A148-13


REPUBLICA DE COLOMBIA

Auto 148/13

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO Y TRIBUNAL SUPERIOR-Reiteración Auto 124/09

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA CONTRA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-Competencia de Juzgado Penal del Circuito Especializado

 

 

 

Referencia: expediente ICC-1894

 

Conflicto de competencia entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa– Sala Única.

 

Magistrado Ponente: 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

 

 

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Hechos

 

1.1. La señora Flor Nubia Rosero Sánchez, persona desplazada por la violencia, solicitó la protección de sus derechos fundamentales y de su familia a la vida, la igualdad al mínimo vital, la salud, la seguridad social y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. Lo anterior debido a que dicha entidad no le ha respondido su petición para la provisión de ayuda de transición para la población desplazada.

 

1.2 Manifestó que como víctima del desplazamiento forzado ha recibido ayuda humanitaria por parte de la entidad demandada en dos oportunidades, la última el día 15 de octubre de 2012. Posteriormente presentó derecho de petición ante la accionada el 14 de marzo de 2013 solicitando la provisión de la ayuda de transición, sin que hasta la fecha exista respuesta.

 

1.3 Por los anteriores hechos solicitó mediante acción de tutela que se ordene a la entidad accionada que en el término de 48 horas a la notificación del respectivo fallo, se le otorgue la prórroga de la ayuda humanitaria solicitada.

 

2. Decisiones que suscitaron el presunto conflicto de competencias.

 

2.1. En providencia del 17 de abril de 2013 el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís - Putumayo manifestó que “(…) el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, es un establecimiento público del orden nacional, de conformidad con el inciso 2 del artículo 170 de la Ley 1448 y decreto 4155 de 2011 como organismo principal de la administración pública del sector administrativo de inclusión social y reconciliaciones. (…) En razón de lo anterior, y considerando lo dispuesto en el artículo 1, numeral 1, primer inciso del Decreto 1382 de 2000 que dice: ‘Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos, Consejos Seccionales de la Judicatura’. Es del caso remitir la presente tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, quien conoce de los asuntos en donde está involucrada una entidad del orden nacional, como en el presente caso.” Con base en lo anterior resolvió remitir la acción de tutela al Tribunal Superior de Mocoa.

 

2.2. El 18 de abril de 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa–Sala Única, luego de citar algunos pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto a la aplicación del Decreto 1382 de 2000, señaló que en cuanto a la competencia,  “este Tribunal acoge la postura adoptada por el órgano máximo de cierre en la justicia ordinaria, y por ende, estima que el desconocimiento de la normativa contenida en el cuestionado Decreto, genera nulidad por falta de competencia, tal y como dispone el artículo 140-2 del CPC, aplicable por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992.

 

Adicionalmente, dicho Tribunal sostuvo que a la luz de la normatividad actualmente vigente, la entidad verdaderamente accionada en la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas, y teniendo en cuenta que  “(…) es una entidad con personería jurídica independiente, con autonomía administrativa y patrimonio propio, es forzoso concluir que las acciones de tutela que se dirijan contra ella las deben conocer los jueces del Circuito, que en este caso es al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, a quien le fue inicialmente le fue (sic) repartido.”

 

Con base en los anteriores argumentos concluyó que el asunto debía ser remitido a esta Corte para que se dirimiera el conflicto de competencias suscitado y así evitar que se declarara la nulidad de lo actuado. Lo anterior, pues si dicho Tribunal tomaba decisión de fondo, en una posible impugnación la Corte Suprema de Justicia podría anular sus actuaciones.

 

Por lo anterior, se negó a avocar conocimiento de la acción de tutela y dispuso remitir el asunto de la referencia a esta Corporación.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencias en la Jurisdicción Constitucional.

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que por regla general los conflictos de competencias en materia de tutela son resueltos por el superior jerárquico de las autoridades judiciales que proponen la incompetencia. Así mismo, ha indicado que en los eventos en los que no exista superior jerárquico común, dichos conflictos serán resueltos por esta Corte como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional.[1] Lo anterior puesto que, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.[2]

 

Sin embargo y con base en los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, esta Corporación ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común.[3]

 

2. Marco Jurídico que determina la competencia en materia de tutela.

 

La jurisprudencia constitucional ha indicado que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son: el artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer ante cualquier juez; y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.

 

De otra parte, ha precisado la jurisprudencia constitucional que el Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales.[4] Esto, en tanto este decreto por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones (legales y constitucionales), no puede modificar las normas de superior jerarquía normativa.[5]

 

En este sentido, esta Corte ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo [Decreto 1382 de 2000] en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”[6]

 

3. Reglas para solucionar los conflictos de competencia en materia de tutela.

 

Esta Corte estableció en el auto 124 de 2009[7] las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales han sido reiteradas en diversas oportunidades por esta Corporación: 

 

(i)               Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii)             Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii)          Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

(iv)          Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.  

 

Respecto a la excepción (tutelas contra providencias de las Altas Cortes) establecida en esta última regla, la Corte en Auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

Adicionalmente, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”, contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (subrayado adicional al texto original). Por su parte el artículo 1° del decreto 1382 de 2000, al establecer las reglas de reparto de las acciones de tutela replica tal mandato al señalar: “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos (…)” (subrayado adicional al texto original).

 

Así las cosas, en el Auto 061 de 2011, siguiendo lo planteado en los autos 124 y 198 de 2011, señaló esta Corporación que la competencia a prevención implicaba que cualquiera de los jueces que fuera competente de acuerdo con el artículo 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción constitucional. De tal manera que los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad. 

 

En el Auto 070 de 2012 se señaló que “el alcance de la expresión competencia “a prevención”, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículo 37 del decreto 2591 de 1991 y artículo 1 del decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrito a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.”[8]  

 

Con base en las consideraciones anteriores, procede la Sala Plena a decidir sobre el conflicto de referencia.

 

4. Del caso concreto.

 

4.1 Observa la Sala que, en principio, la competencia para asumir el conocimiento del presente asunto radica en la Corte Suprema de Justicia, único superior jerárquico común de los jueces que plantean el presunto conflicto de competencias.

 

Sin embargo, tal como lo ha considerado en repetidas ocasiones la Corte, dicho parámetro procesal no debe ser entendido de manera absoluta, pues en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991, o que sencillamente la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte una discusión que apenas envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto, previstas en el decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, pues lo que se impone es garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia, así como propender por la efectividad de los principios de economía, celeridad y eficacia que sustentan el ejercicio de la acción de tutela (D. 2591 de 1991, art. 3°).

 

Bajo las mencionadas consideraciones, esta Corte ha señalado que puede excepcionar la regla general de competencia para conocer presuntas colisiones de competencia, con independencia de que se trate de un asunto que debe ser resuelto por el superior funcional de la correspondiente jurisdicción, lo cual se justifica desde la Constitución, en la naturaleza preferente y sumaria de la acción de tutela, y en la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que en un momento dado pueden estar comprometidos. Así las cosas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, es competente para resolver este presunto conflicto de competencias, y por ende procede a dar solución al asunto sub examine.

 

4.2 Como se reseñó, el Juez Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís (Putumayo) sostuvo que según lo establecido en el decreto 1382 de 2000 las acciones de tutela “que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, (…) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos, Consejos Seccionales de la Judicatura’. Por lo anterior decidió “(…) remitir la presente tutela ante (sic) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, quien conoce de los asuntos en donde está involucrada una entidad del orden nacional, como en el presente caso”. Con base en lo anterior resolvió remitir la acción de tutela a dicho Tribunal.

 

Por su parte el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa – Sala Única afirmó que seguía la postura establecida por la Corte Suprema de Justicia según la cual el desconocimiento de la normativa contenida en el Decreto 1382 de 2000, “genera nulidad por falta de competencia tal y como dispone el artículo 140-2 del CPC, aplicable por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992.”

 

4.3 Con base en los anteriores hechos, la Corte encuentra que en el asunto que se examina la acción impetrada debe ser resuelta por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís. Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:

 

4.3.1. En efecto, la Sala Plena evidencia que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís materialmente se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela instaurada por la señora Flor Nubia Rosero Sánchez, pues lo que dicha autoridad judicial resolvió fue la remisión del asunto para que lo conociera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, desconociendo el estudio de la competencia que efectivamente recaía sobre él. A este respecto la Sala debe reiterar dos reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional que considera pertinentes. En primer lugar, según lo establecido en el Auto 124 de 2009, “ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto.” Y en segundo lugar, debe reiterarse la regla según la cual, en virtud de la competencia a prevención establecida en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, el actor puede presentar su solicitud de tutela “(i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.”[9]  (Subrayado adicional al texto)

 

En el presente asunto, la accionante consideró que los efectos de la presunta vulneración que dio origen al trámite de tutela, se surtieron en el lugar de su domicilio, esto es Puerto Asís, y por ende eligió a los jueces de dicha ciudad. En este sentido lo que observa la Sala frente a la actuación del Juez que conoció inicialmente la solitud de amparo constitucional, es una supuesta inobservancia de las normas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, lo cual no es justificación para que no asuma la competencia para conocer de la acción de tutela. Todo lo contrario, dicho Juez debió observar que los efectos de la presunta vulneración de los derechos del actor se presentaron en el lugar de residencia de la demandante, que corresponde a su jurisdicción, y en consecuencia con fundamento en la competencia a prevención, avocar de manera inmediata el conocimiento del asunto para adoptar de la forma más expedita, la decisión a que hubiera lugar. Una interpretación en sentido contrario sería atentatoria de los principios de eficacia de los derechos fundamentales y de los principios de sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento propios de la acción de tutela.

 

En esta perspectiva, es evidente que existe una declaratoria de incompetencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, en tanto lo que dispuso fue la remisión de la acción constitucional, al Despacho judicial que le correspondía conocer del asunto, con lo que consecuentemente evadió la competencia a prevención que en el recaía.

 

4.3.2 Adicionalmente, la Corte estima importante reiterar[10] que la competencia no se determina por la naturaleza jurídica de la entidad demandada, la cual simplemente se utiliza de referente para realizar un adecuado y equitativo reparto de las acciones de amparo del país, según lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000. En este mismo sentido, tampoco es factor de competencia territorial el domicilio de la entidad, por cuanto en la acción de tutela el juez constitucional debe únicamente seguir las reglas que ha establecido esta Corporación para determinar la competencia territorial o a prevención, esto es, el lugar de ocurrencia de la vulneración de derechos fundamentales o donde se surtieren sus efectos, bajo el entendido que todos los jueces en el respectivo ámbito territorial resultan competentes para conocer del amparo.

 

Con base en las anteriores razones, esta Sala considera que el asunto materia de amparo debe ser resuelto por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, en tanto en el sub examine lo que sostuvo el mencionado juez fue una supuesta inobservancia de las normas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, lo que no es justificación para no asumir la competencia para conocer de la acción de tutela, con lo que se promovió un conflicto de competencias inexistente. Todo lo contrario, dicho Juez debió observar que los efectos de la presunta vulneración de los derechos del actor se presentaron en su jurisdicción, y en consecuencia con fundamento en la competencia a prevención, avocar de manera inmediata el conocimiento del asunto para adoptar de la forma más expedita la decisión a que hubiera lugar.

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala dejará sin efectos el auto de fecha 17 de abril de 2013, mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís se negó a conocer de la presente acción de tutela. En consecuencia, se devolverá el expediente a dicha autoridad judicial, para que de forma inmediata, continúe el trámite de primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

III.  DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha 17 de abril de 2013, mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís se negó a conocer de la acción de tutela instaurada por la señora Flor Nubia Rosero Sánchez contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

 

Segundo.- DEVOLVER al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, continúe el trámite de primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa – Sala Única, la decisión adoptada en esta providencia con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

 

 

 

 MARÍA VICTORIA CALLE CORREA         MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

                       Magistrada                                                            Magistrado                 

 

 

 

    NILSON PINILLA PINILLA          GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO   

                   Magistrado                                                      Magistrado

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ     JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

                       Magistrado                                                        Magistrado

 

 

 

     ALBERTO ROJAS RÍOS                            LUIS ERNESTO VARGAS SILVA           

                Magistrado                                                           Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Al respecto, ver entre otros,  los Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 031 de 2002, 122 de 2004, 280 de 2006 y 031 de 2008. Lo señalado no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria,  la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.

[2] Artículo 43 de la Ley 270 de 1996.

[3] Ver autos 167 de 2005, 240 de 2006 y 280 de 2007.

[4] Ver Auto A-099 de 2003 y Sentencia del 18 de julio de 2002, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

[5] Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado Decreto 1382 de 2000, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.

[6] Auto 230 de 2006. Reiterado por el auto 340 de 2006, entre otros.  

[7] Reiterado en los autos 198 de 2009, 061 de 2011 y 070 de 2012.

[8] La Corte acogió esta posición respecto del significado del término “a prevención” pues protege de manera efectiva los derechos fundamentales (interpretación más favorable para los derechos de las personas, o interpretación pro homine) al evitar las dilaciones indebidas en la resolución de las acciones de tutela, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de amparo basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ver autos 061 de 2011 y 070 de 2012.

[9] Ver autos 061 de 2011 y 070 de 2012.

[10] Auto 111 de 2013.