Auto 128/12

 

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo y por violación al debido proceso

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional por violación al debido proceso

 

De manera excepcional, esta Corte ha admitido el estudio de las solicitudes de nulidad impetradas contra las sentencias de tutela  emitidas por esta Corporación, en aras de evitar que alguno de sus pronunciamientos vulnere el derecho al debido proceso, para lo cual ha definido una serie de lineamientos con base en las disposiciones procesales establecidas en el Decreto 2591 de 1991 -por medio del cual se reglamenta la acción de tutela- y las demás normas conexas -Decreto 2067 de 1991 y la Ley 270 de 1996-, implementando, de este modo, un mecanismo judicial que le permite revisar sus propias actuaciones con el fin de salvaguardar el mencionado derecho fundamental.

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE TUTELA-Procedencia

 

Para que una solicitud de nulidad contra una sentencia de tutela sea procedente, esta Corporación, en múltiples pronunciamientos, ha establecido que es necesario que la persona que la formula se encuentre legitimada para actuar, esto es, que haya sido afectada por la decisión proferida; que la solicitud de nulidad sea presentada de manera oportuna , es decir, dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación del fallo, en razón a que “vencido el término de ejecutoria, cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada, (…) atendiendo al principio de seguridad jurídica y de la necesidad de certeza en el derecho”  y que la censura radique, como es evidente, en la sentencia y no en las actuaciones surtidas antes ni después de ésta.

 

ACCION DE TUTELA CONTRA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL-Rechazar solicitud nulidad de sentencia T-721/11 por extemporánea

 

Esta Sala concluye que no es procedente la solicitud, en razón a que fue allegada extemporáneamente. Ello por cuanto, al ser notificada la providencia por estado, en concordancia con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, el término para presentar la solicitud de nulidad venció. Es claro que, al contrario de lo que cree el apoderado del actor, la sentencia de tutela se notificó por estado por ser el medio más expedito para hacerlo, y no por aviso. Este tipo de notificación, en concordancia con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se hace sólo cuando no es posible la notificación personal debiendo hacerse, no siendo la sentencia de tutela un acto judicial que deba notificarse personalmente, al no estar consagrado en los supuestos del artículo 314 del dicho Código, y por tanto es claro que se presentó de manera extemporánea la solicitud de nulidad.

 

 

 

Referencia:

Solicitud de nulidad de la sentencia T-721 de 2011.

 

Peticionario:

Fernando Jesús Cataño Trejos

 

Magistrada Ponente:

ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO  

 

 

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil doce (2012).

 

Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver la solicitud de nulidad presentada por el apoderado judicial de Fernando Jesús Cataño Trejos contra la sentencia de tutela T-721 de 2011 proferida por la Sala Tercera de Revisión de esta Corporación.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El cuidadano Fernando Jesús Cataño Trejos interpuso acción de tutela contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por considerar que esa entidad le vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la familia, a la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad, al no reconocerle la asignación mensual luego de ser retirado por voluntad de la Dirección Nacional de la entidad después de 16 años, 2 meses y 16 días de servicio ni la pensión de invalidez luego de que la Junta Regional de Calificación de la Invalidez del Meta determinó que tenía una pérdida de capacidad laboral de un 80.94 %. Dicha falta de reconocimiento lo consideró contrario al Decreto 1212 de 1990, norma vigente al momento de ingresar al servicio, que en virtud de su interpretación del régimen de transición de la Ley 923 de 2004, era aplicable.

 

2. La acción de tutela a que se ha hecho referencia, fue radicada en esta Corporación bajo el número T-3.080.386 y, fue seleccionada para Revisión.

 

3. Surtido el trámite correspondiente, la Corte Constitucional, por conducto de la Sala Tercera de Revisión, profirió la Sentencia T-721de 26 de septiembre de 2011 y decidió conceder el amparo de los derechos a la seguridad social y a la salud del accionante en concordancia con un estudio que se realizó del régimen especial de la asignación mensual de retiro y de pensión de invalidez consagrado para la Policía Nacional. En esos términos ordenó:

 

“Primero.- REVOCAR la sentencia dictada el día cinco (5) de abril de dos mil once (2011) por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió declarar la improcedencia de la acción instaurada por el actor respecto al derecho a la seguridad social y que denegó la protección del derecho a la igualdad que, a su vez, revocó la sentencia de veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011), dictada por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., mediante la cual se protegieron de manera transitoria los derechos invocados por el petente. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a la seguridad social y a la salud del señor Cataño Trejos.

 

Segundo.- ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, realice una nueva valoración de la capacidad laboral del señor Fernando Jesús Cataño Trejos, en la que se señale cuáles fueron la fecha de estructuración de la incapacidad y su origen.

 

Tercero.- ORDENAR a CASUR que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a tener conocimiento sobre los resultados obtenidos en la valoración de la capacidad laboral dispuesta en la orden anterior, proceda a determinar si el actor cumple con los requisitos legales para obtener la pensión de invalidez, teniendo en cuenta que, de conformidad con los parágrafos 13 y 14 de esta sentencia, en caso de duda sobre la norma que resulta aplicable al caso concreto, debe aplicar aquella que establezca el porcentaje menor de pérdida de la capacidad para trabajar para acceder a la pensión de invalidez. Igualmente, en el evento en el que no exista duda acerca de la norma aplicable, pero se produzca un caso de inequidad similar al planteado en la sentencia T-431 de 2009, sólo se deberá exigir el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral señalado en la Ley 923 de 2004, es decir 50% de la pérdida de la capacidad para trabajar.

 

Cuarto.- ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, suministre al peticionario toda la atención médica, hospitalaria y farmacéutica que el actor requiera, de conformidad con las normas que regulan el tema, hasta tanto recupere su salud o se afilie al sistema de seguridad social en salud.”

 

II. SOLICITUD DE NULIDAD

 

El apoderado del señor Fernando Jesús Cataño Trejos, accionante  en el caso expuesto, solicitó que “se declare la nulidad parcial de la sentencia T-721 de 2011, respecto a los razonamientos esbozados en la parte motiva y comprendidos en el ‘Capítulo II Consideraciones y Fundamentos. 2.2.4 Solución del caso concreto, numeral 31’, salvo los dos incisos iníciales, hasta el numeral 32, sin incluirlo, de la providencia”, puesto que consideró que a partir de tal enunciado se asume un razonamiento que hace que la parte resolutiva de la sentencia se convierta en una decisión “anfibológica o ininteligible”, por existencia de una incoherencia que genera una vulneración al debido proceso.

 

Manifestó que aunque comparte la interpretación hecha por la Sala del inciso tercero del artículo tercero de la Ley 923 de 2004, considera que al evaluar la Sala que el accionante no estaba cobijado por el régimen de transición dispuesto en dicha norma, llegó a una conclusión incongruente e incoherente con dicha interpretación. A su juicio, el actor se encontraba cobijado por el régimen de transición creado en la mencionada ley, y por tanto, debía otorgársele la asignación mensual de retiro.

 

Por otra parte, agregó que la aplicación hecha por la Sala en torno al régimen de transición desconoce de manera indirecta precedentes jurisprudenciales que han establecido el alcance del principio de favorabilidad en materia laboral, y del principio de la condición más beneficiosa. Así las cosas, procede a citar las sentencias T-1268 de 2005, SU-1185 de 2001 y T-090 de 2009, en relación con las cuales se resalta que las normas relativas a los requisitos para adquirir la pensión deben respetar el principio de favorabilidad, pues de lo contrario se incurre en una violación del debido proceso.

 

Asimismo, se refiere a la sentencia C-228 de 2011 en lo relativo a la aplicación del principio de no regresividad, y a la C-789 de 2002, la cual en su concepto, establece que dicho principio aplica igualmente para meras expectativas, sin señalar el peticionario la relación del principio con la solicitud de nulidad.

 

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Pasa esta Corporación a determinar si es procedente la solicitud de nulidad de la sentencia de tutela T-721 de 2011, formulada por el apoderado judicial del señor  Fernando Jesús Cataño Trejos, el 2 de mayo de 2012.

 

2. A fin de resolver el problema jurídico presentado, esta Corte reiterará los lineamientos jurisprudenciales acerca de los requisitos de procedencia de la solicitud de nulidad^[1] contra una sentencia de tutela emitida por esta Corporación.

 

3. Dentro del ámbito de los juicios de la Corte Constitucional, el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991^[2] establece que la nulidad del proceso puede ser alegada antes de proferirse el fallo y en virtud de la constatación de una violación al debido proceso.

 

4. De manera excepcional, esta Corte ha admitido el estudio de las solicitudes de nulidad impetradas contra las sentencias de tutela^[3] emitidas por esta Corporación, en aras de evitar que alguno de sus pronunciamientos vulnere el derecho al debido proceso, para lo cual ha definido una serie de lineamientos con base en las disposiciones procesales establecidas en el Decreto 2591 de 1991 -por medio del cual se reglamenta la acción de tutela- y las demás normas conexas -Decreto 2067 de 1991 y la Ley 270 de 1996-, implementando, de este modo, un mecanismo judicial que le permite revisar sus propias actuaciones con el fin de salvaguardar el mencionado derecho fundamental.

 

5. Ahora bien, para que una solicitud de nulidad contra una sentencia de tutela sea procedente, esta Corporación, en múltiples pronunciamientos, ha establecido que es necesario que la persona que la formula se encuentre legitimada para actuar, esto es, que haya sido afectada por la decisión proferida; que la solicitud de nulidad sea presentada de manera oportuna^[4], es decir, dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación del fallo, en razón a que “vencido el término de ejecutoria, cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada, (…) atendiendo al principio de seguridad jurídica y de la necesidad de certeza en el derecho”^[5] y que la censura radique, como es evidente, en la sentencia y no en las actuaciones surtidas antes ni después de ésta.

 

6. Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala concluye en primer lugar que el peticionario se encuentra legitimado para presentar la solicitud de nulidad al ser apoderado de la parte accionante en el proceso de tutela que concluyó con la sentencia que se censura. Empero y en razón a que el peticionario presentó el escrito el 2 de mayo de 2012, esta Sala concluye que no es procedente la solicitud, en razón a que fue allegada extemporáneamente. Ello por cuanto, al ser notificada la providencia por estado el 24 de abril de 2012^[6], en concordancia con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991^[7] y el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil^[8], el término para presentar la solicitud de nulidad venció el 27 de abril de dicho año. Es claro que, al contrario de lo que cree el apoderado del actor, la sentencia de tutela se notificó por estado por ser el medio más expedito para hacerlo, y no por aviso. Este tipo de notificación, en concordancia con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil^[9], se hace sólo cuando no es posible la notificación personal debiendo hacerse, no siendo la sentencia de tutela un acto judicial que deba notificarse personalmente, al no estar consagrado en los supuestos del artículo 314 del dicho Código, y por tanto es claro que se presentó de manera extemporánea la solicitud de nulidad.

 

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de esta Corporación,

 

RESUELVE

 

Primero.- RECHAZAR por extemporánea la solicitud de nulidad de la sentencia de tutela T-721 de 2011, presentada por el apoderado judicial del señor Fernando Jesús Cataño Trejos.

 

Segundo.- COMUNÍQUESE esta providencia al interesado.

 

Notifíquese y cúmplase,

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO

Magistrada

 

 

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

NILSON ELIAS PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

Ausente en comisión

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General