Auto 099/12

 

 

TRAMITE DE CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Solicitud simultánea o sucesiva por beneficiario

 

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias

 

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Competencia del juez de primera instancia

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia preferente y excepcional para promover cumplimiento de sus sentencias y dar trámite a incidente de desacato

 

ACCION DE TUTELA EN PROCESO POLICIVO DE RESTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO-Abstenerse de dar trámite a incidente de desacato de sentencia T-210/10

 

 

Referencia: incidente de desacato a la sentencia de tutela T-210 de 2010.

 

Peticionario: Enrique Eudoro Villegas Salazar.

 

Magistrada Ponente (E):

ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO.

 

 

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil doce (2012).

 

 

La Sala Tercera de Revisión integrada por los Magistrados Adriana María Guillén Arango (E), Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio.

 

CONSIDERANDO

 

1. Que el ciudadano Enrique Eudoro Villegas Salazar interpuso acción de tutela contra la Alcaldía Municipal y la Inspección Segunda de Policía de  Floridablanca, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la vivienda digna, a la buena fe, al mínimo vital y al principio de la confianza legítima, que habrían sido vulnerados como consecuencia de que, en el marco del proceso policivo No. 106 de 2006, se ordenó la restitución y el desalojo de un bien inmueble por él ocupado, sin proceder a notificarlo en debida forma de la existencia de ese proceso y sin tener en cuenta que desde 1992 había ejercido, de manera permanente y pública, actos de señor y dueño sobre dicho terreno, de manera que la posesión había sido permitida por la Administración.  

 

2. Que mediante sentencia T-210 del veintitrés (23) de marzo de 2010, la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos al trabajo y al mínimo vital vulnerados al accionante, al considerar que:

 

 “[L]as decisiones adoptadas dentro de los procesos policivos No. 082, 083, 080 y 091 de 2006, acumulados en el proceso No. 060 de 2006, no fueron notificadas al peticionario conforme a lo dispuesto en los artículos 403 del Código Departamental de Policía de Santander y a los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo”. Sin embargo estimó que no existió una violación del derecho al debido proceso, pues “el peticionario se notificó por conducta concluyente de la existencia del proceso policivo No. 080 de 2006 que posteriormente fue acumulado con otros casos en el proceso No. 106 de 2006”.

 

A la hora de analizar concretamente el caso específico de la accionante, este Tribunal estimó:

 

“[E]l peticionario está amparado por la confianza legítima debido a que actuó siempre de buena fe, esto es, bajo la convicción de que estaba ocupando un bien que le pertenecía en la medida en que llevaba más de una década ejerciendo la tenencia del inmueble, con ánimo de señor y dueño, sin que nadie se hubiese opuesto a la misma, aduciendo mejor título. Así, durante al menos un periodo de ese tiempo, la Administración omitió sus deberes de iniciar el proceso policivo de restitución de bien de uso público y, decididamente, esa omisión persistente en el tiempo, le generó al peticionario la convicción de que estaba poseyendo un bien sin ser propietario, y en esta medida, creyó estar actuando conforme a derecho. En este contexto, la orden de desalojo, adoptada dentro del proceso policivo No. 106 de 2006, desestabilizó de manera cierta y evidente la relación entre el peticionario y la Administración pues, después de catorce (14) años, de manera sorpresiva e intempestiva, ordenó la restitución del bien ocupado mediante las Resoluciones  No. 0484 de 16 de Julio de 2008 y No. 0504 de 10 de febrero de 2009 de la Alcaldía de Floridablanca, Santander”.

  

De conformidad con lo anterior, estimó la Corte que antes de proceder al desalojo, la Administración debió haberle ofrecido al peticionario una alternativa viable para adaptarse a la orden de desalojo.

 

Adicionalmente, la Sala decidió extender esa protección, relativa al principio de confianza legítima, “a aquellos ocupantes del bien objeto de desalojo que se encuentren en una situación similar a la del peticionario en la medida en la que subsistan gracias a los recursos derivados de la explotación económica del predio o que tengan su vivienda en dicho terreno”.

 

Con base en estas consideraciones, la Corte Constitucional resolvió:

 

“Primero.- LEVANTAR la suspensión del proceso ordenada mediante auto de diez (10) de diciembre de 2009.

 

Segundo.- REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga y por el Juzgado 10º Penal del Circuito de Bucaramanga, que negaron el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos al trabajo y al mínimo vital vulnerados al señor Enrique Eudoro Villegas Salazar.  

 

Tercero.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Floridablanca que, antes de proceder al desalojo, llegue a un acuerdo con el peticionario en el que, en todo caso, se le reconozcan las mejoras que éste hubiere hecho sobre el inmueble, con el fin de proteger sus derechos al trabajo y al mínimo vital.  Esta decisión tendrá efectos inter comunis por lo que se hará extensiva a todos aquellos ocupantes del bien de uso público, objeto del proceso policivo de restitución No. 106 de 2006, que se encuentren en una situación similar a la del peticionario, en la medida en la que subsistan gracias a los recursos derivados de la explotación económica del predio y/o que tengan su vivienda en dicho terreno.  

 

Cuarto.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Floridablanca que, una vez efectuado el pago de dichas mejoras, repita contra la empresa “Marval Ltda.” y sus representantes legales. 

 

Quinto.- COMPULSAR copias de esta sentencia y del expediente al Fondo de Inmuebles Urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga en liquidación, para que, si lo considera procedente, adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar en contra del señor Cesar Augusto Moreno Prada, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta sentencia.

 

Sexto.- COMPULSAR copias de esta sentencia y del expediente a la Fiscalía General de la Nación que para, si lo considera procedente, adelante las investigaciones penales a que haya lugar, en contra de los señores César Augusto Moreno Prada y Fernando Marín Valencia de Bucaramanga, por lo hechos relacionados en la parte motiva de esta sentencia.

 

Séptimo.- INSTAR al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y a la Electrificadota de Santander S.A. E.S.P. para que realicen una visita al predio, ubicado en la Calle 205 No. 37 – 42 (Floridablanca, Santander) e inspeccionen las nuevas conexiones de agua y de luz que se han hecho en el lugar. 

 

Octavo.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991”.

 

3. Que el catorce (14) de marzo de 2012, el señor Enrique Eudoro Villegas Salazar presentó ante la Secretaria General de esta Corporación, incidente de desacato a la sentencia T-210 de 2010, al estimar que “a la fecha, el suscrito ni los otros posesionarios (sic), ni nuestro apoderado ha sido notificado de acto administrativo alguno que resuelva el objeto del fallo de la referencia”, pese a que desde la fecha en que se le notificó el fallo de tutela a la fecha de presentación del presente escrito ha sostenido varias reuniones con la Alcaldía de Floridablanca sin que, en su sentir, le hayan dado cumplimiento al fallo.

 

4. Que según lo dispone el Decreto 2591 de 1991^[1], ante el incumplimiento de una orden emitida en un fallo de tutela, el beneficiario puede solicitar, de manera simultánea o sucesiva, su cumplimiento por medio del denominado trámite de cumplimiento, y/o sancionar a la autoridad incumplida a través del incidente de desacato.

 

La posibilidad de exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista en los artículos 23^[2] y 27^[3] del Decreto 2591 de 1991 y el incidente de desacato está contemplado en el artículo 52^[4] de la misma normatividad; las diferencias entre estos dos trámites fueron expuestas por esta Corporación^[5]. 

 

5. Que por regla general, el competente para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo es el juez de primera instancia^[6]. Es éste “el encargado de hacer cumplir la orden impartida, así provenga del fallo de segunda instancia o de revisión, ya que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad”^[7].

 

6. Que la Corte Constitucional ha establecido que conserva una facultad preferente y excepcional tanto para promover el cumplimiento de sus sentencias de manera directa como para dar trámite al incidente de desacato y que dicha competencia tiene lugar en algunas situaciones que han sido analizadas en la jurisprudencia constitucional^[8], entre otras:

 

(i)                Cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste;

 

(ii)             Cuando la autoridad desobediente es una Alta Corporación Judicial, pues las mismas no tienen superior jerárquico que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato;

 

(iii)           Cuando se trata del incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, en virtud de la cual se concede el amparo solicitado siempre y cuando la Corte así lo determine;

 

(iv)            Cuando resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad  del ordenamiento constitucional;

 

(v)              Cuando la intervención de la Corte sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados^[9];

 

(vi)            Cuando se esté en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, en la que se hayan emitido órdenes complejas para cuya efectividad sea necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo^[10]. 

 

En conclusión, conforme a la normativa y a la jurisprudencia, en principio, la Corte Constitucional no es competente para verificar el cumplimiento de las decisiones de tutela, salvo las excepciones señaladas.

 

7. Que en el presente caso, no se evidencia que el incidente de desacato a la sentencia de tutela T-210 de 2010 se haya elevado ante el Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, Santander, quien es el juez de primera instancia dentro del proceso de tutela interpuesto por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra la Alcaldía Municipal de Floridablanca y la Inspección Segunda de Policía de  Floridablanca.

 

8. Que en los términos expuestos, no se presentan las condiciones que ha establecido la jurisprudencia constitucional para que esta Corporación asuma competencia para dar trámite al incidente de desacato a la sentencia de tutela T-210 de 2010, pues se desconocería la competencia que en virtud de los artículos 27 y 36 del Decreto 2591 de 1991, ostenta el juez de primera instancia.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. ABSTENERSE de asumir la competencia para dar trámite al incidente de desacato a la sentencia de tutela T-210 de 2010.

 

SEGUNDO. REMITIR el incidente de desacato a la sentencia de tutela T-210 de 2010 presentado por el señor Enrique Eudoro Villegas Salazar, al Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, Santander, para que obre de acuerdo con su competencia.

 

Notifíquese y cúmplase,

 

 

 

ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO

Magistrada (E)

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General