusión de concursantes por inhabilidad o edad de retiro forzoso.   

 

2.7 En esa línea la Corte mediante su sentencia SU 913 de 2009 reconoció que persistía un estado de cosas inconstitucional, evento en el cual, como en otras oportunidades, la Corte Constitucional asumió de manera integral el conocimiento de todas las situaciones que atentaron sistemáticamente contra la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales, de manera que para su efectiva protección resultaba precaria la adopción de medidas inter partes, dada la entidad y trascendencia de los hechos trasgresores frente a los cuales las medidas debían tener mayor espectro. 

 

En ese sentido la sentencia despliega acciones estructurales dirigidas a encausar la situación anómala dentro los linderos de la Carta; de forma que no restringió sus efectos a aquellos que acudieron a la acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales, sino que los extendió a un número indeterminado de personas representadas en todos aquellos que participaron en el concurso de méritos para acceder al cargo de notarios.

 

Para la Corte Constitucional, continuaba la vulneración al artículo 131 Superior, al impedir que el ejercicio de la función pública notarial se realizara a través de funcionarios de carrera elegidos por mérito luego de superar válidamente el concurso notarial, así como los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, al trabajo, al acceso a la carrera notarial, el derecho moral de autor, la buena fe y confianza legítima de aquellos participantes que fueron incluidos en lista de elegibles y aun designados como notarios pero que por efecto de decisiones judiciales, se les obstaculizó injustificadamente el derecho a ser nombrados en propiedad, provocando un desquiciamiento de las listas de elegibles  en todo el país.

 

Ante la permanencia del estado de cosas inconstitucional, concluyó la Sala Plena que en su calidad de guardiana de la Constitución Política, según se señala en el artículo 246 Superior, tomaría las medidas necesarias para unificar posiciones jurídicas respecto al concurso notarial y conjurar de manera definitiva las prácticas enfiladas a impedir la materialización del contenido del artículo 131 Superior y a socavar los derechos fundamentales de los concursantes.

 

2.8 Atendiendo los efectos inter comunis de esta providencia la Corte optó por  proteger los derechos de todos aquellos participantes que se encontraban en las diferentes listas de elegibles elaboradas para proveer las notarías de todo el país, con los mejores puntajes y que en correspondencia al número de notarías por proveer en cada Círculo notarial no fueron designados.

 

En ese orden, la Corte ordenó volver al estado de cosas vigente hasta antes de la promulgación de la medida cautelar de 29 de agosto de 2008 y, en consecuencia, ordenó dejar sin efectos el Acuerdo 178 de 2009. De esta manera quienes obtuvieron los mejores puntajes en orden descendente de acuerdo con el número de notarias por proveer se les reconoció su derecho a ser nombrados, así como a verificar el orden de preferencia señalado en el formulario de inscripción de acuerdo con los puntajes obtenidos.

 

En esa línea, la Corte Constitucional dejó sin efectos la totalidad de nombramientos que ocurrieron por vía de tutela a partir de la medida cautelar proferida en la acción popular 0413-07 o que ocurrieron sin necesidad de orden judicial con ocasión de la reconformación de la lista de elegibles del nodo Bogotá según el Acuerdo 178 de 2009, o que tuvieron lugar desconociendo las reglas del concurso.

 

2.9 Atendiendo los efectos generales de la sentencia y la necesidad de tomar medidas dirigidas a asegurar la integridad de las lista de elegibles y que la provisión de los cargos de notarios se ajustara al postulado del artículo 131 superior, se decidió tomar otras medidas generales, a propósito de las diferentes denuncias efectuadas a partir de las intervenciones realizadas.

 

Uno de los puntos a revisar, en tanto distorsionaba el orden de las lista de elegibles, fue el reconocimiento del puntaje otorgado a especializaciones y posgrados por el inciso tercero del literal a) del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, mediante el uso de acciones judiciales, aspectos que fueron denunciados como vulneración al principio de igualdad mediante las intervenciones  que se encuentran a folios 293 a 310 del cuaderno 6, según las cuales los señores María Eugenia Rojas de Urueta y Eduardo Pacheco Juvinao, obtuvieron mediante acción de tutela el reconocimiento indebido de 10 puntos, que el artículo 4 de la Ley 588 otorgó únicamente a las especializaciones y demás “posgrados”. Para el efecto, acudió a las definiciones legales que trae la Ley de Educación , es decir, la Ley 30 de 1992 sobre los niveles de posgrado y sus requisitos, llegando a la conclusión que los cursos de educación continuada como lo son los Diplomados no tiene tal calidad y por tanto no son destinatarios de los diez puntos que la Ley 588 de 2000 otorgó expresamente a estos niveles de formación. Así, de aceptarse esta puntuación a un curso de Diplomado se estaría modificando sin justa causa las reglas del concurso como la lista de elegibles en detrimento del derecho a la igualdad de los demás participantes.

 

Por otro lado, se indicó la imposibilidad de mantener personas en interinidad o encargo, después de haber adelantado el concurso para el acceso a la carrera notarial y contar con listas de elegibles vigentes, pues de la información aportada por la Superintendencia de Notariado y Registro se dio cuenta de nombramientos en tal calidad en diferentes círculos, de personas que no  contaban con un puntaje que les permitiera acceder al cargo de notario o que no participaron en el concurso. Por tal motivo, la Corte ordenó dejar sin efectos los nombramientos en interinidad  y en encargo  y reemplazarlos con personas que si participaron en el concurso y alcanzaron los mejores puntajes, es decir, hacer uso de las listas de elegibles vigentes.

 

En el mismo sentido, se ordenó respetar el orden de preferencia en la distribución de notarías. Así, se señaló que las notarías debían ser asignadas a los primeros mejores puntajes en orden descendente y que en consideración  a lo establecido en los artículos 6º de la Ley 588 de 2000 y 4º del Decreto  3454 de 2006, los mejores puntajes en orden descendente ocuparan los cargos de notario, según el número de notarías a proveer . Así mismo la distribución de notarías entre los ganadores, según las normas antes señaladas se debían realizar atendiendo el orden de preferencia anotado en el formulario de acuerdo con el puntaje obtenido.

3. La solicitud de nulidad de la sentencia SU- 913 de 2010.

 

Con fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009), se recibió en la Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad parcial de la sentencia SU- 913 de 2009, presentada por la señora María Eugenia Rojas de Urueta, a través de apoderado.

 

Los argumentos propuestos por la solicitante se fundan en la vulneración al debido proceso, la cual tuvo lugar al ordenar en el numeral Décimo Séptimo de la parte resolutiva de la sentencia SU-913 de 2009: “REVOCAR todos los fallos proferidos en el curso de acciones de tutela, en los cuales se hubiese reconocido el puntaje previsto por el artículo 4 de la Ley 588 de 2000 para estudios de posgrado -especialización, maestría, doctorado y posdoctorado-, a programas distintos de éstos en los términos de los artículos 10 y 25 de la Ley 30 de 1992. En consecuencia, REVOCAR el puntaje reconocido indebidamente de conformidad con la parte motiva de esta providencia.”.

 

Lo anterior por cuanto:

 

3.1  1º Cargo. Falta de congruencia y fallo extra petita.

 

Aunque la solicitante reconoce que el juez de tutela puede fallar extra petita o ultra petita, ello no significa rebasar desmedidamente los límites del problema jurídico y el objeto de la controversia puesta a su consideración, puntos que en el caso de la Corte Constitucional están delimitados por el contenido del auto que seleccionó las tutelas objeto de revisión.

 

El objeto del trámite de revisión constitucional fue fijado por el Auto 244 de 23 de julio de 2009, providencia en la cual se señaló que la labor de revisión y unificación jurisprudencial versaría sobre las discrepancias surgidas alrededor de las providencias  proferidas en el trámite de la acción popular  No. 73-001-33-31-004-2007-00413-00 y de la validez de los medios de prueba dirigidos a  acreditar obras en derecho, dentro del concurso de notarios en el país, de manera que para apoyar su afirmación cita el acápite de “ANTECEDENTES”  contenido en el Auto 244 de 2009.

 

Considera la solicitante que, en ningún momento se advirtió a los interesados que el trámite de revisión también versaría sobre la validez de los puntajes asignados a los concursantes en aspectos ajenos a la autoría de obras en derecho. A pesar de ello, en el numeral 14.5 de las consideraciones de la sentencia SU -913 de 2009, la Corte sorpresivamente entró a estudiar el punto relacionado con la formación académica de los concursantes, bajo el título “Casos especiales que deben ser cobijados por las órdenes de esta providencia”, con lo cual se rompió la unidad de materia de que trata la Jurisprudencia.

 

Al pronunciarse la Corte sobre la validez del puntaje otorgado por la realización de un curso de diplomado, desbordó su competencia  dentro del trámite de revisión, profiriendo una orden extra petita, sorpresiva para la solicitante, en la medida que tal punto no fue previsto en el auto que ordenó la revisión. Así, la señora Rojas afirmó que “…se informó que se habían presentando escritos en donde se planteaba el asunto y se controvertía la asignación de puntaje por Diplomado en el momento en que la sentencia fue publicada por medios electrónicos”, con lo cual se vulneró su derecho al debido proceso.

  

3.2  2º Cargo. La sentencia SU-913 de 2009 desconoce la cosa juzgada constitucional.

 

En innumerables sentencias la Corte Constitucional ha reconocido que los fallos de tutela que no son seleccionados para revisión  hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, razón por la cual son inmutables y no pueden ser objeto de nuevos debates jurídicos. Con el fin de soportar sus afirmaciones cita las sentencias  SU 1219 de 2001, T-1164 de 2003 y T-502  de 2008, según las cuales los fallos de tutela que no son seleccionados para revisión no pueden ser reabiertos mediante selecciones futuras. En el presente caso, afirma que la sentencia de tutela proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de 10 de septiembre de 2008, por la cual se le reconocieron 10 puntos por la realización de un Diplomado, ya había hecho tránsito a cosa juzgada constitucional y por tanto no podía ser revocada por la Corte Constitucional como efectivamente se hizo en la sentencia SU 913 de 2009.

 

Recuerda que mediante auto de 5 de noviembre de 2008, la Corte decidió “NO SELECCIONAR” el expediente T-2067073, así como por auto de 29 de enero de 2009, decidió no aceptar la solicitud de insistencia de revisión formulada por el Ministerio Público.

  

3.3  3er Cargo. La sentencia SU 913 de 2009 carece de motivación.

 

Considera la solicitante insuficientes las razones expresadas por la Corte en la parte considerativa de la sentencia SU 913 de 2009. No censura que la argumentación haya sido breve sino el que no se hubiesen analizado los argumentos a favor o en contra de un asunto tan delicado en el que se involucra la autoridad de la cosa juzgada constitucional. Tampoco se tuvo en cuenta que el inciso 1º del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, se refiere en general a “…estudios de posgrado y estudios de especialización o diplomados…” como elementos a valorar en el concurso, aspecto que debía integrarse al aparte posterior de la norma que establece el valor a otorgar a “especialización o posgrados” en 10 puntos.

 

En términos de la señora Rojas, la postura de la Corte no da valor a los Diplomados, con lo cual se desconoce el efecto útil de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 4 de la ley 588 de 2000, ley especial y posterior a la Ley de Educación. De acuerdo con la jurisprudencia entre dos posibles interpretaciones de una norma, siempre debe preferirse aquella que otorga consecuencias jurídicas a la norma interpretada a aquella que no.

 

El concurso de notarios está reglado por leyes especiales que deben aplicarse de preferencia sobre normas generales, en donde debe primar la Ley 588 de 2000 – Ley de notariado- sobre la Ley 30 de 1992 –Ley de Euacación-. Así, el ordinal 1º del artículo 5 de la Ley 57 de 1887 prescribe que: “…la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga alcance general…” o el artículo 2 de la Ley 153 de 1887 manda que “ La ley posterior prevalece sobre la anterior, En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicara la ley posterior”, de manera que si existiera conflicto  entre la Ley 30 de 1992 y la Ley 588 de 2000, es obvio que prima la ley especial que rige el concurso de notarios. La letra “o” utilizada en la expresión estudios de especialización o diplomados es conjunción copulativa, es decir, establece una equivalencia entre especialización y diplomado para el concurso de notarios. Ello por cuanto, a su juicio, un diplomado en asuntos notariales tiene mayor incidencia que una Maestría en un campo totalmente ajeno a la actividad notarial, problema jurídico que no fue estudiado en la sentencia SU 913 de 2009.

 

3.4  4º Cargo. Se desconoce  la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional  respecto de los efectos inter comunis de sus sentencias.

 

La Sala Plena  de la Corte Constitucional ha sostenido  que los fallos de tutela sólo pueden tener efectos inter comunis,  cuando las órdenes del juez  amparen derechos fundamentales  de personas que no han acudido a la acción siempre y cuando reúnan condiciones comunes a la de los tutelantes, es decir, cobijaría a aquellos concursantes que no utilizaron la acción de tutela pero resultaron afectados con las decisiones de los jueces de Ibagué. En tal caso, la valoración del Diplomado no era común , ni similar  a la de las personas que participaron en las acciones de tutela objeto de revisión, de manera que la sentencia no puede ser vinculante respecto de asuntos distintos a la acreditación de la autoría de obras en derecho.

 

Finalmente, considera la solicitante que en el curso de la revisión no se le corrió traslado de las denuncias efectuadas por la ciudadana María Claudia Pavajeau Urbina, de manera que su existencia sólo fue conocida mediante la sentencia SU-913 de 2009.

 

II.    Consideraciones y fundamentos.

 

1. Competencia.

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.

 

Para efectos de responder a la nulidad planteada, y de conformidad con los antecedentes ya reseñados, la Corte reitera los parámetros generales que enmarcan la doctrina constitucional sobre nulidad de sentencias proferidas por esta Corporación, para luego revisar el caso concreto.

 

2. Doctrina constitucional sobre la nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia.

 

El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 prevé que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno” y que las nulidades de los procesos ante la Corte sólo podrán alegarse antes de proferido el fallo, “únicamente por violación al debido proceso”. No obstante, cuando la irregularidad alegada nace de la misma sentencia, esta Corporación ha admitido la posibilidad de solicitar la nulidad de una sentencia con posterioridad a su emisión^[2].

 

En materia de los fallos de revisión de tutela la jurisprudencia constitucional ha considerado, de tiempo atrás, la posibilidad de declarar la nulidad de las decisiones proferidas por las salas de revisión, en ciertos eventos realmente excepcionales, en los cuales se constate una grave afectación al debido proceso bien sea de oficio^[3] o a solicitud de parte interesada.

 

No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional es excepcional, ya que no implica reconocer que existe "un recurso contra esta clase de providencias", ni mucho menos una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas^[4]. En esa medida, quien solicite la nulidad de un fallo de tutela proferido dentro de un trámite de revisión debe dar cumplimiento de una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada.

 

Precisamente, por razones de seguridad jurídica y de garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de esta Corporación tiene características muy particulares, en virtud a que "se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental. en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”^[5] (subrayado fuera de texto)”^[6]

 

En ese sentido la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que quien acude en solicitud de nulidad de una sentencia de revisión, debe acreditar el cumplimiento de unos requisitos de procedibilidad, además de invocar y sustentar cualquiera de las causales de procedencia de nulidad de las sentencias específicamente señaladas por la doctrina constitucional.

 

3. Presupuestos que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias de tutela proferidas con ocasión de un trámite de Revisión de la Corte Constitucional.

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas con ocasión del trámite de revisión de tutelas, los siguientes^[7]:

 

(i) Que el incidente de nulidad se proponga de manera oportuna, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la sentencia^[8]. Si la nulidad tiene origen en un vicio anterior al fallo “sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” (Art. 49 Decreto 2067 de 1991); de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla^[9]. De la misma forma, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada^[10].

 

(ii) Quien proponga el incidente de nulidad debe contar con legitimación activa para tal efecto, esto es, debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite del amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión, y,

 

(iii) Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida^[11]. Lo expuesto, significa que no es suficiente el expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada.

 

4. Presupuestos materiales de procedencia de peticiones de nulidad de sentencias proferidas con ocasión del trámite de revisión por la Corte Constitucional.

 

Adicional a los requisitos formales de admisibilidad de las solicitudes de nulidad, también se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación a este derecho constitucional fundamental el cual "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”^[12]. Con base en estas circunstancias, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características^[13], así:

 

(i)          En aquellos casos en que la sentencia proviene de una sala de revisión que se aparta del criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica, debido a que, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. Ello por cuanto los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte.

 

(ii)        Cuando las decisiones no sean adoptadas por las mayorías legalmente establecidas. Esto ocurre, en los casos en que se dicta sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.

 

(iii)     Cuando se presente una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance de la decisión proferida. Un ejemplo de ello son las decisiones anfibológicas o ininteligibles, las contradictorias o las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva. Es importante precisar que los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de redacción, como de argumentación, no configuran violación al debido proceso. En este orden, ha manifestado la Corte que el estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad.

 

(iv)     Cuando en la parte resolutiva de la sentencia se profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa, y,

 

(v)        Cuando la Sala de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presenta de parte de ésta es una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Constitución y la ley.

 

En este orden, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas con ocasión de un trámite de revisión de esta Corte, deben ser entendidas como un trámite de creación jurisprudencial, basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional^[14]. Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia,               los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental tantas veces aludido^[15].

 

Procede, en consecuencia, la Sala Plena a verificar si se observaron los presupuestos formales para interponer el incidente de nulidad y si se encuentran probadas y procedentes las causales de nulidad invocadas.

 

5.    Presupuestos formales para la procedencia de la solicitud de nulidad.

 

Mediante oficio del 16 de diciembre de 2009, se radicó la solicitud de nulidad de la sentencia SU 913-09 incoada por la señora MARIA EUGENIA ROJAS DE URUETA  a través de apoderado, esto es, el mismo día en que se realizó la publicación de la parte motiva de la sentencia en el diario El Tiempo.

 

En consecuencia, si bien el término de ejecutoria empieza a contarse al día siguiente de la publicación, debe entenderse que la solicitud presentada de forma simultánea a ésta, reúne, en todo caso, el requisito de oportunidad. De igual manera aparece probada la legitimación en la causa por parte de la solicitante, de manera que se encuentran acreditados los presupuestos formales de procedencia del trámite de nulidad, por lo que es del caso realizar el análisis del fondo.

 

Como quedó anotado, el incidente de nulidad en relación con sentencias de revisión de tutela proferidas por la Corte Constitucional, tiene como propósito corregir eventuales desconocimientos o violaciones del procedimiento contemplado para este tipo de actuaciones en los decretos 2067 de 1991 y 2591 de 1991, en los que haya podido incurrirse durante el trámite del procedimiento de revisión, cuya gravedad excepcional comprometa de manera ostensible las garantías inherentes al derecho al debido proceso.

 

6.    Asunto Previo.- 

 

Mediante el presente Auto la Sala Plena de la Corte Constitucional deja expresa constancia que los argumentos presentados como fundamento de la presente solicitud de nulidad fueron puestos a consideración de esta Corte por la señora Rojas de Urueta, durante el trámite de revisión que concluyó con la sentencia SU 913 de 2009, mediante escrito de 23 de noviembre de 2009, el cual fue atendido en la parte considerativa de la citada providencia. Por este motivo, no se entienden las razones por las cuales afirma la señora Rojas que sólo se enteró de las medidas a adoptar por la Corte mediante la sentencia SU 913 de 2009, cuando resulta evidente que conocía de las denuncias efectuadas en las intervenciones realizadas a propósito del puntaje asignado vía tutela a un curso de Diplomado, así como la “intención” de la Corte de tomar medidas generales que incluían su caso particular.

 

En efecto, en el escrito de 23 de noviembre de 2009, la ciudadana María Eugenia Rojas expuso su posición respecto del derecho que le asistía para conservar los diez puntos que le fueron reconocidos mediante tutela interpuesta ante el Consejo Superior de la Judicatura, con fundamento en los mismos argumentos que hoy soportan los cargos formulados en el escrito de  nulidad que es materia  del presente auto.  

 

En ese orden, es claro que la solicitante se encontraba notificada por conducta concluyente de las denuncias efectuadas por los intervinientes, al punto que hizo uso de su derecho de contradicción y de defensa, según da cuenta su escrito de 23 de noviembre de 2009, tal como se dejó constancia en el numeral “17. Peticiones Generales” de la sentencia SU 913 de 2009.

 

 

7.    Respuesta a los cargos formulados.

 

A propósito de los cargos formulados para la Corte a revisar cada uno de ellos en el mismo orden en que fueron propuestos:

 

7.1      Cargo 1. Falta de congruencia y fallo extra petita.

 

Manifiesta la solicitante que es el Auto que ordena la selección de las sentencias a revisar por la Corte Constitucional, el que limita el alcance del fallo a proferir. En el presente caso, el Auto 244 de 23 de julio de 2009, fue el que, según lo afirma la peticionaria, circunscribió el debate de las sentencias en revisión a la discusión del puntaje otorgado por la ley a las obras en derecho, de manera que al extender sus efectos al puntaje relativo a especializaciones y posgrados, la Corte extralimitó su competencia y vulneró su derecho de defensa. Así, la solicitante afirma que “…se informó que se habían presentando escritos en donde se planteaba el asunto y se controvertía la asignación de puntaje por Diplomado en el momento en que la sentencia fue publicada por medios electrónicos”, con lo cual se vulneró su derecho al debido proceso.

 

Sin perjuicio de la aclaración previa ya realizada en este auto, sea lo primero manifestar que los Autos a partir de los cuales se deja constancia de la selección de fallos de tutela para revisión, son providencias de trámite que en ningún caso restringen el radio de acción o competencia de la Corte Constitucional.

 

De otra parte, el Auto 244 de 2009 no corresponde a un Auto de Sala de Selección sino a una providencia proferida dentro del  trámite de revisión, en virtud de la cual la Corte Constitucional informa sobre un estado de cosas inconstitucional y, en consecuencia, otorga un plazo prudencial a todos los interesados dirigido a garantizar el derecho de defensa y contradicción de todos los participantes en  el concurso público convocado para efectos de proveer los cargos de notario en propiedad, quienes desde ese momento se entienden vinculados al proceso.

 

De esta manera, la Sala Plena de la Corte Constitucional, considera equivocado que a partir de la trascripción de los “antecedentes” del Auto 244 de 2009, se pretenda derivar una limitación a su ámbito de competencia, la cual en los términos de la parte “considerativa” de la misma providencia, se extendía al efectivo cumplimiento del artículo 131 Superior, es decir, a que los cargos de notario en el país fuesen ocupados por aquellas personas que superaron con éxito el concurso y alcanzaron los mejores puntajes, con el fin de proteger la integridad de la Constitución Política y los derechos fundamentales de todos los concursantes frente a cualquier práctica dirigida a alterar la regla constitucional. En términos simples, el propósito de la sentencia SU 913 de 2009, fue el de asegurar con suficiencia la efectividad del citado mandato constitucional. 

 

Para mayor claridad, conviene transcribir apartes de la parte considerativa del Auto 244 de 2009:

 

“A juicio de esta Sala, de los hechos relatados se siguen dos situaciones constitucionalmente relevantes para el trámite de revisión de la referencia. En primer lugar, se encuentra que el estado de cosas inconstitucional reconocido …por la Corte Constitucional no ha sido conjurado. En segundo lugar, se revela la necesidad de unificar los criterios jurídicos que han dado lugar al adelantamiento de distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han adjudicado diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho.

 

2.-  Respecto del estado de cosas inconstitucional, se tiene que si bien se realizó el concurso público y abierto de méritos para proveer los cargos de notarios en propiedad, su culminación con los nombramientos en propiedad de notarios no ha sido posible y de hecho se encuentra en riesgo, en la medida en que las listas de elegibles sólo tienen una vigencia de dos (2) años a partir de su publicación, de los cuales ya ha transcurrido el primero.

 

Esto quiere decir que se mantiene la vulneración sistemática del artículo 131 constitucional, en tanto los cargos de notarios no están provistos como resultado del concurso; así como, se encuentran en juego los derechos de todos aquellos ciudadanos que tienen interés en las resultas del proceso, pues algunos de ellos integran las listas de elegibles conformadas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial en los diferentes nodos regionales con ocasión del concurso de méritos público y abierto convocado mediante el Acuerdo 1 de 2006 y no han sido nombrados, otros aspiran a integrar las listas de elegibles reconformadas en acatamiento de fallos judiciales, o en virtud de ellas se encuentran nombrados como notarios y podrían ser retirados del cargo.

 

De este modo, se encuentran demostrados algunos de los factores que la Corte ha definido para el establecimiento del estado de cosas inconstitucional, los cuales, tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, corresponden a los siguientes criterios: (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afectan a un número significativo de personas. (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias autoridades y la adopción de un conjunto complejo y coordinado de medidas; (v) la congestión judicial que genera y generaría que todas las personas afectadas acudieran a la acción de tutela para la protección de sus derechos por idéntica causa^[16].

 

3.-   Por otro lado, resulta necesario unificar las discrepancias jurídicas surgidas de las diferentes interpretaciones adoptadas por distintos operadores jurídicos, pues como consecuencia de ello los participantes e interesados en el concurso se ven afectados de manera diversa, cuando todos y cado uno de ellos concursó en condiciones igualitarias. Esto, amenaza el principio constitucional de igualdad, por cuanto permite que a ciudadanos en situaciones idénticas, se les apliquen consecuencias jurídicas distintas.

 

Lo descrito implica la urgencia tanto de tomar medidas que afecten a todas las personas participantes e interesadas en el concurso de notarios, esto es, una decisión de la Corte Constitucional con efectos inter comunis; así como de hacerlo en el menor tiempo posible, es decir como medida cautelar en los términos del artículo 7 del Decreto 2591.

 

4.-   Sobre los efectos “inter comunis” cabe mencionar, que de conformidad con la jurisprudencia, la Corte puede modular los efectos de sus sentencias para optar por la alternativa que mejor protege los derechos constitucionales y garantiza la integridad y supremacía de la Constitución. Así, los efectos inter comunis se adoptan con el fin de proteger en condiciones de igualdad los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma situación de hecho o de derecho, y garantizarles el mismo trato jurídico.

 

5.-   Ha sostenido esta Corporación que existen circunstancias en las cuales la protección de derechos fundamentales de los tulelantes puede atentar contra derechos fundamentales de quienes no lo son. En este sentido, la acción de tutela no puede limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Así pues, se ha sostenido categóricamente que la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo supone también la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al demandado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.^[17]

 

En otras palabras, el presente caso es uno de aquellos en que los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental de los tutelantes como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, pues se debe evitar que la protección de derechos fundamentales de éstos se realice en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquéllos frente al accionado.

 

6.-   En el mismo orden, el momento procesal en el que se requiere tomar medidas tendientes a evitar la vulneración del principio de igualdad, no sólo de los demandantes de las acciones de tutela de la referencia, sino como se ha dicho de todos los participantes e interesados en el concurso de notarios, pretende atender la urgencia derivada de las distintas ordenes y procesos judiciales en curso. Esto, en tanto el cumplimiento y adelantamiento de ello en las actuales circunstancias haría más gravosa la situación alrededor del concurso de notarios, por la ausencia de criterios unificados sobre la aplicación de las normas que lo implementaron. La situación que ha sustentado el estado de cosas inconstitucional, así como la necesidad de un fallo “inter comunis”, se acrecentaría en perjuicio de los derechos de las personas involucradas en el asunto y del efectivo cumplimiento de las disposiciones constitucionales, si no se toma una medida de manera inmediata. Incluso antes de que la Corte dicte el fallo de mérito respectivo…” (subrayado fuera de texto).

 

De manera que el auto 244, al contrario de lo manifestado por la solicitante, fue claro en prevenir a los interesados sobre el alcance “extra petita” que tendría la sentencia, con fundamento en un probado estado de cosas inconstitucional y en la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la igualdad de todos los participantes. Así, la igualdad de circunstancias entre los demandantes y quienes no demandaron, tiene que ver con el hecho de que tanto los unos como los otros, participaron en el concurso público y abierto para la provisión del cargo de notarios, y todo ellos, merecen trato igual frente a las reglas del concurso que deben cumplirse para todos, sin excepción.

 

Tampoco es cierto, como lo afirma la solicitante, que sólo se enteró del alcance de las intervenciones y de la decisión de la Corte -en su caso particular- a través de la sentencia SU 913 de 2009, por lo cual no tuvo oportunidad de defenderse; primero, porque una vez vinculada al proceso mediante la notificación general efectuada por el Auto 244 de 2009, tenía facultad de consultar el expediente, intervenir y solicitar las copias a que hubiese lugar y, segundo, porque como se señaló en párrafos anteriores existe constancia dentro del expediente que las mismas peticiones que forman parte de la presente solicitud de nulidad, fueron materia del escrito de 23 de noviembre de 2009, radicado por la señora Rojas en esta Corporación, a través de apoderado, con lo cual se prueba el conocimiento previo de los hechos que denuncia como sorpresivos.

 

En esos términos se transcribe a continuación el párrafo de la parte considerativa de la sentencia SU 913 de 2009:

 

“17. Peticiones generales.

 

…En cuanto a las peticiones formuladas por los señores EDUARDO FIERRO MARIQUE, por escrito de 3 de diciembre de 2009, mediante la cual solicita agilizar el levantamiento de la suspensión de nombramientos ordenada por la Corte; MARIO RESTREPO HOYOS, mediante escrito de 29 de octubre de 2009, por la cual solicita establecer la viabilidad de su nombramiento como notario en el municipio de Neira –Caldas; WILIAM GONZÁLEZ  mediante escrito de 11 de noviembre mediante el cual solicita certificación auténtica de que se encuentra en la situación prevista en el numeral tercero del Auto 244 de 23 de julio de 2009; JOSÉ DANIEL TRUJILLO ARCILA mediante escrito del 23 de noviembre de 2009, por el cual denuncia el nombramiento por orden judicial del señor WILIAM GONZALEZ BATANCOURT durante la vigencia del Auto 244 de 2009; MARÍA EUGENIA ROJAS DE URUETA, mediante escrito de 23 de noviembre de 2009, por el cual manifestó que acudió a la acción de tutela para que se le reconocieran 10 punto por diplomado en los términos generales del artículo 4 de la Ley 588 de 2006, derecho que fue amparado mediante sentencia de 10 de septiembre de 2008 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual no fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional indica que cada una de sus inquietudes son atendidas de manera precisa y suficiente en la parte Considerativa y Resolutiva de la presente providencia.” (subrayado fuera de texto) 

 

Por lo expuesto, no encuentra la Sala razón alguna para declarar la vulneración al debido proceso de la señora Rojas invocando para el efecto un fallo extra petita.

 

6.3.2. 2º Cargo. La sentencia SU-913 de 2009 desconoce la cosa juzgada    constitucional.

 

Es cierto que en innumerables sentencias de la Corte Constitucional, se ha reconocido que los fallos de tutela que no son seleccionados para revisión  hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, razón por la cual son inmutables y no pueden ser objeto de nuevos debates jurídicos. Debe advertirse que dicha posición ha sido reiterada por la Corte en punto a negar la posibilidad de que proceda tutela contra sentencias de tutela con lo cual se garantiza la seguridad jurídica en la Jurisdicción Constitucional.

 

No obstante, la Corte Constitucional mediante fallos de unificación y, sólo respecto de situaciones que entrañen un estado de cosas inconstitucional, ha privilegiado la supremacía e integridad de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales, profiriendo medidas drásticas y generales que irradien sus efectos, aun frente a fallos de tutela que no han sido materia de selección. En esos términos, se señaló de manera concreta en la parte considerativa de la sentencia SU 913-09:

“

3.2         Por lo anterior, se concluye que la Corte Constitucional debe ejercer su facultad de revisión mediante sentencias de unificación en aquellos casos en que: i. La trascendencia del tema amerite su estudio por parte de la Sala Plena en los términos del artículo 54A del reglamento de la Corte. ii. Sea necesario unificar jurisprudencia respecto de fallos de tutela  ó iii. Sea necesario, por seguridad jurídica, unificar jurisprudencia respecto de fallos judiciales proferidos por diferentes jurisdicciones, como resultado de diferentes acciones judiciales, en aquellos casos en que a partir de supuestos fácticos idénticos se produzcan fallos que originen discrepancias capaces de impedir la vigencia o realización de un derecho fundamental. De esta manera, las sentencias de unificación deben entrar a resolver las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales, encauzando la labor judicial dentro de los linderos de la Constitución Política en  punto a garantizar los derechos fundamentales.

 

3.3          Frente al caso concreto, la Corte Constitucional advierte que tal como fue planteado en el Auto 244 de 2009, en el devenir del concurso público y abierto para la provisión en propiedad de los cargos de notario, se han producido decisiones contradictorias que provienen de diferentes jurisdicciones. Se tienen, por ejemplo: Las decisiones proferidas en el curso de la acción popular 0413-07, por las cuales se suspendió, primero provisionalmente y, luego, definitivamente, el puntaje otorgado por autoría de obras en derecho a quienes la hubiesen acreditado mediante el mecanismo alterno previsto en el numeral 11, del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2006; decisiones proferidas en fallos de tutela por los cuales se protegen por igual los derechos fundamentales tanto de quienes fueron excluidos de las listas suprimiendo puntaje, como de quienes persiguen efectivizar la suspensión de éste para ser nombrados notarios, claro ejemplo se encuentra en las diferentes tutela en revisión; decisiones proferidas por jueces administrativos en ejercicio de acciones contenciosas, como aquella proferida por el Consejo de Estado el 17 de julio de 2008 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, en la que se determinó a propósito de las pruebas de conocimiento que el concurso de notarios estaba en su etapa final y, por lo mismo, no era posible revisar las pruebas y retrotraer  el proceso de selección cuando a esa fecha las listas de elegibles estaban conformadas y se habían proferido actos administrativos de nombramiento; providencias como el auto de desacato a una medida de suspensión provisional decretada en el curso de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que excediendo la orden de suspensión de la resolución 00553 de 2007 y del Acuerdo 07 de 2007 en lo referente al participante, se ordenó el nombramiento de un aspirante que ni siquiera superó la etapa de análisis de antecedentes, aspecto que precisamente se encuentra en discusión en el proceso contencioso y que pone en interinidad la provisión del cargo en el Círculo de Cartago. Situación que originó que el nombramiento de quien ganó esa notaría por mérito fuese revocado; providencias judiciales que ordenaron el nombramiento de personas cuyos puntajes resultaban insuficientes para acceder al cargo; providencias judiciales que reconocieron puntajes inmerecidos por los participantes desconociendo el contenido de la Ley 588 de 2000, como es el caso de una concursante a la cual se le reconoció por tutela un puntaje de diez puntos a un curso de educación continuada en la modalidad de diplomado, siendo que la Ley 588 la otorgaba únicamente a posgrados; todo lo cual indica la necesidad imperiosa de unificar criterios en cuanto al concurso de notarios con el fin de evitar que los derechos fundamentales de los participantes se sigan vulnerando sistemáticamente y que por fin se haga realidad el mandato contenido en el artículo 131 superior, de forma que se provean la notarías por quienes superaron el concurso con los mejores puntajes y no a partir de órdenes judiciales disímiles y contradictorias.

 

3.4         Estas particularidades demuestran que es necesario que la Corte se  pronuncie respecto de  todas las providencias proferidas en el curso de la Acción Popular 0413 de 2007, entre ellas, la medida cautelar confirmada parcialmente mediante auto de 29 de agosto de 2008 y las sentencias de 11 de marzo de 2009 del Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y de 13 de julio de 2009 del Tribunal Administrativo del Tolima; igualmente respecto de todas las acciones de tutela proferidas a partir de las medidas adoptadas en dicha Acción Popular sean  o no materia de revisión; así como respecto a la demás providencias a partir de las cuales se derivó injustificadamente un derecho dentro de la carrera notarial, con el fin de unificar jurisprudencia y garantizar la eficacia de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, al acceso a cargos públicos, y a la buena fe y confianza legítima de los participantes en el concurso de notarios.”(resaltado fuera de texto)

 

Según lo trascrito, se recuerda a la solicitante que no se está frente a la decisión de una Sala de Revisión sino frente a una Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el marco de un estado de cosas inconstitucional. De allí que el sentido de una sentencia de unificación sea, precisamente, el revisar criterios contrapuestos que han sido vertidos en diferentes fallos judiciales revisados o no por la Corte Constitucional, de cuyas incongruencias deviene, como ocurre en el caso concreto, la inoperancia de los postulados constitucionales y de los derechos fundamentales. Así, al unificar jurisprudencia se garantiza la justicia material y la eficacia de los derechos fundamentales, aspectos en los cuales radica la verdadera seguridad jurídica.

 

Por lo expuesto, no encuentra cabida el cargo relativo a la existencia de una cosa juzgada constitucional, en la medida que la sentencia SU 913 de 2009 reconoce la existencia de un estado de cosas inconstitucional y profiere órdenes generales que pretenden encauzar el concurso de notarios dentro de los límites del artículo 131 superior y preservar las reglas del concurso de manera que se aplicadas en igualdad de condiciones a todos los participantes.

 

6.3.3 3er Cargo. La sentencia SU 913 de 2009 carece de motivación.

 

Considera la solicitante insuficientes las razones expresadas por la Corte Constitucional en la parte considerativa de la sentencia SU 913 de 2009, para arribar a la decisión de revocar el puntaje por “posgrados” otorgado por vía de tutela a un Diplomado en notariado. En su concepto, la Corte Constitucional debió realizar una interpretación extensiva del postulado general del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, al momento de aplicar el puntaje previsto en el literal a), inciso tercero del mismo artículo para especializaciones y posgrados, excluyendo para el efecto cualquier remisión a la Ley de Educación, en tanto estima que la Ley 588, es ley especial y de interpretación restrictiva. Adicionalmente, señala que aporta más al servicio notarial la realización de un Diplomado en notariado que el haber cursado una Maestría en cualquier otra disciplina.

 

Resulta evidente que esta solicitud no es suficiente para enervar la sentencia SU 913-09, en la medida que con ella se pretende revivir la discusión planteada a apropósito del reconocimiento del puntaje que el inciso 3 de la letra a) del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, reconoce expresamente a “especializaciones y posgrados”, y que la solicitante obtuvo por vía de tutela por un curso de Diplomado.

 

El inciso 1º del artículo 4º de la Ley 588 de 2000, enuncia de manera general, todos aquellos aspectos que serán valorados dentro del concurso de notarios:

 

“Artículo 4o. Para la calificación de los concursos se valorará especialmente la experiencia de los candidatos, así como la capacidad demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, antigüedad en el mismo, capacitación y adiestramiento que hubieren recibido en materias propias del notariado, obras de investigación y divulgación, estudios de postgrado y estudios de especialización o diplomados, particularmente los relacionados con el notariado, así como el ejercicio de la cátedra universitaria y la participación y desempeño en funciones de orden legislativo, gubernativo y judicial. Todos estos factores serán concurrentes.

 

No obstante apartes posteriores de la misma disposición se señala expresamente lo siguiente :

 

“… El concurso se calificará sobre cien puntos, así:

 

a) La prueba de conocimientos, tendrá un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso. Los exámenes versarán sobre derecho notarial y registral.

 

Las experiencias valdrán hasta treinta 35 puntos, así: Cinco (5) puntos por cada año o fracción superior a seis meses por el desempeño del cargo de notario, cónsul; dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses en el ejercicio de autoridad civil o política, dirección administrativa, función judicial y legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo; un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de ejercicio de la profesión de abogado; un (1) punto por cada año del ejercicio de la cátedra universitaria, un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de funciones notariales o registrales.

 

Especialización o postgrados diez (10) puntos.

 

Autoría de obras en el área de derecho cinco (5) puntos.

 

La entrevista, hasta diez (10) puntos y evaluará la personalidad, vocación de servicio y profesionalismo del aspirante. (Ver Sentencias C-469/08 y C-097/01)

 

Parágrafo 1o. Para efectos del presente artículo, se contabilizará la experiencia en el ejercicio de la profesión de Abogado desde la fecha de obtención del respectivo título.

 

Parágrafo 2o. Quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como Notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-ley 960 de 1970, no podrá concursar para el cargo de notario. (Ver Sentencia C-373/02)”

 

Lo anterior, evidencia que el puntaje fue otorgado de manera incontrovertible a cursos de posgrado exclusivamente, de manera que acudiendo a las mismas reglas de hermenéutica que cita la solicitante, en este caso, las consignadas en el numeral 2 del inciso 2 del artículo 5 de la Ley 57 de 1887, si en un mismo código se hallaré una incompatibilidad en los textos deberá preferirse la disposición posterior, así: “… 2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior”. A partir de esta interpretación se garantiza el derecho a la igualdad de los participantes en el concurso para acceder a la carrera notarial, en la medida en que a ningún participante le fue reconocido un puntaje de diez (10) puntos por la realización de un curso de diplomado, que en cambio sí se obtuvo por vía de tutela, quebrantando las reglas generales del concurso y lesionando los derechos de los demás concursantes.

  

Al respecto, vale la pena recordar que en la sentencia SU 913 de 2009, se consideró que el reconocimiento vía tutela de un puntaje respecto de una situación que no reunía los requisitos de Ley 588 de 2000, rompía el derecho a la igualdad de los concursantes e impedía el cabal cumplimiento del artículo 131 Superior, en la medida que se alteraba indebidamente la lista de elegibles para el Círculo de Bogotá. En relación con el punto se señaló con suficiencia la Sala Plena:

 

14.5.1.4.2 Ahora bien, en relación con el caso de la señora María Eugenia Rojas de Urueta, resulta evidente que a la luz de la Ley de educación, los cursos de educación continuada como son los diplomados no tienen la calidad de posgrados como en efecto ocurre con las especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados, según se infiere del artículo 10 de la Ley 30 de 1992, en virtud del cual son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados los cuales exigen un elevado porcentaje de investigación  y  de conformidad con el artículo 25 de la misma ley dan lugar al otorgamiento de un título, así: “Los programas de especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. Los programas de maestría, doctorado y post-doctorados, conducen al titulo de magíster, doctor o al titulo correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento.”

 

En ese orden, la Corte verifica la insuficiencia del curso de diplomado para reunir la cualificación exigida por el artículo 4 de la Ley 588, que otorga dentro del concurso diez (10) puntos a las especializaciones y demás posgrados, en atención a que los diplomados corresponden a la clasificación de cursos de educación continuada que no reúne ni las horas ni el componente de investigación propia de los cursos de posgrado. En consecuencia, se revocará la orden de reconocer tal puntaje en atención a los efectos generales otorgados a esta sentencia de unificación. 

 

Finalmente, se recuerda a la señora María Eugenia Rojas, que cualquier inconformidad respecto de la interpretación realizada por esta Corporación, bien con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituyen fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”^[18].

 

En este proceso lo fundamental para la Corte fue reivindicar las reglas generales del concurso con el fin de proteger el postulado constitucional consagrado en el artículo 131 Superior.

 

6.3.4 4to Cargo. Se desconoce la jurisprudencia de la Sala Plena respecto de los efectos inter comunis de sus sentencias.

 

En términos de la peticionaria la Sala Plena  de la Corte Constitucional ha sostenido que los fallos de tutela sólo pueden tener efectos inter comunis   cuando las órdenes del juez  amparen derechos fundamentales de personas que no han acudido a la acción, siempre y cuando, reúnan condiciones comunes a las de los tutelantes, es decir, que sólo cobija a aquellos concursantes que no utilizaron la acción de tutela pero que resultaron afectados con las decisiones de los jueces de Ibagué. En tal caso, la valoración del Diplomado no era común, ni similar a la de las personas que participaron en las acciones de tutela objeto de revisión, de manera que la sentencia no podía ser vinculante respecto de asuntos distintos a la acreditación de la autoría de obras en derecho.

 

Tal como se expresó in extenso en la sentencia cuya nulidad se demanda, los efectos inter comunis  de la sentencia se reivindican con el fin de conjurar un estado de cosas inconstitucional respecto del incumplimiento crónico del  artículo 131 Superior y frente a todas aquellas personas que participaron en el concurso público y abierto para la provisión de los cargos de notario en propiedad y a quienes por diversas circunstancias se les impidió el acceso al cual tenían derecho como reconocimiento al mérito, condiciones que se vislumbran comunes, de manera que se estima erróneo señalar que las órdenes que frente a estas situaciones profirió la Corte, debieron limitarse al puntaje otorgado a las obras en derecho,  pues se trataba de conjurar el estado de cosas inconstitucional y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales.

 

En ese orden, la Corte Constitucional optó por preservar las reglas generales del concurso, así como por ser riguroso en cuanto a la aplicación de los puntajes que con fundamento en tales reglas se asignaron. De allí que haya intervenido en aspectos como el puntaje otorgado a las obras en derecho y a los formación exigida. Por la misma razón, se abstuvo de modificar las reglas del concurso es aspectos tales como la calificación de experiencia o a la realización de pruebas de conocimiento, en la medida que no podía desconocer ni las reglas del concurso ni los puntajes asignados de acuerdo con las reglas generales.   

 

Basta recordar lo señalado a ese respecto en la sentencia SU 913 de 2009:

 

13.2.2           Imposibilidad de materializar la provisión de los cargos de notarios  a partir de los resultados del concurso.   

 

Se advierte que a pesar de que se convocó el concurso de méritos público y abierto para la provisión de notarios en propiedad en observancia de las sentencias SU 250 de 1998, T-1695 de 2000 y C-421 de 2006, no ha sido posible tener certeza respecto de la provisión definitiva de dichos cargos a partir del nombramiento en propiedad de las personas que por mérito integraron las listas de elegibles. Es decir, 18 años después de la expedición de la Constitución Política de 1991, no se ha cumplido el fin último del artículo 131 Superior que no es otro que el nombramiento efectivo de notarios en propiedad mediante concurso.

 

No es verdad, como se afirma en alguna de las intervenciones que sólo se trata de un número reducido de puestos por proveer, y que el problema en estudio corresponde a los avatares propios de un concurso público dentro de un Estado de Derecho,  pues si bien es cierto en el Círculo de Bogotá están en discusión de 11 a 15 notarías, lo cierto es que tal como se deduce de lo hasta aquí  expuesto se trató de entorpecer, dilatar y alterar el resultado final del concurso a nivel nacional, con el fin de otorgar privilegios a quienes no fueron merecedores de los mejores puntajes por su mérito y capacidad, vulnerando con ello la orden superior, y los derechos a la buena fe y la confianza legítima de cerca de 15.000 personas que accedieron al concurso confiados en la legitimidad de sus instituciones y procesos, especialmente, en la integridad de la función fedante, que es la real vapuleada y  lesionada con este tipo de prácticas.    

 

Tal como ha quedado en evidencia a partir de las tutelas en revisión y de aquellas que se han expuesto tanto por la Superintendencia de Notariado y Registro en sus diferentes oficios, como por las intervenciones realizadas en el curso de este trámite y que se encuentran resumidas en el anexo 1 de este proveído, las decisiones de los jueces de tutela han resultado contradictorias respecto de supuestos fácticos iguales, circunstancia que ha derivado en la  modificación formal y de hecho de las listas de elegibles, como la que se registró a partir de la expedición del Acuerdo 178 de 2009 para el Círculo de Bogotá y el nombramiento de  personas que no reunieron las condiciones para ser designadas como notarios.

 

El uso indiscriminado de la acción de tutela se verifica según los datos aportados por la Superintendencia de Notariado y Registro y los incorporados en el Acuerdo 178 de 2009: Debían proveerse 645 notarías de las cuales 108 fueron declaradas desiertas. Así, de los 434 nombramientos a efectuar 298 fueron ordenados mediante fallos judiciales.  Luego, es claro que dentro del proceso de selección de notarios se ha incorporado la acción de tutela como la vía para asegurar un lugar en la lista de elegibles y el respectivo nombramiento, al punto que más del 50% de las designaciones devienen de una orden judicial. De la misma forma, se demuestra cómo del año 2008 a 2009 se han interpuesto del orden de 1200 tutelas^[19] sin contar las 800 tutelas interpuestas en el año 2007^[20]. 

 

Las cifras señaladas también permiten evidenciar como todavía no se han proveído la totalidad de notarías del país a través de concurso, razón por la cual es necesario proveerlas a partir de las listas de elegibles vigentes o mediante un nuevo concurso dirigido a proveer aquellas notarías que fueron declaradas desiertas.

 

13.2.4  Es necesaria la intervención de la Corte Constitucional para adoptar una posición unificada y coordinada que garantice de manera integral la eficacia del precepto constitucional y que evite la vulneración masiva de derechos fundamentales.    

En ese orden, concluye la Sala que permanece el estado de cosas inconstitucional y, en consecuencia, tal como ha sucedido a propósito de otros casos emblemáticos, la Corte Constitucional continúa y continuará ejerciendo  competencia sobre este caso particular en su calidad de guardiana de la Constitución Política, según se señala en el artículo 246 Superior. Desde ese punto de vista la Corte tomará las medidas necesarias para unificar posiciones jurídicas respecto al concurso notarial y conjurar de manera definitiva las prácticas enfiladas a impedir la materialización del contenido del artículo 131 Superior y socavar así los derechos fundamentales de los concursantes.

 

En esos términos, la Corte Constitucional encuentra infundado el cargo derivado de afirmar que se excedió la jurisprudencia constitucional relativa a los destinatarios de los efectos “inter comunis”.

 

En conclusión no existe justificación alguna para acoger la solicitud de nulidad formulada por la solicitante, en la medida que no se encuentra demostrada ninguna de las circunstancias descritas como transgresoras de las normas que regulan el proceso de revisión de las sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional sino que, por el contrario, pretende reabrir el debate en torno a lo decidido por la sentencia SU 913-09, con el claro propósito de conservar el puntaje asignado por medio de tutela a un curso de diplomado.

 

7.     Decisión.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, analizada la solicitud de nulidad presentada por la peticionaria,  
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- DENEGAR la petición de nulidad formulada por la señora  María Eugenia Rojas de Urueta a través de apoderado contra la  sentencia SU-913 de 2009.  

 

SEGUNDO.- Contra este pronunciamiento no procede recurso alguno. 

 

Comuníquese y Cúmplase,

 

 

 

 

 

 

 

 MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Presidente

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada 
Impedimento aceptado.

 

 JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Magistrado 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado 
 Impedimento aceptado.

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado 
 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado 

  
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado 

 
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General