Auto A114/12

 

 

FALLO DE REVISION DE TUTELA-Reiteración improcedencia de aclaración/ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Declaración de inexequibilidad en sentencia C-113/93

 

La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, las sentencias proferidas en desarrollo de su función de revisión de los fallos de tutela no son susceptibles de aclaración en la medida que se excedería el ámbito de competencias asignadas a la Corporación por el artículo 241 Superior y se iría en contra de los principios de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica. La anterior posición fue sostenida, entre otras, en la sentencia C-113 de 1993, en la cual se declaró inexequible el inciso 4° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, disposición que contemplaba la posibilidad de solicitar la aclaración de las sentencias de tutela emitidas por esta Corporación.

 

 

SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil/ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia respecto de conceptos o frases contenidas en la parte resolutiva o que influyan en ella

 

ACLARACION SENTENCIAS PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Requisitos

 

La jurisprudencia constitucional ha indicado que es admisible la aclaración de las sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: “a) que sea presentada dentro del término de su ejecutoria, esto es, dentro de los tres días siguientes a su notificación y b) por una parte legitimada para tal fin, esto es, que haya sido parte en el proceso. Y debe ser aclarada cuando c) existen frases que objetivamente ofrezcan duda, al ser ambiguas o susceptibles de ocasionar perplejidad en su intelección, ya sea porque provienen de una redacción ininteligible o de la falta de claridad acerca del alcance de un concepto o frase; d) siempre que esté ubicada en la parte resolutiva o, en la motiva si influye en aquella.”.

 

SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Rechazar por extemporánea en sentencia T-571/11

 

 

 

Solicitud de aclaración de la Sentencia    T-571 de 2011, presentada por la señora Diana Marcela Carvajal Martínez.

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012).

 

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto:

 

I. ANTECEDENTES

 

1. La señora Diana Marcela Carvajal Martínez interpuso acción de tutela alegando que la Contraloría General de la República le estaba vulnerando sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, al no haber renovado o prorrogado su contrato de prestación de servicios, aun cuando conocía que se encontraba en estado de embarazo.

 

2. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante fallo proferido el 18 de enero de 2011, concedió las pretensiones de la señora Diana Marcela Carvajal Martínez, por considerar que la negativa de la entidad demandada de acceder a la prórroga del contrato vulneraba los derechos fundamentales de la actora y de su hijo, ya que el vencimiento del plazo no era razón suficiente para que quedaran desprotegidos.

 

3. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 21 de febrero de 2011, revocó la de primera instancia, teniendo en cuenta que: (i) las causas que generaron la contratación no persistían, (ii) la accionante contaba con otros medios de defensa judicial y (iii) no se demostró la afectación al mínimo vital.

 

4. La Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, en sentencia T-571 del 21 de julio de 2011, entre otras decisiones, amparó los derechos de la señora Diana Marcela Carvajal Martínez. La parte resolutiva de dicho fallo dispuso, en lo que a ella concierne, lo siguiente:

 

“CUARTO.- En el expediente T-3005236, REVOCAR la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil-, el 21 de febrero de 2011, que a su vez revocó la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá  - Sala Civil-, el 18 de enero de 2011, y en su lugar CONCEDER el amparo invocado. En consecuencia, ORDENAR a la Contraloría General de la República que, si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, restablezca la relación contractual con la señora Diana Marcela Carvajal Martínez bajo la misma modalidad y condiciones originalmente pactadas y que le reconozca los dineros dejados de percibir durante todo el tiempo de la interrupción del contrato. Frente a las demás pretensiones la accionante podrá acudir ante el juez competente.”

 

5. La señora Diana Marcela Carvajal Martínez, en escrito radicado el 1° de marzo de 2012, presentó a esta Corporación solicitud de aclaración de la Sentencia T-571 de 2011 con el propósito de “fijar el sentido” de dicha providencia, toda vez que, según ella, la Contraloría General de la República se ha negado a dar cumplimiento a dicho fallo argumentando: (i) no saber por cuánto tiempo debe suscribir el contrato de prestación de servicios; y (ii) no  tener claro qué sumas se deben cancelar.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, las sentencias proferidas en desarrollo de su función de revisión de los fallos de tutela no son susceptibles de aclaración en la medida que se excedería el ámbito de competencias asignadas a la Corporación por el artículo 241 Superior y se iría en contra de los principios de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica^[1]. La anterior posición fue sostenida, entre otras, en la sentencia C-113 de 1993, en la cual se declaró inexequible el inciso 4° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, disposición que contemplaba la posibilidad de solicitar la aclaración de las sentencias de tutela emitidas por esta Corporación.

 

No obstante, la misma Corte ha señalado que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, excepcionalmente procede de oficio o a solicitud de parte la aclaración de una sentencia o de un auto por ella proferido, en los términos allí señalados^[2]. La norma en cita dispone:

 

“ARTÍCULO 309. ACLARACION. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término.

 

El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.” (Negrillas fuera de texto original).

 

Con base en el artículo precitado, la jurisprudencia constitucional ha indicado que es admisible la aclaración de las sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

 

“a) que sea presentada dentro del término de su ejecutoria, esto es, dentro de los tres días siguientes a su notificación y b) por una parte legitimada para tal fin, esto es, que haya sido parte en el proceso. Y debe ser aclarada cuando c) existen frases que objetivamente ofrezcan duda, al ser ambiguas o susceptibles de ocasionar perplejidad en su intelección, ya sea porque provienen de una redacción ininteligible o de la falta de claridad acerca del alcance de un concepto o frase; d) siempre que esté ubicada en la parte resolutiva o, en la motiva si influye en aquella.”^[3]

 

Bajo este contexto, esta Corporación también ha sostenido que se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección, pero únicamente en lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo o en la parte motiva, cuando de manera directa esta última influya sobre aquella. Por lo tanto, si la falta de claridad no se halla establecida de modo pleno, “se mantiene incólume la prohibición a quien juzga, de pronunciarse nuevamente sobre la sentencia ya proferida, por cuanto, (…) ella es intangible para la autoridad judicial que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla so pretexto de aclararla. Se considera pues que una decisión encaminada exclusivamente a precisar el contenido de una decisión judicial es innecesaria, cuando esta es clara, al punto de correr el riesgo de modificar sus alcances, alterar su contenido, reducir su espectro de acción o modificar las condiciones en que se concedió el amparo de tutela, lo cual implica la producción de una nueva providencia judicial y la consecuente afectación de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica (A-194A de 2008)”^[4].

 

2. Según certificación remitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, la sentencia T-571 de 2011 fue notificada a la señora Diana Marcela Carvajal Martínez el día 9 de febrero de 2012 y la petición de aclaración fue recibida en la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 1° de marzo del mismo año. Es decir, que el término de ejecutoria de la providencia, dentro del cual se podía solicitar su aclaración, transcurrió durante los días hábiles 10, 13 y 14 de febrero de 2012.

 

3. Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Revisión considera que la solicitud de aclaración presentada por la señora Diana Marcela Carvajal Martínez resulta extemporánea, toda vez que fue presentada el 1° de marzo de 2012, cuando la sentencia T-571 de 2011 quedó ejecutoriada el 14 de febrero. Por lo tanto, será rechazada la referida solicitud.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional

 

 

RESUELVE

 

RECHAZAR por extemporánea la solicitud de aclaración de la sentencia      T-571 de 2011 del 21 de julio de 2011, formulada por la señora Diana Marcela Carvajal Martínez.

 

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado Ponente

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General