A012-12


Auto 207/11
Auto 012/12

 

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR Y JUZGADO DE FAMILIA-Reiteración Auto 124/09

 

JUEZ DE TUTELA-Se determina según quién aparezca como demandado y no a partir del análisis de fondo de los hechos

 

FACTOR TERRITORIAL/COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Conocimiento de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motivo la solicitud

 

ACCION DE TUTELA CONTRA EL INPEC-Competencia de Tribunal Superior

 

 

Referencia.: expediente ICC-1743.

 

Acción de tutela presentada por Héctor Fabio Montoya contra La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, y el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad (en adelante, Epams) de Girón, Santander.

 

Magistrado Ponente: 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

 

Bogotá, D.C.,  Primero (1º) de febrero de dos mil doce (2012) 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.       ANTECEDENTES

 

1. El señor Héctor Fabio Montoya interpuso acción de tutela contra La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Dirección General del Inpec y la Dirección del Epams de Girón por considerar que esas autoridades vulneraron sus derechos constitucionales a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

 

2. Como fundamento de su demanda, manifiesta que entre el 15 y el 17 de agosto de 2011, durante los cuales fue trasladado por tierra del Epams de Girón al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales sufrió diversos abusos por parte de los guardias y el inspector del Inpec encargados de su movilización. En ese sentido, señala que no recibió alimentación ni bebida adecuadas, que las condiciones de la furgoneta en que se realizó el mismo eran precarias e inhumanas, que los guardias consumieron bebidas alcohólicas y que fue objeto de requisas degradantes, prohibidas por la jurisprudencia constitucional.

 

3. La demanda correspondió por reparto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, la cual, mediante providencia de veintiocho (28) de noviembre de dos mil once (2011) decidió remitir la demanda a la oficina judicial de la ciudad de Bucaramanga, a fin de que fuera repartida entre los juzgados del circuito. En el oficio remisorio consideró el magistrado ponente que “en virtud a que el Inpec es una entidad del orden nacional descentralizado, permite inferir que la competencia para tramitar y fallar la presente acción pública recae en los juzgados con categoría de Circuito y no en la Corporación”.

 

4. Realizado el nuevo reparto, el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga mediante auto de seis (6) de diciembre de dos mil once (2011), no aceptó las consideraciones de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales pues, al tratarse de una acción dirigida contra una entidad del Estado Colombiano (Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho), de acuerdo con el escrito de tutela, la competencia “para tramitar la demanda por el factor territorial y de conformidad con las reglas del artículo 37 del decreto 2591 de 1991, no recae en es[t]a Corporación habida consideración que es el Establecimiento Carcelario del municipio de Girón donde se encuentra privado de la libertad el actor y fue allí donde se originaron esos hechos que considera violatorios de sus derechos fundamentales”.

 

En consecuencia, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera la colisión presentada.

 

II.      CONSIDERACIONES

 

Competencia de la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencia

 

1.- La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión.  Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo[1].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.  Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional[2].

2.- No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común[3].

 

Normas que determinan la competencia en materia de tutela

 

3.- Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.  Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales[4], ya que por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, dado que consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.

 

4.- Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”[5].

 

5.- Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corporación: 

 

(i)        Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii)      Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii)           Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

(iv)           Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de repartos contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.

 

6.- Por último, sostuvo la Corte que la anterior argumentación no desconocía la validez del decreto 1382 de 2000, toda vez que se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario.

 

A partir de las anteriores consideraciones, procede la Sala a decidir sobre el supuesto conflicto negativo de competencia planteado.

 

III.    DEL CASO CONCRETO

 

En principio, debe establecerse la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto.  Sobre el particular, se observa que los jueces involucrados en el presente conflicto pertenecen a la jurisdicción ordinaria y están ubicados en distintos distritos judiciales, por lo cual su superior funcional común viene a ser la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, remitido el expediente a esta Corporación y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena procede a dar solución al caso objeto de estudio.

 

En esta oportunidad considera la Sala que el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal, no debió inadmitir la demanda por estimarse incompetente para conocer de la acción de tutela instaurada por el señor Héctor Fabio Montoya, bajo el argumento de no pretenderse nada en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho sino contra el Inpec por lo que, en virtud del Decreto 1382 de 2000, el conocimiento le correspondía a los jueces del Circuito.

 

La anterior conclusión esta basada en dos argumentos.

 

En primer lugar, esta Corte, en diferentes pronunciamientos[6] ha rechazado la conducta de aquellos jueces de la República que, en el estudio preliminar correspondiente a la admisión de la demanda, deciden determinar contra quiénes ha debido impetrarse la acción de tutela y se fundamentan en ello para declararse incompetentes con el argumento de que la modificación o inclusión de entidades demandadas altera la competencia.

 

De este modo, ha dispuesto la Corte que el juez a quien debe repartirse el expediente se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de la demanda y no a partir del análisis de fondo de los hechos de la tutela debido a que tal estudio no procede en el trámite de admisión. En efecto, no es aceptable para la autoridad judicial entrar a hacer un juicio a priori sobre quien es el responsable de la violación o amenaza del derecho fundamental ya que ello pertenece al fondo del asunto y es, precisamente, el objeto de estudio de la sentencia.

 

Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Auto 112 de 2006, manifestó lo siguiente:

 

“[C]onsidera la Corte, que ni a dicho Tribunal Administrativo ni a cualquier otro juez o corporación que ejerza jurisdicción constitucional corresponde determinar a priori contra quienes se dirige la acción de tutela, puesto que si bien es posible que todas las entidades o los particulares indicados en la solicitud de amparo constitucional no sean responsables de la amenaza o vulneración de los derechos, también lo es que durante el trámite de la acción se advierta que es necesario vincular a otros no indicados por el accionante (Art. 13 Decreto 2591/91). Además, la indicación que éste hace de los tutelados, no constituye, por regla general, factor de competencia, salvo en el caso previsto en el inciso final del artículo 37 íbídem.

 

En estas condiciones, sólo después de avocado el conocimiento de la acción de tutela o incluso con posterioridad a la práctica de pruebas, cuando ello es necesario, es que el funcionario judicial puede identificar con certeza, en cada caso, las autoridades públicas o los particulares que violaron o amenazaron o no el derecho fundamental objeto de protección constitucional”.

 

En segundo lugar, como se señaló con anterioridad, una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

Tal como indicó la Corte en el Auto 124 de 2009, la declaratoria de incompetencia así como el decreto de una nulidad por desatención de unas reglas de simple reparto contrarían la finalidad de la acción de tutela y los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución), de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991). Lo anterior porque un asunto que por mandato constitucional debe ser fallado en breve término (diez días) es solucionado mucho tiempo después. 

 

En relación con el factor territorial, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el artículo 1º del decreto 1382 de 2000 establece que conocen de competencia, a prevención, los jueces que tuvieren jurisdicción en el lugar en el que se presentaron los hechos presuntamente constitutivos de amenaza o violación a los derechos fundamentales y, en segundo término, distribuye los asuntos, de acuerdo con el nivel territorial de la autoridad accionada. En este caso, los hechos ocurrieron durante el traslado de un interno, llevado a cabo por tierra, entre el municipio de Girón, Santander, y la ciudad de Manizales. Por ello, en principio, las autoridades judiciales con jurisdicción en tales municipios o departamentos podrían conocer, a prevención, de la acción de tutela.

 

En segundo lugar, con base en la ya citada regla que prohíbe a los jueces efectuar un análisis de fondo sobre cuál es la autoridad que debió ser demandada y, en lugar de ello, tomar como referencia la que se indica como sujeto pasivo en la demanda, carece de fundamento el eventual conflicto de competencia por factor territorial que, según el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bucaramanga podría ocasionarse con los jueces municipales y/o del circuito de Girón, lugar de reclusión del señor Héctor Fabio Montoya, por las siguientes razones:

 

De acuerdo con las reglas de reparto contenidas en el decreto 1382 de 2000, las acciones de tutela dirigidas contra autoridades del orden nacional son de conocimiento de los tribunales superiores de distrito judicial, y cuando varias autoridades son demandadas, se toma en cuenta, para efectos del reparto, a la entidad de nivel territorial superior.[7] Por lo tanto, y dado que una de las autoridades demandadas era la “Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho”, el conocimiento de la tutela correspondía, a prevención, a cualquiera de los tribunales de los distintos distritos judiciales del país y, concretamente, podía ser asumida por el Tribunal Superior de Manizales (Sala de Decisión Penal) debido a que esa ciudad fue el destino final del traslado del interno y, por lo tanto, uno de los lugares donde, según la petición de amparo, se dieron hechos lesivos de sus derechos fundamentales.

 

En virtud de las consideraciones expuestas, se dejará sin efectos el auto de veintiocho (28) de noviembre de dos mil once (2011), proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales y se remitirá el expediente de la referencia a esa colegiatura para que le dé trámite y decida en forma inmediata, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991

 

IV.    DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

 

RESUELVE:

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de veintiocho (28) de noviembre de dos mil once (2011), proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales dentro de la acción de tutela de la referencia.

 

SEGUNDO.- REMITIR el expediente de la referencia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, para que, sin más demoras, le dé trámite y decida en forma inmediata, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

TERCERO.- Por Secretaría General COMUNICAR al Juzgado Cuarto (4º) Penal del Circuito de Bucaramanga la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Presidente

 

 

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

Magistrado

 

  

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

   

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

  

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

  

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

  

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

  

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 



[1] Al respecto, ver entre otros,  los Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 031 de 2002, 122 de 2004, 280 de 2006 y 031 de 2008.

[2] Artículo 43 de la Ley 270 de 1996.

[3] Ver autos 167 de 2005, 240 de 2006 y 280 de 2007.

[4] Ver Auto A-099 de 2003 y Sentencia del dieciocho (18) de julio de 2002, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

[5] Auto 230 de 2006. Reiterado por el auto 340 de 2006, entre otros.  

[6] Auto 112 de 2006, Auto 278 de 2006 y Auto 287 de 2007, entre otros.

 

[7] Esta consideración se desprende directamente de las siguientes disposiciones normativas, contenidas en el artículo 1º del decreto 1382 de 2000: Articulo 1º-Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura. (…) || Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.”