Auto 045/14

(Bogotá D.C., 26 de febrero)

 

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Negar por cuanto no existió vulneración del debido proceso y se pretende reabrir debate jurídico

 

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional decide mediante el presente auto la solicitud de nulidad presentada por la ciudadana Falconerys Caro Rosado, contra la Sentencia C-853 del 27 de noviembre de 2013.

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Mediante Sentencia C-853 de 2013, se adoptó la siguiente decisión:

 

“Declarar por los cargos examinados EXEQUIBLE el artículo 2 del Decreto Ley 2090 de 2003.”

 

2. La Corte consideró que la norma estudiada no contraría la prohibición de no menoscabo de los derechos laborales y sociales -artículo 53 CP-, en tanto que dicha garantía se aplica a los derechos adquiridos por el trabajador y no sobre expectativas sujetas a modificación por parte de la autoridad competente. Es así, como la inclusión o exclusión de una labor en la categoría de alto riesgo,  es una facultad otorgada al Ejecutivo, fundamentada en un criterio objetivo y técnico, que en el evento de desaparecer conduce a la exclusión de determinada función.

 

3.  Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2013, la accionante solicitó a la Corte Constitucional se declare la nulidad de la Sentencia C-853 de 2013 aduciendo los motivos que se resumen a continuación:

 

3.1. La solicitante manifiesta que la Corte al declarar la exequibilidad incurrió en unas “irregularidades” que conducen a la violación al debido proceso (art. 29 CP), consistentes en la vulneración directa de los artículos 48, 53 y 241 CP, al aplicar indebidamente el principio de no regresividad, no emplear el principio de progresividad en materia pensional y desconocer el precedente jurisprudencial sobre la protección constitucional de las expectativas legítimas en materia pensional.

 

3.2. En sustento de su afirmación, cita extensos apartes de la sentencia C-228 de 2011 atinente al principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo transcribe segmentos de la sentencia C-663 de 2007 acerca de las categorías de derechos adquiridos, meras expectativas y expectativas legítimas, y concluye cuestionando ¿cuál fue la justificación del legislador al momento de expedir el Decreto 2090 de 2003 para excluir las actividades de los funcionarios del CTI de la categoría de alto riesgo?. En consecuencia, solicita a la Sala Plena de la Corte, declare la nulidad de la sentencia C-853 de 2013.

 

II. CONSIDERACIONES.

 

1. Nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional.

 

1.1. El inciso primero del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, establece que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”, medida que en criterio de esta corporación resulta razonable, dado que mediante tales providencias se resuelven de manera definitiva los asuntos que ante ella se plantean, ya sea en el campo del control abstracto de constitucionalidad o en procesos relativos a la revisión de fallos de tutela[1].

 

El inciso segundo de la norma antes citada dispone que “la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” y agrega que “sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.

 

1.2. De manera reiterada y pacífica, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las decisiones judiciales, al ser una clara manifestación del poder de administrar justicia y en mayor grado, de la actividad del Estado, deben contar con mecanismos judiciales del control, en aquellos casos excepcionales en que se contradigan los postulados propios del derecho al debido proceso. 

 

En ese sentido, el incidente de nulidad de las sentencias de la Corte proferidas en su competencia de control abstracto o en sede de revisión, se presenta como un instrumento que media entre los efectos de la cosa juzgada constitucional,       -que obliga a que una vez el fallo se encuentre ejecutoriado sea inmodificable y tenga efectos en el ordenamiento jurídico-; y la necesidad de garantizar la eficacia del derecho fundamental al debido proceso -cuando es afectado por la decisión de la Corte-[2].

 

1.3. Con referencia a las solicitudes de nulidad que se presentan luego de dictada la sentencia, la jurisprudencia ha indicado los requisitos que deben  cumplir, así[3]:

 

1.3.1. Naturaleza excepcional.  La declaratoria de nulidad de una sentencia proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional a la cual sólo puede arribarse cuando en la decisión concurran “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”’[4] (Subrayas fuera de texto)”[5].

 

1.3.2. Presupuestos formales de procedencia. La jurisprudencia constitucional ha señalado las condiciones formales que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias[6] son las siguientes:

 

(i) Temporalidad. La solicitud debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte.  Vencido este término, se entiende que toda circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada.[7]

 

(ii) Legitimación por activa. El trámite incidental debe ser iniciado por quien ostente la calidad de parte en el proceso.

 

(iii) Deber de argumentación. El incidente que pretenda la nulidad de una sentencia de constitucionalidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, seria y coherente, expresar la causal de nulidad invocada, los preceptos constitucionales presuntamente vulnerados y su incidencia en la decisión adoptada, sin que se entienda satisfecho con la formulación de nuevos cargos de inconstitucionalidad o el simple disgusto con la decisión adoptada[8].

 

1.3.3. Presupuestos materiales. En cuanto al argumento sustancial, la afectación del debido proceso por parte de la Corte tiene naturaleza cualificada. Por tanto, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subrayas añadidas)”.[9] Con base en las anteriores especificidades, la jurisprudencia ha compilado algunos eventos que cumplen con esas características, resaltando los siguientes:

 

“- Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. (…)[10]

 

- Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[11]

 

- Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[12] igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación. (subrayas añadidas)

 

- Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.[13]

 

- Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[14] ”

 

- Elusión arbitraria de análisis de asuntos de relevancia constitucional, consistente en la omisión de aspectos de fondo que de haberse estudiado se hubiera llegado a una decisión diferente. No obstante, se debe precisar “que esta Corporación cuenta con la facultad de estudiar cada caso según los temas que considere atañen especial trascendencia.”[15]

 

En conclusión, la solicitud de nulidad de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en su competencia de control abstracto, es un trámite de configuración jurisprudencial directamente relacionado con la protección del derecho al debido proceso, que se caracteriza por su naturaleza excepcional y el estricto cumplimiento en los requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta y palpable del derecho fundamental mencionado.

 

2. Verificación del cumplimiento de los presupuestos formales de procedencia. Caso concreto.

 

2.1. La solicitud de nulidad fue presentada por la señora Falconerys Caro Rosado, y recibida en la Secretaría de esta Corporación el 19 de diciembre de 2013, es decir dentro del término de los tres días siguientes a la notificación por edicto de la sentencia -desfijada el 19 de diciembre de 2013-. Por lo tanto se verifica que la solicitud fue presentada oportunamente.

 

2.2. En cuanto a la legitimación por activa, encuentra la Sala que la solicitante se encuentra facultada para solicitar la nulidad de la sentencia C-853 de 2013, al fungir como actora en el proceso ordinario que culminó con la sentencia acusada.

 

2.3. En cuanto al presupuesto de invocar con claridad la causal de nulidad, no se da por satisfecho, pues los argumentos del incidente se limitan a enunciar la violación del debido proceso sin especificar o argumentar la causal en la que se considera incurrió la sentencia acusada, además de invocar nuevos conceptos de la violación y expresar su inconformidad con la decisión adoptada.

 

Por lo anterior, se encuentra que el incidente no cumple con todos los requisitos formales, en especial, el de argumentación. Empero, si aún en gracia discusión los cumpliera, el análisis del cargo de nulidad sería el siguiente.

 

3. Análisis del cargo de nulidad. Caso concreto.

 

3.1. La incidentante para soportar la solicitud de nulidad, aduce la vulneración del debido proceso por inaplicación de los principios de progresividad y no regresividad en los derechos económicos, sociales y culturales, y protección de las expectativas legítimas en materia pensional, que en su criterio hacen nula la sentencia C-853 de 2013, pues en lo que respecta al personal del CTI “Si bien la situación no implica un derecho adquirido y por ende el legislador tiene una amplia facultad de configuración normativa; por tratarse de una expectativa legítima, cualquier tránsito legislativo estaba sujeto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y debía consultar parámetros de justicia y equidad con el fin de garantizar el valor constitucional del Trabajo (C.N. preámbulo y art.1°), y la protección especial que la Carta le otorga a los trabajadores (C.N. art. 25).”

 

3.2.   Al respecto, considera la Corte que los argumentos presentados en el incidente no evidencian una ostensible, probada, significativa y trascendental violación del debido proceso por las irregularidades aducidas en la solicitud, al declarar la exequibilidad del artículo 2 del Decreto 2090 de 2003, por la vulneración del artículo 53 de la Constitución Política.

 

3.3. Lo anterior, por cuanto no se trata de una vulneración del debido proceso, sino de una inconformidad con la decisión adoptada, fundamentada en la interpretación que a juicio de la actora es la adecuada sobre los principios de progresividad y no regresividad en derechos sociales, la protección que debió otorgar el ejecutivo a los miembros del CTI, y en especial que era necesario que la Corte indagara si existían razones suficientes para que excluyeran a los miembros del CTI de las actividades de alto riesgo.

 

3.4. Se reitera que la solicitud de nulidad no es un recurso de reconsideración, ni una nueva instancia procesal para que la Sala Plena reformule las razones que dieron lugar a la decisión atacada, y, menos aún, para presentar nuevos cargos de inconstitucionalidad tendientes a reabrir el debate jurídico que finalizó con la decisión acusada.

 

Lo anterior, por cuanto las decisiones adoptadas por este Tribunal en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta Política y solo en presencia de asuntos graves, relevantes y probados, podrá predicarse la nulidad del procedimiento o del fallo de constitucionalidad, lo que no se da en el presente incidente.

 

Por tal razón, esta Corporación

 

 

RESUELVE

 

DENEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia C-853 de 2013, presentada por la ciudadana Falconerys Caro Rosado.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA Magistrado	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS Magistrado	JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado Con salvamento de voto

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

AL AUTO 045/14

 

 

 

Referencia: Expediente D-9686

Solicitud de nulidad de la sentencia C-853 de 2013.

 

Magistrado Ponente:

Mauricio González Cuervo

 

 

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me aparto de la negativa a declarar la nulidad de la sentencia C-853 de 2013.

 

Como en su momento lo expuse en el salvamento de voto a esta decisión, ella se adoptó con desconocimiento del precedente constitucional en dos aspectos: por un lado, en lo relativo a la protección constitucional de las expectativas legítimas en materia laboral; por otro, en la consideración del principio de igualdad como un límite a la definición legislativa de las actividades de alto riesgo.  Por tal motivo, procedía declarar su nulidad.

 

En el referido salvamento de voto se argumentó que la declaratoria de exequibilidad del artículo 2 del Decreto Ley 2090 de 2003, ignoró el precedente fijado, entre otras, en las sentencias C-789 de 2002,[16] C-038 de 2004,[17] C-754 de 2004[18]  y C-663 de 2007[19]. En particular, se desconoció el criterio fijado en esta última decisión, donde la Corte estableció que los cambios normativos que afecten expectativas legítimas en materia laboral pueden plantear problemas de constitucionalidad si implican: (i) la exclusión arbitraria de personas de un determinado régimen en el que antes estaban incluidas; (ii) la supresión injustificada de la totalidad del régimen; (iii) el establecimiento de nuevas condiciones que supongan una carga desproporcionada. 

 

Precisamente la solicitud de nulidad se fundamenta, entre otras razones, en el desconocimiento del precedente fijado en la sentencia C-663 de 2007. La Sala Plena debió declarar la nulidad, reafirmando la vigencia de esta importante regla de decisión.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

AL AUTO 045/14

 

 

Referencia: expediente D-9686.

 

Solicitud de nulidad presentada por la ciudadana Falconerys Caro Rosado contra la sentencia C- 853 de 2013.

 

Magistrado Ponente:

Mauricio González Cuervo

 

 

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, me permito salvar el voto en la determinación adoptada por la Sala Plena dentro del expediente de la referencia. Para exponer mi discrepancia haré una relación sucinta de las particularidades del caso y de la consecuente exposición de los motivos que la justifican.

 

1. Antecedentes

 

1.1 La ciudadana Falconerys Caro Rosado instauró demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2^o del Decreto Ley 2090 de 2003, "por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades ", que excluyó la labor de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación del listado de actividades peligrosas^[20], circunstancia que, según la actora, desvirtuó la posibilidad de acceder a una pensión especial de vejez con la que gozaban en el régimen anterior, Decreto Ley 1835 de 1994^[21].

 

1.2.  A juicio de la demandante, la exclusión injustificada del listado de actividades peligrosas de los trabajadores del CTI desconoció el principio de no menoscabo de las condiciones mínimas de los trabajadores y la garantía de la seguridad social, reconocidos en el artículo 53 Constitucional.

 

La actora indicó que el Decreto Ley 2090 de 2003 desconoció también los beneficios mínimos de seguridad social previstos a favor de los miembros del CTI en el Decreto Ley 1835 de 1994, quienes fueron excluidos del listado de actividades de alto riesgo a pesar de que en la normativa anterior ostentaban tal calidad.

 

Agregó que la Ley 1223 de 2008 incluyó nuevamente a los trabajadores del CTI que desempeñaran funciones permanentes de policía judicial y de acompañamiento a la justicia militar como destinatarios de tal prestación. Sin embargo, consideró que la exclusión temporal fue injustificada y menoscabó las garantías laborales de los miembros de la entidad, ya que durante ese tiempo no fue posible realizar las cotizaciones especiales exigidas por la ley para acceder a la pensión especial de vejez.

 

1.3.  Surtido el trámite en la Corte Constitucional, la mayoría de la Sala Plena, mediante sentencia C-853 de 2013, declaró exequible el artículo 2^o del Decreto Ley 2090 de 2003, bajo el argumento de que la permanencia en el listado de actividades peligrosas es una mera expectativa, cuya modificación obedeció a un concepto objetivo y técnico. En palabras de la Corte, no se vulneró el artículo 53 de la Constitución Política por cuanto la prohibición de menoscabo de los derechos laborales y sociales por parte de leyes posteriores recae sobre derechos adquiridos por el trabajador y no sobre expectativas sujetas a modificación por parte de la autoridad competente. Así, concluyó que la inclusión o exclusión en una actividad de alto riesgo obedece a un criterio objetivo, que en el evento de desaparecer conduce al decaimiento de la garantía que lo amparaba.

 

1.4.  La Corte advirtió que los beneficios pensiónales creados en el Decreto Ley 1835 de 1994 fueron derogados por el Decreto Ley 2090 de 2003, no solo para los funcionarios del CTI sino para magistrados, jueces regionales, jueces penales del circuito, fiscales, empleados de los cuerpos de seguridad de la Fiscalía General de la Nación, procuradores delegados en lo penal, procuradores delegados para los derechos humanos, procuradores delegados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios y empleados de la oficina de investigaciones especiales y empleados de los cuerpos de seguridad. Lo anterior, en razón a que las funciones desempeñadas por esos trabajadores obedecían a labores técnicas, administrativas o intelectuales ajenas a la finalidad de la pensión especial de vejez, manteniendo en ese régimen aquellas actividades que en el criterio del concepto técnico representan una disminución tangible de la salud o calidad de vida del trabajador, en razón de la permanente exposición a alto riesgo.

 

1.5. La sentencia C-853 de 2013 estimó que la disposición demandada no vulneró el derecho a la seguridad social debido a que: (i) protegió la pensión especial de quienes la causaron durante su vigencia; (ii) previo un régimen de transición para quienes estuvieran cerca de acceder a la prestación pensional; y (iii) cubrió los riesgos de vejez, invalidez y muerte de los trabajadores que contaban con una simple expectativa, incorporándolos en el Sistema General de Pensiones^[22].

 

2. De la solicitud de nulidad

 

2.1.  El 19 de diciembre de 2013 la demandante Falconerys Caro Rosado solicitó a la Sala Plana de esta Corporación la nulidad de la sentencia C-853 de 2013, por considerar que violó de manera directa su derecho fundamental al debido proceso y los artículos 48, 53 y 241 Superiores, al aplicar de manera indebida el principio de no regresividad y no examinar el principio de progresividad en materia pensional, para lo cual citó extensos apartes de la sentencia C-228 de 2011. Asimismo, sostuvo que la providencia censurada desconoció el precedente jurisprudencial sobre la protección constitucional de las expectativas legítimas en materia pensional, fijado en la sentencia C-663 de 2007.

 

2.2.  El Auto 045 de 2014, objeto de salvamento, denegó la solicitud de nulidad al considerar que la actora no la sustentó en debida forma dado que: (i) los argumentos del incidente se limitaron a enunciar sin justificación alguna la violación al debido proceso; (ii) no se identificó con claridad la causal de nulidad en la que presuntamente incurrió la sentencia acusada; y (iii) el escrito de nulidad involucró nuevos conceptos de violación y el disgusto o inconformismo con la decisión adoptada.

 

3. Motivos del salvamento de voto.

 

Mi discrepancia obedece a los argumentos que a continuación expongo:

 

3.1. En el presente asunto debió declararse la nulidad de la sentencia C-853 de 2013 porque, tal y como lo advertí en la aclaración de voto de la providencia mencionada, si se hubieran tenido en cuenta otros elementos de juicio, la decisión habría sido distinta. Lo anterior, en razón a que la sentencia debió analizar y reiterar que las expectativas legítimas gozan de protección constitucional, según lo ha reconocido esta Corporación en las sentencias C-789 de 2002, C-038 de 2004 y C-663 de 2007, entre otras.

 

Este Tribunal ha señalado que las expectativas legítimas en materia laboral no pueden ser modificadas por el legislador de manera arbitraria y sin justificación alguna, dado que las transformaciones normativas deben consultar parámetros de justicia y equidad, así como respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad^[23]. En relación con este asunto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

 

"...En efecto, se dijo que aunque el legislador no estaba obligado a mantener en el tiempo las expectativas legítimas, cualquier tránsito legislativo debía consultar parámetros de justicia y equidad, y como toda actividad del Estado, el transito legislativo estaba sujeto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por ende, se consideró que conforme al principio de proporcionalidad, el legislador no podía transformar de manera arbitraria las expectativas legítimas que tienen los trabajadores respecto de las condiciones en las cuales aspiran a recibir su pensión, como resultado de su trabajo'.^[24] De ser así, se estaría desconociendo la protección que recibe el trabajo como valor fundamental del Estado (C.N. preámbulo, art. 1^o), y como derecho-deber (C.N. art. 25). (...)

 

En la sentencia C-754 de 2004 (...)^[25], se estudió el artículo 4^o de la Ley 860 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones", que modificó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Este artículo fue acusado de inconstitucionalidad en esa oportunidad, tanto por razones de fondo como de forma^[26]. En lo que respecta a los cargos de fondo presentados por los ciudadanos, se adujo que (i) el artículo 4 menoscababa las expectativas legítimas de los trabajadores cobijados por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuyo desconocimiento, aunque no se tratara de derechos adquiridos, vulneraba el artículo 53 de la Carta, en los términos de la sentencia C-789 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), (ii) En igual sentido, se dijo que el artículo 4^o vulneraba el principio de la aplicación de la norma más favorable previsto en la normatividad laboral vigente, dado que al respetar únicamente la condición de la edad y dejar el monto de la pensión y el tiempo de servicios bajo la reglamentación de la Ley 100 de 1993, se reducía a un sólo beneficio el régimen de transición previsto en el artículo 36; lo que era contrario al artículo 53 de la Constitución. A su vez, (iii) se alegó que la norma vulneraba el artículo 13 de la Carta, porque se ponía en desventaja a las personas que cumplían con las condiciones de la pensión con posterioridad al 10 de enero de 2008 frente a las que sí cumplían con esas mismas condiciones, al 31 de diciembre de 2007. Y por último, (iv) se consideró que el artículo 4^o acusado, desconocía que había 10 años de transición comprendidos entre diciembre 26 de 2003 y diciembre 31 de 2013 y en consecuencia, al aprobar la norma acusada, se recortaron 6 años al régimen de transición que quedó vigente hasta diciembre de 2007, siendo un régimen de sólo 4 años de duración, lo que perjudicaba a gran número de personas y funcionarios”.^[27] (Negrilla fuera del texto).

 

3.2.  De conformidad con lo anterior, es posible concluir, en principio, que la prohibición de renunciar a beneficios laborales mínimos consagrada en el artículo 53 superior no se extiende a las meras expectativas. Sin embargo, el valor constitucional del trabajo, la protección especial constitucional de los trabajadores, el deber de desarrollo progresivo de los derechos sociales y la prohibición de regresividad imponen límites a la potestad de configuración legislativa. Por tanto, le correspondía a la Corte establecer, en la sentencia cuya nulidad se solicitaba si la exclusión temporal de algunos miembros del CTI de las actividades de alto riesgo, fundamentada en que se trataba de labores técnicas, administrativas o intelectuales, resultaba constitucionalmente admisible, más aún si tal exclusión les impidió realizar las cotizaciones especiales exigidas por la ley para acceder a la pensión especial de vejez.

 

En ese sentido, el tránsito normativo debía sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de evitar que las personas con expectativas legítimas de pensionarse bajo un determinado régimen sufrieran una afectación excesiva de sus derechos constitucionales.

 

3.3.  Así las cosas, la sentencia debió analizar los principios de razonabilidad y proporcionalidad a efectos de determinar si el cambio normativo que introdujo el Decreto Ley 2090 de 2003, que eliminó como actividad de alto riesgo la desempeñada por algunos funcionarios del CTI de la Fiscalía, se encontraba ajustado a la Constitución. De esta manera, la Corte ha debido exponer las razones por las cuales se justificaba o no la exclusión de ese régimen especial a dichos funcionarios, quienes desde 1994, en virtud de la expedición del Decreto Ley 1835^[28], estaban cotizando para acceder a una pensión especial de vejez^[29].

 

3.5. Considero que la solicitud de nulidad plateada por la actora debió prosperar porque uno de los argumentos giraba precisamente en torno al desconocimiento del precedente constitucional relacionado con la protección de las expectativas legítimas, en particular la sentencia C-663 de 2007. Allí se señaló que los cambios normativos que afecten expectativas legítimas en materia laboral pueden ir en contravía de la justicia social y de los postulados constitucionales si implican la exclusión arbitraria de personas de un determinado régimen en el que antes estaban incluidas, asunto que no fue examinado ni en la sentencia ni en el auto del cual me aparto. De haberlo hecho la conclusión hubiese sido distinta, por cuanto no había motivos constitucionalmente válidos (razonables ni proporcionados) para excluir a dichos empleados del precitado régimen, así fuera transitoriamente.

 

La Corte no analizó la sentencia C-663 de 2007, cuando era imperativo hacerlo. Dicho pronunciamiento hizo un recuento jurisprudencial sobre derechos adquiridos y expectativas legítimas que incluyó, entre otras, las providencias C-168 de 1995, C-926 de 2000, C-789 de 2002, C-754 de 2004 y C-038 de 2004, así como unas reflexiones sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad en los tránsitos legislativos en materia pensional.

 

3.5. Por último, es preciso advertir que si bien es cierto la providencia acusada hizo alguna referencia fragmentaria de la sentencia C-663 de 2007, también lo es que no justificó las razones por las cuales se apartaba de dicho pronunciamiento, que constituía un precedente jurisprudencial relevante en cuanto a la protección constitucional de las expectativas legítimas en materia pensional.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

Magistrado