Auto 103/11

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PENAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO Y JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO-Reiteración Auto 124/09

 

FACTOR TERRITORIAL/COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Conocimiento de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motivo la solicitud

 

ACCION DE TUTELA DE AGENTE OFICIOSO CONTRA EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Competencia de Juzgado Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento

 

 

 

Referencia: expediente ICC-1689

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Medellín y el Juzgado Civil del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia.

 

Magistrado Ponente:

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

 

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011) 

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

 

AUTO

 

1.     ANTECEDENTES

 

1.1.    HECHOS

 

1.1.1    El señor Jesús Iván Palacio Rojas, actuando en calidad de agente oficioso de Elba María Herrera Vargas, instauró acción de tutela contra el Instituto de Seguro Social, seccional Antioquia por considerar que dicha entidad vulnera los derechos fundamentales de la agenciada a la igualdad y a una vida digna. 

 

1.1.2    Como fundamento de la solicitud, manifiesta que la señora Elba María Herrera Vargas cumplió 55 años de edad y 35 años de vida laboral el 12 de noviembre de 2009. En virtud de lo anterior, el 2 de agosto de 2010 solicitó la pensión de vejez ante la entidad accionada.

 

1.1.3    Señala que la agenciada trabaja para la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar y se encuentra afiliada a la AFP Seguro Social Pensiones.

 

1.1.4    Finalmente, expone que la señora Herrera Vargas “se ha presentado en varias ocasiones al CAP (centro de atención al pensionado) para indagar sobre su solicitud de pensión y siempre le responde que están verificando su documentación y ya han pasado 9 meses argumentando lo mismo”.

 

1.2.    DECISIONES QUE ORIGINARON EL CONFLICTO

 

1.2.1.  El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Medellín, despacho que mediante auto de fecha 13 de abril de 2011 no avocó el conocimiento de la demanda por considerar que el competente para tramitarla era el juez de Ciudad Bolívar, Antioquia, lugar de residencia de la accionante y donde se están vulnerando presuntamente sus derechos.

 

En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a los Juzgados Penales del Circuito de Ciudad Bolívar.

 

1.2.2.  Recibido el expediente por el Juzgado Penal del Circuito de Ciudad Bolívar, en auto del 26 de marzo de 2011 no dio trámite a la acción y propuso conflicto de competencia. Consideró que “si bien es cierto la afectada señora ELBA MARÍA HERRERA VARGAS tiene su residencia en este municipio, no quiere decir ello que sus derechos fundamentales por esta razón le estén siendo vulnerados en esta localidad, ya que de la lectura del escrito de tutela se deduce claramente que la intención del agente oficioso de dicha señora fue la de dirigir el libelo al juzgado penal del circuito de la ciudad de Medellín (…)”.

 

1.2.3.  En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que solucionara la colisión negativa presentada. 

 

2.      CONSIDERACIONES

 

Competencia de la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencia.

 

1.- La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión.  Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo^[1].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria,  la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.  Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[2].

 

2.- No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común^[3].

 

Normas que determinan la competencia en materia de tutela.

 

3.- Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.  Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales^[4], pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.

 

4.- Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”^[5].

5.- Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corporación: 

 

(i)        Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii)      Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii)           Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

(iv)           Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de repartos contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.

 

6.- Por último, sostuvo la Corte que la anterior argumentación no desconocía la validez del decreto 1382 de 2000, pues se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario.

 

En consecuencia, a partir de las consideraciones anteriores, procede la Sala a decidir sobre el asunto planteado.

 

3.      EL CASO CONCRETO

 

En principio, debe establecerse la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto.  Sobre el particular, se observa que los jueces involucrados en el presente conflicto pertenecen a la jurisdicción ordinaria y están ubicados en el mismo distrito judicial, por lo cual su superior funcional común viene a ser la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Sin embargo, remitido el expediente a esta Corporación y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena procede a dar solución al caso objeto de estudio.

 

En el presente caso, el conflicto gira en torno a la determinación del factor territorial para establecer el funcionario competente para conocer y decidir la demanda de la referencia.

 

Por consiguiente, es preciso recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.” 

 

Respecto de esta norma, la Corte ha concluido que no necesariamente el lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente ha violado derechos fundamentales, coincide con el sitio de ocurrencia de la vulneración[6]; y, que el conocimiento no siempre corresponde al juez con competencia donde se expidió un acto violatorio, sino al del sitio donde se produzcan sus efectos, es decir, del lugar donde se presentó, ocurrió o repercutió la vulneración que se busca contrarrestar[7].

 

A juicio del Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Medellín, el factor territorial lo establece el domicilio de la accionante, es decir, Ciudad Bolívar, Antioquia, y es allí donde se presenta la presunta violación de los derechos reclamados. Por otro lado, el Juzgado Penal del Circuito de ese municipio afirma que el lugar escogido por la accionante para tramitar su demanda fue la ciudad de Medellín y que ese despacho tiene competencia para conocer de la tutela.

 

De acuerdo con lo anterior, del escrito de tutela se advierte que el domicilio de la entidad accionada se encuentra en la ciudad de Medellín[8] y, que es en este lugar donde se han radicado las diferentes peticiones y escritos para obtener el reconocimiento y pago de la prestación económica reclamada.  En este orden de ideas, el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de esa capital, es competente para tramitar la acción, toda vez que es en esa unidad territorial, donde se estarían produciendo los efectos de la supuesta vulneración.  Además, fue el juez con jurisdicción en esta ciudad el escogido por la accionante para radicar la acción constitucional.

 

Igualmente, en la demanda se observa que la accionante tiene su domicilio en el municipio Ciudad Bolívar[9], situación que permite trasladar la competencia territorial a los funcionarios ubicados en dicho lugar.

 

En los eventos como el que ahora nos ocupa, es decir cuando varios despachos judiciales tienen competencia para conocer de la garantía constitucional de amparo, la Corte ha señalado que los jueces o tribunales deben respetar la elección que haya efectuado el accionante.^[10]  

 

De manera que, aunque ambos despachos son competentes para conocer de la presente acción constitucional, en la medida en que la presunta vulneración estaría produciendo efectos en el domicilio de la entidad accionada, a cuyos jueces acudió la accionante y por reparto llegó inicialmente el presente asunto, “a prevención” el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Medellín es el que debe avocar el conocimiento en primera instancia.

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Medellín para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

 

4.      DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO: DECIDIR el conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Civil del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia y el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Medellín, ordenando la remisión del expediente a este último.

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por Jesús Iván Palacio Rojas, en calidad de agente oficioso de Elba María Herrera Vargas, contra el Instituto de Seguro Social, Seccional Antioquia, al Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Medellín para que sin más demoras, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.

 

TERCERO: Por Secretaría General COMUNICAR al Juzgado Penal del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

 

JUAN CARLOS HENAO PEREZ

Presidente

 

 

 

 

MARiA VICTORIA CALLE CORREA             MAURICIO GONZALEZ CUERVO  

                     Magistrada                                                           Magistrado

 

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO   JORGE IVAN PALACIO PALACIO   

                           Magistrado                                                        Magistrado

 

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA                        JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

                 Magistrado                                                              Magistrado

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO          LUIS ERNESTO VARGAS SILVA      

                         Magistrado                                                       Magistrado

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General