Auto 139/13

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA-Remisión expediente a quien se repartió en primer lugar

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO CIVIL MUNICIPAL Y JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO-Reiteración Auto 124/09/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial

 

 

Referencia: Expediente ICC-1899

 

Acción de tutela presentada Jesús Evelio Quintero Ardila contra Chevron Petroleum Company

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil trece (2013).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, resuelve lo pertinente respecto del supuesto conflicto de competencia propuesto dentro de la solicitud de amparo de la referencia.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

El señor Jesús Evelio Quiroga Ardila presentó acción de tutela contra Chevron Petroleum Company (otrora Texas Petroleum Company), por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, igualdad, seguridad social, mínimo vital y móvil y derechos de la tercera edad, vulnerados al parecer por la falta de pago de las cotizaciones para acceder a la pensión de vejez desde el 4 de noviembre de 1974 hasta el 23 de septiembre de 1981.

 

Por lo anterior, solicitó al juez constitucional que ordene a la demandada (i) el pago de las respectivas cotizaciones o (ii) el traslado del bono pensional indexado a COLPENSIONES, de conformidad con la legislación vigente, con el fin de acceder a la pensión de vejez, a la que dice tener derecho.

 

2. Decisiones que suscitaron el supuesto conflicto de competencia

 

2.1. Realizado el reparto administrativo le correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, quien en proveído del 7 de mayo de 2013 rechazó por falta de competencia la acción de tutela, bajo la consideración de que el fallo eventualmente podría ordenar a COLPENSIONES liquidar las sumas actualizadas de conformidad con el salario devengado por el actor. En consecuencia, señaló que de conformidad con el Decreto 1382 de 2000 (art. 1°), la competencia para dirimir la controversia planteada le corresponde a los Jueces del Circuito, en la medida en que la solicitud de amparo está dirigida contra autoridades de diferente nivel, por lo que le corresponde el reparto al juez de mayor jerarquía.

 

2.2. Así las cosas, la acción constitucional fue reasignada al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, despacho judicial que en auto del 10 de mayo de 2013, declaró la falta de competencia por considerar que el actor la direccionó solamente contra Chevron Petroleum Company. En tal virtud, propuso conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada, consistente y consolidada jurisprudencia de esta corporación, la Sala Plena puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas, no cuenten con superior funcional común^[1]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[2].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a esferas distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[3].

 

1.2. Empero, la Corte ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado, puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[4].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. Conforme lo ha precisado en diferentes oportunidades la jurisprudencia de este tribunal, los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[5]. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[6].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[7]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En relación con la última regla anotada, este tribunal en auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

También, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”^[8], contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. Sobre el particular, este tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991), y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (Art. 2° C.P.), lo cual está en estrecha armonía con compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[9] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[10], ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Como quedó precisado en las consideraciones jurídicas de esta providencia, la posibilidad que tiene esta corporación para asumir el conocimiento de supuestos conflictos de competencia, está condicionada, en principio, a la inexistencia de superior funcional común dentro de la respectiva jurisdicción. Sin embargo, tal como lo ha considerado en repetidas ocasiones este tribunal^[11], dicho parámetro procesal no debe ser entendido de manera absoluta, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad lo que advierte es una discusión que apenas envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, por cuanto lo que se impone es garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.

 

Como quiera que en el asunto objeto de estudio, la discusión está trabada en torno a la aplicación de las reglas administrativas del reparto consagradas en el Decreto 1382 de 2000, la Corte estima que deberá resolver directamente el inexistente conflicto de competencia suscitado, con independencia de que le corresponda al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, como superior funcional. A lo anterior, se agrega la circunstancia de que la presentación de la acción de tutela haya tenido lugar desde el 3 de mayo de 2013, es decir, han transcurrido un poco más de dos meses lo cual claramente desborda el término de 10 días previsto en el artículo 86 de la Carta Política previsto para obtener decisión de fondo en sentido negativo o positivo.

 

2. Ahora bien, en el asunto sub examine este tribunal reitera que la controversia discurre en torno a la aplicación de las reglas administrativas de reparto contempladas en el Decreto 1382 de 2000, en tanto fue la razón en la que se apoyó el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, para no asumir el conocimiento de la acción de tutela. Sobre ese particular, sea del caso reiterar que la jurisprudencia constitucional ha sido diáfana y estable en señalar que la citada normativa no establece reglas de competencia sino de reparto. En ese orden de ideas, a los jueces de tutela les está vedado abstenerse de darle trámite a las solicitudes de amparo constitucional, cuando lo que está en discusión no es el factor territorial previsto en los artículos 86 Superior y 37 del Decreto 2591 de 1991. De allí, que haya sido poco afortunada la consideración relativa a la supuesta repercusión de los efectos de la decisión de fondo sobre COLPENSIONES, para no darle el trámite célere que caracteriza el ejercicio de este mecanismo judicial previsto en el artículo 86 de la Constitución.

 

Al respecto, valga anotar “que el juez competente se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de la [tutela] y, no  a partir del análisis de fondo de los hechos de la [solicitud] en el trámite de admisión.”^[12] Ello en razón a que al juez de tutela no le corresponde efectuar valoraciones de fondo al momento de avocar el conocimiento de la acción, las cuales deberán definirse en la respectiva sentencia. Su función en la etapa inicial del procedimiento de tutela es instruirla, al punto de conformar debidamente el contradictorio sin que ello se constituya en un pretexto para declarar su incompetencia.

 

En orden a lo anterior, lo que se impone es remitir el expediente de tutela al Juzgado 54 Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, de conformidad con la regla señalada en el auto 124 de 2009, en virtud de la cual “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo [aplicación del Decreto 1382 de 2000], el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar, con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto.”

 

3. Así las cosas, la Corte con el fin de que la acción de tutela promovida por el señor Jesús Evelio Quiroga Ardila contra Chevron Petroleum Company sea decidida con la debida prelación constitucional y, sin más dilaciones, dispondrá que el expediente ICC-1899 sea remitido al Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, para que adopte el fallo de fondo de primera instancia a que haya lugar.

 

En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efecto el auto dictado el 7 de mayo de 2013, por la citada agencia judicial. Así mismo, considera oportuno advertir que, en adelante, deberá observar estrictamente la jurisprudencia de esta Corte, sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto emanado del Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, el 7 de mayo de 2013.

 

Segundo.- REMITIR al Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá el expediente que contiene la acción de tutela presentada por el señor Jesús Evelio Quiroga Ardila contra Chevron Petroleum Company, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo de primera instancia a que haya lugar.

 

Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Cuarto.- ADVERTIR al Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá que, en adelante, deberá observar estrictamente la jurisprudencia de esta Corte, sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA Magistrado	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General