Auto 178/13

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONOCIMIENTO-Reiteración Auto 124/09

 

COMPETENCIA A PREVENCION-Cambio de jurisprudencia

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA CONTRA COLPENSIONES-Competencia de Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento

 

 

Referencia: expediente ICC-1910

 

Acción de tutela instaurada por Gisela Margarita Carmona Fuentes contra la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES).

 

Magistrado Ponente:

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

 

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013) 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

1.     ANTECEDENTES

 

1.1.    HECHOS

 

1.1.1.  Gisela Margarita Carmona Fuentes, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante (COLPENSIONES), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo vital.

 

1.1.2.  Manifiesta que es estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, actualmente cursa noveno semestre.

 

1.1.3.  Indica que es huérfana de padre y madre, subsiste por sí misma por ser pensionada del Instituto de Seguros Sociales, ahora COLPENSIONES.

 

1.1.4.  Afirma que la entidad accionada la desafilió del sistema, dejándola sin mesada y sin servicio de salud. Situación que le ha generado un  sinnúmero de inconvenientes, ya que reside en la ciudad de Barranquilla y paga mensualmente un arriendo de estudiante, no tiene dinero para sus alimentos, transporte, copias de la universidad o incluso medicinas si se le presenta algún quebranto de salud.

 

1.1.5.  Expone que COLPENSIONES, sede Cartagena, le exige semestralmente un certificado de estudios, lo anterior, con la finalidad de verificar si realmente se encuentra estudiando.

 

1.1.6.  Añade que dicho certificado lo entregó el 27 de marzo de 2013 en la ciudad de Cartagena, sin embargo la entidad accionada la desafilió y dejó de pagar sus mesadas.

 

1.1.7.  Con base en lo anterior, solicita la protección de sus derechos fundamentales y en consecuencia, se ordene a la entidad accionada el pago de las mesadas atrasadas en el presente año y su pronta afiliación.

 

1.2.    DECISIONES QUE ORIGINARON EL CONFLICTO

 

1.2.1.   El proceso le correspondió, por reparto, al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena, despacho que mediante auto de fecha 16 de mayo de 2013 se declaró incompetente para avocar el conocimiento de la demanda. Consideró que, con fundamento en lo estipulado en el artículo 37, Capitulo II del Decreto 2591 de 1991 que indica: “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.  

 

Añade que la accionante tiene su domicilio en la ciudad de Barranquilla, por lo que resulta claro que es en dicha ciudad donde ocurre la presunta violación o amenaza de los derechos impetrados, lo que permite concluir  que dicho despacho judicial no es competente  para tramitar la acción de tutela y en consecuencia, ordena  devolver el expediente a la Oficina Judicial de Reparto de Cartagena, para que envíe el expediente a la autoridad competente en la ciudad de Barranquilla.

 

1.2.2.  Realizado nuevamente el reparto, le correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes, con Función de Cocimiento de Barranquilla conocer del asunto, despacho que mediante auto 29 de mayo de 2013 manifestó que quien debía conocer de la acción era el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena, ya que:

 

“…al revisarse detenidamente los hechos que fundamentan la solicitud de amparo constitucional referido, en especial el hecho segundo y el ítem notificaciones de la misma, lo que verdaderamente se advierte-y no se infiere- es que no sólo los hechos que supuestamente vulneran o amenazan los derechos fundamentales denunciados por la actora tuvieron ocurrencia en el Distrito Especial de Cartagena, sino que tal acción se dirige contra COLPENSIONES con sede en dicha ciudad,  [además] que ha sido la propia accionante quien ha indicado como dirección notificaciones una nomenclatura perteneciente a ese distrito…

 

En ese orden de ideas, es evidente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Art. 1 del Decreto 1382 de 2000, que este Despacho no tiene competencia para conocer tal acción, sino que el competente para conocer de la misma lo es el Juez con categoría del Circuito del Distrito Especial de Cartagena”.

 

1.2.3. En tal virtud, propone conflicto negativo de competencia, y ordena remitir las diligencias a la Honorable Corte Constitucional para que sea esta Corporación quien dirima el asunto.

 

2.      CONSIDERACIONES

 

2.1    Competencia de la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencia.

 

2.1.1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión. Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de colisiones, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo^[1].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.  Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[2].

 

2.1.2. No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común^[3], cuando sea necesario para no continuar dilatando el trámite de una demanda de tutela.

 

2.2    Normas que determinan la competencia en materia de tutela.

 

2.2.1 Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.  Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales^[4], pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.

 

2.2.2 Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”^[5].

 

2.2.3. Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corporación: 

 

(i)                     Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii)                  Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii)           Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

(iv)            Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de repartos contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes. (Negrilla y Subrayado fuera del texto).

 

2.2.4 Por último, sostuvo la Corte que la anterior argumentación no desconocía la validez del decreto 1382 de 2000, pues se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario.

 

2.3.         Interpretación del término “competencia a prevención” contenido en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. Cambio de jurisprudencia.

 

2.3.1.  El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, al determinar la competencia en primera instancia para las acciones de tutela, prescribe que “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (subrayado fuera del texto original).

 

Esta prescripción es reiterada por el artículo 1 del decreto 1382 de 2000, que al establecer las reglas de reparto de las acciones de tutela indica lo siguiente: “Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos (…)” (subrayado fuera del texto original).

 

2.3.2.  Sobre el significado del término “a prevención”, en reiteradas oportunidades^[6], la posición mayoritaria de esta Corporación consideró que éste implicaba que:

 

“existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente”^[7].

 

Bajo ese entendido, para la Corte Constitucional las oficinas judiciales de reparto debían respetar la elección efectuada por el actor respecto de la especialidad del juez que conocería de su tutela, dentro de las posibilidades ofrecidas por el Decreto 1382 de 2000 para su reparto. Con base en ello, los jueces de tutela plantean conflictos de competencia cuando las oficinas de apoyo judicial efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces de una especialidad diferente a la escogida por los demandantes.

 

2.3.3.  Explicado lo anterior, es necesario recordar que, ante la dilación en la resolución de las acciones de tutela provocada por la gran cantidad de conflictos de competencia planteados por los jueces por el desconocimiento de las reglas de reparto señaladas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporación profirió los autos 124 y 198 de 2009.

 

En los mencionados autos la Corte señaló que, como consecuencia de estas controversias, un proceso que debe ser resuelto en diez días por la importancia de los intereses en juego termina por ser solucionado mucho tiempo después, contradiciendo abiertamente la finalidad de la acción constitucional.  En consecuencia se señaló, entre otras cosas, que una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. Ello con fundamento en los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución), de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).

 

En últimas, el espíritu que motivó la expedición de los autos 124 y 198 de 2009 fue impedir que conflictos de competencia meramente aparentes dilaten la resolución de las acciones de tutela. 

 

2.3.4.  En ese sentido, esta Sala reitera lo dispuesto en el auto 061 de 2011, mediante el cual se cambió la posición jurisprudencial sobre el significado del término “a prevención”.  Sobre el particular, se dijo:

 

“Con este mismo ánimo, y para seguir la línea jurisprudencial construida desde los autos 124 y 198 de 2009, la Corte considera necesario cambiar la posición jurisprudencial ya citada sobre el significado del término “a prevención” para adoptar una que hasta ahora había sido minoritaria en la jurisprudencia constitucional^[8].

 

Esta nueva interpretación consiste en entender que el término “competencia a prevención”, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y el 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que  haya sido el escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante. 

De manera que el alcance de la expresión competencia “a prevención”, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículo 37 del decreto 2591 de 1991 y artículo 1 del decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrito a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

La aparición de estas controversias tiene incidencia directa en la efectiva protección de los derechos fundamentales pues un proceso sumario que debe ser resuelto en diez días por la importancia de los intereses en juego (artículo 86 de la Constitución), termina por ser solucionado mucho tiempo después. Esta situación contradice abiertamente la finalidad de la acción de tutela y puede llegar a generar graves violaciones a los derechos fundamentales debido a la urgencia de las cuestiones que a menudo se debaten en esta clase de procesos. 

 

Es por ello que la Corte reitera la nueva posición acogida en el auto 061 del 6 de abril de 2011, respecto del significado del término “a prevención” pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).

 

Por último, la interpretación que se acoge permite a las oficinas de reparto distribuir de manera equitativa la carga de trabajo entre los distintos despachos judiciales, lo que evita la concentración del trabajo en algunos de ellos y de esa forma contribuye a la protección rápida y efectiva de los derechos fundamentales.

 

En consecuencia, a partir de las consideraciones precedentes, procede la Sala a decidir sobre el conflicto negativo de competencia planteado.

 

3.      EL CASO CONCRETO

 

Estando establecida la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto, esta Corporación procede a dar solución al caso objeto de estudio.

 

Según quedó dicho, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena, se declaró incompetente para decidir de fondo la tutela de la referencia, argumentando que conforme a lo estipulado en el artículo 37, Capitulo II del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela debe ser conocida por el Juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que la motivare. Razón por la cual, como la accionante tiene su domicilio en la ciudad de Barranquilla, es en dicha ciudad donde ocurre la presunta violación o amenaza de los derechos impetrados, lo que permite concluir que dicho despacho judicial no es competente para tramitar la acción de tutela y en consecuencia, ordena  devolver el expediente a la Oficina Judicial de Reparto de Cartagena, para que envíe el expediente a la autoridad competente en la ciudad de Barranquilla.

 

Por su parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes, con Función de Cocimiento de Barranquilla, declaró su incompetencia al considerar que quien debía conocer de la acción era el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena, puesto que de los hechos que fundamentan la solicitud de amparo lo que verdaderamente se advierte “-y no se infiere-” es que no sólo los hechos que supuestamente vulneran o amenazan los derechos fundamentales denunciados por la actora tuvieron ocurrencia en el Distrito Especial de Cartagena, sino que tal acción se dirige contra COLPENSIONES con sede en dicha ciudad. Así mismo, la propia accionante ha indicado como dirección notificaciones una nomenclatura perteneciente al Distrito Especial de Cartagena.

 

De lo señalado con anterioridad, se puede precisar, que en esta oportunidad, el conflicto gira en torno a la determinación del factor territorial, con la finalidad de establecer el funcionario competente para conocer y decidir la demanda de la referencia.

 

Por consiguiente, es preciso recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.” 

 

Respecto de esta norma, la Corte ha concluido que no necesariamente el lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente ha violado derechos fundamentales, coincide con el sitio de ocurrencia de la vulneración^[9]; y, que el conocimiento no siempre corresponde al juez con competencia donde se expidió un acto violatorio, sino al del sitio donde se produzcan sus efectos, es decir, del lugar donde se presentó, ocurrió o repercutió la vulneración que se busca contrarrestar^[10].

 

Con relación a los presupuestos para determinar la competencia territorial en materia de tutela, esta Corporación ha señalado que:

 

“En efecto, a partir de una interpretación con observancia del principio pro homine de las citadas normativas, esta Corporación ha establecido^[11] que son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de acción de tutela, a saber: i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.” [12](Subrayado fuera del texto).

 

De acuerdo con lo anterior, del escrito de tutela se advierte, en primer lugar, que la acción se dirige contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, sede Cartagena, razón por la que un juzgado con jurisdicción en esa ciudad sería competente para tramitarla, toda vez que es en esa unidad territorial, donde se estaría vulnerando el derecho fundamental alegado.

 

Además, se evidencia que aunque la accionante estudia en Barranquilla, decidió colocar como dirección de notificaciones una ubicada en la ciudad de Cartagena, razón que refuerza la posibilidad de que un juzgado con jurisdicción en esa ciudad, es competente para avocar el conocimiento de su solicitud de amparo y lo debe asumir “a prevención”. Además, este fue el juez escogido por la tutelante para radicar la acción constitucional.

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios y siendo además el  Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena, el estrado judicial al que por reparto llegó inicialmente el presente asunto, es este despacho judicial quien debe tramitar la acción de tutela instaurada por Gisela Margarita Carmona Fuentes.

 

En tal virtud, para que la decisión no sufra más retardos y, teniendo en cuenta los anteriores criterios la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena, para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

 

4.      DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

 

   RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha 16 de mayo de 2013 proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena.

 

Segundo.- DECIDIR el conflicto negativo de competencia presentado entre  el Juzgado Primero  Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Barranquilla, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena, ordenando la remisión del expediente a este último para que, de forma inmediata, continúe el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado por Gisela Margarita Carmona Fuentes, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Barranquilla, la decisión adoptada en esta providencia.

 

 

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA        MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

                    Magistrada                                                        Magistrado

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ                 ALBERTO ROJAS RÍOS

                      Magistrado                                                              Magistrado

 

 

 

 GABRIEL EDUARDO MEDOZA MARTELO       NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA

                          Magistrado                                                       Magistrado

 

 

 

 JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB           LUIS ERNESTO VARGAS SILVA           

                      Magistrado                                                           Magistrado

 

 

 

     MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General