Auto 271/11

(6 diciembre de 2011)

 

 

Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia C-250 del 6 de abril de 2011, presentada por Juan José Cantillo Pushaina, Expedientes D-8231, D-/8232 y D- 8240 acumulados.

 

Magistrado Ponente:

Dr. MAURICIO GONZALEZ CUERVO.

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional decide mediante el presente auto  la solicitud de nulidad presentada por el ciudadano Juan José Cantillo Pushaina contra la sentencia C-250 del 6 de abril de 2011.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y Juan José Cantillo Pushainaen ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, instauraron demanda de inconstitucionalidad, contra los artículos 86 (parcial), 89 (parcial), (D-8231), 100 (parcial) (D- 8232) y 90 (D- 8240)  de la Ley 1395 de 2010, tramitados en forma acumulada y que culminaron con la sentencia C- 250 de  2011.

 

2. Mediante auto se admitió la demanda, se dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera concepto y se ordenó comunicar la iniciación del correspondiente proceso acorde con las normas constitucionales. En la misma providencia se invitó a varias entidades públicas y privadas, así como a representantes de varias Facultades de Derecho, con el fin de que, si resultaba de su interés, emitieran su opinión sobre la demanda. 

 

3. Agotado el trámite señalado por el Decreto 2067 de 1991, el 6 de abril de 2011, con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo, se dictó la sentencia C-250 de 2011, en cuya parte resolutiva se adoptaron las siguientes decisiones respecto de los cargos de la demanda:

 

“Primero: Declarar EXEQUIBLES los artículos 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010, en relación con los cargos estudiados.

 

Segundo: Declarar EXEQUIBLE, el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, en el entendido de que las víctimas y/o sus representantes en el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y sentencia.

 

Tercero: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010.”

 

4. La providencia fue notificada mediante edicto del día 13 de mayo de 2011 el cual fue desfijado el 17 del mismo mes y año, según consta en informe secretarial del 23 de mayo de 2011.

 

II. SOLICITUD DE NULIDAD

 

Mediante escrito radicado el 20 de mayo de 2011, el señor Juan José Cantillo Pushainasolicitó a la Corte que declare la nulidad parcial de la sentencia C-250 de 2011 aduciendo el motivo que se resume a continuación:

 

El solicitante manifiesta que en la demanda se hizo una distinción entre el principio de la inmediación procesal y el de la inmediación probatoria; la primera que según su apreciación es de rango constitucional por el solo hecho de haberse adoptado por el Acto Legislativo 03 de 2002, el sistema penal de tendencia acusatoria que se rige por la oralidad que es la esencia de la inmediación procesal y el segundo, que hace referencia a la inmediación probatoria, el cual aparece consagrado de manera expresa en el numeral 4 del artículo 250 C.P.

 

Considera que el análisis realizado por la Corte en la sentencia C-250 de 2011 sobre la constitucionalidad del artículo 90 de la Ley 1395/10, contempló el estudio de la inmediación probatoria, omitiendo pronunciamiento sobre la inmediación procesal que en criterio del solicitante era la base del cargo formulado y que implica una violación del debido proceso.

 

III. CONSIDERACIONES

 

1. Nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional

 

1.1. De manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las decisiones judiciales que adopta la Corte Constitucional, al ser expresiones del poder de administrar justicia y, de manera más amplia, de la actividad del Estado, deben contar con mecanismos judiciales del control en los casos excepcionales en que contradigan los postulados propios del derecho al debido proceso.  En ese sentido, la nulidad de las sentencias de la Corte se erige en un instrumento que media entre (i) los efectos de la cosa juzgada constitucional, inscritos en la teoría de los órganos límite, que obliga a que una vez la sentencia cobra ejecutoria sea inmodificable y perfeccione sus efectos en el ordenamiento jurídico; y (ii) la necesidad de garantizar la eficacia del derecho fundamental al debido proceso, cuando es afectado por la decisión de la Corte[1].

 

1.2. No obstante lo anterior, el inciso primero del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, establece que“contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”, medida que en criterio de esta corporación resulta razonable, dado que mediante tales providencias se resuelven de manera definitiva los asuntos que ante ella se plantean, ya sea en el campo del control abstracto de constitucionalidad o en procesos relativos a la revisión de fallos de tutela[2].

 

El inciso segundo de la norma antes citada dispone que “la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” y agrega que “sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.

 

De este mandato se desprenden varias consecuencias, la primera de las cuales consiste en que excepcionalmente es factible proponer la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional, siempre y cuando quien la alega demuestre “de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso”[3].

 

Debido a que las sentencias de constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada constitucional adquiriendo carácter definitivo y obligatorio tanto para las autoridades como para los particulares,la nulidad procedería únicamente cuando se presentencircunstancias especiales o extraordinarias[4]. Son razones de seguridad jurídica y de prevalencia de los principios consagrados en la Constitución Política, las que justifican que tales decisiones gocen de “estabilidad superlativa”[5].

 

Dentro de las circunstancias excepcionales que determinan la procedencia de las solicitudes de nulidad, se encuentran tanto las actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse sentencia, así como las irregularidades presentadas en la misma sentencia, situaciones que de ser comprobadas deben ser declaradas en cualquier etapa del proceso[6].

 

1.3. Con referencia a las solicitudes de nulidad que se presentan luego de dictada la sentencia, la jurisprudencia ha indicado los requisitos que debe cumplir una declaratoria de esta naturaleza. Dichos requisitos han sido recogidos entre otros por el Auto 353 de 2010 y se mencionan a continuación[7]:

3.1.1. Naturaleza excepcional.  La declaratoria de nulidad de una sentencia de revisión proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional a la cual sólo puede arribarse cuando en la decisión concurran “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de maneraindudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”’[8](Subrayado fuera de texto)”[9].

 

En este sentido, la jurisprudencia ha concluido que la solicitud de nulidad de una sentencia no puede, en ningún caso, tornarse en un recurso adicional contra la providencia adoptada por la Corte.  Esta conclusión es particularmente importante en relación con las decisiones adoptadas por este Tribunal en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes.  Ello debido a que, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta Política, los fallos que dicte la Corte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.  Por ende, solo la existencia de asuntos graves, relevantes y probados, podrán ser hábiles para predicar la nulidad del procedimiento o del fallo de constitucionalidad.  En tal sentido, la jurisprudencia ha indicado de manera estable que la solicitud de nulidad no es una nueva instancia, ni un recurso de reconsideración para que el Pleno reformule las razones que dieron lugar a la decisión atacada o, menos aún, modifique el sentido del fallo.

 

El carácter excepcional, limitado y cualificado de la solicitud de nulidad de las sentencias de control de constitucionalidad ha sido reiterado por decisiones recientes de este Tribunal, las cuales enfatizan en que dicho fenómeno se estructura única y exclusivamente ante graves y objetivos defectos procedimentales que afectan, sin ninguna duda, la validez de la sentencia. Así por ejemplo, en el Auto 277/09 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), que resolvió la nulidad formulada contra la sentencia C-931/08, puso de presente que “[q]uien alega una nulidad debe además demostrar el quebranto de las reglas procesales previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, con notoria y grave violación del debido proceso, acreditando que se está en presencia de una vulneración “significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”[10]. || En relación con la nulidad originada en la sentencia misma, la Corte ha considerado que ella sólo es procedente en aquellos casos en que al momento de votar se produce desconocimiento del debido proceso, circunstancia que se circunscribe a los eventos de (i) violación del principio de publicidad, (ii) falta de quórum o de mayoría exigidos por la ley y (iii) desconocimiento de la cosa juzgada constitucional.” (Subrayas no originales).

 

3.1.2. Presupuestos formales de procedencia. La jurisprudencia constitucional determina las condiciones formales que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias[11]. Estos requisitos son:

 

(i)                    La solicitud debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte.  Vencido este término, se entiende que toda circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada[12];

 

(ii)                  En caso que el vicio se funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir el fallo, la solicitud de nulidad deberá solicitarse, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de proferida la sentencia correspondiente.  En caso que las partes que intervinieron en el proceso constitucional no eleven petición en ese sentido dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la nulidad posteriormente[13];

 

3.1.3. Presupuestos materiales de procedencia.  En igual sentido, la doctrina constitucional relativa a los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de nulidad también ha establecido determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que se utilicen para fundar los cargos contra la sentencia respectiva, las cuales se resumen de la siguiente manera:

(i)                    El solicitante tiene la carga de demostrar, con base en argumentos serios y coherentes que la sentencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Como se indicó, el incidente de nulidad no es una oportunidad para reabrir la discusión jurídica resuelta en el fallo, por lo que una censura al fallo sustentada en el inconformismo del peticionario ante lo decidido o en una crítica al estilo argumentativo o de redacción utilizado en la sentencia, carece de eficacia para obtener la anulación de la misma.

 

(ii)                  En el caso particular de las sentencias de revisión de tutela, la condición prevista en el numeral anterior conlleva a que la solicitud de nulidad no puede utilizarse como alternativa para que la Sala Plena de la Corte Constitucional reabra el debate probatorio realizado por la Sala de Revisión que profirió el fallo respectivo.  En consecuencia, el cargo que sustente la solicitud de nulidad no puede estar dirigido hacia ese fin.

 

(iii)               La afectación del debido proceso por parte de la Sala tiene naturaleza cualificada.  Por tanto, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”.[14]  Con base en estas características, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características, tales como:

 

“- Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. (…)[15]

 

- Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[16]

 

- Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[17] igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.

 

- Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.[18]

 

- Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[19] ” [20]

A este respecto debe resaltarse que para el caso particular de las sentencias de control de constitucionalidad, la exigencia de conservación del precedente se restringe a la compatibilidad formal entre las sentencia acusadas y aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.  Frente a las sentencias de revisión de tutela, los cambios de jurisprudencia recaen en el ámbito de la falta de competencia, conforme lo prevé el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, norma que asigna esa función a la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente.

 

(iv) Igualmente, la jurisprudencia también ha contemplado la configuración de una causal de nulidad de las sentencias de revisión cuando, de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión[21].

 

En conclusión, la solicitud de nulidad de las sentencias que profiere la Corte Constitucional es un trámite de configuración jurisprudencial relacionado con la protección del derecho al debido proceso, que tiene naturaleza excepcional y que está sometido a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental mencionado. Constituye un procedimiento que, en ningún caso, puede originar la reapertura del debate jurídico resuelto por la sentencia correspondiente.

 

Estas condiciones agravadas encuentran sustento a la luz del ordenamiento superior, en tanto pretenden proteger adecuadamente principios jurídicos centrales para la función ejercida por la Corte, tales como la cosa juzgada constitucional, la seguridad jurídica y la certeza de la aplicación del derecho, de forma tal que sirva de instrumento idóneo para la resolución de los conflictos y la paz social.

 

2.- Presupuestos formales de procedencia. Verificación del requisito de oportunidad. Caso Concreto

 

Antes de pasar a examinar el fondo de la solicitud de nulidad, la Corte debe determinar si ésta fue presentada dentro del término previsto, tal y como lo ha venido estableciendo la jurisprudencia de la Corporación[22], es decir dentro de los tres días siguientes desde la fecha de la notificación del fallo (aplicación analógica del artículo 31, Decreto 2591 de 1991).

 

En el presente caso, la solicitud de nulidad presentada por el ciudadanoJuan José Cantillo Pushaina, fue recibida en la Secretaria de esta corporación el 20 de mayo de 2011 vía fax, es decir que se presentó en el término de los tres días siguientes a la notificación por edicto de la sentencia que fue desfijada el 17 de mayo de 2011. Lo anterior significa que la solicitud fue presentada oportunamente, por lo que la Corte procederá a realizar su análisis de fondo.

 

3.- Presupuestos materiales de procedencia. Análisis del cargo de nulidad

 

3.1.Manifiesta el solicitante que la Corte al considerar el cargo de inconstitucionalidad presentado omitió  el estudio de la inmediación procesal en la segunda instancia, como principio consagrado implícitamente con el Acto Legislativo 03 de 2002, al adoptar el sistema penal de tendencia acusatoria, vulnerando con dicha omisión el debido proceso y dejando de analizar asuntos de trascendencia constitucional con efectos en el sentido de la decisión.

 

El solicitante está inconforme con la decisión adoptada por esta Corporación que encontróque la disposición acusada resulta acorde con el estatuto superior, fundada en la libertad de configuracion del legislador y en que el recurso de apelación es una instancia de control prevista como la garantía de una decisión justa que no constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio en el que deban debatirse todos los temas del mismo y como tal,requerirse la inmediación con el juez de la segunda instancia.

 

La Corte al analizar el cargo formulado examinó las características del sistema penal acusatorio y su aplicación en las diversas etapas del proceso penal,tendientes al cumplimiento de sus objetivos, para concluir que la disposición acusada no vulnera el artículo 250 Superior, por cuanto permite la salvaguarda del derecho de la segunda instancia para autos en materia penal, protege la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos del debido proceso, del derecho a la defensa y del acceso a la justicia, a la par de buscar la racionalizacion de su tramite logrando una mayor eficacia de la justicia.

 

Debe recordar esta Corte que para que prospere la solicitud de nulidad, es necesario que el solicitante demuestre que la sentencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso. En otras palabras, el inconformismo del peticionario con respecto al fallo, no es suficiente para declarar la nulidad del mismo y no puede constituir un procedimiento que pueda originar la reapertura del debate jurídico resuelto por la sentencia correspondiente.

 

3.2.No se encuentra probado que la Corte haya dejado de analizar asuntos de relevancia constitucional que de haber sido estudiados  habrían podido cambiar el sentido del fallo, no siendo posible atender a la apertura de la discusión ya debatida y resuelta en la sentencia C- 250 de 2011.

 

3.3. Por tal razón, esta Corporación

 

RESUELVE

 

DENEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia C-250 de 2011, presentada por el ciudadano Juan José Cantillo Pushaina.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.

 

 

 

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Presidente

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado	JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA Magistrado	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado Ausente con permiso
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado Ausente en comisión

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General