Auto 214/13

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES Y JUZGADO CIVIL MUNICIPAL-Reiteración Auto 124/09

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA

 

PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE-Competencia a prevención

 

ACCION DE TUTELA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS-Competencia de Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales

 

 

 

Referencia: Expediente ICC-1921

 

Conflicto de competencia entre el Juzgado Primero (1º) Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y el Juzgado Civil Municipal de Funza.

 

Magistrado Ponente: 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

 

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil trece (2013).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Hechos

 

1.1. Stanley Guacaneme Solano y otros, integrantes del Sindicato nacional de trabajadores de la industria de las bebidas, alimentos sistema agroalimentario, afines y similares en Colombia (Sinaltrainbec) instauraron acción de tutela contra Aje Colombia S.A. al considerar vulnerados sus derechos a la asociación sindical, la vida, el trabajo digno, la igualdad, el mínimo vital y al derecho de petición.

 

1.2 Manifiestan que desde febrero de 2012, cuando se afiliaron a la organización sindical Sinaltrainbec, se les ha perseguido y vulnerado sus derechos fundamentales. Al respecto afirman que no les han aumentado sus salarios desde hace más de dos años y que les adeudan las prestaciones extralegales a que tienen derecho. Sostienen que lo anterior es una política aplicada por la administración de la empresa accionada, con el objetivo de que los actores renuncien a la organización sindical y así acabar con la misma, pues no es de los afectos de la empresa.

 

1.3 Señalan que el 18 de septiembre de 2012 presentaron, de manera individual, derecho de petición a la empresa accionada para que de acuerdo con el derecho a la igualdad, se les aplicaran los beneficios que reciben los demás trabajadores de la empresa.

 

1.4 El 20 de septiembre de 2012 la entidad demandada respondió individualmente los derechos de petición señalados. Indicó que las peticiones extralegales estaban siendo estudiadas por un Tribunal de Arbitramento. Los accionantes afirman que tal Tribunal nunca se ha instalado ni se han estudiado las peticiones de los trabajadores.

 

1.5 Por los hechos anteriores, solicitan mediante amparo que se ordene a la empresa accionada aumentar los salarios correspondientes a los años 2012 y 2013, y pagar las prestaciones extralegales y aportes a la seguridad social dejadas de percibir en dichos periodos. 

 

2. Decisiones que suscitaron el presunto conflicto de competencias.

 

2.1. En providencia del 2 de julio de 2013 el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá –Permanente– se negó a conocer de la solicitud de amparo constitucional, por considerar que no tenía competencia territorial. Al respecto, manifestó que “(…) este Despacho se abstiene de conocer de la misma por falta de competencia territorial según lo estipulado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 (…) En este orden de ideas se advierte que la accionada que vulnera supuestamente los derechos fundamentales de los aquí accionantes se encuentra ubicada en el Municipio de Funza, Cundinamarca (fl 31), de conformidad con la dirección de notificaciones que aporta los tutelantes y de acuerdo con los hechos narrados en la presente acción de tutela (…).” Por lo anterior, ordenó remitir la tutela al Juzgado Civil Municipal de Funza.

 

2.2. En auto del 5 de julio de 2013 el Juzgado Civil Municipal de Funza resolvió no avocar el conocimiento de la acción de tutela. Esta autoridad judicial consideró que la parte actora escogió como juez constitucional competente, el del lugar en donde se surtieron los efectos de la vulneración de su derecho, es decir en su residencia, esto es Bogotá D.C.. En este sentido, sostuvo que “(…) considera este Juzgado que es la señora Juez Primera de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá –Permanente–, la competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 37 del decreto 2591 de 1991 y 1º del decreto 1382 de 2000, pues los accionantes tienen su domicilio y residencia en Bogotá y es allí en donde se están produciendo los efectos de la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados. (…) Oportuno resulta recordar que en presencia de un caso de competencia preventiva o concurrente, por virtud de la cual bien pueden los interesados escoger el Juzgado para presentar la acción constitucional, no podía el despacho remitente separarse del conocimiento que ab initio le correspondiera, pues debió respetarse la elección que hicieron los accionantes, acorde con lo precisado en providencias A-071 de 2006 y 187 de 2012, de la Honorable Corte Constitucional  (…).” Por lo expuesto, propuso conflicto negativo de competencias y dispuso remitir el expediente de la referencia a esta Corporación para que dirimiera el conflicto de competencias suscitado.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencias en la Jurisdicción Constitucional.

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que por regla general los conflictos de competencias en materia de tutela son resueltos por el superior jerárquico de las autoridades judiciales que proponen la incompetencia. Así mismo, ha indicado que en los eventos en los que no exista superior jerárquico común, dichos conflictos serán resueltos por esta Corte como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional.[1] Lo anterior puesto que, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.[2]

 

Lo señalado no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria,  la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.[3]

 

2. Marco Jurídico que determina la competencia en materia de tutela.

 

La jurisprudencia constitucional ha indicado que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son: el artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer ante cualquier juez; y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.

 

De otra parte, ha precisado la jurisprudencia constitucional que el Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales.[4] Esto, en tanto este decreto por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones (legales y constitucionales), no puede modificar las normas de superior jerarquía normativa.[5]

 

En este sentido, esta Corte ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo [Decreto 1382 de 2000] en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[6]

 

3. Reglas para solucionar los conflictos de competencia en materia de tutela.

 

3.1 Esta Corte estableció en el auto 124 de 2009[7] las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales han sido reiteradas en diversas oportunidades por esta Corporación: 

 

(i)               Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii)             Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii)          Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

(iv)           Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.  

 

Respecto a la excepción (tutelas contra providencias de las Altas Cortes) establecida en esta última regla, la Corte en Auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

3.2 Adicionalmente, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”, contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (subrayado adicional al texto original). Por su parte el artículo 1° del decreto 1382 de 2000, al establecer las reglas de reparto de las acciones de tutela replica tal mandato al señalar: “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos (…)” (subrayado adicional al texto original).

 

Así las cosas, en el Auto 061 de 2011, siguiendo lo planteado en los autos 124 y 198 de 2011, señaló esta Corporación que la competencia a prevención implicaba que cualquiera de los jueces que fuera competente de acuerdo con el artículo 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción constitucional. De tal manera que los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad. 

 

En el Auto 070 de 2012 se señaló que “el alcance de la expresión competencia “a prevención”, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículo 37 del decreto 2591 de 1991 y artículo 1 del decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrito a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.”[8] 

 

Con base en las consideraciones anteriores, procede la Sala Plena a decidir sobre el conflicto de referencia.

 

4. Del caso concreto.

 

4.1 Observa la Sala que, en principio, la competencia para asumir el conocimiento del presente asunto radica en la Corte Suprema de Justicia, único superior jerárquico común de los jueces que plantean el presunto conflicto de competencias.

 

Sin embargo, tal como lo ha considerado en repetidas ocasiones la Corte, dicho parámetro procesal no debe ser entendido de manera absoluta, pues en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991, o que sencillamente la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte una discusión que apenas envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto, previstas en el decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, pues lo que se impone es garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia, así como propender por la efectividad de los principios de economía, celeridad y eficacia que sustentan el ejercicio de la acción de tutela (D. 2591 de 1991, art. 3°).

 

Bajo las mencionadas consideraciones, esta Corte ha señalado que puede excepcionar la regla general de competencia para conocer presuntas colisiones de competencia, con independencia de que se trate de un asunto que debe ser resuelto por el superior funcional de la correspondiente jurisdicción, lo cual se justifica desde la Constitución, en la naturaleza preferente y sumaria de la acción de tutela, y en la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que en un momento dado pueden estar comprometidos. Así las cosas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, es competente para resolver este presunto conflicto de competencias, y por ende procede a dar solución al asunto sub examine.

 

4.2 Como se reseñó, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá –Permanente– rechazó el conocimiento de la solicitud de tutela de la referencia, por considerar que no era competente para conocer de la misma, en razón al factor territorial, pues la acción estaba dirigida contra Aje Colombia S.A. que se encuentra ubicada en el municipio de Funza (Cundinamarca).

 

Por su parte, el Juzgado Civil Municipal de Funza tampoco asumió el conocimiento de la acción de tutela, al considerar que la parte actora escogió como juez constitucional competente, el del lugar en donde se surtieron los efectos de la vulneración de su derecho.

 

4.3 Con base en los anteriores hechos, la Corte encuentra que en el asunto que se examina la acción impetrada debe ser resuelta por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá –Permanente–. Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:

 

4.3.1. En primer lugar, porque los actores decidieron presentar la demanda en su lugar de residencia, ciudad en donde estiman que se surten los efectos de la vulneración que acusan. En este sentido, se evidencia que los accionantes solicitaron que se notificaran las decisiones a sus peticiones en la ciudad de Bogotá D.C. y la entidad que las resuelve está domiciliada en Funza (Cundinamarca). Lo anterior, en principio implicaría que la competencia radicaría en los juzgados con jurisdicción en esta última municipalidad, en razón a que en dicha jurisdicción territorial se estarían vulnerando los derechos alegados, sin embargo, los efectos de la violación también se surten en la ciudad de Bogotá D.C., lugar en donde esperan la respuesta a su solicitud, de manera que lo procedente en el sub examine, es decidir con fundamento en la competencia a prevención.

 

Bajo tal situación, recuerda la Sala que la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en el principio de interpretación pro homine, ha considerado que existen varias posibilidades para determinar la competencia a prevención en virtud de las cuales el o la accionante puede presentar la solicitud de amparo (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare; o a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. En el presente asunto, la parte demandante consideró que los efectos de la presunta vulneración que dio origen al trámite de tutela, se surtieron en el lugar de su domicilio, esto es Bogotá D.C., y por ende eligió a los jueces de dicha ciudad.

 

4.3.2 En segundo lugar, la Corte estima importante reiterar que la competencia no se determina por el domicilio de la entidad demandada, por cuanto en la acción de tutela el juez constitucional debe seguir las reglas que ha establecido esta Corporación para determinar la competencia territorial o a prevención, esto es, el lugar de ocurrencia de la vulneración de derechos fundamentales o donde se surtieren sus efectos, bajo el entendido que todos los jueces en el respectivo ámbito territorial resultan competentes para conocer del amparo.

 

En estos términos, la Sala considera que el asunto materia de amparo debe ser resuelto por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá –Permanente–, en tanto en el presente caso el mencionado juez inobservó las reglas de la competencia a prevención señaladas, omitiendo que la parte actora escogió interponer la acción en la ciudad en donde se surtieron los efectos de la vulneración de sus derechos. 

 

Así las cosas, esta Corporación no encuentra justificación para la declaratoria de incompetencia elevada por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá –Permanente–, razón por la que, como juez competente, es su deber conocer del asunto de la referencia. En consecuencia, dejará sin efectos el auto de 2 de julio de 2013 y se devolverá el expediente a dicho despacho, para que de forma inmediata, continúe el trámite de primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

III.  DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha 2 de julio de 2013, mediante el cual el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá –Permanente– se negó a conocer de la acción de tutela instaurada por Stanley Guacaneme Solano y otros contra Aje Colombia S.A..

 

Segundo.- DEVOLVER al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá –Permanente–, el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, continúe el trámite de primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Civil Municipal de Funza, la decisión adoptada en esta providencia con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.

 

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

 

 

 

 MARÍA VICTORIA CALLE CORREA         MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

                       Magistrada                                                            Magistrado                 

 

 

 

    NILSON PINILLA PINILLA          GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO   

                   Magistrado                                                      Magistrado

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ     JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

                       Magistrado                                                        Magistrado

 

 

 

     ALBERTO ROJAS RÍOS                              LUIS ERNESTO VARGAS SILVA           

                Magistrado                                                           Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General