A032-11 Auto 032/11
TRAMITE DE CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Solicitud simultánea o sucesiva por beneficiario
TRAMITE DE CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Competencia del juez de primera instancia
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia excepcional para conocer trámite de cumplimiento fallo de tutela
PROCESO DE TUTELA-Tiene efectos en el caso concreto respecto de partes involucradas en el conflicto/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia se limita a la selección de casos para revisión
CORTE CONSTITUCIONAL-Prolonga efectos de la sentencia otorgando efectos inter comunis en virtud del principio de igualdad/SENTENCIA CON EFECTOS INTER COMUNIS-Ampara derechos de personas que sin hacer parte de los procesos de tutela se encuentran en igual situación que los accionantes
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Competencia del juez de primera instancia en caso de presentarse expedientes acumulados
INCIDENTE DE DESACATO-Competencia del juez de primera instancia
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA CONTRA TELECOM O TRAMITE DE INCIDENTE DE DESACATO-Falta conocimiento previo de juez primera de instancia de solicitud de cumplimiento de sentencia SU389/05
SOLICITUD CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA CONTRA TELECOM-Remisión a juez civil del circuito en sentencia SU389/05 por falta de competencia
Referencia: Incidente de desacato de la sentencia de tutela SU389 de 2005
Peticionario: Hugo Sampayo Viñas, Javier Arteta Gutiérrez y Adalberto Enrique Barraza Ruiz.
Magistrado Ponente:
Juan Carlos Henao Pérez
Bogotá, D. C., dieciséis de febrero de dos mil once (2011).
I. ANTECEDENTES
1. Hugo Sampayo Viñas, Javier Arteta Gutiérrez y Adalberto Enrique Barraza Ruiz, por separado, promovieron ante esta Corporación incidente de desacato de la sentencia de tutela SU389 de 2005.
2. Señalaron los peticionarios que en el año 2005 mediante sentencia Su- 389 la “Corte Constitucional revisó y concedió a los extrabajadores de Telecom, que llenasen los requisitos de Ley, el beneficio del llamado ‘Reten Social’, el cual consiste en reconocer y pagar, salarios y prestaciones sociales, a (…) los padres cabezas de hogar vulnerables, hasta que desaparezcan las circunstancias adversas para el extrabajador”.
3. Manifestaron los peticionarios que el desacato radica en que “[e]l PAR, a partir de febrero primero del 2.066 cesó la protección comentada, so pretexto de terminación de la personalidad jurídica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom” y que “[l]a Corte Constitucional reiteradamente ha sostenido que el Reten Social, persiste hasta cuando desaparezca definitivamente Telecom, lo cual no ha acontecido, pues el PAR, la prorroga en el tiempo y ha asumido sus derechos y obligaciones”.
II. CONSIDERACIONES
1. Según lo dispone el Decreto 2591 de 1991[1], ante el incumplimiento de una orden emitida en un fallo de tutela, el beneficiario puede solicitar, de manera simultánea o sucesiva, su cumplimiento por medio del denominado trámite de cumplimiento, y/o sancionar a la autoridad incumplida a través del incidente de desacato.
2. La posibilidad de exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista en los artículos 23[2] y 27[3] del Decreto 2591 de 1991 y el incidente de desacato está contemplado en el artículo 52[4] de la misma normatividad; las diferencias entre estos dos trámites fueron expuestas por esta Corporación[5].
3. Por regla general, el competente para conocer del trámite de cumplimiento y del incidente de desacato es el juez de primera instancia[6]. Es éste “el encargado de hacer cumplir la orden impartida, así provenga del fallo de segunda instancia o de revisión, ya que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad”[7]. Al respecto, esta Corporación en auto A-136A de 2002 determinó que la competencia al juez de primera instancia se fundamenta en una interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991, expuesta de la siguiente manera:
“a). En primer lugar, el artículo 27 señalado se encuentra ubicado dentro del conjunto de los artículos del Decreto 2591 de 1991 que regulan el trámite de la acción de tutela en la primera instancia (artículos 15 al 30).
En este artículo fueron establecidos los llamados poderes disciplinarios del juez de tutela, en razón del deber constitucional que le asiste al funcionario de primera instancia de garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela.
(…)
Igualmente en el artículo 27, se autoriza al juez para sancionar por desacato tanto al demandado declarado responsable que haya incumplido la orden de tutela, como a su superior. Este poder disciplinario se prolonga hasta que se efectúe el cumplimiento de la sentencia.
De otra parte, el inciso cuarto del mismo artículo[8], dice: "En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza."
b). En segundo lugar, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 ordena a la Corte Constitucional que, después de surtir el trámite de revisión, remita los expedientes y las sentencias proferidas a los jueces competentes de primera instancia, a fin de que estos realicen la notificación de la sentencia y la adopción de las medidas necesarias para adecuar el fallo a lo decidido por aquella.
En este orden de ideas, según el artículo 36, será siempre el juez de tutela de primera instancia el encargado de adecuar el fallo de revisión proferido por la Corte Constitucional, aún cuando en la oportunidad de instancia aquel no haya concedido la tutela.
7. En Conclusión, la Sala encuentra que el juez de primera instancia (singular o plural), que haya conocido el trámite de tutela, es en todo caso el competente para conocer del trámite incidencial por desacato. Esta interpretación tiene fundamento en los siguientes aspectos: (i) Obedece a una interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991, (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii) está en armonía con el principio de inmediación del trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado jurisdiccional de consulta” (Resaltado fuera del texto).
4. No obstante, en casos excepcionales esta Corporación, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tiene competencia para conocer del incidente de desacato cuando existe una justificación objetiva, razonable y suficiente, que se concreta por ejemplo “cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste, o cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, (…), cuando se presenta un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela sin que los jueces competentes hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces[9], o cuando en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones…”[10].
5. Por regla general la sentencia proferida en un proceso de tutela tiene efectos en el caso concreto respecto de las partes involucradas en el conflicto[11], y el conocimiento de los problemas jurídicos acerca del amparo de un derecho fundamental vulnerado o amenazado no es asunto que le competa en primera instancia a esta Corporación, pues su competencia se limita a la selección de casos para revisión[12] y a la emisión de la respectiva decisión en esa instancia[13]. De allí que siempre en el marco de una decisión en sede de tutela por esta Corporación, previamente ha existido juez de instancia.
6. Sin embargo, existen casos en que esta Corporación al percatarse de una vulneración de derechos fundamentales que afecta a un grupo de personas con características semejantes a los accionantes en la demanda de tutela que concluyó con el amparo de sus derechos, en virtud del principio de igualdad ha prolongado los efectos de la decisión adoptada, otorgando a la sentencia emitida efectos inter comunis[14], esto es, amparando el derecho vulnerado a las personas que sin hacer parte de los procesos de tutela se encontraban en igual situación que los accionantes.
7. Ahora, cuando una persona que formalmente no fue parte en el proceso de tutela que concluyó con la sentencia, pero sobre la cual recayeron sus efectos, solicita su cumplimiento o tramitar un incidente de desacato, esta Corporación ha decidido enviar la solicitud al juez de primera instancia que conoció de la acción de tutela que se revisó por esta Corporación. Determinó que en caso de presentarse expedientes acumulados se debe enviar al juez de primera instancia de la acción principal, para que sea esa autoridad judicial la que asuma el cumplimiento[15] o para que conozca del incidente de desacato[16].
8. Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que la pretensión de los accionantes de que esta Corporación asuma el conocimiento acerca del incidente de desacato de tutela SU389 de 2005, no puede prosperar.
8.1 Así, reitera esta Sala que por regla general el competente para conocer del incidente de desacato de una sentencia de tutela es el juez de primera instancia.
8.2 Los accionantes señalan ser beneficiarios de dicha sentencia. Empero, en los documentos allegados con la solicitud presentada y luego de realizar una labor oficiosa como juez constitucional en aras de amparar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, en el sistema de gestión de procesos de tutela[17] de esta Corporación no se logró determinar el juez que conoció en primera instancia de estas acciones de tutela.
8.3 Se constata que la falta de conocimiento previo por parte de un juez de instancia de lo alegado por los peticionarios acerca del incidente de desacato de la sentencia de tutela SU389 de 2005, impide la configuración de causales que permitan la asunción de su conocimiento por esta Corporación, ya que para tal fin es necesario que el juez competente se haya pronunciado y que la desobediencia persista; o que el juez competente no haya podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden; o las medidas hayan sido insuficientes o ineficaces.
8.4 Con base en lo anterior y en razón a que los accionantes señalan que fueron beneficiarios de dicha sentencia y no fueron parte en ninguno de los procesos acumulados en la sentencia SU389 de 2005, se ha de reiterar que cuando una persona que formalmente no fue parte en el proceso de tutela que concluyó con la sentencia, pero sobre la cual recayeron sus efectos, solicita su cumplimiento o tramitar un incidente de desacato, esta Corporación ha decidido enviar la solicitud al juez de primera instancia que conoció de la acción de tutela que se revisó por esta Corporación y se determinó que en caso de presentarse expedientes acumulados se debe enviar al juez de primera instancia de la acción principal, para que sea esa autoridad judicial la que asuma el cumplimiento o para que conozca del incidente de desacato.
8.5 Conforme a lo expuesto, en razón a que los accionantes señalan que fueron beneficiarios de dicha sentencia pero no fueron parte en ninguno de los procesos acumulados en la sentencia SU389 de 2005, de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales en la materia (numeral 7°), esta Sala ordenará la remisión de la solicitud de incidente de desacato al juez de tutela de primera instancia dentro del proceso al cual se acumularon los demás expedientes de tutela que concluyó con la emisión de la sentencia SU389 de 2005, esto es, al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá (Expediente T-85194, acción de tutela presentada por Gilberto Alfredo Paz Echavarría contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación).
8.6 Por lo expuesto, esta Sala resolverá no asumir, por falta de competencia, el conocimiento de las solicitudes de incidente de desacato de la sentencia SU389 de 2005 presentadas por Hugo Sampayo Viñas, Javier Arteta Gutiérrez y Adalberto Enrique Barraza Ruiz y dispondrá remitir esta solicitud al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá.
III. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala
RESUELVE
Primero: NO ASUMIR por falta de competencia el conocimiento de las solicitudes de incidente de desacato de la sentencia SU389 de 2005 presentadas por Hugo Sampayo Viñas, Javier Arteta Gutiérrez y Adalberto Enrique Barraza Ruiz.
Segundo: REMITIR las solicitudes indicadas en el numeral anterior al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá para que, en su calidad de juez de tutela de primera instancia, asuma el conocimiento de las solicitudes de incidente de desacato de la sentencia SU389 de 2005 presentadas por Hugo Sampayo Viñas, Javier Arteta Gutiérrez y Adalberto Enrique Barraza Ruiz.
Tercero: INFORMAR de esta actuación a los peticionarios y al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá.
Cuarto: ORDENAR al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá que una vez resuelva las solicitudes de incidente de desacato de la sentencia SU389 de 2005 presentadas por Hugo Sampayo Viñas, Javier Arteta Gutiérrez y Adalberto Enrique Barraza Ruiz, envíe a esta Corporación copia de lo resuelto.
Notifíquese y cúmplase,
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con permiso
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[2] ARTICULO 23. PROTECCION DEL DERECHO TUTELADO. Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible.
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular y lo remite al juez en el término de 48 horas, éste podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto” (Resalta la Sala).
[3] ARTICULO 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza” (Resalta la Sala).
[4] “ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción” (Resalta la Sala).
[5] En sentencia de unificación SU-1158 de 2003, esta Corporación citando las sentencias de tutela T-458-03 y T-744-03 manifestó las diferencias existentes entre el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato.
[6] A-178-08
[7] SU-1158-03
[8] La Corte se ha pronunciado incluso a propósito de la resolución de conflictos de competencia, sobre esta especial obligación del juez de tutela de primera instancia. Cfr. Auto 051 de 1995, Auto 008 de 1996 y Auto 146 de 2001.
[9] Autos 010 y 045 de 2004 y 184 de 2005.
[10] Auto 256-07.
[11] Decreto 2591 de 1991, “Artículo 36: Efectos de la Revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta”.
[12] Decreto 2591 de 1991, “Artículo 33: Revisión por la Corte Constitucional.. La Corte Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses”.
[13] Decreto 2591 de 1991, “Artículo 34: Decisión en Sala La Corte Constitucional designará los tres magistrados de su seno que conformarán la Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente para los tribunales del Distrito Judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente”.
[14] Ver entre otras Su-813-07, Su-636-03, T-096-10, T-210-10, entre otras.
[15] Auto del 6 de agosto de 2007 M.P. Jaime Araújo Rentería. En este auto se analizó el supuesto en el cual los peticionarios solicitaban que la Corte Constitucional asumiera el cumplimiento de la sentencia de tutela Su- 636 de 2003. Se consideró luego de hacer referencia a la argumentación respecto del conocimiento que debe tener el juez de primera instancia que:
“Vistas las anteriores consideraciones, es evidente que es deber del juez de instancia, en principio, garantizar que la orden de tutela impartida en el trámite de dicha acción se cumpla de manera pronta y eficaz, para lo cual deberá adelantar todas las actuaciones que permitan la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo dispone en el artículo 86 de la Carta.
En consecuencia, en esta ocasión será el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amagá (Antioquia), el que como juez de primera instancia en la acción de tutela de referencia T-641309, a la cual fueron acumulados los demás expedientes que integraron la decisión contenida en la sentencia Su-636 de 2003, deberá verificar si ha existido o no incumplimiento de dicha sentencia, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y, en caso afirmativo, adoptar las medidas conducentes al cumplimiento.
Por ello, el Magistrado Sustanciador ordenará remitir a dicho juzgado la solicitud de cumplimiento que presentaran ante esta Corte los señores (…), con sus anexos. Así mismo, se ordenará a la Secretaría General de esta misma Corporación, comunicar el presente auto tanto al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amagá (Antioquia) como a los peticionarios”.
[16] Auto 030A del 27 de enero de 2009. En este auto se estudio el caso en el cual el peticionario solicitaba que la Corte Constitucional asumiera el conocimiento del incidente de desacato en el que presuntamente había incurrido una autoridad judicial por la no aplicación de la sentencia Su-813 de 2003. Se consideró luego de hacer referencia a la argumentación respecto del conocimiento que debe tener el juez de primera instancia que:
“[C]on fundamento en lo expuesto anteriormente, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la presente solicitud de desacato es improcedente toda vez que la Corte Constitucional no es la autoridad competente para adelantar el incidente de desacato de los fallos de tutela, en este caso, de la sentencia Su-813 de 2007, y porque no se reúnen las condiciones necesarias para que de manera excepcional la Corte pueda adelantar el incidente de desacato en comento.
Que, en este caso, dado que el peticionario no fue parte en ninguno de los procesos acumulados en la sentencia Su-813 de 2007, de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales en la materia, el suscrito magistrado ordenará la remisión de la solicitud de desacato al juez de tutela de primera instancia dentro del proceso al cual se acumularon los demás expedientes de tutela de la sentencia Su-813 de 2008 (sic), esto es, a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (Expediente T-1334615, acción de tutela instaurada por Álvaro Hernán Luna Viteri contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá)”.
[17] En el sistema de gestión de procesos de tutela se ingresan los nombres de los accionantes, accionados y jueces de instancia que conocieron de los proceso de tutela. En virtud del artículo 31 y 32 el juez de primera y segunda instancia, respectivamente, tienen el deber de remitir a esta Corporación los procesos que concluyen con sentencias de tutela para su eventual revisión.