A356-10 Auto 356/10
FALLO DE REVISION DE TUTELA-Reiteración improcedencia de aclaración
ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia respecto de conceptos o frases contenidas en la parte resolutiva o que influyan en ella
PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE SENTENCIAS
ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por omisión de resolución de algún extremo de la relación jurídico procesal que tenía que ser decidido
SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia en sentencia T-620/10 por cuanto no falta resolución de cualquiera de los extremos de la litis
Referencia: Solicitud de aclaración a la Sentencia T- 620 de 2010.
Expediente T-2.657092.
Acción de tutela promovida por Gabriel Carvajal Cuellar contra el Fondo Nacional del Ahorro.
Magistrado Ponente
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C. cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas Silva, y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, profiere el presente Auto con fundamento en los siguientes
1. Mediante memorial del siete (07) de octubre de dos mil diez (2010), el señor Gabriel Carvajal Cuellar formuló solicitud de aclaración a la Sentencia T-620 de 2010, por la cual esta Sala decidió confirmar los fallos proferidos por el Juzgado Sexto Contencioso Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en el proceso de tutela instaurada por el señor Gabriel Carvajal Cuellar contra el Fondo Nacional del Ahorro.
Esta Sala de Revisión coincidió en la protección del derecho al debido proceso y consecuente afectación a la vivienda, adoptada por los jueces de instancia, en contra del Fondo Nacional del Ahorro al modificar de manera unilateral e inconsulta las condiciones iniciales del crédito hipotecario, específicamente los mandatos impartidos por el juez de primera instancia, pues los mismos se ajustan a los lineamientos constitucionales y a la jurisprudencia reiterada que sobre el tema ha proferido esta Corporación.
2. Como fundamento de la petición de aclaración, el peticionario indicó que:
“En consecuencia ruego a la Honorable Corte Constitucional:
1. Ordenar al Fondo Nacional del Ahorro, dar por cancelado el crédito con la cancelación de la cuota ciento ochenta (180), con esa cuota se cumple los quince (15) años pactados inicialmente.
2. Se le ordene al Fondo Nacional del Ahorro, asumir la carga pecuniaria que resulte del cálculo que realice del crédito inicialmente pactado, por ser éste el responsable y culpable de la situación aquí planteada que ha vulnerado los citados derechos y principios, a sabiendas, que según lo pactado inicialmente era de quince (15) años, ciento ochenta (180) cuotas.”
3.- Con fundamento en lo anterior, la ciudadano solicita al Despacho del Magistrado Ponente aclarar la sentencia T-620 de 2010, mediante la cual la Sala Octava de Revisión resolvió la acción de tutela iniciada por el peticionario contra el Fondo Nacional del Ahorro.
1.- Esta Corporación en reiterada jurisprudencia, por regla general, ha dispuesto que las sentencias proferidas por la Corporación en desarrollo de su función de revisión de los fallos de los jueces de tutela (Art. 241-9, C.P.) no son susceptibles de aclaración[1], la razón de dicha negativa obedece a la aplicación de principios superiores de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica, pues en caso contrario no se culminaría con la actividad jurisdiccional reabriendo el debate sobre asuntos decididos en forma definitiva en una sentencia.
2.- Esto se encuentra plenamente sustentado, en sentencia C-113 de 1993 la Corte declaró inexequible el inciso 4° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, disposición que contemplaba la posibilidad de solicitar la aclaración de las sentencias emitidas por la Corporación.
3.- Ahora bien, por vía excepcional, la Corte ha admitido su procedibilidad cuando se cumplen los requisitos establecidos por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, en auto A147 de 2004 la Corporación sostuvo lo siguiente:
“…La Corte ha considerado que es procedente aclarar sus sentencias proferidas en el trámite de revisión de fallos de procesos de tutela, pues la Ley autoriza que “(…) dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella” (artículo 309 Código de Procedimiento Civil.) Lo anterior, lógicamente, siempre y cuando las solicitudes de aclaración de los fallos proferidos por las salas de revisión sean formuladas oportunamente, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, acorde al artículo 331 Ibídem que trata de la ejecutoria de las providencias. (…)”
4.- En este sentido, en Auto 001 de 2000 se señaló que la ley autoriza que, dentro del término de la ejecutoria, a petición de parte o de oficio, se puedan aclarar en auto complementario frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión, tal como lo establece el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil.
5.- En este orden, la procedencia excepcional de la aclaración de sentencias está supeditada a que exista una razón objetiva de duda que impida el entendimiento de la providencia pero únicamente en lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo o en la parte motiva, cuando de manera directa, esta última influya sobre aquella. De no cumplir tal requisito, se mantiene el principio de intangibilidad de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional[2].
6.- Esta Corporación ha señalado que la aclaración sólo resulta procedente en aquellos eventos en los cuales el fallo de tutela ha “omitido la resolución de algún extremo de la relación jurídico procesal que tenía que ser decidido”[3]. Al respecto, en el caso del señor Gabriel Carvajal Cuellar, vale anotar que, se abordaron en la providencia por esta Corporación emitida todos los problemas jurídicos planteados en la acción de tutela y atendiendo la naturaleza y finalidad de esta acción, el operador jurídico concentró su atención en aquellos puntos que tuvieron relevancia constitucional y que, de manera cierta, fueron atendidos para valorar la violación de los derechos fundamentales alegados por el accionante. En ese sentido esta Corporación ordenó tutelar y proteger en la misma medida concedida por el Juez Sexto Contencioso Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, lo derechos vulnerados al confirmar dichos fallos.
7.- Con fundamento en las consideraciones precedentes, esta Sala de Revisión estima que la solicitud de aclaración de la sentencia T-620 de 2010 no es procedente en la medida en que, en primer lugar, la petición no satisface el requisito que demanda de la decisión judicial un defecto consistente en la falta de resolución de cualquiera de los extremos de la litis, el cual, como ya fue indicado, según ha sido establecido por la jurisprudencia constitucional, condiciona la prosperidad de tales pretensiones.
En segundo término, a juicio de la Sala la improcedencia de la solicitud resulta evidente al examinar con detenimiento la solicitud, pues, mediante ésta, el peticionario pretende que la Corte Constitucional vuelva sobre una sentencia en la cual fue resuelta la controversia referente y decida e imparta órdenes sobre cuestiones no solicitadas en la tutela inicial.
Por las razones anotadas, esta Sala de Revisión procederá a rechazar la solicitud de aclaración del fallo de tutela presentado por el ciudadano Gabriel Carvajal Cuellar.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
RECHAZAR la solicitud de aclaración de la Sentencia T-620 de 2010, presentada por el señor Gabriel Carvajal Cuellar.
Notifíquese y cúmplase,
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General