Auto 283/13

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADOS PROMISCUOS MUNICIPALES-Reiteración Auto 124/09/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA

 

PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD BANCARIA-Competencia de Juzgado Promiscuo Municipal

 

 

 

Referencia: expediente ICC-1956

 

Acción de tutela presentada por el señor José Miguel Torres Acevedo contra Banco BBVA, sucursal Magangué (Bolívar)

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

1.1. El señor José Miguel Torres Acevedo interpone acción de tutela en contra del Banco BBVA (sucursal Magangué), por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y petición. A su juicio, la circunstancia de que no hubiera accedido a la información solicitada relativa al manejo de las cuentas corrientes y de ahorros de la ESE Centro de Salud Giovanni Cristini durante los años 2011 y 2012 (hasta marzo), por considerar que goza de reserva bancaria, no hizo posible aportarla como prueba al proceso penal que se adelanta en su contra por el presunto punible de peculado por apropiación mientras se desempeñó como representante legal de dicha institución de salud.

 

1.2. En tal virtud, el peticionario pide al juez constitucional la tutela de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que se ordene al gerente de la entidad financiera accionada “entregue la relación o informe de giros bancarios electrónicos realizados por la ESE CENTRO DE SALUD GIOVANNI CRISTINI DEL CARMEN DE BOLIVAR (…), desde las plataformas electrónicas BBVA CASH Y BBVA NET CASH de (…) todas las cuentas de ahorros y corrientes inscritas en su sucursal, durante las vigencias 2011 y hasta 31 de marzo de 2012”^[1]. De manera subsidiaria, solicita la entrega de información y giros realizados entre enero y marzo de 2012, en caso de que no sea posible acceder íntegramente a la pretensión formulada.

 

2. Decisiones que suscitaron el conflicto de competencia

 

2.1. La solicitud de tutela fue presentada en la oficina judicial de Cartagena que, en misiva del 3 de octubre de 2013, dispuso su remisión para reparto a los Juzgados Promiscuos Municipales de Magangué.

 

2.2. De esta manera, le correspondió al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué, quien en auto del 10 de octubre de 2013, declara su incompetencia para asumir el conocimiento del asunto bajo el argumento de que los efectos de la supuesta vulneración se están presentando en el municipio de Turbaco, lugar de residencia del accionante y al que ordena la remisión del expediente. Por último, destaca que en caso de no ser acogidos los fundamentos esbozados en la decisión, “propone desde ya conflicto negativo de competencia.”^[2].

 

2.3. El asunto fue asignado al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco, agencia judicial que en proveído del 22 del mismo mes y año, concluye que los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela se dieron en Magangué y no en esa municipalidad. Así las cosas, asevera que al estar comprometido el factor territorial lo que procede es remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de atribución suscitado.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada, consistente y consolidada jurisprudencia de esta corporación, la Sala Plena puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas, no cuenten con superior funcional común^[3]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[4].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a esferas distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[5].

 

1.2. Empero, la Corte ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado, puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[6].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. Este tribunal en diferentes oportunidades ha precisado que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[7]. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[8].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[9]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En relación con la última regla anotada, este tribunal en auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

También, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”^[10], contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. Sobre el particular, este tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991), y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (Art. 2° C.P.), lo cual está en estrecha armonía con compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[11] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[12], ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan, en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Como quedó expuesto en las consideraciones de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia o de atribución, está supeditada en principio, a la inexistencia de superior funcional común. Sin embargo, tal como lo ha considerado en repetidas ocasiones la jurisprudencia^[13], dicho parámetro procesal no debe ser entendido de manera absoluta, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte es una discusión que apenas envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, en tanto lo que se impone es garantizar la tutela judicial efectiva.

 

En el asunto que ocupa la atención de la Corte, se tiene que la controversia respecto de la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la acción de tutela promovida por el señor José Miguel Torres Acevedo contra el Banco BBVA (sucursal Magangué), está trabada entre los Juzgados Tercero Promiscuo Municipal de Magangué y Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco, por lo que el superior funcional que debe entrar a dirimirla es el Tribunal Superior de Cartagena, de conformidad con la División del Territorio para efectos judiciales efectuada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura^[14].

 

Sin embargo, la circunstancia de que se haya rebasado el termino de diez (10) días previsto en el artículo 86 de la Carta Política para dictar decisión de primera instancia, desde el momento en el que se presentó la solicitud de amparo constitucional (2 de octubre de 2013), es un principio de razón suficiente para dictar la decisión que corresponda lo cual redunda en garantizar la efectividad del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (art. 229 de la Constitución)^[15], postura que encuentra respaldo en los principios de economía, celeridad y eficacia que orientan el ejercicio de la acción de tutela (Decreto 2591 de 1991, art. 3°).

 

2. Descendiendo al asunto materia de estudio, debe advertir la Corte que en esta ocasión se suscita, en efecto, un conflicto negativo de competencia derivado del desconocimiento del factor territorial que determina la competencia en materia de tutela (arts. 86 C.P. y 37 del Decreto 2591 de 1991).

 

Con ocasión del envío efectuado por la oficinal judicial de Cartagena a Magangué, la solicitud de tutela fue repartida al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de ese municipio, agencia judicial que dispuso la remisión del expediente a los Juzgados Municipales de Turbaco en tanto allí es donde reside el accionante. Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco estima que los hechos surgieron en el lugar de domicilio de la entidad financiera demandada, por lo que es allí donde debe adelantarse el trámite del amparo deprecado.

 

Sea del caso recordar que la jurisprudencia constitucional con fundamento en el principio de interpretación pro homine, ha fijado el alcance del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 al señalar que existen varias posibilidades para determinar la competencia por el factor territorial, a saber: (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde puede ocurrir la vulneración y/o amenaza que la motivare o (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar en el que se produjeren los efectos^[16].

 

Con fundamento en lo dicho, aun cuando ambos despachos judiciales pueden ser competentes para asumir el conocimiento de la acción de tutela formulada por el señor José Miguel Torres Acevedo, la Corte considera que con fundamento en la competencia a prevención que se encuentra en armonía con el carácter preferente y célere de la acción de tutela para la protección inmediata de los derechos fundamentales (art. 86 de la Constitución), el expediente se remitirá al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué, lugar en el que el demandante presentó el derecho de petición que dio lugar a la solicitud de amparo y, en el que pueden estar sucediendo los efectos de la afectación de los derechos fundamentales invocados, para que sin más dilaciones dicte la decisión que corresponda como juez de primera instancia.

 

3. Así las cosas, esta Corporación dejará sin efecto el auto dictado el 10 de octubre de 2013 por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué y dispondrá la remisión del expediente que contiene la acción de tutela presentada por el señor José Miguel Torres Acevedo contra el Banco BBVA (sucursal Magangué), a esa agencia judicial, con el fin de que asuma el conocimiento y dicte la decisión de primera instancia a que haya lugar.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto proferido por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué, el 10 de octubre de 2013, dentro de la acción de tutela promovida por el señor José Miguel Torres Acevedo contra el Banco BBVA (sucursal Magangué).

 

Segundo.- REMITIR al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué, el expediente que contiene la acción de tutela presentada por el accionante (exp. ICC-1956), para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo de primera instancia a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco, la decisión adoptada en la presente providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA Magistrado	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado Ausente en comisión

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General