Auto 103/13

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES-Reiteración Auto 124/09/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA

 

ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE REINTEGRO Y REUBICACION LABORAL-Competencia de Juzgado Civil Municipal

 

 

Referencia: expediente ICC-1891

 

Acción de tutela presentada por Luis Hernando Gamboa Sáenz contra TEMPO LTDA

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

1.1. El señor Luis Hernando Gamboa Sáenz presenta acción de tutela contra TEMPO LTDA (26 de febrero de 2013), con el objeto de que sean restablecidos sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital.

 

1.2. Refiere que se vinculó a la empresa demandada el 9 de julio de 2012 y que con ocasión de un accidente de trabajo que tuvo lugar el 26 de septiembre del mismo año, fue incapacitado por tres (3) días. Agrega que al regresar a su trabajo recibió “notificación verbal de mi despido debido a mi condición y basados ellos en que el día 29 de septiembre no fui a trabajar, aun cuando les expliqué que aún no me sentía en óptimas condiciones.”^[1]

 

1.3. En tal virtud, solicita al juez constitucional que ordene (i) el reintegro y reubicación laboral teniendo en cuenta su condición médica, “con el fin de garantizar mi bienestar y estabilidad laboral y la de mi familia”^[2]; (ii) el pago de los días de incapacidad otorgados por la ARL COLPATRIA; y (iii) la condena en costas al demandado.

 

2. Decisiones que suscitaron el conflicto de competencia

 

2.1. Sometido a reparto el expediente de tutela le corresponde su conocimiento al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, quien en auto del 18 de febrero de 2013 dispone remitirlo a la Oficina Judicial de Reparto de la ciudad de Barranquilla, bajo la consideración que la violación o amenaza se está presentando allí.

 

2.2. El asunto fue asignado al Juzgado Sexto Civil Municipal de Barranquilla, agencia judicial que en proveído del 5 de marzo de 2013, concluye que con independencia de que la empresa demandada cuente con oficinas en Barranquilla, debe tenerse en consideración que la supuesta violación o amenaza se está presentando en Bogotá. Ello en razón a que fue la ciudad en la que se encontraba laborando el demandante, donde está constituido su domicilio y recibió atención médica como consecuencia del accidente. Por tanto, se abstiene de asumir el conocimiento del asunto y, propone ante la Corte Constitucional, conflicto negativo de competencia.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada, consistente y consolidada jurisprudencia de esta corporación, la Sala Plena puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas, no cuenten con superior funcional común^[3]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[4].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a esferas distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[5].

 

1.2. Empero, la Corte ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado, puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[6].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. Conforme lo ha precisado en diferentes oportunidades la jurisprudencia de este tribunal, los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[7]. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[8].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[9]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En relación con la última regla anotada, este tribunal en auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

También, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”^[10], contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. Sobre el particular, este tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991), y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (Art. 2° C.P.), lo cual está en estrecha armonía con compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[11] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[12], ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Como quedó indicado en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia o de atribución, está supeditada en principio, a la inexistencia de superior funcional común. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el reparo para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor Luis Hernando Gamboa Sáenz, se presenta entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Sexto Civil Municipal de Barranquilla, cuyo único superior jerárquico común es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, resultando indicado, ante la celeridad, economía y eficacia que son principios de la acción de tutela, que pueda resolver la corporación ante la cual ya se encuentra el asunto, Corte Constitucional, que además es el órgano máximo de esta jurisdicción constitucional.

 

2. Como quedó anotado en los antecedentes de esta decisión, los despachos judiciales involucrados en el presente conflicto de competencia, son (i) el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, que en auto del 18 de febrero de 2013, sin ninguna consideración concluyó que la violación o amenaza iusfundamental del actor se está presentando en Barranquilla; y (ii) el Juzgado Sexto Civil Municipal de Barranquilla, que en providencia del 5 de marzo de la misma anualidad, no aprehendió el conocimiento de la acción de tutela por considerar que la vinculación del accionante con la empresa demandada se dio en Bogotá, lugar de domicilio y en el que recibió atención médica como consecuencia del accidente acaecido.

 

3. En orden a lo anterior, la Corte estima que la decisión del Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá no es acertada. Al respecto, valga recordar que la jurisprudencia de esta corporación ha reiterado que existen varias posibilidades para determinar la competencia por el factor territorial, o lo que es lo mismo, que la solicitud de tutela puede presentarse (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección; y (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos^[13]. Así las cosas, lo que puede advertirse en el asunto objeto de estudio es que en efecto se plantea un conflicto negativo de competencia, en virtud del desconocimiento del factor territorial.

 

De esta manera, la Corte advierte que, en principio y a prevención, la definición de la competencia puede determinarse por el domicilio de quien estima vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales^[14]. En el asunto objeto de estudio, el demandante, según indica en el escrito de tutela, se encuentra en la ciudad de Bogotá, lugar en el que suscribió el vínculo con la empresa accionada y donde igualmente recibió el servicio de salud que requirió como consecuencia del accidente ocurrido el 26 de septiembre de 2012.

 

Así las cosas, fue acertado el reparto efectuado en el Circuito Judicial de Bogotá, no advirtiendo la Corte una manipulación grosera o caprichosa de las reglas consagradas en el Decreto 1382 de 2000, razón para concluir que la competencia a prevención recae en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, despacho judicial que debe asumir, sin más dilación, el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Hernando Gamboa Sáenz que, en los cerca de tres (3) meses que lleva surtiendo trámites desde que fue presentada, no ha sido objeto de decisión de mérito, lo cual desborda el término perentorio de diez (10) días previsto en el artículo 86 de la Carta Política, circunstancia que desnaturaliza la finalidad de la solicitud de amparo como un mecanismo ágil para la protección de los derechos fundamentales.

 

4. Por las razones anotadas, la Corte con el fin de que la solicitud de amparo promovida por el accionante sea decidida con la debida prelación constitucional y sin más dilaciones, dispondrá que el expediente ICC-1891 sea remitido al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, con el fin de que adopte el fallo de fondo a que haya lugar.

 

En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efecto el auto emanado del Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, el 18 de febrero de 2013.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, el 18 de febrero de 2013, dentro del expediente ICC-1891.

 

Segundo.- REMITIR al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, el expediente ICC-1891, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela formulada por el señor Luis Hernando Gamboa Sáenz contra TEMPO LTDA.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR al Juzgado Sexto Civil Municipal de Barranquilla, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada Ausente con excusa	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA Magistrado	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado Ausente con excusa

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General