Auto 095/13

(Mayo 16)

 

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO Y JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO-Reiteración Auto 124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA

 

ACCION DE TUTELA CONTRA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-Competencia de Juzgado Laboral del Circuito

 

 

 

Referencia: expediente ICC-1879. Conflicto de competencia entre el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, y el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, en la acción de tutela promovida por Johana Grisales Álvarez contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.   Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, y el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, en la acción de tutela promovida por Johana Grisales Álvarez contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

 

I.      ANTECEDENTES.

 

1.     La señora Johana Grisales Álvarez, instauró acción de tutela contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,  al considerar que dicha entidad vulneró los derechos fundamentales que le asisten como desplazada por la violencia, al no resolver con prontitud su solicitud de indemnización solidaria.

 

2.     La presente demanda fue repartida al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el cual se declaró incompetente para conocer de esta acción de tutela al considerar que el lugar de la ocurrencia de los hechos era la ciudad de Bogotá, al ser este el lugar en el cual opera la entidad accionada, por lo que en virtud de la norma son los jueces de esta ciudad los competentes para conocer el asunto de la referencia.

 

3.     Como consecuencia de lo anterior, le correspondió el conocimiento de la misma al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá quien a su vez decidió declararse incompetente para conocer de la demanda de tutela. Esto por cuanto considera que la presunta vulneración surtió sus efectos en la circunscripción territorial en la cual reside la accionante y en donde decidió presentar la referida acción de tutela.

 

4.     Como corolario de lo anterior, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín no avocó el conocimiento del proceso al considerarse incompetente, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a esta Corporación.

 

II.     CONSIDERACIONES.

 

En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un presunto conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, y el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá.

 

Con el fin de resolver dicho conflicto, la Sala abordará los siguientes temas: (i) Las normas generales sobre conflictos de competencia en materia de tutela (ii) La competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela, para proceder a decidir (iii) el caso concreto.

 

1. Las normas generales sobre conflictos de competencia en materia de tutela.

 

1.1 En relación con los conflictos de competencia, la Constitución Política dispone en el artículo 256 numeral 6°, que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso, “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.”

 

1.2 Cuando el conflicto de competencia se suscita en el marco de la acción de tutela, éste enfrenta a los jueces de una misma jurisdicción, la jurisdicción constitucional, bajo el entendido que desde el punto de vista funcional todos los jueces de tutela hacen parte de dicha jurisdicción. En estos casos, la jurisprudencia constitucional ha acudido a las normas de rango legal para identificar cuál es el superior funcional común entre los jueces de tutela a fin de determinar a quién le corresponde resolver un conflicto de competencia planteado en materia de tutela, y sólo excepcionalmente la Corte ha obrado como tribunal para dirimir conflictos de competencia de forma residual.

 

1.2.2 En ese orden de ideas, las reglas generales para resolver los conflictos de competencia, están establecidas principalmente en la Ley 270 de 1996 –artículo 18- que establece:

 

Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.

 

Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación.

 

Igualmente, el Código de Procedimiento Civil –artículo 28- consagra:

 

Los conflictos de competencia que se susciten entre los tribunales superiores, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito o entre dos juzgados de distintos distritos judiciales, serán resueltos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

 

Los que ocurran entre juzgados de igual o diferente categoría, de distintos circuitos, pero dentro de un mismo distrito, serán resueltos por la sala civil del respectivo tribunal; aquéllos que se presenten entre juzgados municipales de un mismo circuito, por el juez de éste; y los que no estén atribuidos a la Corte Suprema de Justicia ni a los jueces de circuito, por los tribunales superiores de distrito judicial.

 

1.2.3 Por su parte, el artículo 37 del Decreto 2195 de 1991^[1] consagra la regla general de competencia en materia de tutela, según la cual corresponde conocer de la solicitud de amparo al juez del lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza alegada. Asimismo, el inciso tercero del mentado artículo consagra que las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación o la prensa serán competentes en primera instancia, los jueces del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos.

 

1.3 Acorde con lo anterior, en el Auto 124 de 2009, la Sala Plena de esta Corporación estableció las siguientes reglas relativas a la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela. De la siguiente manera:

 

(i)    Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii)   Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii)   Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv)   Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

2. Competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela. Reiteración de jurisprudencia. 

 

2.1 Con respecto a las normas generales relativas a la solución de conflictos de competencia mencionadas en el acápite anterior, la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, norma en la cual se definía la atribución de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir conflictos de competencia. En esta oportunidad, consideró la Corte que era necesario “establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional”, estableciendo en la parte resolutiva de la providencia declarar exequible la norma en comento bajo las condiciones expuestas en la sentencia.

 

2.2 Sin embargo, a partir del Auto 170A de 2003 esta Corporación estableció que en aras de preservar los principios de celeridad, eficacia, prevalencia de lo sustancial sobre las formas y el acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte Constitucional conocería y resolvería directamente los conflictos que se presente entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos fundamentales. Lo anterior, con la intención de evitar la demora que supondría remitir el expediente a despacho judicial encargado para hacerlo, teniendo en cuenta que el procedimiento en materia de tutela es sumario e informal^[2]. En dicho Auto se estableció lo siguiente:

 

No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cual es necesario –las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.

 

La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aún más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por qué sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela^[3].

 

2.3 Así las cosas, la intervención excepcional de la Corte para dirimir los conflictos de competencia entre autoridades judiciales con un superior jerárquico común, tiene como fin observar los principios de celeridad y eficacia de los derechos fundamentales (C.P., art. 2º) de acuerdo con los objetivos de la Constitución Política^[4], para que la resolución de conflictos de competencia no se conviertan en una forma de dilatar la protección efectiva de los derechos fundamentales.

 

3. Caso Concreto.

 

En principio, debe establecerse la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto. Sobre el particular, se observa que los jueces poseen un superior jerárquico común; sin embargo, remitido el expediente a esta Corporación y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena procede a dar solución al caso objeto de estudio.

 

En esta ocasión, se observa que el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, no asumió el conocimiento de la presente acción constitucional tras considerar que la misma debió haber sido dirigida a los juzgados de Bogotá, puesto que en su opinión es este el lugar en el cual opera la entidad accionada. 

 

Por su parte, el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, dando aplicación a lo expuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, declaró su incompetencia para tramitar la demanda de tutela, al determinar que la vulneración alegada por la peticionaria surtió sus efectos en la circunscripción territorial en la cual reside la accionante y en donde decidió presentar la referida acción de tutela.

 

Es preciso recordar, que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”

 

Respecto de esta norma, la Corte ha concluido que: i) el lugar donde el ente que genera la presunta vulneración tiene su sede no necesariamente coincide, con el lugar donde ocurrió la vulneración^[5]; y ii) la competencia no corresponde al juez del lugar donde se expidió un acto violatorio o se omitió hacerlo, sino al del sitio donde se producen sus efectos^[6].

 

En el presente caso, la presunta vulneración alegada por la accionante se refiere concretamente al hecho que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no le ha dado respuesta a la solicitud de indemnización solidaria que presentó en febrero de 2013 en la ciudad de Medellín.

 

De lo anterior se colige, que la presunta vulneración alegada ocurrió en la ciudad de Medellín pues fue este el lugar en el cual la peticionaria radicó la solicitud de indemnización solidaria y en el cual presentó, a prevención, la presente acción de tutela.

 

Por esta razón, atendiendo lo dispuesto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, quien tiene la competencia para conocer del presente asunto es el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín.

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

III. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante el cual se declaró sin competencia para tramitar la acción presentada por Johana Grisales Álvarez contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

 

Segundo.- ORDENAR QUE SE REMITA el expediente de la acción de tutela presentada por Johana Grisales Álvarez contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín para que de manera inmediata, tramite y proceda a proferir decisión de fondo respecto del amparo solicitado.

 

Tercero.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá sobre la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.

 

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

LUÍS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General